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Lo afirmó Pablo Pimentel, referente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de La Matanza en relación a la situación que se vive en Jujuy con las violaciones a los derechos humanos. Pimentel estuvo allí la semana pasada. También se refirió a la lucha antiminera del pueblo de Andalgalá, en Catamarca, donde participó de la marcha N° 650 contra la megaminería a cielo abierto. Entrevista: Pedro Ramírez Otero/Julián BouvierEdición: María Eugenia Otero/Fernando Tebele

La activista, politóloga y co-fundadora de “Rebelión o Extinción Argentina”, dialogó con el programa radial A mí no me importa. Allí habló acerca de la situación ambiental de Argentina y la falta de políticas por parte del Estado. También convocó al #25A, la manifestación contra el acuerdo porcino que se realiza mañana a las 14 en la Embajada de China y en otros sectores del país. (Por La Retaguardia) 🎤 Entrevista: Pedro Ramírez Otero/Lorenzo Dibiase ✍️ Redacción: Julián Bouvier 💻 Edición: Pedro Ramírez Otero La politóloga y activista Flavia Broffoni habló sobre la fuerza que está tomando la lucha colectiva de organizaciones ambientales, activistas y personas autoconvocadas contra la situación ambiental que se vive en Argentina y a nivel mundial. “Hay un territorio levantado. Despiertos y despiertas ya estábamos, pero ante la profundización de algunos síntomas que están demostrando que no tenemos ni un segundo más para seguir boludeando con este tema, el territorio se moviliza. El miércoles 18 de agosto llegaron al Congreso un grupo de treinta y seis kayakistas, remeros y remeras que salieron desde Rosario. Estuvieron siete días remando, 350 kilómetros hasta llegar a Buenos Aires, para que los recibieran en el Congreso y les den un estado de situación sobre la tensión que parece no resolverse alrededor de la Ley de Humedales. Una ley que viene negociándose hace años, que está cajoneada desde noviembre pasado y que, de no tratarse este año, una vez más pierde estado parlamentario. Y a raíz de los incendios del año pasado en el Delta del Paraná, las organizaciones se autoconvocaron en una coordinadora, que es la Multisectorial por los Humedales, donde decidieron radicalizar un poco el estilo del reclamo entendiendo que la política no está respondiendo”, dijo.   —Cada vez es mayor el acceso a la información y la sociedad está más al tanto de lo que sucede con el medioambiente. Pero el Estado parece seguir yendo a contramano y se intensifica el agronegocio, la megaminería. ¿Cómo ves ese choque entre los reclamos populares y las decisiones estatales?   —Es interesante porque es una de las discusiones que tenemos hoy en los activismos, acerca de cuán buenas son algunas noticias. Por ejemplo, yo aprecio un montón a la gente que está trabajando en la Dirección de Agroecología, son el dream team de la agroecología. Pero me pregunto: crear una dirección sin presupuesto, sin poder político, con una limitada capacidad de acción, ¿es un gesto político relevante? Lo digo, teniendo en cuenta que al mismo tiempo te sacan 55 resoluciones que pretenden avanzar sobre las zonas de exclusión ambiental, que es una lucha histórica de los pueblos fumigados para generar barreras alrededor de las poblaciones rurales. La gente de Somos Monte Chaco me contaba cómo están calculando desde el INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria) la capacidad productiva de alimentos para personas que tendría el predio que están destinando para instalar las megafactorías de cerdos. Si la superficie que está destinada hoy a negociar con China solo para exportar animales  se cultivara para darle de comer a la provincia más pobre del país, con los niveles más altos de desnutrición, alcanzaría para alimentar a dos millones de personas. Entonces, es imperioso que desde los activismos conservemos el foco. Porque nos distraen con pequeñas buenas noticias, que son celebrables, pero no tenemos que perder el eje de la atrocidad que está sucediendo hoy con la profundización de todos estos modelos. Celebramos la gran cosecha de soja y trigo que estamos obteniendo este año. Ahora, con un Río Paraná en su peor nivel histórico, todo ese grano no se puede exportar. El gran desarrollo agroecológico que tenemos en nuestro país está en un nivel de subutilización muy atroz y cada vez saca más ventaja el agronegocio, con nuevos trigos, maíces, papas transgénicas, que además dependen de venenos para su existencia.   —En la distopía que vos presentás en tus publicaciones, del mundo en el que vivimos y en el que podemos vivir en el futuro, ¿con qué pensás que nos podemos encontrar si seguimos por este camino?   —No quiero ser apocalíptica, pero cuando cruzas la información empírica, los registros científicos de lo que está sucediendo, no hay una imagen que pueda ser amable frente a lo que nos depara el futuro próximo. Porque nuestra experiencia de vida está cruzada por un proceso global de aceleración en el declive de todos los indicadores de biocapacidad (la capacidad que tiene la tierra de producir ‘bienes y servicios’ ambientales y absorber impactos). Durante los últimos 40 años, todo esto se aceleró y profundizó en niveles nunca antes registrados. Pero claro, nuestra experiencia de vida nos muestra cada vez más tecnología, más confort, PBIs (Productos Brutos Internos) cada vez más altos. Entonces es muy contraintuitivo concebir la posibilidad de que el futuro próximo vaya a ser como en la película Mad Max. Ahora, mirás la información y pareciera que estamos en ese camino irreversible. Ante esto, siento que tenemos que mirar al problema a la cara, en su peor versión, prepararnos para lo peor, esperando lo mejor. Si seguimos mirando el futuro distópico y seguimos metiendo la cabeza bajo la tierra, va a ser la profecía autocumplida. Ahora, si miramos el futuro distópico a la cara, pensemos que tenemos que planificar política pública, como si este escenario fuera el real. Ahí es donde radica la enorme potencialidad que la organización colectiva podría tener, cuando se concibe en un proyecto común que básicamente es no ir a la extinción. Por eso yo me enojo con la política, ya no podemos meter más la cabeza bajo la tierra. Que digan la verdad sobre el estado de situación. Y déjennos también a les ciudadanes concebir qué elecciones queremos tomar ante esta transición inevitable. La ciencia empírica es indiscutible, ningún científico dice ‘vamos a estar mejor’. Es un presente distópico y de posverdad absoluta, y nos dicen que vamos a volver a una normalidad que no existe más y que, además, nunca tuvo nada de normal.   —Es una pelea

Walter Rubén Mansilla es uno de las doce personas detenidas entre el lunes 12 y el miércoles 14 de abril en Andalgalá, días después de la Caminata por la Vida de cada sábado, que terminó esa vez en incidentes motivados por el avance del proyecto minero Agua Rica. A Mansilla se lo  acusa de estrago doloso, daño a la propiedad privada y hurto. Inés, una de las hermanas; y Analía, su compañera, reconstruyen cómo sucedieron los hechos.(Por la Red Nacional de Medios Alternativos) ✍️ Redacción: Red Nacional de Medios Alternativos – RNMA 📷 Fotos: Red Nacional de Medios Alternativos – RNMA Walter Rubén Mansilla, fotógrafo de la Radio El Algarrobo –  que integra la Red de Medios Alternativos (RNMA) –  y militante de la  Asamblea El Algarrobo fue detenido el lunes 12 de abril. Se lo acusa de estrago doloso, daño a la propiedad privada y hurto. Inés, una de las hermanas y Analía, su compañera, reconstruyen cómo sucedieron los hechos. Rubén es uno de las doce personas detenidas entre el lunes 12 y el miércoles 14 de abril. Todos ellos son militantes de la Asamblea y participaron de la marcha el sábado 10 de abril, que, como desde hace 12 años, los andalgalenses realizan por el centro de la ciudad para manifestarse en contra de la explotación minera y en defensa del territorio, el agua y la vida. El sábado, Rubén recorría la marcha sacando fotos como siempre lo hacía. Al escuchar una explosión, cuenta Inés, una de sus hermanas, se volvió y quedó espantado frente a las oficinas de la minera Agua Rica que se estaba incendiando. “(El domingo) hable con él y me dijo que me quede tranquila. Que había estado en la marcha pacífica sacando fotos. Quédate tranquila, me dijo, vos sabes que todo esto está armado, que tratan de hacernos quedar como violentos. Ellos son los violentos, no nosotros, me dijo”, recuerda su hermana. Detención sin orden judicial, pero con muchos golpes Inés nos cuenta que el lunes a la mañana un vecino fue a buscarla para avisarle que estaban destrozando la casa de Rubén.  Cuando ella, acompañada por sus hijos, llega a la casa de su hermano, la encuentra cercada por cerca de 30 efectivos policiales y otros 15 en el interior de la vivienda. “Veo que lo sacan a mi hermano atado, descalzo y a los golpes. Lo tiran al piso y le dan botinazos y golpes con las armas. Yo no paraba de gritar: de qué lo acusan, déjenlo, suéltenlo, no es un criminal, donde están las pruebas. Entonces para que no lo vea lo llevan a un costado. Después me dejan entrar. Lo tenían atado y no dejaban que me mire y para que no se les vieran los golpes le ponen un barbijo, pero yo sabía que estaba golpeado”. Los policía a cargo del operativo pertenecen al Grupo Kuntur “grupo de presión que manda el gobierno”, subraya Inés, y a pesar de la insistencia de la familia no pudieron mostrar ni orden de allanamiento, ni de detención. Es más, según relata, uno de los oficiales del operativo le dijo que ellos solo tenían “la orden de destruir todo, que no sabían de que se lo acusaba (a Rubén)”. En su relato minucioso Inés describe que la presionaron para que firme el acta bajo amenaza de represalias con su hermana, con ella y con sus hijos, si seguía negándose a firmar. Además de ella, el acta de la detención fue firmada “por uno de ellos y por un señor canoso que no vio nada”, dice. Denuncia que a Rubén lo sacan de su vivienda a empujones y lo suben a una camioneta policial. En el trayecto a la sede policial lo siguieron golpeando. “Ellos creyeron que en las fotos (que sacó Rubén) salía uno de los tipos que ellos pagaron. En el barrio se sabe quiénes fueron, ellos mismos salen y gritan que les pagaron 500 pesos para quemar las oficinas de la minera”, dice Inés. De la casa de Rubén, se llevan la cámara fotográfica, la memoria, el celular y una