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(Por La Retaguardia) El acuerdo que ya habrían firmado el macrismo y el kirchnerismo para traspasar los sitios de la memoria de la Ciudad de Buenos Aires al ámbito nacional, implicaría además la disolución del Instituto Espacio para la Memoria (IEM). Según los trascendidos, el personal y las funciones pasarían a estar bajo la órbita de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, pero lo cierto es que el Consejo Directivo del IEM aún no fue informado sobre estos cambios. En el medio se cruzan, pedidos de informes, denuncias de vaciamiento y el proyecto museográfico para el Casino de Oficiales.

Los rumores van y vienen, como buenos rumores. El convenio existe, algunos ya lo vieron; no se sabe si ya fue firmado, aunque se presume que sí, que solo resta la publicación en el boletín oficial. Sin embargo, lo concreto es que hasta el momento las autoridades y trabajadores del Instituto Espacio para la Memoria no fueron informados acerca del traslado al ámbito nacional del personal y las funciones del IEM y su consecuente disolución como organismo autárquico y autónomo.
Ana María Careaga fue, durante años, directora ejecutiva del IEM y actualmente integra su Consejo Directivo. Estuvo detenida-desaparecida en el Club Atlético durante 1977. Tenía 16 años y estaba embarazada. Al salir consiguió exiliarse primero en Brasil y luego en Suecia. Su madre, Esther Ballestrino de Careaga, se negó a dejar de ir a las reuniones del grupo inicial de Madres y familiares cuando ella recuperó su libertad: «Voy a seguir hasta que aparezcan todos», respondió ante quienes le preguntaron qué hacía allí. Esther es una de los 12 integrantes del grupo que se reunía en la Iglesia de la Santa Cruz y que fueron secuestrados entre el 8 y el 10 de diciembre de 1977. Pasó por la ESMA y, desde allí fue víctima de los vuelos de la muerte. Sus restos fueron hallados en el cementerio de Gral. Lavalle como N.N. y volvieron a los jardines de la Iglesia de la Santa Cruz.
Desde La Retaguardia le consultamos a Careaga si al hablar del Instituto había que hacerlo en tiempo pasado o presente. Su respuesta fue contundente: en presente, porque el IEM continúa trabajando “con la firmeza, el ímpetu y las convicciones de siempre”, y aclaró que aún no recibieron ninguna comunicación oficial: “no hay nada que haga que nosotros dejemos de cumplir con la responsabilidad que la ley establece y que nos compete, así que estamos trabajando como siempre, con mucha fuerza”.
A pesar de no haber una información oficial, el Consejo del IEM sí recibió algunos indicios indirectos: “nosotros nos enteramos de que podría haber algo de esta naturaleza cuando vimos que el presupuesto para el ejercicio de 2014 aparecía en 0 –afirmó Careaga–. Eso nos llamó la atención… la gente de administración que está más vinculada a estos temas llamó al Ministerio de Hacienda porteño para ver cuál era el problema y ahí tuvimos la versión que se estaría firmando un convenio entre el gobierno de la Ciudad y el nacional por el cual el Instituto pasaría a estar bajo la órbita de Nación. Tengo la responsabilidad de decir, en un principio, que esta es una versión. Pero si preguntan por mi opinión, me llama poderosamente la atención, fundamentalmente porque el Instituto, su Dirección, el Consejo Directivo, no fue consultado ni informado. Yo creo que si hubiera alguna cuestión de esta naturaleza lo primero que habría que hacer es dirigirse al Instituto para conocer la opinión de sus miembros y esto no sucedió, por lo tanto nosotros en este momento nos estamos manejando nada más que con una versión”.

del Serpaj a Capitanich

Desde el Servicio de Paz y Justicia (Serpaj), que preside Adolfo Pérez Esquivel, enviaron pedidos de informes a los jefes de gabinete de la Nación y de la Ciudad de Buenos Aires, donde solicitan que den cuenta del supuesto convenio para modificar la ley 961 que creó al Instituto Espacio para la Memoria, su contenido y fundamentos y si se consultó sobre estas modificaciones a los organismos de derechos humanos que integran el Consejo Directivo del IEM.

