La cuestión migratoria en Italia con la ultraderecha en el gobierno

En un intercambio con el medio italiano Nápoli Monitor, enviamos una nota para contarles acerca de los primeros días del gobierno de Javier Milei. Nos responden ahora con una mirada sobre el tema migratorio con la actual conducción de gobierno de ultraderecha. Quizás un futuro posible que esté por llegar a nuestro país. 

El último día de 2023, el barco Ocean Viking, que rescata embarcaciones de migrantes en apuros, fue incautado por la justicia italiana a su llegada al puerto meridional de Bari. El barco supuestamente violaba el decreto aprobado en 2022 por el gobierno de Giorgia Meloni, que castiga a las ONG que rescatan migrantes en aguas del mar Mediterráneo. Según el decreto, tras realizar un rescate humanitario, los barcos no pueden llevar a cabo otros rescates, ni siquiera en presencia de embarcaciones a punto de hundirse, sino que deben dirigirse directamente al puerto más cercano. En su último viaje, el Ocean Viking había rescatado a casi trescientos migrantes (entre ellos treinta menores) procedentes de África y Oriente Próximo. Ahora la ONG y los activistas se arriesgan a fuertes multas y condenas.

La violenta represión de los inmigrantes por parte del nuevo gobierno de extrema derecha no es una novedad en la legislación italiana. Desde finales de los 1990 hasta hoy, tanto los gobiernos de derechas como de izquierdas han elaborado medidas muy duras para impedir que los migrantes llegados a través del norte de África alcancen las costas italianas, y para encarcelar o deportar al mayor número de ellos. En este artículo publicado por la redacción de MONiTOR, se describe de forma efectiva la guerra contra la inmigración emprendida por todos los gobiernos italianos en los últimos veinticinco años.

* * * 

La guerra contra la inmigración es una guerra que se libra sin tregua en el Mediterráneo, en Italia, en Europa y en muchos rincones del mundo desde hace mucho tiempo. Es una guerra que tiene varios frentes; no es sólo una guerra contra la inmigración, sino una guerra contra los inmigrantes, que se desarrolla a través de una miríada de conflictos, grandes y pequeños. No es una guerra asimétrica: el frente que ataca a la inmigración es fuerte y está organizado, pero choca con un mundo de sujetos capaces de resistir y reinventar día tras día nuevas formas de contraataque, que no se limitan a la resistencia. Para comprender lo que está en juego, hay que delimitar con precisión las fuerzas en juego, que muy a menudo se presentan de forma superficial.

CLASES DOMINANTES

El ataque a la inmigración parte de las clases dominantes, que especialmente en Italia y en Europa han situado a la fuerza la cuestión de la inmigración cada vez más en el centro del debate público. Son clases dominantes vinculadas a culturas políticas reaccionarias, de derechas y de extrema derecha, orgánicas de los diferentes nacionalismos vivos y activos en los territorios; pero también vinculadas a culturas políticas progresistas, formadas en la estela de la tradición socialista y democristiana.

Detrás de la barricada de las clases dominantes, especialmente en Italia, hay fascistas, nacionalistas, leghistas (de la Liga Norte de extrema derecha), demócratas, populistas; a prueba de gobierno, limitándonos sólo a los últimos años, han competido entre sí para bajar cada vez más el listón de los derechos, las garantías y las oportunidades, tanto para los que aspiran a venir a Italia y a Europa, como para los que laboriosamente han llegado hasta aquí, tanto para los hijos y nietos de los que llegaron hace tiempo, como para los que se solidarizan con el mundo de la inmigración. Desde el paquete de las medidas de seguridad de 2009 de Maroni (exministro de extrema derecha del partido Liga Norte) hasta los decretos de 2017 de Minniti (exministro de centroizquierda del partido Demócratas), pasando por los posteriores decretos de Salvini (ex ministro del Interior y actual vicejefe del gobierno de extrema derecha) y por todas las medidas del gobierno de Meloni, este segmento amplio y transversal de las clases dirigentes ha intentado llevar el frente de guerra contra la inmigración sistemáticamente más lejos, llegando incluso a experimentar dispositivos antes impensables: por citar algunas, la supresión de un grado de juicio para quiénes soliciten asilo y vean rechazada su solicitud; el desmantelamiento progresivo de la ‘protección humanitaria’; la persecución judicial de la solidaridad en mar; la criminalización de acciones conflictivas sociales y sindicales como los cortes de carretera; la ampliación del uso de armas como pistolas eléctricas para policías locales; o la ampliación de los plazos para solicitar la nacionalidad. Estas medidas, destinadas a hacer la vida cada vez más difícil a los inmigrantes, se han entrelazado con otras medidas nacionales e internacionales destinadas a impedir la propia inmigración, como el incesante endurecimiento de las normas para llegar legalmente a Europa, o para obtener permisos de residencia, y la militarización de las fronteras marítimas y terrestres.

