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Se abrirá una negociación por 6 meses para resolver de manera definitiva el problema habitacional de casi 300 personas, entre ellas 100 niños y niñas. Participarán la Ciudad y Nación. La Justicia había ordenado un megaoperativo policial que elevó al máximo la tensión desde las 5 de la mañana.  Redacción: Nicolás Rosales/ Fernando TebeleFotos y videos: Natalia Bernades En el expediente de la causa que lleva vigente más de 13 años en el juzgado Civil N°60, se notificó que el martes 31 de octubre se llevaría adelante el desalojo de 107 familias que viven en el edificio de Santa Cruz 140 en el barrio de Parque Patricios. La resistencia pacífica consiguió frenar y la situación es de tensa calma. Allí viven actualmente unos 350 adultos y más de 100 niños, niñas y adolescentes. Pudo verse un operativo policial descomunal  desde muy temprano en el edificio de la calle Santa Cruz 140 con más de 500 policías.  Funcionarios del Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC) y Marisa Graham, la defensora de niños, niñas y adolescentes, propiciaron un diálogo con las autoridades judiciales que se presentaron con la orden de desalojo. Luego de la tensión que se vivió toda la mañana, se llegó a un acuerdo para que la Ciudad otorgue al empresario un resarcimiento económico durante seis meses. La idea es que en ese lapso la solución para las familias no resulte un parche inaceptable. En ese edificio funcionaba una empresa fabricante de toallas conocida como SELSA, que quebró en los 90. El edificio quedó entonces vacío.  En 2004, familias con problemas habitacionales, ocuparon el inmueble en estado de abandono y destrucción; de a poco fue construyendo lo que hoy es un conjunto habitacional. El Gobierno de la Ciudad, en lugar de adecua el espacio para viviendas sociales, remató el edificio a un precio irrisorio para devolverlo al sector privado. En 2010 fue adquirido por Mario Leonardo Ratuchny, un empresario ligado a los hoteles familiares.  Desde ese momento, los vecinos y vecinas de Santa Cruz vivieron en alerta permanente por las continuas amenazas de desalojo. Luego de muchos años de lucha se han presentado distintos proyectos de ley desde la casa hasta conformar una cooperativa de vivienda “Papa Francisco Ltda”.  Ante la resistencia pacífica de los y las habitantes del edificio, hasta el momento no se logró un acuerdo y tampoco se pudo conformar una mesa de diálogo para evitar el desalojo.  Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de La Retaguardia (@laretaguardia) Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de La Retaguardia (@laretaguardia) Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de La Retaguardia (@laretaguardia) Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de La Retaguardia (@laretaguardia) Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de La Retaguardia (@laretaguardia) Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de La Retaguardia (@laretaguardia)

Hablamos con Caro Aita, quien está cursando la formación para actuación en espacios abiertos. Depende de la EMAD y se cursa en el Parque Avellaneda. Nos cuenta en qué consiste la formación y nos invita a la presentación de los días 28 y 29 de octubre. Foto EMAD

Lo dijo Lilia Sánchez, madre de una ex alumna de la escuela para personas hipoacúsicas N° 28 Bartolomé Ayrolo del barrio de Devoto en diálogo con el programa Oíd Mortales. Allí, funciona el histórico edificio Palacio Ceci el cual el gobierno de la Ciudad se apropió para darle otras funciones dentro de lo que se denomina “Distrito del vino”. El inmueble, actualmente se encuentra en restauración y tras el el amparo judicial se aguarda por saber cual será el verdadero destino. Entrevista: Luis Angió/Cristina Varela Se puede escuchar la nota completa en el siguiente audio:

