Alejandro de Korvez
En una extensa jornada, se escucharon testimonios que aportan a abrir nuevas historias en el juicio. Las dos primeras fueron Alicia Ruszkowski y Ana Pecoraro, esposa e hija de Enrique Pecoraro. Ruszkowski relató además su secuestro en la ESMA. Luego testimoniaron Arturo Helman y Dalia Canteloro, una pareja de sobrevivientes que repasaron la convocatoria y la preparación para la Contraofensiva. El cierre estuvo marcado por la interrupción que sufrió la testigo Ana María Lazarini. Especialmente llegada desde Barcelona para declarar, en el medio de su declaración el juez Alejandro de Korvez abandonó la sala para asistir al médico. Luego de estudiar variantes legales, los jueces Rodríguez Eggers y Matías Mancini repararon el desplante y continuaron la audiencia con el acuerdo de todas las partes y el aporte de la cuarta jueza. Cuando pudo, Lazarini se refirió al secuestro de Antonio Luis Tovo, ocurrido el 4 de junio de 1980 en Rosario. (Por Gustavo Molfino/Julieta Colomer/ Fabiana Montenegro/Fernando Tebele para El Diario del Juicio*) Los imputados se retiran de la sala de audiencia. Como la semana anterior, la primera testigo, Alicia Ruszkowski, los mira.La respuesta es la mirada al suelo. Lo mismo ocurre con las fotografías de las víctimas en esta causa.(Foto: Gustavo Molfino/DDJ) Ruszkowski dio testimonio por su compañero, Enrique Pecoraro, que fue asesinado, y por su propia situación, ya que fuesecuestrada y llevada a la ESMA. La sobreviviente narró su secuestro en Mar del Plata, su traslado a la ESMA y la posterior libertad vigilada a la que fuesometida durante dos años. (Gustavo Molfino/DDJ) En primera fila la observan su hija, Ana, junto s sus hijos. La nieta de Ruszkowski lleva la pancarta de su abuelo asesinado,Quique Pecoraro. (Gustavo Molfino/DDJ) Al finalizar, recibió el abrazo de su hija, Ana Pecoraro, que declaró inmediatamente después. Cuando finalizó su testimonio, su mamá le devolvió el abrazo anterior. Ambas estaban muy emocionadas. Quique Pecoraro apretado por la rosa roja tejida (un símbolo que llegó a los juicios lesa humanidad para quedarse).La foto cuelga del cuello de uno de sus nietos. Una de las nietas de Enrique Pecoraro, esbozando la misma sonrisa que su abueloen la foto inmortal. (Fabiana Montenegro/DDJ) Arturo Helman participó de la Contraofensiva. En su testimonio dio cuenta de cómo fue la convocatoria y la preparación.(Gustavo Molfino/DDJ) Aquí Helman responde una de las preguntas de la defensa oficial, mucho menos activa que en las primeras audiencias. El cuarto turno fue para Dalia Canteloro, también militante de Montoneros. Es la compañera de Helman. Su hermana, GloraCanteloro, ya fue testigo en el juicio. (Gustavo Molfino/DDJ) La familia de Dalia Canteloro en la primera fila, que siempre es ocupada por los afectos de la persona que testifica.(Gustavo Molfino/DDJ) Ellos y ellas, que no han podido, entre otras cosas, ser testigos en este juicio,están presentes en todas las jornadas a través de las fotos, de los testimonios yde cada recuerdo silencioso. (Gustavo Molfino/DDJ) El último testimonio, ya pasando las 15 horas, fue el de Ana María Lazarini, que llegó especialmente desde Barcelona. Elesfuerzo de quienes viajan y no utilizan la videoconferencia, tiene que ver con que claramente no es lo mismo estar allí quea través de la fría imagen de una tv. Pero el testimonio de Lazarini fue interrumpido por un imprevisto insólito: uno de losjueces se tuvo que ir. (Grupo de Familiares/DDJ) El juez Alejandro de Korvez dijo que se tenía que ir al médico, ya que arrasta un problema en la vista: “de hecho renuncié aljuzgado”, anunció para sorpresa de todos y todas allí, mientras caminaba hacia la salida. (Gustavo Molfino/DDJ) El presidente del tribunal, Esteban Rodríguez Eggers y el otro juez, Matías Mancini, intentaron reparar la situación. Luegode buscar otras variantes de días (la testigo regresa el lunes a Barcelona), le ofrecieron a Lazarini y a las partes que continuara con el relato, sumando a la cuarta jueza para la ocasión. Todas las partes estuvieron de acuerdo en continuar deesa manera. (Grupo de Familiares/DDJ) Lazarini continuó con su testimonio, con la particularidad de la silla del juez vacía. Se refirio al secuestro de Antonio Luis Tovo, padre de sus dos hijas, que también viven fuera del país y son querellantes en la causa.