Otras
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Algunas personas compararon la masividad de la jornada de ayer con el primer Ni Una Menos. Otras con el 24 más concurrido que se te pueda ocurrir. Lo cierto es que las previsiones más optimistas quedaron desbordadas por la convocatoria unitaria en el Congreso. Escuchamos algunas de las entrevistas de la cobertura especial que La Retaguardia realizó junto a La Colectiva, Radio Sur, FM La Tribu, Radio Presente, Comunicadas y Perycia. Pollo Sobrero, dirigente ferroviario; Gabriel Arbós, dirigente de Directores Argentinos Cinematográficos (DAC); Jonatan Baldiviezo del Observatorio por el Derecho a la Ciudad y una argentina en Barcelona, fueron parte de este momento radial de anoche. Audios: Cobertura conjunta de medios comunitariosFoto: Valentina Maccarone
Lo dijo Juan Romero, concejal del Partido Obrero en el Frente de Izquierda-Unidad, en relación con el déficit habitacional de La Matanza y los cinco asesinatos ocurridos durante una asamblea de vecinos en la que se disputaba la venta de terrenos tomados. En Tengo una idea, Romero detalló cómo sucedió la masacre del 14 de enero, en la tosquera del barrio 8 de Diciembre (González Catán). Además, reconoció la lucha de organizaciones de vecinos frente a la emergencia habitacional que atraviesa esta zona de la provincia de Buenos Aires y la falta de urbanización por parte del Estado. Finalmente, el martes de esta semana se anunció que Juan Grabois será el abogado querellante en la causa, representando a familiares de víctimas y supervivientes. Entrevista: Carlos Morchio y Graciela Carballo Escuchá la entrevista completa
Lo dijo Ezequiel Roldán, secretario Gremial de La Federación de Aceiteros y desmotadores en La Retaguardia. La semana pasada las y los trabajadores lograron otro sorprendente acuerdo paritario en comparación con el resto. A partir de febrero el salario básico de un peón será de casi un millón de pesos. ¿Cuáles son las claves del éxito sindical? Entrevista: Fernando TebeleRedacción: Camila Cataneo Edición: Fernando Tebele En medio de la crisis económica y social provocada por el ajuste que está llevando adelante el gobierno de Javier Milei, las y los trabajadores aceiteros nucleados en la Federación de Aceiteros y desmotadores acordaron con las cámaras del sector un aumento del 211.4% y un bono de 600.000 pesos. Esto quiere decir que, a partir de febrero el salario básico de un peón será de casi un millón de pesos. La Federación viene luchando hace años para mejorar la calidad de vida de las y los trabajadores del sector. A partir de la persistencia y la unidad lograron resistir y defender sus derechos a lo largo del tiempo. Por este motivo, charlamos con Ezequiel Roldán, secretario Gremial de La Federación de Aceiteros y desmotadores. – Bueno, ustedes perciben que cada vez que hay un arreglo de aceiteros hay una sorpresa en los medios tradicionales, sorpresa y en algunos casos, incluso hasta crítica sobre el acuerdo. Nosotros hace años que venimos peleando por un salario mínimo, vital y móvil, como lo establece la ley para que cubra las nueve necesidades como la alimentación adecuada, vivienda digna, esparcimiento, salud, educación, entre tantas. Venimos peleando hace años y obviamente nada es gratis. Lo hemos conseguido a través de la lucha y de concientizar a todos los trabajadores aceiteros del país. Fue un laburo duro. Hoy tenemos la herramienta de la huelga para poder hacer entender a los empresarios qué es lo que necesita un trabajador para vivir dignamente. Y bueno, obviamente lo tomamos a través del índice de inflación del INDEC y tenemos un estudio de asesores que calcula el salario mínimo, vital y móvil. – Ustedes son conscientes de que en el contexto de lo que sucede al resto de los trabajadores y trabajadoras, aunque sea lo que debiera ser, termina siendo una situación casi de privilegio. Sí. Cuando no tendría que ser así, como bien lo dijiste. Nosotros peleamos el salario mínimo, vital y móvil. Lo peleamos obviamente para nuestra actividad pero nosotros creemos que todo trabajador, yo, vos y todo trabajador tiene que cobrar el salario, porque realmente es lo que uno necesita para vivir dignamente en estos tiempos. Si vas al supermercado y te encontras con diferentes precios todos los días. Si no te alcanza para pagar el colegio a tu hijo, si no