Alan Iud: “Quienes trabajan por la impunidad no dejan de hacerlo por una movilización popular”

El integrante del equipo jurídico de Abuelas de Plaza de Mayo en conversación con Fernando Tebele en el programa Oral y Público por Radio La Retaguardia. El abogado se refirió a las dilaciones en los juicios por crímenes de lesa humanidad y a las intenciones del gobierno para reflotar la teoría de los dos demonios. (Por La Retaguardia)

laimposible.org.ar

Alan Iud publicó hace semanas un artículo en el diario Página 12 donde se manifestó acerca de los vaivenes en materia de la lucha por la Memoria, la Verdad y la Justicia, y lo importante que son las movilizaciones populares para conseguir frenar medidas a favor de la impunidad, como lo fue la inmensa marcha contra el 2×1 en mayo del año pasado cuando la Suprema Corte de Justicia pretendió dejar en libertar al genocida Luis Muiña: “En el artículo que se publicó en Página 12 quise plantear que en los más de 40 años que llevamos de lucha contra la impunidad por la memoria, la verdad y la justicia aprendimos que hay victorias y derrotas, pero nunca podemos pensarlas como definitivas. El juicio a las Juntas fue una victoria impresionante con todos los problemas que tuvo ese juicio. Poco después vinieron las leyes de Obediencia de Vida y Punto Final y los indultos. Cuando parecía que toda esa impunidad no iba a poder ser erradicada aparecieron nuevas estrategias y mecanismos para ir resquebrajándola. Llegó la nulidad de esas leyes. Luego tuvimos un proceso bastante largo de avances, no sin ciertas dificultades, donde el Poder Judicial puso frenos y límites. En 2008, la Cámara de Casación Penal frenaba todas las causas. Hubo que impulsar reformas en ese ámbito para que pudiésemos llegar a tener juicios orales. Cuando se estaban realizando los primeros juicios se sucedió la desaparición de Jorge Julio López y otros episodios que mostraron que avanzar en la lucha por la memoria, la verdad y la justicia nunca fue lineal. El año pasado, con el fallo del 2×1, estuvimos cerca de tener un retroceso muy grande. Desde que habían caído las leyes de Obediencia de Vida, Punto Final y los indultos, era el momento de mayor retroceso y riesgo para el juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad. La sociedad salió a responder a eso de manera contundente con una movilización impresionante. Eso forzó a que la dirigencia política tuviera que encontrar consensos y sancionar una ley en tiempo record para desactivar esa bomba que había dejado la Corte. Quienes trabajan por la impunidad no dejan de hacerlo por una movilización popular ni por una ley del Congreso. Siguen batallando y empujando. Así como nosotros buscamos distintas estrategias para derribar la impunidad, ellos buscan distintas estrategias para derribar el proceso de memoria, verdad y justicia”, expresó uno de los abogados de Abuelas de Plaza de Mayo en Radio La Retaguardia.

Nuevas estrategias

Parte de esas estrategias tienen que ver con, por ejemplo, la reapertura de la causa por el secuestro y muerte del militar Argentino del Valle Larrabure a manos del ERP en 1974, para que se la catalogue como un crimen de lesa humanidad: “Esa estrategia transita por reabrir causas contra los miembros de las organizaciones armadas de la década del ’70 forzando su calificación como crímenes de lesa humanidad, algo jurídicamente absurdo, con el claro objetivo de construir una herramienta de presión para condicionar la continuidad de los juicios y la cárcel común de los represores. En la Justicia, hay sectores dispuestos a escuchar esos argumentos como no había sucedido en los últimos 30 años. En la causa de Larrabure, es inviable el planteo de que se trate como un crimen de lesa humanidad. No hay ninguna posibilidad de sostener eso seriamente. No hay actuación del Estado en el caso”, sostuvo Iud y agregó al respecto: “Hay una parte no muy conocida de la ley de Punto Final que también comprendía a la militancia política de la década del ’70; implicaba la extinción de la acción penal para ellos. Estas leyes se inscriben en un período donde reinaba la teoría de los dos demonios. Las proclamadas víctimas del terrorismo no acuden a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, no acuden a juicios en Europa ni se quejan de esa situación como sí se quejan las organizaciones de derechos humanos. El reclamo de investigación de las acciones de las organizaciones armadas aparece exclusivamente cuando avanzan los procesos de los represores. Cuando no avanzan, nadie se acuerda de reclamar. Eso muestra la motivación política que hay detrás en cambio de un genuino reclamo de justicia”, explicó.

La reacción contra la domiciliaria a Etchecolatz

El abogado se refirió también a la enorme presión popular que hizo regresar a la cárcel común al genocida Etchetcolaz, tras unas impunes vacaciones veraneando en su casa del Bosque Peralta Ramos en Mar del Plata: “En el caso de Etchecolatz la movilización popular y lo emblemático de su figura produjo que la Justicia cediera. Los jueces que revocaron la prisión domiciliaria de Etchecolatz son los mismos que en muchísimos otros casos otorgan domiciliarias. La historia de este proceso de lucha contra la impunidad muestran que los avances se consiguen con el pueblo organizado, en las calles y la sociedad reclamando. La movilización permite que los argumentos jurídicos, que los hay, sean escuchados por los tribunales”, señaló Iud que además opinó al respecto de la falta de movilización en otros casos donde genocidas responsables de crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura fueron beneficiados con prisiones domiciliarias: “Se trata de personajes que no son muy conocidos por la sociedad. Es difícil transmitir lo que implican esas decisiones. Yo mismo, como abogado de Abuelas de Plaza de Mayo, no he apelado alguna prisión domiciliaria. Es difícil visibilizar ese tipo de situaciones. Estos años, hemos puesto mucho énfasis en transmitir la importancia de los testimonios y que los juicios sean orales y públicos”, dijo.
En relación a los juicios, el abogado aseguró que no cree que los procesos estén detenidos aunque sí demorados y que ese aspecto viene desde antes de la asunción de Macri como presidente de la Nación: “Hay una tendencia decreciente en la marcha de los juicios que yo situaría no necesariamente en el 2015 sino también un poco antes, en el 2014 o 2013. Tiene que ver con particularidades propias del Poder Judicial y cierto agotamiento en los actores judiciales involucrados que se potenció del 2015 en adelante. Siguen habiendo juicios, pero a un ritmo inferior a la que tuvo el proceso de justicia en algún momento”, cerró Alan Iud.

DESCARGAR