(Fernando Tebele/DDJ) Sobre la mesa, los cuerpos del expediente instruido para llegar a este juicio oral. La fiscal Gabriela Sosti le pregunta aAna María Lazarini. (Fernando Tebele/DDJ) Al cierre de la jornada, la primera testigo, Alicia Ruszkowski, y la última, Ana María Lazarini,se dieron un emotivo abrazo. Dar testimonio, además de aportar datos para la causa judicial,implica para quienes han sobrevivido una reparación histórica difícil de explicar, pero queresulta notoria en cada final. (Grupo de Familiares(DDJ) *Este diario del juicio por la represión a quienes participaron de la Contraofensiva de Montoneros, es una herramienta de difusión llevada adelante por integrantes de La Retaguardia, medio alternativo, comunitario y popular, junto a comunicadores independientes. Tiene la finalidad de difundir esta instancia de justicia que tanto ha costado conseguir. Agradecemos todo tipo de difusión y reenvío, de modo totalmente libre, citando la fuente. Seguimos diariamente en https://juiciocontraofensiva.blogspot.com
Está claro que la declaración de Pablo Verna, el hijo del genocida Julio Verna, fue histórica. En casi noventa minutos, relató los diálogos que tanto él como otras familiares tuvieron con el médico militar, que participó de los vuelos de la muerte y está libre. El debate previo a su testimonio, que terminó con un fallo dividido del tribunal en favor de tomarle su declaración, también resultó enriquecedor en el camino hacia que otras hijas e hijos de genocidas puedan aportar la información que tienen. (Por Fernando Tebele para El Diario del Juicio*) Foto de portada: Pablo Verna durante su declaración testimonial (Luis Angió/DDJ) Colaboración Valentina Maccarone Pablo Verna ingresa a la sala de audiencias por una puerta no habitual para quienes son testigos. No pasa entre la gente, sino por el pasillo que queda libre entre el estrado de los jueces y la fila que, del otro lado, tiene a los defensores en una parte, y a la fiscal y los abogados querellantes del otro. Deja sus anteojos sobre la mesa para poder quitarse el cuellito de tela que protege especialmente su garganta; nada de quedarse sin voz justo hoy. Se vuelve a poner los lentes y se quita el camperón de paño gris oscuro. Lo va a colgar en la silla, pero se lo pasa a una mano que se estira desde el público, que es la de su compañera, la cantautora Mariela Milstein. Pablo deja una mochila en el piso antes de tomar asiento para disponerse a declarar; a través del cierre entreabierto, se escapa el silencio. “La imposición de guardar silencio implica una complicidad que, por supuesto, no es jurídica pero que sí es emocional. Yo, particularmente, no la pude ni la puedo tolerar”, había expresado algunas horas antes en charla con El Diario del Juicio. Ahora ese silencio perderá su peso en la mochila sobre el piso, y se transformará en palabras dolorosas pero cargadas de alivio. Pablo Verna está por declarar.Hay dos cuestiones que saltan a la vista y le dan contenido también a su testimonio. La primera es que su declaración no comenzó precisamente ahora, que está por hablar, sino que arrancó hace minutos, con un debate entre las partes. La segunda es que no declaró él, individualmente, aunque así haya sido para la justicia. *** El presidente del tribunal confirma que Verna podrá declarar. El debate previo El defensor oficial, Lisandro Sevillano, toma la palabra. Todas las personas que estamos allí sabemos lo que va a decir. Intentará que el tribunal impida el testimonio de Verna. “En lo que circula en los medios de internet, se sabe que su declaración será en contra de su progenitor Julio Verna. Lo que lo coloca dentro del artículo 242 del Código Penal. Ese artículo no es un capricho del legislador, sino que es la garantía de una protección fundamental en el Estado argentino, que es la protección de la familia”. Por un instante, no se entiende bien si es un debate sobre el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, o está argumentando sobre la posible declaración de Verna. Los argumentos parecen similares. Lo primero es la familia, pase lo que pase allí adentro. Lo apoyaron los dos defensores privados sin aportar demasiado.Del otro lado, la fiscal Gabriela Sosti, y los abogados querellantes Pablo Llonto, Ciro Annicchiarico y Maximiliano Chichizola, los enfrentarán con sólidos argumentos y unos pocos antecedentes. Sosti se opone apuntando que el padre de Verna no está imputado en esta causa, por lo que Pablo no va a