te alcanza para la salud, si no te alcanza para todas estas nuevas necesidades que marca la ley, entonces ¿qué hacemos? El problema no está en quién lo pelea, quién lo gana, sino que el problema está en quién no lo hace. Nosotros tratamos de hacer entender, no solamente a los compañeros nuestros, sino a todo el resto de la sociedad que realmente todos tenemos derecho a cobrar un salario mínimo, vital y móvil como establece la ley. Si no tendríamos que decir: “bueno, a ver qué de esas nuevas necesidades tendríamos que sacar para no cobrar un sueldo mínimo, vital y móvil. Que hacemos, no comemos, no tenemos una vivienda digna, no mandamos al colegio a los pibes” Bueno, justamente eso es lo que sucede en un estado de privilegio. Nosotros creemos que realmente ese es el salario que tiene que cobrar hoy en día en Argentina todos y todas las trabajadoras del país. Sabemos que los empresarios nunca te van a querer dar un mango. Nunca te van a querer sacar de su ganancia para poder pagarte un salario mejor. Y nosotros siempre decimos lo mismo, el empresario o la empresa que no pueda pagar, que nos muestre los balances y veamos las ganancias y si realmente el balance de las ganancias son negativos, iremos y le diremos a los trabajadores: “Mirá, la verdad que esto no puede pagar hasta el día de hoy” Pero no conocemos un balance de los aceiteros. Creo que si lo llegáramos a conocer tendría que estar pagando mucho más de lo que de lo que conseguimos. Por eso es que no lo conocemos, claro. Así que cada uno tendría que tiene la obligación como dirigente, como gremio, como sindicato, federación, de exigir a los empresarios que muestren los balance de ganancias y ahí discutiremos si pueden o no pueden pagar un salario mínimo, vital y móvil, como establece la ley. – Suele decirse que ustedes consiguen lo que consiguen habitualmente porque son parte de una actividad que tiene sus ganancias maximizadas. Sin embargo, cuando uno recorre otras actividades que también tienen grandes ganancias, no se encuentran con el mismo panorama salarial. ¿Es exportable el modelo de la Federación Aceitera? ¿Es exportable a otros sindicatos? Nosotros creemos que sí, tendría que ser así. Muchos dicen que la soja maneja gran parte de la economía del país, que los dólares, que el que exporta. Nosotros lo tenemos en envasadoras con diez trabajadores que están pagando $992.000 de salario mínimo, vital y móvil. Hay empresas de Caba y de Gran Buenos Aires que están envasado a mano en bidones y lo llevan a los restoranes, y están pagando el salario. Entonces se cae el mito porque también estas empresas trabajan con el mercado interno. Si lo pueden pagar no teniendo gran tecnología y maquinaria, imaginate si no lo pueden pagar otros. El tema es pelearla y concientizar a la gente de que el trabajador vende su fuerza de trabajo y su fuerza de trabajo tiene que estar bien paga, porque justamente se trata eso. –Como secretario general de la Federación, ¿nos contas un poco cómo se organizan, porque intuyo que también ahí habrá parte de este, “secreto del éxito” a la hora de negociar, no en el modo en el que se organizan?. Nosotros hacemos
En un intercambio con el medio italiano Nápoli Monitor, enviamos una nota para contarles acerca de los primeros días del gobierno de Javier Milei. Nos responden ahora con una mirada sobre el tema migratorio con la actual conducción de gobierno de ultraderecha. Quizás un futuro posible que esté por llegar a nuestro país. El último día de 2023, el barco Ocean Viking, que rescata embarcaciones de migrantes en apuros, fue incautado por la justicia italiana a su llegada al puerto meridional de Bari. El barco supuestamente violaba el decreto aprobado en 2022 por el gobierno de Giorgia Meloni, que castiga a las ONG que rescatan migrantes en aguas del mar Mediterráneo. Según el decreto, tras realizar un rescate humanitario, los barcos no pueden llevar a cabo otros rescates, ni siquiera en presencia de embarcaciones a punto de hundirse, sino que deben dirigirse directamente al puerto más cercano. En su último viaje, el Ocean Viking había rescatado a casi trescientos migrantes (entre ellos treinta menores) procedentes de África y Oriente Próximo. Ahora la ONG y los activistas se arriesgan a fuertes multas y condenas. La violenta represión de los inmigrantes por parte del nuevo gobierno de extrema derecha