Malones de la Paz: muchos reclamos, pocas conquistas

El primero fue en 1946, el segundo en 2006 y el tercero está acampando en la Ciudad de Buenos Aires, frente al Palacio de Tribunales. La historia de los Malones y las promesas que el Estado nunca cumplió.

Redacción: Sergio Zalba
Edición: Pedro Ramírez Otero
Foto: Archivo Natalia Bernades/La Retaguardia

Según varios relatos, el nombre “Malón de la Paz” fue una creación del teniente Mario Augusto Bertonasco, funcionario de la Dirección de Tierras del Ministerio de Agricultura hasta 1944 y luego colaborador del coronel Juan Domingo Perón en la Secretaría de Trabajo y Previsión hasta 1946. Un militar bien intencionado que había colaborado con el pueblo mapuche en sus reclamos territoriales.
Aunque estos “Malones de la Paz” se organizaron en el norte, la palabra viene del sur. Malón deriva de malok, término mapudungún que significa invasión. En tiempos de la ominosa conquista del desierto, los fortineros llamaban malones a los ataques sorpresivos de las huestes mapuches, tehuelches o pampas. “Malón de la Paz”, entonces, es un oxímoron bellamente constituido; de confección casi marketinera, sin que esta apreciación contenga la mínima carga peyorativa.

El 3 de agosto de 1946, cuando Perón llevaba apenas dos meses de gobierno, entró en Buenos Aires el primero de los malones. Había partido desde Abra Pampa, Jujuy, el 15 de mayo. La popularidad del nuevo presidente y el convencimiento de que sus reclamos serían atendidos, animó a sus 174 integrantes durante los 2 mil kilómetros que hicieron a pie. Y en parte no se equivocaron. Fueron muy bien recibidos y trasladados al Hotel de Inmigrantes. Allí los alojaron durante varios días con visitas de importantes funcionarios e, incluso, del mismo presidente. Pero 27 del mismo mes ocurrió un hecho sorprendente: personal de Prefectura Naval los forzó a retirarse y los “subieron” a un tren con destino a Jujuy.
Tres años después, el decreto 18.341 (1949) del Presidente Perón, ordenó la expropiación de 58 haciendas en la Puna y en la Quebrada para entregárselas a las comunidades Kollas. La expropiación se hizo, pero las tierras no fueron entregadas. Quedaron en manos del Banco Nación.

Después de 60 años de aquella peregrinación a Buenos Aires, más de un centenar de comunidades del norte jujeño decidieron manifestarse nuevamente. Y el 7 de agosto de 2006, con el nombre de “Segundo Malón por la Paz”, se movilizaron para cortar la ruta 9 a la altura de Purmamarca, en Jujuy. El reclamo era el mismo, sólo cambió el escenario. Pero además, la Constitución Nacional de 1994, en su artículo 75 inciso 17, había incorporado el reconocimiento de la personería jurídica de las comunidades originarias y “la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan”.

Esta vez, las demandas fueron contra el entonces gobernador de Jujuy, Eduardo Alfredo Fellner. Un fallo judicial que ordenaba la entrega de tierras reclamadas por las comunidades fue apelado como inconstitucional por parte del gobierno jujeño. Por eso es que el Malón no salió de la provincia, aunque recurrió a la mediación del presidente Néstor Kirchner. El corte se levantó ante el ofrecimiento de unos 30 títulos comunitarios. Pero el mejor de los efectos fue la sanción de la ley 26.160 promulgada en noviembre de ese año: “Declárase la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país, cuya personería jurídica haya sido inscripta en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas u organismo provincial competente o aquellas preexistentes, por el término de 4 (CUATRO) años”. Esa misma ley prohíbe el desalojo de cualquier familia o comunidad originaria hasta que concluyan los relevamientos e inscripciones correspondientes. La ley se fue prorrogando hasta la actualidad y aún esos registros no concluyeron. Las provincias dejan “durmiendo” esta obligación por diversos motivos: para no enfrentarse con latifundistas que podrían verse afectados, para no privar a los estados provinciales de territorios comercialmente explotables, por cuestiones ideológicas o hasta por desidia.

En todo el país se inscribieron 1.853 comunidades pertenecientes a unos 50 pueblos (Guaraní, Kolla, Mapuche, Qom, Diaguita, Pilagá, Omaguaca, entre otros). el 51 por ciento pudo terminar su relevamiento para obtener la personería jurídica, pero no existen datos publicados sobre la cantidad de comunidades que lograron obtener su título de propiedad. “No tenemos un registro nacional y se trata de un dato muy sensible que afecta grandes intereses”, dijo a La Retaguardia un portavoz del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI ).

Algunas informaciones periodísticas señalan que en Jujuy se habrían otorgado unos 70 títulos de las 178 comunidades relevadas y las 298 identificadas. Menos del 25 por ciento de lo reclamado. En otras provincias, los porcentajes serían bastante menores.
El tercer “Malón de la Paz” llegó a la Ciudad de Buenos Aires el día de la Pachamama: el 1 de agosto de 2023. Se instaló en Plaza Lavalle, frente al Palacio de Justicia de la Nación y su Corte Suprema. El reclamo, esta vez, incluye los títulos de propiedad pero en el marco de la reciente reforma constitucional de Jujuy: “Arriba los derechos, abajo la reforma” es el lema del Malón. Exigen que el inciso 4 del artículo 67, y los artículos 94 y 95 sean declarados inconstitucionales. El primero prohíbe las protestas callejeras y los otros dos apuntan al corazón de las demandas originarias: las tierras fiscales y las aguas (subterráneas y superficiales) son declaradas bienes de producción al servicio económico de la provincia. Las comunidades, entonces, podrían acceder a sus tierras, pero nunca más a su territorio, a su espacio vital. Podrían recibir tierras con ríos contaminados o ser desalojadas si habitan espacios económicamente estratégicos para las arcas provinciales.

El Malón de la Paz versión 2023 ya obtuvo algunos logros: que el Gobierno nacional emita una acción declarativa de inconstitucionalidad de los artículos mencionados; que por decreto 435/2023 se constituya una Comisión de Recepción y Análisis de Denuncias sobre Violencia Institucional en la provincia de Jujuy; y consiguió algún grado de visibilidad, aunque se apague lentamente. Claro que no es poco, pero sigue faltando lo sustancial: el reconocimiento efectivo que prescribe la Constitución Nacional para todas las comunidades indígenas, las que existían antes de la colonia y las que siguen existiendo a pesar de ella. Y a pesar de las nuevas formas de coloniaje.