declarar contra su padre, y también muestra cierta ironía cuando se refiere a la familia: “¿a qué familia quiere proteger la defensa?”, se pregunta. “Muchos de los hijos de estos padres no es que los han confrontado, como dice la defensa, sino que se han encontrado con una verdad de su historia que los ha puesto en el dilema ético: asumir esta historia, cargando con la responsabilidad ética de lo que cometieron sus padres; o no. Ser sujetos libres, dignos para su humanidad y asumir esta historia desde otra perspectiva”, define.Luego de Sosti, aparece en escena Pablo Llonto. Una frondosa cabellera grisácea cae sobre su saco. Su actitud durante el juicio es siempre la misma: teclea sin descanso sobre su computadora portátil. Mezcla con habilidad sus tres condiciones distintivas: abogado, periodista y militante. En este juicio, su rol no es tan protagónico durante las audiencias, como sí lo fue en La Tablada o en otros tramos de Campo de Mayo, por citar sólo algunos de los juicios por violaciones a los derechos humanos en los que participó. Ese espacio lo ocupa esta vez la fiscal Gabriela Sosti. Pero su acción como abogado de la querella es fundamental durante todos los días de la semana. Escucha a las familias. Piensa estrategias. Lo acompaña habitualmente Ernesto Coco Lombardi, ausente por algún problema de salud que no podrá hacer que se despegue del todo de esta causa. Llonto habla siempre a la distancia justa del micrófono (oficio de periodista). Suelta un alegato contundente; es difícil no escucharlo con atención completa: “Con todo respeto al tribunal, quiero señalar que ha llegado el momento para la justicia argentina de resolver el caso Verna. Y este caso pasa a tener una importancia histórica en los juicios por delitos de lesa humanidad. Lo que se resuelva hoy aquí, para permitir o no que el hijo de un genocida declare, marcará de aquí en adelante el camino en una enorme cantidad de juicios en la Argentina. Lo explicado por el defensor, cuando dijo ‘Uh, me olvidé de algo’, que era remarcar que Pablo Verna integra un colectivo que ha tenido enorme repercusión en los medios desde el fallo de la Corte contra el genocida Muiña. Desde entonces se conforma este organismo de familiares de genocidas que repudian el genocidio y la actitud de sus padres, hermanos, abuelos, tíos, ex esposos, y que hoy están presentes. Hoy aquí, entre el público, hay una gran cantidad de familiares de genocidas que vienen a escuchar lo que
El Tribunal Oral 4 de San Martín permitió que Pablo Verna, el hijo de un médico genocida, declare sobre las atrocidades que cometió su progenitor durante la última dictadura. Ocurrió este mediodía en el juicio oral que juzga los crímenes que se cometieron entre 1979 y 1980 contra quienes integraron la Contraofensiva Montonera. Verna ratificó lo que había adelantado en la entrevista concedida a el Diario del Juicio. (Por Martina Noailles para El Diario del Juicio*) Foto de portada: Verna antes de declarar, en la sala de espera de quienes dan testimonio. (Fabiana Montenegro) En una decisión dividida, los jueces Esteban Rodríguez Eggers y Matías Mancini, con la disidencia de Alejandro de Korvez, aceptaron por mayoría que Pablo Verna rompa el silencio que durante décadas le impusieron en su casa y cuente, ante la Justicia y a otros hijos e hijas de represores que estaban en la sala, la participación del médico militar Julio Alejandro Verna en vuelos de la muerte y otros episodios donde se tiraron vivas al mar y al río a personas secuestradas en Campo de Mayo.“Hoy, acá, se va a resolver la suerte de los hijos e hijas que quieren declarar contra sus padres. Una decisión en contra lo hará sufrir a Verna tres cosas: los delitos de su padre; lo obligará a traicionar su conciencia y le impedirá decir la verdad. ¿Y quiénes van a ser los beneficiados si se le impide declarar a Pablo Verna? Los imputados de los peores delitos de la humanidad, es decir que la afectada será la humanidad toda”, argumentó minutos antes el abogado uerellante Pablo Llonto, ante el pedido de las defensas para que se le impidiera dar testimonio “para proteger a la familia”. Los jueces Rodríguez Eggers y Mancini rechazaron el planteo del defensor oficial y explicaron que el Código Penal “dice que un hijo no puede declarar en contra de su padre; no que no puede declarar”. El tercer juez, de Korvez, leyó su voto en disidencia. El presidente del tribunal resaltó, antes