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Puente 12 III -día 4- “Sanaría encontrar sus restos”

Escrito por el mayo 13, 2023


Alejandra Cravello aportó en la causa no solo su historia personal como hija de Ricardo, secuestrado y desaparecido en Puente 12, sino en la mirada general sobre un juicio por el que esperó toda su vida.

Redacción: Carlos Rodríguez
Edición: Fernando Tebele

A los 9 años, junto con sus cuatro hermanos menores, Alejandra Cravello sufrió el secuestro de su padre, Ricardo Alfredo Cravello. Junto con él se llevaron a María Cristina Lonardi, la mamá de tres de sus hermanos. Cuarenta y ocho años después, a los 57, Alejandra recién pudo exponer ante la Justicia su dolor, su reclamo de condena a los culpables, y pudo desandar el amoroso recorrido que hizo con sus hermanos para saber dónde estaban sus desaparecidos. 

La pareja fue secuestrada y torturada, como todos los que pasaron por el centro de exterminio de Puente 12. En un relato descarnado, Alejandra hizo referencia a las 24 personas, entre ellas Ricardo y María Cristina, que fueron secuestradas en un raid de 36 horas, en diciembre de 1975. En uno de los operativos, los secuestrados fueron nueve niños, ocho de ellos hijos o sobrinos de Roberto Santucho, líder del PRT-ERP, cuyos casos fueron expuestos en el juicio Puente 12 II.  

Denunció también la actitud inexplicable de las actuales autoridades políticas bonaerenses que no ponen fin al brutal cambio de fisonomía del predio de Puente 12. Consideró que eso es “inadmisible porque se trata” de un predio que debe ser preservado porque es “prueba en una causa judicial” que investiga el calvario sufrido por 185 personas, la mayoría asesinadas en la tortura. 

Aseguró que, a pesar de sus gestiones “formales e informales”, no son recibidos ni por el gobernador Axel Kisillof ni por el ministro de Seguridad, Sergio Berni. 

El testimonio de Alejandra fue tan contundente que, por primera vez en lo que va del juicio, hubo preguntas de una de las defensas. Horacio Romero Villanueva, quien representa al imputado Walter Roque Minod, ex jefe de Personal y de Logística del Batallón 601 de Inteligencia del Ejército, le hizo a la querellante una consulta capciosa: “¿Usted recuerda si en el año 1975 estaba vigente el Estado de Sitio?”. 

La respuesta fue rotunda: “También había leyes como la 20.840, que estuvo vigente hasta los años noventa, y otras leyes con las cuales podrían haber realizado juicios justos, entre comillas”, en lugar de las ejecuciones sumarias que realizaron en todo el país. 

El defensor intervino desde la comodidad de su casa, en forma virtual, ya que no concurre a la sala de audiencias de Comodoro Py 2002 donde se realizada el juicio Puente 12 III.   

Alejandra Cravello, de 57 años, es la mayor de cinco hermanos y tenía 9 cuando secuestraron a su padre, Ricardo Alfredo Cravello. “Toda una vida esperando justicia”, fueron sus primeras palabras. Ella y su hermana Valeria, son hijas del primer matrimonio de su padre. 

En 1969, Ricardo Cravello formó una nueva pareja con María Cristina Lonardi, “Nenina”, luego de separarse “en muy buenos términos” de la mamá de Alejandra. Se formó entonces una “familia ensamblada”, a la que se sumaron tres hijos de la nueva pareja: Paula, María Laura y Ricardo, el menor de los hermanos, nacido en 1975. 

Alejandra dijo que tenían “una vida normal” y que “no se notaba” la militancia de su padre y Nenina, ya que “no estaban clandestinos” como otros militantes de esos años.  

Antes de incorporarse al PRT, su padre había militado en el Partido Socialista, en grupos trotskistas como Praxis y en la Resistencia peronista. Ricardo Cravello se había recibido de maestro mayor de obra y fue estudiante de arquitectura y de sociología. 

Su padre y su pareja se mudaron a una casa grande, con jardín, en la zona de Olivos. La recomendación que recibieron ella y su hermana Valeria, fue la de no decir dónde quedaba la vivienda. Con marcada emoción, Alejandra recordó cuando iba a jugar a la oficina en la que trabajaba su padre y el relato fue llegando a la trágica noche del secuestro. 

