CABA
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El 30 de noviembre, a un mes de un nuevo aniversario de la Masacre, salió el decreto que reglamenta la expropiación del boliche República de Cromañón para convertirlo en Sitio de Memoria. Las organizaciones de familiares y sobrevivientes reclamaban que hubiera la misma cantidad de representantes del Estado y del Universo Cromañón en el Consejo Asesor, pero no lo lograron. Silvia Bignami y Belkyss Contino, del Movimiento Cromañón, contaron a La Retaguardia cómo recibieron la noticia. Redacción: Julián Bouvier / Pedro Ramírez OteroEdición: Pedro Ramírez OteroFoto: Archivo Bárbara Barros / La Retaguardia La Presidencia de la Nación reglamentó la expropiación de Cromañón. A últimas horas del 30 de noviembre, familiares y sobrevivientes integrantes del Universo Cromañón ―como llaman al conjunto de organizaciones― recibieron la noticia de que Alberto Fernández firmó el decreto para que el Ministerio de Justicia lleve a cabo la expropiación del lugar, que está en manos de Rafael Levy, uno de los condenados por la Masacre. Cromañón será Sitio de Memoria. El decreto 652/2023 plantea también la creación urgente de un Consejo Asesor, donde integrantes de las organizaciones Cromañón tendrán participación activa en las decisiones acerca de lo que se haga en el edificio. “Estamos reclamando que en estos últimos días del actual gobierno, se arme el Consejo Asesor, que su primer acto sea constituirse. Nos dicen que está todo preparado y solo falta entrar al boliche. Nosotros, nuestras responsabilidades, que son luchar en las calles, escuchar, ponernos de acuerdo, las venimos cumpliendo”, planteó Silvia Bignami, mamá de Julián Rozengardt, uno de los jóvenes que murió en la Masacre de Cromañón. ―¿El decreto salió como esperaban? ―Claramente no es el decreto que queríamos las organizaciones. Las nueve organizaciones peleamos por la paridad en el Consejo, en la Comisión Administradora y no lo logramos. Denunciamos, cuando fue necesario, la mano de Vilma Ibarra (secretaria Legal y Técnica de la Presidencia y hermana de Aníbal Ibarra, quien era jefe de Gobierno porteño al momento de la Masacre) en este sentido. Pero, a la vez, consideramos que hay derecho a ponerse contentos por un ratito, por este logro que plantea quién es el sujeto expropiante, que plantea una autoridad de aplicación, que plantea que el Tribunal de Tasación tiene que terminar su tarea, que plantea el uso del inmueble por parte del Estado y que plantea la creación urgente de un Consejo Asesor. También discutimos la palabra ‘asesor’ porque nosotros consideramos que es un consejo de participantes, pero de todas maneras creemos que en un escenario complejo, la reglamentación que se pudo es mejor que ninguna, es mejor que el silencio y es mejor que la absoluta indefensión frente a algo que no sabemos lo que vendrá. Por su parte, Belkyss Contino, sobreviviente e integrante del Movimiento Cromañón, explicó que ven muy difícil poder dar el sentido que ellos quieren que tenga el Sitio de Memoria, ya que en el decreto quedó un formato de participación de la toma de decisiones en el que están en desventaja. “No era este el acuerdo que nosotros y nosotras construimos durante todo este año junto con la Secretaría de Derechos Humanos. Habíamos establecido un proceso participativo y se había acordado efectivamente la paridad entre el Estado y las organizaciones. En realidad, los grupos de sobrevivientes y familiares de Cromañón, porque entendíamos que era la mejor manera de poder resguardar el sentido de las memorias, de lo que allí ocurrió. Y habíamos logrado este acuerdo. Finalmente, cuando llegó a Presidencia se tiró el proceso para atrás, y nos plantearon otro decreto con otro formato”. El formato de participaciones que quedó decretado es de cuatro integrantes del Estado y tres integrantes de las organizaciones del Universo Cromañón. “Lo vemos como un riesgo, sobre todo en este contexto. Nos corrieron el escenario, que no era el que esperábamos, pero fue lo que se pudo y sobre estas bases quedará seguir luchando”, dijo Contino. Y concluyó: “El Estado, gobierne quien gobierne, tome la forma que tome, no podrá borrar la memoria que las y los familiares de los sobrevivientes y todas las víctimas queremos imprimirle al sitio por nuestro conocimiento, por nuestra trayectoria”.
