CABA
Página: 10
Con la llegada del nuevo código urbanístico, la fisonomía del barrio porteño de Colegiales está cambiando. La comunidad vecinal nucleada en el colectivo “Colegiales participa y decide” elaboró un proyecto de ley alternativo para evitar la construcción de torres. Santiago Sobral, vecino del barrio, pasó por el programa radial Tengo una Idea y denunció que se cuadriplicó la superficie construible. Entrevista: Graciela Carballo/Carlos Morchio/Nicolás RosalesRedacción: Nicolás RosalesEdición: Pedro Ramírez OteroFoto: Colegiales participa y decide El código urbanístico que fue aprobado en 2018 en la Ciudad de Buenos Aires atenta directamente contra la fisonomía o la esencia de los barrios porteños. En el caso de Colegiales están construyendo cada vez más proyectos habitacionales privados en forma de torres. “Colegiales está sufriendo lo que está pasando en otros barrios de la Ciudad relacionado al código urbanístico desde el 2018, y que recién se están viendo las primeras consecuencias porque cuando vino la pandemia hubo un parate y después vinieron las obras violentamente en cantidad. En varios barrios los vecinos se están jugando para ver qué hacer con esto”, explicó Santiago Sobral, integrante del grupo “Colegiales participa y decide”. Por otro lado, contó de qué se trata la alternativa que pensaron desde el colectivo vecinal: “Nosotros lo que decidimos es elaborar un proyecto de ley alternativo al código para tratar de modificar lo que se aplica actualmente. Lo primero que hicimos fue un relevamiento en parte del barrio, porque Colegiales es muy grande, tiene más de 200 hectáreas, y nos dedicamos al sector de casas bajas por fuera de una zona de edificios ya bastante consolidada que va desde las calles Moldes y Cabildo hasta Álvarez Thomas. Analizamos unas 70 manzanas sobre las cuales detectamos más de 40 obras que se están llevando a cabo y hay casi 20 predios de casas viejas entre vendidas o a la venta y varios lotes que están en demolición”. Sobral se refirió también a los locales gastronómicos, que están transformando un barrio que era residencial en comercial: “Se produce una saturación. Nosotros no estamos en contra del desarrollo inmobiliario o gastronómico, pero sí creemos que tiene que ser algo planificado y razonable para mejorar la calidad de vida de los habitantes. Los locales gastronómicos traen muchos problemas, como ruidos, ocupación de las veredas por demás y los decks sobre la calle donde se acumula basura por abajo, y hay aparición de ratas”. El integrante de “Colegiales participa y decide” habló acerca del nuevo código urbanístico de la Ciudad de Buenos Aires, que en una de sus modificaciones cuadriplicó la superficie construible. ”Lo que implica elevación de alturas y la casi eliminación de pulmones de manzanas que trae el problema de la posibilidad de mayores inundaciones. En Colegiales están desarrollando complejos urbanos que implican obras monstruosas como el Playón Ferroviario de 80 mil metros cuadrados. Esto podría significar una población de 4 mil habitantes, que sería alrededor de un 8% en una una hectárea y media. Esto llevaría al colapso de los servicios, estacionamientos, problemas con las cloacas, y de presión de agua en las casas. También las maquinarias que se utilizan no sé si están habilitadas y además provocan grietas porque son muy pesadas”, dijo el vecino. El proyecto de ley alternativo fue enviado por el colectivo vecinal a todos los bloques, legisladores y legisladoras de la comisión de Planeamiento Urbano y esperan que los atiendan para explicar esta problemática.
