Piden 2 años de prisión para el policía Balbuena y sus jefes por espionaje ilegal
Por LR oficial en CABA, Policías a juicio
En los alegatos del juicio por espionaje la querella y la fiscalía pidieron la pena máxima posible de 2 años de prisión para los 3 policías imputados. El martes alega la defensa y ese mismo día se conocerá el fallo del juez Daniel Rafecas.
Redacción: Carlos Rodríguez
Edición: Pedro Ramírez Otero
En la causa por la infiltración de Américo Balbuena en la agencia de noticias Rodolfo Walsh, desde la querella solicitaron “que haya condena para los culpables, para que no se naturalicen estos delitos”. Liliana Mazea y Matías Aufieri reclamaron además que “se abran los archivos” secretos para identificar al personal policial que realiza “este accionar sistemático del Estado”.
El fiscal Ariel Quety coincidió con la querella en que lo realizado por el espía Américo Balbuena, con la complicidad de sus dos jefes, Adolfo Ustares y Alejandro Sánchez, fue “a todas luces incompatible con su función”. Subrayó que fueron “acciones deliberadas, sistemáticas y prolongadas en el tiempo”, ya que estuvo infiltrado entre 2002 y 2013.
Tanto la querella como el fiscal pidieron que se condene a Balbuena y a sus dos jefes por el delito de “abuso de autoridad” e incumplimiento de los deberes de funcionario público. La pena máxima es de dos años de prisión.
El abogado querellante Aufieri le dijo a La Retaguardia que “la condena tiene que ser un símbolo, tiene que servir para que estos delitos no vuelvan a ocurrir y para que sepamos el nombre de todos los que son responsables”.
El martes próximo se realizarán los alegatos de los abogados defensores de los tres imputados y ese mismo día se conocerá el veredicto. Los fundamentos serán difundidos el viernes 31 de marzo.
Por la querella, habló en primer lugar Liliana Mazea, quien recordó que los comisarios Adolfo Ustares y Alejandro Sánchez, jefes de la División Análisis de Seguridad de la Policía Federal, definieron al espía Américo Balbuena como “una persona de pocas luces”. Sus dichos contrastan con las calificaciones en el legajo de su subordinado. “Todas son excelentes y lo ubican (a Balbuena) en un lugar de privilegio” dentro del organigrama de la División Análisis de Seguridad. Algunas de esas menciones elogiosas están refrendadas con la firma del propio Sánchez, quien en la audiencia dijo no recordar la tarea que realizaba Balbuena.
Mazea aludió a los dichos de Balbuena en el sentido de que “nunca dañó a ninguno de los entrevistados” cuando se hacía pasar por periodista de la agencia Walsh. La abogada consideró que lo que hizo Balbuena provocó “un daño inconmensurable a la agencia Walsh y a toda la sociedad”.
La querellante mencionó, además, que el grupo policial funcionaba en Moreno 1417, en el mismo lugar donde estuvo la Superintendencia de Coordinación Federal, sinónimo de represión, secuestros y desapariciones durante los años sesenta y setenta, como informó La Retaguardia.
En el mismo lugar, dijo Mazea, estuvo el Grupo de Tareas 2, que dependía del Primer Cuerpo de Ejército, responsable en los años setenta “del atentado contra el radical Hipólito Solari Yrigoyen o del asesinato del diputado peronista Rodolfo Ortega Peña”, entre otros hechos de violencia política.
Más cerca en el tiempo, la abogada recordó que en diciembre de 2001, los servicios de inteligencia de la Federal tuvieron participación activa en los hechos de violencia institucional que produjeron cinco muertes en los alrededores de la Plaza de Mayo. Por esos hechos “fueron condenados el entonces jefe de Policía, Rubén Santos, y el exsecretario de Seguridad Enrique Mathov”, junto con varios integrantes de la fuerza.
Por su parte, Aufieri señaló que la disolución de los grupos de inteligencia de la Federal fue solicitada en una sesión del Congreso Nacional y el exjefe de Gabinete Jorge Capitanich se comprometió a “su disolución con premura”, pero eso nunca ocurrió.
Con posterioridad, la diputada y exministra de Seguridad Nilda Garré presentó un proyecto para terminar con las “normativas secretas” que preservan a los miembros de esos grupos de inteligencia.
También criticó dichos del actual ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, quien “ridiculizó la demanda porque parecía algo del Siglo XVI”. A pesar de las piedras en el camino, la presente causa llegó a juicio luego de más de diez años de espera.