La misma nota para Rodríguez Larreta

Pérez Esquivel -Premio Nobel de la Paz en 1980-, escribió una durísima nota en la que enmarca el acuerdo en el terreno de los negocios: «Tal como ocurrió con los negociados inmobiliarios vendiendo espacio público, el Gobierno de la Ciudad y el gobierno nacional, están acordando desmantelar el trabajo y      esfuerzo de muchos años realizado por los trabajadores y el consejo directivo del IEM, integrado por organismos y personalidades reconocidas por su     defensa de los derechos humanos. Un atropello que se hace sin la más mínima consulta, ausentes de todo tipo de diálogo con el consejo directivo del IEM, y con la complicidad de legisladores kirchneristas y del PRO. Este acuerdo significa quitarle la autonomía y autarquía que tiene para convertirlo en una institución bajo las órdenes del gobierno nacional actual y los que vendrán después». En la misma nota, Pérez Esquivel, quien también integra el Consejo Directivo del IEM, cuestiona a ambos gobiernos y les reclama desandar el camino: «hacemos un llamado a la responsabilidad de las autoridades nacionales y de la Ciudad, para que respeten los espacios y valores de lucha por la libertad y los derechos humanos y decirles que rechazamos los intentos de destruir el IEM».

Sobre la recuperación de los ex CCDTyE

El IEM fue creado en 2002. La ley se promulgó un año más tarde y finalmente se constituyó operativamente en 2006. Una de sus funciones principales es administrar los ex centros clandestinos de detención, tortura y exterminio que existieron en la Ciudad de Buenos Aires durante la última dictadura cívico militar.
“La recuperación de los centros clandestinos se fue dando en procesos diversos, que tienen que ver con la lucha histórica del movimiento de derechos humanos, de los familiares, de las Madres, que desde el primer momento hacen la denuncia buscando a sus hijos, los ex detenidos desaparecidos que estuvieron en estos lugares y fueron reconstruyendo desde la ubicación, los represores que actuaron, los desaparecidos que pasaron por ahí –enumeró Careaga–, por lo que en realidad estos espacios fueron recuperados, no solo en la Ciudad de Buenos Aires sino a lo largo y ancho del país, desde las distintas iniciativas y experiencias de lucha. En este sentido, ni siquiera es que creado el Instituto se recuperan estos sitios, sino que son recuperados producto de la lucha del movimiento de derechos humanos y otros actores sociales, acompañados también por organizaciones barriales. De hecho, cuando en la Conadep se iban a denunciar las desapariciones, los secuestros, las experiencias de haber pasado por ahí, se fueron reconstruyendo los lugares, se hicieron visitas a distintos espacios, se filmaron, se hicieron reconstrucciones de los hechos, del delito, de los secuestros y demás. Pero es un tema complejo, plural, en donde hay muchos actores en juego participando en la reconstrucción de lo sucedido en estos edificios y en su recuperación”.
Hasta el momento están bajo la órbita del IEM: los edificios ahora en litigio de la ESMA, el Club Atlético, El Olimpo, Virrey Cevallos y Automotores Orletti. Algunos fueron recuperados antes, como Olimpo y Atlético, y dependían primero de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Ciudad: “se habían armado unidades ejecutoras que eran las que trabajaban allí y estaban integradas por organismos de derechos humanos y otras organizaciones sociales, que eran los que trabajaban en la recuperación de estos sitios”, contó Careaga. Tras crearse el IEM pasaron a estar bajo su administración. Los otros centros clandestinos fueron recuperados con el IEM ya en funcionamiento.
Carlos Lordkipanidse, sobreviviente de la ESMA e integrante de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, también es parte de la agrupación Vecinos de San Cristóbal contra la Impunidad. En diálogo con La Retaguardia, relató cómo fue el proceso de recuperación del ex CCDTyE Virrey Cevallos: “a partir de las denuncias de los sobrevivientes en la época de la Conadep, pudimos establecer en qué lugar funcionaba este centro clandestino de detención, ubicado en la calle Virrey Cevallos y su intersección con México, muy cerca del Departamento de Policía, que pertenecía a la Fuerza Aérea. Este es el único caso en que una agrupación barrial hace todo el trámite de ‘recuperación’ de lo que era un centro clandestino, yendo a la Legislatura, hablando legislador por legislador para promover una ley de expropiación del lugar. Una vez que se logró esto -con un intensísimo esfuerzo de compañeros que ya no están entre nosotros, entre otros- se logró la expropiación del inmueble, a partir de lo que nos preguntamos -como integrantes de la agrupación- qué hacer con este lugar, quién se tendría que hacer cargo de esto, ya que no nos pertenece a nosotros sino al pueblo argentino. Nos enteramos de que había una institución que se llama Instituto Espacio para la Memoria que es la que regentea todos los centros clandestinos de detención de la Capital Federal, y coincidimos en asamblea que íbamos a entregar formalmente el centro clandestino de Virrey Cevallos al IEM y así fue, tal como consta en actas. Ha quedado clarísimo en todas partes, en la Legislatura, que la acción de recuperación de este centro clandestino es de los Vecinos de San Cristóbal contra la Impunidad y que decidimos ponerlo bajo la égida del IEM. Pero ahora resulta que nos cambian el libreto y pasaría a dejar de ser del IEM, lo mismo que los otros ex CCDTyE de la Capital Federal, para ser manejado por Presidencia de Nación, que hoy es esta presidencia, pero sabemos que dentro de dos años será otra”.