de anunciar la medida, el alto nivel del debate que se dio previamente. María Montserrat Suárez Amieva, hija de Julio Suárez, una de las víctimas del padre de Verna (Foto: Gustavo Molfino/DDJ) Cuarenta años después de los hechos y cinco desde que su padre se lo confirmara en una charla en el Hotel Pizarro de Villa Luro, Pablo Verna logró poner su granito de arena en la reconstrucción de una verdad que para muchas víctimas de delitos de lesa humanidad parece inalcanzable. El pacto de silencio que guardan los genocidas les impide a los familiares saber cuál fue el destino de sus padres, madres, hermanos, hijos secuestrados, desaparecidos, asesinados. En la primera final, entre el público, lo acompañaron Bibiana Reibaldi, Viviana Cao, Emilia Cao, Liliana Furio, Stella Duacastella y Analia Kalinec, todas familiares de genocidas; además de su esposa, la cantautora Mariela Milstein.Después del testimonio de Pablo Verna fue el turno de María Montserrat Suárez Amieva, hija de Julio Suárez, una de las víctimas del padre de Verna: “Me provocó una conmoción importante haber visto a Verna en la televisión contar que su padre había inyectado a mi papá y que lo habían tirado vivo. Me pareció de una crueldad enorme enterarme después de tantos años lo que le habían hecho”, dijo en una demostración de la importancia de esa verdad que no llegó de boca del represor pero sí de su hijo.Suárez murió ahogado junto a Susana Solimano, Alfredo Berliner “El Poeta” y Diana Shatz luego de que el auto en el que viajaban cayera al río. La sospecha de que el accidente fue en verdad una puesta en escena fue confirmada por Verna en su testimonio de hoy: ante los jueces contó que su progenitor le admitió a su otra hija haber participado en ese hecho, adormeciendo a las personas que luego serían asesinadas. “Le dijo a mi hermana que hicieron lo mismo (que con las víctimas de los vuelos) con 4 personas en un auto. Lo hicieron de esa manera porque estaba la CIDH y no podía desaparecer más personas. Entonces simularon un accidente”.Verna también dijo que su padre -que no se encuentra imputado en esta causa- admitió haber participado en sesiones de tortura tratando de que la persona secuestrada no muriera “para seguir intentando sacarle información”. Fue el caso de Horacio Mendizábal, miembro de la conducción de Montoneros, a quien vio en la terapia intensiva del Hospital Militar de Campo de Mayo mientras intentaban “salvarlo” de una herida de bala que le perforó un pulmón.Julio Verna era subalterno de Norberto Atilio Bianco, el médico encargado de asistir los partos de las mujeres que parían durante su cautiverio. También cumplía tareas junto a Ricardo “el alemán” Lederer, segundo jefe de la maternidad clandestina, que se suicidó hace algunos años. Erika, su hija, también es parte del movimiento de hijas, hijos y otros parientes que repudian los hechos cometidos por sus familiares durante el genocidio. Quienes integran Historias Desobedientes, presentaron hace dos años en el Congreso Nacional un proyecto de ley, redactado por Pablo Verna, que busca modificar el Código Penal para permitir que hijos e hijas de genocidas puedan aportar pruebas en juicios de lesa humanidad.“Yo creo que es un debate que hay que dar a nivel social. Los hijos no tenemos que estar impedidos de poder declarar en contra de nuestros padres, en términos generales, no solo en las causas de lesa humanidad. Con esta ola verde que estamos viviendo a nivel internacional, todas estas cosas tienen que ser revisadas. Son cosas que vienen por mandatos y con condicionamientos sociales, mandatos religiosos, que tienen que ver con estructuras jerárquicas que lo que buscan es que una no hable en pos de determinados intereses. En ese sentido, el testimonio de Pablo hoy marca un hito, para quienes tenemos un vínculo filiatorio con genocidas pero también un hito a nivel social en relación a poder ir resquebrajando estos mandatos”, dijo Analía Kalinec, hija de un condenado a perpetua por crímenes de lesa humanidad,
