La primera Megacausa de Mendoza comenzará en febrero

La resolución del Tribunal Oral Federal Nº 1 de unificar varias causas de lesa humanidad de Mendoza y dar fecha de inicio del juicio, constituye para los organismos de derechos humanos una muy buena noticia. Saben que el camino recorrido no ha sido fácil, debieron realizarse varias audiencias en las que los abogados de los represores plantearon una y otra vez una estrategia de fragmentación. Por otro lado, se encontraba el histórico reclamo de unificación del MEDH Regional Mendoza y otras organizaciones. “Las primeras medidas que se tomaron en la instrucción fue enviar las causas a Córdoba, que luego se anularon, después se intentó fragmentar en cada una de las víctimas en lugar de tomarse por cada uno de los operativos de secuestros por parte del terrorismo de Estado, esa atomización hace que nuestros compañeros tengan que declarar tres, cuatro hasta cinco o seis veces, lo que viola las reglas de Casación, revictimiza a las víctimas y favorece además la impunidad”, explicó el abogado querellante Pablo Salinas en diálogo con Oral y Público.

Otro planteo por parte de la defensa de los ex jueces Otilio Romano y Luis Miret fue el de dividir los juicios para no ir al mismo proceso que los represores: “ellos pretendían no ir a juicio junto con todas las causas –señaló Salinas–  y esta también era una estrategia muy fuerte para sostener alguna diferencia. Pero si uno veía los expedientes, cada operativo de secuestro tenía su contrapartida de barniz judicial de la justicia federal. Entonces volvemos al mismo problema, si hubieran mantenido la separación, los testigos tendrían que haber declarado en la causa de los jueces y luego en las otras, sometiendo de esta manera al testigo a distintas declaraciones solo para favorecer un interés de los represores, cosa que finalmente no sucedió con la unificación de las causas”.

El 11 de noviembre pasado fue suspendido el inicio de un juicio en la provincia, que tenía al militar Enrique Gómez Saa como único imputado. A esta causa se sumaron ahora la que da cuenta de los hechos sucedidos en el D2, Departamento de Información 2 de la policía de Mendoza, donde funcionó el centro clandestino de detención, tortura y exterminio de la provincia más grande, al que Salinas describió como “la ESMA de Mendoza; y la que juzga a integrantes de Inteligencia, entre otras.

En total serán cuarenta y dos imputados, muchos de ellos estarán sentados por primera vez en el banquillo, y serán juzgados por los delitos cometidos contra más de cien víctimas, de las cuales treinta y siete están desaparecidas.

Pedro Salinas aseguró que será el juicio más grande de la historia de Mendoza, y que en relación a procesos por delitos de lesa humanidad será el cuarto: “éramos la provincia más atrasada porque teníamos un problema de complicidad judicial, con jueces que se habían quedado en el sillón y allí permanecían hasta ahora. Pero ante la denuncia que hacemos por la complicidad judicial, el entonces fiscal Omar Palermo produjo un hecho revolucionario. Yo le llamo ‘hecho revolucionario’ porque en la justicia que es un poder anquilosado, estructurado, que se ha manejado históricamente como una corporación, finalmente un fiscal acusa a sus pares en ejercicio, dándose esta situación donde Romano termina acusado en más de cien causas. Es decir, tuvimos un parate fuerte cuando Miret y Romano controlaban la justicia, pero cuando logramos la destitución de ambos comenzaron a avanzar todas las causas”.

Respecto a cómo se ponía en práctica esta complicidad judicial durante la dictadura, Salinas detalló: “llevaban a los compañeros al D2, los torturaban para obtener declaraciones, y Miret, Romano y compañía armaban causas judiciales basadas en todas esas declaraciones tomadas bajo tormento. Con esas causas judiciales justificaban las detenciones de líderes políticos, dirigentes, estudiantes, gremialistas. Lo que muchas veces no se entiende es que esa complicidad judicial no ocurrió solamente en Mendoza, aunque la provincia sí fue el puntapié con una causa donde había en un principio acusaciones contra siete jueces y luego quedaron cinco. Se trata de una causa contra todo el aparato judicial federal, porque lo ‘federal’ era lo que garantizaba la impunidad, porque por el tipo de delito con el que acusaban a las personas, que a su vez estaban torturadas y algunas fueron desaparecidas, se los caratulaban como delitos pertinentes a la justicia federal”.