El juez de la megacausa, Ariel Lijo, volvió a pedir opiniones a las partes acerca de la entrega al club de Nuñez del lugar en el que se cremaban los cuerpos de personas asesinadas durante la última dictadura cívico-militar-eclesiástica, en lo que puede leerse como una posible marcha atrás de una cesión a la que se oponen sobrevivientes y familiares. Redacción: Carlos RodríguezEdición: Fernando Tebele El juez federal Ariel Lijo dispuso la apertura del incidente de nulidad planteado contra su decisión de otorgar al club River Plate “un permiso de uso precario” del predio donde funcionó, en dictadura, el Campo de Deportes de la ESMA. Lijo corrió vista a las partes: el gobierno nacional, que hizo la concesión, y las víctimas del genocidio que se oponen a la destrucción de pruebas en un lugar utilizado como crematorio y cementerio clandestino de víctimas del Terrorismo de Estado.   El 23 de mayo pasado, Lijo, titular del Juzgado Criminal y Correccional Federal N°12 de CABA, que instruye la Megacausa ESMA, había autorizado a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) a darle la cesión gratuita del predio al Club Atlético River Plate.  De acuerdo con el testimonio de sobrevivientes e incluso de represores, en el Campo de Deportes de la ESMA eran calcinados los cuerpos de víctimas que no eran desaparecidas en los llamados “Vuelos de la muerte”. Algunos de los cuerpos que estarían en el predio serían los del escritor Rodolfo Walsh y Raimundo Villaflor, entre otros.  En una breve resolución, firmada el 18 de octubre, Lijo abrió las actuaciones para que se tenga “por conformado el presente incidente” y ordenó “respecto del planteo de nulidad efectuado” que se “corra vista a las partes”. La decisión de Lijo había sido tomada luego de consultas con el Ministerio de Defensa y otros organismos oficiales.  La medida fue rechazada en una declaración firmada por más de 200 sobrevivientes y familiares de víctimas que pasaron por el centro de torturas y exterminio de la ESMA. Entre otros argumentos, se sostuvo que la decisión “vulnera la obligación de los Estados de preservar los lugares en donde se cometieron graves violaciones de los derechos humanos”. Aseguraron, además, que constituye “una clara violación a lo dispuesto por la normativa legal aplicable”. El permiso fue dispuesto “sin garantizar sin garantizar la preservación del valor probatorio del predio y sin la consulta, y la participación previa, de sobrevivientes, familiares y organismos de DDHH”. La diputada Myriam Bregman y Matías Aufieri, del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH), en representación de los querellantes de la causa ESMA Patricia Walsh y Carlos Lordkipanidse, había presentado un escrito solicitando al juez Ariel Lijo que ordene la suspensión de la cesión y mantenga la medida cautelar de no innovar que había dispuesto en 2004 el juez Sergio Torres. Pero el juez la rechazó por haber sido presentada fuera de los plazos judiciales. https://www.youtube.com/watch?v=bVKlZNUbkq0El 18 de septiembre pasado, sobrevivientes y familiares de personas que estuvieron secuestradas en la ESMA, rechazaron la decisión estatal de transferir al Club River Plate el Campo de Deportes y Entrenamiento del ex Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio. El traspaso se decidió mediante un convenio entre la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) y el club de Núñez. El permiso de uso sería “por tiempo indeterminado” y comprende “los terrenos e instalaciones” del predio ubicado en avenida Cantilo 5700, entre Arroyo Medrano y Tambor de Tacuarí. El campo tiene una extensión de más de siete hectáreas.  En 2004, cuando el gobierno nacional y la Ciudad de Buenos Aires crearon el Sitio de Memoria y Derechos Humanos en la ex ESMA, el Campo de Deportes no quedó integrado al emprendimiento, a pesar de los reiterados reclamos para que eso ocurriera.  La decisión del gobierno nacional es cuestionable porque testimonios de conscriptos, alumnos y sobrevivientes, registrados desde la creación de la CONADEP (Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas), ratifican que en el predio se han realizado, durante la dictadura cívico-militar , “enterramientos e incineración de cuerpos de víctimas” del centro clandestino que estuvo a cargo de la Armada Argentina. En el predio se encontrarían víctimas que no fueron parte de los “Vuelos de la muerte”.  Para familiares y sobrevivientes, el Campo de Deportes fue “tanto o más necesario para el funcionamiento del mundo ESMA”, tal como lo fueron “el pabellón de automotores o el edificio Cuatro columnas”. El predio fue uno de los tres más emblemáticos lugares, a los fines probatorios, de la megacausa ESMA, según afirma el ex Juez de Instrucción Sergio Torres en su libro “ESMA. La investigación judicial” (Buenos Aires, Eudeba, 2021). En forma consecuente con su argumentación, el juez Torres dictó, en 2004, una medida de “no innovar” con el fin de preservar la integridad del espacio y de los elementos de prueba que allí pudieran encontrarse.  