Mes: junio 2020
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El juez porteño Roberto Gallardo dictó una medida cautelar que obliga al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a entregar computadoras y garantizar el acceso a internet en los barrios vulnerables. Lo hizo tres días después de la presentación realizada por el Observatorio del Derecho a la Ciudad (ODC), la Cátedra de Ingeniería Comunitaria (CLIC), el IPYPP y el Frente Salvador Herrera. (Por La Retaguardia) ✏ Redacción: Rodrigo Ferreiro 💻 Edición: Fernando Tebele 📷 Foto de portada: Prensa GCBA Tal vez sea necesario un viaje en el tiempo, cuatro años atrás, para observar el panorama completo. A mediados de 2016, la Gerencia de Incorporación de Nuevas Tecnologías del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, ya con Soledad Acuña a la cabeza, decidió hacer un balance del Plan Sarmiento, la política pública que desde 2011 entregaba computadoras con internet interna a cada alumno y alumna de las escuelas porteñas, garantizando el modelo 1 a 1, en una copia exacta del Plan Ceibal, implementado en el vecino Uruguay desde 2007. Como todo balance en terruño macrista, fue motorizado principalmente por un ajuste. Con la oposición de algunos sindicatos, y de modo muy silencioso, la gestión Pro decidió limitar la entrega de computadoras de 4° a 7° grado y finalizar el servicio de red Wimax, que permitía a cualquier usuario obtener conexión de internet gratuita en cualquier punto de la Ciudad de Buenos Aires. El resto del colegio trabajaría con tablets que se quedarían en el establecimiento educativo, y la conexión de cada Netbook por fuera de la escuela correría por cuenta de cada familia. Esto decantó en dos consecuencias: se pisoteó el Plan de Educación Digital de la CABA, que plantea la alfabetización digital de toda la familia; y aumentó la Brecha Digital entre los hogares con mayores ingresos y aquellos que no tienen acceso a internet o dispositivos tecnológicos. Tiempo de pandemia y (algo) de justicia Tres años después de este recorte de derechos, el aislamiento social obligatorio produjo la implementación de la cursada a distancia, para la cual tener computadoras e internet se transforman en algo indispensable. Un gran porcentaje de niños y niñas no cuentan con ninguna de las dos cosas, y en ese contexto, desde el Observatorio del Derecho a la Ciudad (ODC), la Cátedra de Ingeniería Comunitaria (CLIC), el IPYPP y el Frente Salvador Herrera, se presentó un amparo para que el Poder Judicial ordene al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que tome cartas en el asunto. El juez Roberto Andrés Gallardo le dio lugar y emitió una medida cautelar que obliga al Estado porteño a garantizar el acceso a equipamiento y conexión. “El día de hoy, lunes 8 de junio, el juez Gallardo, titular del Juzgado Contencioso, Administrativo y Tributario N°2, dictó una medida cautelar ordenando, a grandes rasgos, garantizar la entrega de computadoras en comodato a todos los alumnos y alumnas que asistan a establecimientos educativos de gestión estatal y privada de cuota cero, siempre y cuando compruebe o demuestre su vulnerabilidad social”, describe Jonatan Baldiviezo, titular del Observatorio del Derecho a la Ciudad. Y prosigue: “¿Cómo se comprueba la vulnerabilidad social? Si el alumno o alumna habita en una villa o barrio popular, si la familia es beneficiaria de algún programa social, o beca o subsidios, en estos casos en forma automática el gobierno debe garantizar la computadora”. Baldiviezo completa: “deben entregarse los equipamientos que hoy están guardados en los colegios, y si esta demanda supera la cantidad de computadoras existentes, el Gobierno de la ciudad tiene cinco días para presentar un plan para establecer cómo va a cumplir con la demanda insatisfecha. Y también se ordenó garantizar de modo comunitaria el acceso a internet de las villas, asentamientos, complejos habitacionales y barrios de emergencia de la ciudad. Se debe replicar el mismo sistema de acceso a wifi que ya existe en espacios públicos y algunas plazas. Y en el caso de detectar algún impedimento técnico, el gobierno tiene que garantizar un celular con acceso a datos libres para que funcione como módem que de internet a las computadoras”. El Ministerio de Educación, por otro lado, debe crear un registro donde se van a hacer los reclamos y las solicitudes e informar de qué modo funcionan los centros de mantenimiento y arreglo de computadoras. El acceso a internet y a dispositivos digitales son algo fundamental para hacer efectiva la cursada obligatoria a distancia, la continuidad pedagógica y acceder al derecho a la educación. “El Estado debe garantizar los elementos para que los estudiantes puedan cursar. Pero además es un derecho humano básico, y el acceso a internet es una herramienta esencial para la búsqueda de información, la libertad de expresión, el derecho a peticionar, ya es parte constitutiva de la personalidad del sujeto actual. Y más aún en un contexto de aislamiento social obligatorio”, sentencia Baldiviezo. Y completa: “La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires establece que la educación es algo prioritario, y en cambio vemos sobreprecios en barbijos y dinero destinado a equipar a la policía. El fallo del juez Gallardo va en esta línea, en la línea de garantizar el derecho humano a la educación y a acceder a Internet”.