memoria de USB, que Walter niega que sea suya, nos cuenta Analía, su compañera. Y nos dice que solo pueden verlo diez minutos por día y que se turnan entre toda la familia. Que el martes 13 de abril le tomaron indagatoria, y que quedó en calidad de detenido acusado – como el resto de los militantes detenidos – por estrago doloso, daño a la propiedad privada y hurto. “En el momento de los incidentes tuvo la mala suerte de estar ahí frente a la puerta del galpón de Agua Rica. Imagino que lo que habrá pasado por su cabeza en ese instante, fue registrar la mayor cantidad de momentos posible. Nunca imaginó, que se lo iba a hacer responsable. Es más. En los videos y fotos se lo ve paralizado frente a todo lo que estaba ocurriendo”, cuenta su compañera. Radio El Algarrobo cumple diez años comunicando, este aniversario teñido por las detenciones de sus integrantes La Radio El Algarrobo cumplió diez años construyendo una otra comunicación que intenta romper el cerco informativo que imponen las usinas mediáticas que defienden a las empresas mineras. Soportando detenciones, amenazas, interferencias y trabajando de manera autogestionada para la defensa del agua, del territorio y la vida. La asamblea “El Algarrobo” y la radio que hoy cumple una década, son parte de la misma  organización de habitantes de Andalgalá que luchan en defensa de la vida y que hoy tiene 10 detenidxs (ayer dos asambleístas fueron liberados). El 15 de febrero del 2010 una pueblada bloqueo los caminos  de tierra que llevaban a la mina Bajo La Alumbrera. Las fuerzas de seguridad  desataron una feroz represión ordenada por la fiscal Marta Nieva que encarceló a más de 150 personas. Aquel día las multinacionales no pudieron imponer el proyecto de Agua Rica y los andalgalenses concluyeron que, tanto los medios nacionales como regionales, se habían esforzado por desinformar sobre lo que estaba

El proyecto de presupuestos mínimos que implementaría una política pública nacional para promover la concientización y la responsabilidad ambiental en la ciudadanía obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados y Diputadas el 27 de marzo. La Retaguardia buscó la opinión de especialistas y militantes por el medioambiente para entender este proyecto de ley en un contexto de crecimiento del modelo extractivista y agroindustrial con apoyo explícito del Estado. Mientras tanto, en Andalgalá, 11 personas continúan detenidas. Entonces cabe la pregunta: la Ley de Educación Ambiental, ¿sería una simulación de progresismo o una perspectiva de cambio a largo plazo? (Por La Retaguardia) ✍️ Redacción: Pedro Ramírez Otero/Catalina Goldszmidt 💻 Edición: Fernando Tebele 📷 Fotos: Archivo Natalia Bernades/La Retaguardia  Con 215 votos afirmativos, 7 negativos y 18 abstenciones, la Cámara de Diputados/as otorgó media sanción a la Ley de Presupuestos Mínimos para la Implementación de la Educación Ambiental obligatoria para todas las jurisdicciones del país. El proyecto, que contó con el apoyo de distintos bloques y de Juan Cabandié, ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, busca la “concienciación y responsabilidad ambiental”. Mientras tanto, en Andalgalá, Catamarca, hace algunos meses se declaró inconstitucional la ordenanza municipal que prohibía la explotación megaminera y las máquinas del proyecto minero Agua Rica ingresaron al Cerro Aconquija mientras los vecinos y vecinas resisten y sufren persecuciones de otra época. En San Juan, la Asamblea Jáchal No Se Toca sigue denunciando la explotación minera de litio, para evitar nuevos derrames de cianuro como ya sucedió en la cuenca del Río Jáchal. El presidente Alberto Fernández, cuando asumió, aseguró que la minería en esa provincia cuyana se llevaría adelante de forma “sustentable” y “segura”. En Chubut, la comunidad lucha por el agua, en contra de la zonificación que el gobernador Mariano Arcioni intenta hacerla efectiva a cualquier precio. Hay sobrados ejemplos del crecimiento de la agroindustria, con la baja de aranceles para la compra de agrotóxicos, la implementación del trigo transgénico y el intento por impulsar el acuerdo porcino con China. Todo esto sucede en simultáneo con el tratamiento de esta ley. La Retaguardia consultó a quienes militan y accionan por el medioambiente cada día.  Jackeline Ermini, activista socioambiental e integrante de Jóvenes por el Clima de Rosario, Santa Fe —una de las organizaciones que participó de la creación de esta ley— contó a La Retaguardia que recibieron de forma positiva la noticia de la media sanción del proyecto que incorporaría la educación ambiental de forma transversal en la currícula educativa. “Sin embargo, creemos que esto solo no alcanza. Es insuficiente. Y en materia ambiental hay muchísimo más para cambiar y para construir. Y en ese sentido, las políticas públicas deben ir en línea con esto: hoy en día Argentina tiene una matriz productiva atravesada por un modelo profundamente extractivista que todo el tiempo avanza en contra de nuestros ecosistemas, de nuestra biodiversidad y principalmente de la salud de nuestro pueblo”, cuestionó la joven. Ermini consideró que la pandemia por Covid-19 evidenció la situación climática y ecológica que estamos viviendo. “No vamos a salir de esta crisis invirtiendo en proyectos como Vaca Muerta, en proyectos megamineros, en combustibles fósiles, en agronegocio, y en tantos otros etcéteras que no son nada más ni nada menos que la causa de lo que hoy estamos viviendo”, remarcó la activista.  