Por LR oficial en gatillo fácil, Otras, represión estatal, Violencia institucional

Alfonso Mosquera, exministro de Seguridad de Córdoba, fue imputado por delitos relacionados con la investigación del homicidio de Valentino Blas Correas, de 17 años, ocurrido el 6 de agosto de 2020. De llegar a juicio oral, será el segundo por el mismo caso de gatillo fácil y también estarán en el banquillo de los acusados el comisario Gonzalo Cumplido, otro exfuncionario civil y 15 policías, algunos de los cuales ya fueron condenados en el proceso anterior.

Redacción: Carlos Rodríguez
Edición: Pedro Ramírez Otero

En el primer juicio por el asesinato del joven Valentino Blas Correas, dos policías recibieron la pena de cadena perpetua como autores del crimen y otros nueve fueron condenados por encubrimiento. El crimen fue calificado como “inadmisible masacre” y de ser “uno de los mayores casos de gatillo fácil y de violencia institucional de los últimos tiempos”, según afirmó Fernando López Villagra, uno de los fiscales.
El asesinato de Correas se produjo durante un control vehicular, en la capital cordobesa, cuando los policías balearon sin razón alguna el automóvil en el que iban Blas y cuatro amigos que también podrían haber perdido la vida por la violencia irracional del ataque.
En estos días, Soledad Laciar, la mamá de Blas, reiteró lo dicho cuando finalizó el primer juicio: “Voy a seguir luchando hasta que sean juzgados los responsables políticos y los que dejaron morir a mi hijo”, negándole la posibilidad de ser asistido en un sanatorio, cuando se encontraba gravemente herido. Laciar sostuvo: “Hay muchos casos que están clamando por justicia y esa también es mi lucha, para que esto no le ocurra a ningún pibe más”.

El nuevo juicio

Ahora, por derivaciones del mismo caso, el fiscal Franco Mondino, del fuero Anticorrupción, imputó a 18 personas, entre policías y exfuncionarios, quienes fueron citados a prestar declaración indagatoria en los primeros días de julio.
La decisión de Mondino es el primer paso en el marco de las actuaciones que le fueron giradas por la Cámara 8ª del Crimen de Córdoba, luego de dictar sentencia condenatoria a los dos policías autores del homicidio y a otros nueve por el delito de encubrimiento.
Los camaristas Marcelo Jaime, Juan Manuel Ugarte y Mario Centeno habían solicitado al fuero Anticorrupción que investigara la posible comisión de delitos en torno al manejo de recursos del Ministerio de Seguridad, en 2020 a cargo de Mosquera, en los que se veía envuelto el comisario Cumplido. También se ordenó investigar los hechos relacionados con la falta de auxilio a Blas Correas cuando estaba agonizando y ahondar sobre las maniobras de encubrimiento que se revelaron en el juicio.
Al comisario Cumplido, que no llegó al juicio oral porque había sido sobreseído en la instrucción, el fuero Anticorrupción lo imputó ahora por haber “recibido dádivas” y por encubrimiento. Al comisario, que era jefe de Seguridad de la ciudad de Córdoba, lo acusaron por “omisión de denuncia, agravado por su condición de funcionario público, por la gravedad del hecho precedente y por haber sido cometido en el ejercicio de sus funciones”.
El caso de Cumplido tiene íntima relación con la situación procesal de Fernando Mosquera, exministro de Seguridad de la provincia y actual legislador por Hacemos Unidos por Córdoba. A Mosquera se lo acusa de “ofrecimiento de dádivas” en los días en que era ministro y cuando Cumplido había sido separado de la fuerza policial por su vinculación con el caso Correas. Entre otras cuestiones, se sabe que Mosquera le regaló al comisario suspendido, con fondos públicos, un Toyota Corolla. También le prometió un ascenso, que no se concretó, una vez que se aquietaran las aguas de la investigación por el crimen.
El incumplimiento de la promesa derivó en fuertes revelaciones del comisario, que ahora son investigadas a fondo. Mosquera fue cuestionado duramente por la familia de Blas, quienes lo mencionaron como parte del encubrimiento.
Por si fuera poco, Mosquera tuvo que pedir licencia como legislador, luego de recibir una grave denuncia por violencia de género, de parte de una suboficial de la policía provincial. La víctima se presentó ante la Fiscalía de Instrucción de Violencia Familiar a cargo de Gerardo Reyes, para denunciar al exministro, con quien mantenía una relación de pareja. La suboficial, de 34 años, fue encontrada con heridas en el rostro, ensangrentada y desvanecida luego de ingerir pastillas. Tuvo que ser hospitalizada. Esta causa contra Mosquera es por los delitos de “lesiones leves doblemente calificadas por el vínculo, por mediar violencia de género, y por amenazas calificadas”.

Los otros imputados

Las derivaciones del caso de gatillo fácil, involucran también a Lucas Mezzano, exfuncionario del Ministerio de Seguridad, quien hoy tiene un cargo nada menos que en el órgano de Control de las Fuerzas de Seguridad. También está señalado en el “ofrecimiento de dádivas”, un delito penado hasta con dos años de prisión.
El fiscal Mondino imputó por “violación de medios de prueba” a los policías Jorge Ariel Galleguillo, Walter Eduardo Soria, Enzo Gustavo Quiroga, Sergio Alejandro González, Javier Catriel Alarcón, Wanda Micaela Esquivel y Juan Antonio Gatica.
Por el delito de “abuso de autoridad”, deberán responder en las indagatorias los policías Víctor Rubén Di Stefano, Diego Norberto González. Emmanuel Fachisthers, Melisa Janet Escalante, Ezequiel Henot, Leonardo Alejandro Martínez, Rodrigo Emmanuel Toloza y Natalia Soledad Márquez, quien también está imputada por “lesiones leves calificadas en abuso de su función”.
El listado puede ser parcial, ya que estaban en la mira de la Justicia otros funcionarios, entre ellos la comisaria general Liliana Zárate Belletti, jefa de Policía mientras se sustanciaba el juicio por el homicidio de Blas Correas.

Las condenas

En el primer juicio, fueron condenados a prisión perpetua por el delito de homcidio calificado los policías Lucas Damián Gómez y Javier Catriel Alarcón. Los condenaron también por los “homicidios en grado de tentativa” de los cuatro chicos que iban con Blas en el automóvil baleado por los policías.
También fueron condenados el comisario inspector Walter Soria, a cuatro años y nueve meses de prisión; el subcomisario Enzo Quiroga y el comisario inspector Jorge Galleguillo, ambos a cuatro años y ocho meses de cárcel. La oficial ayudante Yamila Martínez fue condenada a 4 años y tres meses; el subcomisario Sergio González a 4 años y diez meses; el comisario Juan Antonio Gatica y el cabo Alexis Quevedo, ambos a cuatro años de cárcel.
La agente Wanda Esquivel confesó en el juicio que “plantó” el arma para simular un “enfrentamiento”. A ella la condenaron a tres años y diez meses de prisión después de su confesión. El otro condenado, a dos años y seis meses de prisión fue el oficial ayudante Ezequiel Vélez. Fueron absueltos el agente Rodrigo Toloza y el cabo Leonardo Martínez.