Los difíciles y necesarios consensos

A lo largo de la entrevista con La Retaguardia, Ana María Careaga mencionó en varias oportunidades la importancia de lograr consensos en temas tan complejos y dolorosos, además de mantener una postura y un debate lo más plural y diverso posible. Ese es el camino que se siguió para pensar colectivamente cómo recuperar los ex centros clandestinos y convertirlos en sitios de memoria. “Es interesante la composición del movimiento de derechos humanos en la Argentina –reflexionó al respecto Careaga–, habiendo tomado la represión las características que tomó, a manos del Terrorismo de Estado, la diversidad y pluralidad de composición amplia del movimiento de derechos humanos también contribuyó a un debate muy amplio respecto de cómo trabajar en la recuperación de estos sitios. De estos debates que llevaron muchos años fueron surgiendo consensos determinados respecto de cómo recuperar estos sitios. En general, lo que proponen los consensos alcanzados colectivamente es mantener los lugares que funcionaron como espacios directamente destinados a la reclusión de los detenidos desaparecidos, de los secuestrados, tal como estaban cuando se recuperaron. De hecho en algunos casos los edificios estaban en pie como la ESMA, El Olimpo, Virrey Cevallos u Orletti; y en otros casos, como el del Club Atlético, había sido demolido durante la dictadura para construir la autopista. Pero, más allá de la particularidad de cada uno de estos sitios, lo que se determinó es dejar los lugares que fueron directamente destinados a la reclusión de prisioneros tal como se los iba encontrando, preservándolos. Después, ya mucho más avanzados, todo lo que tiene que ver con la lucha por memoria, verdad y justicia se fue trabajando desde el IEM; ahí sí, exclusivamente en la conservación de estos lugares y tareas de mantenimiento y de hallazgo de pruebas. La idea fue que todos estos lugares, que hoy son prueba judicial en los juicios orales y públicos,  frente a los juzgados que investigan los delitos cometidos allí, fueran preservados como estaban, justamente como prueba judicial, con medidas de no innovar en la mayoría de los casos, y desde otros lugares aledaños contar la historia de lo sucedido en estos sitios. Estos fueron los consensos que se fueron alcanzando, que implican a la diversidad, pluralidad de distintas organizaciones, familiares y víctimas involucradas en esta temática”.
Si se toma en cuenta el proyecto museográfico pensado por el gobierno nacional para el Casino de Oficiales y el Edificio Cuatro Columnas de la ESMA, estos consensos no se estarían respetando. Al respecto, Careaga señaló: “en el caso puntual de lo que está previsto para el Casino de Oficiales, creo que trasciende absolutamente las historias de vida individuales y las opiniones individuales; trasciende incluso también al propio Instituto. Creo que acá están involucrados muchos actores, pero creo que el actor decisivo respecto de lo que se haga en el Casino de Oficiales son los ex detenidos desaparecidos que estuvieron en la ESMA. Y digo esto porque muchas veces se dice que nadie es dueño, yo creo que efectivamente de esta historia tiene que hacerse cargo la sociedad, lo que pasa es que toda la reconstrucción de lo que ha sucedido en la ESMA tiene que ver, desde las denuncias de los familiares que iban perdiendo a sus seres queridos, hasta la reconstrucción de lo que pasó ahí adentro, con una importancia clave respecto de los testimonios y de lo que se está reconstruyendo en los juicios, porque esto también le es devuelto a la sociedad argentina como la reconstrucción de una historia oral si se quiere, como parte del patrimonio histórico de la memoria. Yo no creo que el tema sea no hacer nada en ningún lado, de hecho hoy en el Casino de Oficiales hay un recorrido determinado, pautado; está el relato de lo que pasó en cada lugar contado a través de testimonios de las víctimas que están puestos en paneles; hay planos de cómo fueron modificándose los distintos lugares de acuerdo a las necesidades del aparato represivo, y el soporte físico y material de estos sitios para que sea funcional a las distintas etapas que la represión requería. No es que necesariamente no haya que hacer nada. Creo que lo más importante son los consensos, porque cómo puede decir uno que puede tener la verdad respecto de algo. Creo que cuando uno trabaja pluralmente, y de hecho el Instituto es eso, una instancia autónoma y plural, hay que trabajar logrando consensos, y en todo caso cualquier proyecto para hacer en cualquier lugar lo que necesita es de esos consensos históricos producto de la lucha del movimiento de derechos humanos”.