Los familiares y sobrevivientes recordaron que la preservación de los sitios de memoria y la reparación integral de los daños ocasionados a las víctimas de violaciones a los DDHH, están legislados por normas internacionales que fueron ratificadas a nivel regional y nacional.  Entre otras normas, citaron la Declaración Universal de DDHH, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; la Convención Internacional para la protección de personas contra la desaparición forzada; la resolución 3/19 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de Principios sobre Políticas Públicas de Memoria en las Américas, y la resolución 25778, que otorga jerarquía constitucional a la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad adoptada por  las Naciones Unidas. A pesar de la normativa vigente, el permiso de uso del predio fue otorgado sin garantizar la preservación del valor probatorio del predio y sin la consulta, y la participación previa, de sobrevivientes, familiares y organismos de DDHH. Todo esto configura una “clara violación a lo dispuesto por la normativa legal aplicable”.  El 8 de febrero de este año, en una reunión organizada por la Secretaría de DDHH de

Lo dijo Ariel Rota, integrante de la organización “Recuperando Flores Norte”. En su paso por el programa radial “Mis hijos están con el padre” habló acerca de las problemáticas de la zona y la falta de respuesta estatal. Además, se rifirió al código urbanístico de la Ciudad y a un nuevo proyecto de ley que redactaron los vecinos y vecinas. Entrevista: Braulio Domínguez / Silvio FlorioRedacción: Gabriela Suárez LópezEdición: Pedro Ramírez OteroFoto: Facebook Recuperando Flores Norte La especulación inmobiliaria en la Ciudad de Buenos Aires, genera una brecha cada vez más amplia de desigualdad entre sus habitantes, quienes sufren las implicancias económicas de este fenómeno. A la dificultad en el acceso a la vivienda se le suman las abruptas transformaciones a las que se ven sometidos los distintos barrios porteños. En el medio de la disputa, se encuentran los vecinos y vecinas que ven cambiar el barrio y con ello sus hábitos y costumbres, sin entender mucho los conceptos estéticos ni la funcionalidad de las modificaciones instaladas y/o permitidas por el Gobierno de la Ciudad.  La compra de propiedades y demoliciones sin un control y estudio ambiental, han resultado en una proliferación de depósitos textiles en la Comuna 7 (Flores y Parque Chacabuco), en la zona denominada “Flores Norte”. Ariel Rota,  integrante de la agrupación “Recuperando Flores Norte”, explicó  “Esto es algo que viene sucediendo hace más de 15 años pero se incrementó muchísimo a partir de la pandemia. Y lo que está pasando más allá del crecimiento de los locales y el comercio en la zona de avenida Avellaneda, es que a nosotros nos está afectando muchísimo todo lo que es la actividad satélite de eso: los depósitos, los talleres, la venta de insumos, los camiones portacontenedores en una zona que no está habilitada para tránsito pesado, los residuos. Tenemos muchísimo residuo textil. Y hay un informe de la ONU que lo tenemos publicado en nuestro Facebook que dice que la industria textil es la segunda más contaminante. Y venimos haciendo reclamos y no pasa nada. Nadie hace nada, no se controla nada”. El Gobierno de la Ciudad gestiona y ejecuta distintos cambios en los barrios porteños de modo inconsulto que modifican la manera de vivir, costumbres,  posibilidades y limitaciones de los vecinos y vecinas.  “Lo que está sucediendo es que el tema de la contaminación nos afecta mucho la calidad de vida, porque están circulando estos camiones, no solo los portacontenedores, sino camiones y camionetas de todo tipo que estacionan en las rampas en las esquinas, en la entrada de garaje. No te dejan pasar, descargan los camiones a cualquier hora. La gente que descarga los camiones claramente no tiene sanitarios, hace sus necesidades en la calle, almuerzan o cenan en la calle. Es todo un descontrol. Y la verdad que hicimos  denuncias, fuimos para hablar con la comuna, con otras autoridades de Gobierno y no logramos absolutamente nada”, dijo el integrante de Recuperando Flores Norte. Además, planteó que los vecinos y vecinas consideran que el Gobierno porteño actúa a favor de esta “actividad” que vienen denunciando.  “Digo actividad y no industria porque la industria uno tiende a pensar que es algo bueno, que genera un beneficio y no es lo que ocurre acá. Porque es una industria que paga todo en negro, evaden impuestos, violan todas las normas medioambientales, violan las autorizaciones y del lado de enfrente tenemos un Estado totalmente ausente que trabaja a favor de esta actividad. Yo vivo en una zona que se llama zona Tipo 2, hay 4 tipos de zona, donde yo estoy es zona tipo 2 y dicen que no puede haber ningún taller o depósito. Y los relevamos, tenemos un Excel con todos los talleres que hay en la zona y nadie hace nada. Participamos de los consejos consultivos, hacemos denuncias en la Agencia Gubernamental de Control (AGC), y no pasa nada, está todo bien”, dijo. Además de los cambios en su forma de vivir y habitar el barrio, los vecinos y vecinas han visto decrecer el valor de sus propiedades, perdieron la tranquilidad porque la zona se tornó muy insegura por los enfrentamientos entre las personas del barrio y los denunciados. “La gente de esta actividad nos amenaza porque saben que nosotros los denunciamos. Entonces cada dos por tres tenemos un vecino golpeado, amenazado. Yo tengo dos denuncias hechas en la policía por amenazas. Entonces es muy complicado. Y me parece que por el negocio de algunos, no debería suceder esto”, contó  Rota. El código urbanístico de la Ciudad “El código urbanístico es malo, está mal hecho, no considera un montón de cosas. Pero también hay que tener en cuenta qué significa derogar un código hasta no tener uno nuevo. A mí me genera muchas preguntas. ¿Quién va a hacer el código nuevo? ¿Cómo va a ser? ¿Va a contemplar lo que nosotros estamos reclamando? Y si hay un código nuevo, ¿se va a respetar? Porque el que hay hoy es malo y nadie lo respeta. Hemos visto fajas de clausura que la misma gente de los talleres la levantan, trabajan y a la noche la vuelven a pegar. Está filmado eso y nadie hace nada”, planteó el vecino. Frente a la posibilidad de derogación del código actual, explicó: “Entonces, derogar el código es un lindo título, está bien. Pero yo creo que hay que ir a cosas muchísimo más sencillas que se pueden empezar a aplicar hoy sin tocar ningún código. Es controlar la Comuna, el Gobierno de la Ciudad, y todas las entidades que forman parte:  AGC, la Agencia de Protección Ambiental (APRA), el tránsito.  Tendrían que ejercer una función de control y no lo están haciendo. Hemos hecho miles de denuncias y no pasa nada. Nos cambiaron el sentido de la calle Páez para beneficiar a todos los transportistas que dejan su mercadería en  toda la zona comercial de Avellaneda y puedan salir rápido. Eso provocó accidentes. Al cambiar el sentido ponés en peligro dos escuelas, un jardín de infantes. Tardamos dos años en lograr

El 27 de octubre se cumple un año de la sanción de la ley de expropiación del exboliche República de Cromañón. Silvia Bignami, mamá de Julián Rozengardt, habló acerca de la actividad que realizarán en Plaza de Mayo el jueves 12 desde las 17 horas. En diálogo con el programa radial Estás muteadx, Bignami contó cuál es la situación de la reglamentación de la ley, que todavía está trabada en Casa Rosada.  Entrevista: Pedro Ramírez Otero / Julián BouvierRedacción: Julián BouvierFoto: Archivo Natalia Bernades / La Retaguardia El Senado, 27 de octubre de 2022, sancionó la ley de expropiación del exboliche República de Cromañón para que se convierta en un sitio de memoria. A pocos días de que se cumpla un año, las familias y sobrevivientes buscan la reglamentación de esa ley, para que  el edificio deje de estar en manos de su dueño, Rafael Levy, quien había sido condenado luego de la Masacre. “No tenemos la expropiación, tenemos un papelito que dice que se va a expropiar. Y en este país los papelitos tienen problemas. Esta ley está cumpliendo un año. Nosotros le decimos el ‘No cumpleaños’. De eso se trata la actividad que vamos a realizar. Porque decimos que nuestros hijos cumplen y no cumplen años. Porque no están para festejarlo. Entonces, haciendo un paralelo, lo que tenemos sigue siendo un papel, el Gobierno no termina de tomar una decisión del primer acto administrativo, que les podría haber llevado un mes. Todavía no está resuelta la reglamentación, la que dice ‘acá va a pasar esto, no va a pasar esto otro’. Y después de eso seguirá un largo camino. Pero no está resuelto ni siquiera el primer acto administrativo que a nosotros nos garantice que en este gobierno se proceda a la expropiación, es muy grave”, dijo Silvia Bignami, mamá de Julián Rozengardt, quien murió el 30 de diciembre de 2004 en la Masacre de Cromañón.  