RIM 6 de Mercedes: entre un testimonio clave y la polémica permanente

El juicio cruzado por la imposibilidad de ser televisado agregó esta semana otro problema: el tribunal bajó los testimonios de familiares y sobrevivientes cuyos casos quedaron fuera del juicio por el apartamiento de un represor. El derecho de las víctimas y el clamor para que sean escuchados. Las declaraciones clave de un juicio a puertas cerradas que consiguió romper el cerco de incomunicación que pretendió colocar el tribunal.

Redacción: Paulo Giacobbe
Edición: Fernando Tebele
Foto de portada: Captura de la NO transmisión de La Retaguardia

La audiencia número 13 del viernes 6 de mayo de 2022 en el juicio de lesa humanidad RIM 6/Imprenta PRT-ERP de San Andrés, fue extensa, duró más de seis horas. Frente al Tribunal Oral Federal en lo Criminal N°2 de la CABA, integrado por los jueces Javier Ríos, Jorge Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu, declaró Hugo Travi, un exconscripto que participó del ataque a la imprenta.

El testigo tuvo que soportar el hostil interrogatorio del abogado defensor del represor Horacio Linari, Santiago Feinn, que consistió en reiterar las mismas preguntas pese a que ya estaban contestadas. 

“Estoy dejando que la defensa despliegue su interrogatorio”, justificó el presidente del Tribunal cuando la fiscalía le reprochó por primera vez. Así, el interrogatorio encabezado por Santiago Feinn continuaría con la misma tesitura. Fue necesaria la intervención de todas las partes acusadoras remarcando que la estrategia de la defensa era realizar preguntas reiterativas para agotar al testigo y confundirlo. 

El presidente del tribunal entendió que la defensa actuaba “guiada por su ministerio y no por una cuestión de mala fe, muchísimo menos (intentaba) confundir” al testigo, repitiendo una y otra vez la misma pregunta. Aunque el propio juez Ríos lo había frenado a Feinn en varias oportunidades: “Está contestado” o “ha contestado, doctor”. De todas formas, Travi siempre ampliaba. 

El interrogatorio de Feinn duró una hora. Sería agotador transcribir aquí lo ocurrido y supera con creces el máximo recomendado para una nota de estas características. Sin ánimo de caer en un texto que pueda manipular la opinión pública y para que cada cual saque sus propias conclusiones, sería necesario mirarlo. Pero el Tribunal Oral Federal en lo Criminal Número 2 de la CABA no permite la televisación de este juicio en esta instancia de testimonios.  

Travi no fue un testigo más. Relató cómo los levantaron de madrugada en el Regimiento y describió el operativo. Presenció una reunión entre Horacio Linari, Guillermo Cogorno, Luis Brun y Emilio Morello, que de civil y con peluca, daba instrucciones en un improvisado plano dibujado en la tierra de la banquina, minutos antes del ataque. Salvo Cogorno, que estaba citado por las defensas como testigo pero no pudo hacerlo por problemas de salud, Linari, Brun y el ex diputado nacional Morello están imputados.

Una vez finalizado el fuego, Serapio del Río ingresó a la vivienda y dijo que los militantes del ERP se habían escapado, pero estaba equivocado. A los minutos Travi ingresó junto a Linari a la casa. Constató la presencia de gran cantidad de personal de civil, que llevaban un brazalete blanco como distintivo. Dentro del lavadero de la casa, el testigo vio que los represores entraban con un muchacho que no podía sostenerse por si solo, porque estaba en muy mal estado. Luego atraparon a dos jóvenes más. Mientras a uno le daban una golpiza tremenda, del Río se llevó al otro para uno de los cuartos, al tiempo que personal de civil buscaba un elástico de cama y un balde. Entonces les dicen a Travi y a Linari que se tienen que ir para apostarse en la calle. Desde afuera escucha los gritos de Serapio del Río: “¡Se escapa!, ¡tiren! ¡tiren!”. El otro muchacho que había atrapado se fugaba corriendo. Cuando pasa un portón lo bajan de varios disparos. Travi vio cómo Sanchez Zinny lo remató de un tiro usando una itaka recortada, mientras gritaba: “Estos son los hijos de puta que matan a tu madre, que matan a tu hermana”.

“Esa es la parte que no me olvido nunca más en la vida, que me atormentó durante tantos años, le vuela cabeza… le vuela la cabeza de un itakazo”, dijo el exconscripto. Martín Sanchez Zinny, desde su casa, lo escuchaba utilizando unos grandes auriculares negros en sus orejas y apenas levantó la vista. 

Antes de retirarse, cuando oscurecía, del Río llamó a los soldados que estaban apostados afuera y los autorizó a entrar a la casa, esta vez para que se robaran lo que quisieran.  

Serapio del Río fue apartado del juicio por problemas de salud, al igual que el ex jefe del RIM 6, Alberto Ramón Schollaert. Además de Linari, Brun, Morello y Sánchez Zinny, el otro imputado es Osmar Andrade. El ex teniente primero a cargo de la Compañía Comando y Servicios, Gustavo Delfor Gonzalez Sass, estuvo imputado e incluso presenció la primera audiencia desde un geriatrico, pero falleció.

En realidad esta causa no se llama “RIM 6/Imprenta PRT-ERP de San Andrés” como le decimos coloquialmente. Se trata del Expediente 14216/2003/TO10 caratulado “Fernández Bustos y otros”.  Luis Fernández Bustos, segundo Jefe del destacamento, también falleció. Pero en tribunales le permitieron conservar el honor de encabezar la lista de represores y así el expediente quedó bautizado con su nombre y apellido. 