Lo dijo Laura Taffetani, de la Gremial de Abogados y Abogadas y la Agencia Pelota de Trapo, en diálogo con el programa radial Hasta que vuelvan los abrazos. Taffetani reflexionó acerca de la muerte de Agustín Lara, el joven de 16 años que tuvo que escapar de su barrio perseguido por la policía y otras bandas y murió cuando le cayó encima la mampostería del lugar donde dormía, en el centro de la Ciudad de Buenos Aires, tras haber sido rechazado en paradores. (Por La Retaguardia) 🎤 Entrevista: Fernando Tebele/Giselle Ribaloff ✏ Redacción: Nicolás Rosales 💻 Edición: Pedro Ramírez Otero El fin de semana pasado, la mampostería de un local abandonado cayó sobre Agustín Lara, de 16 años, y le quitó la vida. La familia y la Gremial de Abogados y Abogadas, denunciaban que el joven estaba sufriendo acoso por parte de la Policía de la Comisaría 48 de Villa Lugano y tuvo que abandonar su barrio, deambulando de ranchada en ranchada.Laura Taffetani, integrante de la Gremial, dió sus impresiones sobre el hecho: “Sabemos que a estos chicos y chicas no les cabe ningún derecho real de toda la legislación que se ha ido sancionando este tiempo. Son esos que hace muchos años los llamábamos ‘los chicos marcados para morir’. Que ya hay destino trazado, y que se hace muy difícil poder luchar por cada uno y una de ellas porque el sistema está armado de este modo. En el caso de Agustín, lo que más causa impotencia es que la Gremial tuvo que intervenir por una situación de allanamiento ilegal de la policía en su casa. Tuvimos que interponer un habeas corpus preventivo que cesó el accionar de la policía. Pero por estos entramados, que nosotros llamamos cárceles a cielo abierto de los barrios donde intervienen varios actores, él empezó a ser amenazado por bandas de ese lugar y se fue a capital a buscar reparo”, expresó.La abogada contó que el joven fue a los paradores y centros de día del Gobierno de la Ciudad y le cerraron la puerta. No le permitieron entrar. “Y así es que Agustín como tantos otros se encontró en situación de calle. Es increíble, porque mientras estamos discutiendo si los chicos y chicas salen en la hora recreativa en Capital, el control sobre estos chicos y chicas es invisible para cualquier persona que pasa y para todas las autoridades. Él estaba en lo que se llama una ‘ranchada’, un grupo de niños y niñas que busca cobijo entre sí, en un lugar en pleno centro. En San Martín y Sarmiento, en Capital, zona de bancos”, continuó. El derrotero estatal“Estaba ahí y nadie intervenía. La mamá se movió muchísimo para ver cómo podía intervenir, porque cuando se está frente a estas situaciones hay momentos para actuar y si no se actúa en ese momento el pibe descree de lo que venga. En todo ese derrotero sucede esta fatalidad, que no lo es, porque es esta cuestión de que toda muerte que sucede cuando pudo haber sido prevenida, no es una fatalidad, es un verdadero crimen de Estado”, aseveró.Taffetani recordó las palabras de Alberto Morlachetti, el fundador de la Agencia de Noticias Pelota de Trapo. “Él decía que cada niño o niña que se pierde es una parte de un rompecabezas del futuro que jamás podrá ser saldado y que quedará vacío. Y hasta que no comprendamos esto, con esa fuerza que tiene pensar en un futuro del país y en las generaciones que vienen va a ser muy difícil que tengamos una sociedad como corresponde”, compartió..“En Capital hay como cuatro organismos que intervienen en el tema de niñez, de las jurisdicciones es la que más tiene una estructura. Tiene el Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, La Dirección General de Infancia, La Asesoría General Tutelar, y tiene la Justicia. Todo esto obviamente no sirve, no actúa. En el fondo, lo que sucede, y que me pasó durante el habeas corpus, es que enseguida salta qué antecedentes tienen. Digamos que son chicos desechables. Entonces no tienen la entidad para poder actuar. Lo que fue una burla es que se estuvo discutiendo todo este tiempo en Capital la hora recreativa de los niños y las niñas que tienen el privilegio de gozar de todos los derechos. Sin embargo, estos chicos y chicas están en la calle y nadie dice nada”, dijo. Además, la integrante de la Gremial de Abogados y Abogadas se refirió a otra serie de irresponsabilidades del caso: “En lo previo hay una responsabilidad del Estado muy profunda que tiene que ver en dos aspectos, una es del CAINA (Centro de Atención Integral a Niñas, Niños y Adolescentes) que es este lugar donde Agustín tocó sus puertas y no lo dejaron entrar, que depende de la Dirección General de Niñez. Sostuvieron que por el COVID no pudo ingresar y lo echan a la calle. Cuando queda en la calle nosotros hablamos al Consejo de Derecho que es otro organismo, ellos en ese caso sí arman todo para poder darle alojamiento y piden al equipo móvil, que justamente trabaja con estas situaciones de calle”, explicó. La realidad es que el hospedaje no se hizo efectivo. Taffetani contó que el equipo móvil nunca llegó a la puerta, que no lo fueron a buscar y armó su ranchada y se fue.. “Él quería ir a otro lugar, y ahí no hubo caso. Si en el momento que él huye de Villa Lugano por esta situación no queriendo involucrarse en la situación que se estaba dando en su barrio, se va para huir de esto y busca refugio. Porque no es que estuvo deambulando por calles. Hay una responsabilidad de las políticas del Gobierno de la Ciudad en su conjunto por el tema de los niños y niñas en la calle, mucho más en este momento. Y después está la responsabilidad que tiene que ver con la cuestión urbana: un local abandonado que se estaba cayendo. Una desgracia que le podría haber pasado a cualquier persona que pasaba