Del dicho al hecho… El periodista Patricio Eleisegui, especialista en temáticas medioambientales, explicó que este proyecto surgió en un contexto de extractivismo acelerado y desproporcionado por la misma gestión de Gobierno que hoy celebra esta media sanción: “Lo cual da para sospechas y para hacernos la pregunta de por qué se está promoviendo este tipo de iniciativas mientras es el mismo Gobierno el que tiene frenado proyectos como la Ley de Humedales y ha hecho promoción de actividades terribles para el medioambiente como el agronegocio atado a los transgénicos y los agrotóxicos, o la minería de litio también”, apuntó. Eleisegui sostuvo que estos modelos de producción vigentes e intensificados con el paso de los gobiernos, chocan de frente con esta Ley de Educación Ambiental, y dijo que hay que prestar especial atención a cuáles son los contenidos que se van a incluir, para evitar que se baje línea acerca de que, por ejemplo, la soja transgénica no es tan dañina o que la minería es una gran creadora de empleo, como alguna vez consideraron —¿o consideran?— desde el Gobierno nacional. “Ese aspecto es peligroso y necesita ser vigilado, debatido y confrontado desde el principio”, planteó el periodista.  Por su parte, Mariana Katz, la abogada de la Asamblea del Algarrobo de Andalgalá, Catamarca, compartió también que hay que estar alerta para evitar que la ley sea contraproducente: “Va a empoderar a muchos niños, niñas y adolescentes siempre y cuando esta ley no sea utilizada o se le permita a las Fundaciones que dependen también de las empresas que llevan adelante actividades económicas extractivas meter la cuchara en el contenido de lo que se le va a transmitir a los pibes mediante la Ley de Educación”, detalló, y aclaró que es una buena iniciativa pero que es una política política pública que, de ser aprobada, tendrá impacto a muy largo plazo. Katz, en principio, reconoció que el texto de la ley es bueno. A su vez, observó: “Como toda ley en nuestro país puede ser muy buena, como por ejemplo la de Presupuestos Mínimos de Protección de Glaciares y Ambientes Periglaciares pero cuando los pueblos que están afectados por la actividad minera reclaman por la aplicación de esa ley, concretamente nadie quiere aplicarlo”.  Acción además de educación En un contexto de fuerte apuesta por parte del Estado a los modelos extractivistas y alimentarios basados en transgénicos y agrotóxicos, son muy importantes los proyectos que demuestran que existen otras formas de producir alimentos de forma sustentable y segura, a través de la agroecología, reciclando y conociendo realmente qué comemos o cuán dañinos son algunos procesos para el planeta y para quienes lo habitamos. Los colectivos El Reciclador Urbano y Acción Huerta Urbana trabajan desde

Nicolás Berardi es vecino de esa ciudad catamarqueña e integrante de la Radio del Algarrobo.  Su familia fue víctima directa del genocida multicondenado, Miguel Etchecolatz. Los ánimos venían caldeados porque la empresa minera aprovechó la nueva fase de la cuarentena para subir una perforadora a la montaña.  La población de Andalgalá, capital involuntaria de la minería y de sus consecuencias desde hace casi 20 años, salió a la calle, como cada sábado para la caminata antiminera en esa ciudad. Se produjeron incidentes, y en los hechos fue incendiada la sede de la empresa Yamana Gold. Compartimos las primeras sensaciones personales de Berardi, a las que califica como “crónica de una ‘quema’ anunciada”. La Asamblea del Algarrobo emitió un comunicado. Ahora la ciudad está militarizada y se temen posibles detenciones. (Por Nicolás Berardi para La Retaguardia) ✍️ Redacción: Nicolás Berardi 💻 Edición: Eugenia Otero / Fernando Tebele 📷 Fotos: La Retaguardia Andalgalá, pueblo del oeste catamarqueño, pueblo mancillado una y otra vez por el poder, pueblo que de manera calma y con determinación tomó del ejemplo de las Madres de Plaza de Mayo el caminar pacíficamente como acción en defensa de su agua, su memoria y su territorio.  Un pueblo que cumplió pacientemente con todos los “requisitos” para constituirse en poder. Soportó veinte años de minera Alumbrera, pidió un plesbicito que no le otorgaron para que minera Agua Rica NO se instalara. Construyó poder popular, tomó el rol que el Estado no quiso tomar y se encargó de refutar técnica y científicamente todos los informes de la Dirección de Minería provincial y de las empresas extractivistas (Glencore, Yamana Gold, Billingthon, etc.). También en el ámbito de las leyes de glaciares y bosques logró que no se invisibilicen sus glaciares y zona periglacial, y la valoración de la vegetación de altura. En el ámbito legislativo pudo lograr una ordenanza municipal consensuada por todo el arco político local en el 2016 (derogada arbitrariamente por la Corte provincial sin consulta popular en el 2020). En el ámbito judicial llegó a lograr, mediante acampe en CABA, un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en favor del pueblo de Andalgalá declarando ILEGAL la apertura y explotación del yacimiento Agua Rica. ¿Adónde nos lleva todo esto? Nos lleva a una caminata número 586, teñida de un clima poco claro, muy manoseado en medio de una pandemia que viraliza las intenciones del Gobierno Provincial y Nacional de usar a Agua Rica como “el cordero que sacará al país de esta situación”, palabras del presidente Alberto Fernández en su paso por la provincia.  