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Mes: octubre 2015

Página: 3


Desde Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos, nos comunicamos con Natalia Vargas, integrante de FM Cosmos de San Juan, para actualizar información acerca el derrame de cianuro en el río Jáchal por parte de la empresa Barrick Gold ocurrido días atrás. (Por RNMA) Hace algunos años las empresas mineras comenzaron a operar en los medios de comunicación, no sólo a través de pauta publicitaria, sino también con su discurso sobre “minería sustentable”. “Además de ser una de las pocas radios en San Juan que se preocupa por el medio ambiente, somos activistas. Es muy difícil llegar a la información aquí” nos cuenta Natalia, y agrega que “hace un par de semanas atrás había un informe donde decía que había cero contaminación” en referencia al primer informe de la OSSE, la empresa provincial del agua de San Juan, que daba cuenta de una mínima contaminación de plomo. Luego se conoció un informe de la Universidad Nacional de Cuyo, el cual afirma la presencia de muchos agentes químicos en el agua. En referencia a ello, nos cuenta que “donde fue a tomar las muestras de agua la UNCuyo, lo había hecho hace 3 años atrás, también guiados por Raúl Cevallos que es el querellante en esta situación. En ese tiempo salió arsénico, que viene de forma natural, pero el resto de los metales pesados no, como aluminio, plomo, mercurio que son graves y mortales y es lo que el gobierno quiere esconder”.“En 12 años ya le sabemos el verso a Gioja de memoria, cuando a él no le gusta algo siempre le echa la culpa a Mendoza. El debería mantenerse en una forma neutral y haber hablado con la población en su momento. Supuestamente el derrame fue el domingo, pero nosotros sabemos que fue el miércoles anterior a ese domingo. Gioja lo sabía y nunca quiso dar la cara por el pueblo de Jáchal” remarcó, y aclara que “la gente no está consumiendo el agua. Está consumiendo el agua que le llevan asociaciones, asambleas, gente solidaria”.En referencia a la complicidad necesaria del poder político provincial y nacional, agrega que “es importante saber que Cristina Fernández de Kirchner es quien le abrió la puerta a Barrick Gold. Además ella veto la ley de glaciares” y que “lo único que hizo Gioja es salir a defender a Barrick Gold. Es el gobernador de San Juan, no el empleado preferido de la minera.” “En Jáchal son alrededor de veintidós mil personas, y no llegan a mil personas las que están involucradas directa o indirectamente con la actividad minera. La gente siempre se ha basado en la actividad agropecuaria, pero con el problema del agua la actividad se está muriendo”, concluyó. ESCUCHAR O DESCARGAR AUDIO

Dialogamos con el fiscal marplatense Daniel Adler, a cargo del Ministerio Público en el juicio contra 11 integrantes de la Concentración Nacional Universitaria (CNU), 10 civiles y 1 militar retirado, acusados de asociación ilícita y homicidios calificados de estudiantes, profesores y profesionales en Mar del Plata. Los delitos juzgados se cometieron en 1975, durante el gobierno de Estela Martínez de Perón. Fue durante la emisión de Oral Y Público. (Por La Retaguardia) El juicio, que comenzó en junio de este año, tiene como imputados al ex fiscal Gustavo Demarchi, Juan Pedro Asaro, Raúl Arturo Viglizzo, Juan Carlos Asaro, Luis Roberto Coronel, Raúl Rogelio Moleón, Mario Ernesto Durquet, el militar retirado Fernando Alberto Otero, Roberto Justel, Marcelo Arenaza y José Luis Granel.“En este juicio no está acusada la Concentración Nacional Universitaria (CNU) sino un sector que nosotros consideramos que se conformó en una asociación ilícita cometiendo varios crímenes en Mar del Plata. Sus miembros están acusados por asociación ilícita, y 6 de ellos por 8 homicidios calificados cometidos en 1975, es decir un año antes del golpe militar. Entre los homicidios calificados, hay uno denominado ‘5×1’, que se lo llama así porque luego del asesinato del jefe de la CNU en Mar del Plata, Ernesto Piantoni (que era abogado de la Policía), asesinaron al día siguiente a 5 personas, la mayor parte de ellos militantes de izquierda (Bernardo Goldenmberg; Jorge Enrique, Jorge Lisandro y Guillermo Videla Yanzi; y Enrique “Pacho” Elizagaray), esto fue en marzo del ’75. Luego en mayo mataron a quien era una de las responsables de la Universidad Católica de Mar del Plata, que era María del Carmen Maggi (decana de la Facultad de Humanidades y secretaria general de la Universidad Católica), una mujer vinculada al Obispo (Eduardo) Pironio, que fue perseguido por este grupo. También se investiga el asesinato de otros 2 militantes, Daniel Gasparri y Jorge Alberto Stoppani, que fueron baleados, inclusive el auto de Gasparri fue quemado con él adentro”, detalló Daniel Adler, en diálogo con Oral y Público. Terrorismo de Estado antes del GolpeEl fiscal explicó que además de estos homicidios que son los que están siendo juzgados en este contexto, hay otros asesinatos que se están investigando: “tenían la característica de ser extremamente violentos con personas a las cuales se les disparó 20, 25 veces a cada una, los cadáveres fueron dejados en la vía pública, en un contexto en lo que nosotros consideramos que fue Terrorismo de Estado. Nosotros consideramos que en el juicio se está probando la conexión de este grupo con organismos del Estado y la persecución a un sector de la población”.Adler afirmó que obtener toda la información que permitió llegar a este juicio requirió de un trabajo de mucho esfuerzo investigativo, tanto del Ministerio Público como de los jueces que llevaron adelante los Juicios por la Verdad, celebrados mientras regían las leyes de impunidad, de manera que se establecía qué había sucedido, pero no había sanciones: “estos crímenes comenzaron a investigarse en el marco del Juicio por la Verdad, inclusive a mí me tocó ser fiscal del que se hizo en Mar del Plata, y realmente fue una tarea que se llevó adelante durante mucho tiempo, fue algo que se fue descubriendo. Nadie pensaba sobre la responsabilidad de algunas personas que luego, con la reconstrucción de la historia, se fue viendo y probando a partir inclusive, en algunos casos, de la actuación concreta que existió en causa judicial, porque por ejemplo una de las personas