Las denuncias cruzadas

En medio de los rumores e incertidumbres, la Junta Interna de Trabajadores del Instituto Espacio para la Memoria ATE-CTA elaboró y publicó un informe en el que denuncia el “vaciamiento y desinterés por parte del Consejo Directivo del IEM sobre las Políticas Públicas de Memoria”. Allí explican que la problemática que atraviesa el Instituto (incluso antes de su posible disolución) se basa en las condiciones laborales y en la gestión de políticas públicas de memoria. En este sentido, advierten sobre el desconocimiento de la organización sindical de los trabajadores, hostigamientos y falta de instancias de negociación por parte de las autoridades del IEM. En cuanto a las tareas efectuadas en los ex Centros Clandestinos de Detención Tortura y Exterminio, hoy sitios de memoria, hablan de vaciamiento, falta de política, proyectos y propuestas, y de desarticulación, obstaculización y parálisis de las Áreas de Transmisión, Investigación y Relaciones Institucionales. Además, critican la imposición de un “discurso único que elabora teorías conspirativas y demoniza a quienes se salen de su libreto”, aseguran en su informe.
Otro grupo de trabajadores, algunos de ellos también afiliados a ATE, publicaron un comunicado respaldando al Consejo Directivo: «Manifestamos nuestro respaldo al comunicado emitido por el Consejo Directivo del IEM y expresamos nuestra profunda preocupación y rechazo frente a quienes pretenden destruir una herramienta tan valiosa para la lucha histórica por Memoria, Verdad y Justicia», dicen en un párrafo, respaldando al Consejo que está integrado por representantes de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Herman@s de Desaparecidos por la Verdad y la Justicia, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, Madres de Plaza de Mayo – Línea Fundadora, el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, el Servicio Paz y Justicia y personalidades como Alcira Argumedo, Víctor Basterra,
Stella Calloni, Ana María Careaga, Lita Stantic y Beinusz Szmukler.
La respuesta del Consejo Directivo del IEM a las acusaciones llegó a través de otro comunicado. En primer lugar, dieron cuenta de su repudio a lo que se caracterizó como “agravios, mentiras y tergiversaciones” incluidas en el informe de la Junta Interna: “el mismo constituye una manifestación agravada de la práctica permanente de una dirigencia sindical que desde la creación del IEM intenta sustituir a su dirección legal, con metodologías inconcebibles en quienes declaman compartir los objetivos de memoria, verdad y justicia. En su lamentable líbelo la ‘Junta’ no vacila en el intento de desacreditar, en algunos casos incluso con nombre y apellido, a integrantes de este Consejo, cuya opción de vida ha sido siempre el compromiso militante en la defensa de los derechos humanos. Fueron precisamente esas historias de vida las que determinaron su designación por unanimidad de los miembros del Consejo, en ese momento integrado por la totalidad de los organismos de derechos humanos, incluyendo algunos que luego se alejaron”, en referencia al Cels, H.I.J.O.S., Familiares de desaparecidos por razones políticas y Abuelas.
