ambientalismo
Esta fue la pregunta que desde el programa radial Tengo una Idea, le realizaron a la periodista socio ambiental correntina Gabriela Bissaro. Además de describir el estado de situación con las últimas informaciones de los incendios en aquella provincia, la periodista se refirió al vacío ambiental y sus consecuencias. Por último, mencionó el mal y tardío accionar de los Estados provincial y nacional cuando en enero los focos de incendios fueron más graves. (Por La Retaguardia) 🎤 Entrevista: Graciela Carballo/Nicolás Rosales ✍️ Redacción: Nicolás Rosales 💻 Edición: Pedro Ramírez Otero La periodista Gabriela Bissaro desde Corrientes brindó algunos detalles e información de lo sucedido en la provincia: “Los incendios se siguieron sucediendo hasta la primera semana de marzo. La lluvia, tal vez la más importante de los últimos años, ayudó a aplacar bastante. Pero se reavivaron seis focos de incendio bastantes importantes que obligaron a los bomberos a estar otra vez trabajando durante varios días con temperaturas que oscilaron entre los 43 y 45 grados. La semana pasada, el INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria) de Corrientes informó que se superaron el millón de hectáreas quemadas, esto significa el 12% de territorio provincial quemado”. Por otro lado, Bissaro, especialista en la temática del medioambiente, esbozó algunas acciones gubernamentales ante el actual estado de situación: “Si bien hay ciertos anuncios por parte del Gobierno, como por ejemplo el Plan Renacer Iberá que contiene una serie de acciones tendientes a recuperarlo, no está muy clara cuál va a ser la estrategia”. Vacío ambiental “Lo que sí están señalando los y las especialistas investigadoras del territorio es que para empezar a ver cómo se puede recuperar y restaurar el ambiente primero tenemos que tener un diagnóstico de lo que se perdió. Es todo tan reciente que la tormenta que se sucedió al mismo tiempo generó mucho viento y se hizo como una especie de nube y tornado de cenizas. Nunca se había visto algo igual. De lo que se quemó en total, los bosques cultivados representan solo un 3%, la mayor superficie afectada. El 32% son esteros y bañados, que era lo que estaba totalmente seco y se incendió. Le siguieron los malezales y pastizales en una porción bastante importante. No obstante esto, para las áreas cultivadas agropecuarias que sufrieron las llamas hay diferentes líneas de ayuda para pensar el día de mañana. Los pastizales y los malezales tienden a regenerarse solos. En el caso de los bosques quizá necesiten algún tipo de intervención, pero ahí los biólogos son muy cautos”, explicó Bissaro. Pérdidas agroganaderas La periodista también explicó otras problemáticas: “Hay otra discusión política y económica sobre la agroganadería y qué hacer con los animales. Los terneros que se crían en Corrientes representan el 50% de la cría de ganado en nuestro país. El problema en el corto plazo es que no hay comida para estos animales, por eso se están recibiendo donaciones. De esta forma, los productores no tendrían la espalda para comprar los alimentos, y por lo tanto verían la oportunidad de malvender la hacienda. Además están comprometidas las crías que siguen. Según los técnicos que están trabajando en el territorio, aún no pueden dimensionar las pérdidas producidas para el sector. Hay mucha preocupación”. El estado distraído Por último, expresó: “Lo que hoy es una verdad es que se comieron la curva. Esto aplica para todos los gobiernos. Porque no estuvieron a la altura de las circunstancias. Esto se veía venir porque la gente del campo que trabaja con pronósticos lo venía anunciando desde octubre de 2021. Hubo un despliegue de fuerzas y recursos increíbles, pero recién la segunda quincena de febrero, cuando ya se llevaban quemadas 500 mil hectáreas. Todo enero Corrientes ardió y la gente estaba de vacaciones, incluyendo los funcionarios, por lo tanto las responsabilidades son compartidas. Esto ha sido una catástrofe y lo será por mucho tiempo. Se podría tardar de 70 a 80 años en restaurar los esteros del Iberá tal los conocíamos a diciembre del año pasado. Estamos hablando de la segunda reserva natural más importante que tenemos. Es una pérdida que nos toca a todos”.
