Puente 12 III -día 9- “El daño psicológico fue muy grave”

Lo dijo desde Italia el sobreviviente Osvaldo Carmelo Mollo. Pidió que se tengan en cuenta las torturas psicológicas. En tanto, María Elena Hernández detalló su paso por el centro clandestino y se refirió al exilio: “Fueron siete años muy difíciles”, señaló.

Redacción: Carlos Rodríguez
Edición: Pedro Ramírez Otero
Fotos: Captura transmisión de La Retaguardia

En Puente 12 “las sesiones de tortura con picana eléctrica eran cotidianas”, aseguró el sobreviviente Osvaldo Carmelo Mollo. En cuanto al trato diario que recibían de los guardias en general “era algo intermedio entre los vejámenes de los que nos torturaban y el maltrato de siempre, porque nos golpeaban, nos quemaban”. Aseguró que “el sistema de maldad era generalizado”. 

Recordó el caso de una chica paraguaya que fue “torturada y violada varias veces”. Subrayó que “los actos de terrorismo” eran mucho peor contra las mujeres. 

También dio su testimonio María Elena Hernández, secuestrada en San Justo con tres compañeros y torturada en Puente 12. Ella trabajaba en la filial del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) en Castelar, donde el 24 de marzo de 1976 el Ejército secuestró cerca de 200 trabajadores. Perseguida, estuvo exiliada siete años en Brasil y Suiza. 

El sobreviviente Osvaldo Carmelo Mollo relató que el 28 de marzo de 1976 estaba en la zona de Monte Grande, con dos compañeros, cuando fueron secuestrados por personas armadas, de civil y sin identificación alguna. Les ordenaron que se detuvieran y realizaron algunos disparos, situación ante la cual comenzaron a correr para tratar de ponerse a salvo. El intento fue en vano, porque los detuvieron y los llevaron a una comisaría de la zona. “Nos encapucharon y nos pusieron dentro de un automóvil Ford Falcon”. Los compañeros que iban con él eran Alberto Pastor y su esposa María del Carmen Cantaro, cuyo caso fue analizado en la segunda jornada del juicio oral. 

Los tres estuvieron en la comisaría hasta el anochecer y luego los llevaron a un lugar más grande. Como le habían cubierto la cabeza con su remera, pudo ver que los que los llevaban tenían ropas con las letras PM en las mangas. Las iniciales indicarían que eran de la Policía Militar, una fuerza de seguridad interior, en el área de la Defensa Nacional que actúa en apoyo a la política exterior. 

En el nuevo lugar de detención al que fueron trasladados había calabozos, de donde los sacaban para llevarlos “a la sala de interrogatorios y a la de tortura con picana eléctrica” sobre el esqueleto de hierro de una cama. “Una persona era la que nos torturaba y había otra con un delantal blanco que podría ser un médico que controlaba el estado” de las personas que eran torturadas. Agregó que “las sesiones de tortura eran cotidianas” y también los “golpeaban, quemaban con cigarrillos y nos aplicaban la picana; distintos tipos de torturas físicas y psicológicas”. Escuchó que a uno de los represores lo llamaban “Coronel”, que parecía ser el que establecía las reglas dentro del campo de concentración. Después supo que el lugar era “la Brigada Güemes, porque me lo dijo uno de los detenidos, Ricardo Arias, a quien yo conocía”. Arias “no llevaba puestas las vendas y por eso me reconoció. Me dijo que se las habían quitado porque lo iban a matar”. 

En esos años, la Brigada Güemes de la Policía Bonaerense tenía su asiento en Puente 12. 

Ante una pregunta del presidente del Tribunal Oral 6, Daniel Obligado, el sobreviviente dijo que supo que María del Carmen Cantaro, la mujer secuestrada con él, “había sido brutalmente torturada, como todos nosotros, pero de Pastor no tuve más noticias”. Después supo que está en la lista de desaparecidos. Confirmó que los tres fueron llevados a lo que después supo que era Puente 12 y que “escuchó a María del Carmen cuando era torturada”.  

Al momento de su detención, Mollo tenía 21 años y aunque no tenía “una militancia plena, conocía al grupo del PRT”, sobre todo a “las personas con las que habíamos compartido momentos en la organización”. Precisó que esas personas eran Arias y la pareja que fue detenida junto con él. 

