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Ayer se realizó la primera audiencia judicial para resolver la legitimidad del protocolo represivo de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich. El protocolo había sido puesto en acción durante las movilizaciones en las afueras del Congreso y en otras partes del país mientras se debatía la Ley Ómnibus. El pedido había sido realizado por la diputada porteña Cele Fierro, del FIT-U, y fue tomado por el juez federal Sebastián Casanello. En diálogo con el programa radial La Retaguardia, Fierro habló acerca de esta primera audiencia. Entrevista: Fernando Tebele / Pedro Ramírez OteroRedacción: Julián BouvierEdición: Pedro Ramírez OteroFoto: Archivo Natalia Bernades / La Retaguardia La semana pasada, en el medio de la celebración por la caída del tratamiento en la Cámara de Diputados y Diputadas de la Ley Ómnibus y su pase a comisión, la diputada porteña por el Frente de Izquierda y de Trabajadores – Unidad (FIT-U), Cele Fierro, comunicó que el juez federal Sebastián Casanello tomó la resolución de intervenir en el pedido que había hecho la diputada por la aplicación del protocolo antipiquetes de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich. Casanello, en un principio, pidió que se respeten los estándares de Derechos Humanos a los que la Argentina suscribe a nivel internacional, y citó a una audiencia a las partes . Ayer fue la primera audiencia, donde estuvieron presentes Bullrich y otros funcionarios y funcionarias del Ministerio. “El martes pasado llegó esta resolución del juez Casanello justo cuando estaba cayendo la Ley Ómnibus. Para nosotros fue muy importante porque después de 50 días que estuvo dando vueltas nuestra presentación, alguien la había tomado y no solo eso, sino que inició la causa. Y en esta resolución planteaba cosas que para nosotros son muy importantes, en términos de que el cumplimiento a lo que decía al Ministerio que se tenía que adecuar tanto a la Constitución Nacional, como a los tratados internacionales, y plantea que no lo está haciendo. Eso es un gran primer paso”, dijo la legisladora porteña Cele Fierro. Además, remarcó la importancia de haber logrado que la ministra de Seguridad y sus funcionarios se hayan presentado ante la Justicia. “Eso es un paso más, porque el protocolo está muy cuestionado. Pensamos que iban a querer bajarle el precio a la audiencia, pero la realidad es que, al iniciarse y tener tanta repercusión mediática esta crítica al protocolo, no iba a poder no dar la cara y tuvo que ir. Después se retiró antes de la audiencia, diciendo que tenía otro compromiso y que se había confundido con el horario. Pero estuvo, dio explicaciones y luego quedaron el resto de los representantes. Por otro lado, las preguntas fueron particularmente hacia el Ministerio de Seguridad, sobre explicaciones del protocolo, de la actuación de las fuerzas de seguridad. Porque hay un punto que Casanello pone en su resolución, y que fue casi el centro del debate, que es que el protocolo se toma atribuciones que le corresponden a los poderes legislativos y judiciales, que determinan qué es un delito y qué no. Eso lo definen las leyes del Congreso y lo interpreta la Justicia”, dijo Fierro. El protocolo va en contra de los Derechos Humanos citados en la Constitución Nacional y en diferentes tratados internacionales. Y contra uno elemental: el de la protesta social. “Toman como un hecho de ‘flagrancia’, cualquier movilización. Entonces, las fuerzas de seguridad sin consultar con la Justicia, pueden actuar directamente reprimiendo como vivimos la semana pasada. Entonces, están vulnerando nuestros derechos. Ese fue uno de los puntos de la audiencia”, planteó. La audiencia terminó antes de lo pautado y el juez federal llamó a un cuarto intermedio hasta el 21 de febrero. “Si bien no está la resolución y todavía no se ha suspendido el protocolo ni se declaró inconstitucional, creemos que es un paso importantísimo, porque demuestra que el protocolo está discutido, está cuestionado. Ellos le intentan bajar el tono a las críticas que hizo la ONU (Organización de las Naciones Unidas), pero acá lo que se tiene que cumplir son los acuerdos y pactos internacionales que en nuestro país tienen rango constitucional”, concluyó Fierro.