La marcha se realizó jueves 29 de junio desde Plaza de Mayo hacia el Congreso de la Nación, como cierre del 3° Encuentro Latinoamericano y del Caribe de Personas en Situación de Calle. La consigna de la jornada fue: “La calle no es un lugar para vivir, ni parar morir”. Redacción: Natalia BernadesEdición: Pedro Ramírez OteroFotos: Natalia Bernades/LaRetaguardia Durante cuatro días se generaron espacios de intercambio y debate para abordar la problemática de personas en situación de calle. Las extensas asambleas transcurrieron entre sonrisas y enojos, donde se plasmaron conflictos y soluciones desde la mirada tanto de las personas que la sufren como de organizaciones y profesionales que la trabaja a diario. Es el primer año que se realiza el Encuentro Latinoamericano y del Caribe de Personas en Situación de Calle en Argentina y pudieron estar presentes representantes de varias provincias y países como Chile, Uruguay, Brasil, Colombia, Mexico, entre otros. La marcha de cierre fue con frazadas, antorchas y bombos para culminar frente al Congreso de La Nación con la consigna: “La calle no es un lugar para vivir, ni parar morir”. El reclamo más firme es que se adjudique el presupuesto correspondiente a la Ley Nacional 27.654, que conquistaron en 2021, para poder implementarla. Mientras cerraba la jornada, el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat porteño llevaba a cabo un operativo en Aeroparque para desalojar a más de 100 personas en situación de calle.
Decenas de personas se concentraron el pasado martes frente al Obelisco para homenajear a las personas desaparecidas y asesinadas en la última dictadura cívico militar en Uruguay. También recordaron la gran huelga del movimiento obrero que comenzó el mismo día del golpe. Redacción: Camila CataneoEdición: Pedro Ramírez OteroFotos: Camila Cataneo El 27 de junio de 1973 el presidente uruguayo Juan María Bordaberry disolvió el Parlamento y, con el apoyo de las Fuerzas Armadas, dio lugar a la dictadura. Ese mismo día el movimiento obrero salió a las calles para repudiar el golpe de Estado y comenzó una gran huelga general que duró 15 días. La dictadura duró hasta 1985. Miles de personas tuvieron que exiliarse del país, centenares fueron desaparecidas o asesinadas, la mayoría en Argentina en el marco del Plan Cóndor. Uruguay fue el país con mayor cantidad de presas y presos políticos en el mundo respecto a su población.
Del lunes 26 al jueves 29 de junio se realizarán jornadas de debate para visibilizar las demandas de las personas que atraviesan la situación de calle y las organizaciones que llevan más de dos décadas trabajando con esta problemática. Redacción: Camila CataneoEdición: Pedro Ramírez Otero Fotos: Natalia Bernades/La Retaguardia Esta semana se realizará el tercer Encuentro Latinoamericano y del Caribe de Personas en Situación de Calle. Esta iniciativa busca visibilizar las demandas de las personas que atraviesan la situación de calle y las organizaciones que llevan más de dos décadas trabajando con esta problemática. Las ediciones anteriores se realizaron en Chile. Este año Argentina es el país anfitrión y estarán a cargo de la organización: Proyecto 7, el Programa de Justicia y Derechos Humanos Escuela Idaes-Unsam, No seas pavote, Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Somos Barrio de Pie, Isauro Arancibia, Red Puentes y Hecho en Buenos Aires, entre otras organizaciones. Cada día se llevarán adelante jornadas en diferentes espacios. El lunes en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA), el martes en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el miércoles en el Espacio Memoria y Derechos Humanos que funciona en la ESMA y el viernes finalizará con un frazadazo y una olla popular en Plaza de Mayo. Durante los cuatros días participarán familias que se encuentran y/o han atravesado la situación de calle, organizaciones sociales, educadores y educadoras populares, docentes, investigadores/as académicos/as y funcionarios/as del ámbito público. Allí se discutirán cinco ejes: – Diseño y Gestión de Centros de Integración. Abordaje integral de la problemática de situación de calle. Programas y modelos de reinserción o integración social, educación y oficios. Egresos y acompañamiento. – Inquilinatos y desalojos. Riesgo de situación de calle. Procesos organizativos y de resistencia. Marco legal: alcances y limitaciones de la ley de alquileres. – Política Pública. Antecedentes normativos. Programas específicos de acceso a la justicia. Asistencia jurídica frente al incumplimiento de derechos. – Acceso a la Salud. Ley de salud mental, consumos problemáticos y métodos de abordaje. Discapacidad y acceso a una salud con perspectiva integral. – Violencia Institucional. El efecto de la cárcel y el encierro, estigmatización de personas en situación de calle. Fuerzas de seguridad: derecho a la defensa ante detenciones y hostigamiento policial.