imputadas era ni más ni menos que el primer fiscal federal de Mar del Plata, una persona que sinceramente hasta el momento este por lo menos yo no sospechaba que podía tener vinculación y las pruebas fueron indicando esta situación”. Imputados civiles“Este es un juicio que a diferencia de otros juicios, la mayor parte de las personas que están imputadas son civiles, y de allí la dificultad que tuvimos de llegar a juicio. Fue una investigación que prácticamente llevó 9 años, hemos tenido múltiples acusaciones, denuncias en contra de los jueces que intervinieron, de los fiscales, múltiples dificultades para llevar adelante el juicio, pero esperemos poder terminarlo como corresponde”, agregó el fiscal.Respecto a la metodología que utilizaron los imputados en los asesinatos, Adler especificó: “en estos casos hubo una situación de privación ilegal de la libertad, una situación probablemente realizada por funcionarios públicos o con el asentimiento de ellos, así que estamos en situación de privación ilegal de la libertad y tormentos, y luego asesinatos alevosos, asesinatos realizados prácticamente con protección estatal, y además realmente muy cruentos. A diferencia de lo que se ve en los crímenes de la dictadura en los que la metodología fue la desaparición, acá el cadáver era dejado en la calle con la idea de generar una situación de terror en la población. A diferencia de lo que ocurrió en la dictadura donde había centros clandestinos de detención, en estos casos los asesinatos se producían apenas o prácticamente al poco tiempo de ser las personas privadas de su libertad, al menos en 7 de estos casos, un octavo no está clara la situación, pero al menos en 7 de estos casos la persona era inmediatamente ejecutada”.En cuanto a las permanentes vinculaciones que se hacen respecto al accionar de este grupo de personas en la CNU con la Triple A, el fiscal aseveró: “creo que puede haber muchas interpretaciones, muchas situaciones, pero lo concreto que nosotros tenemos acá es un grupo de personas que están imputadas a partir de la planificación de una serie indeterminada de delitos, esto es de lo que están acusadas y están acusadas también de haber cometido una serie de asesinatos realmente graves y bien dirigidos a un sector de la población, lo cual genera esta calificación de delitos de lesa humanidad. Yo quiero abstenerme de realizar cualquier tipo de calificación e interpretación, sino atenerme a los hechos objetivos que están surgiendo de las pruebas como para llevar a esta gente a juicio oral”.Daniel Adler trabaja desde hace 32 años en la justicia marplatente. Se desempeñó

Desde el 14 de febrero, comunidades de las 4 naciones originarias que habitan Formosa, Qom, Wichi, Pilaga y Nivacle, se encuentran acampando en Avenida de Mayo y 9 de Julio, pleno centro porteño. Reclaman ser atendidos por la presidenta Cristina Fernández para acercarle sus reclamos. Tras algunas reuniones con el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Martín Fresneda, el diálogo se detuvo. Conversamos con Félix Díaz, qarashe de la comunidad La Primavera, sobre la continuidad de la lucha en estos casi 8 meses de acampe, el acompañamiento de la ciudadanía y las dificultades que atraviesan en su provincia. (Por La Retaguardia) “Estamos de pie tratando de sostener la lucha para poder seguir visibilizando la problemática indígena a nivel social. Con los pueblos indígenas que nos acompañan estamos seguros de lo que quieren, y eso creo que es muy importante para nosotros porque la lucha se va como ampliando, articulando con otros sectores sociales y también con trabajadores y varios sectores que están siempre cerca, con nosotros, especialmente los jóvenes, estudiantes, investigadores, antropólogos, muchísima gente que nos acompaña día a día”, afirmó Félix Díaz en diálogo con La Retaguardia.En varios pasajes de la charla, Díaz reiteró que las comunidades originarias de Formosa que se encuentran acampando en el centro porteño desde hace casi 8 meses se sienten “bien acompañados” por las personas que se acercan al acampe QoPiWiNi: “son muy pocas las personas que nos insultan, de vez en cuando.. creo que hay una conciencia bastante importante en la ciudadanía, especialmente la gente que viene de las provincias, alrededor de la capital, y eso creo que nos alienta porque comparten y apoyan nuestra lucha porque están pasando las mismas cosas que nosotros, la falta de terrenos; es imposible construir una casa para poder cobijar a los hijos, la familia. Hay mucha comprensión porque a veces converso con las mujeres y hablan del tema del hambre cuando uno no tiene trabajo y los que primero sufren son los niños, y el gobierno, tanto Macri como el gobierno nacional manipulan esta necesidad de la ciudadanía, los condicionan con que tienen que ser parte de una organización para que le den de comer a sus hijos o tener algunos recursos por el tema de educación, estamos pasando lo mismo, la diferencia es que nosotros tenemos como pueblo indígena un derecho especial, reconocido nacional e internacionalmente: la legislación indígena, y eso es lo que nos hace diferenciar las organizaciones sociales”.Acerca de si entiende que hay posibilidades de ser recibidos por Cristina Fernández, responde sin dudar: “No, de ese tema ni hablar”. En estos meses sí se reunieron en varias oportunidades con el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Martín Fresneda: “no tiene poder de decisión, es un tipo que quiere resolver el tema pero el problema va más allá de lo que es el derecho humano porque tiene que ver la cuestión territorial. Nosotros seguimos esperando pero ha desaparecido el diálogo, no sé qué pasó. La última reunión que tuvimos con él fue la movida que se hizo el día que se inauguró la estatua de Juana Azurduy, y desde entonces nunca más supimos nada”, agregó.