Patricia Bullrich dice que quiere cuidarnos a quienes registramos situaciones como las de estos dos días. No le creemos. Es más, creemos todo lo contrario: no solo no quiere cuidarnos, pretende que no registremos lo que sucede. Más de 30 personas que trabajan en medios de prensa sufrieron heridas ayer. Uno de ellos, Antú Divito Trejo, es integrante de La Retaguardia. En esta publicación puede verse cómo quedó tras recibir el gas. Y también se ve por qué lo atacaron, ya que están algunas de sus fotos anteriores al hecho. Antú cumplirá 24 años en los próximos días. Es parte de la juventud que pelea por su futuro. Eligió como herramienta una cámara de fotos y ser parte de un medio comunitario. No solo no vemos delito en ello. Vemos, antes que nada, un derecho, no solo suyo, sino de la población, que es el derecho a la información.Compartimos su trabajo brillante y el relato de la agresión. Fotos: Antú Divito Trejo / La Retaguardia “La situación era en la medialuna del Congreso en la zona donde paran los colectivos sobre Entre Ríos. La policía motorizada empezó a disparar balas de goma. Yo le estoy sacando fotos a un muchacho que está gritando y veo cómo vienen los efectivos y se los llevan puesto. Lo apresan contra el piso entre tres y había otro atrás. Yo creo que era una mujer la que me tiró el gas en la cara, no lo puedo asegurar, pero tengo esa imagen como recuerdo. Estoy sacando fotos. Cuando bajo la cámara de la cara me tiran gas directo a los ojos, directo a toda la cara. Cuando me pasa esto yo cierro los ojos, me doy vuelta y salgo corriendo para las columnas de las agrupaciones de izquierda y es ahí que me refugio con con ellos. Me limpian la cara con leche, me ayudan a sacarme un poco todo lo que es el gas y es ahí cuando se graba el video y se me ve en el estado que estaba, que ya está bastante afectado”.
A seis años de la desaparición forzada seguida de muerte de Santiago Maldonado, los cuatro gendarmes que estaban acusados por el crimen fueron sobreseídos por el juez Gustavo Lleral. La noticia se dio a dos días de las PASO. Sergio Maldonado brindó su opinión en diálogo con “Lado C”, la cobertura especial de los medios comunitarios durante el domingo electoral. También realizó un análisis político de los resultados electorales. Entrevista: Sofía Maschio (La Tribu) / Catalina Filgueira Risso (Feminacida)Redacción: Fernando Tebele/Nicolás RosalesEdición: Pedro Ramírez OteroFoto: Archivo Natalia Bernades/La Retaguardia El juez federal de Chubut, Gustavo Lleral, volvió a cerrar la causa por el crimen de Santiago Maldonado. El magistrado había intervenido en las elecciones de 2017, cuando dos días antes dijo que el cuerpo de Santiago Maldonado no presentaba golpes. Al año siguiente cerró la causa, pero la instancia superior lo instó a seguir investigando. Dos días antes de un nuevo acto electoral trascendental, Lleral lo hizo de nuevo: sobreseyó a los gendarmes y sostuvo que “el supuesto delictivo de abandono de persona aludido, tampoco puede ser atribuido a ninguna de las personas que estuvieron con la víctima hasta instantes previos a su muerte, tal como fue demostrado por la abundante prueba valorada”. Así dictó el sobreseimiento de los cuatro gendarmes investigados: Emmanuel Echazú, Juan Pablo Escola, Víctor Vaquila y Marcelo Ferreyra. Esto abona a la teoría que en su momento defendió la ministra de Seguridad durante los hechos, Patricia Bullrich, al sostener que Maldonado murió ahogado sin intervención de terceras personas. Se murieron solos “Seis años después veo como algo muy evidente que se repite la misma historia. Esta vez absolviendo a los gendarmes que