Ley de Alquileres: “Creíamos que el Estado nacional iba a tener un rol más activo”

Lo dijo Gervasio Muñoz, referente de la organización Inquilinos Agrupados en diálogo con el programa radial Viernes Culturales. Muñoz hizo una evaluación a un año de la sanción de la Ley de Alquileres. Además, admitió que es difícil la implementación y que no es sencillo obligar al mercado inmobiliario a cumplir lo que el Congreso decidió. También se refirió al rol del Estado y la necesidad de una política de acceso a la vivienda. (Por La Retaguardia)

—Se me ocurre hacer dos análisis: por un lado lo que tiene que ver con la implementación de la ley porque sabíamos que iba a ser difícil y que no es sencillo obligar al mercado inmobiliario a cumplir con lo que el Congreso o el Estado decide. Sabemos que hay ahí una pelea muy importante. Creíamos que el Estado nacional iba a tener un rol un poco más activo, y no lo tuvo. Lo esperamos, porque no nos cansamos de creer que lo va a tener en algún momento. El otro análisis es político, porque la Ley de Alquileres ha planteado una discusión importante que tiene que ver con el acceso a la vivienda. Discutir el fondo y no tanto si hay que construir una vivienda o no, sino qué modelo de acceso a la misma y qué modelo de Estado podría garantizarla. Este derecho, entonces, no puede estar en manos del mercado. Es fundamental un marco regulatorio y para nosotros la Ley de Alquileres es el comienzo. 

“Las empresas de los medios de comunicación llevan adelante una campaña en contra de la Ley muy fuerte, pero creo que la gran victoria es que se esté hablando del índice en los contratos de alquiler, que está en el 43%, cuando antes no había ningún tipo de discurso acerca de lo que sucedía con la regulación del Estado”, dijo el referente de la organización Inquilinos Agrupados. 

—No hubo una sola campaña planteando e informando los derechos conquistados en  la ley. Es una forma de darle la señal al mercado inmobiliario de que pueden seguir haciendo lo que quieran y que el Estado no se va a meter mucho. El negocio del mercado inmobiliario es transversal a la clase política, al poder judicial, a los medios de comunicación y al sector de los grupos económicos más fuertes de Argentina. Pero además la propiedad privada se ha constituido en los sectores populares, y ahí nosotros tenemos un desafío muy importante, que es disputar el sentido. 

—No era lo que queríamos. Nosotros negociamos esta ley que hoy está vigente con el macrismo, con la Cámara Inmobiliaria y con el apoyo en esa negociación del Frente de Todos. Queríamos que los alquileres se actualicen por salarios y por promedio entre inflación y salarios, pero el macrismo y la Cámara no querían, entonces cedimos. El gobierno de turno y otros sectores políticos querían que los alquileres se actualizaran cada seis meses. Cuando llega este gobierno, desde nuestra asociación le presentamos a la ministra de Hábitat, María Eugenia Bielsa, el proyecto de ley que verdaderamente queríamos. onde planteamos, entre otras cosas, un plazo mínimo de contrato de alquiler de siete años, para que los pibes puedan terminar la escuela viendo en la misma casa. También que los y las inquilinas tenemos voz y voto en las reuniones de las administraciones de consorcio, que el precio del alquiler está regulado por salarios, y un esquema de impuestos a las viviendas vacías. Cuando vieron todo esto apuraron la ley para que salga con lo que habíamos negociado con el macrismo y la Cámara Inmobiliaria. Entonces no era lo que nosotros queríamos, pero fue por lo que nosotros entendíamos el mejor proyecto para el momento político que estábamos viviendo. Así y todo, esta ley es la mejor posible en este gobierno también. 

—En la Ciudad somos 3 millones de habitantes desde 1947, sobre eso hay 1,5 millón de viviendas, una vivienda cada dos personas. El exceso de oferta es importante. De esa disponibilidad de viviendas, 500 mil están en alquiler y se calcula que alrededor de 200 mil están vacías. Además, el 36% de la población alquila en el mercado formal y alrededor de un 5 o 6% alquila en villas, hoteles, pensiones, inquilinatos. En el 2000 esta población era de un 20%. Hoy, 20 años después, se duplicó llegando al 40%. Estimamos que en el 2030, 2035, más de la mitad de la población en la Ciudad va a vivir en viviendas alquiladas y la concentración de las mismas va a ser mucho más profunda. 

—Creo que ahí el rol del Estado es clave. Por otro lado, el Gobierno de la Ciudad tiene dos políticas de vivienda que son profundamente complementarias para los fines que persiguen: garantizar grandes negocios inmobiliarios vendiendo tierra pública, construyendo barrios en la periferia, dejando las ciudades al mercado, desregulando el suelo, el metro cuadrado, el precio del alquiler, precios de viviendas dolarizadas. Y la otra política es el subsidio para los que se cayeron del mapa y nunca más van a volver. Subsidios que terminan en manos de los propietarios y en el medio no hay nada. La Ley de Alquileres golpea esa lógica para plantear que nosotros no queremos subsidios. No porque tengamos prejuicios, sino porque no creemos que sea una política de vivienda. Por supuesto, no queremos construcciones de barrios a 60 kilómetros de las ciudades o que se venda y regale tierra pública. Lo que queremos es que se regule el mercado inmobiliario para que no haga más falta el subsidio, y que el Estado no construya viviendas en las periferias para los sectores populares. Sin embargo, el Estado no está preparado para hacer cumplir una ley de este tipo, y la clase política que dirige los estados  no está preparada para cambiar esa lógica en donde la libertad absoluta que tenía el mercado ahora se condicionó un poco con la Ley de Alquileres. También las organizaciones tenemos que hacer una autocrítica, porque no estamos a la altura de las circunstancias. Quizá nuestra lucha haya cumplido un ciclo y deberíamos dar lugar a otras formas de organización, otras voces y representaciones de inquilinos e inquilinas. 

—Creo que la ley produjo una discusión que puede provocar la conformación de nuevas organizaciones políticas, sindicales y barriales. Esta nueva etapa nos puede encontrar en esta nueva lógica de dar la discusión por el derecho a la vivienda al interior de las organizaciones. Todos acuerdan en que debería haber un nuevo crédito bancario y que no hay que regular el mercado inmobiliario. La lógica que hay es ‘quiero comprar mi propia casa como sea’. Es algo mercantil, y no de derecho. Hay que poner en discusión todo lo que tenga que ver con el acceso a la vivienda. 

—Datos no hay. Porque el Estado no registra el aumento del precio de los alquileres. Y como no hay control sobre la ley, en un año solo se registraron 200 mil contratos de 3 millones de viviendas en alquiler. Al no haber datos reales, lo que puedo decir es lo que vemos. A  la salida del decreto del Ministerio de Desarrollo y Hábitat que impedía los desalojos y el aumento de alquileres en contexto de pandemia y que caducó en marzo de este año, hemos visto renovaciones de contratos con aumentos del 100%. Por otro lado, nuestro objetivo es que se conforme una mesa nacional donde se involucre a todos los actores para el acceso a la vivienda y que sea el Gobierno nacional quien autorice los aumentos de los alquileres. La mesa no está lejos, lo que está lejos es la función de esa mesa.