“El pueblo indígena tiene toda la verdad en sus manos –continuó el qarashe– por eso los gobiernos nacional y provincial no quieren responder porque saben que si resuelven nuestro problema abarcaría a muchos pueblos indígenas, porque la mayoría tenemos el mismo problema: conflictos territoriales por la invasión de empresas, particulares, gobiernos provinciales, municipales, que van usurpando territorio indígena; entonces cuando se tratan las cuestiones territoriales ahí es donde nadie quiere hablar del tema porque hoy en día el negocio más importante a nivel nacional, a través de la economía, es el territorio, porque ahí es donde se producen y desarrollan las actividades comerciales y el territorio es cada vez más caro, la tierra es cada vez más cara, entonces vemos que el interés está ahí, por eso los gobiernos tratan de justificar los despojos diciendo que se destina para un bien público: construcción de escuelas, hospitales, rutas, explotación turística, minera, petrolera, diferentes actividades, y eso vemos que el indígena no tiene ese pensamiento comercial para poder vender a un impostor el tema de la vida de la madre tierra”. Derecho a la saludEn diálogo con La Retaguardia, Félix Díaz remarcó que el tema de la salud es uno de los que más afecta a casi la totalidad de los pueblos indígenas: “en este momento hay una chica (Isabel, internada en el Hospital Ramos Mejía), una compañera que vino de Formosa, tiene un problema de cáncer terminal; durante 5 años en Formosa la trataron solamente con calmantes, y ahora que se agravó la situación la trasladamos a Buenos Aires pero ya no se puede hacer nada, porque esas son las cosas que sufren los pueblos indígenas cuando defienden y luchan por sus derechos. El gobierno ataca por ese lado porque es una parte frágil para nosotros el tema salud, porque no podemos a veces asistir a un hermano o una hermana cuando tiene un problema grave”.Cuando en la comunidad La Primavera, a la que pertenece Díaz, hay un problema de salud, deben asistir al hospital de la zona, en Laguna Blanca, ya que no tienen acceso a su medicina ancestral: “no tenemos el territorio suficiente para poder buscar los remedios que teníamos antes, eso está en manos del parque nacional, que creó una ley que se llama ‘áreas de conservación’, entonces no se puede tocar ni una planta, ni un pescado, ni el agua, porque todo debe conservarse, esa área protegida afecta nuestro desarrollo porque ahí están nuestros recursos naturales”, explicó Díaz.Uno de los conflictos que las comunidades tienen en Formosa es con privados como la familia Celía, pero también con el propio Estado, tanto nacional como provincial, que se apropió de sus tierras para hacer allí un parque nacional.De todos modos, si el problema de salud es grave, la maquinaria con la que cuenta el hospital de Laguna Blanca no alcanza: “no pueden hacer ecografías, tampoco tienen electrocardiogramas,

La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) celebró su asamblea el 25 de septiembre pasado. Allí le negaron el ingreso a la filial de La Matanza, integrante de esa instancia de decisión. Lo habían anticipado por mail: todos aquellos que no tuvieran “la cuota al día” no podrían participar. APDH La Matanza supo por esa notificación que existía una cuota que pagar para tener voz en las discusiones, incluso si se trata de una regional que no posee financiamiento alguno por fuera de la autogestión. Pero la razón real del enfrentamiento parece ser otra: semanas antes, Pablo Pimentel, presidente del grupo autónomo de La Matanza, manifestó a la mesa directiva una situación que definió como de “incompatibilidad de funciones en base a la ética y los valores fundacionales de la APDH”. Las opiniones de los Pimentel y de Nora Cortiñas. (Por Rosaura Barletta para La Retaguardia) La incompatibilidad Lo que se denuncia Pimentel, entre otros integrantes del histórico organismo, es que Ernesto Moreau, uno de los presidentes ejecutivos de APDH Nacional, patrocina de forma particular y desde su estudio de abogados, a un grupo de testigos de Jehová que demandan civilmente al Estado porque se negaron, durante la dictadura, a realizar el Servicio Militar Obligatorio. La defensa a título personal por parte de Moreau no sería problemática si éste no hubiera incluido en el seguimiento del caso documentos y solicitudes firmadas por APDH Nacional. La denuncia inicial fue formulada por Horacio Ravenna, otro presidente ejecutivo de APDH Nacional, que fue inmediatamente suspendido de su cargo junto a Paula Alvarado, una joven abogada, por “las formas” que utilizaron para presentar el planteo. Todo indica que la formalidad es más importante que la acción. “Nosotros –APDH La Matanza- advertimos que hay una influencia de parte de Moreau por su doble rol. Nadie le juzga su tarea particular pero se contrapone con una cuestión ética porque utiliza a la presidencia en el organismo para influir en el curso de la causa”, afirmó Pablo, que se expresó a favor de la denuncia formulada por Ravenna y en contra de su suspensión. La represalia“No es la primera vez que me impiden pasar a un organismo de derechos humanos, pero fue muy desagradable que suceda en el que vi nacer hace cuarenta años”, sostuvo el dirigente. Los militantes de La Matanza aseguran que la exigencia de tener la cuota al día es una excusa que encubre el problema político que despertó su postura de apoyo a las acusaciones de Ravenna. “Nunca ha sucedido en ningún organismo de derechos humanos, esto es inédito”, reflexionó Pimentel refiriéndose al impedimento de entrar a la asamblea por razones económicas. Luego de retirarse de la convocatoria dejando en claro su postura, Pablo y su hija Paula, que lo acompaña, solicitaron al Consejo de presidencia que se expidiera sobre su participación a futuro. “Como parte del Consejo al que no renuncio, como militante de APDH La Matanza, organismo autónomo a la APDH Nacional desde 1987, y como nieta de uno de sus fundadores, someto la invitación que me hiciera la Mesa Directiva a formar parte de este Consejo, a la voluntad de la Asamblea, con los correspondientes y reales motivos de su decisión”, expresó la joven, militante y periodista, en una carta abierta. En este período se retiraron, según Pablo, cerca de 20 miembros de la mesa directiva, la mayoría jóvenes, entendiendo que no se podía tolerar esta situación. Familia con historiaPablo Pimentel abrió paso a la tercera generación de militantes por los derechos humanos de la familia con la incorporación a APDH de su hija Paula, que retrató a través de la carta el “trago amargo” que tuvieron que pasar luego de encontrarse con la entrada denegada a la asamblea: “El desatino político, pero sobre todo, el desatino militante, nos