participaron y de esa manera como respaldando el accionar de Patricia Bullrich y de cómo se utilizaron las fuerzas de seguridad”, comenzó analizando Sergio, el hermano de Santiago Maldonado, al participar de Lado C, la cobertura especial que llevaron adelante durante la jornada electoral La Retaguardia, Feminacida, FM La Tribu, Radio Sur, Radio Presente, Marcha, Cítrica Radio y Amarc Argentina. Durante la charla, Maldonado estableció un paralelo con el asesinato del militante político Facundo Molares, que ocurrió el pasado viernes en el Obelisco durante la represión por parte de la Policía de la Ciudad. “Esto tiene que ver con lo de Facundo Molares, en este caso (Horacio Rodríguez) Larreta con (Eugenio) Burzaco, que no tienen la necesidad de desaparecer a nadie sino que matan a alguien a plena luz del día, a la vista de todos y en el medio del Obelisco, y sale Patricia Bullrich diciendo: ‘Santiago Maldonado se ahogó solo, Facundo Molares se infartó solo’”, dijo. Para Sergio Maldonado, la jugada judicial del juez chubutense tuvo real incidencia política en las recientes elecciones: “Digo esto también para ver cómo el juez Lleral intervino en la interna de Juntos por el Cambio; me parece que el resultado estuvo a la vista independientemente de la elección que pudo haber hecho (Javier) Milei. De alguna manera, Lleral hizo su aporte que hoy la pone a Patricia Bullrich ganando la interna de su partido”. El poder judicial Maldonado insistió con cruzar el caso de su hermano y el de Facundo Molares, como muestras de un modus operandi encubridor en la Justicia. “Cuando nosotros pedimos la ampliación de la autopsia en un montón de puntos siempre fueron rechazados. En el caso de la muerte de Facundo Molares la familia pidió participar y no se lo permitieron. Entonces hay una mafia judicial y un comportamiento muy evidente de que no quieren que se sepa la verdad en ambos casos. Nosotros lo que vamos a hacer es apelar porque no es que los gendarmes ya fueron sobreseídos. En todos estos años, nosotros no nos quedamos esperando a que dijeran algo, sino que avanzamos internacionalmente y el Estado argentino reconoció que no tuvimos una investigación imparcial, porque el juez Lleral ya en el 2018 había dicho que era parcial. Se iba a repetir, porque iba a ser incoherente que dijera otra cosa”, explicó. Luego remarcó: “Lo que sí genera bronca es que lo haga dos días antes de las elecciones. Lo que yo entiendo como lógico que debería suceder judicialmente es que asigne un nuevo juez a la causa para empezar todo de cero. Si eso no pasa, termina confirmando lo que vengo diciendo: que no hay Estado de derecho. Apuesto a que la Cámara Federal nos dé favorable. Que sea verdad y justicia para Santiago”. Las PASO “Milei llegó a la escena política pegando algunos gritos, corriendo todo a la derecha y llegando lamentablemente a un sector de la sociedad que pareciera no tener demasiado análisis de lo que están votando. Vi también una tendencia a que por ahí no fue a votar mucha gente mayor y sí muchos jóvenes. Más allá de esto yo no creo que las primarias vengan a ser algo definitivo, cuando sea algo más firme quizás los números puedan cambiar un poco, no sé cuánto”, analizó Sergio Maldonado sobre las elecciones PASO. “Lo cierto es que Bullrich no hubiera llegado donde está hoy si no hubiera existido la voluntad política de, por ejemplo, haber apartado a los gendarmes de la causa que estaban imputados”, denunció. Además, opinó: “El voto bronca es entendible, y también preocupan los pocos votos que tuvo la izquierda, y cómo la derecha se fue tan arriba. Es muy raro todo, y tengo una sensación muy fea”.