Entonces nos preguntamos: ¿Qué podemos esperar del progresismo que nos gobierna si se torna reaccionario, extractivista y represor? ¿Qué alternativa le queda a un pueblo que será sacrificado como los 30.000 muertos por la última dictadura cívico-militar genocida? Y la respuesta es la ancestral: resistir, hacerse uno con el territorio. Tomar las armas de una memoria que corre por nuestras aguas como vena abierta y sembrar lucha, esperanza y nuevas generaciones.  Pero así y todo, siempre está el fuego, sí, el fuego ancestral, el arma que los pueblos tienen para atizar el silencio, el dolor y la determinación.  Ahora también hay otro fuego. ¿Cuál? El del capital extranjero, el que alimenta las más bajas ambiciones de los traidores, de aquellos que tienen el mote de progresistas porque las condiciones políticas les han dado como premio para ejercer el terror, la discordia, la fractura y fundamentalmente la posibilidad de dominar mediante las herramientas del Estado, “la razón pública”. Todxs juntxs en la plaza un sábado más, pero con el acento en que las mineras y el gobierno provincial con complicidad del gobierno nacional, pasaron de forma forzada e ilegal las máquinas para perforar el Nevado del Aconquija, el santuario de la naturaleza que con su cuenca da vida a todo el territorio que lo rodea. No soportaron, y ante la ausencia del poder de policía ambiental que debe ejercer el Municipio, ante todos los impedimentos antes nombrados y la toma de los caminos por los bloqueos selectivos que realizan los vecinos y vecinas del pueblo (sólo la empresa Minera Agua Rica no puede atravesarlos), financian la infiltración para que la “quema” se realice. ¿Pero qué se quema cuando se quema desde el poder? Las molotov de los pueblos son el último recurso de las y los ciudadanos que luchan por la paz en sus territorios, pero no, no estamos hablando de los pueblos. Aquí el fuego fue sembrado para la fractura entre las y los que caminan, liberando la zona de la empresa para que los traidores -como diría Raymundo Gleyzer- vuelvan a hacer de las suyas por unos mangos (esto filmado y ya en vías de denuncia, porque la lluvia aún no enfría el humo de las camionetas de Agua Rica).  En una comunidad que desde el 7 de Abril está ocupada con 70 policías enviados desde la capital catamarqueña, hoy en la tarde no podías ver a ninguno; en los controles vehiculares de estos días había más que en las inmediaciones del local de la empresa minera.  Y se caminó, se marchó, el pueblo una vez más se encontró -protocolo y distanciamiento mediante- de manera que los pasos, voces y los ojitos de lxs niñxs se llenaban de amor a su territorio. El fuego que quema, quemó. Aún sigue quemando. Sigue dando vida al agua que corre por las venas de esta Andalgalá.  Alguna vez Manu Chao nos dio un espacio en uno de sus recitales y las palabras que como brasa encendida brotaron de mi boca fueron: “los milicos mataron a mis viejos, no quiero que estas democracias maten a mis hijxs”.

La Corte de Catamarca declaró inconstitucional la ordenanza que prohibía la megaminería en la provincia. La medida fue tomada en los últimos días de 2020 y determinó que el fallo de la Corte Suprema de Justicia de marzo de 2016, que explicitaba la prohibición de todo tipo de explotación minera en la cuenca del río Andalgalá, quedara sin efecto. Al respecto, Mariana Katz, abogada de la Asamblea el Algarrobo de Andalgalá, habló con La Retaguardia y dio sus sensaciones sobre esta decisión que pone en peligro el bien más preciado para el pueblo catamarqueño: el agua. (Por La Retaguardia) 🎤 Entrevista: Pedro Ramírez Otero/Agustina Sandoval Lerner ✍️ Redacción: Diego Adur/Agustina Sandoval Lerner 💻 Edición: Pedro Ramírez Otero 📷 Foto de portada: Asamblea el Algarrobo En un fallo de la Corte de Justicia de Catamarca que se dictó apenas unas horas antes de celebrarse la pasada navidad, la Ordenanza Municipal 029/16 que establecía la prohibición de la megaminería en la localidad de Andalgalá fue declarada inconstitucional. El pedido de nulidad de la medida dictada por la Corte Suprema de Justicia el 2 de marzo de 2016 fue impulsado por la empresa minera Agua Rica, que cuenta con diversos negociados en la provincia. De esta manera, la paz social, el agua y la vida del pueblo catamarqueño se ve amenazada por las prácticas extractivistas que desarrollan las empresas y por los gobiernos provincial y nacional que avalan estas acciones.    