Ante una pregunta del fiscal auxiliar Esteban Bendersky, el testigo dijo que luego supo que “uno de los policías que había llevado a cabo el operativo” que terminó con su detención vivía en la zona de Monte Grande. 

Aportó una serie de datos sobre las características del lugar, que concuerdan con la información aportada por otros sobrevivientes, ya expuesta en la instrucción y en el juicio oral. De manera especial, mencionó el ruido metálico de la tranquera de acceso al campo de concentración. 

Dijo que al ingresar a Puente 12 le hicieron firmar una declaración que “supuestamente justificaba la detención”, pero aclaró que no puede informar sobre lo que decía porque nunca se la leyeron. Sólo le dijeron que esa declaración era “la única manera de salir vivos de esa situación” de encierro y tortura. 

Sobre el “Coronel” dijo que “no era una persona muy alta, era morrudo y tenía un tono de voz muy autoritario”. Respecto de la distancia entre los calabozos y el lugar donde los torturaban, señaló que “no era muy largo el trayecto, pero en determinadas condiciones, después de sufrir una tortura por horas, el tiempo y la distancia son difíciles de cuantificar”. Sostuvo que eran “varios” los lugares donde se torturaba a las personas secuestradas. 

Preguntado acerca del trato que recibían de los guardias que los trasladaban desde el calabozo a la sala de tortura, dijo que “era algo intermedio entre los vejámenes de los que nos torturaban, pero había maltrato siempre, injustificado, por cualquier motivo” y a veces eran “golpeados, quemados” o los hacían caminar con los ojos vendados “derecho hacia una pared para que nos golpeáramos y después se burlaban de la manera más absurda”. Agregó que “el sistema de maldad, si lo podemos llamar así, era generalizado”. Las condiciones de vida “eran inhumanas completamente” en materia de higiene, en cuanto a la comida y hasta en los permisos para poder ir al baño. Comentó que era común escuchar “expresiones antisemitas con los judíos”. Estimó en diez días su permanencia en Puente 12, hasta que lo trasladaron a otros lugares, en Monte Grande y en Banfield. Los sacaron en una camioneta, los tiraron en la parte trasera, los taparon con lonas y les dijeron que ya estaban “preparados por ser fusilados, de manera que la tortura era permanente, aunque no fuera física”. Entre las personas que fueron trasladadas junto con él, recordó “a una chica llamada Estela, que fue secuestrada en su casa, a donde habían ido a buscar a su marido, que era trabajador y sindicalista en Zárate-Brazo Largo”. Como no lo encontraron, se la llevaron a ella. 

Tenía tres hijos pequeños que quedaron al cuidado de los vecinos. Esa mujer “fue torturada y violentada varias veces, y estuvo como nosotros en condiciones muy difíciles, con infecciones y sin ningún tipo de ayuda médica”. Luego aclaró que cuando dijo “violentar” quiso decir “violación”. La mujer era de nacionalidad paraguaya. 

También fueron, en el mismo traslado, dos hombres, uno de José León Suárez que “me parece que se llamaba Juan” y “un muchacho que había tenido actividad sindical, pero no recuerdo de que zona era”. Después de Monte Grande y Banfield, estuvo preso hasta abril de 1978, en la cárcel de Devoto y en la Unidad 9 de La Plata, a disposición del Poder Ejecutivo Nacional (PEN). Durante su secuestro y posterior detención, sus familiares hicieron gestiones ante autoridades militares, judiciales y eclesiásticas, sin obtener ninguna respuesta sobre su paradero. 

En 1979 Mollo se fue del país porque ya no estaban ni él ni su familia en condiciones de desarrollar una vida normal en la Argentina. “El daño psicológico fue muy grave” y el terror vivido hacía imposible cualquier intento de rehacer su vida en la Argentina. Como secuelas físicas de los vivido, señaló que tiene dos prótesis “en las ancas” por el maltrato recibido y el desgaste de las articulaciones. En lo psicológico, “ya no podía confiar en tener seguridad en mi país” y a eso se sumaba la imposibilidad de continuar una carrera universitaria por los controles que se realizaban a partir del golpe del 24 de marzo de 1976. 