no es una novedad en la legislación italiana. Desde finales de los 1990 hasta hoy, tanto los gobiernos de derechas como de izquierdas han elaborado medidas muy duras para impedir que los migrantes llegados a través del norte de África alcancen las costas italianas, y para encarcelar o deportar al mayor número de ellos. En este artículo publicado por la redacción de MONiTOR, se describe de forma efectiva la guerra contra la inmigración emprendida por todos los gobiernos italianos en los últimos veinticinco años. * * * La guerra contra la inmigración es una guerra que se libra sin tregua en el Mediterráneo, en Italia, en Europa y en muchos rincones del mundo desde hace mucho tiempo. Es una guerra que tiene varios frentes; no es sólo una guerra contra la inmigración, sino una guerra contra los inmigrantes, que se desarrolla a través de una miríada de conflictos, grandes y pequeños. No es una guerra asimétrica: el frente que ataca a la inmigración es fuerte y está organizado, pero choca con un mundo de sujetos capaces de resistir y reinventar día tras día nuevas formas de contraataque, que no se limitan a la resistencia. Para comprender lo que está en juego, hay que delimitar con precisión las fuerzas en juego, que muy a menudo se presentan de forma superficial. CLASES DOMINANTES El ataque a la inmigración parte de las clases dominantes, que especialmente en Italia y en Europa han situado a la fuerza la cuestión de la inmigración cada vez más en el centro del debate público. Son clases dominantes vinculadas a culturas políticas reaccionarias, de derechas y de extrema derecha, orgánicas de los diferentes nacionalismos vivos y activos en los territorios; pero también vinculadas a culturas políticas progresistas, formadas en la estela de la tradición socialista y democristiana. Detrás de la barricada de las clases dominantes, especialmente en Italia, hay fascistas, nacionalistas, leghistas (de la Liga Norte de extrema derecha), demócratas, populistas; a prueba de gobierno, limitándonos sólo a los últimos años, han competido entre sí para bajar cada vez más el listón de los derechos, las garantías y las oportunidades, tanto para los que aspiran a venir a Italia y a Europa, como para los que laboriosamente han llegado hasta aquí, tanto para los hijos y nietos de los que llegaron hace tiempo, como para los que se solidarizan con el mundo de la inmigración. Desde el paquete de las medidas de seguridad de 2009 de Maroni (exministro de extrema derecha del partido Liga Norte) hasta los decretos de 2017 de Minniti (exministro de centroizquierda del partido Demócratas), pasando por los posteriores decretos de Salvini (ex ministro del Interior y actual vicejefe del gobierno de extrema derecha) y por todas las medidas del gobierno de Meloni, este segmento amplio y transversal de las clases dirigentes ha intentado llevar el frente de guerra contra la inmigración sistemáticamente más lejos, llegando incluso a experimentar dispositivos antes impensables: por citar algunas, la supresión de un grado de juicio para quiénes soliciten asilo y vean rechazada su solicitud; el desmantelamiento progresivo de la ‘protección humanitaria’; la persecución judicial de la solidaridad en mar; la criminalización de acciones conflictivas sociales y sindicales como los cortes de carretera; la ampliación del uso de armas como pistolas eléctricas para policías locales; o la ampliación de los plazos para solicitar la nacionalidad. Estas medidas, destinadas a hacer la vida cada vez más difícil a los inmigrantes, se han entrelazado con otras medidas nacionales e internacionales destinadas a impedir la propia inmigración, como el incesante endurecimiento de las normas para llegar legalmente a Europa, o para obtener permisos de residencia, y la militarización de las fronteras marítimas y terrestres. La acción represiva de las clases dominantes y el aparato legislativo que la sustenta se apoyan en una gigantesca maquinaria militar y policial. En pocos años, las principales actividades cotidianas de las comisarías y las jefaturas de policía se han centrado en el control, el seguimiento y la vigilancia sobre la inmigración: renovar los permisos de residencia, patrullar el territorio, expedir los documentos necesarios para vivir legalmente, y reprimir los delitos relacionados con la inmigración, ocupan una parte considerable