La abogada Mariana Katz, quien forma parte de la Asamblea del Algarrobo en Andalgalá, Catamarca, habló con La Retaguardia y anticipó que existen recursos jurídicos para apelar el fallo de inconstitucionalidad: “Lo importante acá es que esto se va a apelar. Lo que va a ocurrir es que se van a presentar dos recursos extraordinarios federal. Uno por la municipalidad, quien es la demandada, y otro por los vecinos del propio pueblo de Andalgalá, que se presentaron como terceros interesados para sostener la constitucionalidad y pedirle a la Corte de Catamarca que también, además de hacerle el test de constitucionalidad, analice el test de convencionalidad. Al momento de analizarse cualquier ley que esté en posibilidad de ser contraria a la Constitución Nacional, esto tiene que ser pasado por el tamiz de los Tratados Internacionales de Derechos Humanos. No hay ningún derecho absoluto respecto a lo que alega la empresa minera y lo que alega el Estado provincial en cuanto a la titularidad del dominio de los recursos naturales y a que la minería es una actividad lícita. Los vecinos de Andalgalá, con mi representación jurídica, solicitamos a la Corte de la provincia que amplíe el test de la constitucionalidad a la convencionalidad y analice si esta ordenanza municipal era una forma de aplicar directamente los Tratados Internacionales de Derechos Humanos, tal como así dispone la Constitución Nacional. La Corte no dijo nada al respecto porque no hay argumentos para contradecir esta cuestión”, explicó Katz. Uno de los argumentos planteados por la Corte para declarar la inconstitucionalidad fue determinar que la competencia municipal está por debajo de la competencia nacional. Esto significa que Andalgalá no puede prohibir una actividad que es propiciada por el Estado nacional, como lo es el actual modelo extractivista. Otra de las cuestiones que le permitió a la Corte dictar su fallo fue la falta de un referéndum, es decir, que la prohibición de la megaminería en Andalgalá sea sometida a votación popular por medio de un plebiscito: “La Constitución determina que los municipios tienen autonomía dentro de una cuestión de distribución de competencias en cuanto al ejercicio del poder político. En la toma de las decisiones por parte de las autoridades, lo que argumentaron es que en este ejercicio de reparto de competencias, los municipios tienen una competencia de segundo grado, como que sería menor. Y eso implica que la decisión de prohibir una actividad que tiene política de Estado, para la Corte de la provincia es inconstitucional. Esa es una de las líneas argumentales, porque hubo varias. Otras de las líneas argumentales que planteó uno de los ministros, que se llama (Carlos Miguel) Figueroa Vicario, dice que si bien en la provincia de Catamarca no hay una ley de protección ambiental, esta ordenanza municipal tendría que haber sido plebiscitada, tendría que haber sido convocado a un referéndum. En el año 2010, este ministro de la Corte era diputado provincial. Había hecho un proyecto de ley para que haya una ley provincial de protección del ambiente y en la cual pedía la prohibición de la megaminería a cielo abierto a nivel provincial. Primera incoherencia. Fue una de las líneas argumentales que siguieron todo el resto de los jueces que avalaron esa postura. Ese mismo año, el Concejo Deliberante de Andalgalá dictó una ordenanza municipal, que es la 02/2010, convocando un referéndum facultativo para que la población se exprese por el sí o por el no a la explotación minera. La propia Corte de la provincia dictó una medida cautelar limitando eso y suspendiendo ese referéndum facultativo que hoy vuelven a decir que hay que convocar. Ellos mismos fueron los que lo limitaron y le prohibieron a la población de Andalgalá ejercer la democracia. Entonces ahí te das cuenta de las propias incoherencias”, señaló. La lucha del pueblo de Andalgalá La respuesta del pueblo de la localidad catamarqueña fue inmediata: “Primero sacaron un comunicado repudiando esta situación, manifestándose masivamente en la caminata que todos los sábados llevan adelante como una de las herramientas que tienen como resistencia; porque una es la jurídica y otra es la resistencia en la propia calle, a través de las caminatas o de acciones concretas y de reclamos concretos en el ámbito local y en el municipio. Se manifestaron en las calles, pero además de eso también hubo un acompañamiento de muchos organismos de derechos humanos que vienen acompañando el reclamo del pueblo de Andalgalá, que sacó un comunicado de prensa y adhirieron cerca de 1.700 personas, entre organizaciones y personas. Eso fue también enviado a la Corte de la provincia para decirles al poder político y al