Lo dijo Verónica Heredia, la abogada de la familia Maldonado. Señaló que la Corte Suprema dilata la causa y que “cada segundo se van perdiendo pruebas”. Heredia pasó por el programa Hasta que vuelvan los abrazos, de Radio Sur y La Retaguardia. (Por La Retaguardia) 🎤 Entrevista: Fernando Tebele ✍️ Redacción: Julián Bouvier 💻 Edición: Fernando Tebele/Pedro Ramírez Otero 📷 Foto de portada: Archivo Natalia Bernades/La Retaguardia La abogada Verónica Heredia se refirió a la dilación en la causa judicial y lo que esto implica. “A veces perdemos la dimensión de los tiempos que se toma la justicia. Podemos estar toda la vida esperando. Cuántas madres y abuelas todavía siguen esperando justicia. Como Norita (Cortiñas), que todavía no sabe nada de Gustavo, y sin embargo deja la vida luchando por cada causa. Y hablamos de la época de la dictadura, pero la democracia todavía no responde”, dijo. “En el caso de Santiago van cuatro años, y aunque parece que no es mucho tiempo, pero para saber qué pasó y poder reconstruir los hechos, cada segundo se van perdiendo pruebas, se va modificando hasta la memoria colectiva de lo sucedido. Es difícil entonces aproximarse a saber realmente lo que sucedió en un determinado momento”, expresó. La Corte de los cajones La abogada denunció que hoy no se está investigando nada en la causa de Santiago. “La Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene que contestar: ¿Qué se investiga? ¿Quién investiga? ¿Cómo se busca a una persona desaparecida? Esas tres preguntas están hace más de un año en la Corte para que resuelvan”, detalló. En noviembre del 2018 Gustavo Lleral, el segundo juez de la causa, decide archivar la causa diciendo que Santiago había ingresado voluntariamente a las aguas del Río Chubut, y allí la muerte lo estaba esperando. “Entonces, bajo este relato, lo sucedido no equivale a ningún delito. Y como él es juez penal, tiene para sí investigar hechos que puedan ser delitos. Si no es así, no tiene por qué actuar un juez penal. Y por eso él archiva la causa”, dijo. Y agregó: “Él dice que no hay nadie responsable por la muerte de Santiago. En el 2019 las Cámaras revisoras (de Apelación) tanto de Comodoro, como de Casación Penal, dicen: ‘Es cierto que no hay desaparición forzada, pero algún delito hay, investigue’, y el juez Lleral vuelve a decir que por la desaparición y la muerte de Santiago no hay ningún responsable. No solo asegura que ‘no hay desaparición forzada’, sino que ‘no hay ningún delito para investigar, porque Santiago Maldonado se murió solo’”. Teléfonos pinchados Heredia señaló que la causa caratulada como ‘desaparición forzada’ no se modificó. Que así se archivó y así está en la Corte Suprema de Justicia. Y contó: “De las cinco querellas (cuatro son institucionales y una es la de la familia), la de la familia es la única que está reclamando que nos expliquen: ¿Qué se investiga, quién lo hace y cómo se busca a una persona desaparecida?, porque en este Habeas Corpus que se inicia con la denuncia por la desaparición de Santiago, se les pinchan los teléfonos no solo a los testigos, sino también a los propios familiares, como a Sergio. No puede ser que investiguen a las personas que denuncian, o que puedan aportar información sobre una persona desaparecida forzosamente”. Crimen de Estado “La Corte Suprema de Justicia no explica cuáles son los plazos, entonces, pueden pasar 45 años sin que se investigue. A pesar de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ya ha condenado a la Argentina por la violación del plazo razonable. Y esto va incluso más allá de Santiago, porque si la Corte Suprema dijera que existen desapariciones forzadas en democracia, pone sobre la mesa que se debe investigar quién dio la orden, porque esto empieza con la privación de la libertad de una persona por parte de fuerzas de seguridad”, sentenció. La abogada profundizó acerca de las responsabilidades desde el Estado: “Ahí hay responsabilidades para que esas fuerzas de seguridad, ya sean provinciales o federales, no hayan, como mínimo, prevenido que este acto no se cometa. Ahí hay responsabilidades del gendarme, de la ex ministra de Seguridad, del expresidente, porque era el jefe de esa fuerza de seguridad. El propio Estado rastrilló y estuvo ahí más de seis veces en el lugar donde después aparece el cuerpo de Santiago”. La autopsia que no responde Heredia denunció que la autopsia no responde dos preguntas básicas para la causa: “¿Santiago se ahogó el 1 de agosto?” y “¿Santiago estuvo todo el tiempo en donde encontraron el cuerpo?”