El Gobierno nacional a través del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible autorizó el 30 de diciembre a la empresa noruega Equinor a localizar pozos de petróleo en el fondo marino de la Costa Atlántica bonaerense. Fernanda Génova, integrante de la Asamblea por una Mar Libre de Petroleras de Mar del Plata y Mónica Tissone, de la Asamblea Ambiental del Tuyú de San Bernardo, dialogaron con los programas radiales Tengo una Idea y Otras Voces Otras Propuestas. Allí, hicieron referencia a las movilizaciones de asambleas y organizaciones ambientalistas que se dieron en diferentes puntos de la costa en oposición a este proyecto. Génova y Tissone destacaron el crecimiento de la participación ciudadana y argumentaron acerca del daño ambiental y sus posibles consecuencias. (Por La Retaguardia) 🎤 Entrevistas: Nicolás Rosales/Luis Angió ✍️ Redacción: Nicolás Rosales 💻 Edición: Pedro Ramírez Otero/Agustina Sandoval Lerner 📷 Foto de portada: Radio Comunitaria La Revuelta Fernanda Génova, integrante de la Asamblea por una Mar Libre de Petroleras contó cómo fue la movilización que se denominó el “Atlanticazo” que tuvo como objeto expresar la oposición a la instalación de petroleras offshore en la ciudad de Mar del Plata de la Costa Atlántica. “Los vecinos y vecinas no querían irse, fue una movilización increíble. Una demostración de lo que queremos como población, como comunidad. Y de lo que estamos dispuestos para defender el mar y nuestra forma de vida”, comenzó. La asambleísta continuó detallando: “Nos concentramos en la avenida de la costa, frente al playón del Hotel Provincial, de la rambla. No pudimos estar en el playón de los lobos porque estaba vallado tratando de impedir que hiciéramos nuestra acción. Pero, como somos una comunidad que entendió que tenemos que salir a la calle para defender el bien común que más nos convoca e importa que es el mar, directamente nos concentramos en la calle. Fueron varias cuadras de gente sobre la avenida, personas que marcharon decididas a demostrarle a este Gobierno nacional, provincial y municipal que acá no hay lugar para el extractivismo, que las plataformas petroleras no tienen licencia en nuestro territorio. Y que no les conviene instalarse, porque no van a poder. No los vamos a dejar”. Por su parte, la activista ambiental Mónica Tissone desde San Bernardo describió: “Fue sorprendente e increíble la cantidad de personas que se sumaron a la movilización. Incluso visitantes turistas y también residentes de la zona sur del Partido de la Costa que se sintieron realmente estimulados e inspirados de alguna manera. Fue algo muy natural y orgánico. Los cánticos, las consignas de las pancartas que cada uno trajo, las formas en que grupos de jóvenes presentaron su reclamo de un mar sin petróleo”. Y agregó con orgullo: “Luego de la movilización hicimos una actividad artística con música y baile. Fue emocionante haber logrado una convocatoria tan masiva”. El offshore y la contaminación ambiental Hay una imagen dando vueltas en el imaginario social que es la de una Costa Atlántica contaminada de petróleo a raíz de este método extractivo. Al respecto, Génova realizó algunas aclaraciones: “En principio lo que ahora autorizó el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación es iniciar la exploración sísmica que consiste en un bombardeo desde un buque con distintos disparos de aire comprimido que impactan sobre el subsuelo marino y van a generar una señal que le permitirá identificar dónde exactamente tienen que hacer las perforaciones. Aún no habrá. La empresa YPF dice que quiere hacer el primer pozo exploratorio a fin del 2022. Sin embargo, este bombardeo sísmico genera un daño terrible sobre la fauna marina y todo el recurso pesquero que es fundamental en la economía de las ciudades costeras, porque de ahí viven miles de familias, no solo en Mar del Plata, sino a lo largo de la Costa Atlántica. Las perforaciones en sí, son para sacar petróleo de la plataforma continental a la altura de la costa bonaerense y lo que se estableció por un estudio que hizo la Universidad Nacional del Centro es que hay un 100 por ciento de probabilidades de accidentes de derrames producto de las condiciones adversas en las que se hacen estas perforaciones en alta mar a 300 kilómetros de la costa. Por otro lado, es un método costoso y contaminante”. Además, la activista planteó que esto sucede en un contexto donde se están llevando adelante varias luchas contra el extractivismo a nivel mundial: “No se entiende por qué intentan hacer esto en este momento