“Naná” recupera la historia de Adriana Lewi, hija de Ana María Sonder y Jorge Claudio Lewi, víctimas de la última dictadura cívico-militar. En su paso por el programa Estás Muteadx, Lewi habló acerca del juego y explicó cómo reconstruyó su historia de vida. “Romper el miedo y el silencio lleva mucho esfuerzo, pero vale la pena”, dijo. Entrevista: Pedro Ramírez Otero / La RetaguardiaRedacción: Nicolás RosalesEdición: Pedro Ramírez Otero “Como trabajadora de la memoria, víctima de la dictadura y como argentina siempre estoy buscando maneras de transmitir a las nuevas generaciones la historia para profundizar. Cuando salió la posibilidad del videojuego y que fue una gran caricia de mis amigas, en especial de mi amiga Marti (Vercelli) quien fue la que tuvo la idea que me pareció alucinante”, comenzó a contar Adriana Lewi, la bebé protagonista del videojuego Naná, que recupera su historia y la de sus padres. Ana María Sonder y Jorge Claudio Lewi fueron víctimas de la dictadura cívico-militar y continúan desaparecidos. Adriana, quien fue devuelta a sus abuelos al momento del secuestro, hoy tiene 46 años. El juego se presentó en la primera JAM de videojuegos con foco en derechos humanos, que fue organizada por Women In Games Argentina, el Festival Futuros del Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti y el Espacio Memoria y Derechos Humanos ESMA. La creadora de Naná fue Marti Verticelli, quien diseñó e hizo el trabajo de animación de fondos. Se puede descargar de manera gratuita. “Cada vez que veo el juego siento una emoción increíble. Ahora con 46 años y me veo allí siendo una bebe refleja mi realidad de cuando vivía con mis viejes. Mi amiga Marti lo pensó como una reivindicación para mí, para que pudiera volver a interactuar con mis papis, que es algo muy amoroso”, dijo Lewi. Jorge Claudio Lewi y Ana María Sonder eran militantes de la Juventud Peronista. El 8 de octubre de 1978 fueron secuestrados junto con su hija de 18 meses. “Todavía sigo reconstruyendo mi historia, es como un rompecabezas. No hace tanto heredé unas cosas de mis abuelos paternos que habían quedado guardadas, donde aparecieron muchas imágenes, fotos, que supuestamente estaban perdidas. Ahí, en esa búsqueda de fotos, me di cuenta del capital que tenía, como por ejemplo poder ver la cara de mi papá de cerca que nunca había visto. Hace poco también volví a escuchar la voz de mi papá en un audio, no lo escuchaba desde que tenía un año y medio. Romper el miedo y el silencio lleva mucho esfuerzo, pero vale la pena”, contó Lewi. Acerca de “Naná”, detalló: “En el juego, lo que se va descubriendo son partes de las historias de mi viejos y la mía. Con imágenes, documentos, papeles que hablan, que recuperan la parte de la vida y no tanto la parte de les compañeres desaparecides que están muertos y que esto al ser tan violento es lo que suele quedar más en la superficie. Lo que se intenta rescatar es que les desaparecides fueron personas con vidas que se nutrieron de este mundo, y que no son solo personajes míticos como a veces pareciera que fueron”. Lewi agregó que el objetivo del juego es acercar a la gente a este tipo de temáticas “no solo de lo discursivo” sino “teniendo en cuenta que las nuevas generaciones están acostumbradas a acercarse desde otro lado”. Sostuvo además que “los juegos son una maravillosa herramienta” para ese acercamiento. “Los medios a veces tienen más poder que la propia realidad, y lo que nos queda es pensar en la redes, en los videojuegos como medios para difundir más esto y llegar a los seres humanos que de por sí somos bastante complejos. Nunca están ganadas las batallas, y quedó claro con esta nueva discusión”, dijo la protagonista del videojuego.