Así se llama esta obra de Lucila Garay, que transcurre en el restaurante de una familia italiana. El orden forma parte de la vida cotidiana, pero una mañana se desacomoda una pieza y, como sucede en un dominó, todo se desvanece. Redacción: Camila CataneoEdición: Valentina Maccarone Foto: Natalia Bernades/La Retaguardia Una familia unida, un restaurante italiano y una carrera de mozos. Todo parece estar en orden, pero el deseo comienza a meterse en la vida de cada integrante de la familia. De un momento a otro, se desvanece por completo ese dominó perfectamente armado. Todo lo que iba a ser una fiesta, se torna oscuro. “Todas las horas que tenía” cuenta las últimas horas de una familia unida. Esta obra teatral es realizada por alumnos y alumnas del Taller de Montaje del último año de la escuela de teatro Timbre4, que dirige Claudio Tolcachir. El guion, los personajes, la escenografía y el vestuario fueron pensados y diseñados de manera colectiva. El elenco está compuesto por Miguel Tilli, Marcela Novau, Vanesa Díaz, Nahuel Benitez, Alejandra De Marco, Nicolás Ortiz de Elguea y Gustavo Ferrando. A su vez, Pedro Sacon asiste en dirección, la producción está a cargo de Antonella Jaime y Fernanda Larotonda lleva a cabo la realización de escenografía. Actualmente, está en cartelera la segunda edición de la obra y se puede ver todos los domingos a las 18 en la sala Boedo (Boedo 640). Las entradas están disponibles en https://www.timbre4.com/teatro/1068-todas-las-horas-que-tenia.html
La hija de Rodolfo Walsh y sobrevivientes, querellantes de la megacausa ESMA, solicitaron a la justicia que el lugar donde se incineraban cuerpos durante la última dictadura no sea cedido por el Estado al Club Atlético River Plate. Testimonios tanto de sobrevivientes como de genocidas corroboran el uso que le dio la Armada. En el pedido calificaron al predio como “un cementerio” en el que podrían estar los cuerpos de Rodolfo Walsh y Raimundo Villafor”, entre otros. Redacción: Paulo Giacobbe Edición: Fernando Tebele El pasado 23 de mayo el Juzgado Criminal y Correccional Federal N°12 de CABA, que instruye la Megacausa ESMA y está a cargo de Ariel Lijo, autorizó a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) a otorgar al “Club Atlético River Asociación Civil” un permiso de “uso precario y gratuito” del Campo de Deportes de la ESMA, aproximadamente unos 73.362,35 metros cuadrados. Ese lugar cumplió un rol fundamental dentro del exterminio planificado del centro clandestino: era el lugar elegido por los represores para quemar los cuerpos de algunas personas secuestradas. Hoy a la mañana, la diputada Miriam Bregman y Matías Aufieri, ambos del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH), representando a los querellantes de la causa ESMA, Patricia Walsh y Carlos Lordkipanidse, presentó un escrito solicitando al Juez Ariel Lijo que ordene la suspensión de la cesión y mantenga en el predio una medida cautelar de no innovar. En el escrito presentado señalan que nunca fueron debidamente notificados de la cesión y que se enteraron por la prensa “lo cual resulta fundamento suficiente” para dar marcha atrás con la autorización del 23 de mayo. Los cuerpos de Rodolfo Walsh, Raimundo Villaflor y Ariel Ferrari podrían haber sido incineradosen ese predio, entre otras víctimas; y son numerosos los testimonios existentes en la causa “acerca de enterramientos e incineraciones en el campo de deportes de ESMA en aquellos días no previstos para los llamados “traslados” consistentes en arrojar los cuerpos al mar desde aviones”. El Campo de deportes se trata de “un verdadero cementerio de víctimas de la represión y torturas del grupo de tareas estatal que actuó en el marco de la ESMA”, le recuerdan al Juez en el escrito. “No puede perderse de vista que el predio en cuestión, constituye no sólo un sitio de memoria, sino de prueba”. “Vale agregar, que otro de los métodos de eliminación de personas secuestradas en la ESMA, como fueron los llamados “vuelos de la muerte”, se tuvieron por ciertos mediante el testimonio de testigos, ya sean de la propia Marina, como conscriptos, y