El “Universo Cromañón”, que nuclea a las diferentes agrupaciones de familiares y sobrevivientes viene golpeando puertas hace años. Así han conseguido diferentes victorias. “Nosotros venimos en un espacio de diálogo e interpelación, primero con la Secretaría de Derechos Humanos, a quienes tuvimos que presionar para sentarnos a ver de qué se iba a tratar la reglamentación. Nosotros tenemos un aspecto irrenunciable, que es la definición de la participación en las decisiones que se toman respecto al espacio. Suena como una pavada, pero si vas a hacer un espacio de memoria para las víctimas, ¿quiénes quedamos para hablar por esos pibes y pibas que murieron? Quedamos los sobrevivientes, testigos importantísimos y también víctimas; y  los familiares. Entonces, si no fuera tremendo, sería gracioso pensar en un espacio de memoria donde no se escucha a las víctimas”, dijo la integrante del Movimiento Cromañón. Además, insistió con que es “inaceptable que no salga la reglamentación” luego de un año. “Somos nueve espacios que nos pusimos de acuerdo, con todo lo que cuesta eso. En teoría, esa reglamentación está en la Casa Rosada. Nos preocupa mucho la inacción, sobre todo en un mes electoral. Y nos preocupan mucho las acciones que, por apuradas, nos dejarán afuera, o sin ser claros, en parte de la administración del lugar. ¿Qué perversidad no? Saben que estamos apurados y pueden hacer cualquier reglamentación. Estuvieron un año y no la hicieron. Vamos a hacer una que medianamente nos ubique en un lugar importante, que además recoja experiencias de otros espacios de memoria”, planteó.  ―¿Qué pasa hoy en Cromañón y qué pasó en estos casi 20 años? ―Ocurrida la Masacre nos pusimos en lucha. Cada uno se sumó cuando pudo. Algunos se han restado, porque se fueron muriendo. En esa lucha, que es por Memoria, Verdad y Justicia, nosotros encaramos varios juicios penales. Con, entre comillas, algunos éxitos, como funcionarios presos por primera vez en la historia de este país. Porque a los funcionarios les suelen dar menos años para que no vayan presos efectivamente. Conseguimos la destitución de Aníbal Ibarra, quien fuera el Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Y en el segundo juicio, el dueño Rafael Levy, que estuvo cuatro años y medio preso porque el tribunal entendió que era él el que estaba detrás de esa empresa offshore (Nueva Zarelux S.A), esa empresa fantasma. Pese a entender eso y a ser condenado, a fines de 2018, ese mismo tribunal que decidió que era responsable, le devolvió el boliche y acá no ha pasado nada. Esta persona está siempre en las sombras, tiene una apoderada. No sabemos ni si vive en este país. En el boliche no pasa nada, pero han sacado las pertenencias de los pibes, han tapeado las puertas. Cuando nos enteramos, a fines de 2018 de esta devolución a Levy, empezamos a ver todos los caminos, le preguntamos al tribunal por qué habían hecho esto. El tribunal, elegantemente, nos dijo ‘joróbense’. Levy es un personaje que está vinculado con la trata, los talleres clandestinos, los boliches. Dos años de ‘bla bla’ sin resultados y después interpelamos a la Secretaría de Derechos Humanos, que nos ayudó a presentarla en Diputados. Se votó por unanimidad el proyecto, pasó a Senadores y, con un solo voto negativo, se aprobó. A partir de allí, silencio. Nosotros intentamos mantener el diálogo. Después de esto, cuando el proyecto está en Casa de Gobierno, no entendemos por qué no se firma.  La ley cumple un año pero no hay festejo. Se realizará una actividad frente a la Casa Rosada el jueves 12 desde las 17 horas, que se llamará ‘No cumpleaños’ y será una intervención pública, con artistas invitados. Participarán las Madres de Plaza de Mayo y habrá una conferencia de prensa. 