Festejamos un nuevo aniversario de nuestro nacimiento, en 2003, como un programa de radio que luego derivó en la construcción de una radio, una página web que contempla nuestra agenda de derechos humanos de ayer y hoy, género, medioambiente y otras temáticas que abordamos cada día. Texto: Nicolás Rosales/Ferando TebeleFotos: Natalia Bernades Que 20 años no es nada, cantaba Gardel. Al mismo tiempo se puede decir que 20 años son muchas cosas. Y que nuestras vidas personales y en colectivo, son dinámicas. Como cuando con la pandemia, a las coberturas que ya realizábamos de los juicios por crímenes de lesa humanidad se agregó una estrella que cada vez alumbra más fuerte: la televisación de los juicios de en vivo en nuestros ―hasta ahora― cuatro canales de YouTube.Desde la comunicación alternativa, comunitaria y popular, La Retaguardia se ha transformado a base de mucho trabajo, en una referencia en materia de derechos humanos. En un domingo antidomingo y con un día espléndido, las puertas de las casa de La Retaguardia se abrieron para abrazar y recibir cariño. Para festejar y soplar las 20 velitas de su cumpleaños. Con una dinámica ya incorporada en cada fiesta, hubo espacio para el micrófono abierto, la música, y las emociones, que fueron muchas. No faltó la comida. Con una parrilla humeante hasta el final, empanadas, dulces, bebidas y el cafecito que suele circular entre el público. También estuvieron las Madres de todos y todas: Nora Cortiñas y Mirta Baravalle, quienes aportaron un mimo con su sola presencia, y también palabras precisas como suele suceder. Aportaron su arte con su música, el charanguista Rolando Goldman; Eva Basterra y Martín Messineo; Ezequiel Jusid integrante de Arbolito; Mariela Milstein en formato banda; Virginia Innocenti; Pica para todxs mis compas; Abelardo Martín, y Christian Madia.
La exposición fotográfica se podrá visitar en el Museo del Hambre desde el sábado 11. El periodista Maxi Goldschmidt, quien acompaña a Piovano en sus registros de la cultura mapuche, pasó por el programa radial La Retaguardia y habló acerca de la muestra y de las problemáticas de las comunidades. Entrevista: Fernando TebeleRedacción: Nicolás RosalesEdición: Pedro Ramírez OteroFotos: Pablo Piovano “Lo que está en juego es la salud, la espiritualidad, el futuro. Nuestra lucha es para que podamos seguir haciendo lawen, la medicina que preparamos con nuestras plantas nativas. Esas plantas que usamos para curar, incluso a mucha gente no mapuche que viene en búsqueda de salud, están siendo afectadas en nuestro territorio por la construcción de dos centrales hidroeléctricas, y en otros lugares por petroleras, salmoneras o forestales. Y ese daño que hacen las industrias extractivistas es irreversible”. Estas palabras pertenecen a la Machi Millaray Huichalaf, la protagonista de la muestra fotográfica “Mapuche, el retorno de las voces antiguas. Machi Millaray, guardiana del agua”, de Pablo Piovano. La exposición podrá verse de manera libre y gratuita en el Museo del Hambre, en la Ciudad de Buenos Aires, desde el 11 de noviembre. Maxi Goldschmidt, es periodista, docente y co-fundador de Revista Cítrica y de Agencia Tierra Viva. Desde hace más de cinco años realiza coberturas y crónicas de conflictos socioambientales, resistencia de comunidades al extractivismo y, en particular, acerca del proceso de recuperación territorial, espiritual y político del pueblo mapuche. Maxi acompañó a Pablo en los registros. “Está pasando algo en nuestro territorio que si uno está por ahí cerca lo puede ver. Es algo histórico y muy poderoso que tiene que ver con la espiritualidad, la naturaleza, la recuperación de los saberes ancestrales y de prácticas que vuelven a lo comunitario con esa fortaleza”, comenzó describiendo acerca de la actualidad de los territorios. Goldschmidt contó que entraron “al mundo mapuche” por Santiago Maldonado, por Rafale Nahuel, Elías Garay y por las represiones que viven las comunidades. “Muchas veces no se entiende a las comunidades mapuche, porque se muestran encapuchados cortando rutas, y en realidad hay un proceso muy poderoso de recuperación de la identidad y de preguntarnos cuál, cuándo, y dónde empieza nuestra historia. Qué había en nuestro país antes de que se llamara Argentina, quiénes y cómo vivían. En el wallmapu, en el sur de Argentina y de Chile, están sucediendo procesos de recuperación del territorio muy profundos, de lo ancestral, del lenguaje de la tierra y de todo lo que tienen para decirnos, el agua, las plantas y su poder curativo”, dijo Goldschmidt. En referencia a la muestra fotográfica, explicó: “El trabajo que estamos haciendo con Pablo tiene que ver un poco con bucear en esas profundidades, y puntualmente en este capítulo que se llama ‘Mapuche, el retorno de las voces antiguas. Machi Millaray, guardiana del agua’”.. El periodista continuó detallando la historia de la Machi, que hace 15 años volvió al territorio que era de sus ancestros. “Fue el río que empezó a hablar a través de ella, de que iban a hacer unos proyectos con dos centrales hidroeléctricas de una empresa estatal noruega y que están prohibidas en el país de origen. Esto no solo iba a afectar al río, sino también a parte de un complejo ceremonial muy antiguo utilizado por cientos de comunidades desde hace muchos años. La empresa no hizo una consulta previa, y la Machi, que era tímida al principio, se tuvo que descolonizar para luego conectarse con la naturaleza”. Millaray estuvo presa y sufrió “una campaña feroz contra ella y las comunidades”, que son más de 150. “En este caso, efectivamente lograron frenar una de las obras. La otra está avanzando pero le están dando batalla poniendo el cuerpo, pero también desde el plano político, jurídico nacional e internacional”, contó. Por último, Goldschmidt adelantó otro trabajo que se encuentra en proceso de producción, y comentó cómo es trabajar con PabloPiovano: “Estamos haciendo una peli. Cuando nos surgió la necesidad de contar de otra manera esto, vamos y venimos al territorio. Trabajar con Pablo es una alegría y un aprendizaje, él es muy sencillo y profundo”. El Museo del Hambre se encuentra en la Avenida San Juan 2491, en la Ciudad de Buenos Aires. La entrada a la muestra es libre y gratuita y permanecerá unos meses.
