Masacre de Wilde: Las defensas reflotaron viejos argumentos

Los primeros dos alegatos en defensa de los policías imputados culpabilizaron a las víctimas por sus propias muertes. ¿Qué dijeron?

Por Colectivo de Medios Populares*

Redacción: Carlos Rodríguez

En los dos primeros alegatos de las defensas de los policías imputados por la Masacre de Wilde, hubo coincidencia en quitarle telarañas a la vieja fábula del “enfrentamiento armado”. En ambos casos se pidió la absolución de los acusados, pero el alegato de la abogada Liliana Martínez superó todos los límites imaginables. Lo hizo cuando calificó de “delincuente” al remisero Norberto Corbo, y cuando insinuó que la culpa del asesinato del vendedor de libros Edgardo Cicutín fue de otra de las víctimas, Daniel Antonio Díaz, el único sobreviviente. 

Liliana Martínez, quien representa a tres de los imputados, recordó que Díaz fue integrante de la Policía Federal. Con ese dato, señaló que debía saber que en lugar de tratar de huir de la Brigada de Investigaciones de Lanús que los perseguía sin motivo, tendría que haber arrimado el Dodge 1500 al cordón y quedar a disposición de los policías. Lo que omitió la doctora Martínez es que los autos que los perseguían eran particulares, que no hubo voz de alto, ni balizas, ni sirenas, ni uniformes que los acreditaran como policías. También omitió que el Dodge recibió –al menos— 36 impactos de bala, y que los disparos mortales recibidos por Cicutín fueron por la espalda, cuando ya había bajado del auto y estaba con las manos en alto, sin armas, porque nunca en su vida usó armas. En el caso, además de Cicutín y Corbo, fueron asesinados Héctor Enrique Bielsa y Gustavo Mendoza. 

El primero en exponer su alegato fue el defensor oficial Roberto Fernández, quien pidió la absolución de sus representados, Eduardo Gómez y Osvaldo Lorenzón. Al igual que su colega Martínez, alegó que fue un caso de “legítima defensa”, porque hubo un “enfrentamiento armado”. Fernández, al menos, dijo que no tiene dudas sobre “la honorabilidad” de Cicutín y de Díaz. 

Un alegato de uniforme

La doctora Liliana Martínez, quien representa a Roberto Oscar Mantel, Julio César Gatto y Pablo Francisco Dudek, se presentó como una experta en lo que se refiere al funcionamiento de las brigadas policiales. Lo fundamentó diciendo que su padre fue integrante, desde 1956, de la Brigada de Investigaciones de Quilmes. Por otro lado, dijo que entre 1985 y 1989 fue tesorera de una cooperadora policial. 

Sobre las brigadas, sostuvo que “siempre, pero siempre, han vestido de civil”, y que “no existía jurisdicción, actuaban en todos los lugares donde había que intervenir”. En la causa se dijo que el área de acción de la Brigada de Lanús era ese partido y Lomas de Zamora, de manera que no era normal que intervinieran en Wilde, Avellaneda. 

Trató de minimizar la frase de uno de los querellantes en el sentido que los policías del caso Wilde estaban “armados hasta los dientes”. Para Martínez, el armamento con que contaba la Brigada era “más bien escaso, no como en las series norteamericanas”. 

Agregó que el funcionamiento de esas armas “dejaba que desear y por eso, el que podía se compraba la propia”. En la Masacre de Wilde se hicieron cerca de 270 disparos con pistolas 9 milímetros, carabinas, Itakas, ametralladoras Uzi, escopetas 12,70 y otras armas, algunas propiedad de los policías que intervinieron. 

Martínez insistió en que había “una escueta colección de armas largas que, como podían, cumplían con su cometido”. Y ante un operativo, “todo el mundo tomaba la que podía, no había un numerario que se las iba entregando de manera ordenada”. Quiso decir que, por eso, se tardó tanto en saber qué armas usaron cada uno de los 12 policías que actuaron en la masacre. 

Reflotó el tema del “enfrentamiento armado”, desechado por la Fiscalía y por los querellantes. Aseguró que “quien nunca estuvo en un enfrentamiento, nunca sintió peligrar la vida, la propia o la de un compañero”. 

Luego defendió la labor de las Cooperadoras Policiales, de la que fue tesorera. Trató de disipar el halo de corrupción que siempre rodea a esas organizaciones que reciben donaciones de los vecinos y que han generado investigaciones por enriquecimiento ilícito. 

Según Martínez, “los vecinos controlaban los libros y se han prestado a llevar la contabilidad”. 

Agregó que el dinero recaudado “era para comprar combustible, ropa, borcegos, municiones y hasta para pagar adelantos de sueldo”. Subrayó que “la verdad nunca se puede modificar”, frase que provocó movimientos en el sector de los que acusan. 