El violento ataque a la comunidad qom en Chaco fue, esta vez, registrado y atendido por los medios tradicionales de comunicación. Sin embargo, las persecuciones y la discriminación que sufren los pueblos originarios son cotidianas y se repiten en todos los gobiernos. Graciela Duarte, la tía de Alejandro Saravia, uno de los pibes torturados, dialogó con el programa radial La Retaguardia y contó el episodio de esta semana, pero también detalló descarnadamente el constante maltrato y humillación a la que su pueblo se ve sometido históricamente. (Por La Retaguardia) 🎤 Entrevista: Fernando Tebele/Pedro Ramírez Otero ✏ Redacción: Diego Adur 💻 Edición: Pedro Ramírez Otero 📷 Foto de portada: Revista Cítrica El video y las imágenes de la crueldad con la que se manejó la policía para golpear y torturar a jóvenes qom del barrio Bandera Argentina de Fontana, en Chaco, expresan por sí solas la violencia y el desprecio que algunos sectores de la sociedad sienten por los pueblos originarios. Lamentablemente, no es un hecho aislado. Estas vejaciones se repiten continuamente con el pasar de los años y los gobiernos. La diferencia fue que esta vez las familias pudieron registrar el episodio y tuvieron el valor para compartirlo. Allí se observa claramente como efectivos de la policía de Chaco tiran una puerta abajo y golpean incansablemente a las personas presentes, para luego llevarlas a la comisaría para seguir siendo torturadas, tanto física como psicológicamente. En el caso de las mujeres, con abusos sexuales incluidos.Graciela Duarte es la tía de uno de los chicos violentamente golpeado por la policía. Sus palabras transmiten dolor, pero no es un dolor nuevo. Ella y toda su comunidad están cruelmente habituados a sufrir estos castigos, solamente por ser parte de un pueblo originario. Sus palabras también transmiten esperanza de que se haga justicia: “Mi sobrino no está nada bien. Ninguno de los chicos. Tiene un ojo muy hinchado y no puede ni comer. Lo lastimaron muchísimo. No es, como dicen, que son chicos que andan robando. Mi sobrino es deportista y está estudiando psicología. Me encantaría que esto se investigue a fondo. Somos una comunidad perseguida desde hace muchísimo tiempo. El Estado y la Nación tienen una deuda con nuestros pueblos. No es por esta pandemia. Se dio a conocer porque lo grabaron, pero estas persecuciones vienen desde hace muchísimo tiempo. Somos un pueblo maltratado y discriminado. Las imágenes hablan por sí solas. Yo le pido al presidente, ya que solidarizó, que tome cartas en el asunto. En este barrio y en el barrio Cacique Pelayo se aumentaron las persecuciones. Necesitamos que nos escuche la justicia. Nosotros somos pacíficos. Si hubiésemos sido intolerantes, hace tiempo nos habríamos levantado para ir a Casa de Gobierno o a cortar rutas. No somos así. Somos un pueblo educado, muchas veces sumisos, para evitar que les peguen a nuestros hijos y a nuestros nietos”, expresó. Duarte dio un ejemplo que grafica que la persecución a los pueblos originarios no es algo nuevo: “Yo me capacité en derechos humanos. Estuve en el Congreso nacional dos veces, contra la violencia institucional. En 2010, sufrí la muerte de un tío mío. Su hija también murió buscando justicia. Hasta el día de hoy, nosotros no encontramos un abogado que nos represente penalmente para investigar. Yo trabajaba con el juez de garantías, limpiándole la casa. Jamás me dijo que pasó con mi tío. Me lo entregaron en una bolsa negra, ni siquiera en un cajón. Hasta el día de hoy no sé qué le pasó. Quedó como muerte dudosa. Yo hablo con conocimiento. Tengo pruebas de lo que sucede en nuestra comunidad. Ya sucedió en el gobierno de (Jorge) Capitanich hace 10 años y ahora nuevamente. El gobernador tiene que ser investigado”, exigió.Las torturas y humillaciones a los que sometieron a chicos y chicas tienen, además del dolor físico, un componente psicológico. “A una chica la encerraron en el calabozo, le tiraron alcohol y la amenazaron con que la iban a quemar con cigarrillos. La manosearon, le apretaron sus senos, le pegaron. Torturaron a dos jóvenes mujeres y a los chicos. A mi sobrino le sacaron la ropa. Le pasearon por toda resistencia en shorcito. Le tiraban la rueda de auxilio y se paraban arriba. Está totalmente torturado. No puede dormir de noche, se larga a llorar. Es una persona que se estaba instruyendo para aportar a esta sociedad. Necesitamos un abogado que represente a las familias y lleve esto hasta el fin, caiga quien caiga. Hay malos policías que actúan contra la comunidad. Yo pido justicia. Psicológicamente, las chicas están muy mal. A una de ellas el lunes