Ante preguntas del abogado querellante Pablo Llonto, dijo que durante su estadía en la Brigada Güemes el ingreso de personas secuestradas “era continuo” y en algunos momentos, en los salones grandes, estimó que había “unas quince personas, no dos o tres”. Sobre los dos jóvenes que fueron con él en el traslado hacia las comisarías de Monte Grande y Banfield, agregó que uno era “del partido comunista maoísta”. En cuanto a la chica paraguaya, madre de tres hijos, aclaró que cuando dijo “violentada varias veces” quiso decir “violada varias veces”. Comentó al respecto que “los actos de terrorismo eran mucho mayor contra las mujeres”. En sus palabras de cierre, Mollo dijo que lo que busca “es una justicia, no una venganza y la justicia pasa no sólo por evaluar los hechos materiales, criminales, que han cometido (los represores) sino también los hechos de tortura psicológica”. La justicia “no debe ser sólo para nosotros, que podemos presenciar este juicio, sino también por los que no soportaron la tortura y fueron asesinados”. 

La ronda de testigos siguió con la sobreviviente María Elena Hernández, quien fue secuestrada el 1 de mayo de 1975, junto con Oscar Francisco Carbonelli, Daniel Mirkin y José Lanfranco. El caso, que ya había sido mencionado en la primera audiencia de este juicio Puente 12 III, ocurrió en San Martín y Crovara, en San Justo, partido de La Matanza. 

Ese día, las cuatro personas habían realizado un acto en la calle para conmemorar el Día del Trabajador. Cuando se retiraban del lugar fueron interceptados por personal policial. Ella fue obligada a subir en la parte de atrás de un auto, tirada en el piso. Los llevaron a los cuatro a un lugar que ella no conocía y los hicieron tirar al piso, con las cabezas tapadas. El acto había sido al mediodía y recién a la noche los subieron a una camioneta y los llevaron a otro lugar. 

Siempre con la cabeza cubierta, la colgaron amarrada por los brazos del techo del lugar. No pudo precisar cómo porque estaba tabicada y no pudo ver nada. La tuvieron un tiempo en esa incómoda posición, luego la hicieron desnudar y la tendieron sobre una cama. Allí la torturaron con picana eléctrica. Desde ese momento perdió noción del tiempo y de los sitios adonde fue llevada. Sus recuerdos reaparecen cuando se encuentra en la celda de una comisaría. Carbonelli, al declarar ante los jueces del Tribunal Oral 6, dijo que primero estuvieron en Puente 12 y luego los trasladaron a la Brigada de Investigaciones de San Justo. 

En ese momento, Hernández, al igual que Carbonelli, eran militantes de Política Obrera, antecedente de lo que luego fue el Partido Obrero (PO). También era afiliada a la filial Castelar de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE). La testigo, secuestrada cuando tenía 24 años, dijo que en el lugar donde fue torturada, escuchó que algunos de los compañeros con los que fue secuestrada, también sufrieron tormentos. Cuando la colgaron de los brazos, posiblemente del techo del lugar, tuvo la impresión de que el lugar era muy grande. Sufrió por la posición en la que estaba y por el frío que hacía en ese recinto. Ella calcula que estuvo privada de su libertad por lo menos unos 15 días. Permaneció en la Argentina hasta septiembre de 1977, cuando decidió salir del país. Retornó al país en agosto de 1984. Estuvo primero en Brasil y luego se radicó en Suiza. 

Ante una pregunta del fiscal auxiliar Esteban Bendersky, relató que el 24 de marzo de 1976 el Ejército “se instaló en el lugar en donde yo trabajaba y se llevó detenidas a alrededor de 200 personas”. Ella trabajaba en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), en la localidad de Castelar. Luego de ese episodio en el INTA “no volví nunca más a ese lugar y supe luego que habían ido a la casa de mi tía, que era con quien yo vivía antes”, de manera que supo que la estaban buscando. 

Ante una pregunta, respondió que hay “varias personas del INTA que están desaparecidas”. Dos de ellas “trabajaban en mi sector: Carlos Alberto Costa y Gustavo Giombini”. 

Los otros casos del INTA Castelar a los que hizo mención la testigo, sin poder recordar sus nombres, son los de María José Rapela de Mangone, quien estaba embarazada, Marta Sierra de Prividera y Miguel Villarreal. 

Conmovida por los recuerdos, se refirió a las secuelas derivadas del secuestro y la persecución que sufrió. “Los años que estuvimos fuera del país fueron horribles”, dijo. Con la voz quebrada señaló que “los siete años que estuvimos fuera del país fueron difíciles, estuvimos bastante solos, hicimos lo que pudimos hasta que pudimos volver”. Recalcó que lo que tuvo que vivir “es algo que no merece nadie”.