impedía el paso a aquel lugar donde jugaba de pequeña acompañando a mi padre, donde mi abuelo concurría a diario, en los tiempos más difíciles, donde estuvimos en un sinnúmero de reuniones y conferencias”.Paula rememoró los inicios de la APDH como organismo, las marchas durante la dictadura y las personalidades que acompañaron su lucha, como el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, o el cura Luis Farinello, y comparó ese contexto con la actualidad: “La APDH se convirtió en algo tan frío como para condicionar el voto, la voz, la presencia toda a una cuota económica”, expresó. En la algidez del relato, los Pimentel desataron la bronca puntualmente ante el renombre positivo de Eduardo, padre de Pablo y uno de los fundadores del organismo, en el espacio que ahora los expulsó: “Manifestamos la voluntad como familia de retirar todos los emblemas de Eduardo Pimentel, hasta tanto la Mesa Directiva modifique su actitud y vuelva a los valores fundacionales. Quien conoció a mi abuelo sabe que nunca hubiera permitido que se dieran los hechos denunciados, ni que se le niegue la entrada a nadie y mucho menos por un motivo-excusa económico”. Organismo autónomoAPDH La Matanza es, desde 1987, una entidad autónoma e independiente de las decisiones tomadas en la filial nacional. Cuenta, además, con personería propia, lo que le permite no depender en ninguna instancia de APDH Nacional para resolver cuestiones administrativas. La distancia surge durante el gobierno de Raúl Alfonsín y en un momento particular: “Con el dictado de las leyes de obediencia debida y punto final, la postura de APDH Nacional en aquel momento fue respaldarlas, por lo que se diferenciaron APDH Neuquén, La Plata y La Matanza. Nosotros dijimos que había que ser coherentes con lo que en un principio se había planteado y no podíamos sostener las leyes de impunidad”. Así lo explicó Pablo, que además aclaró no tener registro de que esa postura alguna vez se haya rectificado. “En aquel momento estaba (Graciela) Fernández Meijide que había producido una modalidad macartista de sacar del medio a un montón de militantes fundacionales y eso también fue materia de denuncia de nuestra parte”, rememoró. Los valores fundacionalesAPDH La Matanza pondera por encima de todos los

La Asamblea de vecinos autoconvocados contra la Ceamse en González Catán inició, el viernes 2 de octubre, un bloqueo del ingreso al predio en que funciona en reclamo por la contaminación y las enfermedades que provoca en lo barrios vecinos, el amontonamiento de toneladas de basura. De inmediato, los activistas recibieron amenazas de represión y desalojo, pero ante la negativa a retirarse, sectores del gobierno provincial les solicitaron iniciar una mesa de diálogo, según el grupo militante, para evitar pagar el costo político de sacarlos por la fuerza. Durante el programa radial Sueños posibles, que conduce Alfredo Grande por Radio La Retaguardia, dialogamos con Cristian Corbalán, integrante de la Asamblea. (Por La Retaguardia) “Tuvimos una reunión con el director del organismo para el desarrollo sostenible, ingeniero Hugo Bilbao, en La Plata. Allí firmaron un acta también los señores Isidoro Bonicatto, genente general del Ceamse y Karina Roca, secretaria de Medio ambiente de La Matanza, en la que se comprometieron a retomar el diálogo y sostener una mesa permanente para avanzar hacia el cierre definitivo y el saneamiento” declaró Corbalán. El militante informó que la instancia de discusión se mantendrá todas las semanas; en ella participarán Leo Pérez Esquivel como garante técnico y técnicos de Ceamse y del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS). “Esto no va a suceder de un día para el otro, el camino está abierto y queda el desafío a ver cómo damos ahí la pelea”, aseguró Corbalán.El asambleísta contó que, el sábado 3 por la noche, el intendente Fernando Espinoza les informó a los vecinos que quedaba suspendida cualquier instancia de diálogo: “Seguramente iba a ser una feroz represión pero nosotros estábamos muy decididos a sostener el bloqueo, porque es una causa conocida y hace más de diez años venimos luchando. Si reprimían, iban a pagar un costo político muy alto y por eso hasta ayer a la noche estuvimos hablando con el señor Hugo Bilbao, con la secretaria de Medio ambiente, para retomar el diálogo”. La Asamblea sostiene que los funcionarios se contradijeron al cortar la comunicación y luego solicitar un encuentro para evitar el desalojo.“Existe esta posibilidad de avanzar con responsables políticos, que es lo que necesitamos, porque hay otras personas que no tienen autoridad para resolver este problema. Ahora discutimos con el gerente general de Ceamse, con la secretaria de Medio ambiente y con el director de la OPDS”, expresó Corbalán. El activista comentó que Ceamse se puso en marcha en 1979, durante la dictadura militar, y fue un emprendimiento sostenido por todos los gobiernos de la democracia. Según el relevamiento realizado por los propios vecinos junto a la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de La Matanza, en 800 habitantes en las zonas aledañas se hallaron 500 enfermedades ligadas a la contaminación. “Cáncer, forúnculos, alergias respiratorias, en la piel, trastornos vasointestinales, disminución visual. Logramos graficar una pequeña muestra. La Ceamse ha contaminado los acuíferos más profundos que recorren a toda la provincia de Buenos Aires y de donde tomamos el agua”, relató Corbalán.El militante contó que la Asamblea recibió apoyo de APDH La Matanza, Suteba La Matanza, Adolfo Pérez Esquivel y Nora Cortiñas, entre otros grupos y personalidades. Sobre el bloqueo, aseguró: “Hubo mucha militancia, pero también mucho vecino que no milita orgánicamente pero sabe que Ceamse contamina, que es un asesino silencioso y que tiene que cerrar.  Toda esa gente fue fundamental para que el Estado vea que estamos firmes”. Por la presión social ejercida, declaró Corbalán, “tuvieron que convocar una reunión de urgencia y hoy nos mandaron los micros para que vaya la comitiva. Es necesario llevar la lucha a las puertas de estas empresas que nos están matando y devastando. El desafío que nos queda es que se sostenga este diálogo y se logre el cierre de Ceamse”.Pavada de desafío les queda por delante.