y de esta manera donde el mundo entero está diciendo que hay que dejar de extraer hidrocarburos para dejar de emitir gases de efecto invernadero y mitigar las consecuencias que estamos teniendo a partir del cambio climático. Vamos a contramano de lo que se está planteando y diciendo todas las comunidades científicas”. En esta línea de pensamiento y adherida al reclamo de la Asamblea por un Mar Libre de Petroleras de Mar del Plata, la asambleísta Tissone desde San Bernardo afirmó: “Nos posicionamos también en defensa de la biodiversidad que es lo que más en riesgo está y que no tiene voz. Es por el impacto que pueden generar estas petroleras, no solamente las plataformas sino también los barcos petroleros. Estas bombas pondrían en riesgo la diversidad marina. A una ballena o a los delfines, le pueden llegar a producir sordera, estas especies se verían desorientadas y podrían llegar a morir. Lo mismo pasaría con los cardúmenes, afectando a la reproducción. También podrían migrar hacia otros hábitat más benévolos para sostener la vida. Y así con otras especies de la fauna marina”. “Conciencia ambiental” Por último, Génova volvió a remarcar la cantidad de personas que se movilizaron y en este sentido dejó ver un mayor grado de conciencia ambiental. “Nuestra asamblea viene funcionando hace unos seis o siete meses. Venimos haciendo acciones y movilizaciones. La realidad es que hasta ahora la población no se había sumado masivamente. Desde el día que salió y se publicó el Boletín Oficial con la resolución del Ministerio, la comunidad se está expresando en las
El fotógrafo Pablo Piovano expondrá en Mar del Plata las imágenes que capturó durante varios años en Vaca Muerta, Neuquén. Será el 10 de diciembre en el Espacio de Memoria y Promoción de los Derechos Humanos “El Faro”, y también habrá una charla de la que participarán representantes de la Confederación Mapuche de Neuquén y del Observatorio Petrolero Sur. Piovano pasó por el programa radial La Retaguardia y profundizó acerca de la muestra “Fracking en Vaca Muerta”. (Por La Retaguardia) 🎤 Entrevista: Pedro Ramírez Otero ✍️ Redacción: Julián Bouvier 💻 Edición: Pedro Ramírez Otero 📷 Fotos: Pablo Piovano Pablo Piovano, fotógrafo, recorrió por más de cuatro años el megaproyecto hidrocarburífero Vaca Muerta, en Neuquén, que abarca unos 30 mil kilómetros cuadrados. A partir de estas visitas, de hablar con la gente de la zona y con las comunidades mapuche que están en el territorio, Piovano hizo un registro fotográfico que expondrá en la muestra “Fracking en Vaca Muerta”. Tendrá lugar en el Espacio de Memoria y la Promoción de los Derechos Humanos “el Faro” de Mar del Plata, el viernes 10 de diciembre. “El trabajo tiene como eje ver cuál es el impacto de las grandes corporaciones en las comunidades. En este caso, sobre el fracking, donde nos encontramos en una situación muy alarmante en términos medioambientales. Una crisis enorme socioecológica, donde resulta urgente la necesidad de modificar los vínculos con la naturaleza. La explotación que se da en el fracking es drástica y afecta una cantidad enorme de kilómetros cuadrados. Una formación sedimentaria, en la meseta de Neuquén, donde ya existe un estrés hídrico, una profunda crisis sobre el agua. Y el daño se extiende, no sabemos hasta dónde. Pero sí sabemos que hay una gran cantidad de sismos en Sauzal Bonito, un pueblo donde viven 200 familias, pero donde ya se han perforado 80 pozos. Donde se han declarado 300 sismos en cinco años. La situación es realmente grave. Aunque se hable de una salvación económica, no puedo dejar de observar lo que está pasando dentro de las comunidades, y sobre todo lo que pasa con la tierra, con el agua. Cada vez que salgo a hacer un trabajo tengo la necesidad de escuchar las manifestaciones de estos seres sagrados, dadores de vida, que hay que cuidarlos y tener una relación verdadera. Recuperar la memoria de esa relación, simplemente para la continuidad de la vida”, comenzó a contar el fotógrafo. Además, remarcó la difícil situación laboral de quienes tienen que trabajar en estas explotaciones y los cambios que sufre el pueblo con el paso de los años. “Suele haber una exigencia laboral muy alta. A veces trabajan 14 días de corrido, muchas horas, y se producen a cada rato episodios de contaminación, incluso de muertes obreras. En un año se han registrado 8 muertes obreras. Y ni hablar de lo que significa instalar esto en un pueblo pequeño —Añelo, en el corazón de Vaca Muerta—, con una idiosincrasia muy distinta a la que se está gestando por la llegada