. Y continuó: “¿Cómo es entonces que el juez cierra la causa sin responder esto? Un juez que dice: ‘A mí la familia me provoca violencia moral’, ¿puede ser un juez imparcial?”. La abogada desmintió la versión oficial, aportando algunos datos: por un lado, aseguró que el único lugar de escape que tenía Santiago en el momento de los disparos de la Gendarmería era el Río Chubut, “que es muy angosto, poco profundo, con aguas cristalinas y sin mayores movimientos”. Por otra parte sostiene que ella y la familia ya habían estado ahí antes del 17 de octubre (día en el que apareció el cuerpo), en ese mismo lugar, y el cuerpo no estaba. “Incluso el mismo 17, más temprano estuvimos ahí, y no estaba”, recordó. Por testimonios de la gente que estaba en el Pul Lof, describió que el cuerpo apareció río arriba. “Algo que por lógica no es posible”, señaló. Peritaje internacional “Hemos trabajado junto al Equitas (Equipo Colombiano Interdisciplinario de Trabajo Forense y Asistencia Piscosocial), organismo que trabaja a nivel internacional con Naciones Unidas, con la Corte Interamericana, y que tiene como especialidad las desapariciones forzadas en contextos complejos como son los ríos, ya que Colombia tiene sus ríos convertidos en cementerios, donde las fuerzas policiales y paramilitares han arrojado los cuerpos de las personas que desaparecen”, indicó. “Este equipo analizó la autopsia y reconoció que en el informe se puede ver otro ADN masculino en el bastón
En un extenso diálogo con el programa radial Hasta que vuelvan los abrazos, Sergio Maldonado se refirió al informe que presentó una Comisión Internacional de Expertos/as Independiente que investigó el caso de la desaparición forzada de su hermano Santiago Maldonado. Brindó algunos detalles de las definiciones de las conclusiones a las que arribaron y expuso su mirada crítica hacia la justicia y el Estado argentino. (Por La Retaguardia) 🎤 Entrevista: Fernando Tebele/Pedro Ramírez Otero ✍️ Redacción: Nicolás Rosales 💻 Edición: Fernando Tebele 📷 Fotos: Archivo Natalia Bernades La Retaguardia Sergio Maldonado tiene un solo compromiso y es con la memoria de su hermano. Desde el principio de la investigación por la por la desaparición forzada de Santiago, exigió la conformación de un equipo de profesionales que se metiera en la causa con independencia de la justicia, para llegar a la verdad. Para Sergio y su familia, de una desaparición forzada. Para la justicia, Santiago se ahogó en el Río Chubut a la altura dela recuperación de tierras mapuche de la Comunidad Pu Lof, en Cushamen, en la provincia de Chubut. Ya pasaron casi de tres años, con un cambio de gobierno por medio, y la causa sigue igual, sin respuestas claras para la familia. Seguramente por esa razón, solicitaron el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEEI) provenientes de México, Chile y Colombia convocado para el esclarecimiento de lo ocurrido con Santiago. El equipo, realizó un análisis desde muchas variables, no solo desde una óptica pericial de que pasó con Santiago, y aseguran que no se puede descartar la desaparición forzada seguida de muerte. El informe fue presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). —La Retaguardia: Concluido el informe, ¿te enteraste de algo que no supieras? —Sergio Maldonado: Sí. Y, en realidad, también había muchas cosas que fueron confirmadas con este informe. A su vez, se abren más preguntas también. Más allá del informe, nosotros íbamos leyendo partes del expediente, consultando con distintos profesionales, y muchas sospechas o dudas que teníamos este grupo viene a confirmarlas. Capaz que se toca muy por arriba todo, porque este es un informe preliminar, y aparte tengamos en cuenta que la semana que viene se cumple tres años desde cuando se entrega el informe de la autopsia. Ya ahí queda como que Santiago se ahogó solo. Y el juez, a partir de ahí, no hizo absolutamente nada. Estuvo un año con la causa, después la cerró el 29 de noviembre del 2018, y prácticamente estuvimos dando vueltas, no hay mucha información. Todos los pedidos y las cosas que hicimos para tratar de que se investigara, no se hicieron. Este grupo puede actuar en base a la información que hay, que es muy escueta. Ahora, cuando no ponemos a ver, hay dos personas prestigiosas de Colombia que tratan el tema de desaparición forzada como Federico Andreu (abogado de Derechos Humanos) y Dora Lucy Arias Giraldo (abogada de Derechos Humanos) dicen que coinciden, y que