Masacre de Wilde: la fiscalía pidió perpetua para todos los policías

La fiscal Viviana Simón sostuvo que hubo “un fin común” que fue el de “ejecutar a las víctimas, a las que emboscaron en la zona de Wilde”. Hoy y mañana alegatos de las querellas.

Por Colectivo de Medios Populares*
Redacción: Carlos Rodríguez

La fiscal Viviana Simón solicitó al Tribunal Oral 3 de Lomas de Zamora que de haber un fallo condenatorio “se ordene la inmediata detención” de los acusados, dada la gravedad del hecho, con cuatro homicidios y uno más en grado de tentativa. Lo hizo al pedir perpetua para los 7 policías imputados. 

En la causa hay elementos que hacen deducir que fue un “ajuste de cuentas” con alguna de las víctimas, relacionadas con los policías como “informantes”, y un tema de drogas que involucraba en forma directa a policías de la Brigada de Investigaciones de Lanús. En la causa fueron mencionados por testigos los ex comisarios Mario “Chorizo” Rodríguez y Aníbal De Gastaldi, dos encumbrados personajes de la “maldita policía”. 

La fiscal consideró que “no hay eximentes de responsabilidad”, ni la legítima defensa, porque no hubo “enfrentamiento” alguno. Tampoco habilitó el argumento del “error” en el caso del ataque al auto en el que iban los vendedores de libros Edgardo Cicutín, asesinado, y Claudio Díaz, el sobreviviente. Viviana Simón, en cambio, mencionó una serie de agravantes: 

• El riesgo del peligro común por efectuar disparos en una zona residencial  que pudieron afectar a un número indeterminado de vecinos de Wilde. 
• El carácter de funcionarios públicos de los imputados. 
• Y la falta real de acceso a la Justicia de las víctimas y de sus familiares. 

La fiscal mencionó de manera especial los casos de “Raquel Gazzanego (viuda de Cicutín), quien el día del hecho preparaba comida para el bautismo de su hijo; de  Patricia De Angelis, la viuda de Corbo, quien estaba esperando el regreso de su marido que había ido a trabajar”, y el del sobreviviente Claudio Díaz, “que vendía libros a crédito”. Por todo esto, calificó el caso como “homicidio calificado reiterado en cuatro hechos, más uno en grado de tentativa, todos en concurso real entre sí”.  

Simón cuestionó la demora de casi 29 años para acceder a la Justicia por parte de los familiares. Insistió en mencionar “el estado de desamparo” de Raquel Gazzanego y Patricia De Angelis, las viudas de Cicutín y Corbo, dos mujeres solas, con niños pequeños, lo que constituye un plus en el reproche penal” que corresponde en esta causa. 

Comparó la situación de las víctimas con los veinte años que vivió en Córdoba, como prófugo, el cabo Marcos Ariel Rodríguez, uno de los imputados. “Tuvo una vida normal, un placer que no tuvieron las víctimas”. Definió lo sucedido como “un ataque múltiple a cinco seres humanos realizado ordenadamente y siguiendo un plan previamente acordado en dos secuencias de un mismo hecho”. Todo se hizo “sin advertencia previa y sin ser agredidos en modo alguno” por las víctimas. 

Los hechos según la fiscalía

La acusación consideró probado que el 10 de enero de 1994, cerca de las tres de la tarde, doce policías de la Brigada de Investigaciones de Lanús, con sede en 12 de Octubre 234 de Avellaneda, mataron de manera intencional a cuatro personas e intentaron matar a una quinta. Se recalcó que los autores del hecho, que se movilizaban en cuatro autos particulares y vestidos de civil, actuaron como “un pelotón de fusilamiento”. 

