29 años de la Masacre de Wilde y los condenados siguen libres

Este martes 10 de enero se cumplen 10.592 días —29 años— del asesinato de cuatro personas y el intento de homicidio de una quinta, ejecutados por 12 policías de la Brigada de Investigaciones de Lanús. El 19 de diciembre pasado, siete de esos policías fueron condenados a 25 años de prisión, pero siguen en libertad hasta que la sentencia, que fue apelada por las defensas, quede firme.

Redacción: Carlos Rodríguez
Edición: Pedro Ramírez Otero

Raquel Gazzanego, viuda de Edgardo Cicutín, una de las víctimas, recordó la fecha del fusilamiento de su esposo y pidió a la población su ayuda para que se cumplan las restricciones ordenadas por la Justicia, para impedir cualquier intento de fuga de los siete sentenciados. Las otras personas asesinadas el 10 de enero de 1994 fueron Norberto Corbo, Héctor Enrique Bielsa y Gustavo Mendoza. El único sobreviviente es Claudio Díaz.

El comunicado de las víctimas es acompañado por las fotografías, los datos personales y los domicilios declarados por los siete condenados: Marcos Ariel Rodríguez, Marcelo Daniel Valenga, Eduardo Ismael Gómez, Roberto Oscar Mantel, Pablo Francisco Dudek, Julio César Francisco Gatto y Osvaldo Américo Lorenzón.

“Te pedimos prestados tus ojos, cual cámara ciudadana, para que se cumpla con lo que se dictó en la sentencia del 19 de diciembre de 2022”, dice el comunicado de Raquel Gazzanego, al que tuvo acceso La Retaguardia. La Fiscalía y las querellas habían solicitado que, de haber veredicto condenatorio, se ordenara la inmediata detención de los policías, pero los jueces del Tribunal Oral de Lomas de Zamora resolvieron que los condenados vayan a prisión cuando la sentencia quede firme. Mientras tanto, los policías deben cumplir una serie de medidas que ponen límites a sus movimientos.

Gazzanego recordó cuáles son esas obligaciones que deben respetar los condenados “bajo apercibimiento de efectivizar” las detenciones en forma inmediata “ante su incumplimiento, conforme lo dispuesto en el artículo 371 del Código Procesal Penal”.

Estas son las obligaciones que deben cumplir los siete policías condenados:

Fijar residencia “dentro del ámbito de la Provincia de Buenos Aires y someterse al control del Patronato de Liberados de la jurisdicción territorial de sus domicilios, debiendo concurrir (…) cada diez días a efectos de labrar las actas compromisorias”. El único exceptuado de estas normas es Pablo Francisco Dudek, teniendo en cuenta su estado de salud. En su caso, el control se debe realizar “mediante un sistema alternativo”.

“Prohibición de ausentarse del domicilio por un término mayor a 24 horas, sin previa autorización de la autoridad judicial”.

“Prohibición de acercarse y desarrollar manifestaciones de hostigamiento por cualquier medio, a los damnificados, familiares, sus representantes legales y testigos”.

“Prohibición de salir del país sin autorización judicial previa, anoticiando en debida forma de ello a la Dirección Nacional de Migraciones mediante oficio de estilo”.

Gazzanego reiteró que los familiares de las víctimas están “satisfechos de haber podido celebrar un juicio que por las trabas impuestas por las defensas se creía que nunca se iba a concretar”.

La satisfacción es también porque se llegó al juicio y a la sentencia “a pesar de que los abogados defensores desplegaron todo tipo de artilugios, soberbia y burlas”, con “el único fin de conseguir la absolución de sus defendidos”.

Las objeciones que hicieron a la sentencia se debe a que el hecho fue calificado por el Tribunal Oral 3 como “homicidio simple”, mientras que la Fiscalía y las querellas habían pedido condenas por “homicidio agravado con alevosía, con el concurso premeditado de dos o más personas”. Por esas razones, las querellas anunciaron que presentarán en su momento un recurso de Casación para insistir con esa calificación de los hechos.

Los defensores de los siete policías apelaron el fallo condenatorio y como había dicho Gazzanego al comienzo de la audiencia, la batalla por la “justa justicia” que reclaman tiene todavía varias instancias por dirimir.

Un hecho que llamó la atención fue la renuncia, como defensora, de la doctora Liliana Martínez, una encarnizada defensora de la Policía Bonaerense. Su padre fue integrante de la Brigada de Investigaciones de Quilmes. La abogada representaba a los policías Roberto Oscar Mantel, Julio César Gatto y Pablo Francisco Dudek.

fotos-imputados