Comenzó la Campaña contra las detenciones arbitrarias
Por LR oficial en CABA, carceles, Derechos Humanos, Justicia, Luciano Arruga, María del Carmen Verdú, Medios, Violencia institucional
Ayer al mediodía, en uno de los salones de la legislatura porteña, se lanzó la Campaña contra las detenciones arbitrarias, motorizada por Correpi junto a organizaciones sociales y políticas. La Red Nacional de Medios Alternativos (RNMA) transmitió en vivo. Aquí todas la voces. Mañana se realizará una marcha desde Congreso a Plaza de Mayo en coincidencia (no casualmente) con los 25 años del asesinato de Walter Bulacio. (Por La Retaguardia)
La conferencia arrancó con la voz del integrante de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos (AEED), Enrique Fukman.
“Hoy convocamos organizaciones barriales, estudiantiles, sindicales y partidos políticos. El 24 de marzo marchamos miles y miles marchamos por todo el país repudiando el Golpe de Estado de 1976, reivindicando a los 30.000 compañeros detenidos desaparecidos. Luego de eso nos empezamos a juntar para llevar adelante una campaña para visibilizar una de las peores herencias que tenemos hoy en día en estos más de 32 años de gobiernos constitucionales, que son las detenciones arbitrarias. El hecho de que, por estar simplemente caminando por la calle, una persona puede ser detenida y, de ahí en más, su destino pasa a estar en manos de la policía u otras fuerzas de seguridad. Este modus operandi heredero de los gobiernos dictatoriales, porque no tiene nada que ver con gobiernos constitucionales, que se dicen democráticos, se ha cobrado en las comisarías más del 50% de los muertos en estos 32 años. Lo sufre una cantidad inmensa de sectores, hoy en día te detienen por ser joven, por ser pobre, por usar una gorra, por estar en situación de calle, por ser una trabajadora sexual, miembro de un colectivo LGTB. Cualquier elemento que indique a aquellos que forman parte de los organismos de seguridad que no tenés que estar en ese lugar.
En muchas partes de nuestro país, las detenciones son utilizadas como una forma de limpiar zonas. O sea, hay zonas donde ciertos sectores sociales no pueden estar. Son delimitadas, por ejemplo, con los códigos de convivencia. Es el permiso para la policía para limpiar de morochos, de pobres, determinados barrios. También es una herramienta preventiva, de disciplinamiento social. Lo que te están diciendo es que si vos formás parte de alguno de los sectores mencionados no tenés que estar en la calle, tenés que estar en tu casa encerrado. Sos enemigo. Podemos decir que forma parte de una de las pinzas con las cuales se desarrolla hoy el elemento represivo. Es la pinza de prevención, que dice: ‘Quedate adentro, no salgas, no te juntes con otros. Si te juntás para reclamar por tus derechos, por ejemplo, tenés la otra pinza, que son los protocolos de seguridad’.
Esta situación se agravó en los últimos tiempos. En la Ciudad de Buenos Aires, el fiscal general, hace un par de semanas autorizó a las fuerzas de seguridad a detener casi, podríamos decir, por portación de cara. En la provincia de Buenos Aires, en estos últimos 10 años, se pasó de 43 mil efectivos de la policía a 93 mil. También se les ha dado un lugar de intervención a las demás fuerzas de seguridad como la Prefectura, la Gendarmería o la Policía Aeronáutica. Esa presencia tiene que ver simplemente con disciplinar. Las detenciones arbitrarias son algo invisibilizado en la sociedad, algo que no se ve hasta el momento en que suceden. Hace 25 años, a Walter Bulacio, por estar en la cola para entrar al recital de Los Redonditos de Ricota en el estadio de Obras, lo detuvo la policía, lo llevó a una comisaría, fue golpeado hasta que le rompieron la cabeza, literalmente le rompieron la cabeza. 5 días después moría con traumatismos de cráneo en el hospital Pirovano. Walter es apenas un joven más que en estas situaciones ha perdido su vida. Luciano Arruga, Núñez, Torres, todos los desaparecidos en democracia tienen como elemento primario a las detenciones arbitrarias. Haber sido detenidos por fuerzas de seguridad.