Para corroborar la tarea de inteligencia realizada en forma ilegal por Balbuena, citó las pruebas documentales aportadas por el perito Matías Castellani, quien el 21 de mayo de 2013 participó en el allanamiento al domicilio del espía policial. El experto marcó como un hecho central “la inusitada cantidad de archivos borrados” en computadoras y dispositivos electrónicos encontrados en la casa.
Un dato clave que aportó Castellani fue que esos archivos fueron borrados “18 días antes” del allanamiento. Esto conduce a una fecha, el 3 de mayo del mismo año. Ese fue el día en que la entonces ministra Nilda Garré dispuso el pase a “disponibilidad preventiva” de Balbuena y del comisario Sánchez. Eso fue el preámbulo de la apertura de la presente causa judicial.
De todos modos, en la oficina de Sánchez, se hallaron “fichas en blanco” como las que se han encontrado en otros servicios de inteligencia. Se utilizaban para asentar allí las referencias correspondientes a dirigentes sociales, gremiales, políticos y estudiantiles. En las fichas se hacía una radiografía completa sobre el pensamiento político y las actividades de esos referentes. Eso está prohibido por las leyes vigentes. En un disquete se encontró una de esas fichas completa, con los datos de Gustavo Franquet, integrante de la Gremial de Abogados y Abogadas, entidad que asume la defensa de dirigentes e integrantes de organizaciones populares.
Desde la querella señalaron que, aunque sus jefes dijeron que Balbuena realizaba “tareas administrativas”, están probadas sus actividades externas bajo la pantalla que le daba su supuesta condición de “periodista” de la agencia Walsh. Eso lo convierte en integrante del “servicio externo”, es decir que confirma su condición de espía. Su trabajo está certificado en una planilla incorporada a la causa que incluso fue corroborada por Sánchez con su firma. “Los integrantes del cuerpo realizaban actividades sin uniforme y sin identificarse como policías, lo que no era otra cosa que investigaciones ilegales”.
Los querellantes solicitaron al juez Daniel Rafecas que condene a los tres imputados como coautores del delito de “abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público”. Los abogados sostuvieron que la actividad desarrollada por Balbuena fue “una grave violación a los derechos humanos” porque fueron afectados los derechos y garantías constitucionales de las personas que fueron investigadas en forma ilegal.
Por eso solicitaron “que haya condena para los culpables, para que no se naturalicen estos delitos” que sirven incluso para la realización de “causas armadas” sobre la base de datos falsos de las personas investigadas.
Citaron también las investigaciones ilegales contra 500 personas, entre periodistas, empresarios y políticos, realizadas por la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) durante el gobierno de Mauricio Macri. Hasta recordaron el caso de Mónica Amoroso, la espía de la Federal que se casó con el entonces diputado Miguel Doy, de Nueva Dirigencia, para espiar a su jefe político Gustavo Béliz.
Además de la condena, la abogada y el abogado señalaron la necesidad de que “se abran los archivos secretos para que se sepan los nombres de todos los infiltrados porque estos no son casos aislados sino un accionar sistemático del Estado”.
Alegato del fiscal
A su turno, el fiscal Ariel Quety dijo que coincidía con los argumentos expuestos por la querella. Sostuvo que el accionar de los imputados “es incompatible porque afecta en forma doble el bien jurídico: afecta a la Administración Pública y a los derechos y garantías de las personas” que fueron investigadas en forma ilegal. Agregó que hubo “acciones deliberadas, sistemáticas y prolongadas en el tiempo”.
Lo hecho por Balbuena, con el aval de sus jefes, fue “una búsqueda de información incompatible con su función policial”. Lo que hizo fue “a todas luces incompatible” porque estableciendo “un vínculo de confianza obtuvo información prohibida” tratándose de un agente de inteligencia.
En ese sentido, mencionó lo declarado en el juicio por María del Carmen Verdú, referente de la Coordinadora contra la represión Policial e Institucional (CORREPI): “Lo que sentimos es que Balbuena nos estaba pasando la lupa”. El fiscal recalcó que el espía registraba “horas y horas de grabación en las sombras con su accionar ilícito”.
Sobre el comisario Sánchez, recalcó que “conocía la condición de ‘periodista’ de Balbuena (en la agencia Walsh) y eso era demasiado útil para el grupo policial”. Mencionó también “la disponibilidad horaria de Balbuena, quien hasta se costeó un viaje a Mar del Plata para cumplir con sus funciones ilegales”. Eso demuestra que “para Balbuena lo que hacía no era un hobby”.
Quety pidió que los tres imputados sean condenados “a dos años de prisión con el doble de inhabilitación para ocupar cargos públicos”.