de las grandes empresas. De repente se empiezan a construir cantidad de casas, empieza a recorrer una energía que no había. Se instala un casino, empieza la prostitución, se complejiza todo el sistema social. Pasó de haber 2.500 personas a 8 mil en muy pocos años. Por eso creo que es importante tomarse el trabajo de observar la implicancia de estos modelos desde diferentes puntos de vista. Yo estoy yendo ya hace tres o cuatro años, en el marco de un proyecto más amplio, pero siempre que llego a Añelo, a Vaca Muerta, es una sensación como de desolación. Se te seca la piel de manera directa, un poco por el clima, pero también por el daño que se le está haciendo al lugar. Imaginémonos que se fractura la tierra en una cantidad enorme de metros y se le extraen sus recursos de manera muy violenta. Se fractura con químicos. Se utiliza una cantidad enorme de agua, entre 70 y 90 millones de litros por pozo. Es complejo y muy dramático en términos ecológicos”, dijo. —En estos años que estuviste recorriendo Vaca Muerta, ¿con qué tipo de historias te encontraste? —Sobre todo he estado trabajando con el pueblo mapuche. Ahí en los alrededores hay cerca de 20 comunidades, donde se instalaron estas empresas. Para ellos es muy complicado porque van siendo desplazados. Se contamina el agua. Y están todo el tiempo en un proceso de negociación. Porque tampoco existe la fuerza para oponerse a semejante invasión. Creo que es una continuidad de la Campaña del Desierto, pero esta vez en términos ambientales, aunque siguen involucrados los pueblos originarios. No deja de ser un avasallamiento a su tierra, a su espacio, a sus vidas. Entonces están en constante tensión con el poder judicial, porque los echan. Hay juicios de usurpación, que algunos como el de Campo Maripe fueron ganados. Porque la comunidad, en el derecho común de los pueblos originarios, dos meses después del comienzo del juicio lograron revertir la situación de la que los acusaban. Pero esto demuestra el poder de operación judicial y política, otra vez sobre la debilidad de los pueblos. Yo vengo trabajando sobre el espacio de las comunidades. Es difícil entrar a las empresas. Alguna vez pude entrar, haciendo trabajos para Holanda. Entré a Shell y a YPF. Son paseos que te hacen como si fueras de jardín de infantes, donde te muestran muy poco de lo que sucede. Es muy escaso el registro que se puede hacer, y es casi imposible incluso hacer fotos desde la ruta. Cuando queremos levantar un dron, a los cinco minutos caen servicios de seguridad privados diciéndonos que no podemos documentar esos espacios. Que son públicos. Y con amenazas de que si no frenábamos nuestro trabajo nos iban a mandar a la comisaría. Tienen mucho poder. Entonces es muy difícil trabajar en la zona, porque las empresas se convierten en los gobernantes de ese territorio. Y constantemente están negociando y haciendo entrar a las comunidades en negociaciones también. La exposición “Fracking
El abogado ambientalista Darío Ávila se refirió a los últimos incendios que se vienen sucediendo en la provincia de Córdoba poniendo el énfasis en cómo se incumple con la ley que debería proteger los bosques y en el desfinanciamiento en la Secretaría de Ambiente. En la entrevista con el programa radial Tengo Una Idea, demás, analizó las causas de los incendios con una mirada profundamente política. (Por La Retaguardia) 🎤 Entrevista: Graciela Carballo/Nicolás Rosales ✍️ Redacción: Nicolás Rosales 💻 Edición: Diego Adur/Fernando Tebele 📷 Foto de portada: El resaltador —Hay una política que es la falta de política respecto al manejo del fuego, la falta de presupuesto. ¿Qué pasa para que esto suceda en Córdoba? —Aquí en Córdoba se ha conformado una asamblea muy importante que es la Coordinadora Provincial en Defensa de los Bosques Nativos. Surgió en 2016, a raíz precisamente de distintas vicisitudes que nosotros venimos advirtiendo hace más de veinte años en nuestra provincia de Córdoba y que alternativamente viene siendo gobernada por dos personas: en su momento por el gobernador José Manuel de la Sota; y ahora por el actual gobernador, Juan Schiaretti. Desde ese lugar y del sector que integramos más de cuarenta asambleas socioambientales divididas en distintas regiones, venimos denunciando una política pública impulsada desde el Gobierno de la Provincia de Córdoba, que en su afán de seguir promoviendo y seguir profundizando el modelo de progreso y de crecimiento y desarrollo económico, se viene llevando puesto nuestro último reducto que nos queda en Córdoba de apenas un un 3%, unas dos