A su vez, el Consejo Directivo remarcó el momento temporal en que se presentó este informe que coincide con la puesta en conocimiento del convenio entre los gobiernos de la ciudad y la nación para traspasar personal y funciones del IEM: “convenio mediante el cual el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se desprende de todos los ‘centros clandestinos de detención, tortura’ del período del terrorismo de estado, y le entrega al gobierno nacional, a pedido de este, su tenencia por veinte años, junto con las competencias, funciones y personal del IEM. Ello implica el ‘vaciamiento real’ de una institución creada en el año 2005 por demanda de los organismos de derechos humanos, la decisión del entonces Jefe de Gobierno y la unanimidad de los miembros de su Legislatura, y que ha desarrollado una valiosa labor en cumplimiento de sus objetivos definidos por la ley 961: ‘el resguardo y transmisión de la memoria e historia de los hechos ocurridos durante el Terrorismo de Estado, de los años ´70 e inicios de los ´80 hasta la recuperación del Estado de Derecho, así como los antecedentes, etapas posteriores y consecuencias, con el objeto de promover la profundización del sistema democrático, la consolidación de los derechos humanos y la prevalencia de los valores de la vida, la libertad y la dignidad humana’. No se trata de una casualidad, sino de un accionar concertado destinado a descalificar la actividad del IEM, que les resulta indispensable para su destrucción y, eliminadas la independencia, autonomía y autarquía, dejar la construcción de la memoria, y su contribución a la verdad y la justicia, en manos del gobierno de turno”, sostienen en el comunicado.
Respecto a esta respuesta y a los trabajos realizados por el IEM desde su creación, Careaga destacó: “creo que realmente es muy valioso lo que ha desarrollado el Instituto, ha sido una tarea innovadora, es una instancia sin precedentes respecto de las iniciativas y construcciones en esta materia para el desarrollo de políticas de memoria ideadas por organismos de derechos humanos y otros actores sociales que realmente son muy importantes. Creo que el gran mérito ha sido mantener siempre por encima de estas disputas personales o que pueden responder a otros intereses, y esto es un poco lo que plantea la declaración del Instituto. Hay determinadas cuestiones que están muy atravesadas por la coyuntura, en este caso por esta versión de un acuerdo determinado, que hace que hoy se plantee el vaciamiento del Instituto, pero que esto también fue planteado en otros momentos frente a determinados conflictos e intereses a defender y creo que el gran mérito del Instituto, de sus trabajadores y del Consejo Directivo ha sido poder mantenerse siempre trabajando en lo que es su misión y función: la transmisión de la memoria y de la historia de los hechos ocurridos durante el Terrorismo de Estado”.
En estos momentos es incierto el futuro no solo del Instituto Espacio para la Memoria, sino de sus funciones y objetivos tan necesarios para la continuidad de la lucha por la Memoria, la Verdad y la Justicia.
Hay una batalla de informaciones cruzadas que se juega aún con la ausencia de los medios tradicionales (salvo la publicación de la nota de Pérez Esquivel por parte de Perfil). En palabras de José Schulman, integrante del Consejo en representación de la Liga Argentina por los derechos del hombre: «cuando publiquen el traslado va a ser presentado falsamente, van a decir que le arrebataron a Macri los sitios de memoria».