En la primera semana de diciembre de 1975, finalizadas las clases, su papá las fue a buscar a la casa de su madre, como todos los fines de semana, pero no regresaron con su mamá el domingo, como era habitual, sino el lunes 8, porque estaban de vacaciones en el colegio. “Como siempre, mi papá tomó un café con mi vieja, hablaron de nuestra crianza, de la realidad nacional”. Las imágenes de su padre, ese día, están grabadas en la memoria: “El sol de diciembre entraba por la ventana del living, lo acompañamos hasta el ascensor; fue la última vez que lo vimos”. 

Su madre les dijo a ella y a Valeria, que “se los habían llevado, que los secuestraron, que no se sabía dónde estaban, que seguramente iban a aparecer en diez o quince días detenidos en un penal” a disposición del Poder Ejecutivo Nacional. 

“Ese verano fue de mucha angustia, mucho llanto, jugábamos con nuestros primos porque éramos niñas, pero había un agujero impresionante”.

Con el tiempo supieron que el secuestro había sido en la noche de ese 8 de diciembre de 1975 y que en la casa “estaban mi papá, Nenina y Emilio, el papá de Nenina, a quien liberaron” horas después.    

Emilio era civil “pero sus hermanos eran militares, el mayor era Eduardo Lonardi, el que derrocó a (Juan Domingo) Perón”. El general Eduardo Ernesto Lonardi fue el primer presidente de facto luego del golpe de 1955, pero fue desplazado poco después por el general Pedro Eugenio Aramburu. 

Emilio Lonardi, el padre de Nenina, hizo gestiones que no prosperaron y creyó, al principio, que habían sido llevados a la guarnición de Campo de Mayo. Años después, Alejandra corroboró que su padre y Nenina estuvieron en Puente 12 y no en Campo de Mayo. 

En los primeros “dos o tres años”, Alejandra no tuvo mucha información, pero a partir de 1979, cuando empezó la secundaria, todos los mediodías iba a comer a la casa de su abuela paterna, que le contó todas las gestiones que hizo para tratar de encontrar a su padre. 

Tuvo que hacer el mismo recorrido de “todas las madres y abuelas”, y conoció a Azucena Villaflor, la primera presidenta de las Madres de Plaza de Mayo. Su abuela paterna le dijo que “siempre desconfió de Alfredo Astiz”, el represor que se infiltró en Madres y que organizó el secuestro en diciembre de 1977 de Azucena y de otras dos integrantes del organismo de DDHH, María Ponce de Bianco y Esther Ballestrino de Careaga. Las tres fueron víctimas de los Vuelos de la Muerte desde la ESMA. Sus cuerpos aparecieron en las costas bonaerenses. Fueron enterradas como NN en el cementerio de General Lavalle e identificadas en 2006 por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF).

A los 12 años, Alejandra supo que el 8 de diciembre de 1975, por la mañana, hubo un gran operativo en la manzana de la casa de Olivos. El padre de Nenina, por esa razón, les había advertido que se fueran, pero no le hicieron caso. A la noche volvieron los militares, ametrallaron la puerta y entraron. Su padre había salido con Emilio para acompañarlo hasta el colectivo, pero volvieron al escuchar los disparos y encontraron a Nenina secuestrada, envuelta en una frazada. Años después supo que Nenina había logrado saltar un tapial y entrar a una casa vecina, cuya dueña le dio dinero para que pudiera escapar. No pudo, porque la manzana estaba rodeada. 

La casa de la calle España 3266, en Olivos, fue copada por personas de civil armadas y por policías, rodeada por móviles de todo tipo.  

La esperanza del reencuentro

Desde que supo cómo fue el secuestro, tuvo la fantasía de que su padre estaba vivo en un hospicio, o perdido por la calle y que algún día se iban a reencontrar. Con el retorno de la democracia, en 1983, tomó conciencia de que sólo era una fantasía que sirvió para alimentar la esperanza. 

Alejandra resaltó que ella y Valeria nunca perdieron contacto con sus tres hermanos, a pesar de que ellos se mudaron a City Bell, cerca de La Plata, con sus abuelos maternos, mientras ellas seguían viviendo en la Capital Federal. 