Como todos los juicios, Sheraton IV ha dejado historias impactantes y conmovedoras, donde las hijas e hijos ocuparon un rol central para contar lo sucedido con sus familias. Aquí un repaso estremecedor solo por algunas de ellas, con las hijas e hijos en un rol central. Este viernes a las 9 serán las últimas palabras de los dos imputados, y a las 12 se conocerá el veredicto. Todo se podrá ver en La Retaguardia.  Redacción: Paulo GiacobbeEdición: Pedro Ramírez Otero / Fernando Tebele Luego de Lola Aragón declaró Daniela Klosowski, hija de Héctor Daniel Klosowski y de Norma Mabel Sandoval. Al comienzo de tu testimonio, relató el secuestro de su padre, ocurrido el 2 de febrero de 1977 en una obra en construcción donde estaba trabajando, en Ranelagh, Partido de Berazategui, Provincia de Buenos Aires. No eran las 11 de la mañana cuando el Ejército Argentino lo cercó. Daniel estaba con su hermano, Osvaldo Luquez, de 16.Cuando Daniel se vio acorralado intentó suicidarse tomando una pastilla de cianuro, pero un disparo certero a la mano se lo impidió. Daniel fue atrapado con vida, con heridas de arma de fuego en la mano y en la espalda. Osvaldo logró huir y fue quien contó lo ocurrido a la familia. Héctor Daniel Klosowski fue curado en el Hospital Militar y, se sabe por sus propios dichos, que estuvo secuestrado en Sheraton. Está desaparecido.  A las 11.30, la madre de Daniel, Zenaida Luquez, le contó a Norma del secuestro tal como se lo había relatado Osvaldo. Norma sabía que también la estaban buscando  y pensó que sus dos hijas, Norma de casi 7 años y Daniela de 2 años y medio, corrían peligro de ser secuestradas. Luquez se llevó a las nenas a su casa.   Norma no perdió el tiempo, pasó por la casa de su padre, cargó todo el material comprometedor en un bolso y lo arrojó a un río en Berazategui. Después se escondió en la casa de su hermana Zulema. Pensaba que ese era un lugar seguro, pero antes de la medianoche escucharon ruidos. Personal de civil y personal militar la secuestraron. Cuándo irrumpieron en la habitación donde dormían las dos hermanas, preguntaron cuál era Norma. Ninguna de las dos dijo nada.  —¡Nos llevamos a las dos! Entonces Norma dijo que su hermana no tenía nada que ver. Se puso un pantalón y salió de la casa descalza, con las manos atadas y los ojos vendados. La metieron en el piso del asiento de atrás de uno de los seis autos que estaban en la puerta. En el asiento de otro auto estaba su padre, Dionisio Sandoval.  Daniela Klosowski no se refirió a las torturas y vejámenes que sufrió su madre cuando estuvo desaparecida. En 2020 Norma declaró en el tercer tramo del juicio por los crímenes de lesa humanidad cometidos en el Centro Clandestino de Detención Tortura y Exterminio El Vesubio. Fue en ese momento cuando Daniela se enteró de que ella y su hermana también habían sido secuestradas y torturadas.    “Nos llevaron a un centro clandestino con motivo de utilizarnos para torturar a uno de nuestros progenitores o a ambos. Yo no lo recuerdo porque tenía dos años. Es lo que declaró mi mamá. Lo que puedo aseverar y recuerdo es que tengo por momentos como flashes y sensaciones; sin que uno las llame y en determinadas circunstancias que las detonan, vienen a mi memoria. Sí tengo presente el estar suspendida en el aire y que una persona del sexo masculino me tenía de los tobillos y amenazaba con reventarme contra una pared. El vértigo… la sensación del vértigo que esto produce”, dijo Daniela.  “Este recuerdo de escuchar el llanto de mi hermana y esa sensación de estar a merced de otro y la amenaza esa que te fueran a estampar contra una pared como si fueras un insecto”, agregó. Daniela no sabe en qué centro clandestino ocurrió eso. Pero sí tiene presentes esas sensaciones que cada tanto la dominan. De repente se detona el recuerdo y pierde el control, sufre ataques de pánico y tiembla. No puede salir a la calle. Su bienestar emocional y psíquico y el de su entorno y sus familiares se ve afectado por esas sensaciones. Se pone paranoica con sus hijos, tiene miedo de que un grupo de tareas los secuestre. También tenía temor a declarar. “Cuando me ha tocado acompañar a mi mamá a declarar o en alguna audiencia que pidió cárcel común para un represor, no duermo la noche anterior”, dijo. Entra en estado de alerta.  En 1977, Daniela y su hermana Norma habían quedado al cuidado de su abuela, Zenaida Luquez, en la casa de Ranelagh. Un grupo de tareas irrumpió en la casa. Lo que no rompieron se lo llevaron. Golpearon a su abuela y a su hermana. “Estaban buscando algo que no sabría precisar”, explicó.  A Héctor Daniel Klosowski lo dejaron reunirse dos veces con su familia en el parque de la cervecería de Quilmes, que era de concurrencia pública. Fue él mismo quien confirmó estar secuestrado en El Embudo, como también le decían al Sheraton. Daniela no tiene recuerdos de ese encuentro. La segunda vez que lo vieron, le contó la madre que lo vio abatido, cansado física y emocionalmente. Daniel les dijo que había decidido colaborar con los militares y que le habían prometido liberarlo a fin de año. “Ya estaba más desmejorado que la primera vez. Y sobre todo abatido. Resignado”, contó. “Mi hermana, producto de los golpes y las lesiones, perdió la vida unos años después, cuando yo tenía cuatro años. Mi hermana, con la salud deteriorada y desmejorada, me hizo prometer que si papá volvía, por más que estuviera malherido, lo íbamos a recibir igual con amor. Porque ella señalaba esto, que lo había visto vendado, malherido. Y mi mamá también señala lo mismo”, relató. Cuando Daniela era chica encontró en el galpón del fondo de la casa una carta de su padre. Su hermana ya había fallecido. En la carta