A su vez, el abogado especificó que esta metodología había sido iniciada antes del golpe: “la comenzaron a utilizar en 1974-1975, donde empezaron a tener la connivencia de jueces y fiscales, y después incluso hay muchos casos que ni siquiera pasaron por esta estrategia de blanqueo. Hubo muchos casos que quisieron blanquear los detenidos con la estrategia del blanqueo de la in-justicia federal, otros con la estrategia de blanqueo de los tribunales de guerra, y otros cuando ya tenían el poder absoluto ni siquiera los intentaron blanquear, directamente los secuestraron y asesinaron y hoy son compañeros que están desaparecidos. En el libro ‘Los Soldados de Perón’ de Richard Gillespie se menciona el caso de un matrimonio de odontólogos que secuestrado que en San Juan en 1971, o sea que los primeros ensayos de la desaparición forzada fueron en ese año y después siguieron ocurriendo. Después se empezaron a aplicar en 1974, 1975, incluso la actuación de la Triple A, que finalmente se transformó en grupos de tareas del propio Estado, a la Triple A le pagaban en el Ministerio de Bienestar Social”.

Tras los requerimientos pedidos en Mendoza contra jueces y fiscales que actuaron durante la dictadura, comenzaron a solicitarse también es otras zonas del país: “hubo requerimientos en San Luis, tengo conocimiento de que hay también en Córdoba, empezó a avanzar lo del juez Pedro Hooft en Mar del Plata, pero hasta ese momento lo único que había era la condena al ex juez federal Víctor Hermes Brusa en Santa Fe, y aparecía como un caso aislado, cuando la actuación del aparato judicial de la dictadura no fue aislada, sino todo lo contrario” aseveró Salinas a Oral y Público.

El abogado querellante por el MEDH también se refirió a las disímiles estrategias que utilizaban los represores para ocultar los cadáveres de los desaparecidos: “a algunos los enterraron como NN en el cementerio, a otros los tiraron en algunos lugares, en Mendoza estamos buscando desesperadamente porque hay un lugar en el que pareciera que estuvieron los compañeros, después vinieron con máquinas y los sacaron. Hay otro lugar que es Lajas, un campo de la Fuerza Aérea. Contrariando el fallo del juicio a las juntas, la Fuerza Aérea tuvo una participación tan tremenda como las otras fuerzas, y en Mendoza se vio especialmente porque el campo Las Lajas, que es donde nosotros creemos que están nuestros compañeros, es un campo que hasta el día de hoy pertenece a la Fuerza Aérea y les hemos pedido mil veces colaboración para ver si podemos encontrar en qué lugar están y no hemos recibido una respuesta positiva”.

En Oral y Público hemos entrevistado varias veces a Pablo Salinas y siempre le consultamos por las pintadas contra organismos y la destrucción de monumentos en homenaje, hechos que se reiteran en Mendoza. Al respecto, el abogado afirmó: “se ha calmado ese tipo de ataques y se ha canalizado políticamente. Uno de los referentes del Partido Demócrata mendocino, Sergio Miranda, invitó a Cecilia Pando a venir a la provincia, y hace más o menos una semana vino a una actividad y no tuvo asistencia, salvo la de los familiares de los represores que siguen haciendo campañas públicas. Pero no ha habido ahora ningún hecho cobarde de ataque”.

La primera megacausa por delitos de lesa humanidad cometidos en Mendoza comenzará el próximo 17 de febrero. Las audiencias se desarrollarán en el Salón de la Corte Suprema de Justicia de la provincia y lo que allí ocurra será sin duda una parte importante de la agenda de Oral y Público de 2014.