Una activista trans exige a la Iglesia el cambio de género

Se trata de Alba Rueda, que lleva adelante una pelea judicial para que la Iglesia reconozca su identidad de género tal como garantiza la ley de identidad de género en el acta de bautismo, comunión y confirmación. En diálogo con Rosaura Barletta y Luis Angió en el programa Otras Voces, Otras Propuestas, Rueda contó cómo surgió esa necesidad de reconocimiento y qué respuestas se encontró. (Por La Retaguardia)

Alba Rueda vive actualmente en la Ciudad de Buenos Aires, pero es salteña y se crió allá. Por eso, sus primeros pasos para hacer la solicitud a la Iglesia fueron en esa provincia. “Cuando fue mi cambio de identidad de género en 2012, inicié una secuencia de cambio de nombres en todas las instituciones que me tenían registrada previamente. Fueron trámites administrativos, en el banco, en ANSES, en todas partes hice esas presentaciones y cambié todo. Me quedaba pendiente este tema, yo lo tenía presente pero a medida que pasaron los años se me hizo más necesario cambiar estos datos porque tiene que ver con la posibilidad también de ser madrina de algunos de mis sobrinos, de tener otra relación con mi historia y era un dato personal puesto en los registros desde siempre, desde que nací básicamente. Necesitaba cambiar esa información. Lo hice de manera administrativa, no fui a confrontar a la Justicia. Lo solicité por escrito ante el Arzobispado de Salta”, explicó. “La respuesta del Arzobispo a través de su representante es brutal. Tiene una característica de crueldad particular. Me trata todo el tiempo en masculino, dice que ‘las ficciones jurídicas le son indiferentes al derecho canónico, es decir que está por arriba de las leyes, y de la ley de identidad de género. Además de tratarme en masculino dice ‘el nombre que se le registró en su momento corresponde al sexo que usted tiene’”, denunció. Alba amplió su reflexión sobre la respuesta: “O sea que, además, dice cuál es mi sexo este hombre que, además, desconoce. Frente a esta situación es que yo recurro a la Justicia. El ámbito judicial, todo el tiempo denegó y cambió la interpretación de mi pedido. Lo que estoy pidiendo es que mi acta de bautismo diga Alba Rueda, como mi acta de comunión y confirmación como establece la ley de identidad de género. Los jueces que fallaron dicen que se trata de una cuestión de fe e interpretación religiosa”, explicó sobre la segunda instancia de reclamo. “En absoluto es ese el punto. El punto es si efectivamente la Iglesia católica va a tener que cambiar o no los documentos conforme a la ley de identidad de género y protegiendo mis derechos a una información que es privada. Así llegamos a la Corte Suprema de Justicia. Todos los tribunales a los que recurrí estuvieron de acuerdo con la Iglesia católica negándome el derecho a la identidad de género, aprobado desde el año 2012”, recordó Rueda.
“Agotamos toda la vía judicial. Ahí se abre la opción de presentarse frente al alto tribunal. Ya fuimos notificadas del último fallo y presentamos el pedido ante la Corte Suprema. Falta que ellos tomen el pedido y saquen un fallo diciendo qué es lo que considera: si existe la ley de Identidad de Género para la Iglesia católica o no. Si no reconoce la Corte este derecho vamos a ir a tribunales internacionales porque vulneran y lesionan el derecho a la identidad”, señaló.

Las otras iglesias

Alba se refirió a la realidad territorial que se encontró al pensar en el cambio de su identificación en los registros eclesiásticos en Salta: “Hay compañeras trans en Salta que no cambiaron su DNI porque no quieren perder el estatus de padrinazgo sobre sus ahijados ¿Por qué hay que ponderar un derecho sobre otro? Si el de la fe religiosa es algo que debería la Iglesia celebrar más que restringir. Por otro lado, se encuentran coercionadas con estos mandatos a no cambiar su DNI. Una cosa es vivir así en la Ciudad de Buenos Aires, y otra tener que ir a esa comunidad católica. Todo esto tiene que ver con relaciones sociales”, definió Rueda. “Recibí otro tipo de respuestas de parte de personas de la Iglesia. Está la monja Mónica Astorga en Neuquén que acompaña a personas travestis y trans. Se generaron espacios de incentivo laboral. Hay una casa destinada dentro de ese convento para trabajar con compañeras en situación de vulnerabilidad extrema. Ella está vinculada a curas mucho más urbanos, los curas villeros, de opción por los pobres. Ellos sí entienden, sí respetan y mostraron su solidaridad. Hay una comunidad más amplia”, aseguró.
“La Iglesia católica no puede medir la fe de acuerdo a la identidad de género. El Arzobispado me expresó de manera indirecta que para qué quería yo el cambio de DNI en mi acta de bautismo si no iba a poder hacer nada con esa información desconociendo el derecho a la identidad dentro de mi propio trayecto de vida con la institución católica. Tengo una compañera trans que es peluquera y va a cortar el pelo a una iglesia en la Ciudad de Buenos Aires donde se acercan las personas en situación de calle”, contó sobre la diversidad de experiencias. “Yo estoy vinculada con una comunidad y eso no puede ponerse en duda por mi identidad de género. Hay muchas personas que profesan la fe y consideran que nuestro derecho debe ser respetado. Por eso duele cuando se ve una Iglesia atravesada por esos prejuicios y lecturas que sólo expresan a sectores concentrados y expulsivos. Era una invitación a que no me acerque más”, denunció.

Ser trans en Salta

“En Salta se aprobó en 2016 una normativa que penaliza y reprime a las pibas en prostitución. Lo que sucedió desde entonces es que gran parte de la policía provincial se dedicó a acosarlas y castigarlas. No solamente pasa eso, sino que se hizo un estudio sobre la población trans en la ciudad de Salta y en la localidad de San Martín que tiene uno de los índices más altos de diversidad originaria en el país. El dato es la enorme violencia y discriminación que viven nuestras compañeras. La mitad de las personas trans tuvo autolesiones, se autoagredieron buscando respuestas a la violencia y la discriminación. Una compañera trans de 20 años se mató el año pasado en la provincia”, recordó. “Frente al Estado que violenta nuestros derechos, se anida este gran poder de la Iglesia católica expulsándonos de nuestros espacios. El 90% de las personas trans encuestadas están o estuvieron en prostitución. No existe el monoempleo, sino una cadena de violencias cuyo último eslabón es una muerte evitable. Murió una compañera que salió de bailar y la mataron a pedradas. Es terriblemente cruel la realidad para las compañeras trans. No hay ley de cupo, la prostitución parece destino, la vulnerabilidad es enorme, la mayoría no completaron su trayecto educativo, son muy pocas las que llegan a tener un trabajo efectivo”, planteó. “En esa realidad, la Iglesia niega el derecho a la identidad. Lamentablemente el contraste tiene que ver con mi trayecto de vida, Buenos Aires y Salta, pero aquí también hay una enorme vulneración de derechos hacia la población trans. La mayoría de las chicas que vienen, intentan alejarse de esa violencia, y aquí encuentran también como salida la prostitución”, destacó. “El bachillerato Mocha Céliz es un espacio para que las compañeras completen el trayecto educativo. Esto tiene que ver con una propuesta pedagógica. Ese bachillerato realizó una encuesta en 2017 a más de 200 personas trans de la CABA. Casi el 90% está o estuvo en prostitución. La mayoría de las personas trans asumimos nuestra identidad de género en la adolescencia. En una edad muy frágil para quedar tan solas. Por eso también no completamos los estudios, es un cúmulo de violencias en un escenario brutal”, interpeló.