Lo dijo Belkyss Contino, integrante del Movimiento Cromañón, a partir de que el exboliche fue declarado Monumento Histórico Nacional. En diálogo con el programa radial Estás Muteadx, la sobreviviente habló también de la expropiación de Cromañón que, pasado un año de que la ley fue aprobada, sigue sin hacerse efectiva. Entrevista: Pedro Ramírez Otero / Julián BouvierRedacción: Julián BouvierEdición: Pedro Ramírez OteroFotos: Camila Pierre Tras el decreto 571/2023. publicado el 1 de noviembre en el Boletín Oficial de la República Argentina, el exboliche República de Cromañón fue declarado Monumento Histórico Nacional. “Es una buena noticia para nosotros y nosotras, familiares y sobrevivientes de la Masacre. Lo veníamos luchando hacía mucho tiempo. Esto surgió cuando todavía peleábamos la expropiación en la Legislatura porteña. En ese momento, indagando, investigando, porque todo el tiempo estamos en movimiento y todo el tiempo tratando de buscar alternativas y soluciones, había surgido la idea de la patrimonialización. Es decir, que Cromañón sea patrimonio histórico, en el marco de la Legislatura porteña. Entonces, tocando puertas, mientras estábamos en este proceso de lograr la expropiación, es que fuimos a la Comisión Nacional de Monumentos y presentamos la primera nota, hace tres años”, contó Belkyss Contino, sobreviviente e integrante del Movimiento Cromañón. ―Cromañón es Monumento Histórico Nacional, ¿cómo recibieron la noticia? ―Lo vivimos con alegría. Es una satisfacción, sobre todo porque sale de las organizaciones. Entonces te da impulso, te da ganas, te da fuerza. Estamos llegando a diciembre. Siempre son épocas difíciles y cada quien las atraviesa como puede. Entonces, saber que estás un pasito más cerca de la posibilidad de entrar a Cromañón, de que Cromañón sea de la ciudadanía, de la comunidad; y que no sea Levy el que tiene la potestad absoluta respecto a qué hacer en un lugar tan delicado y tan significativo para nosotros, es un alivio. Lo vivimos bien y nos alegra, pero siempre sabiendo que falta, que esto es un paso, que esto da la posibilidad de que la Comisión de Monumentos pueda ingresar al lugar, pueda iniciar restauraciones, pueda tomar medidas sobre el lugar para posteriormente tasar para una expropiación. Son procesos que van de la mano, se concatenan. Por eso somos tan insistentes con que haya paridad, con que tengamos participación, con que no sea solamente el Estado el que decida y tome todas las decisiones, sino que sean decisiones compartidas, porque somos la voz y aparte somos quienes hemos sido guardianes de esta memoria desde siempre. Desde que ocurrió la Masacre de Cromañón, en diciembre de 2004, han pasado muchas cosas en el exboliche. Rafael Levy, el dueño del local a través de la empresa offshore Nueva Zarelux S.A, fue condenado a cuatro años y medio de prisión y, al cumplir la pena, el lugar volvió a sus manos. Todas las personas que integran el Universo Cromañón reclamaron que algo estaba pasando ahí adentro, algún movimiento o alguna remodelación. La consigna en ese momento pasó a ser “Cromañón no se toca. La memoria, no se negocia”. Esto surgió, explicó Contino, porque Cromañón se había tocado. “Lo que hizo el dueño cuando le devuelven las llaves fue limpiar las paredes, tirar todo lo que había adentro. Entonces planteamos la necesidad de protegerlo. Necesitamos proteger la memoria. Nada nos garantizaba que el tipo no hiciera reformas en el interior del inmueble. Por eso también la lucha de que se convierta en un monumento histórico, para que no se pueda tocar, ya que al ser patrimonio no se le pueden hacer reformas, no pueden hacer nada. Ahora nos sentimos un poquito más protegidos de cualquier tipo de invasión. No es que esto se lo impida totalmente. El tipo en tanto siga estando adentro puede hacer lo que se le antoja”, dijo. Además del boliche, la declaración de Monumento Histórico incluye al hotel lindero, ya que este estaba vinculado con lo que pasaba en Cromañón, y también el Santuario: “Siempre dijimos que es una unidad de sentido junto con Cromañón. El ‘Paseo de Los Pibes’, que implica toda la parte de la calle, lo que era la ex-Mitre, que pasó a ser una peatonal. Todo ese conjunto se declaró monumento histórico. Esto es importante porque la presidenta de la Comisión de Patrimonio nos explicó que es un cambio de paradigma en relación a la patrimonialización. Porque si bien se