sobrevivientes, más allá de contar o no con los cuerpos de las víctimas eliminadas de ese modo. Mismo temperamento debe primar en este caso, y ser conservado el predio para agotar todos los trabajos necesarios -si ello fuera posible- sin plazo temporal alguno, así como se ha procedido respecto del resto de las dependencias que formaron parte de la ESMA”. Además dicen no encontrar motivos válidos para la cesión gratuita “a una entidad que genera recursos e ingresos multimillonarios”, como lo es el Club Atlético River Plate. En el campo de deportes, el Club millonario proyectó la construcción de seis canchas para la práctica de fútbol once, una cancha de agua de hockey, cuatro vestuarios para los equipos locales, visitantes y árbitros, un salón comedor, un salón de actividades múltiples para los encuentros de los distintos equipos; más la conservación y mejora de los espacios verdes y recreativos, la construcción de espacios de estacionamientos y la construcción de tribunas, tanto para las canchas de fútbol como las de hockey. En la primera etapa del proyecto las obras estarían supervisadas por el Equipo Argentino de Antropología Forense, que además aportó una propuesta de trabajo destinada a la realización de excavaciones arqueológicas sistemáticas y exhaustivas sobre el predio. Una cesión de “uso a un privado que anuncia una construcción masiva y la transformación radical del predio”, calificaron desde la querella. “Es inverosímil, que semejante plan de obras proyectado, fuera a suspenderse ante cualquier señal o resultado que siquiera sugiera la posibilidad de presencia de restos humanos en el predio”. Sobre las tareas encomendadas al EAAF dicen que “pueden y deben ser dispuestas sin una cesión de uso ya consumada en favor de un tercero”. Por último hacen mención a la ley nacional 26.691, que sobre la preservación de los sitios de memoria, ordena: “a fin de preservar como Sitios todos aquellos inmuebles en que se cometieron actos de tortura, exterminio, reducción a servidumbre, desaparición forzada de personas u otros vejámenes, la autoridad de aplicación deberá […] establecer canales apropiados de consulta permanente con organismos de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil en el diseño de las políticas públicas de memoria”. Señalando que cuando la Dirección Nacional de Asuntos Penales de la Procuración General de la CABA pidió realizar modificaciones en el campo de deportes se dio aviso a la Dirección Nacional de Sitios que objeto lo pedido por, justamente, incumplir con la ley nacional 26.691
Se lo dijo Jorge Olivera Róvere, subcomandante del Ejército durante la dictadura, a una delegación de Madres y familiares. Se refería al Regimiento de Patricios, en pleno barrio porteño de Palermo. Fue en los primeros meses de la dictadura y lo recordó para La Retaguardia María del Rosario Cerruti. El fallo para atrás de la Cámara. El juez Daniel Rafecas deberá seguir investigando lo que pasó allí y quienes fueron los responsables. Redacción: Ailín BullentiniEdición: Pedro Ramírez OteroFoto: Archivo personal de María del Rosario Cerruti Son cerca de 800 los lugares que, a lo largo y ancho del país, funcionaron como centros clandestinos de detención, tortura y exterminio durante la última dictadura cívico militar y sus años previos. La cuenta oficial la lleva la Dirección Nacional de Sitios y Espacios de Memoria. El esfuerzo en recordar, describir, reconocer y denunciar es de sobrevivientes y familiares de víctimas, que persiste a casi 50 años del genocidio. Así sucedió con el Regimiento de Infantería N° 1 de Patricios en donde represores del Ejército de esa fuerza mantuvieron cautivas y torturaron a personas durante el Terrorismo de Estado. Así lo relataron las propias víctimas y lo certificó el juez Daniel Rafecas en un fallo de principios de año en el que procesó a seis militares retirados por secuestros y torturas allí. Así lo confirmó la Sala 1 de la Cámara Federal los días pasados, en un fallo en el que salvó a los represores y mandó a Rafecas a seguir investigando. Los organismos de derechos humanos lo supieron desde siempre. “A nosotros