del tiempo de trabajo de las fuerzas policiales. Este despliegue de fuerzas cosecha lo que se ha sembrado en el pasado más o menos reciente: en la opinión pública, la inmigración se ha representado como la madre de todos los problemas para los ciudadanos italianos y europeos. En consecuencia, la política migratoria se ha identificado como el espacio ideal en el que intervenir para demostrar que se quiere resolver los problemas sociales y económicos de la población: desde la vivienda al desempleo, desde la sanidad a las pensiones, desde la escuela a los salarios. Sin luego mover un dedo para solucionar realmente estos problemas, o incluso empeorándolos. Las recientes medidas del
Micaela Polak y Romina Ruffato, trabajadoras de Radio Nacional, analizaron la presencia policial frente a la sede del medio público, que se replicó en Télam y la TV Pública. Producción: Julián BouvierRedacción: Valentina MaccaroneEdición: Fernando TebeleFoto: Instagram de Sipreba Quienes trabajan en los tres medios públicos, Radio Nacional, Télam y Televisión Pública, se encontraron ayer con autos y carros de asalto de la Policía Federal en las puertas de los tres edificios. Lo consideraron como una intimidación, un intento de amedrentar a quienes se organizan contra del DNU y el proyecto de Ley Ómnibus que se está discutiendo en este momento en el Congreso. En particular, por el intento de privatizar y/o cerrar los medios públicos. Romina Ruffato, trabajadora de Radio Nacional, relató en comunicación con La Retaguardia: “Estos medios se basan en la soberanía informativa de nuestro país, que en el caso específico de Radio Nacional y sus 49 emisoras llega a lugares que ninguna otra radio llega, abarca temáticas que ninguna otra radio abarca. La verdad es que estamos muy preocupades por la situación del país en general, de la clase trabajadora, de la que nos sentimos parte, y de nuestra radio”.Hoy, pese a que el vocero presidencial (Manuel Adorni) negó que la presencia policial estuviera fundada, se repite la situación en la Televisión Pública donde nuevamente hay un carro de asalto. En el caso de Télam, los trabajadores y trabajadoras encontraron dos integrantes de la Policía Federal “patrullando” la cuadra. Micaela Polak, Delegada de SiPreBA en Radio Nacional Buenos Aires, expresó: “Creemos que esto tiene que ver directamente con el intento de privatización o de cierre que pretende este gobierno a través del DNU y a través del proyecto de Ley Ómnibus, aunque se contradigan entre sí. En un caso nos nombran como sociedades anónimas y, en el otro, volvemos a ser sociedades del Estado. Pero, la realidad es que tienen planes de cerrar estos medios, no entendiendo cuál es su rol en cada uno de los lugares de nuestro país”.En repudio, se realizó este mediodía una radio abierta frente al histórico edificio de Radio Nacional, en Maipú 555. Al cerrar la comunicación, Polak detalló: “Creemos que lo que intentan hacer es amedrentar estas luchas que estamos dando, para que no tengan la nutrida concurrencia de trabajadores y trabajadoras”.
La docente y vicepresidenta de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), María Elena Naddeo, pasó por el programa Sueños Posibles de Radio La Retaguardia, y habló acerca de la situación actual de la Argentina. “Estamos viviendo una catástrofe política”. Además se refirió al paro nacional del 24 de enero. Dijo que la APDH está participando junto a ATE de una red de abogadas y abogados para trabajar en la defensa de los trabajadores, presentando una medida cautelar para el paro. Entrevista: Alfredo Grande / Irene AntinoriRedacción: Agustina Sandoval Lerner / Julián Bouvier —Evidentemente, después de lo que podemos llamar el triunfo de Milei, estamos hablando mucho, con distintas personas de distintas orientaciones para ayudarnos entre todos a ubicarnos rápidamente en este nuevo panorama, que no sé si es tan nuevo, pero nos gustaría mucho que vos, desde tu especificidad más conocida, pero también desde tu rol de militante, dirigente sindical, nos des tu panorama de qué pensás de esta situación, ¿no? Que para muchos sigue siendo sorprendente. —Sí, la verdad es que estamos profundamente consternados y consternadas. Es una catástrofe política lo que estamos viviendo. Creo que la gente que votó a la Libertad Avanza no entendió que detrás de ese mensaje transgresor, alegre, rupturista