Un grupo de vecinos autoconvocados de Puerto Pirámides, Chubut, tomó la decisión de realizar un bloqueo a la ruta 2 en el acceso a la Península Valdés, cruce de Playa Larralde y Villarino. El reclamo fue por la deficiencia y la precariedad de los servicios básicos brindados por los Estados municipal y provincial, especialmente los de luz, agua y gas. El corte se acordó en una primera asamblea el martes por la noche y se inició el miércoles con alrededor de 60 vecinos de la zona que permitieron el paso de 5 autos por hora. (Por La Retaguardia) “Tomamos estas medidas por años de desidia y desinversión. El sistema eléctrico genera que una lluvia y un poco de viento hagan que pasemos uno, dos o tres días sin luz. Aquí no hay gas, pero los políticos en campaña dicen que el servicio llegó, lo que tomamos como una burla de parte de la dirigencia a los ciudadanos”, denunció Gianpero Donato, integrante de la asamblea. Con respecto a la provisión de agua potable, explicaron que sólo consumen agua “desalinizada” con un proceso que se realiza en una máquina que tiene más de treinta años y se encuentra en un grave estado de deterioro. “Tienen que venir camiones de agua potable para reforzar la provisión, no sólo en épocas de alta afluencia turística sino también en baja temporada. Así no queremos recibir a los seis mil o siete mil que se embarcarán este fin de semana largo para ver ballenas y no van a tener los servicios básicos garantizados”, aseguró.Donato planteó que hay conflictos dentro de la cooperativa eléctrica que provee el agua: “El Estado provincial no baja el presupuesto para pagar los sueldos, tarda meses en asistir a la municipalidad de Puerto Pirámides y eso redunda en que están siempre haciendo malabares para poder pagar los salarios. Quedan los ciudadanos de Puerto Pirámides como rehenes de esta situación provocada por desinteligencias entre el gobierno provincial y municipal”.“Exigimos la inmediata presencia del gobernador –Martín Buzzi-. Nosotros recibimos un porcentaje correspondiente al cobro de ingresos al área protegida de la Península Valdés que se negocia anualmente mediante un decreto: este año no ingresó ni un centavo porque él no se dignó a firmar un decreto para que bajen fondos a Pirámides”, agregó el asambleísta. Los vecinos exigen que esa parte de la recaudación provincial se asigne al distrito por ley. Donato explicó, por último: “Entendemos la incomodidad del turista pero también tenemos hace muchos años una vida sin servicios de agua corriente, luz y gas”.Los vecinos se vieron obligados a aclarar que la incipiente Asamblea no es partidaria, ya que quedaron en el medio del enfrentamiento entre Buzzi, el gobernador del Frente Para la Victoria y Antonio Albaini, el intendente local que pertenece al tradicional Partido Acción Chubutense al que se sumó el ex gobernador Mario Das Neves. Foto: el estado de la planta desalinizadora que provee agua potable, durante la visita que realizaron los vecinos tras la protesta.

Integrantes de la Comisión independiente por Justicia por Darío y Maxi, conformada por el Frente Popular Darío Santillán (FPDS), organizaciones sociales y organismos de derechos humanos, irrumpieron ayer en una charla dictada por Felipe Solá en la facultad de Ciencias Económicas de la UBA. El objetivo del escrache fue señalar al candidato a gobernador como responsable intelectual impune de la masacre de Avellaneda, ocurrida el 26 de junio de 2002. La Comisión realizó hoy una conferencia de prensa para sentar su posición sobre los hechos. Así como los medios tradicionales se encargaron en aquel momento de desviar las responsabilidades de los verdaderos responsables (con el ya mítico título de Clarín “La crisis causó 2 nuevas muertes” como bandera), hoy pusieron toda su artillería en denunciar una operación de prensa que no fue. (Por Rosaura Barletta y Paulo Giacobbe para La Retaguardia) “Agradecemos a los medios y los trabajadores de prensa que están cubriendo esta actividad, que se comprometen con la información y no sólo dan voz al candidato a gobernador Felipe Solá, indicado por nosotros como responsable de los asesinatos de 2002, sino también a los familiares y compañeros de Darío Santillán” destacó inicialmente el documento leído por la Comisón. El grupo denunció, no sólo que no se comportaron con violencia para llevar a cabo el escrache, sino que fueron agredidos por una patota del Frente Renovador: “En los videos se puede ver cómo un hombre de remera rayada golpeaba en la cara a Leonardo Santillán, hermano de Darío, y cómo varias personas arrojaron mesas y sillas desde el primer piso de la facultad de Ciencias Económicas hacia la planta baja donde estaban retirándose nuestros compañeros”.Con respecto a los medios de comunicación, que en su mayoría calificaron la medida como violenta, los militantes sostuvieron: “Como el 26 de junio de 2002, medios y políticos se hicieron eco de lo que dicen los poderosos. Sostuvieron que los violentos somos los que pedimos justicia y que las víctimas son quienes comandaron la represión que terminó con la vida de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki. Parece el mundo del revés”. El grupo rechazó la vinculación que hicieron medios de comunicación e integrantes del Frente Renovador de la actividad realizada con sectores del kirchnerismo y el jefe de la Agencia Federal de Inteligencia Parrilli y denunciaron: “No es inocente intentar vincular el reclamo legítimo de un movimiento popular que ha mantenido la bandera de los derechos humanos de ayer y de hoy levantada a lo largo de 13 años con los servicios de inteligencia”. Además, señalaron que en todo este tiempo denunciaron y escracharon por igual a Eduardo Duhalde, presidente durante la represión; Felipe Solá, gobernador; Luis Genoud, ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires; Juan José Álvarez, ex agente de la SIDE durante la dictadura militar y encargado de la operatoria de seguridad aquel 26 de junio y Aníbal Fernández, secretario general de la Presidencia.Para solventar su postura en relación a la proveniencia de la violencia, la Comisión planteó que las imágenes y los videos demuestran “quiénes son los violentos”. El comunicado expresa, además, el logro militante que implicó poder reabrir la causa por las responsabilidades políticas de la masacre pero sostiene que “mientras no haya justicia, va a haber escrache porque los poderes políticos, judicial y mediático, se apañan unos a otros”. Definieron como una ofensa a la memoria de Kosteki y Santillán que ninguno de los respnsables intelectuales haya sido siquiera indagado y que, además, se candidateen. El estallido Alberto Santillán, padre de Darío, explicó que la situación de impunidad generó “un estallido que se manifiesta