nos lo dijo el propio (subcomandante del Ejército, Jorge) Olivera Róvere. Soberbio, violento, ¿y qué íbamos a hacer?”, recuerda María del Rosario Carballeda de Cerruti, una de las Madres de Plaza de Mayo de los comienzos, acerca de la noche en la que supo que en aquel enorme predio que el Ejército aún posee en pleno barrio porteño de Palermo había detenidas y detenidos desaparecidos. Fue en junio o julio de 1976, la memoria de la “Negra” Cerruti guardó el “fresco” de aquella noche, el “miedo” que acompañaba a ella y a un puñado de papás, mamás, hermanos y hermanas de jóvenes a quienes “se había tragado la tierra” que se acercaron al Regimiento de Patricios con la intención de averiguar qué pasaba con ellos y ellas, dónde estaban, cómo estaban. “Éramos un grupo grande, entre 20 y 30 o más personas”, narró la Madre de Plaza de Mayo a La Retaguardia. Se acercaron a la guardia del Regimiento y pidieron hablar con autoridades. Eligieron a tres representantes del grupo: Emilio Mignone, fundador del Centro de Estudios Legales y Sociales; José María Vázquez, esposo de la Madre de Plaza de Mayo Marta Ocampo de Vázquez; y la compañera de Marta y María del Rosario, Josefina Vera Barros. “Afuera quedamos un montón de personas”, sigue Cerruti, y rasga entre sus recuerdos algunos nombres: las Madres Marta Vázquez, María Ponce de Bianco, Beatriz Aicardi de Neuhaus y Rosa Contreras; “dos hermanos” de quienes no recuerda su apellido, pero sí que “uno de ellos era abogado”, y más familiares. Se le figura frente de sus ojos que el portero de una “casa de departamentos frente al cuartel” les abrió el hall del edificio para poder resguardarse: “Éramos muchos para estar todos juntos en la calle, no se podía hacer reuniones”, explica. Al rato, salieron los delegados y la delegada del grupo “de capa caída, angustiados”, describe la “Negra”. Los había recibido Olivera Róvere, quien por entonces era jefe del cuartel. “Los atendió con una soberbia bárbara, golpeando el suelo con la bota y les dijo, patotero, ‘aquí en el subsuelo del comando tengo 100 detenidos’. Eso me quedó grabado a fuego para siempre”, recuerda. De ahí se les ocurrió ir a la Iglesia, al Episcopado. Cerruti cuenta que los recibió (Adolfo) Tortolo, “también estaban (Raúl) Primatesta y (Vicente) Zazpe, ellos mudos, el que habló fue Tortolo”, aclara. “Nos aconsejó que como madres rezáramos a la Virgen María para pedir su ayuda. Fue todo el consejo que nos dio. No tuvimos otro resultado. Fue inutil todo”, culmina la Madre. La confirmación de la Justicia Entre octubre y los primeros días de noviembre de 2022, el titular del Juzgado de Instrucción Federal N° 3, Daniel Rafecas, ordenó la detención e indagó a ocho militares retirados que ocuparon cargos jerárquicos en diferentes áreas del Regimiento de Infantería 1 de Patricios entre 1976 y 1980, en plena dictadura. En base a testimonios de varios sobrevivientes y después de una inspección del lugar en la que participaron algunos de ellos, los citó sobre la presunción de que eran partícipes necesarios de casi un centenar de privaciones ilegales de la libertad llevadas a cabo en lo que fuera el Área II de Capital Federal, sobre el que el Regimiento “Patricios” tenía injerencia. Incluso en el predio de Palermo. Finalmente, Rafecas procesó a seis de ellos: el exoficial de Personal Jorge Farinella; los exjefes y efectivos de Inteligencia Carlos Urqueta, Héctor Mónaco y Ramón Vega; el exjefe de Logística Alfonso Reuther; y Héctor Ranfagni, quien se desempeñó en el área de Operaciones. Ninguno, hasta el momento, había atravesado proceso judicial alguno por su presunta participación en crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura. En aquella resolución el juez dio por hecho que el Regimiento de Patricios funcionó como centro clandestino. Marcha atrás Aquella fue la única conclusión que confirmaron los jueces de la Sala 1 de la Cámara Federal, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, que en un fallo emitido el lunes pasado anularon los procesamientos de todos los militares retirados. Así como lo postuló Rafecas en su momento, la Sala 1 de la Cámara Federal porteña admite que dentro del Regimiento funcionó un centro de detención en el que las víctimas atribuidas a los acusados permanecieron “transitoriamente”. No obstante, apuntaron que “no se ha determinado la presencia” de los militares retirados procesados “en los sucesos reprochados, ni la directiva concreta que pudieron efectuar para que se realicen”. Es más,