Los hechos ocurrieron en forma sucesiva en Ramón Franco y Lobos, y en Moreno al 5400, en la localidad de Wilde, fuera de la jurisdicción de la Brigada de Investigaciones de Lanús, cuyas áreas de intervención eran esa localidad y Lomas de Zamora. El entonces jefe de la Brigada de Lanús, José Miguel Ojeda, justificó la presencia de sus subordinados en una jurisdicción ajena a “un pedido de comerciantes que aportaban muchas sumas de dinero” a esa dependencia policial. Al principio del caso se había dicho que concurrieron ante un supuesto intento de robo a una entidad bancaria, hecho desmentido luego por la Intendencia de Avellaneda y por el Banco Central, que coincidieron en que el 10 de enero de 1994 no hubo ningún reporte de un hecho delictivo de esa naturaleza. 

El operativo

Desde Santos Lugares partieron en forma conjunta el Peugeot 505 conducido por Norberto Corbo, en el que iban como pasajeros Héctor Enrique Bielsa y Gustavo Mendoza; y un Dodge 1500 color amarillo-naranja  conducido por el remisero Guillermo Correa, en el que iban Andrés Quintana y Gustavo Leguizamón. Los dos pasajeros estaban relacionados con una de las víctimas, Héctor Enrique Bielsa. 

Por otro lado, desde Palermo, donde trabajaban en una editorial de libros, partió el Dodge 1500, similar al conducido por Correa, en el que iban Edgardo Cicutín y Claudio Díaz, único sobreviviente. 

La Fiscalía sostuvo que “no fue casual” el viaje a Wilde, lejos de Santos Lugares, de los autos conducidos por Corbo y Correa. Y que tampoco fue “casual” que los policías salieran hacia el mismo lugar, fuera de su zona de influencia. Alberto Molina, comisario de la Bonaerense, y Silvio Cuadros, comisario de la Federal, confirmaron que Bielsa era “un colaborador” de ellos en la resolución de casos porque “quería a la policía y era un policía frustrado”. Cuadros había trabajado en la Brigada de Lanús y conocía a César Córdoba, ya fallecido, subjefe de la Brigada de Lanús que estuvo imputado en la causa. Cuadros aclaró que Bielsa “no era un buchón, sino su colaborador”. 

Cristian Bielsa, ya fallecido, hijo de Héctor Enrique Bielsa, declaró en la Instrucción que ellos tenían “los teléfonos chupados” por la policía. Dijo incluso que creía que su padre se había reunido con Córdoba en la pizzería Los Ases de Santos Lugares, días antes de los hechos. 

La fiscal Simón dijo que todo demuestra que fue “un encuentro concertado”, que luego se transformó en una emboscada en la que se vio involucrado, sin comerla ni beberla, el Dodge 1500 en el que iban Cicutín y Díaz, vehículo que era parecido al de la misma marca que había partido de Santos Lugares. 

El testigo Carlos Alberto Ancharte, quien dijo haber sido informante del corrupto ex comisario Mario “Chorizo” Rodríguez, de la Brigada de Investigaciones de La Matanza, declaró que cuando estuvo preso en Olmos recibió la visita de Bielsa, quien era “informante de la policía”. 

Según dijo Ancharte, el propio Bielsa le habría dicho que “vendía cocaína para la Brigada de Lanús”. Luego de la Masacre de Wilde, Ancharte fue visitado en la cárcel por el comisario Aníbal De Gastaldi, separado de la Brigada de Quilmes por estar imputado en una causa por “enriquecimiento ilícito”. De Gastaldi le aconsejó que no dijera nada acerca de Bielsa porque había “un quilombo bárbaro” por la Masacre de Wilde.  

La Fiscalía sostuvo que “no fue casual” el viaje a Wilde, lejos de Santos Lugares, de los autos conducidos por Corbo y Correa. Y que tampoco fue “casual” que los policías salieran hacia el mismo lugar, fuera de su zona de influencia. Alberto Molina, comisario de la Bonaerense, y Silvio Cuadros, comisario de la Federal, confirmaron que Bielsa era “un colaborador” de ellos en la resolución de casos porque “quería a la policía y era un policía frustrado”.

