“No sirve de nada bajar la edad de imputabilidad”

La actualidad de la imputabilidad en Argentina

El sistema penal juvenil actual está regulado por el Decreto Ley 22.278/1980, y su
modificatoria 22.803/1983, sancionado durante la última dictadura cívico militar, que estableció el Régimen Penal de Minoridad, y fijó la edad de imputabilidad a partir de los 16 años, prohibiendo la imputación a personas menores de edad.

Esta norma establece que tampoco es punible el adolescente que “no haya cumplido dieciocho (18) años, respecto de delitos de acción privada o reprimidos con pena privativa de la libertad que no exceda de dos (2) años, con multa o con inhabilitación”.

Los y las adolescentes de entre 16 y 18 años no son juzgados como personas adultas. Sólo son punibles quienes cometen delitos con penas mayores a dos años, pero comienzan a cumplir pena privativa de libertad a los 18 años, porque durante ese tiempo se estipula que deben estar en centros de recepción y contención de menores.

Acerca de las personas menores de 16, y según si se encuentra en situación de pobreza o vulneración social, la ley establece que el juzgado podrá disponer de forma tutelar del adolescente. Esto significa, por ejemplo, establecerlos en centros especializados de aprehensión durante el tiempo que se crea necesario, dejando a la persona sin una especial protección jurídica.

Lo que ocurre con esta política que apunta a la penalización y aprehensión de las personas menores de edad, es que fija a determinada población como el problema e instala en la sociedad el discurso de que las personas en situación de vulnerabilidad son las más propensas a delinquir.

La discusión está puesta sobre el delito en sí, y no se piensa a fondo cuál es la situación que lleva, a los pibes y las pibas, a cometer infracciones penales. Incomoda mucho ―demasiado, tal vez― abrir el tema, y la respuesta siempre es la misma: bajar de la edad de imputabilidad.

“Venimos de esto que es señalar siempre como enemigo a quien sufre esa política. Entonces cuando yo coloco el dedo acusador en un sector de la población, lo que hago es desviarlo y que quede fuera del sector de población que yo deseo, como es en este caso, los que tienen el verdadero poder y dominio sobre todos los bienes de nuestra patria”, dijo Laura Taffetani, de la Gremial de Abogados y Abogadas.

Lo arbitrario de fijar una edad

El Código Civil y Comercial de la Nación de nuestro país establece el principio de capacidad progresiva de los niños, niñas y adolescentes, situándolos como sujetos de derecho y no objeto de protección. Regula la edad de 16 a 18 años como una categoría intermedia dentro de la adolescencia, con especial importancia para el ejercicio de ciertos derechos personalísimos.

La capacidad progresiva implica que depende de las condiciones de madurez efectivas de cada sujeto que va adquiriendo progresivamente hasta alcanzar la mayoría de edad, donde se adquiere la plena capacidad. Aunque la norma civil distingue edades, el foco se encuentra en lo progresivo, y en el ejercicio de derechos, en sintonía con la normativa internacional de derechos humanos.

La norma penal no sigue un parámetro ni principio en materia de derechos humanos. La edad fijada para la imputabilidad es arbitraria y deja bien en claro qué clase de política punitiva quiere implementar. “El Estado establece una edad, que en realidad no es una edad para decir cuándo alguien es consciente de que comete un delito, sino es una edad para decir hasta acá el Estado se responsabiliza absolutamente por lo que ese pibe hizo o no hizo, en función de lo que no hizo el Estado”, explicó Taffetani.

Esto se reduce a ver hasta dónde el Estado brindaría una respuesta de protección, y cuándo va a penalizar o a establecer cierta responsabilidad del pibe o la piba que se encuentra sujeto a una respuesta penal.

“Es ahí donde tenemos que discutir seriamente. No hay posibilidad de que alguien que ha vivido cosas sumamente inhumanas, pueda tener valores humanos. Por eso me pregunto: ¿En Puerto Madero pasan estas cosas? Por supuesto que no, porque en realidad lo que ha ido pasando es que el sistema fue empujando a los pobres a barrios, cada vez más grandes, con una desigualdad tremenda “, planteó la abogada.

La solución es estructural

Acerca de qué se debe hacer para solucionar el conflicto de los y las jóvenes con la ley penal, Taffetani aseguró que “hay que cambiar absolutamente el sistema hacia la promoción de la igualdad en la gente, y no esta desigualdad tremenda y esta dominación y explotación”. Y agregó: “Es difícil que salga desde el Estado, porque esto está armado para que siga así. Sí creo que en la sociedad tenemos que ver cómo encontramos este tipo de políticas diferentes a desarrollar, apropiarnos de ciertas políticas comunitarias, con los pibes y las pibas que lo necesitan”.

La abogada sostuvo que tampoco se soluciona poniendo un patrullero en cada esquina: “Es lo contrario, es volver a ganar la calle, lo público, ser parte de poder participar. Este es un momento bisagra de la vida y de la historia, en la cual cada uno y cada una de nosotras tiene que participar donde sea, en su gremio, su sindicato, en su centro de fomento. Es ahí donde uno puede ver los problemas de los pibes y las pibas, y desde donde exige cosas al Estado para poder ir acompañando, pensando en el día de mañana, que realmente el Estado sea nuestro”.

A pesar de que sobran argumentos en contra de la penalización contra las juventudes, gran parte de la sociedad acuerda con el Gobierno en bajar cada vez más la edad de imputabilidad. No es de sorprender, porque el sistema funciona proporcionando cierta información que, lejos de ser críticas hacia este sistema, lo alimentan. “Me parece que la búsqueda de salidas para los pibes y las pibas no es bajar la edad de imputabilidad. No sirve de nada. Lo que sí pasa es que mucha gente está de acuerdo, porque ve con desesperación que el Estado no hace nada con el pibe que afana y es menor de 16. Piensan que la respuesta punitiva puede hacer algo por él, por lo menos salvarle la vida. También es erróneo, porque en el mayor de los casos, lo que sucede es todo lo contrario”, opinó Taffetani.

Por último, reflexionó: “Creo que en primer lugar hay que trabajar con la realidad. Ha habido una distorsión muy grande entre la realidad que vivía la gente empobrecida, de la gente que sufre las condiciones de este sistema tan inhumano, del que están convencidos y que creen está haciendo lo que hay que hacer. El Estado se puso muy lejos de la gente, y creo que hay que recuperar la unidad, y la única forma es luchando juntos, teniendo paciencia, porque el retroceso es tan grande que hay que pensar a largo plazo. Y aunque nos duela porque perdemos, lo que nace tiene que ser nuevo y sólido. No podemos estar viendo las mismas caras de siempre, que evidentemente se equivocaron, en el mejor de los casos, rumbo a determinadas prácticas políticas que no pueden pasar”.