Creemos que el mejor homenaje que podemos realizarle a Walter y a todas y todos aquellos que sufrieron las detenciones arbitrarias es iniciar esta campaña. Primero, para visibilizar la situación. Luego, para lograr a través de un amplio consenso social, que se terminen las detenciones arbitrarias, que son realmente incongruentes con cualquier práctica democrática. De una vez por todas, en nuestro país tenemos que terminar con esta herencia de las dictaduras que impone como regla no permitirle a los jóvenes, a los pobres, a los diferentes colectivos estar en la calle. Encerrarlos en sus casas y de esta forma tenerlos controlados. Por eso, iniciamos esta campaña a nivel nacional para que sea esta práctica totalmente visibilizada. El próximo viernes a las 17.30 marcharemos desde Congreso hasta Plaza de Mayo. Creemos que es el mejor homenaje que le podemos hacer a Walter, a todas y a todos: luchas para que en forma definitiva todas las consecuencias de la dictadura se terminen en este país”.
Luego siguió el legislador porteño por el Frente de Izquierda y los Trabajadores (FIT), Marcelo Ramal.
Ayer en la conferencia de prensa (Foto: Izquierda Revolucionaria) |
“El Estado expresa su esencia represiva más que nunca cuando actúa de un modo arbitrario. Cuando reprime, cuando mata jóvenes, cuando agrede, simplemente por estar ejerciendo su papel puro y directo de represor y violentador de la vida, de la libertad, particularmente de los jóvenes. El Estado policial en el país y en la Ciudad de Buenos Aires se ha venido construyendo a partir de crímenes como el de Walter Bulacio y muchos otros que se sucedieron desde la muerte de Walter hasta hoy. Más recientemente, este Estado se reforzó, por ejemplo, en la resolución que emitió el Tribunal Superior de la Ciudad para permitir la detención de jóvenes y el pedido del documento sin ningún motivo. Es decir, la interrupción de la circulación de personas por portación de cara. También se reforzó con la habilitación de las pistolas Taser, unas verdaderas picanas portátiles que permiten actuar de una forma totalmente violente. Al servicio de esta política también está la transferencia de la Policía Federal a la órbita de la Ciudad. Quiero señalar dos cuestiones. Primero, que la detención arbitraria tiene que interesarle a todas las organizaciones gremiales, obreras y estudiantiles de la Ciudad, porque el mensaje fue claro, el Estado dice: ‘Si detengo a un joven porque se me da la gana, con más razón todavía voy a ir a reprimir una huelga, una movilización, una acción del movimiento estudiantil’. Entonces, hay que batallar contra la detención arbitraria en defensa de todas nuestras luchas y de todas nuestras reivindicaciones. Finalmente, quiero señalar que esta campaña cobra mayor vigencia en estos días, cuando se muestra cuál es la orientación social y el carácter de clase de este Estado que reprime. Piensen: por un lado, chicos detenidos en la calle sin motivo y hasta asesinados. Operativos de una violencia extrema en las villas, acciones brutales contra vendedores ambulantes. Del otro lado, los fiesteros organizadores, narcotraficantes libres de Costa Salguero ligados a y protegidos por el poder político gozando de completa impunidad para envenenar a más de 10.000 jóvenes. Tenemos que convocar a que todos comprometamos nuestra presencia en esta lucha”.
Más tarde, habló Mirta Baravalle, integrante de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora.