puede patrimonializar por muchas razones, generalmente se hace por miradas más esteticistas. Acá lo que se mira es la cuestión histórica. Y una memoria en particular, que no es la de la última dictadura militar, porque hay monumentos históricos que son Sitios de Memoria, que tienen ese sentido. Estamos hablando de otro tipo de memoria, de un crimen que ocurrió en democracia, entonces hay un avance, no hay antecedentes de declaratoria de este tipo”, explicó la sobreviviente. El proceso de lucha de los diferentes espacios que constituyen el Universo Cromañón tuvo diversas etapas. Primero priorizaron la Justicia Penal. Después comenzaron con la búsqueda de reparación de las víctimas, sobrevivientes y familiares. A la vez, empezaron con el proceso de construcción de la memoria. “Esta construcción tenía que ver con el inmueble, porque si vos no lo peleás y no lo vas a pedir, no te lo van a conceder. Son procesos largos. Ya estamos desde el 2018 con este tema y todavía no se logró expropiar Cromañón. Todavía seguimos en la lucha: tenemos ley, no tenemos expropiación. Porque necesitamos primero que se reglamente la ley y ese proceso de reglamentación lo venimos también dialogando con el Ministerio de Justicia desde que salió la ley hace un año. Y habíamos consensuado un texto conjunto. Se inició el expediente. Pero cuando llegó a Presidencia, hubo algún tipo de desacuerdo respecto al tipo de paridad que había en lo que sería la administración. La verdad es que nosotros queremos tener una participación que sea activa y que sea igualitaria”, dijo Contino. Desde las diferentes organizaciones del Universo Cromañón, explicó, están convencidos y convencidas de que las víctimas tienen que ser “las que le den el
Se abrirá una negociación por 6 meses para resolver de manera definitiva el problema habitacional de casi 300 personas, entre ellas 100 niños y niñas. Participarán la Ciudad y Nación. La Justicia había ordenado un megaoperativo policial que elevó al máximo la tensión desde las 5 de la mañana. Redacción: Nicolás Rosales/ Fernando TebeleFotos y videos: Natalia Bernades En el expediente de la causa que lleva vigente más de 13 años en el juzgado Civil N°60, se notificó que el martes 31 de octubre se llevaría adelante el desalojo de 107 familias que viven en el edificio de Santa Cruz 140 en el barrio de Parque Patricios. La resistencia pacífica consiguió frenar y la situación es de tensa calma. Allí viven actualmente unos 350 adultos y más de 100 niños, niñas y adolescentes. Pudo verse un operativo policial descomunal desde muy temprano en el edificio de la calle Santa Cruz 140 con más de 500 policías. Funcionarios del Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC) y Marisa Graham, la defensora de niños, niñas y adolescentes, propiciaron un diálogo con las autoridades judiciales que se presentaron con la orden de desalojo. Luego de la tensión que se vivió toda la mañana, se llegó a un acuerdo para que la Ciudad otorgue al empresario un resarcimiento económico durante seis meses. La idea es que en ese lapso la solución para las familias no resulte un parche inaceptable. En ese edificio funcionaba una empresa fabricante de toallas conocida como SELSA, que quebró en los 90. El edificio quedó entonces vacío. En 2004, familias con problemas habitacionales, ocuparon el inmueble en estado de abandono y destrucción; de a poco fue construyendo lo que hoy es un conjunto habitacional. El Gobierno de la Ciudad, en lugar de adecua el espacio para viviendas sociales, remató el edificio a un precio irrisorio para devolverlo al sector privado. En 2010 fue adquirido por Mario Leonardo Ratuchny, un empresario ligado a los hoteles familiares. Desde ese momento, los vecinos y vecinas de Santa Cruz vivieron en alerta permanente por las continuas amenazas de desalojo. Luego de muchos años de lucha se han presentado distintos proyectos de ley desde la casa hasta conformar una cooperativa de vivienda “Papa Francisco Ltda”. Ante la resistencia pacífica de los y las habitantes del edificio, hasta el momento no se logró un acuerdo y tampoco se pudo conformar una mesa de diálogo para evitar el desalojo. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de La Retaguardia (@laretaguardia) Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de La Retaguardia (@laretaguardia) Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de La Retaguardia (@laretaguardia) Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de La Retaguardia (@laretaguardia) Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de La Retaguardia (@laretaguardia) Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de La Retaguardia (@laretaguardia)