En el año 2002, su hermana María Laura fue al Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) a buscar información sobre su padre y al mismo tiempo, salió un libro en el que se hablaba de la infiltración al PRT-ERP por parte del agente de inteligencia Jesús Ranier, hecho que derivó en el secuestro y desaparición de muchos militantes de la organización; entre ellos su papá y Nenina. Recién allí tuvo conocimiento del grado de participación política de su padre. 

Los únicos sobrevivientes que podían contarle algo sobre su padre, eran los familiares de Roberto Santucho que vivían en Cuba y que en ese momento “no querían hablar”. Recién en 2017 tomaron conocimiento del testimonio de Víctor Pérez, un sobreviviente de Puente 12. Pérez decía que en ese lugar había conocido “a un arquitecto de apellido Cravello”. 

Tomaron contacto con la Comisión Vesubio-Puente 12 y con María Ofelia Santucho, sobrina del líder de PRT-ERP,  Mario Roberto Santucho, quien  había viajado de Cuba a Buenos Aires. La familia Cravello se presentó como querellante y se contactaron con el abogado Pablo Llonto. 

Víctor Pérez les contó que en Puente 12, en una sesión de tortura, “él les dijo a los de la patota que era albañil”. Ante ese dato, los represores se burlaron de la víctima: “Bueno, se pueden reunir con ‘el arquitecto’ y poner una empresa constructora”. Así supo de la presencia de Ricardo Cravello en el centro de tortura y exterminio. 

Otro testimonio clave fue el de María Josefa Méndez, quien fue secuestrada junto con Víctor Pérez. Ella dijo que estuvo en una celda con alguien que sería Alicia López y con “la hija de un militar importante”. Lo que se piensa es que no era “la hija sino la sobrina” de ese militar, es decir María Cristina Lonardi, Nenina. 

Alejandra entregó al tribunal, entre otros documentos, publicaciones como Estrella Roja y Nuevo Hombre, con información de las 24 víctimas que fueron secuestradas en nueve operativos realizados por las fuerzas conjuntas entre el 7 y el 9 de diciembre de 1975. Los primeros en caer fueron Ricardo Elías Abdón, El Turco, secuestrado junto con Alicia López de Olivera, el 7 de diciembre en Camino de Cintura, en la localidad de Rafael Castillo, partido de La Matanza. 

Juan Eliseo Ledesma y Angel Salvador Gertel fueron secuestrados en la parrilla La Tablita de Ramos Mejía. Las otras víctimas adultas fueron Ismenia Inostroza, Víctor Pérez, María Josefa Méndez,  Jaime Villamarín, José María Pellado, Ofelia Ruiz de Santucho, María Santucho, Diana Triay, Sebastián Llorens, su padre Ricardo Cravello , María Lonardi y Emilio Lonardi. 

Los otros nueve secuestrados en esos días fueron niños, hijos o sobrinos de Mario Roberto Santucho. Los menores estaban en una fiesta de cumpleaños en la calle Palacios al 3300, en Morón. 

Los niños que estaban al cuidado de Ofelia y María Santucho, eran Mario Antonio, un bebé de meses; Ana Cristina, de 14 años; Marcela Eva, de 13, y Gabriela Inés (hijo e hijas del líder del PRT-ERP). Se llevaron también a las hijas de Ofelia y de Astrúbal Santucho: María Ofelia, de 15 años; María Susana, de 14; María Silvia, de 12; y María Emilia, de 10. El noveno niño era Esteban, de 4 años, hijo de Elías Abdón. 

Todos los nombres figuran en el habeas corpus que presentó Vera Ledesma, la madre de Juan Eliseo Ledesma. María Josefa Méndez dijo que escuchó hablar a los niños en Puente 12. Lo mismo declaró un policía de apellido Urquiza, que era chofer del comisario Jorge Alberto Verdún, secuaz del ex jefe de la Bonaerense, el General Juan Ramón Camps.

Al mando de los operativos estuvo una persona que, de acuerdo con los testimonios reunidos por Alejandra Cravello, tenía “unos 30 años, muy educado, alto, rubio, flaco, de ojos claros, carilindo”. 

