CABA
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El militante popular, quien había evitado la extradición a Colombia el año pasado, fue asesinado por un policía durante una manifestación en el obelisco. Además era fotorreportero. Sus últimas palabras en el juicio de extradición a Colombia en mayo de 2022. Redacción: Fernando Tebele Esta tarde, durante una manifestación contra la “farsa electoral”, fue asesinado Facundo Molares. El militante popular participaba de una acción en el obelisco. Fue detenido por integrantes de la Policía de la Ciudad. En un video registrado por la fotógrafa independiente Susi Maresca, puede observarse como el grupo de personas detenidas fueron aplastadas contra el piso, hasta que la comunicadora popular dio aviso al policía a los gritos: “Esta morado, se va a morir”. Recién en ese momento el efectivo dejó de ejercer presión sobre el cuerpo de Molares, quien estuvo varios minutos en el piso sin que nadie le practicara ejercicios de reanimación. Finalmente fue trasladado en una ambulancia, pero según la propia fuerza de seguridad: “Una persona de entre 40 y 45 años sin documentación fue trasladada al Hospital Ramos Mejia por el SAME. Luego de más de media hora intentando ser renanimada se constató el fallecimiento”. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Susi Maresca 📷 (@susi.maresca) Molares había sido apresado en Bolivia mientras realizaba trabajos como fotógrafo popular durante el golpe de Estado en Bolivia. Allí fue detenido y estuvo en estado de coma, pero se recuperó y fue extraditado a Argentina, quien a su vez realizó un juicio para decidir su extradición a Colombia, país que lo requería porque Molares había sido militante de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Aunque el juicio decidió la extradición, la misma no se llevó adelante. Ante su asesinato, aquellas palabras con las que se dirigió al juez Guido Otranto, se reconfirguran como un alegato político autobiográfico.
En esta transmisión conjunta de La Retaguardia, FM La Tribu, Feminacida, Radio Presente, Radio Sur, Marcha, Cítrica y Amarc Argentina, vas a tener toda la información sobre los resultados electorales, pero también reflexiones de voces que no estarán en las agendas de los medios tradicionales en este tipo de jornadas.
Luego de diez años donde la Justicia no escuchó a Luna, la niña que denunció abuso sexual por parte de su progenitor entre los seis y nueve años, el pasado martes comenzó el juicio oral. Ornella Steffanazzi, integrante del colectivo Mundanas dialogó con La Retaguardia y contó detalles de la primera jornada. Entrevista: Bárbara BarrosRedacción: Nicolás RosalesEdición: Pedro Ramírez OteroFotos: Bárbara Barros/La Retaguardia Yamila Corin, mamá de Luna, denunció en 2012 al progenitor de la niña por los abusos que sufrió entre los nueve y seis años. Actualmente Luna es mayor de edad y la Justicia debe escucharla para reparar y cuidar verdaderamente de las infancias. “Después de tanto tiempo, no será nunca justicia. Pero no vamos a parar hasta conseguir una condena ejemplar”, aseguraron desde la agrupación feminista Mundanas, que fundó la mamá de Luna. El juicio comenzó el martes 8 de agosto y se extenderá los días 10, 15, 22, 24, 29 y 31 del mismo mes, en Lavalle 1771. Estará a cargo de la jueza Virginia Sansone, y los jueces Adrián Martín y Gustavo Pablo Valle, del Tribunal Oral Criminal N° 15 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Allí también, en la puerta de Tribunales, se llevarán adelante jornadas de acompañamiento y concientización con distintas intervenciones, actividades y propuestas. Un juicio histórico Ornella Steffanazzi, integrante del colectivo Mundanas, estuvo presente en la primera jornada y contó: “Estuvimos junto a un arco de organizaciones, partidos