“Necesitamos una inversión en salud mental”

 

Santiago Levin, presidente de la Asociación de Psiquiatras Argentinos (APSA), manifestó la postura de la APSA respecto a la Ley de Salud Mental que actualmente rige en nuestro país: “No estamos en contra de la Ley, pero hacemos algunas objeciones importantes. Por ejemplo, el artículo 12 dice que ‘la medicación farmacológica no debe ser nunca utilizada como castigo’, lo cual nos parece un innecesario pasaje antipsiquiátrico, ya que nosotros nunca la usamos como castigo. También estamos en desacuerdo con los institutos monovalentes y lo que sí proponemos es la eliminación completa de los manicomios. Manicomio significa abandono, exclusión, olvido. Pero nuestra práctica clínica nos indica que las instituciones especializadas siguen siendo necesarias, adaptándolas al siglo XXI, porque la urgencia psiquiátrica, que es muy común y cada vez más frecuente, en nuestro sistema suele ser rechazada en los hospitales generales, que no están preparados para recibirlas. Algunos pocos sí lo están, pero la gran mayoría no. Entonces, una cosa es pensar la transformación en términos ideales, y otra cosa es la realidad clínica”.

Levin aseguró que la transformación en salud mental en Argentina tiene características predominantemente retóricas, pero no reales ya que no se cuenta con los instrumentos intermedios, las casas de medio camino, las residencias asistidas y los equipos de intervención en crisis: “¿Qué se hace cuando sucede algo como lo de Chano (Charpentier) el otro día? Que pasa todo el tiempo, solo que no repercute a niveles públicos porque están protagonizadas por personas anónimas. ¿Quién interviene? ¿Qué pasó con el caso del MALBA (Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires)? Donde ‘un loquito’ con un cuchillo terminó matando a un policía y el policía matando al paciente, generando una situación verdaderamente dramática, con pérdida de todos lados. ¿Qué pasó con ese señor en situación de calle, intoxicado por alcohol, que recibió una patada en el pecho, por parte de un personal policial, cayó hacia atrás, pegó con la nuca en el asfalto y falleció pocas horas después? ¿Qué hacemos con todo esto, más allá de la Ley?”, se preguntó el médico. Y continuó: “Porque este es el punto central. La realidad no se cambia con leyes. Las leyes acompañan movimientos de transformación, pero la transformación es una decisión política que necesita cambios muy puntuales e intensos. Una planificación en salud pública, que implica una reconsideración de cuál es el rol de la salud como valor social y como derecho, que en nuestro país tiene tal estatuto. Entonces, en vez de pensar qué cerramos y qué abrimos, tendríamos que estar pensando qué es lo que queremos para nuestra sociedad en materia de salud, y luego pensamos cómo lo vamos organizando. Pero con un presupuesto tan bajo, con un personal insuficiente, con falta de equipos de intervención de urgencia, con hospitales generales que en su mayoría no están preparados para la urgencia psiquiátrica, este tipo de situaciones se seguirán repitiendo. Ahora, cuando esto sucede y adquiere repercusión pública, aparecen distintos sectores, a veces corporativos, a veces con intereses privados, a tratar de sacar una tajada. Lo que tenemos que proteger y custodiar es el derecho de la persona que está atravesando una crisis mental grave, a recibir la atención que corresponde. Que nunca es un balazo en el abdomen, sino una intervención especializada para poder atender su problema de salud mental”.

 

El médico psiquiátrico desmintió el mito de que no se puede internar a un paciente sin la firma de un juez. “A pesar de las objeciones que muchos psiquiatras le hacemos a la Ley, que básicamente son la poca claridad para la urgencia, los pasajes antipsiquiátricos y el cierre definitivo de los monovalentes; sí sostenemos el espíritu de derechos humanos de la Ley, y ésta prevé la internación en contra de la voluntad. Sin esperar la decisión de un juez. Escuché a colegas diciendo ‘no se puede internar en contra de la voluntad si no lo autoriza un juez’. Eso es absolutamente falso. Sí se puede, y con el paciente ya internado, darle aviso al juez. Incluso hay unas cuantas horas de margen para hacerlo”, explicó. Y agregó: “Esto no significa que la situación sea fácil, porque convergen la desfinanciación, la falta de formación de las fuerzas de seguridad (que confunden descompensación mental con situaciones de delito), la falta de equipos multidisciplinarios de emergencia, la escasez de ambulancias para la salud mental, y el hecho de que la salud mental es siempre la hermana menor olvidada de los planes de salud”.

 

El psiquiatra destacó que es necesario una inversión para poder afrontar las emergencias en salud mental y lograr un reequipamiento en los hospitales y clínicas que lo necesiten. “Invertir en salud mental, aparentemente es poco redituable electoralmente. Entonces estamos con mucho ‘biribiri’, pero con poca realidad práctica. Están faltando medicamentos de salud mental en muchas de las guardias. Las provincias que no tienen internación, por ejemplo la de Chubut, terminan gastando una millonada pagando camas privadas de internación. Porque la urgencia en salud mental existe y necesita una atención especializada, y necesita camas. Lo cual no significa estar hablando de manicomios. Los manicomios son depósito de personas. Eso no puede existir más. Y existe por el mismo motivo que existen ‘villas miseria’, que hay más o menos 4 mil, donde viven 5 millones de personas”, comparó.

Muchas personas padecen situaciones relacionadas a la salud mental y en su mayoría quedan invisibilizadas por la sociedad. Levin aseguró que sin mayor inversión y decisiones políticas al respecto la problemática no mejorará: “Las personas que padecen este tipo de situaciones son muchas, y son invisibles. Lo mismo que las personas que están viviendo hace años en una institución monovalente, sin necesidad de estar allí. La urgencia existe, va a seguir existiendo, necesitamos mucha inversión. La intervención psiquiátrica es necesaria. En casos muy graves, que no pueden ser tratados en el domicilio o en la guardia del hospital general, donde hay una persona con una fractura de pelvis, otra en trabajo de parto. Esto requiere de un entorno, de un personal especializado. Entonces tenemos que seguir insistiendo en que la salud mental existe, en que existen las tentativas de suicidio, la excitación psicomotriz, las descompensaciones psicóticas, y requieren intervención especializada que cuide a la persona, no que la reprima. Y en esa intervención, la medicación, la contención física, y muchas veces la internación, son necesarias. Que todo se tenga que hacer con perspectiva de derechos, con perspectiva de género, y de la mano del poder judicial, no significa que no lo tengamos que hacer. Lo que más falta en nuestro país son políticas activas de salud mental”, dijo el presidente de APSA. 

 

Ante los lugares comunes que aseguran que la psiquiatría es ineficaz o represora, Levin explicó: “La gran mayoría de los psiquiatras somos democráticos y estamos profundamente preocupados por la realidad social. Queremos contribuir a garantizar el derecho a la salud, el derecho a la asistencia en salud mental. Nos preocupan los ‘loquitos pobres’, a quienes nadie le da bolilla. La brecha sanitaria en nuestra región para esquizofrenia, por ejemplo, es del 50%. Es decir, que en nuestros países la mitad de las personas que tienen esquizofrenia no reciben nunca una atención especializada. Ni buena, ni mala. Ni medicación, ni diagnóstico, ni nada”. Y concluyó: “Estamos muy atrasados. No podemos discutir ‘Ley sí, Ley no’. La Ley tiene fallas, pero es una ley de ampliación de derechos. Tenemos que tratar de trabajarla. Lo que importa es la salud pública. Y hoy faltan políticas públicas activas”.