tuvo que ir la ambulancia para ponerle un calmante porque le dolía en las partes donde ellos la lastimaron. Se le subieron encima y la pisaban. El otro chico tiene marcas en el rostro de no sé qué arma. El pueblo originario no tiene ayuda psicológica ni económica. No tiene nada, ninguna herramienta. Vivimos de artesanías. Yo soy empleada doméstica. Mi sobrino está intentado darles una mejor vida a sus hermanas más chicas. Por eso él se esmeraba en hacer deporte y estudiar. Estudiaba psicología porque quería saber qué pasa en la mente humana que nos tratan de esta manera. Nosotros jamás le enseñamos a odiar. Siempre ayudamos en todo lo que pudimos. La madre no puede hablar por el dolor que tiene. No solo en el cuerpo sino en el alma y el corazón. Está desgarrada”, dijo. El reclamo histórico de la tierraLa tía del joven torturado por la policía hizo un repaso general sobre la situación actual que se vive en Chaco y la desidia a la que se enfrentan los pueblos originarios de la provincia: “Nosotros somos argentinos originarios. Somos dueños de esta tierra. El Estado tiene una deuda con nosotros. Nos están sacando todo. Lo que falta es que nos encierren y exterminen. Qué culpa tenemos nosotros de este flagelo que trajeron; la droga, la delincuencia. No podemos vivir entre las comunidades criollas. Ellos quieren que vivamos en un basural. Quieren seguir sacándonos de
Continúan las audiencias en el tramo que investiga la desaparición de trabajadores ferroviarios dentro de la Megacausa Campo de Mayo. El juicio se reanudó la semana pasada y tendrá audiencias todos los miércoles de manera virtual y con testigos por teleconferencia. Declararon familiares de Juan Carlos Catnich y Enrique Montarcé, trabajadores de la Línea Mitre del ferrocarril, secuestrados en los talleres de José León Suarez el 31 de agosto de 1977. Ese mismo día, se llevaron de sus casas a sus compañeras, Leonor Landaburu y Beatriz Iris Pereyra.Adecuándose a su nueva rutina, el juicio por uno de los tramos de la Megacausa Campo de Mayo que había recomenzado la semana pasada, tuvo ayer una nueva audiencia. (Por La Retaguardia) ✏ Redacción y crónica de la audiencia: Diego Adur 💻 Edición: Fernando Tebele 📷 Foto de portada: Así es la audiencia virtual Este miércoles declaró en primer turno Jorge Ricardo Catnich. Lo hizo por el secuestro y desaparición de su hermano Juan Carlos, ocurrido el 31 de agosto de 1977 en los talleres ferroviarios de José León Suárez donde trabajaba. La noticia de la desaparición de Juan Carlos llegó a la familia Catnich, que vivía en San Juan, a través de un trabajador que estuvo en José León Suarez y regresó a la provincia: “Dispusimos viajar a Buenos Aires para averiguar algo. Nos encontramos con el padre de mi cuñada, Landaburu, y sus hijos. Vivimos un clima de absoluta hostilidad”, comenzó a contar Catnich.El testigo relató los hechos ocurridos en la mañana del 31 de agosto de 1977 que terminaron con la desaparición de Catnich: “Mi hermano estaba en horario de trabajo. Se presentaron dos personas de civil diciendo que necesitaban llevarlos a mi hermano y a un compañero suyo, de apellido Montarcé. Nada grave, le dijeron. Estimaban que en dos horas estaban de vuelta. Nunca más regresaron”, recordó con tristeza.Después de la desaparición de su hermano, Jorge visitó en varias oportunidades Buenos Aires para hacer averiguaciones sobre el paradero de Juan Carlos. “Regresé a Buenos Aires. Parecía una ciudad tomada. De las gestiones que yo hice di con un compañero de mi hermano. La persona que nos avisó de la desaparición de Juan Carlos me dio un nombre, Carlos Zamora. Era dirigente del gremio de la Fraternidad, el gremio de los conductores. Lo fui a ver a una casa en el Tigre. Me dijo que había estado con mi hermano unos días atrás. Tenían una militancia gremial juntos. Él pudo esconderse. Mi hermano militaba junto a Montarcé en la Unión Ferroviaria”, recordó. Luego de llevarse a Catnich, fueron por su compañera, Leonor Landaburu: “Con las llaves de mi hermano entraron a la casa de mi cuñada en la calle Carabobo, del barrio de Flores. María Ester Landaburu -su hermana-, llegó alrededor de las 20 horas y estaba todo desordenado. Faltaban algunas cosas. Una compañera de docencia de Leonor había estado antes con ella en esa casa”, relató. Sobre su destino, expresó que “todo indica que fueron llevados a Campo de Mayo. Hubo reconocimientos posteriores. El lugar donde estuvieron los ferroviarios lo llamaban El Campito”, dijo.Leonor Landaburu estaba embarazada de siete meses y medio. Sobre ese sobrino o sobrina que las familias siguen buscando, Jorge contó una historia de “una mujer, Virginia se llamaba”, que llevaba un niño en brazos. Era mediados de octubre, la probable fecha de parto de Leonor. Esta mujer, Virginia, había sido nombrada durante los testimonios de la semana pasada del hermano de Landaburu. Estuvo en Campo de Mayo, internada con lesiones por un accidente de moto. Allí estuvo con “una asistente social que vio al bebé.Le llamó la atención ver un bebé en ese lugar. Esa asistente le dijo que el bebé era de una presa. Ese bebé se llamaba Federico. Mi hermano y