Martín Musarra es asambleísta contra la megaminería en Andalgalá. También es cineasta y comunicador popular. La batería externa le ocasionó, al explotar, quemaduras en ambas piernas, de las que se repone mientras reflexiona acerca de lo sucedido.Aquí una charla que mantuvo en el programa radial La Retaguardia con Fernando Tebele y Pedro Ramírez Otero. (Por La Retaguardia) 📝 Texto 👉 Pedro Ramírez Otero📝 Edición 👉 Rosaura Barletta y Fernando Tebele🎤 Entrevista 👉 Fernando Tebele y Pedro Ramírez Otero “Dicen que pasa una en un millón y por las dudas lo comparto para que no le pase a otro: ¿Será un caso aislado, empezará a pasar en cadena? No quiero paranoiquear, pero la que me pasó a mi fue loquísima”, comenzó a contar Martín Musarra, que luego del incidente investigó de qué se trata este tipo de explosión en las baterías y con qué frecuencia ocurre. Y continuó: “Me pasan cosas locas en la vida pero estar por sentarte a comer y empezar a sentir una especie de ruido a sifón de soda y que de pronto ver que tu bolsillo empieza a emanar un gas. Yo no entendía ni qué me pasaba, no me acordaba que tenía la batería. Uno lo tiene tan incorporado el tener estos aparatos cerca del cuerpo, yo había estado cargando el celular y como me llamaron a comer me lo puse en el bolsillo derecho y la batería portátil en el bolsillo izquierdo. Y no sé qué le pasó a esa batería pero empezó a largar esa especie de gas como de un matafuego, que cuando atiné a sacármela porque me quemaba me quemé el dedo, entonces tuve que reaccionar a sacarme el pantalón. A todo esto, toda esa sustancia seguía esparciéndose a través del bolsillo, lo perforó y se fue para la pierna del lado de atrás y empecé a tratar de sacármelo de encima y cuando me lo saco pegó una explosión. Uno no se espera que estas cosas sucedan, aparentemente está todo controlado de fábrica”.Musarra compartió esta situación a través de un posteo en su Facebook, con imágenes de las heridas producidas por la explosión. En el aire de La Retaguardia, contó acerca de estas quemaduras de segundo grado: “Me bañé y no parecía tanto. Me empecé a sacar una especie de piel carbonizada. Aparentemente era bastante superficial pero cuando llegué al hospital me pusieron vendas que se usan para las quemaduras y me empezaron a analizar. Ahora en retrospectiva te puedo decir que la herida era una quemadura química que seguía quemándose”.Las baterías de litio no solo están presentes en los cargadores portátiles, también son las que utilizan todos los celulares del mercado. Podemos encontrar el litio en muchos artefactos de la vida diaria pero la información presente en estos productos es muy poca. “No hay mucha info, yo me puse a hablar con gente que sabe de bioquímica. Ninguno de esos aparatos que uno tiene encima dice ‘en caso de que se rompan, haga esto’, porque creo que los pondría a ellos en un lugar de vulnerabilidad, comercialmente. Entonces esa falta de información cuando tenés un accidente te termina jugando en contra. Por ejemplo, lavarse con agua me dijeron que no es bueno porque el agua con el litio hace como una reacción, entonces estamos ante mucha vulnerabilidad como consumidores porque no hay información”, explicó.“Entre toda esta movida hice mucho análisis: luchamos contra la megaminería, tenemos cerros comprometidos con litio, todo atravesado. Las contradicciones de estar en contra de la megaminería y necesitar la tecnología. En un punto me puse a analizar que estas cosas dicen que se puede romper por un golpe, por estar expuesto al calor, por un montón de motivos. Y si vos te ponés a pensar la cantidad de cargadores que se venden colgados en negocios que están al rayo del sol, gente en cualquier lugar que te los vende; hay una mega industria del litio, que hoy es la energía vedette y estamos todos rodeados de litio, porque es lo que nos permite autonomía hoy en muchas cosas, inclusive en los autos”, reflexionó el activista.Para entender un poco más cómo pueden ocurrir estas explosiones, Martín detalló: Yo no quiero ser muy paranoico, pero a mi me explotó y esto pasa. Hay dos iones que se van dosificando mínimamente por una membrana, esa membrana deteriora por un golpe, calor o cualquier cosa, y esos dos componentes se tocan de manera descontrolada y generan un ‘micro Chernobyl’, por decirlo exagerado, pero se libera toda la energía de esos 5200mAh en una fracción de cinco segundos”La industria –cualquiera sea- nos presenta productos que podemos adquirir con mucha facilidad en cualquier comercio, pero no sabemos realmente qué contienen, cómo funcionan ni qué puede pasar con ellos. “Ni hablar de qué hacemos cuando no andan más. La compresión que tienen las baterías de litio es muy loca, lo acabo de descubrir en esta explosión y es una bomba pequeña en la que no sé bien cuáles son los estándares de fabricación ni de regulación. Como activista antiminero te podés poner a cuestionar cómo es el proceso de extractivismo, cómo son los avasallamientos de los derechos de los pueblos en los territorios para extraerlos, y después te ponés a pensar y decís bueno, la industrialización también tiene un montón de derechos postergados -a la información, por ejemplo- que inclusive en países tan devaluados como los nuestros nos tocan las baterías más defectuosas, calculo yo. Yo me compro la que puedo comprarme dentro de lo que a mi me alcanza. Esa batería no sé si tiene los componentes que garantizan que esas dos sustancias no se toquen por una x cantidad de tiempo. Estoy ante una desventaja grandísima”, cerró Musarra. DESCARGAR

