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24 horas después del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el Ministerio de Economía dispuso el cierre del Fondo de Asistencia Directa a Víctimas de Trata.

Redacción: Valentina Maccarone
Edición: Pedro Ramírez Otero
Foto: Natalia Bernades / Archivo La Retaguardia

En el marco de la revisión, saneamiento o disolución de los Fondos Fiduciarios Públicos y mediante el Decreto 1048/24, el 26 de noviembre, el Ministerio de Economía informó el cierre de cinco fondos que, según explicaron, «registraron un pésimo uso de los recursos de la sociedad, falta de controles y de resultados». Entre ellos se encuentra Fondo de Asistencia Directa a Víctimas de Trata, cuyo objetivo era garantizar la reparación económica a las víctimas a través del decomiso de bienes y ganancias en causas judiciales generadas por este delito. El Fondo fue creado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación junto a BICE Fideicomisos S. A. en 2021 por medio de la Ley 27.508/2019.

Según lo comunicó el Ministerio de Economía del gobierno de Javier Milei, el Fondo tiene «múltiples falencias», entre ellas «los incumplimientos del Fiduciario respecto del pago a víctimas de trata, así como de los plazos establecidos para efectuar dichos pagos». No obstante, de acuerdo con un relevamiento estadístico que elaboró la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX) en base a la reparación de víctimas, entre 2019 y 2022, se realizaron 107 sentencias condenatorias de las cuales en 27 (un 25,2%) se efectivizó algún tipo de reparación económica para las víctimas. Estas reparaciones beneficiaron a 168 víctimas con alrededor de 70 millones de pesos, 16.141 dólares, el equivalente a 192 salarios mínimos y tres vehículos.

El DNU 195/2024 en su artículo 11 modifica la Ley de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas y le otorga al Ministerio de Seguridad el monopolio de la lucha contra el delito, en contra de todas los acuerdos y recomendaciones internacionales. La modificación se suma a los despidos y recortes en la línea 145 que atiende denuncias de este y otros delitos relacionados, y en el Consejo Federal y el Comité Ejecutivo para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas, entre otras medidas. Por lo tanto, el señalamiento del Gobierno nacional respecto de que, a pesar de disolver el Fondo, «dispondrá la continuidad y atención a las víctimas de tales delitos» es, profundamente, vano.