de un cambio profundo, se escondía una mano negra. Porque la verdad lo que estamos presenciando es el intento de destruir lo poco de bueno que tiene el estado social, ¿no? Las leyes laborales, el tema de las indemnizaciones, por ejemplo, la derogación del INADI. La derogación de leyes muy importantes como la Ley de Apoyo a la Fabricación Nacional de Medicamentos. Sin hablar incluso de los temas de género, recortan la Ley Micaela, por ejemplo. Esa es una decisión ideológica. Fijate que es una capacitación obligatoria a los tres poderes del Estado, ¿no? Todos los funcionarios, para que conozcan la temática de la prevención de la violencia de género, la recortan sólo para aquellos que trabajen el tema. Y solamente con la temática de violencia intrafamiliar, como si no hubiera violencia social,violencia política, o institucional. Pero bueno, eso es un aspecto pequeño, pero que muestra el perfil. Lo otro es un desmantelamiento brutal de todas las medidas protectoras de la industria nacional, de las pymes. La libertad de mercado, otra vez la libertad de mercado absoluta de los grandes monopolios, de los grandes capitales. —Justamente quería agregar que ya se produjeron despidos en las líneas 144, también en el Consejo de Niños, Niñas y Adolescentes en CABA, y en la línea 137 nos informaron que hay siete trabajadoras despedidas. Todo esto conlleva a un nivel de violencia mayor y a mayor desprotección hacia los niños, las mujeres, que son las principales víctimas de violencia. ¿Cómo pensás que se puede hacer, más allá de difundir, de denunciar, para impedir que se avance sobre estas conquistas? —Sí, los despidos son terribles porque es lo que acompaña en forma primera el proceso de desmantelamiento del Estado. El Estado pequeño que ellos quieren reducir. Yo estoy en la APDH, en la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, y participamos junto con ATE capital de una red de abogados y abogadas para justamente trabajar los temas de la defensa de los trabajadores y por otro lado, también se ha presentado el pedido de una medida cautelar para la movilización del 24 de enero. Una de las maneras que tenemos desde la sociedad es acompañar a los gremios, a las tres centrales de trabajadores, las dos CTA, y gran parte de la CGT, que se han puesto de acuerdo para marchar el 24. Ese paro tiene que ser un paro muy importante y además tiene que ser el inicio de un plan de acción sostenida, ¿no? Después el otro frente es el Legislativo y las asambleas vecinales. También hay una red federal que se nuclea en Judiciales, en Rincón 74, que ya hemos tenido dos reuniones plenarias, han presentado un amparo contra el DNU fundamentalmente. Y bueno, se están haciendo reuniones en diputados contra la Ley Ómnibus. Justamente, estamos trabajando un documento que se va a llevar el miércoles, desde la Mesa de Articulación de Niñez, donde confluimos más de 400 organizaciones. El viernes nos reunimos de manera presencial en el SERPAJ (Servicio Paz y Justicia de Argentina) y virtual, con gente de todo el país. Allí con la APDH, con madres, con APIABA (Asamblea por las Infancias y Adolescencias de Buenos Aires), las redes, los chicos del pueblo, una cantidad de organismos y especialistas trabajando para denunciar esto porque la verdad que no es una alternativa. La realidad actual es malísima, porque hay mucha pobreza infantil y mucha indigencia, pero lo que ellos proponen va a acentuar la brecha social y la brecha cultural. No es la alternativa deseada. Así que no hay que bajar los brazos y articular, no quedarnos solos y solas, acercarse a los sindicatos, a los movimientos sociales, a los organismos de derechos humanos, en fin, no estar solo. Ese es el mensaje. Marchar juntos y juntas, y apostar a los colectivos que en las plazas y en los barrios se están organizando. —Quería retomar algo de lo que vos dijiste en el sentido de catástrofe. Me impactó porque mi penúltimo artículo para Pelota de Trapo se llama justamente “Catástrofe y Oportunidad”, para correrse de ese latiguillo tan conocido de crisis y oportunidad. Esto es una catástrofe y no sé si trae una oportunidad. La pregunta que te quiero hacer es qué hicimos nosotros, o qué no hicimos, para llegar a esto, para merecer esto. Desde ya estas elecciones, creo, sorprendieron a más de uno. La pregunta que te hago es ¿qué pensás que llevó a que mucha gente votara al alacrán a pesar de que sabía que iba a picar? ¿Qué es lo que pasó en cuatro años? Pero también antes, porque Macri ganó no hace mucho. —Es una pregunta que nos hacemos prácticamente todo el tiempo. Yo creo que influyó mucho la pandemia. No vimos lo suficiente el