Hablamos con Caro Aita, quien está cursando la formación para actuación en espacios abiertos. Depende de la EMAD y se cursa en el Parque Avellaneda. Nos cuenta en qué consiste la formación y nos invita a la presentación de los días 28 y 29 de octubre. Foto EMAD
Lo dijo Lilia Sánchez, madre de una ex alumna de la escuela para personas hipoacúsicas N° 28 Bartolomé Ayrolo del barrio de Devoto en diálogo con el programa Oíd Mortales. Allí, funciona el histórico edificio Palacio Ceci el cual el gobierno de la Ciudad se apropió para darle otras funciones dentro de lo que se denomina “Distrito del vino”. El inmueble, actualmente se encuentra en restauración y tras el el amparo judicial se aguarda por saber cual será el verdadero destino. Entrevista: Luis Angió/Cristina Varela Se puede escuchar la nota completa en el siguiente audio:
El juez de la megacausa, Ariel Lijo, volvió a pedir opiniones a las partes acerca de la entrega al club de Nuñez del lugar en el que se cremaban los cuerpos de personas asesinadas durante la última dictadura cívico-militar-eclesiástica, en lo que puede leerse como una posible marcha atrás de una cesión a la que se oponen sobrevivientes y familiares. Redacción: Carlos RodríguezEdición: Fernando Tebele El juez federal Ariel Lijo dispuso la apertura del incidente de nulidad planteado contra su decisión de otorgar al club River Plate “un permiso de uso precario” del predio donde funcionó, en dictadura, el Campo de Deportes de la ESMA. Lijo corrió vista a las partes: el gobierno nacional, que hizo la concesión, y las víctimas del genocidio que se oponen a la destrucción de pruebas en un lugar utilizado como crematorio y cementerio clandestino de víctimas del Terrorismo de Estado. El 23 de mayo pasado, Lijo, titular del Juzgado Criminal y Correccional Federal N°12 de CABA, que instruye la Megacausa ESMA, había autorizado a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) a darle la cesión gratuita del predio al Club Atlético River Plate. De acuerdo con el testimonio de sobrevivientes e incluso de represores, en el Campo de Deportes de la ESMA eran calcinados los cuerpos de víctimas que no eran desaparecidas en los llamados “Vuelos de la muerte”. Algunos de los cuerpos que estarían en el predio serían los del escritor Rodolfo Walsh y Raimundo Villaflor, entre otros. En una breve resolución, firmada el 18 de octubre, Lijo abrió las actuaciones para que se tenga “por conformado el presente incidente” y ordenó “respecto del planteo de nulidad efectuado” que se “corra vista a las partes”. La decisión de Lijo había sido tomada luego de consultas con el Ministerio de Defensa y otros organismos oficiales. La medida fue rechazada en una declaración firmada por más de 200 sobrevivientes y familiares de víctimas que pasaron por el centro de torturas y exterminio de la ESMA. Entre otros argumentos, se sostuvo que la decisión “vulnera la obligación de los Estados de preservar los lugares en donde se cometieron graves violaciones de los derechos humanos”. Aseguraron, además, que constituye “una clara violación a lo dispuesto por la normativa legal aplicable”. El permiso fue dispuesto “sin garantizar sin garantizar la preservación del valor probatorio del predio y sin la consulta, y la participación previa, de sobrevivientes, familiares y organismos de DDHH”. La diputada Myriam Bregman y Matías Aufieri, del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH), en representación de los querellantes de la causa ESMA Patricia Walsh y Carlos Lordkipanidse, había presentado un escrito solicitando al juez Ariel Lijo que ordene la suspensión de la cesión y mantenga la medida cautelar de no innovar que había dispuesto en 2004 el juez Sergio Torres. Pero el juez la rechazó por haber sido presentada fuera de los plazos judiciales. https://www.youtube.com/watch?v=bVKlZNUbkq0El 18 de septiembre pasado, sobrevivientes y familiares de personas que estuvieron secuestradas en la ESMA, rechazaron la decisión estatal de transferir al Club River Plate el Campo de Deportes y Entrenamiento del ex Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio. El traspaso se decidió mediante