Leonor le iban a poner ese nombre a su hijo”, explicó Jorge.Catnich y Landaburu fueron vistos en Campo de Mayo por algunos sobrevivientes. Ema Battistiol fue una de ellas y describió a Leonor con las mismas ropas que la había visto la compañera docente que estuvo en su casa antes del secuestro: “Un gamulán, pantalón negro y botas de cuero negro”, contó Jorge.Otro de los intentos por dar con su hermano y su cuñada lo llevaron a un hombre, de alto rango de la Policía Federal: “Felipe Jalil. El tipo vivía en Caballito, cerca de la cancha de Ferrocarril Oeste. Supuestamente la mujer de él era prima de mi mamá. Le pedí ayuda a este hombre. Me dijo que volviera a la mañana siguiente. Fui al día siguiente. Vino un auto a buscarnos. Fuimos hacia el centro, no recuerdo dónde, pero era la parte céntrica de Buenos Aires. Él iba mofándose de todo el mundo, celebrando una victoria de Boca. Llegamos a una sala, donde me dijo que lo espere. Ahí estuve un buen rato. Desde allí yo veía un playón de estacionamiento, que era donde habíamos llegado nosotros. A ese lugar entraban camionetas, cargaban armas y salían. Imagínense el pánico mío. Me dijo que de mi hermano no sabían nada y me aconsejó irme a San Juan, que cualquier cosa me avisaba. Me fui de ahí llorando”, recordó Catnich. La reparación“En el año 2016 nos entregaron el legajo reparado de mi hermano. Fue en un acto en la Ex ESMA. En el legajo de mi hermano dice que como el 1 de septiembre Juan Carlos no se presentó a trabajar, lo cesanteaban. Fue importante que el Estado argentino reconociera que esos tipos no fueron a trabajar no porque se robaron una rueda o porque no se levantaron sino porque hubo una persecución sistemática de trabajadores ferroviarios por su actividad gremial. Mi mamá se murió esperando a mi hermano”, expresó Jorge. El hijo o hija del matrimonio Catnich-Landaburu Durante su relato, Jorge contó la incansable búsqueda -que continúa hasta hoy- de su sobrino o sobrina: “Nosotros hicimos la denuncia de ausencia forzada y la presunción del nacimiento de mi sobrino. Dejamos muestras de sangre en el banco de datos genéticos del Hospital Durán”.
Tras la búsqueda de un pensamiento crítico y reflexivo en la marea de desinformación de los medios de comunicación tradicionales, el sociólogo Daniel Feierstein fue convocado por el programa radial Hasta que vuelvan los abrazos. En un análisis agudo, invitó a pensar sobre el verdadero sentido del periodismo, reflexionando además sobre los discursos contra las minorías, los conceptos de “multiplicación de la angustia” y “genocidio” aplicados a la pandemia. (Por La Retaguardia) 🎤 Entrevista: Fernando Tebele/Giselle Ribaloff ✏ Redacción: Nicolás Rosales 💻 Edición: Fernando Tebele —La Retaguardia: ¿Cuál es el rol particular que están cumpliendo los medios de comunicación tradicionales en este contexto de pandemia?—Daniel Feierstein: A mí me ha sorprendido el nivel de irresponsabilidad de gran parte del sistema de medios. Yo tendía a plantear en los últimos años no entrar en esta cuestión de creer que los medios definían todo. Yo creo que había y sigue habiendo una mirada como que se les da mayor relevancia de la que tienen y planteaba que cuando uno observa transformaciones políticas tiene que ver lo que va pasando en distintos espacios en la construcción del sentido común. Pero justamente, en esta pandemia, muchas de esas dudas que tenía y planteaba se vieron arrasadas, sobre todo a partir de la segunda y tercera semana de cuarentena. El nivel de irresponsabilidad de salir a proyectar ante la audiencia las propias ansiedades, los propios temores, una campaña casi de desinformación e irresponsabilidad en el términos de no tomar en cuenta la situación excepcional que uno está viviendo. —LR: En tu libro “La construcción del enano fascista, los usos del odio como estrategia” das cuenta del rol de los medios de comunicación para generar estigmas. En el contexto de hoy, ¿esto se ve multiplicado?—DF: Claro, lo que yo analizaba ahí era distinto, era una transformación de un sector de los medios. Lo que pasa es que se conecta con lo que estoy diciendo ahora. Porque era un sector que apareció hace unos 20 años, que yo identifico con el grupo de medios de Daniel Hadad en su momento. Primero con la revista “La primera de la semana”, después con lo que va a ser Infobae, y todo una cantidad de medios que transforman situaciones, las lógicas del periodismo. Y las transforman muy para mal, en el sentido de la aparición de la chicana, del elemento soez, digamos una cantidad de pérdida elementos de lo que era, más allá de un perfil político de un periodista, cierta profesionalidad periodística de lo que tenía que ver con un modo de dirigirse a la audiencia, una lógica del uso de la información, el chequeo. Vos por supuesto, que podés tener siempre tu editorial, y cada medio tendrá miradas distintas, pero esa mirada estará dada por hechos que se toman de la realidad y que serán analizados a su manera. Lo que yo marcaba en el libro es como va surgiendo un periodismo absolutamente estigmatizador, descalificador, que hace uso de una mentira intencionada del sentido. Recuerdo