La acción represiva de las clases dominantes y el aparato legislativo que la sustenta se apoyan en una gigantesca maquinaria militar y policial. En pocos años, las principales actividades cotidianas de las comisarías y las jefaturas de policía se han centrado en el control, el seguimiento y la vigilancia sobre la inmigración: renovar los permisos de residencia, patrullar el territorio, expedir los documentos necesarios para vivir legalmente, y reprimir los delitos relacionados con la inmigración, ocupan una parte considerable del tiempo de trabajo de las fuerzas policiales. Este despliegue de fuerzas cosecha lo que se ha sembrado en el pasado más o menos reciente: en la opinión pública, la inmigración se ha representado como la madre de todos los problemas para los ciudadanos italianos y europeos. En consecuencia, la política migratoria se ha identificado como el espacio ideal en el que intervenir para demostrar que se quiere resolver los problemas sociales y económicos de la población: desde la vivienda al desempleo, desde la sanidad a las pensiones, desde la escuela a los salarios. Sin luego mover un dedo para solucionar realmente estos problemas, o incluso empeorándolos.

Las recientes medidas del gobierno de Meloni no hacen sino reforzar estas tendencias y muestran la intención de fortalecer aún más un enfoque exclusivamente securitario de la inmigración. 

Al mismo tiempo, al anunciar nuevas medidas para endurecer las normas, el frente de la clase dominante muestra toda su fragilidad. A pesar del altísimo riesgo de muerte generado por las decisiones políticas, la gente sigue cruzando fronteras, marítimas y terrestres. A pesar del despliegue masivo de fuerzas militares y policiales, las personas se organizan para escapar las jaulas en que están confinadas, como ocurrió en la localidad siciliana de Porto Empedocle el 18 de septiembre, con la huida masiva del improvisado “punto caliente” (hotspot) donde se hallaban confinados quienes habían llegado a la isla de Lampedusa en los días anteriores. La dejadez, la confusión y la fragilidad pueden tener un efecto negativo para los derechos de las personas, pero también pueden abrir posibilidades inesperadas.

EMIGRANTES Y SOLIDARIDAD

Pasando al otro lado de la valla, encontramos en primer lugar a quiénes deciden emigrar. Su determinación, su empuje para desplazarse, la fuerza que ponen en juego para realizar sus proyectos de vida, es probablemente el mayor enemigo para las clases dirigentes (europeas o no) que intentan contener los flujos migratorios. Sin embargo, el precio que pagan los emigrantes es cada vez más caro, tanto en vidas humanas como en costes económicos. El efecto más perturbador de la restricción de las leyes migratorias internacionales es el poder cada vez más abrumador de las organizaciones que gestionan los flujos, libres de fijar precios, rutas, transbordos, escalas y aumentos de precios en las trayectorias globales. Junto a los migrantes existen también, en Italia y en otros lugares, diversas realidades que tratan de construir alternativas a los modelos diseñados por las clases dominantes. Se trata de colectivos, asociaciones, subjetividades individuales, movimientos y grupos, capaces de intervenir en los numerosos segmentos en torno a los cuales toman forma las experiencias migratorias. No se trata de presencias que puedan limitarse al mero testimonio, sino de experiencias capaces de incidir en diferentes contextos, incluso de forma muy marcada. Algunos ejemplos concretos nos permiten acercarnos a estas realidades.