Su pedido de absolución, se basó en los fallos que dictó en ese sentido la Cámara de Apelaciones de Lomas de Zamora, y que fueron desestimados en 2013 por la Suprema Corte bonaerense. Ese fallo fue el que permitió, nueve años después, llegar al presente juicio. Los defensores citaron un fallo de cámara que fue invalidado y por lo tanto, no puede incorporarse por lectura a la causa. 

Martínez dijo que en los dos autos que partieron de Santos Lugares, fueron secuestradas ocho armas de fuego. Se refiere al Peugeot 505 manejado por Corbo, en el que iban Bielsa y Mendoza; y el Dodge 1500 amarillo conducido por el remisero Guillermo Correa, en el que iban Andrés Quintana y Gustavo Leguizamón. Al describir las armas, citó como fuente principal a los imputados. Insistió en que los dos autos fueron a Wilde “con fines inconfesables”. 

Volvió a citar el viejo argumento de “las tareas de prevención” de la Brigada y de la “actitud sospechosa” de los ocupantes de los dos autos. A contramano de lo que dijeron los testigos presenciales, afirmó que los policías colocaron las balizas e hicieron sonar las sirenas que nadie en el barrio dijo haber escuchado.  

Llegó a señalar que Corbo estaba armado y disparaba, cuando un testigo señaló que al ver al remisero ya inmóvil, fallecido, un policía le quiso poner un arma en la mano y no pudo. Argumentó, contra la evidencia en la causa, que las tres armas “plantadas” en el Dodge 1500 estaban en condiciones de ser utilizadas, cuando las pericias dijeron lo contrario. 

Acusó a los ocupantes del Peugeot 505 de “tenencia de armas de guerra, resistencia a la autoridad y abuso de armas”. Los policías, en cambio, “actuaron en cumplimiento de su deber”.  

Después llegó el desborde, cuando habló del “extraño comportamiento” de Claudio Díaz, conductor del Dodge 1500 que fue confundido con el similar que había partido desde Santos Lugares. Recordó que Díaz dijo en la audiencia que fue personal policial. Recalcó, como si fuera culpa de Díaz, que salió “completamente ileso” y se preguntó “por qué huía”, cuando “debía detenerse e identificarse”. Dio a entender que si lo hubiera hecho, Cicutín estaría con vida. 

Luego fustigó a la Suprema Corte por su decisión de “investigar hasta las últimas consecuencias”, y opinó que el actual proceso podría llegar a ser “una violación a los derechos humanos” de sus defendidos. 

En su entusiasta y desmesurado alegato, llegó a confundir lo que significa una violación a los derechos humanos en tiempos de paz, con intervención de un órgano del Estado, con el Derecho Internacional que se aplica en hechos ocurridos en un conflicto bélico. 

Luego regresó a la realidad del juicio por la Masacre de Wilde y sostuvo que “no hubo ejecución sumaria”, como dijeron las partes acusadoras, y que se intenta “dibujar la autoría de un delito imprescriptible”. 

“Solo fue un enfrentamiento entre fuerzas de seguridad y delincuentes comunes donde murió un civil, Edgardo Cicutín, algo que fue una auténtica tragedia, pero lamentablemente fue inevitable”, puntualizó. 

Por entender que “no hay elementos de prueba”, solicitó a los jueces del Tribunal Oral 3 de Lomas de Zamora la absolución de Mantel, Gatto y Dudek. Cerró con un deseo: “Que la Virgen nos acompañe al momento de emitir el decisorio”. Lo expresó, mirando a los jueces. 

El alegato de Fernández

El defensor oficial Roberto Fernández dijo que sus representados, Gómez y Lorenzón, actuaron en “legítima defensa”, en el marco de un “enfrentamiento armado” con las víctimas. Al igual que Martínez, argumentó que los primeros en disparar fueron las víctimas, aunque no hay registro de impactos de bala en los autos policiales y ninguno de los imputados recibió herida o lesión alguna. 

En relación con el homicidio de Edgardo Cicutín, Fernández estimó que fue “un error de prohibición indirecto”. Esto quiere decir, en opinión del defensor, que los policías “actuaron en forma equivocada, pero creían que lo estaban haciendo en el marco de una legítima defensa”. Admitió que ni Díaz ni Cicutín tenían nada que ver con el presunto enfrentamiento. “No ponemos en duda la honorabilidad de Cicutín y Díaz, quienes fueron ajenos a cualquier hecho delictivo”, aclaró. 

Rechazó la calificación de “plan criminal” que le dieron al accionar policial la Fiscalía y las querellas. “Los policías salieron en prevención de salideras bancarias”, aseveró. 

Los alegatos de las defensas se completarán entre hoy y mañama, desde las 11, esta vez en la Sala 2 del tercer piso de los Tribunales de Lomas de Zamora. Hoy fue el turno de José Manuel Ubeira y Gabriel Leira, quienes representan a Marcelo Valenga, y el martes será el alegato de María Celeste Vázquez, la defensora del cabo Marcos Ariel Rodríguez.

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