A Luis Fernández Bustos no hay que confundirlo con el coronel retirado Alberto Francisco Bustos, quien al enterarse de las detenciones que se producían en este juicio, decidió vestirse con sus ropas militares y se disparó con la intención de quitarse la vida. Pero falló y quedó internado. En una carta dirigida a su familia explicó su decisión de evadir a la Justicia de manera tan drástica: “Sigo teniendo estado militar y me asisten todas las obligaciones de mi condición de soldado de no caer prisionero del enemigo”, escribió Alberto Francisco Bustos. “Los terroristas que iniciaron una guerra para imponer por la fuerza un sistema antidemocrático y cambiar los valores que sustenta nuestra sociedad nacional hace más de 60 años prosiguen la guerra para vengarse de los que los derrotamos. Por eso no me entregaré al enemigo terrorista y apátrida que continúa políticamente la lucha”, sostuvo de puño y letra, en La Plata, el 10 de junio de 2017. Bustos aún no fue imputado. Hace unos meses, otro testigo clave del juicio, el exmilitar Omar Barbieri, quien estuvo en el RIM 6 en 1977, se enteró de que Bustos le había comenzado una querella por falso testimonio. Es que Barbieri había comentado públicamente, y lo sostuvo hace dos audiencias durante su testimonio, que Bustos le relató con detalles el operativo en el que secuestraron a Rocío Martínez Borbolla delante de sus pequeños hijos Bárbara y Camilo García, ambos querellantes que abrieron el camino de las testimoniales en este debate oral. Dijo Barbieri que Bustos participó del ataque a la Imprenta y que luego le narró cómo Sánchez Zinny amenazaba a Bárbara y Camilo, que se escondieron bajo una sábana. “Con su escopeta recortada, les decía: ‘¿A quién mato primero? ¿A vos o a vos?’”, aseguró Barbieri. La querella que le inició Bustos terminó desechada en primera y segunda instancia.

Planteo por las víctimas

Luego del testimonio de Travi siguió otro ex conscripto, Ricardo Antonio Villalba. Finalizadas las testimoniales, la fiscal Angeles Ramos realizó un planteo frente al tribunal en relación al derecho a saber la verdad que tienen las víctimas. Ocurre que con el apartamiento de Alberto Ramón Schollaert por incapacidad sobreviniente, el TOF 2 de la CABA decidió el 3 de mayo no tomarles declaración testimonial a familiares y sobrevivientes que habían sido convocados como testigos. 

“Hay que considerar la cuestión vinculada al derecho a la verdad que está comprometido en este juicio, vinculado al derecho que tienen las víctimas a tener una respuesta judicial sobre la ocurrencia de los hechos que los han damnificado”, sostuvo la fiscal, considerando además que la decisión sorpresiva del Tribunal de dejar sin efecto la convocatoria de los testigos agravia el debido proceso: “Si bien se vinculan con casos que están imputados a uno de los acusados (Schollaert), lo cierto y concreto es que son casos que ocurrieron en el Área 115, que es lo que estamos juzgando acá, el marco de la intervención del Regimiento 6 en el Plan Sistemático. Entonces, esta decisión que es sorpresiva, nos agravia. Pero también agravia al debido proceso, señores jueces, porque ya fue decidida por el tribunal y fue decidida por el tribunal subrogándose el interés de los litigantes”. La fiscal interpretó que la decisión del tribunal fue “sin sustanciar el asunto y resolvieron de manera unilateral, arrogándose de esta manera el interés de las partes”, subrayando que “más allá de la responsabilidad individual, hay que probar los hechos. Estamos acá juzgando causas y Terrorismo de Estado, más allá de las responsabilidades de Schollaert”. Para la fiscal Angeles Ramos el tribunal debe revertir la resolución del 3 de mayo y permitir que se escuchen los testimonios porque no hacerlo “involucra un supuesto de arbitrariedad manifiesta”. 

El abogado querellante Pablo Llonto también argumentó en esa misma línea, agregando que los casos apartados se tratan de una cadena de caídas que están ligadas “y que fueron hechos cometidos por los mismos responsables, es decir, por los grupos de tareas del Regimiento 6 de Mercedes”. Esa seguidilla de secuestros están vinculados a la elaboración de El Combatiente y Estrella Roja, los periódicos del PRT-ERP y la Juventud Guevarista que se hacían en la imprenta de San Andrés.

“La Justicia tiene que darles a las víctimas, al menos el derecho a ser escuchadas. Si todas estas víctimas no son escuchadas, la puerta cerrada para ellas equivale a 10, 12 o 14 años de espera a la posibilidad, no certeza, posibilidad, de que tengan que volver a pelear en Instrucción para llegar 12, 13 o 14 años después a un juicio oral, como estamos viendo qué ocurre”, dijo Llonto invocando la  Ley de Víctimas: “que expresamente en su artículo tercero establece el derecho a ser escuchada, el derecho a la verdad y el derecho a la reparación”. El abogado querellante puso énfasis en este punto: “no pueden esperar más de una década de nuevo para ser escuchadas por primera vez en su vida en un debate oral”. Vale recordar que es la primera vez que se juzga a los crímenes de Lesa Humanidad cometidos por el RIM 6 de Mercedes. Por último, Llonto pidió se les permita a las familias la posibilidad de exponer y que es necesario que los jueces “repongan esta resolución que han tomado”. 

Las demás partes acusatorias coincidieron con la actuación de la fiscal Angeles Ramos y de la querella encabezada por Pablo Llonto. La respuesta del presidente del tribunal fue escueta: “ Se tiene presente entonces todo lo manifestado” y pasó a un cuarto intermedio hasta la próxima audiencia.