 El 15 de febrero de 2010 una feroz represión se desató contra quienes protestaban contra la minería en Andalgalá. Sin embargo, lejos de asustar a la población, ese hecho fortaleció a la Asamblea del Algarrobo, multiplicando su lucha a tal punto que se constituyó en una referencia para otras asambleas en todo el país. Silvina Reguera es una de las personas que integran la asamblea y escribió esta nota de opinión. (Por Silvina Reguera* para La Retaguardia) Andalgala está siendo acorralada por la gran minería a cielo abierto. Con la instalación hace 20 años de la mina Bajo de La Alumbrera, la primera explotación a gran escala de América del sur, que utiliza 100 millones de litros diarios de una de las aguas más puras del planeta, ha quedado demostrado que los pueblos siguen siendo cada vez más pobres y las sociedades están más quebradas. No hay sustentabilidad en esta actividad, pero lo peor está por venir: pretenden instalar otra mina, tres veces más grande que Alumbrera y a solo 14 kilómetros en línea directa con el pueblo, afectando el cerro El Aconquija del que la población se nutre de agua.  Este proyecto lo venimos frenando desde hace 7 años con la gente en la calle, haciendo caminatas ininterrumpidamente todos los sábados  y habiendo presentado un recurso de amparo, que nos costó esperar 6 años para que la Corte Suprema se expidiera (con dos acampes frente a los tribunales en CABA incluídos). Aun así, la dictadura minera del feudo catamarqueño sigue vapuleando nuestros derechos como ciudadanos, queriendo ensuciar y desapareciendo el expediente. Ha corrido mucha agua debajo de nuestro puente de lucha, pero seguimos batallando contra ese monstruo multimillonario con sobredosis de poder.Existe una ordenanza de prohibición que hicieron los concejales, pero en lo personal, con respecto a eso, hay cosas que no me cierran, porque esa ordenanza solo abarca la cuenca alta del rio Andalgalá. Esto demuestra que los concejales se mandan solos y hacen las cosas sin preguntar y sin saber, pero lo más curioso de todo es que, cuando la corte de Catamarca dice que la va a “voltear” por ser anticonstitucional, los ediles, que argumentaron en su momento que  la medida se ampara en principios constitucionales de derecho al ambiente saludable, no salen a defenderla. Entonces uno termina pensando que todo esto fue solo una medida político-partidaria, porque si no, no se entiende.En definitiva, lo que sostiene esta lucha es la gente en la calle, las caminatas de todos los sábados, el grito al unísono de: ¡NO PASARÁN! Y por supuesto, la tarea legal, con un amparo que nos costó mucho mantener y que la CSJ se expida a nuestro favor, poniendo en evidencia el mal manejo de la justicia catamarqueña y ni hablar de la de Andalgala, en donde uno o dos la manejan como “patrón de estancia” creyendo que la impunidad de la buena racha les va a durar toda la vida. Dos acampes tuvimos que hacer en Buenos Aires para que nos escuchen. A nosotros se nos dificulta mucho la lucha porque es despareja. Estamos hablando de un pueblo con simples ciudadanos contra todo el poder político y las empresas multimillonarias que compran voluntades y manejan lo anterior.Poco se sabe de que es lo que piensa el Intendente  Alejandro Paez. Él no habla con nosotros, tiene sus operadores que hacen de “mensajeros” para llevar y traer, pero con nosotros no dialoga. Tampoco salió a defender la ordenanza y nunca quiso actuar como policía ambiental, aunque sea para ir al cerro y ver que hacían. Él, como todas las demás instituciones, no nos apoyan. En esto estamos siempre solos, huérfanos, como si no se tratara del Agua y la Vida de ellos también. El 15 de febrero se convirtió en una fecha triste que marca la historia de Andalgalá como un antes y un después. A partir del 15 de febrero de 2010, las cosas cambiaron en la vida de un pueblo tranquilo que solo quería vivir en Paz. Todos los años para esta fecha se hace un recordatorio donde se revive el desastre que fue aquella vez. Hay miles de vecinos que cuentan cómo vivieron ese día, qué estaban haciendo cuando se desencadenó todo y cómo quedamos sentimentalmente. Esa fecha quedará en la memoria de todos los andalgalenses como el día en que el Juez Cecenarro firmó una orden para que fuerzas preparadas especialmente para la ocasión y de forma premeditada, fueran a reprimir a todos en la peor emboscada (cual si fuera una cacería), dejando a un pueblo que salió a defender la Vida, nada menos, viviendo como en un estado de sitio.Este gobierno, como el anterior, están dispuestos a seguir con el modelo extractivista, con el nuevo “Acuerdo Federal Minero”. Buscan la tan ansiada Licencia Social que NO tienen en los pueblos cordilleranos; o sea: más entrega, más saqueo, más corrupción, más pactos secretos que solo benefician a las empresas y, por supuesto, todo lo perjudicial es para la gente que vive allí y que ama vivir en esos lugares. La idea de “pueblos sacrificables” es cada vez más profunda en cada político y cada gobierno de turno. Ya pasaron 14 meses del gobierno nacional de Cambiemos y no hemos visto ningún cambio en materia de medio ambiente. El ministro Sergio Bergman es una persona inepta para el cargo que ocupa. No sabe, ignora y no escucha nuestros argumentos. Habla mucho, dice poco y hace nada. Con gente así, no nos queda otra alternativa que seguir en la calle, resistiendo, diciendo una y mil veces que NO y luchando para que no se violen más leyes, para que no se trituren mas montañas, y sobre todo para que Andalgalá recupere su vida en paz. * Es integrante de la Asamblea del Algarrobo, Andalgalá, Catamarca.