Más cultura contra el apagón cultural

Artistas, trabajadoras y trabajadores de la cultura y la comunicación comunitaria se movilizaron el jueves 28 de abril frente al Congreso por el tratamiento del proyecto de ley que, de aprobarse, garantizaría la continuidad en el financiamiento de estos sectores prorrogando la extensión de las asignaciones específicas que fomentan a los organismos y programas que sostienen la actividad cultural y comunicacional independiente y alternativa. Compartimos un fotoinforme.

✍️ Redacción: Gabriela Suárez López
💻 Edición: Pedro Ramírez Otero
📷 Fotos: Bárbara Barros/La Retaguardia

El festival organizado por “Unidxs x la Cultura” comenzó a las 16 y contó con la participación de varios organismos, sindicatos, organizaciones, foros y redes de medios comunitarios. También hubo artistas como María Onetto, Sakatumba, Ballet Nehuén, Paula Ferré, Chango Spasiuk, entre otros y otras. 

¿Por qué se realizó esta movilización frente al Congreso?

En 2017, durante la gestión de gobierno de Mauricio Macri, se aprobó la Ley N° 27.432 en el marco de la polémica reforma previsional y se le puso fecha de vencimiento a varias asignaciones específicas contempladas en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA – Ley N° 26.522). 

La 27.432 resuelve en su artículo 4 que los incisos i) “Impuesto a los servicios de comunicación audiovisual previstos en la Ley 26.522”; b) “Gravamen de emergencia a los premios de determinados juegos de sorteo y concursos deportivos previsto en la ley 20.630” y e) “Impuesto a las entradas de espectáculos cinematográficos e impuesto sobre los videogramas grabados previstos en la ley 17.741”, mantendrán su vigencia hasta el 31 de diciembre de 2022. Esto significa que a partir de enero de 2023 varios organismos se quedarán sin financiamiento para sus programas destinados al fomento y protección del cine, el teatro, la música, las bibliotecas populares y la comunicación alternativas, independiente y popular. Entre ellos se encuentra el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), el Instituto Nacional de Teatro (INT), el Instituto de la Música (INAMU), la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (CONABIP), el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) y la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual.

Las asignaciones que reciben estos organismos provienen de un porcentaje de las entradas de cine, de la retención a los premios de la Lotería Nacional, de un canon por publicidad que pagan los grandes medios televisivos y radiales y que se destinan a un fondo de fomento que, por medio de diversos programas y proyectos, se organizan para generar una política pública de redistribución para la cultura y la comunicación. 

Si bien los organismos mencionados y sus trabajadores y trabajadoras se verían afectados en sus tareas y en la articulación con los beneficiarios de esos fondos, la Defensoría del Público, que tiene entre sus funciones proteger a las audiencias y difundir y defender el derecho a la comunicación democrática en todo el país, sería la más perjudicada ya que su funcionamiento integral depende de un porcentaje del fondo que se conforma con el impuesto a los servicios de comunicación audiovisual previsto en el artículo 97, inciso e) de la LSCA. 

Para dejar las cosas en claro, los consumidores y consumidoras de la cultura no pagarán entradas de cine más económicas, por ejemplo, porque los impuestos seguirán existiendo, solo que se le ha sustraído el objeto al que estaba destinada esa recaudación según el artículo 97 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Ya no serán directamente financiados los organismos mencionados como estaba previsto en la Ley de Medios, sino que estos fondos pasarán a engrosar las arcas generales del Estado, y será el Congreso a través de la aprobación del presupuesto, quién fijará anualmente el importe correspondiente a estos sectores y organismos que fomentan la cultura y la comunicación. Este cambio generaría una pérdida de autonomía de los organismos afectados ya que estarían supeditados a cuestiones políticas y gestiones gubernamentales que decidirán sobre este financiamiento específico.

Por último, el diputado Pablo Carro, del Frente de Todos, ha presentado un proyecto de ley que espera tratamiento en ambas Cámaras, donde propone una prórroga a la caducidad prevista por la Ley 27.432. Todos los organismos y sectores vinculados ansían al menos la aprobación de la prórroga (en algunos casos solicitan la derogación de la ley 27.432) para darle continuidad a la actividad cultural y comunicacional que se desarrolla a través de los organismos mencionados y que a su vez ha generado y habilitado miles de puestos de trabajo y producciones federales y de calidad que garantizan el derecho a la comunicación y la cultura y el fomento de pluralidad de voces.