Lo dijo Matías Mancini, el presidente del TOFC 4, que lo condenó a perpetua por el asesinato de José Díaz, uno de los cuatro desaparecidos en La Tablada en 1989. Mancini y Esteban Rodríguez Eggers recibieron a El Diario del Juicio para analizar la sentencia. Se refirieron a la reparación simbólica al hijo de Díaz y al control total de la situación por parte de Alfredo Arrillaga. Explicaron por qué le dieron prisión domiciliaria y no consideraron el hecho como crimen de Estado. Foto: el presidente del Tribunal, Matías Mancini, en pleno juicio. (Foto: El Diario del Juicio)El 15 de mayo se conocieron los fundamentos del fallo que condenó a Alfredo Arrillaga a la pena de prisión perpetua por considerarlo co-autor del homicidio agravado por alevosía de José Maradona Díaz, uno de los cuatro integrantes del Movimiento Todos por La Patria (MTP), que hasta el día de hoy permanece desaparecido. Pocos días después de conocida la sentencia, entrevistamos al presidente del tribunal, Matías Mancini, y al vocal Esteban Rodríguez Eggers. Ambos son, además, docentes de la carrera de derecho. La charla con quienes escribieron las 189 páginas de fundamentos que responden a las preguntas de quién, cómo, dónde y cuándo asesinaron y desaparecieron a José Díaz, tiene un sentido para el Diario del Juicio: intentar que las sentencias (y los juicios todos) se conviertan en hechos pedagógicos y comunicacionales. Los jueces del tribunal aceptaron la entrevista con tanta amabilidad como precaución. “Hay algunas cosas que uno podría decir de las bambalinas de la causa -comenzó Rodríguez Eggers- Por ejemplo a nosotros nos llamó la atención que en algún lugar haya parecido tan novedoso el tema del tratamiento a la víctima. Por el caso especial de este chico Díaz”, dijo con referencia a Daniel, el hijo de José, que viajó desde Nicaragua y presenció todo el juicio del que fue querellante. “Durante muchos años, yo lo estafaba a él con plata tuya y el derecho penal se preguntaba ¿quién es la víctima? ¿él que lo engañé, o vos que la guita que era tuya? A partir del 2000 hay toda una mirada en el mundo diferente del tema de la víctima y el testigo, mucho más en Naciones Unidas a partir de tipos que resultaban víctimas de los conflictos armados en un montón de lugares: Ruanda, Yugoslavia: ¿alcanza con que al tipo lo indemnicen y le den 25.000 dólares? No. Todo esto empezó con la trata de personas, con la trata de migrantes. Fíjense que con el tema migratorio, si yo era un migrante, la sanción era para mí, que fue como se trató en Europa siempre con los tipos que cruzaban o no el Mediterráneo: se los sancionaba. A partir de la trata de migrantes se considera el porqué hace eso el migrante. ¿Por qué hace esto? Porque hay una situación en África, las guerras, los problemas de hambruna, un montón de variables que a este tipo lo llevan ser una víctima porque hay grupos que lucran con eso. El tipo vende lo poco que tiene y lo infiltran en una sociedad para ser explotado. A partir del Tratado de Palermo, se considera una víctima al tipo que es tratado, al migrante. Es decir, hay otra mirada. La cuestión de la ayuda humanitaria tiene que ver con esto, con los desplazamientos, y mucho más con las cuestiones estatales. De pronto es el Estado escuchando a la víctima de un delito cometido por el Estado. El abordaje es diferente a partir de ahí. Es un poco la cura ‘Ah mirá… nosotros hicimos esto en otro momento’”, comenzó explicando Rodrìguez Eggers, traje impecable y mucho más descontracturado que su colega. “Él es más teórico” agregó, señalando a Mancini, que apenas tiene 35 años y presidió el tribunal en este juicio. Rodríguez Egger y uno de sus gestos característicos de atención durante las audiencias. (Foto: El Diario del Juicio) —DDJ: ¿Para ustedes fue natural que la sentencia implicara una reparación simbólica? —Matías Mancini: Nos sorprendió el pedido de la querella porque es original. No sucede que hayan pedidos de partes donde se requiera que se deje expresa mención a una cuestión así. Como uno puede interpretar la función de la pena, cada vez va tomando más fuerza la idea de la sanción como reparación a la víctima. Está bastante discutido para qué sirve la pena: históricamente se habló de una prevención general: “tengamos a la gente amenazada con que si hace las cosas mal o contrarias a la ley va a ser penada”, es una manera de prevenir el delito. Después aparecieron otras ideas como resocializar, o retribuir mal por mal y cada vez más empezó a aparecer la idea autónoma de reparar a la víctima y esto no es algo que nos sorprendiera teóricamente pero si nos sorprendió porque no hay pedidos concretos en general en causas donde se solicite que esto quede expresamente. Ante un pedido expreso y fundado nos pusimos en la situación de “bueno, aprovechemos, reflexionemos y demos