un convenio entre la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) y el club de Núñez. El permiso de uso sería “por tiempo indeterminado” y comprende “los terrenos e instalaciones” del predio ubicado en avenida Cantilo 5700, entre Arroyo Medrano y Tambor de Tacuarí. El campo tiene una extensión de más de siete hectáreas. En 2004, cuando el gobierno nacional y la Ciudad de Buenos Aires crearon el Sitio de Memoria y Derechos Humanos en la ex ESMA, el Campo de Deportes no quedó integrado al emprendimiento, a pesar de los reiterados reclamos para que eso ocurriera. La decisión del gobierno nacional es cuestionable porque testimonios de conscriptos, alumnos y sobrevivientes, registrados desde la creación de la CONADEP (Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas), ratifican que en el predio se han realizado, durante la dictadura cívico-militar , “enterramientos e incineración de cuerpos de víctimas” del centro clandestino que estuvo a cargo de la Armada Argentina. En el predio se encontrarían víctimas que no fueron parte de los “Vuelos de la muerte”. Para familiares y sobrevivientes, el Campo de Deportes fue “tanto o más necesario para el funcionamiento del mundo ESMA”, tal como lo fueron “el pabellón de automotores o el edificio Cuatro columnas”. El predio fue uno de los tres más emblemáticos lugares, a los fines probatorios, de la megacausa ESMA, según afirma el ex Juez de Instrucción Sergio Torres en su libro “ESMA. La investigación judicial” (Buenos Aires, Eudeba, 2021). En forma consecuente con su argumentación, el juez Torres dictó, en 2004, una medida de “no innovar” con el fin de preservar la integridad del espacio y de los elementos de prueba que allí pudieran encontrarse. Los familiares y sobrevivientes recordaron que la preservación de los sitios de memoria y la reparación integral de los daños ocasionados a las víctimas de violaciones a los DDHH, están legislados por normas internacionales que fueron ratificadas a nivel regional y nacional. Entre otras normas, citaron la Declaración Universal de DDHH, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; la Convención Internacional para la protección de personas contra la desaparición forzada; la resolución 3/19 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de Principios sobre Políticas Públicas de Memoria en las Américas, y la resolución 25778, que otorga jerarquía constitucional a la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad adoptada por las Naciones Unidas. A pesar de la normativa vigente, el permiso de uso del predio fue otorgado sin garantizar la preservación del valor probatorio del predio y sin la consulta, y la participación previa, de sobrevivientes, familiares y organismos de DDHH. Todo esto configura una “clara violación a lo dispuesto por la normativa legal aplicable”. El 8 de febrero de este año, en una reunión organizada por la Secretaría de DDHH de
Lo dijo Ariel Rota, integrante de la organización “Recuperando Flores Norte”. En su paso por el programa radial “Mis hijos están con el padre” habló acerca de las problemáticas de la zona y la falta de respuesta estatal. Además, se rifirió al código urbanístico de la Ciudad y a un nuevo proyecto de ley que redactaron los vecinos y vecinas. Entrevista: Braulio Domínguez / Silvio FlorioRedacción: Gabriela Suárez LópezEdición: Pedro Ramírez OteroFoto: Facebook Recuperando Flores Norte La especulación inmobiliaria en la Ciudad de Buenos Aires, genera una brecha cada vez más amplia de desigualdad entre sus habitantes, quienes sufren las implicancias económicas de este fenómeno. A la dificultad en el acceso a la vivienda se le suman las abruptas transformaciones a las que se ven sometidos los distintos barrios porteños. En el medio de la disputa, se encuentran los vecinos y vecinas que ven cambiar el barrio y con ello sus hábitos y costumbres, sin entender mucho los conceptos estéticos ni la funcionalidad de las modificaciones instaladas y/o permitidas por el Gobierno de la Ciudad. La compra de propiedades y demoliciones sin un control y estudio ambiental, han resultado en una proliferación de depósitos textiles en la Comuna 7 (Flores y Parque Chacabuco), en la zona denominada “Flores Norte”. Ariel Rota, integrante de la agrupación “Recuperando Flores Norte”, explicó “Esto es algo que viene sucediendo hace más de 15 años pero se incrementó muchísimo a partir de la pandemia. Y