políticos y personas autoconvocadas que estamos acompañando el proceso de justicia para Luna. Es un juicio histórico, al que llegamos a través de una lucha colectiva, feminista, transversal, con muchos años y muchas instancias revictimizantes y muy complejas. Pero, gracias a la ardua convicción y peleas que fueron dando tanto Luna como su mamá protectora, Yama, y el acompañamiento feminista, pudimos llegar a esta instancia de construcción colectiva y a esta instancia de juicio oral, en el cual esperamos una condena ejemplar para que no haya otras Lunas. Para que podamos entender que desde la organización y el tránsito colectivo, podemos lograr todo eso que muchas veces, individualmente, en este sistema patriarcal juidicial no podemos conseguir”. Desde Mundanas, junto con otras organizaciones y personas autoconvocadas, se concentraron frente al tribunal desde las 8 de la mañana. “La jornada está planificada desde el año pasado, cuando se nos brindaron las fechas de las audiencias. La defensora del agresor ha hecho todo lo posible para dilatar y para complejizar el acceso a la Justicia, con lo cual hace dos días nos enteramos que había pedido demorar la audiencia más horas”, dijo Steffanazzi. Además, en referencia a los obstáculos de parte de la Justicia, denunció: “Otra estrategia más de dilación y de persecución fue que la audiencia tendría que haber empezado a las nueve, y empezó recién a las 11 de la mañana. El agresor viene intentando todos los métodos posibles para poder evadir a la Justicia. Mientras nuestras compañeras estén adentro declarando, vamos a seguir acá. Más de seis horas declarando, así que acá podemos acompañar para validarlas y que sepan que no están solas”. Aguantando desde las puertas del tribunal “Se construyó una mesa de alianzas transversal, para poder acompañar todo el juicio y poder transformar todo este hecho en un acto político. Todos los martes y jueves de este mes va a haber audiencias y vamos a mantener estos espacios de debate, charla, actividades, paneles, talleres, radios abiertas, espacios de escucha a madres protectoras”, contó la integrante de Mundanas. Steffanazzi sostuvo que esperan que este juicio tenga una condena ejemplar: “Sabemos que uno de cada cien casos llegan a juicio. Y cien de cada mil casos de abuso, llegan a ser denunciados, con lo cual los niveles de arrollamiento de la justicia patriarcal son impresionantes. Haber llegado hasta acá es un montón, y lograr una condena ejemplar significaría un halo de luz, parte de la reforma judicial feminista que venimos planteando”. Además, una condena ejemplar sería, de alguna manera, “un resarcimiento para Yama, como mamá protectora, para Luna como sobreviviente, una reparación histórica y una posibilidad de que siente precedente para otros casos y otras situaciones”. Desde Mundanas hace años impulsan y acompañan la campaña de Justicia por Luna: “Hemos aprendido muchas cosas e intentamos traducirla a una metodología de trabajo, de acompañamiento, de seguimiento, de armado de equipos interdisciplinarios. El impacto lo estamos pudiendo dimensionar en parte, lo terminaremos de dimensionar cuando tengamos esa condena ejemplar, porque sabemos que así va a ser. Es un deseo de reparación y de que sea un ejemplo para otras causas y abra otras puertas a otras compañeras”. Por último, dijo: “Esto no es solamente una causa por un abuso sexual, más allá de que sí lo es. Sino que también es el reflejo del mundo que queremos construir. Necesitamos que la sociedad y los feminismos terminen de entender lo que implica un abuso sexual en la infancia, como una temática propia del movimiento, y que necesitamos que nunca más existan este tipo de abusos en la infancia para poder pensar una vida en libertad y un mundo donde tengan lugar todos los mundos”.
