Cinco condenas, dos absoluciones y un sabor amargo en el juicio Córdoba – Nieta 107

La satisfacción por la realización de un nuevo juicio por delitos de lesa humanidad en Córdoba y una segura llegada a Casación de las dos absoluciones dispuestas por el Tribunal Oral Federal N°2, fueron los sentires predominantes tras la sentencia conocida este jueves 2 de mayo. Más allá de las cinco condenas a ex policías de la D2 de participación anteriormente probada en el último genocidio, lo que conmocionó en la capital provincial fue la absolución de las dos civiles que llegaron a juicio por el caso de la apropiación de una niña nacida durante el cautiverio de su madre. Condenar a los ya condenados y desligar a quienes se enfrentan a un tribunal por primera vez parece ser una tónica recurrente al menos en dos de los últimos tres procesos desarrollados en territorio mediterráneo.

Como es sabido, los expolicías Yamil Jabour, Carlos Yanicelli y Juan Molina fueron condenados a prisión perpetua; sus pares Mirta Antón y Raúl Contrera a 15 y 7 años de cárcel, respectivamente, aunque todos permanecen en la comodidad de sus viviendas y de hecho ni siquiera tuvieron que molestarse de concurrir a la sala. Es más, tampoco se les obligó a presenciar las audiencias de febrero a esta parte de manera virtual, e incluso cuando lo hacían, muchas veces fue con cámara apagada. 

Las Absoluciones

La ex asesora de menores, Ana María Rigutto de Oliva Otero, y la ex empleada de la Casa Cuna, Adela González, resultaron absueltas en el caso por la apropiación de una beba nacida el 11 de octubre de 1978, hija de una secuestrada en el ex centro clandestino D2 que funcionó en la calle Mariano Moreno. María de la Mercedes Moreno fue secuestrada mientras estaba embarazada, trasladada a la Maternidad Provincial para que diera a luz antes de término y regresada al centro clandestino hasta su liberación al año siguiente. Ya en las calles, y pese al terror de aquellos días, intentó reencontrarse con su hija, pero las monjas que regenteaban la Casa Cuna la echaron de mala manera y la bebé fue inscripta como hija biológica por una asistenta social del lugar y su esposo, ya fallecidos. A pesar de la abundante prueba documental que da cuenta del caso, en lo que en 2012 se conoció como la nieta 107 que recuperó su identidad gracias al trabajo de Abuelas de Plaza de Mayo, los jueces Julián Falcucci, Noel Costa y Fabián Asís reconocieron la existencia de delitos pero no los encuadraron en la categoría de lesa humanidad, y por lo tanto los consideraron prescriptos, además de señalar que las actuaciones se enmarcaron en el marco normativo vigente en la época. Una dictadura cívico, eclesiástica y militar en la que los derechos y garantías estaban de hecho suspendidas, vale decir.

¿Signo de los tiempos?

A pesar de que los fundamentos se podrán leer la semana próxima, la querella de Abuelas de Plaza de Mayo adelantó que recurrirá a la Cámara de Casación para que revise el fallo. Resonaba aún el eco de la sentencia cuando la abogada Patricia Chalup no dudó, durante el diálogo con LR, en ligar las absoluciones con el clima de época: “El veredicto es un reflejo del contexto que estamos atravesando en el país”, disparó. La fiscalía a cargo de Facundo Trotta, que había pedido condenas, tampoco quedó conforme.  

En la misma línea se pronunció la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos de Córdoba, que remarcó “los límites al juzgamiento de civiles”, aunque destacó que “los juicios de lesa humanidad son trascendentales para la vida en democracia”.

Emiliano Salguero, referente del espacio y testigo en esta causa (su madre fue secuestrada, torturada y abusada en 1978 en el D2) dijo a La Retaguardia que el fallo le despertaba “sensaciones encontradas”. “En este contexto este juicio es un poco de energía para continuar con la construcción de Memoria, Verdad y Justicia ante un Gobierno nacional y un presidente que niega los hechos que acá se comprueban jurídicamente; la esperanza de que este juicio marque la apertura de las megacausas Gutiérrez y Gómez, con muchos acusados y algunos que irán a juicio por primera vez; y también la justicia para los delitos sexuales, por ejemplo los que sufrió mi mamá”, valoró. En el debe, Salguero consideró que “la Justicia por ahí no entiende la relevancia de estos juicios, que no son un trámite, y que no vean la dimensión política y pedagógica de estos procesos, para las próximas generaciones”. “Hay impunidad judicial, mal entendida como impunidad biológica” expresó y consideró que “este juicio dio cuenta de cómo funcionaba el sistema de apropiación de niños en Córdoba y fueron absueltas las dos personas que llegaron a este juicio”.