todo lo que fue pasando se descartó desde el principio, que no se quiso investigar la desaparición forzada. Siendo que lo fue desde el día uno. Y ahí es donde empieza a decir, ¿por qué en ese momento el defensor público Machado no hizo la denuncia correspondiente? Esto en el plano de lo que sería la investigación. Pasaron dos días hasta que el3 de agosto yo presento un hábeas corpus, y ahí se empezó la búsqueda de Santiago. Pero estuvieron las primeras horas que eran primordiales, y no se lo buscó. Después, podemos saltar directamente a cuando se analiza la autopsia: aparece otro perfil genético de una persona de sexo masculino, dice que hay al menos un perfil genético aparte del de Santiago ¿A nadie le llamó la atención?, de todos los peritos que tuvieron, del juez, de la fiscal… Che, estamos analizando y hay otro ADN… Ni siquiera quisieron agarrar y empezar a investigar ese ADN o esos ADN. Sí, lo escriben, pero queda ahí. Honestamente yo lo pasé por alto, no lo vi a eso. Son tantas las hojas. Te embarullan, te hacen un informe y cuando son tan grandes hay un montón de cosas, y toda esa letra chiquita que va pasando te lo tiran ahí a un lado. Todo lo que se fue haciendo fue en base a eso, o sea que si se hubiera permitido que se avanzara en los pedidos de peritaje de billetes, de todo lo que se le fue haciendo en relación a la autopsia, o se hubiera hecho una reconstrucción de lo que pasó el 1 de Agosto del 2017, obviamente tendríamos muchísima más información de lo hay hasta ahora. Esto queda para una segunda etapa. —LR: Tras el cambio de gobierno, ¿se activó la causa? —SM: No. Eso no sucede. Por el contrario, el gobierno dijo que no iba a intervenir directamente en la justicia. Y es lo más lógico. El año pasado, cuando había elecciones, después perdió el macrismo y mucha gente venía y me decía: ”ahora se va a saber la verdad”. Y yo les decía que no, que no es que porque cambie el gobierno se va avanzar, y no tendría que suceder eso, porque si no sería algo ilógico. Lo terrible de esto, o lo preocupante, es que el macrismo influyó directamente en el Poder Judicial y hoy lo sigue haciendo. Y los jueces y fiscales responden a determinados sectores partidarios en algunos casos y en otros no. Yo considero que no tienen que intervenir. Ahora, es una gran mafia la judicial que tracciona aparte. Todos tienen sus intereses. Al juez (Gustavo) Lleral lo vuelven como a imponer para que sea juez en la causa por sexta vez. En dos años que lo recusamos, fuimos, venimos, ¿cuántos años vamos a estar así?, con alguien que no va a decir algo que ya no dijo. Se mostró parcial y dijo: “Santiago se ahogó solo, Gendarmería no tiene nada que ver”. Y se cierra. Y hasta en un punto, nos puso a nosotros como familiares de que
Sebastián Romero, militante del PSTU, fue detenido el sábado en Uruguay luego de estar más de dos años prófugo de la justicia tras haber participado de la marcha contra la reforma previsional, en diciembre de 2017. Martín Alderete, su abogado, habló con Hasta que vuelvan los abrazos, el programa de la cuarentena de La Retaguardia, y repasó los hechos que determinaron la persecución contra Sebastián, pero también los procesos judiciales contra Daniel Ruiz (compañero de Sebastián y preso durante un año y un mes en Marcos Paz), Cesar Arakaki, Dimas Ponce y Mariano Stansiola. (Por La Retaguardia) 🎤 Entrevista: Fernando Tebele/Giselle Ribaloff ✏ Redacción: Andrés Masotto 💻 Edición: Fernando Tebele 📷 Foto de portada: Agustina Salinas El 18 de diciembre de 2017, dentro del Congreso de la Nación, tenía lugar el último intento de aprobar la reforma previsional impulsada por el gobierno de Cambiemos. Adentro había gritos, empujones e incluso represión de las fuerzas de seguridad contra diputados opositores para evitar que votaran negativamente. Afuera, decenas de agrupaciones, sindicatos, organismos de derechos humanos y personas independientes colmaban no sólo la Plaza del Congreso sino también un amplio tramo de Avenida de Mayo y las calles aledañas.La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que había comenzado a desplegar el dispositivo de seguridad alrededor del Congreso el 13 de diciembre, utilizó toda la violencia represiva. Los miles de manifestantes que ocupaban la plaza recibieron gran cantidad de gases lacrimógenos (incluso arrojados desde techos y helicópteros), balas de goma, golpes y atropellos de la división motorizada.Sebastián Romero, junto a sus compañeros del Partido Socialista de los Trabajadores