Los carapintadas, Semana Santa y los juicios

Un nuevo aniversario del levantamiento militar que selló la impunidad de casi 20 años para los genocidas. Los carapintadas que son juzgados hoy. El próximo viernes declara Aldo Rico como testigo de las defensas de sus laderos de aquellos años. (Por La Retaguardia)

Siempre que se retoman los levantamientos militares en aquellos años durante la democracia recién reinstalada surge la misma pregunta: ¿fue un intento de golpe de Estado? Difícil saber hasta dónde estaban dispuestos a llegar. Pero hay una cuestión acerca de la que no caben dudas, aunque se hable menos de ella: las rebeliones militares, sobre todo la primera de Semana Santa de 1987, tenían al menos un objetivo claro e indiscutible: querían frenar los juicios por crímenes de lesa humanidad. Venían a buscar impunidad. Y la consiguieron. De hecho se recuerda bastante poco que el puntapié del levantamiento fue la negativa de Ernesto “Nabo” Barreiro (hoy condenado por sus crímenes en La Perla) a declarar en un juicio. En lugar de ir a tribunales fue a acuartelarse; desde allí brindó una entrevista a La Nueva Provincia, el diario de Bahía Blanca que fue central durante ell genocidio en esa ciudad. Ya había fracasado la Ley de Punto Final, sancionada un año antes, y que ponía un límite de 60 días para la presentación de denuncias, de manera tal que las posteriores nunca llegarían a juicio. Sólo generaron multiplicar las causas; nadie quería quedarse afuera de la chance única de conseguir justicia a tan pocos años de los hechos. Desde el balcón de una Plaza de Mayo colmada por gente que no quería perder la democracia (porque la sensación social mayoritaria era que eso estaba en juego, lo habían instalado los medios), el presidente Raúl Alfonsín, luego de reunirse con los sublevados, dijo entre otras cosas que muchos de ellos eran héroes de Malvinas. Pudo haber dicho que muchos de ellos habían sido parte del Terrorismo de Estado, pero eligió otro camino. Y también optó por no comunicar el costo de la negociación al pueblo que lo había esperado con ansiedad e incluso con temor por lo que pudiera pasarle tras el viaje hasta Campo de Mayo, por cierto el regimiento del Ejército que fue también el mayor Centro Clandestino de Detención Tortura y Exterminio durante la última dictadura. Alfonsín estaba rodeado en el balcón por toda la partidocracia a excepción de la izquierda. Es difícil imaginar que ante un intento de golpe de Estado hoy, Macri y Milei estuvieran en el balcón con Fernández y Cristina, pero esa es otra historia. Mientras los sublevados perseguían impunidad, tanto la UCR como el PJ se encolumnaron detrás del acuerdo. Unos años antes, en la campaña electoral para las elecciones de 1983, tenían diferencias sobre el punto: la UCR anunció que propiciaría los juicios. El PJ que aceptaría la autoamnistía que los militares dejaron como uno de sus regalitos antes de dejar el gobierno. Suele decirse que esas definiciones volcaron la elección para el lado radical.

Lo que vino después es más recordado: se sancionó la Ley de Obediencia debida, que limitaba la responsabilidad por el genocidio a los jefes que hubieran dado las órdenes. Solo quedaron excluidas las apropiaciones de niños y niñas. Carlos Menem se encargó en los 90 de que los jefes quedaran libres vía  indultos. Pasaron casi 20 años de impunidad. Las causas abiertas en España en ese período, una obra maestra fundamentalmente del gran Carlos Slepoy (hoy se cumple un nuevo aniversario de su partida), nos enfrentaban cada tanto a todo lo que no estaba sucediendo aquí. La inconstitucionalidad vía judicial y la derogación de la leyes en el Congreso, reabrieron los juicios en el nuevo siglo. 

Y acá estamos. 

En uno de los pocos juicios en el que La Retaguardia obtuvo la negativa del tribunal para poder transmitir las testimoniales, al que conocemos con RIM 6 de Mercedes, están siendo juzgados por crímenes de lesa humanidad dos de los líderes de aquel levantamiento de Semana Santa: Martín Sánchez Zinny y Emilio Morello. Este último incluso llegó a ser diputado nacional por el MODIN, la herramienta a través de la que decidieron continuar la lucha política después del éxito de la sublevación. Están acusados, junto a otros oficiales del Regimiento de Mercedes, también carapintadas, ser una patota, un grupo de tareas del genocidio. Como todo el mundo sabe, el jefe de Semana Santa fue Aldo Rico. El próximo viernes, convocado por las defensas de sus compañeros de tropelías, Rico dará testimonio en ese juicio. También está convocado el negacionista Heriberto Justo Auel, quien viene de declarar en el juicio por la represión a la Contraofensiva de Montoneros. Entre otras apologías del Terrorismo de Estado, Auel fue presidente de la Unión de Promociones en la que, según definió: “se defiende a los camaradas detenidos”. Los camaradas detenidos son, concretamente, los genocidas. 

Cuando hablamos de la tardanza de la justicia, es claro que la Semana Santa del 87 fue por lo menos una parte importante de ese retraso injusto. Por supuesto que las responsabilidades mayores quedan en manos de quienes, en lugar de encarcelarlos por el levantamiento o juzgarlos por sus crímenes de lesa humanidad, negociaron con ellos y no solo les dieron la libertad, sino que tejieron incluso alianzas partidarias que les dieron legitimidad social. Solo la movilización popular sostuvo la lucha durante las décadas de impunidad, con los escraches de los incipientes y renovadores HIJOS como herramienta principal. Néstor Kirchner leyó con precisión aquella demanda social y la hizo propia. Quizá tan propia que pareciera que nadie por fuera de sus seguidores hubiera continuado la lucha. Hasta ese momento, los partidos mayoritarios estaban empeñados en construir y sostener la impunidad. Desde la partidocracia, solo la izquierda sostenía las banderas de juzgamiento. Por supuesto junto a los organismos de derechos humanos, que nunca bajaron sus banderas. 

En estos juicios que tenemos, que no son los mejores sino los posibles, como sostuviera la enorme sobreviviente Adriana Calvo, algunos de los protagonistas de aquel reclamo militar hoy están como acusados; otros van como testigos a defenderlos. Lo que deja en claro dos cosas: la primera, que nos hicieron perder décadas; la segunda es que, aun así, todavía estamos a tiempo.