yendo a buscar a los responsables intelectuales de la masacre de Avellaneda. Lo que pasó ayer es un pedido de justicia. Es la única manera que tenemos los menos poderosos de acceder a un poco de justicia. Son suficientes las pruebas que hemos mostrado y el trabajo que hemos hecho nosotros como familiares y como movimiento”, sentenció. Con respecto al proceso judicial, Santillán señaló que se recarga sobre la familia el trabajo que debieran hacer jueces y fiscales.El hombre se mostró conmocionado y aseguró que la acción tomada es “para que se terminen los pibes asesinados en los barrios, los compañeros presos. Es una manifestación de una búsqueda permanente de justicia y es una manifestación más que clara de que a donde vayan los iremos a buscar. Es la única manera de que en este país puedan cambiar las cosas”. Dejó en claro, por último, que la organización que reivindica la militancia de su hijo “no actúa para ningún partido político, no se vende, no trabajamos para el kirchnerismo, ni para (Oscar, actualmente a cargo de la SI) Parrilli, ni para Aníbal Fernández; caminamos en una vereda totalmente opuesta de lo que es el kirchnerismo y tantos partidos políticos. Lo que hacemos es defender a rajatabla la búsqueda de justicia por Darío y Maxi”. La violencia de no tener a DaríoLeonardo Santillán, integrante del Frente Popular Darío Santillán y hermano de Darío, señaló que en la circunstancia del escrache los militantes se encontraban en total desventaja y que se ve con claridad cómo son agredidos. Sobre las acusaciones de violencia, el joven señaló como ejemplo de violencia que “hace 13 años convivimos con la ausencia de Darío, con el pedido de justicia, hace 13 años vemos a Duhalde, a Solá, a Aníbal Fernández, soportamos las chicanas y que usen al nombre de Darío para tirarse la mierda. Jamás nadie ha investigado, a nadie le preocupa, nadie siente lo que sentimos”. Santillán recordó cuando el movimiento de su hermano fue acusado públicamente de sedición y de insurrecto por funcionarios del gobierno en aquel entonces. “Nosotros nos remitimos a gritar. Tenía enfrente a una persona que considero un asesino, se me ocurrieron millones de cosas, y se me siguen ocurriendo, pero nos limitamos a esperar a una justicia que no llega y es muy ajena a nosotros. Lo único que hicimos fue gritarle asesino”, aseguró. Orlando Agüero, integrante del Frente Popular Darío Santillán, señaló:

Los distintos estudios realizados a partir de las muestras tomadas en ríos cercanos a la localidad sanjuanina de Jáchal confirman la contaminación tras el derrame de solución cianurada por parte de la minera Veladero de la Barrick Gold, el 13 de setiembre pasado. Los análisis de la empresa provincial de agua OSSE (Obras Sanitarias Sociedad del Estado) y de la (UNCUYO) Universidad Nacional de Cuyo. La reflexión del fiscal federal de Tucumán Gustavo Gómez sobre el delito ambiental. (Por La Retaguardia) “Llevamos más de 10 años de minería y del progreso prometido, del desarrollo sustentable, todavía no se ve nada. Lo único que se puede decir es que acá hay un par de motos más que se compraron los mineros, hay autitos, nada más”, expresó Marisel Fuentes, bioquímica e integrante de la Asamblea Jáchal no se toca.Lejos del progreso, la megaminería a cielo abierto lleva contaminación a cada una de las localidades donde se instala para arrasar con sus recursos naturales. El derrame de 1.000.000 de litros de agua cianurada en el emprendimiento Veladero en San Juan es solo el último ejemplo, aunque quizás sea también uno de los más explícitos y extremos.Así lo demostraron los resultados de un estudio efectuado por el Laboratorio de Análisis Instrumental de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCUYO) de Mendoza. Las muestras fueron tomadas por encargo de la Municipalidad de Jáchal al día siguiente del derrame en el Río La Palca, antes de su unión con el Río Blanco, y en una fuente de agua de consumo humano ubicada en Mogna, un pueblo que se encuentra a 50 kilómetros de Jáchal.Además, se hicieron muestreos de agua en los ríos Potrerillos, Las Taguas, Blanco y el mismo Jáchal a la altura del puente de Angualasto y en los diques Cuesta del Viento y Pachimoco.En líneas generales, los estudios dan cuenta de una grave contaminación con metales pesados en dosis que superan en algunos casos hasta en un 1400% los valores tolerables.Se detectaron, por ejemplo, 1,48 miligramos por litro (mg/l) de manganeso, siendo el promedio histórico para el Río La Palca 0,25 (considerando que el valor máximo tolerado según la Ley Nacional para Riego y Consumo Animal es de 0,2). En cuanto al aluminio, se hallaron 70 mg/l, cuando el valor máximo es de 5. También se encontraron restos de metales como el mercurio, el cobre y el zinc. En relación a la muestra tomada en Mogna, el estudio indica que los metales encontrados en el agua la hacen no apta para el consumo humano.El gobernador sanjuanino, José Luis Gioja, desestimó el informe y hasta lo atribuyó a una suerte de rivalidad interprovincial: “es la tercera vez que desde esa provincia nos hacen ataques”, dijo sin nombrar a Mendoza, casi como si se tratara de un partido de fútbol. Subestimación oficialEn diálogo con La Retaguardia, la asambleísta y bioquímica Marisel Fuentes se refirió a otro estudio realizado tras el derrame; en este caso a partir de la toma por parte de Obras Sanitarias Sociedad del Estado (OSSE), tres y cuatro días después, de otras muestras: “el presidente de OSSE, Cristian Andino, fue el único que salió a dar la cara y se puso a disposición de la asamblea; firmó incluso un acta compromiso donde se comprometía a realizar análisis semanales, dos veces a la semana, durante meses y meses hasta que todo esto se aclare. Una parte de esos estudios se realizó en San Juan, que son los análisis comunes de agua. El tema del cianuro, mercurio, plomo… todo eso se mandó a Córdoba, y de lo que tenemos nosotros todo dice que está dentro de lo normal. En el caso del plomo, que según el Código Alimentario Argentino el valor normal es hasta 50 microgramos/litro y según la Organización Mundial de la Salud es hasta 10, el resultado que nosotros tenemos acá es 14, 9. O sea que si nos basamos en la OMS estamos pasados en el valor máximo permitido. Cianuro está en el normal, y es lo que se usa para disolver los otros metales que tiene la roca, entre ellos el mercurio, el plomo, otros metales pesados. Entonces el miedo que teníamos nosotros no era solamente que llegue el cianuro acá sino también los otros metales que el cianuro viene disolviendo a medida que va pasando por la roca y por los ríos que va atravesando”, dijo Fuentes unos días antes de que se conociera el informe de la Universidad.