Así se llama el documental que cuenta la historia de la primera nieta desobediente de España, Loreto Urraca. Su abuelo, Pedro Urraca Rendueles, era uno de los jefes de operaciones para perseguir y reprimir a líderes de la Segunda República que se exiliaron en la época del franquismo. El documental se proyectó en el Centro Cultural “Tití Rossi”, en una actividad organizada por la Asamblea Desobediente. Redacción: Camila CataneoEdición: Pedro Ramírez OteroFotos: Natalia Bernades/La Retaguardia En 2008 cambió la vida de Loreto Urraca. Su apellido apareció en el Diario El País. Hasta ese momento no sabía la verdadera historia que atravesaba a su familia. Su abuelo era Pedro Urraca Rendueles, un policía español, conocido por ser el jefe de operación de la represión y persecución a líderes de la Segunda República que se tuvieron que exiliar en la época del franquismo. En España el apellido Urraca no es muy común. Por eso, a los pocos días de la publicación, la periodista Gemma Aguilera la llamó para preguntarle si era nieta del mismísimo “Urraca Rendueles”. Ese fue el primer acercamiento que tuvo con su historia. En 2018 Loreto publicó la novela “Entre Hienas” que cuenta su historia y el proceso que hizo para conocer quién era su abuelo. 5 años después se estrenó un documental basado en el libro. Esta pieza audiovisual dura una hora y cada testimonio va armando un rompecabezas de la vida de Urraca. Se pueden ver archivos históricos, recreaciones animadas y entrevistas a periodistas, historiadores y familiares de Loreto. La proyección de la película fue organizada por la “Asamblea Desobediente” en el Centro Cultural “Tití Rossi”. Ese día, Loreto contó que la sociedad española desconoce casi por completo lo que pasó en aquella época. Al morir Francisco Franco, comenzó la última época de la dictadura. Ese momento fue conocido como la transición democrática. En octubre de 1977 se firmó una Ley de Amnistía, donde los delitos de lesa humanidad cometidos durante ese periodo iban a quedar en el olvido y la Justicia no iba a poder realizar un reparo histórico sobre lo sucedido. En diferentes partes del mundo hijos, hijas, nietos y nietas de genocidas han comenzando un proceso de reconstrucción de la historia y también para “desafiliarse” de esos apellidos que tanto peso tienen. “No podía mantenerme ajena y olvidar lo que pasó (…) Como país y como sociedad deberíamos hacer este proceso”, dijo Loreto en la proyección del documental que cuenta su historia y comentó que realizó la investigación para “rescatar del olvido a todas sus víctimas”. Pablo Verna, quien forma parte de “Asamblea Desobediente”, estuvo presente en la proyección y habló por videollamada con Loreto, quien se encuentra actualmente en España. Coincidieron en que, cuando lograron contar públicamente sus historias, las y los sobrevivientes y familiares les dieron un buen recibimiento. Verna es hijo de Julio Alejandro Verna, excapitán y médico del Hospital de Campo de Mayo durante la última dictadura. Actualmente en España hay diferentes movimientos de Derechos Humanos que trabajan diariamente para dar a conocer y difundir esa parte de la historia que fue borrada de un plumazo. También buscan a familiares que puedan dar información sobre personas que aún se encuentran desaparecidas o bebés que fueron robados en dictadura. En 2010 comenzó a gestarse en nuestro país una querella contra los crímenes cometidos en el franquismo. “En España es difícil hacer juicios porque muchos ya murieron”, dijo Loreto Urraca.
El psiquiatra y psicoanalista Alfredo Grande retoma por sexta vez el Día de la Gratitud Militante. Luego de cumplir 75 años, abre la celebración y el micrófono para que se entrelacen voces y luchas contra la Cultura Represora.