lo que está pasando más allá del crecimiento de los locales y el comercio en la zona de avenida Avellaneda, es que a nosotros nos está afectando muchísimo todo lo que es la actividad satélite de eso: los depósitos, los talleres, la venta de insumos, los camiones portacontenedores en una zona que no está habilitada para tránsito pesado, los residuos. Tenemos muchísimo residuo textil. Y hay un informe de la ONU que lo tenemos publicado en nuestro Facebook que dice que la industria textil es la segunda más contaminante. Y venimos haciendo reclamos y no pasa nada. Nadie hace nada, no se controla nada”. El Gobierno de la Ciudad gestiona y ejecuta distintos cambios en los barrios porteños de modo inconsulto que modifican la manera de vivir, costumbres, posibilidades y limitaciones de los vecinos y vecinas. “Lo que está sucediendo es que el tema de la contaminación nos afecta mucho la calidad de vida, porque están circulando estos camiones, no solo los portacontenedores, sino camiones y camionetas de todo tipo que estacionan en las rampas en las esquinas, en la entrada de garaje. No te dejan pasar, descargan los camiones a cualquier hora. La gente que descarga los camiones claramente no tiene sanitarios, hace sus necesidades en la calle, almuerzan o cenan en la calle. Es todo un descontrol. Y la verdad que hicimos denuncias, fuimos para hablar con la comuna, con otras autoridades de Gobierno y no logramos absolutamente nada”, dijo el integrante de Recuperando Flores Norte. Además, planteó que los vecinos y vecinas consideran que el Gobierno porteño actúa a favor de esta “actividad” que vienen denunciando. “Digo actividad y no industria porque la industria uno tiende a pensar que es algo bueno, que genera un beneficio y no es lo que ocurre acá. Porque es una industria que paga todo en negro, evaden impuestos, violan todas las normas medioambientales, violan las autorizaciones y del lado de enfrente tenemos un Estado totalmente ausente que trabaja a favor de esta actividad. Yo vivo en una zona que se llama zona Tipo 2, hay 4 tipos de zona, donde yo estoy es zona tipo 2 y dicen que no puede haber ningún taller o depósito. Y los relevamos, tenemos un Excel con todos los talleres que hay en la zona y nadie hace nada. Participamos de los consejos consultivos, hacemos denuncias en la Agencia Gubernamental de Control (AGC), y no pasa nada, está todo bien”, dijo. Además de los cambios en su forma de vivir y habitar el barrio, los vecinos y vecinas han visto decrecer el valor de sus propiedades, perdieron la tranquilidad porque la zona se tornó muy insegura por los enfrentamientos entre las personas del barrio y los denunciados. “La gente de esta actividad nos amenaza porque saben que nosotros los denunciamos. Entonces cada dos por tres tenemos un vecino golpeado, amenazado. Yo tengo dos denuncias hechas en la policía por amenazas. Entonces es muy complicado. Y me parece que por el negocio de algunos, no debería suceder esto”, contó Rota. El código urbanístico de la Ciudad “El código urbanístico es malo, está mal hecho, no considera un montón de cosas. Pero también hay que tener en cuenta qué significa derogar un código hasta no tener uno nuevo. A mí me genera muchas preguntas. ¿Quién va a hacer el código nuevo? ¿Cómo va a ser? ¿Va a contemplar lo que nosotros estamos reclamando? Y si hay un código nuevo, ¿se va a respetar? Porque el que hay hoy es malo y nadie lo respeta. Hemos visto fajas de clausura que la misma gente de los talleres la levantan, trabajan y a la noche la vuelven a pegar. Está filmado eso y nadie hace nada”, planteó el vecino. Frente a la posibilidad de derogación del código actual, explicó: “Entonces, derogar el código es un lindo título, está bien. Pero yo creo que hay que ir a cosas muchísimo más sencillas que se pueden empezar a aplicar hoy sin tocar ningún código. Es controlar la Comuna, el Gobierno de la Ciudad, y todas las entidades que forman parte: AGC, la Agencia de Protección Ambiental (APRA), el tránsito. Tendrían que ejercer una función de control y no lo están haciendo. Hemos hecho miles de denuncias y no pasa nada. Nos cambiaron el sentido de la calle Páez para beneficiar a todos los transportistas que dejan su mercadería en toda la zona comercial de Avellaneda y puedan salir rápido. Eso provocó accidentes. Al cambiar el sentido ponés en peligro dos escuelas, un jardín de infantes. Tardamos dos años en lograr