Alejandra Cravello, para definir el grado de violencia ejercido por los represores en Puente 12, citó testimonios sobre el calvario vivido por Juan Eliseo Ledesma, el comandante Pedro, miembro del buró político del PRT-ERP, “muerto luego de soportar horribles torturas”. 

En el testimonio que leyó se denunció que “Pedro, más que torturado estaba sometido a un verdadero suplicio. Por un agujero en el estómago se le veían las tripas, pedía agua y que lo mataran. Le ofrecían una inyección letal a cambio de datos”. Le decían: “Bueno comandante Pedro, te soltamos las ligaduras y nos contás los pozos de Tucumán, de arriba y de abajo”. El testimonio es de Javier Villamarín.

La testigo y querellante sostuvo que “parecen chiste” los cargos que pesan sobre los dos oficiales de inteligencia imputados en esta causa, el teniente primero Enrique José Del Pino, y el capitán Walter Roque Minod. 

Sostuvo que “no se entiende”, tampoco, que el represor Carlos Españadero, del Batallón 601 de Inteligencia único condenado en Puere 12 IIno figure otra vez entre las personas que son juzgadas en este nuevo juicio sobre los crímenes de lesa humanidad en Puente 12. 

Responsabilidades políticas

Alejandra Cravello, junto con otros hijos de víctimas, hicieron una primera visita al centro clandestino de Puente 12 en 2019.  En 2021, en una nueva recorrida realizada en plena pandemia, constataron que el lugar “está completamente modificado, destruido”, lo que complica identificar cómo era en 1975. 

“En la entrada había un portón tipo tranquera que no está más, el césped no es más césped, está todo cementado”. Además “el interior está todo con parapetos y los jueces lo han visto porque hicieron una visita ocular”. Recalcó que “lo que es inadmisible es que no se está cumpliendo una orden de no innovar del año 2010 y se está modificando un lugar que es prueba judicial”. 

En las visitas sacaron fotografías e hicieron las denuncias. El juez de instrucción, Daniel Rafecas, hizo una visita con el EAAF en octubre de 2021. “Lo que encuentran es un desastre, hay excavaciones del EAAF que fueron tapadas porque las usan de basurero”. 

Ante tal situación se hizo un reclamo a las Secretaría de DDHH de Nación y la Subsecretaría de Provincia, y el juez llamó a una audiencia. El ministro de Seguridad bonaerense Sergio Berni fue representado por Javier Alonso, secretario de Formación Profesional, y por una representante de la Secretaría de Buenas Prácticas. 

“Ellos se comprometieron a descementar todo lo cementado, a demoler lo que haya que demoler y a volver a poner el portón” original, como lo habían recibido al asumir el cargo en diciembre de 2019. 

“En el lugar, desde esa fecha, hay 2.700 efectivos en tres turnos, las 24 horas, los 365 días del año, lo que es incompatible con una orden de no innovar”. Las modificaciones incluyen “el espacio verde donde estaban las capachas, que eran fosas y crematorios clandestinos”. Las modificaciones realizadas por el Ministerio de Seguridad incluyen la construcción de un galpón en una parcela sobre la cual no tiene dominio porque desde el año 1986 es “una reserva de área verde”.  Alejandra mostró a los jueces, en una pantalla, cada uno de los lugares modificados y cómo eran en el momento en que se produjeron los crímenes de lesa humanidad. 

Cravello subrayó que para que esto no siga ocurriendo “es necesario que se tome una decisión política, y el único que puede hacerlo es el gobernador (Axel Kicillof); pero el gobernador no nos recibe, aunque ya lo hemos intentado de manera formal y de manera informal”. El ministro Berni “tampoco nos recibe”. 

Ante una pregunta del abogado querellante Pablo Llono, dijo que las consecuencias de lo que pasó con su familia “van a estar siempre y sería bueno poder encontrar los restos, porque ya pasaron dos generaciones y seguimos preguntando dónde están, para de alguna manera poder cerrar un duelo”. 

Al finalizar pidió justicia en su nombre y en el de sus hermanos, Valeria, Paula, María Laura y Ricardo. También pidió justicia para las 185 víctimas cuyos casos se analizar en este juicio. 

“Ricardo y Nenina presentes, ahora y siempre”, fue su invocación en el cierre, acompañada por aplausos de los presentes, entre los que se encontraba Lilia de Jesús, la mamá de Alejandra.   


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