A 3 años del aborto legal, llega Milei a cuestionar la perspectiva de género

Se cumplen tres años de la aprobación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), una conquista histórica que el feminismo logró con lucha en las calles. Un repaso sobre la ley y sus impactos, y las primeras medidas del presidente Javier Milei para atrasar en materia de derechos y volver a instaurar el discurso de “las dos vidas”.

Redacción: Agustina Sandoval Lerner
Edición: Pedro Ramírez Otero
Foto: Archivo Natalia Bernades / La Retaguardia

Hace tres años, el Senado de la Nación Argentina, con 38 votos positivos, 29 negativos y una abstención, convertía en ley la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). Como toda conquista de derechos, la Ley 27.610 viene de larga data. El derecho al aborto era una de las reivindicaciones por las que luchaban las feministas argentinas desde la década del setenta. Pioneras como Dora Coledesky crearon la Comisión por el derecho al aborto en 1987 y realizaron numerosas acciones de visibilización y concientización, presentando incluso, en 1992, un anteproyecto sobre Anticoncepción y Aborto en la Cámara de Diputados y Diputadas. En 2005 nacería la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Su proyecto de ley por el derecho al aborto fue presentado por primera vez ante el Congreso de la Nación en 2008, donde obtuvo estado parlamentario. A partir de ese momento, la insistencia militante consiguió que se presentara nuevamente cada dos años.

Desde 1921, en nuestro país, el Código Penal establecía situaciones de interrupción del embarazo no punibles pero recién en 2012 la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó del emblemático fallo “F.A.L.”, que establecía la garantía del aborto no punible, sin tener que atravesar un proceso judicial, en embarazos que ponían en riesgo la salud o la vida o fueran resultado de una agresión sexual. Además, instaba a las provincias a que dicten protocolos de fácil acceso a la práctica.

En 2018 se trató por primera vez en el Congreso el proyecto de legalización del aborto, tuvo aprobación en la Cámara de Diputados y Diputadas, pero el Senado lo rechazó. Finalmente, en 2020 fue enviado nuevamente. Las negociaciones para su sanción incluyeron la aprobación de la Ley de Atención y Cuidado Integral de la Salud durante el Embarazo y la Primera Infancia, más conocida como Ley de los Mil Días.

La conquista fue posible gracias a la movilización y el compromiso de los feminismos que conformaron una potente marea verde que es inspiración y ejemplo de lucha en América Latina y en el mundo.  

IMPACTO DE LA LEY 26.710

La efectividad de la aplicación de políticas públicas establecidas en la ley se vio reflejada en la baja de mortalidades maternas por abortos. En febrero de este año, el Ministerio de Salud de la Nación brindó un informe que indica la baja de mortalidad materna por abortos, entre 2020 y 2021.

En un informe del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, entre otros datos, reflejaron que las cantidades de interrupciones voluntarias del embarazo aumentó de 2020, de 14.330 casos, a 2022, con 39.718.

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el 100% de los efectores brindan acceso, tanto hospitales como centros de salud. El tiempo entre solicitud de interrupción y respuesta del sistema de salud en más de la mitad de los casos es menor a un día. La consulta es cada vez más precoz: en el 92% de los casos corresponden a embarazos menores a 12 semanas y la gran mayoría menores a 8 semanas.  

MILEI CONTRA LOS DERECHOS ADQUIRIDOS 

Apenas tres días antes de cumplirse un nuevo aniversario de la sanción de la IVE, Javier Milei envió un proyecto de ley al Congreso con más de 660 artículos, más anexos complementarios, donde, para este caso en particular, destaca la reforma a la Ley de los Mil Días y la Ley Micaela.

Una parte grave de las modificaciones en la Ley de los Mil Días es que vuelven a utilizar conceptos como “hijos por nacer” y “momento de la concepción”. También, reemplaza “mujeres” y “personas gestantes” por “madres”.

En la Ley Micaela, sobre capacitación obligatoria en violencia de género para quienes se desempeñan en los tres poderes del Estado, incluso corre el foco de la violencia hacia las mujeres y la temática de género, para centrarse en la “violencia familiar”.

Además, quita la obligatoriedad de capacitación sobre toda persona que se desempeñe en el ámbito público y lo reduce a quienes trabajen en áreas específicas de violencia.