Unificado (PSTU), estaba en la plaza y sufrió el embiste represivo. Alguien le tomó una fotografía manipulando un lanzador de pirotecnia casero, la foto se replicó en redes sociales y medios tradicionales, en general con un discurso estigmatizante, en algunos casos con cierta idolatría; lo cierto es que Sebastián se convirtió en el símbolo de la violencia. Después de estar más de dos años fuera del radar, Romero fue detenido el sábado último en Uruguay. Acerca de su situación actual, Martín Alderete, abogado de Sebastián e integrante de CADEP (Coordinadora Antirrepresiva por los Derechos del Pueblo), le dijo a La Retaguardia: “Sebastián fue detenido y llevado a la delegación de INTERPOL en Uruguay. En el día de ayer tuvo la audiencia ante la fiscalía uruguaya y ahí hizo saber que no se iba a negar al pedido de extradición del Estado argentino. Fue alojado en el Penal de Libertad, en Montevideo, hasta que se formalice el pedido del Estado argentino, que tiene 30 días para efectivizarlo. Así que estamos en contacto con el juzgado y con Cancillería para que se efectivice lo antes posible y sea trasladado a nuestro país”. Alderete agregó: “Afortunadamente Sebastián está bien. Fue bien tratado al momento de la detención y está alojado en un lugar donde hay personas que están esperando por la extradición. Es un pabellón donde él está en condiciones de relativa tranquilidad, más allá de la privación de libertad. Y por lo que sabemos, que nos transmitió el abogado defensor de allá, toda su energía está puesta en volver acá y enfrentar a la justicia argentina en este contexto donde, más allá de la complicación de no haber estado a derecho más de dos años, lo que él sostiene es que, si bien nunca están dadas todas las garantías, en el momento en que el macrismo estaba en el gobierno, claramente él era un perseguido político puntual, no solamente por lo que decían los propios funcionarios y medios de comunicación, sino porque se puso precio a su cabeza y el ofrecimiento de recompensa era superior incluso a los ofrecidos en casos de genocidas prófugos. Claramente no había ningún tipo de garantía de poder defenderse”.La persecución tuvo otros objetivos. Además de Sebastián, Daniel Ruiz, César Arakaki, Dimas Ponce y Mariano Stansiola también fueron judicializados y acusados por intimidación pública, resistencia a la autoridad y agresiones. Ruiz, compañero de partido de Romero, fue el que pagó el precio más alto: pasó un año y un mes privado de su libertad en la Unidad Penitenciaria de Marcos Paz, denunciando que era un rehén de la justicia, que buscaba de ese modo que Sebastián Romero se entregara. Ruiz aún está imputado junto a Arakaki, militante del Partido Obrero.Al respecto, Alderete expresó: “Lo único que se utilizó contra Ruiz, y mucho más fuerte contra Sebastián Romero, es esa imagen donde le endilgaban disparar contra las fuerzas de seguridad una especie de arma tumbera. Cuestión que nosotros pedimos durante más de un año que se perite a ver qué era lo que habían utilizado, y finalmente en la instancia de juicio se pudo determinar que era un elemento pirotécnico que no genera ningún proyectil, que el riesgo más alto es para la persona que lo manipula y que, efectivamente, como se vino diciendo desde el 18 de diciembre de 2017, utilizaron esa imagen de Sebastián Romero. A algunos les podrá parecer una provocación, una actitud poco agradable, pero lo cierto es que lo único que estaba haciendo Sebastián Romero era manipular un elemento pirotécnico poniendo cara a una situación en la que, viendo todos los videos de la causa, se puede determinar que estaba ocurriendo una feroz represión policial con balas de goma hacia todos los manifestantes que estaban en la plaza ese día”. Próxima estación: la cárcelSobre la posibilidad de que Sebastián atraviese el proceso judicial en libertad, ya que los delitos que se le podrían imputar son excarcelables (al igual que la imputación de Ruiz, que sin embargo pasó trece meses preso), el abogado fue pesimista: “Por un lado lo que objetivamente complica la situación de la libertad son los dos años y medio en los que él no estuvo a derecho, como se dice normalmente. Existiendo riesgo de fuga, van a negarle la libertad. Igualmente, es una pelea que vamos a dar justamente porque lo que se pudo ir comprobando a partir del proceso que le hicieron a Ruiz y el juicio oral que está