“Me siento muy comprometida con el trabajo que hacen las compañeras y los compañeros respecto de las desapariciones. Especialmente de los jóvenes, no es que uno no esté involucrado si son personas adultas, pero pensamos y sentimos desde siempre, desde hace 40 años, que los principales blancos de la persecución son los jóvenes. Son quienes tienen el cuerpo para exigir a los gobernantes que sean, de una manera u otra. Siento mucha pena, mucho dolor, mucha indignación, mucha bronca cuando escucho que un joven ha sido muerto por el gatillo fácil o que fue detenido por su cara, por su presencia. En la medida que nosotras podemos hacer y acompañar a todos los familiares de las víctimas, vamos a estar y a solidarizarnos. Lo que podamos aportar, siempre vamos a estar en esta lucha. Especialmente yo felicito al grupo de abogados que es realmente ejemplar. Ojalá hubiera muchas personas como ellos para aportar tanta sensibilidad, además de conocimiento. Se ve cómo sienten y valoran a esas personas que están luchando por querer justicia, justicia implacable, para todos y todas, y que los responsables de asesinatos y secuestros sean, en algún momento, condenados y a perpetua. Que no vuelvan a la función institucional ni sean incluidos en la sociedad”.
También dijo lo suyo, contundente como siempre, María del Carmen Verdú, de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), quién partió recordando a Bulacio; esta vez estaba profundamente emocionada.
“En este momento son las 12 y media del mediodía, es 20 de abril de 2016, se están cumpliendo exactamente 25 años del momento en que un pibe de 17 años era ingresado agonizante en el Hospital Pirovano. Había sido detenido a las 9 de la noche del día anterior, llevado a la comisaría 35ª y, de acuerdo a la reconstrucción de la línea temporal que se pudo hacer a lo largo de 25 años de investigación, sabemos que aproximadamente a las 12:30 estaba siendo anotado su nombre, Walter David Bulacio, en el libro de guardia de terapia intensiva. En ese mismo momento, Víctor Bulacio, su papá, estaba trabajando, Graciela Scavone, su mamá, preparaba el almuerzo en la casa esperando a Lorena, la hermana menor, para comer. La abuelita, Mary, estaba trabajando. Ninguno tenía ningún tipo de información acerca de que hacía más de doce horas que Walter estaba detenido en una comisaría de la Policía Federal. Tomaron conocimiento de esa detención por la tarde, cuando la hermana ve a un vecino que también había estado en el recital de Los Redonditos de Ricota y le cuenta cuando él llegó a su casa después de ser liberado en las primeras horas de la tarde del 20 de abril. No se habían preocupado, ni Víctor, ni Graciela ni Mari, porque Walter iba a ir directo del concierto a trabajar e iba a llegar de vuelta a su casa de Aldo Bonzi ese día por la tarde porque entraba a trabajar a las cinco y media de la mañana.
Muchos de ustedes lo recordarán porque estuvieron presentes y vivieron las jornadas del juicio oral y público al comisario Miguel Ángel Espósito en septiembre de 2013. Unos días antes de empezar el juicio, CORREPI produjo un material que se llamaba Los Bulacio después de Bulacio. Ahí enumerábamos una lista de alrededor de 600 pibes, todos menores de 18 años, todos técnicamente niños, muertos en comisarías y otros lugares de detención, en algunos casos, ni siquiera en comisarías, como producto de una detención arbitraria. No detenidos por estar acusados de la comisión de algún delito. Algunos de estos datos nos muestran de qué hablamos cuando hablamos de detenciones arbitrarias. Son ese enorme conjunto, ese ‘sistema’, como le llamó la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en la condena al Estado argentino en el caso Bulacio, que faculta a la policía y al conjunto de las fuerzas de seguridad como lo vemos con cada vez más intensidad con Prefectura o la Gendarmería, para detener a cualquiera en cualquier momento y lugar solamente porque se le dio la gana a ese funcionario.
En este último período ha habido, no ya una profundización sino una vuelta de tuerca cualitativa tan grande que ni siquiera se exige a ese policía desde las autoridades estatales nacionales, provinciales y municipales, que exista esa cuestión subjetiva y completamente opinable de la sospecha. Eso y no otra cosa es lo que dice el fallo del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad en los primeros días de enero de este año. No casualmente emitido 48 horas después de la unificación de la Federal con la Metropolitana. Evidentemente, el mensaje era para la primera de estas fuerzas, para los federales, porque la Metropolitana ya estaba dirigida por el Tribunal Superior como fuerza municipal.
