Masacre de Wilde -día 1- Comenzó el juicio por la Masacre de Wilde con viejos planteos de las defensas

Con una puesta en escena de los abogados defensores de los 8 policías imputados por la Masacre de Wilde, comenzó el juicio oral, a menos de tres meses de cumplirse 29 años del cuádruple homicidio ocurrido en 1994.

Por Colectivo de Medios Populares*
Redacción: Carlos Rodríguez

Luego de escuchar las fuertes acusaciones de la Fiscalía y los querellantes, que anticipan un pedido de perpetua por la “ejecución sumaria” de 4 personas y la “tentativa de homicidio” del único sobreviviente, las defensas repitieron como loros caducos argumentos sobre supuestas nulidades ya rechazadas por el Tribunal Oral 3 de Lomas de Zamora en la audiencia preliminar del debate.

La fiscal Viviana Simón y su adjunto, Jorge Benetti, dijeron que 11 policías —tres de ellos ya fallecidos— vestidos de civil que se movilizaban en cuatro vehículos no identificables, actuaron “sin motivaciones legales” contra los dos autos en los que viajaban las 4 víctimas y Claudio Díaz, el sobreviviente, quien estuvo presente en la sala. Las pericias determinaron que hubo unos 270 disparos y a los policías se les secuestraron armas de guerra, incluyendo una ametralladora. La calificación legal del hecho es “homicidio agravado” triplemente calificado por “el concurso premeditado de dos o más personas, con alevosía” y por el hecho de ser personal policial.

Los representantes del Ministerio Público definieron que se trató de “una ejecución sumaria” de “seres humanos, sin ninguna justificación de tipo legal”. Señalaron que el hecho se dio el 10 de enero de 1994, cuando la cúpula policial bonaerense era señalada como responsable de “graves violaciones a los derechos humanos”. Sin señalarlo en forma explícita, aludieron a la existencia de lo que entonces era la “Maldita Policía” conducida por el comisario Pedro Klodczyk, dado de baja por hechos de corrupción.
Ciro Annicchiarico, uno de los querellantes, coincidió en que se trató de “una acción planificada” por los policías, que se movilizaron en grupos “con el único fin de matar”. Aseguró que se trataba de “funcionarios con poder de mando” que formaban parte de una fuerza que entonces “era considerada la mejor policía de la historia de la provincia de Buenos Aires”, mencionando en forma irónica una frase textual del entonces gobernador bonaerense Eduardo Duhalde.

En el virtual fusilamiento fueron asesinados el vendedor de libros Edgardo Cicutín, quien iba en un Dodge 1500 conducido por Claudio Díaz, el sobreviviente. En el otro vehículo baleado, un Peugeot 505, iban el remisero Norberto Corbo, y sus dos pasajeros, Claudio Mendoza y Enrique Bielsa.
En la acusación firmada por la primera jueza de instrucción del caso, Silvia González, se reunieron “todas las pruebas necesarias” como para imputar a los 11 policías, recordaron los querellantes Annicchiarico y Gustavo Romano Duffau, para enfrentar más de dos horas de parlamento de los abogados defensores, quienes armaron una escena combinada en la que dieron a entender que las supuestas víctimas son los victimarios.

Aunque está probado que no hubo armas ni disparos que partieran de los dos autos agredidos por los policías, las defensas llegaron a decir que las verdaderas víctimas “tenían un arsenal” y que fue “un enfrentamiento”, algo descartado desde 1994. El abogado Gabriel Leira llegó a decir que la causa contra los policías es “una grave estafa” del Poder Judicial y cargaron las tintas contra Gabriel Vitale, otro de los jueces que tuvo el caso. Leira consideró que los policías “ya fueron sobreseídos” en un juicio que en noviembre de 2013 fue declarado nulo por la Suprema Corte bonaerense, que ordenó la realización de un nuevo debate, que se realiza recién ahora, once años después de esa resolución. Para Leira es “cosa juzgada” y se lamentó por “la dura situación de personas (los policías) que desde hace más de 28 años tienen sobre sus espaldas una acción judicial”. Ni una palabra dirigida a los familiares de las víctimas que estuvieron presentes: Raquel Gazzanego, viuda de Cicutín, acompañada por sus hijos; y Patricia Cordo, la esposa del remisero asesinado.

La cosa fue mucho más allá cuando intervino otro de los letrados, José Manuel Ubeira, quien es además uno de los abogados que representa a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en el juicio “Vialidad”. Con palabras fuertes, se dirigió a los miembros del Tribunal 3 de Lomas para pedirles: “Ustedes tienen la responsabilidad de evitar que siga “esta grave estafa judicial” a la que llegó a comparar con “las violaciones a los derechos humanos”, usurpando figuras que son levantadas por la parte acusadora.
En un momento de su intervención, Ubeira comparó la situación de los policías con lo vivido “en la causa por el atentado contra la AMIA por mi defendido en ese juicio, el comisario Juan José Ribelli”. El abogado, que es columnista en C5N, recordó que “Ribelli soportó una acusación que se hizo a través del pago en dólares a un testigo falso (Carlos Telleldín), con dinero que salió de la ex SIDE”. Tanto él como los demás defensores, sostuvieron que la causa contra los policías fue armada por el Poder Judicial y por “la política”, en alusión a la situación institucional que se vivía en los años 90. Uno de los argumentos centrales es que, en algún momento, sin que se haya dado una explicación coherente, desaparecieron de los estados judiciales las armas secuestradas a los policías.

Raquel Gazzanego, en diálogo con el Colectivo de Medios Populares, recordó que las armas “ fueron llevadas a la Brigada”, supuestamente para su destrucción, como ocurre con los elementos de prueba que son guardados hasta que se diriman los casos judiciales correspondientes.
En una posterior intervención, tanto Annicchiarico como Romano Duffau, recordaron que “las armas no están disponibles por razones que ignoramos, pero lo único cierto es que en su momento fueron objeto de pericias (por parte de Gendarmería Nacional) y esas pericias fueron la prueba contundente para determinar a quiénes pertenecían cada una de ellas y quedó demostrado que fueron las utilizadas” en la Masacre de Wilde.

En consecuencia: “La prueba está incorporada a la causa desde 1994 y eso es irrebatible”. Los policías que llegaron al juicio son Roberto Mantel, Eduardo Gómez, Osvaldo Lorenzón, Marcelo Valenga, Julio Gatto, Pablo Dudek y Marcos Ariel Rodríguez. Fallecieron Hugo Reyes, César Córdoba y Carlos Saladino. Ninguno de los imputados accedió a responder preguntas en esta primera audiencia y Dudek pidió dejar de concurrir al recinto, alegando problemas de salud.

Colectivo de Medios Populares: Colectivo de Medios Populares: Colectivo de Medios Populares: La Retaguardia / FM Riachuelo / Sur Capitalino / Revoluciones / Radio Presente