una campaña que había salido en el año 2000/2001 sobre la migración de los países limítrofes, tratando de desplazar la responsabilidad por el malestar al migrante con datos que eran absolutamente falsos. Esto implicó un giro en la lógica del periodismo y fue la cantera de muchos periodistas que yo analizo en el surgimiento de lógicas fascistas dentro del conjunto de la sociedad, porque pensemos que de esa cantera salieron un Baby Etchecopar, un Eduardo Feinmann y una cantidad de periodistas que luego van haciendo su trayectoria en otros lugares pero que vienen de la cantera del grupo Haddad. Lo que uno empieza a observar, ya hace 2 o 3 años, es que otros periodistas que venían de trayectorias distintas, más profesionales, empiezan a entrar en esa lógica. La más notoria fue la transformación de Jorge Lanata en la última década, pero otro conjunto de periodistas van ingresando en esta cuestión del escarnio, de la mentira, de la descalificación en medios masivos, más allá de lo que había sido ese primer grupo que había transformado las lógicas. Creo que todo eso se potenció muchísimo en este contexto que es cuando más necesitamos serenidad, información confiable, chequeo, intento de contener la angustia de la gente y no de asustarla y de proyectarla. Hay un caso que me preocupa en estos días, que es el de Luis Novaresio, que venía de otro estilo. Un buen entrevistador, un tipo que en general dejaba hablar a sus entrevistados. Después, podía tener la postura que uno imaginara, pero que hoy conduce uno de los programas de mayor audiencia y parece un niño ansioso y molesto en un viaje a la costa preguntando cuando termina todo. —LR: Por la lógica del aislamiento, en los medios alternativos hemos cambiado un poco nuestro estilo. Hay gente que se está informando más y por otros medios que no son los tradicionales, como escapándoles a aquellos, ¿será pasajero?—DF: Creo que tendría que verlo en el futuro, pero también pienso que como dicen, cambiamos un poco nuestro estilo. Porque me parece que es algo que la gente esté buscando y necesitando. Un espacio con mayor serenidad, y de no estar con esto que veníamos diciendo de una espectacularización del horror por un lado, o lo que me parece aún más grave esto de la proyección de la ansiedad. Que lo único que hace es potenciar al infinito la propia angustia. Más allá de que es legítimo que un periodista se encuentre angustiado, que pueda entender que lo que se está reclamando de él en este momento es parar la pelota, es un poco de serenidad, es poder trasmitir información confiable, es no insistir todo el tiempo con preguntas que en medio de la incertidumbre no tienen respuesta, esto de: ¿cuándo va terminar?, ¿cuándo viene la vacuna?, ¿cuándo podemos salir a la calle? Son preguntas que nadie puede responder en este contexto, y que el periodismo insista permanentemente con la pregunta a todo entrevistado no hace más que multiplicar al infinito la angustia. —LR: ¿Por qué prima cierta
Sebastián Romero, militante del PSTU, fue detenido el sábado en Uruguay luego de estar más de dos años prófugo de la justicia tras haber participado de la marcha contra la reforma previsional, en diciembre de 2017. Martín Alderete, su abogado, habló con Hasta que vuelvan los abrazos, el programa de la cuarentena de La Retaguardia, y repasó los hechos que determinaron la persecución contra Sebastián, pero también los procesos judiciales contra Daniel Ruiz (compañero de Sebastián y preso durante un año y un mes en Marcos Paz), Cesar Arakaki, Dimas Ponce y Mariano Stansiola. (Por La Retaguardia) 🎤 Entrevista: Fernando Tebele/Giselle Ribaloff ✏ Redacción: Andrés Masotto 💻 Edición: Fernando Tebele 📷 Foto de portada: Agustina Salinas El 18 de diciembre de 2017, dentro del Congreso de la Nación, tenía lugar el último intento de aprobar la reforma previsional impulsada por el gobierno de Cambiemos. Adentro había gritos, empujones e incluso represión de las fuerzas de seguridad contra diputados opositores para evitar que votaran negativamente. Afuera, decenas de agrupaciones, sindicatos, organismos de derechos humanos y personas independientes colmaban no sólo la Plaza del Congreso sino también un amplio tramo de Avenida de Mayo y las calles aledañas.La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que había comenzado a desplegar el dispositivo de seguridad alrededor del Congreso el 13 de diciembre, utilizó toda la violencia represiva. Los miles de manifestantes que ocupaban la plaza recibieron gran cantidad de gases lacrimógenos (incluso arrojados desde techos y helicópteros), balas de goma, golpes y atropellos de la división motorizada.Sebastián Romero, junto a sus compañeros del Partido Socialista de los Trabajadores Unificado (PSTU), estaba en la plaza y sufrió el embiste represivo. Alguien le tomó una fotografía manipulando un lanzador de pirotecnia casero, la foto se replicó en redes sociales y medios tradicionales, en general con un discurso estigmatizante, en algunos casos con cierta idolatría; lo cierto es que Sebastián se convirtió en el símbolo de la violencia. Después de estar más de dos años fuera del radar, Romero fue