Este conjunto de facultades, algunas normadas como la averiguación de antecedentes, como se llama en algunos distritos, o la detención para identificar, como le llaman otros para que suene más amigable, los códigos de faltas y contravenciones a los que también los disfrazan de códigos de convivencia para que metan menos idea de herramienta represiva. Hay otras facultades no nombradas, como las razias, las detenciones de chicos de menos de 18 años por el sólo hecho de serlo. No sólo nos cuestan anualmente centenares de miles de personas que pierden su libertad por haber sido detenidas arbitrariamente sino que así como se trata de la puerta de entrada a la comisaría, se trata de la puerta de entrada a la tortura y la muerte.
Desde diciembre de 1983, tenemos registradas en el archivo de CORREPI a más de 4700 personas que fueron asesinadas por el aparato represivo estatal. El 40% de ellas estaban detenidas, es decir, bajo el poder, de hecho, de personal de las fuerzas de seguridad. De ese total de personas muertas en situación de detención, la mitad estaba en comisarías, no en cárceles. Del total de los muertos en comisarías, la mitad no estaba detenida por la imputación de un delito, sino por averiguación de antecedentes, por contravenciones, por razias o por ser menores de edad. La mitad de personas muertas en comisarías desde 1983 a hoy fueron víctimas de una detención arbitraria. El caso de Walter es sin duda el más conocido y por eso lanzamos esta campaña en simultáneo con los 25 años de su detención, tortura y muerte. Como vemos, no es el único. Incluso si acotamos ese registro solamente a los menores de 18 años, la cifra es apabullante.
El fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 18 de septiembre de 2003 ordenó al Estado argentino terminar con este sistema. Le dio la orden explícita como tribunal con competencia, con jurisdicción, por encima de la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación, que fueran derogadas todas esas prácticas normadas y prohibidas y terminadas y exterminadas las prácticas no normadas. Más allá de que desde el 2003 hasta hoy sabemos que nada de esto pasó sino que por el contrario hubo avances en la ampliación de estas facultades, la situación hoy, como lo describían los compañeros, es aún más preocupante. Además de estas medidas de carácter judicial ha habido medidas legislativas. Son muchos los distritos en los que se actualizó la legislación contravencional, por ejemplo en la provincia de Córdoba. Los códigos contravencionales son conjuntos de descripciones de conductas que no son delitos y son tratadas como si lo fueran, que habilitan la detención e incluyen definiciones como hoy en la provincia de Buenos Aires en la ley 8031 que refieren a conductas aberrantes de tipo sexual o no apropiadas. Están directamente dirigidas a la represión de un segmento importantísimo de los afectados cotidianos por las detenciones arbitrarias que son las personas con una orientación sexual diferente. El colectivo trans aporta un número de muertes en comisarías parejo con el que dábamos recién de menores de edad, es uno de los grupos más afectados. Ni hablar de aquellas personas que sobreviven malamente por la profundización del ajuste, por la pérdida de sus empleos, a partir de hacer changas o tener trabajos ultraprecarizados en la vía pública. No hay vendedor ambulante, no hay señora con ajíes, morrones y ajos en la puerta de un súper, no hay ningún mantero o artesano, vendedor de garrapiñadas que no sepa que si al fin de la semana cuando aparece el jefe del servicio de calle no se pone con la cuota que corresponde el resultado es el decomiso de la mercadería y 10, 12 o 24 horas preso según la jurisdicción. Total, si alguien después viene a preguntar, ahí está la averiguación de antecedentes o la contravención para justificarlo.