Así comenzó Jorge Yabkowski su exposición en la Comisión de Legislación General que trata el DNU 70/23 y la Ley Ómnibus. En diálogo con Oíd Mortales, el Secretario General de la Federación Sindical de Profesionales de la Salud (FESPROSA), expresó su rechazo a ambas medidas y puntualizó en algunos contenidos “muy graves”, como la derogación de la Ley 27.113 sobre la producción pública de medicamentos. Además, adelantó la participación de la Federación en el paro general del 24 de enero. Entrevista: Cristina Varela / Luis Angió Escuchá la entrevista completa:
Hoy cumple 99 años la enorme Mirta Baravalle, cofundadora de Abuelas y Madres de Plaza de Mayo.Construimos colectivamente esta suma de palabras que la representan. Madre Abuela Ana María Dolor Espera Lucha Plaza Memoria Búsqueda Fundación Encuentro Mujer Catorce Ronda Alegría Perseverancia Aprendizaje Enseñanza Colectivo Angustia Amor Ejemplo Coherencia Dulzura Firmeza Abrazos Caricias Persistencia Paciencia Lágrimas Búsqueda Bronca Pasos Gritos Palabras Reclamos Compañía Unidad Ternura Escucha Cuidado Experiencia Abrigo Referencia Militancia Esperanza Acción Trinchera Compañerismo Solidaridad Incertidumbre Búsqueda Organización Resistencia Fotografía Creatividad Sensatez Contención Vida Camino Referencia Belleza Humildad Sangre Vida Entrega Sensibilidad Elegancia Locura Pesar Fuerza Búsqueda Sabiduría Emoción Candor Fortaleza Duelo Amabilidad Compasión Constancia Faro Huella Motivación Protección Tenacidad Valentía Justicia Pasión Coraje Identidad Símbolo Corazón Garra Rebeldía Dónde Está Camila o Ernesto Fotografía: Natalia Bernades / Archivo La Retaguardia
Efrén Mantilla, periodista ecuatoriano, integrante del portal Hecho en Ecuador, pasó por el programa Patria Soñada, de Radio La Retaguardia y habló acerca de la situación social crítica que se está viviendo en su país. “Las bandas narcos y sus reos le están declarando la guerra al gobierno de Daniel Noboa. Y este acaba de emitir un decreto a través del cual se crea el Estado de excepción”, comentó el periodista. Además, se refirió a la economía ecuatoriana, que está dolarizada: “Al dolarizarse la moneda, se facilita el lavado de dinero. Y al no tener la posibilidad de devaluar, por no tener moneda propia, estamos en indefensión en relación a nuestros países vecinos. Por ejemplo, en Perú o Colombia, los precios son muchísimo más bajos que en nuestro país. Y eso destroza la producción nacional”. Además, Mantilla hizo una advertencia al pueblo argentino: “Si en Argentina llegan a dolarizar, va a ser el acabose. Van a caer en un default brutal y va a convertirse en un espacio de lavado de dinero y de evasión”. Entrevista: Jorge Soler / Julián BouvierFoto: AFP Escuchá la entrevista completa:
El diputado nacional por el Frente de Izquierda y de Trabajadores – Unidad (FIT-U) esbozó un panorama acerca de cómo y cuándo se tratará el mega DNU de Javier Milei. En diálogo con el programa radial Hora Libre, Castillo se refirió al rol de la protesta social para que se autoconvoquen la Cámara de Diputados/as y el Senado para rechazar estas medidas. Entrevista: Natacha Bianchi / Matías Bregante / Rodrigo FerreiroRedacción: Valentina MaccaroneEdición: Pedro Ramírez OteroFotos: Natalia Bernades / Antú Divito Trejo ―¿Qué lectura hacés sobre estos dos paquetes de leyes que presentó Javier Milei, avalado por un montón de otros partidos para tratar, como dice él, de transformar Argentina? ―Es el intento de imponer un régimen donde la figura presidencial sea la única que decide, cuasi monárquico, barriendo en los hechos al Parlamento, porque si se le diesen las facultades delegadas que pide en la Ley Ómnibus y se le aprobase un DNU donde legisla sobre todo, ¿para qué el Parlamento? Entonces, me parece que ese es un aspecto primario que hace que el DNU sea ilegal e inconstitucional. Y en el caso de la Ley Ómnibus es el intento de abrumar con cantidad de temas para a partir de ahí, entiendo yo, va a ser una estrategia tratar de ver que puede negociar para que eso salga. En el medio, se arrollan los derechos