La tercera edición de la feria será el 7 y 8 de octubre en “Casa Patria Grande Presidente Néstor Kirchner” con entrada libre y gratuita. Marita Costa, una de las organizadoras del evento pasó por La Retaguardia y habló acerca de las actividades de ambos días. Habrá exposición de fotos, música y danza, lecturas en homenaje al Che Guevara, partidas de ajedrez y lanzarán el concurso literario “Narrar la solidaridad”, entre otras actividades. Entrevista: Fernando Tebele/Pëdro Ramírez Otero El audio de la nota acá:

Héctor Alvarellos, integrante del centro cultural del barrio porteño de Parque Avellaneda, habló acerca del aniversario del espacio. En diálogo con el programa radial Estás Muteadx, repasó el camino que recorrieron desde la creación de la Casita y puso el foco en las luchas barriales para sostener otros espacios culturales.  Entrevista: Pedro Ramírez Otero / Julián BouvierRedacción: Nicolás RosalesEdición: Valentina Maccarone / Pedro Ramírez Otero Foto: La Casita de la Selva “La Casita de la Selva tiene una historia de 30 años, que no es poco. Con la Runfla (grupo de teatro comunitario callejero) empezamos a habitar lo que es hoy el espacio de la Selva, allá por el 91, y en el 93 la abrimos como parte de un proyecto que teníamos de insertarnos en la comunidad con una casa artística, cultural y recreativa”, contó Héctor Alvarellos, uno de los fundadores del centro cultural.  El espacio tiene actualmente un convenio con el Gobierno de la Ciudad, que “aporta el salario de algunos docentes y el resto lo asumimos nosotros con las dificultades económicas del país y tratamos de sobrevivir”.. Alvarellos dijo que le dan “vida al barrio” y que cuando se instalaron en Parque Avellaneda tenían “la pretensión de hacer arte callejero y  ver qué pasaba en esta parte de Buenos Aires”. El referente de la Casita contó cómo comenzaron: “Lo primero que tuvimos fue un taller de macramé, que yo no sabía lo que era, y eso fue creciendo y después se transformó en ‘Artesanos Muestran y Demuestran’, y pasaron al Parque Avellaneda. Después, empezamos a agregar talleres, y nuestras versiones de teatro para niños con ‘La Casita’, con animaciones, y así fuimos creciendo. También, nos instalamos en el parque y fuimos parte de la mesa de consenso, de la ley y de ese gran proyecto cultural para todo el parque”. Héctor Alvarellos mencionó otras luchas barriales de las que también fueron parte: “La peleamos contra la construcción el Metrobus (de Juan Bautista Alberdi y Directorio) y, hace muchos años, contra un neuropsiquiátrico que el Gobierno de la Ciudad quería poner cerca del barrio Alvear. Estuvimos en la apertura del Olimpo (Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio) como centro de memoria que lo peleamos junto a los vecinos. Hace poco hicimos un recorrido de la memoria en el barrio y en el Parque Avellaneda. Todos los lugares donde se reunían los vecinos durante la dictadura están indicados con un código QR para mantener la memoria. Además, trabajamos en la escuela de teatro del Tambo dentro del parque , con la escuela (Che Guevara) y nos sumamos a las luchas del Corralón de Floresta”. Por otro lado, hizo referencia a cómo subsisten los espacios culturales: “Los espacios fueron ganados por la gente que los realiza, más allá de los subsidios que son  lo único que funciona como incentivo. Hubo un periódo en que se empezaron a quitar talleres, pero se peleó, y hoy se sostienen para mantener el caudal de la programación cultural con un gran esfuerzo. Nosotros tenemos la sala Carlos Trigo, y también salimos a la calle con el apoyo de la gente y la felicidad de quienes participan. Creo que no podemos sentarnos a esperar a que la situación mejore o empeore si tenemos en claro dónde vamos. No queda otra que disfrutar del encuentro y colectivizar las actividades”. El festejo por los 30 años de la Casita de la Selva  se realizó durante la tarde del  el domingo 24 de septiembre en el espacio. Hubo una kermesse que contó con juegos en la calle para chicos y chicas, talleres de danza, canto y show de magia. Finalmente, tocaron compañeros y compañeras del centro cultural que se sumaron a celebrar la trayectoria de compromiso social y artístico de la Casita.