respuesta”. Y para dar respuesta acudimos a una sentencia de la CIDH, donde dice justamente la idea de reparar a la víctima. Nos apoyamos también en la ley de la víctima y la sanción penal como uno de los modos para reparar. Esto viene enganchado en toda una corriente teórica que no pusimos porque sino ya sería una obra de doctrina, pero es la idea de empezar a ver el derecho penal no tanto para imponer un orden sino para resolver conflictos que se resuelven de muchas maneras, se resuelven a veces con conciliaciones, con suspensiones a prueba, se resuelven a veces con sanciones. Eso es bastante complejo porque es un ida y vuelta entre víctima y victimario y también está el Estado involucrado. Entonces no es tan lineal el asunto, en la sentencia no hicimos una obra de doctrina pero fue un buen momento para decir algo que nosotros consideramos pertinente que es que esta sanción esperemos le sirva de reparación a Daniel Díaz Padilla. —Esteban Rodríguez Eggers: La
Se publicaron los fundamentos del veredicto del juicio por el asesinato y desaparición de José “Maradona” Díaz, uno de los cuatro militantes del MTP que aún permanecen desaparecidos tras las trágicas jornadas vividas en el cuartel de La Tablada en Enero de 1989. Para los jueces, Díaz fue conducido hasta Arrillaga, que decidió que fuera asesinado. Repasamos los puntos centrales de los fundamentos. Los integrantes del TOCF 4 de San Martín, Matías Alejandro Mancini, en su calidad de presidente; Alejandro de Korvez y Esteban Carlos Rodríguez Eggers, condenaron a Alfredo Manuel Arrillaga por considerarlo coautor penalmente responsable del delito de homicidio agravado por alevosía a la pena de prisión perpetua, con accesorias legales y las costas del proceso. En el escrito que brinda los fundamentos del fallo, se deja constancia que fue probado a lo largo del debate que una vez identificados “Iván Ruiz y José Alejandro Díaz como intrusores, fueron separados de los conscriptos y desertores (que con ellos se encontraban al momento de ser detenidos). Estos últimos fueron hacia el perímetro del regimiento para luego ser evacuados en un vehículo militar. Respecto de Ruiz y Díaz, Naselli ordenó al entonces Cabo Primero Hugo Daniel Stegmann que los llevara detenidos al puesto comando de la Sección de la Escuela de Caballería encabezada por el Mayor Jorge Eduardo Varando con el objeto de que fueran interrogados. ´A punta de fusil´ fueron conducidos hacia dicho lugar. Díaz y Ruiz fueron interrogados, subidos a un Ford Falcón manejado por personal del Ejército Argentino y nada más se supo al respecto. Arrillaga controlaba la situación por ser el comandante táctico de la recuperación, en un combate desplegado en un área limitada del RIM III y cercada por personal militar. Todo este personal respondía a él, quien tuvo dominio efectivo sobre los detenidos. El imputado se aprovechó de su posición jerárquica para que se perpetrara el homicidio de José Alejandro Díaz. En tal sentido, se valió del total estado de indefensión de José Alejandro Díaz, quien se hallaba desarmado, detenido, severamente herido y en poder de su subordinado Varando. Concretamente, el aquí imputado acordó con -al menos- Varando la muerte de Díaz luego del interrogatorio, y proveyó y garantizó los medios y el marco de impunidad para que se pudiera actuar físicamente sobre la víctima quitándole la vida”. Varando estaba imputado en la causa, pero murió antes de llegar a este juicio. El “al menos”, aparece como una manera de no descartar otras imputaciones de militares. Al mismo tiempo, se establece que: “como primer peldaño del razonamiento se debe poner de resalto que, sin perjuicio de que la irrupción en el cuartel fue a todas luces ilegal y -como consecuencia de ello- la intervención estatal en sí misma justificada, el Estado (representado por el Ejército Argentino y las fuerzas de seguridad) no se encontraba facultado legalmente para establecer una lucha sin miramientos ni límites. En otras palabras: la legítima recuperación no impedía ni limitaba el cumplimiento de la ley. Particularmente, la participación de Díaz en el copamiento no lo privaba de las garantías y de los derechos previstos en el ordenamiento jurídico. Concretamente, la ejecución de Díaz se encontraba claramente prohibida”. Los fundamentos del fallo destacan asimismo la labor periodística que tanto sirvió a esclarecer la causa. “Debe destacarse el valor que