laborales de la clase trabajadora, se liquida la Ley de Tierras, se quedan con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de los jubilados. Negocios y negocios que están detrás de cada una de las medidas, tanto del DNU como de la Ley Ómnibus: entregas, saqueo y quita de derechos por doquier. E imponer un régimen de un cuasi estado de sitio permanente, si es que se acepta la modificación del artículo 194 del Código Penal, tal como ellos la formulan, donde el Ministerio de Seguridad tendría la potestad de decidir quién puede manifestar y quién no puede manifestar, es decir, que se le puede ocurrir que a todos los opositores nunca les autoricen las manifestaciones y entonces cercenarlas o que se hagan en forma ilegal. ―¿Es posible que se dabata esta ley en enero teniendo en cuenta la cantidad de artículos que toca? ―Lo primero es que discutir es imposible porque cada una es una subley dentro de la llamada Ley Ómnibus, donde hay opiniones y posiciones de todo tipo sobre cada uno de los puntos a debate. Pueden tratar de hacer el trámite parlamentario para intentar aprobarla, pero eso no es lo mismo que discutir realmente la ley. Con respecto del Senado, en principio el gobierno no tendría mayoría en ninguna de las dos cámaras. Ahora, puede ir y tratar de ganar voluntades. Creo que muchos también están pensando: “¿Dónde nos vamos a meter si es que aprobamos esto? Los primeros artículos de la Ley Ómnibus son los principales, porque son los que piden la facultad delegada, que es que él podría gobernar sin el Parlamento durante cuatro años y hacer lo que se le cante. Y a partir de ahí, toda la película de terror, el articulado macabro de una ley que hay que rechazar contundentemente. En todo caso, la posibilidad de que se den vuelta o aprueben o no va a depender de la calle. Y en particular, está la instancia del Paro General del 24 de enero, que creo que todos, más allá de las críticas que tenemos muy fuertes a la conducción de la CGT (Confederación General del Trabajo), hay que tomarlo en las manos de todos los sectores combativos, luchadores, hacer un gran paro y una gran movilización que exprese a todo el país agraviado, tanto por el DNU como por la ley. No quería dejar de señalar que el DNU que ya está rigiendo. Ahí hay una responsabilidad muy grande de las dos cámaras, de si la Bicameral del DNU no sacó dictamen en los diez días que tiene para hacerlo, si autoconvocarse las cámaras, eso está especificado en el reglamento que se puede realizar y rechazar este DNU. Para dar un ejemplo, si viene alguien y ahora compra tierras en zonas protegidas por la derogación de la Ley de Tierras, eso es un derecho adquirido. Yo pondría en la agenda la urgencia primaria que es la derogación del DNU. ―¿Hay potestad por parte de diputados, diputadas y senadores de autoconvocarse? ¿O no lo hacen porque están midiendo todavía la jugada o nadie quiere dar el paso adelante? ―Hay de las dos. Primero, hay un plazo para la habilitación para sesionar. Hay una discusión si es el 23, 24 o 25 de enero. Hasta esa fecha no, porque es el plazo donde se tendría que expedir la Comisión Bicameral de DNU. Y si no se reúne y no se expide, a partir de ahí se pueden autoconvocar las cámaras. En ese marco, hay algunos que nos hemos expedido con claridad y que estamos viendo y hablando con otros bloques para tratar de producir esa autoconvocatoria. Entiendo que es el pronunciamiento oficial de Unión por la Patria, que está en contra también de la forma y el contenido del DNU. A partir de ahí, vos tenés pronunciamientos que van desde “estoy de acuerdo, pero no en la forma”. Ese bloque es tanto el radicalismo, donde hay distintas posiciones, como el bloque que ahora se ha hecho con el liderazgo de (Miguel Ángel) Pichetto, que son unos 23 o 24 diputados, pero donde también hay posiciones distintas, por lo menos de lo que yo he leído de los pronunciamientos. Ahora, en ese terreno es muy importante el paro para forzar la autoconvocatoria y llegar a los 129 diputados, que es a lo que tenemos que llegar para hacer una sesión especial que pueda que pueda rechazar el DNU. Entonces, eso sí me parece muy importante. En nuestro caso, estamos tratando de hablar con todas las diputadas y diputados que podemos para tratar de comprometer. Entiendo que hay otros bloques que también están un poco trabajando en ese sentido.