Lo dijo Jorge Adaro, secretario de Acción Gremial del  sindicato. En diálogo con el programa radial Estás Muteadx, habló acerca de la historia del gremio y estableció un paralelo entre la actual crisis educacional con la que se vivió en la década del 90. Entrevista: Pedro Ramírez Otero / Julián BouvierRedacción: Nicolás RosalesEdición: Pedro Ramírez Otero / Bárbara BarrosFoto: Ademys El gremio docente Ademys se fundó el 20 de agosto de 1983 y es reconocido por la lucha por los derechos de las y los docentes y por la defensa de la educación pública. El sindicato representa a docentes de la Ciudad de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires en todas sus áreas y niveles.  ―Ademys cumple 40 años, ¿qué se festeja? ―Por los ataques del gobierno que sufre la docencia y nuestro sindicato, no nos iban a quitar la posibilidad de festejar. Son 40 años de una organización democrática, de un sindicato que lucha, que se ha mantenido independiente de los gobiernos y que ha practicado la democracia sindical sin ningún tipo de dudas. Incluso con distintas conducciones, porque Ademys surge en el 83 una vez regresado el orden constitucional. Ha tenido básicamente una estructura y un estatuto o un ordenamiento que es super democrático, ya que en Ademys, por ejemplo, no hay mayoría o minoría. Hay un sistema donde en la mesa directiva están expresados todos los sectores que participan en un acto eleccionario por proporcionalidad. Entonces, esto es una de las referencias que ya pocos sindicatos la tienen y para nosotros es un orgullo. Hay que recuperar que este sistema no es un invento nuestro, sino de la Ctera (Confederación de Trabajadores de la Educación) en sus orígenes. ―En cuanto a la actual crisis educacional, ¿hubo otro momento similar en la historia? ―Si bien cada proceso tiene su particularidad, efectivamente la década del 90 fue sin ninguna duda un momento crítico, donde algunos cambios negativos que tuvimos persisten. Fue una época también donde la tradición que tiene este país en relación a la educación pública y en ese marco de ataque, fue impresionante como el pueblo salió a defender la educación. Hubo movilizaciones multitudinarias contra todo un sistema de reformas que ya, obviamente, advertíamos en ese momento que iba a un proceso de privatización del sistema educativo. Había un proceso de atomización del sistema, y esto no era para nada bueno. Creo que este fue uno de los momentos más críticos desde el punto de vista educativo. Igualmente, todo esto está ligado a los gobiernos y a las políticas que emprendan. El menemismo aplicó una política fuerte e importante, sin embargo, en la conciencia del pueblo no se ha podido lograr. Hicieron la Ley Federal de Educación, y entre tantas otras cosas, cambiaron el concepto de lo que es la escuela pública. Ellos decían que la educación pública, bajo la ley, tenía distintas gestiones: una de ellas estatal, la otra la privada. De esta manera, daban un salto cualitativo en la privatización del sistema educativo y en desarrollar un concepto para entender no a la educación como un derecho, sino como un servicio. Este momento tuvo algunas líneas de continuidad. Hoy hay una expresión clara de un nuevo ataque en ese mismo sentido con gobiernos que han venido aplicando políticas orientadas a la Ley Federal de Educación durante todos estos años. Gracias a la lucha, los avances que han querido tener los organismos internacionales y los gobiernos subordinados a estos organismos, siempre han sido limitados por la respuesta de los trabajadores, trabajadoras y de la comunidad en general.  El secretario gremial de Ademys contó que el festejo por los 40 años del sindicato seguirá durante lo que resta del año, “porque no estamos en un año muy tranquilo”. El miércoles pasado realizaron una actividad en el Profesorado Joaquín V. González, y habrá también una serie de eventos sobre los derechos humanos de los maestros y maestras desaparecidas en la Ciudad de Buenos Aires. Además, dijo, harán una fiesta en algún salón para brindar “como corolario de todas las actividades”.