detenido el sábado último en Uruguay. Acerca de su situación actual, Martín Alderete, abogado de Sebastián e integrante de CADEP (Coordinadora Antirrepresiva por los Derechos del Pueblo), le dijo a La Retaguardia: “Sebastián fue detenido y llevado a la delegación de INTERPOL en Uruguay. En el día de ayer tuvo la audiencia ante la fiscalía uruguaya y ahí hizo saber que no se iba a negar al pedido de extradición del Estado argentino. Fue alojado en el Penal de Libertad, en Montevideo, hasta que se formalice el pedido del Estado argentino, que tiene 30 días para efectivizarlo. Así que estamos en contacto con el juzgado y con Cancillería para que se efectivice lo antes posible y sea trasladado a nuestro país”. Alderete agregó: “Afortunadamente Sebastián está bien. Fue bien tratado al momento de la detención y está alojado en un lugar donde hay personas que están esperando por la extradición. Es un pabellón donde él está en condiciones de relativa tranquilidad, más allá de la privación de libertad. Y por lo que sabemos, que nos transmitió el abogado defensor de allá, toda su energía está puesta en volver acá y enfrentar a la justicia argentina en este contexto donde, más allá de la complicación de no haber estado a derecho más de dos años, lo que él sostiene es que, si bien nunca están dadas todas las garantías, en el momento en que el macrismo estaba en el gobierno, claramente él era un perseguido político puntual, no solamente por lo que decían los propios funcionarios y medios de comunicación, sino porque se puso precio a su cabeza y el ofrecimiento de recompensa era superior incluso a los ofrecidos en casos de genocidas prófugos. Claramente no había ningún tipo de garantía de poder defenderse”.La persecución tuvo otros objetivos. Además de Sebastián, Daniel Ruiz, César Arakaki, Dimas Ponce y Mariano Stansiola también fueron judicializados y acusados por intimidación pública, resistencia a la autoridad y agresiones. Ruiz, compañero de partido de Romero, fue el que pagó el precio más alto: pasó un año y un mes privado de su libertad en la Unidad Penitenciaria de Marcos Paz, denunciando que era un rehén de la justicia, que buscaba de ese modo que Sebastián Romero se entregara. Ruiz aún está imputado junto a Arakaki, militante del Partido Obrero.Al respecto, Alderete expresó: “Lo único que se utilizó contra Ruiz, y mucho más fuerte contra Sebastián Romero, es esa imagen donde le endilgaban disparar contra las fuerzas de seguridad una especie de arma tumbera. Cuestión que nosotros pedimos durante más de un año que se perite a ver qué era lo que habían utilizado, y finalmente en la instancia de juicio se pudo determinar que era un elemento pirotécnico que no genera ningún proyectil, que el riesgo más alto es para la persona que lo manipula y que, efectivamente, como se vino diciendo desde el 18 de diciembre de 2017, utilizaron esa imagen de Sebastián Romero. A algunos les podrá parecer una provocación, una actitud poco agradable, pero lo cierto es que lo único que estaba haciendo Sebastián Romero era manipular un elemento pirotécnico poniendo cara a una situación en la que, viendo todos los videos de la causa, se puede determinar que estaba ocurriendo una feroz represión policial con balas de goma hacia todos los manifestantes que estaban en la plaza ese día”. Próxima estación: la cárcelSobre la posibilidad de que Sebastián atraviese el proceso judicial en libertad, ya que los delitos que se le podrían imputar son excarcelables (al igual que la imputación de Ruiz, que sin embargo pasó trece meses preso), el abogado fue pesimista: “Por un lado lo que objetivamente complica la situación de la libertad son los dos años y medio en los que él no estuvo a derecho, como se dice normalmente. Existiendo riesgo de fuga, van a negarle la libertad. Igualmente, es una pelea que vamos a dar justamente porque lo que se pudo ir comprobando a partir del proceso que le hicieron a Ruiz y el juicio oral que está
Lo dijo Marina Joski, referente de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) e integrante del Movimiento Popular la Dignidad (MPLD). Las organizaciones sociales habían anticipado lo que sucedería en las villas con la llegada de los contagios de COVID-19 y exigen un protocolo adecuado a las características socioambientales de los barrios. En diálogo con el programa Tengo una Idea, Joski repasó los principales reclamos de las organizaciones para lograr ajustar un trabajo articulado con el Estado, y contó cómo fue la reunión que mantuvieron con el jefe de Gobierno porteño. (Por La Retaguardia) 🎤 Entrevista: Carlos Morchio/Nicolás Rosales ✏ Redacción: Nicolás Rosales 💻 Edición: Pedro Ramírez Otero 📷 Foto de portada: La Villa Azul cercada por la policía (Agustina Salinas) El aislamiento preventivo, social y obligatorio está vigente en la Ciudad y Provincia de Buenos Aires, y los casos de COVID-19 van en aumento. Son muchas las necesidades a las que el Estado debe responder y, en el caso de las villas porteñas, no están cubiertas a pesar de los pedidos de adecuación de los protocolos para estos sectores. “Hay que partir del día uno de la pandemia, porque