Desde el Ministerio de Seguridad de la Nación se oficializó este mes el programa denominado “Ofensores en trenes”. Algo que recuerda de manera casi inmediata a la última dictadura militar. Una nueva estigmatización a los sectores populares desde la legitimidad estatal. En el programa Tengo una Idea que conducen Graciela Carballo, Carlos Morchio y Nicolás Rosales por Radio La Retaguardia, entrevistaron a Roberto Cipriano, Secretario de la Comisión Provincial por La Memoria (CPM). (Por La Retaguardia)En el comunicado de la página oficial del gobierno nacional en su solapa del Ministerio de Seguridad con fecha 3 de octubre se expresa: “El plan contempla la utilización de mil teléfonos celulares por parte de efectivos de la PFA en estaciones de trenes, principalmente para la verificación e identificación de quienes cometieron algún tipo de delito. Los teléfonos podrán escanear el DNI y cuentan con un sistema de reconocimiento facial y estarán en red con las distintas bases de datos. Se implementarán controles en las estaciones Retiro y Lacroze de la Ciudad de Buenos Aires.En caso de comprobarse la existencia de medidas restrictivas, se establecerá contacto con la autoridad judicial pertinente y se labrará un acta en la que se notificará a la persona identificada de lo que disponga dicha autoridad”.Al respecto, el Secretario de la Comisión Provincial por La Memoria, Roberto Cipriano opinó: “Nosotros salimos públicamente a repudiar la iniciativa, una medida más de las tantas que (Patricia) Bullrich ha lanzado de cara a disputar cierto sentido social en cuanto a estigmatizar y señalar a determinados sectores de la población. En general, sectores populares y de trabajadores como delincuentes o como los posibles delincuentes que ubica en los trenes. Es una iniciativa con escaso rigor y con escaso impacto en el tema de la seguridad. No tiene ningún tipo de sentido lo que está planteando, excepto darle un mensaje más claro a la policía que hay que perseguir a los trabajadores y a los sectores populares. No tiene ninguna racionalidad desde el punto de vista de las estadísticas y de la cantidad de investigaciones que se inician en una estación de tren”.Cipriano marcó una diferencia en el control de otro tipo de delitos muchos más graves: “Hay otros sectores donde efectivamente se cometen grandes delitos que el gobierno no ha perseguido, que son las grandes redes de narcotráfico y de trata. Los grandes delitos económicos. No se crean instancias ni recursos estatales para que se persiga”El secretario de la CPM mencionó el aumento en cantidad de detenidos en las cárceles en general, y en particular en la provincia de Buenos Aires, durante este gobierno. “Hay 15.000 nuevos detenidos, un récord absoluto, pasando las 50.000 personas en 20.000 plazas, lo que ha de hacinamiento y superpoblación. Una gran cantidad de detenidos son por causas de ‘narcomenudeo’ o por causas de consumo personal. En muchos casos son mujeres, también tiene que ver el desempleo en hogares donde el Estado debe acompañar y no está”, señaló.Para Roberto Cipriano, el pedido de documentos en las estaciones de trenes remite a la dictadura militar: “Bullrich, todo lo que hace no lo hace de inocente o de casualidad, en parte quieren dar un mensaje a cierto sector de la población, de que se están llevando adelante acciones para mejorar la seguridad y para darle más poder a las fuerzas de seguridad. Una idea que está sustentada en un sector más de derecha. No es casual que discursivamente es un gobierno que ha tratado todo el tiempo de negar la cifra de los 30.000 desaparecidos o de hablar del curro de los derechos humanos. Ha habido funcionarios que han sido parte de la dictadura, y todo esto tiene una relación directa”.Por último, reflexionó: “Desde la Comisión venimos insistiendo que no es con el Estado policial que resolvemos los conflictos sociales, no es con más violencia. Hoy los sistemas de promoción y protección de derechos no funcionan, no tienen recursos, están vaciados. No hay una política integral. Los pibes en situación de calle con lo primero que se encuentran es con la policía, que sabemos que es estructuralmente corrupta, que regula el delito en el territorio. Que no va a ofrecerle una posibilidad de inclusión, sino de asociarse con el delito. La política como respuesta al problema de inseguridad de generar mayor cantidad de policías en el territorio tiene más de 20 años, de Ruckauf hasta acá. La receta siempre fue la misma: más policías, más chalecos, más recursos, más patrulleros. Y los resultados están a la vista”. DESCARGAR
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