“Yo tengo amigos que trabajan en el laboratorio de la mina –continuó Fuentes–, y ellos me decían que en el Río Blanco donde desembocó el derrame el cianuro daba positivo, había cianuro hasta el día miércoles (después del derrame), ese día empieza a dar negativo, no había más porque ellos le agregan cloro que neutraliza el cianuro. Ese día miércoles el gobernador (de San Juan, José Luis Gioja) manda una nota a la Asamblea donde nos decía que habían realizado ese día análisis de tal y tal río y decía que en todos había dado 0,0, sin especificar unidades de medición, sin cifras significativas, o sea que podía ser 0,01 o 0,09, una chantada el informe que nos envío. Nos tratan de ignorantes y nos subestiman, querían que con eso nos quedáramos conformes, pero fue peor, la gente se levantó más. Hasta ahora el gobernador no ha venido a dar la cara, el derrame fue el domingo y él salió el jueves a decir que iba a consultar su agenda a ver cuándo tenía tiempo para charlar con los asambleístas. En la medida en que pasa el tiempo es como que tratan de minimizar todo, cada vez escuchan menos”. Delito ambientalEl fiscal federal de Tucumán Gustavo Gómez actúa en la zona del noroeste argentino, sin embargo es una persona de permanente consulta ante denuncias por contaminación. Sobre este caso, consideró que es un error tomar muestras de agua en búsqueda de contaminación, señaló que no corresponde hacerlo porque el solo hecho del derrame de agua cianurada en sí

El 10, 11 y 12 de octubre se realizará el 30° Encuentro Nacional de Mujeres en Mar del Plata. Dialogamos con Laura Hoschberg, integrante de la Comisión Organizadora, quien habló de sus expectativas ante este nuevo encuentro que convocará a 55.000 mujeres que participarán de 65 talleres, además de actividades culturales y la gran movilización de cierre que recorrerá los principales lugares de lucha en la localidad balnearia. El debate sobre el escrache a la Iglesia. (Por La Retaguardia) La sede de cada nuevo Encuentro de Mujeres se define en el acto de cierre del anterior: “no se decide por votación, porque en los encuentros no se vota, sino por aclamación, y efectivamente fuimos aclamadas por muchísimas mujeres que estaban en ese momento, y desde que volvimos empezamos a trabajar con todo lo que implica organizar un encuentro de la manera en que son nuestros encuentros: autoconvocados, autofinanciados, democráticos, plurales, recibimos ayuda de todo el mundo, de todo aquel que quiera ayudar a que las miles de mujeres que se acercan en este caso a Mar del Plata sientan que verdaderamente tienen todo lo que es necesario para sentirse verdaderamente bien, contentas, que estén en las escuelas, el lugar de apertura, para eso trabajamos. Estamos con muchas ganas porque en realidad nosotras el año pasado fuimos a Salta un poco con la decisión de proponer nuestra ciudad como sede y aceptamos un desafío muy grande”, afirmó Laura Hoschberg, una de las 120 mujeres que integran la comisión organizadora de este 30° Encuentro.Para este año se esperan en Mar del Plata 55.000 mujeres no solo de todo el país, sino también de otros países de Latinoamérica: “muchas nos preguntan cómo hacemos, porque sinceramente eventos con semejante cantidad de personas no son comunes, y sin embargo año a año se ha podido organizar y es una cosa extraordinaria. Las mujeres se han adueñado de este espacio que es único en el mundo. Nosotras decimos que cuando dejamos nuestra casa, la dejamos con un montón de problemas y cuando volvemos siguen estando, pero venimos con la cabeza cambiada, con otra mirada de estos problemas que dejamos, porque efectivamente el compartir con otras miles nos hace sentir que un poco esto que nos pasa como mujeres no somos las únicas en el mundo, sino que hay otras a las que les pasa lo mismo. Entendemos que la cantidad de mujeres que van a venir a Mar del Plata este año tiene que ver también un poco con lo que es nuestra ciudad, porque además está un poco más cerca de varias provincias y esto aminora un poco los costos, pero fundamentalmente porque nosotras decimos que este es el año de ‘Ni una menos’ y estamos realizando este 30° Encuentro Nacional de Mujeres este año en el que ‘ni una menos’ fue algo impresionantemente grande, masivo, extraordinario, en todo el país, y que ayudó a visibilizar el problema de la violencia de género, creo que esto también impulsa para que más mujeres vengan”, expresó Hoschberg en diálogo con La Retaguardia.Este año habrá 19 escuelas para 65 talleres de temáticas diferentes que a su vez se transformarán en 250 subtalleres. Sucede que cada año van incrementándose las actividades y problemáticas que se debaten en el Encuentro: “creo que esto es así porque hay mujeres a las que les parece que hay temas buenos para incluir. En este encuentro están todos los temas de todos los años, pero por ejemplo en esta oportunidad agregamos el tema de refugios, porque si bien están los talleres de violencia y maltrato, femicidio, abuso, hubo una propuesta para que haya un taller específico en relación al tema de los refugios; otro taller será ‘mujer y relación con su propio cuerpo’, otro que nos pidieron está referido al acoso laboral en el Poder Judicial, son propuestas que se van planteando y sumando”, agregó la integrante de la comisión de organización. La marcha y la IglesiaPor lo general, lo que se suele reflejar de los encuentros desde los medios tradicionales, es la movilización del último día, cuando un grupo de mujeres realiza un escrache en la catedral o iglesia más importante de la localidad donde se llevan adelante las actividades cada año. Sin embargo, los escraches no forman parte del cronograma que elabora la comisión organizadora. “Nosotras ya decidimos por dónde vamos a pasar, ya tenemos el recorrido, lo hemos hecho público y no vamos a pasar por la catedral. Este año pasamos por lugares emblemáticos de lucha del movimiento de mujeres de Mar del Plata, incluso vamos a señalizarlos con pasacalles. Por ejemplo, vamos a pasar por un prostíbulo muy conocido de la zona de La Perla, ‘La Posada’, que con un escrache muy grande que hicimos logramos cerrarlo; después vamos a pasar por el Tribunal Oral Federal donde se hizo el primer juicio oral y público contra la trata donde logramos también que se clausure otro prostíbulo muy conocido que se llama ‘Dulcinea’, y fueron presos los proxenetas y además decomisaron los bienes de ese prostíbulo, y además porque en ese tribunal han enjuiciado a represores de la dictadura militar, entonces vamos a pasar por ahí; también por el Ministerio de Trabajo de la Nación porque ahí hemos estado muchas mujeres obreras por reclamos más de tipo laboral; y vamos a pasar por los Tribunales de Mar del Plata porque nosotras acá tenemos 36 mujeres muertas y desaparecidas, y venimos hace años reclamando justicia y esclarecimiento de estos casos. De los primeros se decía que era el Loco de la Ruta, que no era ningún loco. Esas mujeres como tantas otras, están justamente muertas y desaparecidas por connivencia entre poder político, los jueces, los policías y los mafiosos. Además acá tenemos mujeres como por ejemplo Rocío Girat, que fue violada por el padre en la Base Naval. Todos esos juicios se iniciaron en estos tribunales, entonces son lugares emblemáticos para nosotras. Entonces vamos a pasar por esos lugares, y vamos a terminar la marcha en la costa. Las mujeres que