millones de hectáreas de bosque nativo y en muy buen valor de conservación. El Gobierno viene dándole, por un lado al modelo del agronegocio, permitiendo o promoviendo y facilitando las condiciones para que el agronegocio avance con su frontera a costa de nuestros montes; y más moderadamente llevando adelante un feroz plan de desarrollo inmobiliario que consiste precisamente en llevar la propuesta a desarrollistas a lugares donde donde entran a competir estos proyectos con nuestro bosque nativo. La zona de los perilagos, de humedales, ríos y ahora, más recientemente, con el claro propósito de avanzar en la ganadería intensiva en todo lo que es el arco noroeste. Es allí donde nos queda nuestro último relato de bosque nativo de Zona Roja categoría 1, de mayor valor de conservación. Es ahí donde se han incendiado estas últimas 60 hectáreas. Por eso es que desde las asambleas ambientales cordobesas hay un lema que de alguna forma nos identifica, que es sostener y denunciar que, en Córdoba, todo fuego es político. El fuego se ha transformado en una herramienta que tiene por finalidad hacer desaparecer nuestro bosque nativo. —Han sacado 390 vigías, cuando se sabe que en las zonas donde hay peligro de fuego lo importante es no liberar esas zonas, y por otro lado tener gente que vigile esos lugares. Sabemos que el 90% de los incendios son intencionales y que el financiamiento es directamente responsabilidad política. ¿Qué opinás? —Por eso nosotros decimos que el uso del fuego es una herramienta política, porque acompaña decisiones políticas de este Gobierno y que se traducen en distintos campos en materia de protección de los bosques nativos. Hay una Ley Nacional, la 2631 , que obliga a cada una de las provincias a ordenar territorialmente los bosques nativos existentes según distintas categorías: roja, amarilla, verde, y con mayor o menor grado de protección, según las funciones y los servicios ecosistémicos que nuestros bosques brindan como sumideros de dióxido de carbono, regulación de clima y todo lo demás. Esa ley de presupuestos mínimos impone a todas las provincias cada cinco años, actualizar esos ordenamientos de territorios y está muy bien que así sea. Tiene un claro objetivo y finalidad, que sería rediscutir cada cinco años cuál es la realidad de nuestros bosques. Podemos apreciar que es muy dinámica, cambiante. A lo largo de todo su desarrollo distintas intervenciones antrópicas hacen que los bosques estén mutando permanentemente. Hay que volver a discutir el objeto para ver si las normas existentes protegen o no realmente a nuestro bosque y si es necesario establecer nuevas mejoras, mayores restricciones. Córdoba no cumplió con esta obligación de actualizar en el 2015 y tampoco en el 2020. Ya han pasado diez años y al día de hoy no sabemos los cordobeses cuál es la situación real de nuestro bosque, cuánto nos queda de protegido en zona roja, o de superficie de bosque en zona amarilla. Esto permite que en medio de este caos y falta de certeza en los distintos proyectos desarrollistas, inmobiliarios y demás, hagan de las suyas con nuestra agua. No solamente no cumple con la ley, no controla, no fiscaliza, no revisa, sino que también desfinancia. El único sistema que funcionó correctamente es el sistema de prevención. Córdoba tenía un sistema de financiamiento propio, el Plan Provincial de Manejo del Fuego. Cada vez que se pagaba una boleta de luz, la boleta de energía, que es un servicio provincial de una empresa provincial, se pagaba una alícuota y esa cuenta estaba destinada al financiamiento del Plan Provincial. Esto tenía dos objetivos: proveer precisamente de materiales y recursos necesarios para afrontar la lucha contra el fuego y también la compra de equipamiento para la atención y también financiar eso de los vigías y el personal de vigía. Estos bomberos estaban en una posta, en una torre de altura, en lugares estratégicos. La misión de ellos era visibilizar el comienzo de los incendios y apenas se daban cuenta denunciaban al cuartel de bomberos más próximo y automáticamente se prevenía y actuaba sobre el fuego. Así se evitaba la pérdida masiva de esta superficie. Ese sistema fue absolutamente desmantelado. No existe sistema de control de vigía, de manera que hoy, cuando comienza un fuego y hasta tanto los bomberos llegan al lugar, nos encontramos con algo como lo que ha ocurrido el año pasado. Hemos perdido más de 400 mil hectáreas de bosque. Entonces, el desfinanciamiento, la falta de actualización, de control, o
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