nosotros los protocolos de abordaje en barrios populares los venimos exigiendo y construyendo desde el primer día de decretado el aislamiento social preventivo”, expresó Marina Joski, referente de la UTEP e integrante del MPLD. “Nosotros sabíamos porque venimos reivindicando y luchando por tierra, techo y trabajo, por integración sociourbana de hace muchísimo tiempo. Dábamos cuenta al gobierno de la Ciudad que iba a haber un desborde a causa del hacinamiento. No es fortuito que comenzara en Retiro, la 1-11-14, y Barrio Rivadavia. Porque allí, el hacinamiento es moneda corriente y luego le siguen el resto de los barrios. Estos protocolos los fuimos construyendo muy de a poquito, diciendo que acá donde no hay capacidad de aislamiento, hay que ofrecer alternativas. Hay que universalizar las prestaciones de servicio alimentarios, repartir y resolver el tema del agua, el tema del gas”, agregó. Joski también explicó que la gran mayoría de los vecinos y vecinas que viven en las villas de nuestra ciudad trabajan en la economía popular, viven del día a día y trabajan en la calle o en la feria. “Son trabajadores sociocomunitarios que hoy están muy, pero muy por debajo de la línea de la indigencia. Veníamos en principio no solo alertando, sino construyendo esos protocolos a la interna de nuestros espacios comunitarios, gestionando y organizando mesas de crisis por barrio que fueron en la realidad los catalizadores luego de propuestas de Desarrollo Social de Ciudad, el IVC (Instituto de la Vivienda de Ciudad), de Desarrollo Social de Nación y luego el Programa DETeCTAr (Dispositivo Estratégico de Testeo para Coronavirus en Terreno de Argentina)”, contó. La complejidad del trabajo articuladoEn referencia a la articulación entre las organizaciones sociales y los Estados porteño y nacional, la referente de UTEP detalló: “Hay tres dificultades muy fuertes que se presentan: una tiene que ver con lo alimentario, porque con hambre es imposible la pandemia. Otra que tiene que ver son los servicios públicos, sin agua es muy difícil sostener aislamiento. Y la tercera es sobre la implementación del operativo DETeCTAr en los barrios populares. Esto quiere decir que este dispositivo de Nación en realidad se dinamiza localmente. Esto sucede en el Gran Buenos Aires y en la Ciudad de Buenos Aires”.La situación de hacinamiento en las villas hace imposible que una persona con síntomas pueda aislarse del resto la gente con la que convive. En relación a esto, Joski remarcó que alertaban que la necesidad concreta tenía que ver con espacios de albergue entre el hisopado y el resultado, y también el fortalecimiento de espacios de aislamiento para los casos positivos y para aquellas familias que no pudieran aislarse en sus casas. “Nuestra realidad es que convivimos en una habitación toda nuestra familia y en otra habitación hay otra familia. Hay 7 o 10 compartiendo baño y cocina, entonces es imposible aislarse. La proliferación del contacto comunitario y la circulación comunitaria es enorme. Entonces el cuello de botella fue este. Todos los videos que estuvieron circulando en relación a familias enteras, mujeres con sus hijas conviviendo a la espera del resultado, siendo positivos o negativos indiscriminadamente, esto fue una preocupación central que les planteamos”, aseguró. Y añadió: “Acá, en los barrios populares, es importante también el reconocimiento de quienes están en la primera línea, los y las trabajadoras de espacios de cuidado que son los que cocinan, los que reparten, las promotoras comunitarias en salud, las promotoras de género”. Un trato desigualLa integrante del Movimiento Popular la Dignidad opinó acerca de las cuestiones de clase y las diferencias que éstas generan: “Creemos que hay un delay muy grande. Porque se tuvo dos meses para preparar estos espacios. Se contrataron hoteles, y quienes importaron el virus, sin culpabilizarlos, tuvieron el privilegio de viajar a países de Europa y Estados Unidos y portaron el virus. Tuvieron un trato preferencial al igual que los repatriados. Yendo a hoteles, con comida garantizada. Esto no está sucediendo hoy, pero es innegable que sí sucede porque sabemos que hay compañeros, vecinos y vecinas en aislamiento en hoteles cuando son positivos. Hay familias que están conviviendo, lo que pasa es que es deficitario, hay que reforzar. Sabemos que ahora se están preparando espacios un poquito más grandes, poniéndole el oído a las recomendaciones de las organizaciones populares que somos vecinos y vecinas organizados y trabajamos el día a día en las villas de nuestra ciudad”. Reunión con Rodríguez LarretaJoski se refirió al encuentro que las organizaciones populares lograron tener con Horacio Rodríguez Larreta, y mencionó que no los recibía un jefe de Gobierno porteño desde hacía muchísimos años. “Compartimos la reunión los referentes de UTEP Capital, La CTA (Central de Trabajadores de la Argentina) Autónoma y el FOL (Frente de Organizaciones en Lucha). En principio reivindicamos el trabajo de nuestros compañeros, de los referentes villeros que fallecieron, especialmente por Ramona (Medina) y por Agustín (Navarro) de Barrios de Pie.