Dialogamos con Jorge Perea, historiador e integrante de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre en esa provincia. A partir del disparador del inicio de un nuevo juicio por crímenes de lesa humanidad, reflexionamos sobre cómo se intentó ocultar la resistencia durante el Terrorismo de Estado, la recuperación de la memoria por parte del pueblo catamarqueño y su relación con las actuales luchas contra la megaminería a cielo abierto. (Por La Retaguardia) 4 ex militares y 1 ex policía son juzgados por la desaparición de Nelly Yolanda Borda, Julio Genaro Burgos, y los hermanos Francisco Ponce y Griselda Ponce. “Para nosotros siempre que se produce una instancia de este tipo, de inicio de juicios, como comunidad sentimos que estamos dándole una batalla al olvido, no sé si ganándolas pero sí en todo caso dando una batalla en la cual uno puede construir un nuevo tipo de relación con la memoria y también con el pasado reciente. Este es el tercer juicio de delitos de lesa humanidad en la provincia que se desprende de otra causa, quizás la primera causa paradigmática que significó la apertura de los juicios por delitos de lesa humanidad en Catamarca. Uno encuentra que una de las marcas de la violencia sistemática, a la cual se vio sometida nuestra provincia durante las décadas del ’60 y ’70, es que muchos catamarqueños tenían que migrar a otras provincias en búsqueda de oportunidades de trabajo, y también fueron objeto de atención por parte del Terrorismo de Estado. La mayoría de compañeros catamarqueños desaparecieron trabajando, militando, viviendo en otras provincias. Esto también dificultó su recuperación en términos históricos como personas a las que nosotros seguimos pensando como de pertenencia de la memoria, la verdad y la justicia del ámbito local. Pero en el caso de los Borda, Burgos y Ponce, son desapariciones que se produjeron en la provincia de Catamarca; oportunamente ya hubo dos juzgados y condenados (Carlos Lucena y Juan Alberto Rauzzino) en el primer juicio, pero en una decisión inteligente de la justicia federal de la provincia decidieron que tenía que haber una segunda instancia en la que se juzgara al resto de la cadena de mando, de la cual dependían los policías y los militares que habían sido partícipes de la desaparición de Borda en el departamento de Belén, y del Ponce y los Burgos en el departamento capital”, afirmó el historiador Jorge Perea, en diálogo con Oral y Público. Por las desapariciones de Nelly Yolanda Borda, Julio Genaro Burgos, y los hermanos Francisco Ponce y Griselda Ponce están siendo juzgados desde el 25 de setiembre pasado los ex capitanes del Ejército Darío Otero Arán y Jorge Isaac Ripoll (oficiales de Inteligencia del Regimiento 17 Aerotransportado de Catamarca); el ex mayor del Ejército, Enrique Henzi Basso; el ex jefe de la Sección Tiradores de la misma unidad, Rodolfo Sergio Mujica; y el jefe de la Policía provincial en los primeros 50 días posteriores al golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, Carlos Ricardo Ruiz.El único detenido de los imputados es Otero Arán. En tanto, Luciano Benjamín Menéndez estaba incluido en la causa por su rol como jefe del Tercer Cuerpo del Ejército pero fue apartado porque se encuentra atravesando otros juicios por delitos de lesa humanidad en La Rioja y Córdoba.“Desde nuestro punto de vista y de los abogados que llevan a cabo la representación de los organismos y familiares, (los imputados) formaron parte de lo que fue la planificación de la desaparición de los militantes de la Juventud Obrera Católica y del PRT en la provincia de Catamarca. Hay que recordar que Borda era militante también del PRT y Burgos y los hermanos Ponce de la Juventud Obrera Católica”. Los caminos de la memoriaPerea contó que uno de los imputados en este juicio forma parte de una reconocida familia catamarqueña: “esto también es una parte de la lucha que tuvimos que dar los organismos de derechos humanos al interior de nuestra propia sociedad, porque llevar a juicio a alguien que forma parte de una familia tradicional parecía que significaba también cuestionar la pertenencia de uno de nuestros integrantes a lo que fue el plan sistemático de desaparición de personas durante la dictadura. Esto también es una particularidad de la dictadura en la provincia, este discurso hegemónico sobre lo ocurrido en aquellos años planteaba que si se produjeron hechos de violencia fue de exclusiva responsabilidad de gente extraña a la provincia, funcionarios militares, burócratas civiles que venían a realizar la intervención de determinados organismos del Estado y que en definitiva la sociedad catamarqueña no había tenido ningún tipo de papel en lo que había ocurrido. No era la sociedad en su conjunto, sino que hubo funcionarios, comerciantes, militantes de partidos políticos con tradición democrática que decidieron colaborar con el funcionamiento del Estado provincial durante la dictadura, y ganaron mucho, no solo en términos políticos sino también en términos económicos y de representaciones institucionales que no perdieron luego de que se terminó la dictadura, porque estas personas se hicieron presentes en el ámbito de la justicia provincial, de las instituciones educativas, de la Universidad Nacional de Catamarca y en el liderazgo de partidos importantes como la Unión Cívica Radical”.Perea explicó que esta situación hizo que a los organismos de derechos humanos y a los familiares les costara visibilizar lo que había sucedido durante el Terrorismo de Estado también en Catamarca: “es interesante seguir los caminos de la memoria en esta provincia, al igual que en todo el país, pero especialmente en las provincias que aparentemente eran marginales para el Terrorismo de Estado, en las cuales había también una militancia en términos cuantitativos mucho menor a la de los grandes centros urbanos. Cuando nosotros iniciamos este camino de reconstruir la memoria y empezar a dar cuenta de los desaparecidos catamarqueños en 1983; en 1985 se empezó con una lista provisional de 14 o 15 compañeros desaparecidos, una lista que se ha ido agrandado con el paso del tiempo, y esto tiene que ver básicamente con la enorme