han tenido las fotografías de Eduardo Longoni para el avance de la investigación y para el presente debate”, como así también “poner de resalto el contenido de los vídeos que fueron exhibidos durante el juicio. Se recuerda aquí el proverbio ‘una imagen vale más que mil palabras’, atribuida al escritor ruso Iván Sergeyevich Turgeniev del siguiente modo: ‘una imagen muestra de un vistazo lo que requiere más de diez páginas de libro para exponer’”. El fin de la versión oficial A lo largo del proceso algo quedó claro en la causa: la versión que durante 30 años sostuvo el Estado era completamente falsa. La idea de una posible fuga quedó rápidamente descartada. “Ha quedado demostrado contundentemente que al momento en que Díaz y Ruiz fueron detenidos no era posible que se fugaran del RIM III. Luego del debate ha resultado tan inverosímil la idea de la fuga, que ha sido abandonada incluso por la defensa; ello, a pesar de que -como se verá- se trataba de la hipótesis utilizada originalmente por miembros del Ejército Argentino. Al momento en que Díaz y Ruiz fueron tomados prisioneros, el RIM III contaba con un “cerco perimetral completo” formado por miembros del Ejército Argentino, de la Policía de la provincia de Buenos Aires y de otras fuerzas de seguridad”. En el apartado titulado “El desmoronamiento de la versión original del personal del Ejército Argentino sobre la fuga de Díaz y de Ruiz” se detalla la falacia oficial. “Durante la instrucción se recibieron declaraciones testimoniales -incorporadas al debate por pedido de las partes- que pretendían instalar la hipótesis de que Díaz y Ruiz se habían fugado luego de que ellos u otra persona matara al enfermero Sargento Ayudante Raúl Ricardo Esquivel que los custodiaba por orden del entonces Mayor Varando. Esta versión se sostenía principalmente en el testimonio de Varando -que acabó imputado en la causa y luego falleció- y de César Quiroga, un ambulanciero que corroboraba la idea de que Díaz y Ruiz habían quedado bajo la custodia del aludido enfermero”. De acuerdo a la prueba producida durante el debate, el TOCF 4 indicó que se demostró lo siguiente: 1) Varando escogió a una persona que había fallecido en combate para atribuirle la responsabilidad de la custodia de los dos detenidos desaparecidos. 2) Su versión fue falaz y tuvo como objetivo procurar su impunidad. 3) Al poco tiempo de sucedidos los hechos, Quiroga fue presionado en el Juzgado de Instrucción por parte de un auditor del Ejército Argentino para corroborar la versión de Varando. 4) El enfermero Mario Gualberto Cruz fue el único y verdadero testigo presencial de la muerte de Raúl Ricardo Esquivel. 5) Al poco tiempo de los hechos Cruz relató en una oficina
La querella y la fiscalía coincidieron en pedir prisión perpetua para el exgeneral Alfredo Arrillaga, como autor mediato de homicidio con alevosía en el caso de José Alejandro Díaz, en el marco del primer juicio por la represión contra los y las militantes del MTP, tras el intento de toma del RIM 3 de La Tablada en 1989. La querella fue mucho más allá que el fiscal, lo consideró coautor del hecho y pidió además cárcel común y una serie de “reparaciones”, entre las que resaltó el pedido para que el Estado financie la realización de un audiovisual que desande el camino cultural que llevó a la demonización de quienes en realidad sufrieron “un crimen de Estado dentro del estado de derecho”. Tras las intervenciones de Pablo Llonto y Liliana Mazea, parte del equipo de abogados/as que actuaron en este juicio, fue el turno de Ernesto “Coco” Lombardi. La larga lista de “38 afirmaciones, hechos totalmente acreditados” que presentó Lombardi comenzó con la acción inicial: un grupo del Movimiento Todos por la Patria ingresó a La Tablada con la convicción de impedir nuevos alzamientos militares. Indicó que “entre esos militantes ingresó Jose Alejandro Díaz, de 29 años”. Ante cada afirmación, el abogado querellante repasaba qué testimonios habían sido fundamentales para llegar a las conclusiones; en este caso, quienes lo habían visto en el cuartel o podían asegurar que allí estuvo: los entonces Daniel Salas, Daniel Humberto Valenti y Alejandro Gentile; el militar José Almada; los sobrevivientes Miguel Ángel Aguirre, Sergio Manuel Paz, Carlos Néstor Rodríguez, Joaquín Ramos, Roberto Felicetti, Carlos Motto y José Moreyra; y los periodistas Pablo Waisberg y Felipe Celesia, entre otros. Luego fue