La fiscal dijo que algunos  dichos de Ancharte coinciden con lo que apareció en las escuchas del teléfono de Bielsa. Todo indica que los policías de la Brigada de Lanús armaron la emboscada porque pensaban que Bielsa se había quedado con una parte de un cargamento de cocaína, pero al parecer quien lo había hecho fue Mendoza, el otro fallecido en el Peugeot 505. 

En la causa, las pruebas señalan de manera contundente que Corbo y Correa, el otro remisero, eran totalmente ajenos a la trama oculta de este caso. Sin embargo, los pasajeros Quintana y Leguizamón, que iban en el otro Dodge 1500 y que tenían antecedentes, fueron detenidos luego de un breve intercambio de disparos en el que no hubo víctimas.  

Los otros dos autos fueron atacados por doce policías armados con pistolas reglamentarias, armas largas y ametralladoras. Para puntualizar la violencia de la agresión policial, la fiscal citó parte del relato del sobreviviente Claudio Díaz, quien escuchó los gritos de dolor de su compañero Cicutín, a quien un policía le decía: “Tranquilo gordito, que ya viene la ambulancia”. Cuando bajaron del Dodge, Díaz vio a seis o siete policías formados “en abanico”. Lo mismo describieron los testigos que vieron el ataque al Peugeot 505 conducido por Corbo. 

Los dos autos recibieron disparos desde la derecha, la izquierda y desde atrás. A Díaz, tirado en el piso, con un pie sobre su espalda, le decían: “¿Dónde están los fierros?”. El único “fierro” que llevaba era su lapicera, relató Díaz en el juicio.  

Aunque los policías sostuvieron que hubo “enfrentamientos”, con los ocupantes de los dos autos baleados, las pericias demostraron lo contrario. No hubo registros de impactos de bala en los cuatro autos policiales: un Renault 12, un Peugeot 504, un Renault 21 y un Volkswagen Gol. Y por supuesto, ningún policía sufrió herida ni lesión alguna. 

No hubo armas en los autos baleados, salvo las “plantadas” por los policías en el Peugeot conducido por Corbo. En cambio, los policías fueron armados como para una guerra: once pistolas 9 milímetros; una carabina; dos fusiles Uzi 9 milímetros y tres Itaka. 

La autopsia confirma que las cuatro personas fallecidas “fueron acribilladas”, tal como confirma el peritaje de las ropas, que muestran “una multiplicidad de proyectiles” que impactaron sobre los cuerpos. La autopsia determinó que Cicutín recibió disparos cuando todavía estaba en el interior del auto y luego, cuando bajó del mismo. En el caso de Corbo, Bielsa y Mendoza, los impactos los recibieron sentados en el vehículo. En los dos autos los disparos provenían de atrás, de la derecha y de la izquierda, lo que confirma la posición “en abanico” de los policías. 

Las pericias balísticas demostraron que todos los imputados tuvieron intervención en el hecho y que accionaron sus armas. Hubo al menos 62 impactos en el Peugeot 505 y 36 en el Dodge 1500. Los disparos partieron de tres grupos de fuego en forma simultánea. Si bien la mayoría de los imputados deslindaron toda la responsabilidad en Rodríguez, la Fiscalía dio por probada la participación de todos los policías. 

De los doce policías que dispararon, llegaron al juicio los comisarios Roberto Mantel y Eduardo Gómez, los oficiales Osvaldo Lorenzón, Julio Gatto y Marcelo Valenga, el subteniente Pablo Dudek y el cabo Marcos Ariel Rodríguez. En la audiencia en la que alegó la Fiscalía, la defensora de Dudek, informó que su representado no pudo concurrir porque está internado en terapia intensiva por una enfermedad grave. 

Por otro lado, aunque no estuvo presente y no es mencionado por los jueces en el debate, todavía sigue imputado el subteniente Marciano González, quien sufrió un ACV hace un año. Hugo Reyes, César Córdoba y Carlos Saladino murieron impunes. El número 12 es Roque Cintino, que estuvo en el operativo y fue sobreseído porque se comprobó que el arma que llevaba fue utilizada por el procesado Rodríguez. 

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