Lo dijo Teresa Saporiti, presidenta de Documentalistas de Argentina (DOCA). Frente a la situación crítica que está atravesando el cine argentino producto del desfinanciamiento del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, la comunidad audiovisual en su conjunto se concentró en las puertas del INCAA para solicitar una reunión con el Consejo Asesor. Saporiti pasó por el programa radial Tengo una idea y habló acerca de esta lucha. Además, se refirió a las nuevas formas de consumo de productos audiovisuales y sus implicancias. Entrevista: Graciela Carballo/Carlos Morchio/Nicolás RosalesRedacción: Nicolás RosalesEdición: Pedro Ramírez Otero Se está vaciando la cinematografía argentina, los recursos que le corresponden a las películas nacionales fueron reducidos y favorecen a capitales concentrados de las plataformas de streaming. Así lo plantearon en la convocatoria de la comunidad audiovisual, que concentró en las puertas del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), para solicitar una reunión con el Consejo Asesor. Teresa Saporiti, presidenta de Documentalistas de Argentina (DOCA) habló acerca de la reunión que lograron: “Junto a la comunidad audiovisual tuvimos una reunión con el Consejo Asesor, que es un órgano de cogobierno que tiene el INCAA, el otro es la Asamblea Federal. El Consejo Asesor está integrado por gente de la industria y citó al ministro de Cultura Tristán Bauer para que hable, dé explicaciones y para que pueda haber un diálogo con una autoridad por encima del INCAA para ver qué es lo que está pasando con tres puntos fundamentales”. Además, la presidenta de DOCA aclaró: “Uno de ellos tiene que ver con los fondos que le llegan al instituto de cine que se alimenta de varios lugares como del ENACOM (Ente Nacional de Comunicaciones) y la recaudación de pautas publicitarias. Saber si el dinero que llegaba es el correcto o no, tener una transparencia de los datos”. Saporiti se refirió a las nuevas formas de consumir películas vía plataformas virtuales, que tuvo un gran crecimiento durante la pandemia por Covid-19. “El 10% de las entradas del cine que iban al instituto ha disminuido mucho. El INCAA se vió obligado a pedir adelantos de dinero al Tesoro Nacional el año pasado y no llegaron”, dijo, y explicó que las plataformas no están pagando el impuesto que corresponde por pasar las películas: “Y ahí, el tema es más complicado porque tiene que ver con lo legal, la AFIP y lo impositivo. Tiene relación con una postura política ante empresas gigantes y extranjeras que no tienen ni domicilio acá. Argentina es uno de los países de Latinoamérica con mayor cantidad de abonados a las plataformas que se terminan llevando la plata afuera realmente”. La jornada de lucha fue impulsada por la mesa de directores y directoras integrada por la Asociación de Directores y Productores de Cine Documental Independiente de Argentina (ADN), el Colectivo de Cineastas (CdC), Directores Independientes de Cine (DIC), Documentalistas de Argentina (DOCA), la Red Argentina de documentalistas (RAD) y Realizadores Integrales de Cine Documental (RDI). En relación a las repercusiones de la reunión, la presidenta de DOCA dijo: “Hicimos un petitorio con estos temas, juntamos firmas y estuvimos acompañando en la puerta esta reunión. Fue formal y bajo un reglamento a puertas cerradas. Una vez finalizada la reunión el ministro bajó y nos juntamos todos en el microcine del INCAA para que nos transmita qué había sucedido con el Consejo Asesor. La respuesta ante nuestras preguntas fue: ‘Estamos trabajando en eso’”. La documentalista remarcó que defender al cine significa también defender la cultura y la soberanía audiovisual. “Que seamos nosotros quienes contemos nuestras propias historias. Que podamos tener producciones chicas e independientes. Esta también es una pata que sostiene al reclamo con una idea de que no sabemos qué va pasar después de las elecciones. Y nosotros les dijimos que necesitamos que se resuelva ahora ante un futuro incierto y oscuro. El cine, ante el recorte presupuestario, es uno de los lugares más afectados. Creo que ha habido una falta de decisión política a recomponer ciertas cosas que podrían haber sido recompuestas. Estamos ante la posibilidad de perder al cine nacional como lo conocimos y cómo lo podrías seguir conociendo”, planteó.