Otra de las figuras habitualmente presentadas como contravención es la ebriedad. El otro día tuvimos la noticia de que en un calabozo de una comisaría en Neuquén murió un hombre de 35 años que había sido detenido horas antes. Cuando difundíamos la noticia por Twitter, alguien contestó: ‘Pero no lo mató la policía, se murió de un ACV’. Después hubo otra versión de esa misma persona que nos decía ‘tuvo una aneurisma’. Si tuvo un ACV o un aunerisma, cuento que ya nos hicieron hace 25 años con Walter, la pregunta es: ¿qué hacía en una comisaría?. ¿Por qué no estaba en un hospital?. Si el argumento, como salió en algunas versiones periodísticas, es el coma alcohólico, otro clásico para justificar los asesinatos policiales intramuros, ¿por qué estaba en un calabozo y no en una sala de guardia para que un médico lo evaluara? Hablamos de eso, no sólo de los centenares de miles de personas que pueblan las comisarías a lo largo y ancho del país. También es importante decir que no hay distrito en nuestro territorio nacional que no tenga legisladas las detenciones por averiguación de antecedentes o para identificar, como facultad arbitraria y discrecional de la policía, y las faltas y contravenciones.
Por descontado que la sentencia de la Corte Interamericana en el caso Bulacio que ordenaba la derogación de todo el sistema de detenciones arbitrarias continúa al día de hoy incumplida. Ya estamos transitando la cuarta gestión presidencial desde que fue dictado ese fallo. Sabemos que ni los tres anteriores ni mucho menos el actual, va a poner el menor esfuerzo en hacerla cumplir y que no es a través de una norma jurídica que vamos a poder desterrar estas prácticas represivas que nos cuestan libertad, vidas, cuerpos torturados a diario. Por eso hemos convocado y hemos recibido esta maravillosa respuesta de casi un centenar de organizaciones que se han sumado a la convocatoria para construirla como propia, cada uno en su territorio, cada uno desde su lugar, cada uno con las posibilidades concretas y materiales que tenga para llevarla adelante. Vamos a lanzar una acción unitaria este viernes a las 17.30 desde Congreso a Plaza de Mayo cuando marchemos con la consigna histórica: A 25 años, por Walter y por todos BASTA de detenciones arbitrarias.
Veamos cómo esto encaja en el mapa general de la política represiva en nuestro país. Hablamos de más de 4700 pibes, y digo pibes porque más del 52% no habían cumplido los 25 años, asesinados desde diciembre de 1983 hasta hoy. De ese total, en lo últimos doce años fueron casi 3100. En los pocos meses que llevamos transcurridos desde el cierre del archivo a fines de noviembre del año pasado a hoy, ya tenemos casi un centenar de casos registrados que estamos chequeando y 70 incorporados ya sin ninguna duda a ese listado que refleja el alcance de lo más brutal de la represión de control social que es el gatillo fácil, la desaparición, la muerte en la tortura, en los lugares de detención, los femicidios cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad.
Ayer tuvimos una buena noticia: un tribunal de Mercedes, después de años y años de pelea de la familia de Matías Lobos, organizada en CORREPI, condenó a prisión perpetua al subteniente Pancere que, por supuesto, después armó la excusa del enfrentamiento y la legítima defensa en el marco de un intento de robo. No le quedó otra a los jueces que aplicar la figura de homicidio agravado por la condición de policía. Lo que no tuvo ningún calificativo por parte del Tribunal fue que, si bien ordenaron la inmediata detención y hoy Pancere está en una unidad penitenciaria, hasta el día mismo de la sentencia, incluso cuando ya había comenzado el debate, Pancere estaba en funciones en la comisaría segunda de Moreno. Vino a su juicio, declaró como imputado en libertad y como policía en actividad. De eso, la sentencia no dice nada. De eso no se habla tampoco, porque para que funcione y tenga eficacia esta política de control social hacen falta dos requisitos que se construyen desde el poder con enorme esfuerzo: la naturalización hacia el interior de la clase que padece esa represión y la invisibilización hacia afuera de esa clase más vulnerable.