Un horizonte de solidaridad muy activo y bastante nuevo -al menos en el Mediterráneo- es el del salvamento marítimo, que se ha hecho indispensable en los últimos diez años, tras la retirada de las misiones de salvamento institucionales italianas y europeas. Otra presencia muy importante es la jurídica: abogados, operadores, juristas comprometidos a diario en la impugnación de las normativas que han agravado aún más la discriminación racista. Y luego están las numerosas y combativas batallas de carácter sindical, que han implicado cada vez más a trabajadores de origen extranjero: en sectores como el logístico se llegó a victorias importantes, aunque a costa de un alto precio (no es casual que en los últimos años los trabajadores muertos en huelgas en Italia hayan sido dos ciudadanos de origen extranjero, ambos empleados en logística: Abd El Salam en 2016 y Adil Belakhdim en 2021. El tejido asociativo que se remonta a las llamadas “segundas generaciones” es muy articulado, sigue exigiendo la revisión de la normativa sobre ciudadanía que data a 1992, y también es muy activo en el ámbito cultural. El mundo escolar también es bastante activo. Entre los segmentos más visibles se encuentra  también la lucha por la vivienda, donde en los últimos quince años se ha hecho cada vez más frecuente el entrelazamiento de militantes de origen extranjero y no extranjero.

Como consecuencia concreta del endurecimiento de la normativa, ha aumentado la importancia estratégica de lugares como los CPR (Centros de Permanencia para la Repatriación, antes CPT y CIE), contra los que actúan grupos activos en toda Italia, que se oponen de diferentes maneras a su legitimidad y a su existencia. En los últimos diez años ha cobrado especial fuerza la militancia vinculada a la intersección entre cuestiones migratorias y de género: nuevas generaciones de militantes han sabido llenar con nuevos contenidos y frentes de lucha esta interseccionalidad.

Sin embargo, el problema principal de este frente, tan articulado, es la incapacidad de recomponer toda la cadena. Si en los contextos locales las luchas son muy decididas y pueden incluso obtener éxitos importantes, todo este frente tiene enormes dificultades por plantear un discurso general, que se pueda plantear como alternativa a las propuestas de las clases dominantes. A falta de una visión compartida, de una elaboración colectiva y de una perspectiva amplia, lo que falta es precisamente la convergencia, una palabra muy utilizada últimamente en los movimientos sociales, pero muy poco practicada en los contextos migratorios. No se trata sólo de divisiones, sino a veces de verdaderas competencias -sobre todo cuando se trata de subsidios y financiaciones- que inevitablemente perjudican el impacto de las acciones, favoreciendo lo que Dino Frisullo denominó “rentas de nicho”.

La mayor diferencia entre los dos lados de la barricada, en fin, es ésta: mientras que por un lado se ha ido construyendo paso a paso un nivel cada vez más amplio de intervención en torno a términos clave como racismo y seguridad, el otro frente no consiguió elaborar un discurso igualmente claro, capaz de movilizar no sólo a pequeñas minorías, sino a grandes segmentos de la población. Sin embargo, en Italia ha existido un movimiento antirracista de masas, que sobre todo durante los años noventa, había sido capaz de construir alianzas y propuestas, había  influido en el debate público, y contaminado a sectores sociales no marginales.

Esta desigualdad, entre otras, alimenta unos sentimientos insidiosos dentro de los movimientos sociales, que hoy constituyen los mayores obstáculos a la participación colectiva: la resignación y la frustración, la tentación a introyectar un sentimiento de minoría de edad destinado a paralizar las conciencias y las acciones. Una mirada a los últimos veinte años, en cambio, nos permite identificar dentro de coyunturas aparentemente desfavorables la posibilidad de construir caminos virtuosos, capaces de invertir las relaciones de poder. Sin las protestas de los médicos, enfermeros y otros trabajadores sanitarios, por ejemplo, hoy tendríamos una norma inquietante que era parte del paquete de medidas de seguridad propuesto por Maroni en 2009, pero que nunca llegó a aceptarse: la prohibición de acceder a las salas de urgencias para personas sin pasaporte.

Al mismo tiempo, el mundo de las escuelas se oponía con éxito al intento de la ministra Gelmini de impedir el acceso a niños y jóvenes con ciudadanía no italiana en algunas escuelas. Italia vivía entonces la crisis económica global, y tampoco eran tiempos fáciles: sin embargo, las movilizaciones fueron amplias y transversales, y al menos en estos frentes fundamentales –sanidad y escuela– se bloquearon los intentos más racistas. Hoy que está a punto de aprobarse un nuevo “decreto seguridad”, puede ser útil empezar por aquí. La guerra contra la inmigración legal (llamada por las clases dominantes “lucha contra la inmigración ilegal”) puede detenerse, pero se necesitan ideas fuertes, propuestas concretas, plataformas compartidas: ahora es el momento de actuar (michele colucci).