el turno de un dato clave que permitiría identificar a Díaz en las fotos y filmaciones que se conservan de aquel 23 de.enero de 1989: “fue herido en la cabeza, por lo que tenía una vincha que le cubría la herida”. Así se lo ve saliendo por una ventana de la guardia de prevención después del feroz ataque contra el edificio. “Se realizó un cerco que la sometió a un fuego desproporcionado”, definió Lombardi. Junto con él, en la guardia, se encontraban otros 10 militantes del MTP, 3 soldados y 3 desertores. “Desde un primer momento las fuerzas de Arrillga supieron que había conscriptos y desertores allí. La orden era no dejar a ningún militante del MTP con vida”, indicó la décima placa presentada por Lombardi. Previamente había explicado que el 23 de enero de 1989, aproximadamente a las 7:50, Arrillaga fue designado como Comandante de la recuperación. El plan criminal fue expuesto en la propia acción: “las personas dentro de la guardia, impedidos a salir por las balas, se encontraban condenados a morir en su interior por el fuego”. En tanto que “algunos fortuitamente lograron hacer ceder un barrote y escaparon, no corrieron la misma suerte los heridos, quienes murieron allí calcinados”. Este juicio oral y público permitió demostrar los pasos finales de la tragedia vivida por José Díaz e Iván Ruíz: “los soldados y desertores que logran escapar de la guardia se identifican con Naselli (primer uniformado con el que entran en contacto) y señalan como atacantes a Ivan y José”. Allí es cuando “Naselli ordena detener a Díaz y Ruiz, y el sargento Stegman los lleva con Varando”. “Ivan y José son sometidos a interrogatorio bajo tortura en los fondos del cuartel, por Varando, entre otros”, y luego “son trasladados al puesto de comando de Arrillaga, donde son torturados y sacados del cuartel dentro de un Ford Falcon blanco”. Esa fue la última vez que se los vio con vida. “Díaz y Ruiz fueron asesinados y sus cuerpos posteriormente desaparecidos”, afirmó Lombardi, que también consideró probadas por los testimonios las desapariciones de Samojedny y Provenzano, lo que seguramente derivará en nuevas causas que lleguen a instancia oral y pública más adelante. Parte del silencio que cayó sobre esta causa se debió a las operaciones orquestadas para ocultar la verdad. “Arrillaga desde el mismísimo 24 de enero de 1989 generó una amplia operación de encubrimiento”, explicó la querella. El exgeneral “alteró las circunstancias de la muerte de Esquivel creando una falsa coartada”, que cayó durante el juicio cuando el ambulanciero César Ariel Quiroga admitió que había sido obligado a mentir 30 años atrás, en el juzgado de Morón a cargo de Gerardo Larrambebere y con el joven secretario Alberto Nisman tomando las declaraciones falsas.El viernes pasado, en el segundo día de alegato de la querella tras un cuarto intermedio, Lombardi ocupó otras dos horas para terminar su intervención pidiendo prisión perpetua para Arrillaga.Parte importante de esa etapa final la ocupó el pedido de cárcel común, ya que el genocida, que fue condenado en cinco causas en Mar del Plata (en tres tiene perpetua), goza del beneficio de la prisión domiciliaria. “Démosle una oportunidad para que pueda arrepentirse. Mandémoslo a un lugar con todo lo que él requiera para tratarse si en algún momento tiene un problema, pero que también tenga la oportunidad de arrepentirse. Porque a esta edad, cuando realmente tenga tiempo de pensar y darse cuenta de que la sociedad lo ha condenado y mandado tras las rejas, tiene la oportunidad de decir: ‘y bueno… si total, esta medalla no es una medalla, es algo realmente muy triste, les voy a decir a las víctimas dónde escondí el cuerpo’”, sugirió en su fundamentación.En cuanto al pedido de condena sin que esté el cuerpo de la víctima, en este caso Díaz, Lombardi citó jurisprudencia en causas por crímenes de lesa humanidad ocurridas durante el genocidio, en las que se arribó a condenas habiéndose considerado que estaban probados los asesinatos, aun cuando los cuerpos estuvieran desaparecidos. Muchas de esas sentencias ya se encuentran reafirmadas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. DESCARGAR Lombardi recordó algunas de las situaciones que se vivieron en el juicio, que dan cuenta del muy buen estado de salud del imputado. “Arrillaga tiene autonomía, tiene autovalidez, tiene excelente respuesta al strees, y tiene atención y concentración.
-
Páginas