Por eso es el agradecimiento enorme a todos los trabajadores de prensa que en medio de profundos conflictos están presentes en esta actividad. Les pedimos por favor, desde el conjunto de las organizaciones que convocamos a esta Campaña Nacional contra las Detenciones Arbitrarias que no nos dejen solos: no dejemos solos a los pibes que han decidido defender su visera y no cambiarla por la gorra. Que no dejemos solos a los padres y familiares de estos pibes asesinados por el aparato represivo estatal que logran trocar el dolor, la bronca y la angustia por lucha y organización y dan la pelea. No dejemos solos a los padres que buscan a sus hijas desaparecidas como Diana Colman. Que mostremos estas realidades. Es muy difícil. Sabemos cuál es la realidad de los trabajadores de prensa en las redacciones, estamos a su lado apoyando sus conflictos. Conocemos la pelea que hay que dar para filtrar una nota que toque al poder, les pedimos que con esa militancia, porque meter esas notas es militancia, aporten desde su lugar también a esta campaña nacional que intenta visibilizar una de las formas más solapadas y de peores consecuencias que adopta la represión estatal contra los más jóvenes y pobres que además son la mayoría. El pedido es ese, es que marchemos el 22 de Congreso a Plaza de Mayo a las 17.30. Después les informaremos por los canales de comunicación habituales de cada una de las organizaciones y las que construyamos para la campaña misma de las distintas actividades a lo largo de este año.
Antes del cierre de la transmisión especial de la RNMA, dialogamos con Verdú.
-Fernando Tebele: -¿Cómo se enlaza aquello que ocurrió hace 25 años con la detención y el asesinato de Walter a las cosas que siguen pasando hoy con la policía y los jóvenes de los barrios pobres?
-María del Carmen Verdu: Arranqué la conferencia de prensa diciendo que hace exactamente 25 años Walter entraba en estado de inconciencia al hospital Pirovano. Hoy tendría 40 y pico de años, probablemente se hubiera recibido de abogado, los chicos que estuvieron compartiendo ese calabozo con él tienen sus familias y aparecen de vez en cuando en las movilizaciones mientras nuevas camadas de jóvenes vienen sufriendo el mismo sistema incrementado y potenciado por cada gestión de gobierno. Por ese vínculo es que estamos lanzando esta campaña en simultáneo con el aniversario de la muerte de Walter.
-FT: ¿Creés que hay conciencia social de este enlace o sólo pasa por las organizaciones y los familiares?
-MCV: La repercusión que ha tenido la propuesta de la Campaña en los ámbitos de las organizaciones de todo tipo, políticas, sociales, culturales, en los medios de comunicación popular, las organizaciones de género, los centros culturales, etc., demuestra que hay un alto nivel de conciencia en ese segmento militante más politizado. También lo hay en los barrios, vos te sentás a charlar con cualquier pibe en cualquier barrio o con cualquier mamá y la tiene re clara, saben cómo funciona la gorra y cualquiera puede ser detenido en cualquier momento y lugar y cómo por eso son tan numerosos los talleres cuando los hacemos a pedido de cualquier organización barrial. Precisamente y de la mano con eso viene la organización hacia afuera, que es lo que hace que esto no sea noticia en los grandes medios, que no sea una cuestión por la cual se pronuncian los mediáticos y por eso hacíamos recién el llamado a que los trabajadores de prensa tengan una actitud militante para poder discutir en sus redacciones que esto es una noticia y que debe ser publicado.
-FT: ¿La coyuntura política hace que los medios tradicionales se interesen más por estos temas que en otros momentos?
-MCV: Sin ninguna duda, hace diez días, por ejemplo, La Nación citó a CORREPI y algunos de los datos que difundimos en un artículo para discutir con el gobierno. Eso no ocurría de la misma manera en otros períodos de nuestra historia reciente pero, además, hay una mayor conciencia, también, de que estamos frente a una avanzada represiva muy importante y que no es posible seguir guardando silencio.
La Campaña contra las detenciones arbitrarias ya está en pie. Mañana será en las calles, recordando a Walter y denunciando también lo que ocurre hoy con pibes como él.