Lo dijo Eva Vigabriel, madre de un niño del Jardín de Infantes Nucleado (JIN) B del Distrito Escolar 8, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En diálogo con el programa radial Otras voces, Otras propuestas, Vigabriel denunció que el Gobierno porteño quiere cerrar el establecimiento. Redacción: Julián BouvierEntrevista: Luis AngióEdición: Valentina Maccarone Eva Vigabriel es madre de un niño del Jardín de Infantes Nucleado B del Distrito Escolar 8, de la Ciudad de Buenos Aires. El último día antes del receso invernal, la conducción de la institución citó a padres y madres e informaron el cierre de las salas de 2 a 5 años. “Nos dijeron que todo el jardín va a cerrar a fin de año. Supuestamente, nuestros niños no van a perder la vacante, tenemos la posibilidad de migrarlos a otra sede dentro del mismo distrito. Eso es lo que nosotros no queremos. No queremos que se cierre el jardín. Nos cambian las palabras diciendo que es una reestructuración, o refuncionalización, y así estamos todas las familias, pensando cómo seguir. Además, todo esto, un día antes del receso, dejándonos a nosotros por dos semanas sin la posibilidad de pedir más información, ni de hacer ningún tipo de reclamo. Así, muchas familias, docentes, no docentes y la comunidad en general, nos organizamos para reclamar que no queremos el cierre de un jardín más, porque ya sabemos cómo sigue todo esto. No queremos que nuestros hijos pierdan la posibilidad de seguir su cursada normal”, dijo Vigabriel. También explicó cómo está afectando esto a las familias: Nos desorganiza, porque cuando uno inscribe a un hijo en el jardín, cuando decide a dónde mandarlo, también tiene expectativas y epiensa en un proceso pedagógico, en la apropiación del espacio. La excusa del Gobierno es que no hay cantidad suficiente de chicos y chicas inscriptas. Cuando sabemos que en esta ciudad no hay vacantes en ningún lado y los sistemas de inscripciones no funcionan bien. Hay un montón de pibes y pibas no escolarizadas, perdiéndose la posibilidad de una educación pública y gratuita. Y también nos preguntamos qué pasa con los docentes y no docentes que trabajan en el jardín. No sabemos si esos puestos de trabajo se van a mantener. Pedimos información y no nos la dan. Nos quieren dar entrevistas a algunos padres de forma particular, para orientarnos a qué jardín podemos mandar a nuestros hijos. No, conducción, no queremos mandar a nuestros hijos a otro jardín. Queremos que no cierren este.”. Frente a esta situación, la comunidad educativa del JIN B está organizándose y denunciando este ataque a la educación pública.
El “Tercer Malón de la Paz” que partió desde Jujuy el 25 de julio, en defensa de la tierra, el agua y la vida, llegó este mediodía a la Ciudad de Buenos Aires. Las comunidades indígenas marcharon por San Salvador de Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, Santiago del Estero, Córdoba y Rosario, en rechazo a la Reforma de Gerardo Morales y el Partido Justicialista, y por la protección de sus territorios y recursos naturales. Redacción: Gabriela Suárez LópezEdición: Pedro Ramírez OteroFotos: Gabriela Suárez López La llegada de la caravana al Obelisco alrededor de las 13, coincidió con el Día de la Pachamama. Luego de hacer el recorrido pautado, desde el Congreso hasta el Obelisco, realizaron una ceremonia a la “Madre Tierra” frente a Tribunales. La protesta de las comunidades, acompañada por distintos movimientos sociales y de derechos humanos, recorrió el centro porteño en reclamo por las prácticas violentas y antidemocráticas del Gobierno jujeño. La convocatoria también se dirigió a la Corte Suprema de Justicia para que se expida sobre la inconstitucionalidad de la reforma de Morales que habilita el saqueo del litio y el agronegocio; y al Congreso de la Nación para que intervenga la provincia de Jujuy y sancione la Ley de Propiedad Comunitaria.
Lo dijo María del Carmen Verdú, referenta de la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (Correpi). El Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires anunció el uso de pistolas taser para 250 agentes de la Policía de la Ciudad. Verdú se refirió a esta decisión y planteó que, en la actualidad, la Policía de la Ciudad supera el índice de letalidad en materia de gatillo fácil de la Bonaerense per cápita. Entrevista: Pedro Ramirez OteroRedacción: Julián BouvierFoto: Archivo Natalia Bernades/La Retaguardia En las últimas semanas se dio a conocer un comunicado del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires donde se anunció, finalmente, el uso de las pistolas taser para efectivos de la Policía de la Ciudad. Una de las discusiones que se dan alrededor de la problématica de la violencia y represión de las fuerzas de seguridad en Argentina, tiene que ver con la formación y capacitación de la policía. Muchas veces, la reflexión es que falta capacitación. “La policía donde pone el ojo pone la bala. En esos términos, no cabe duda que están capacitados. Sino, no hubiera logrado la Policía de la Ciudad, en menos de siete años, superar el índice de letalidad en materia de gatillo fácil de la Policía Bonaerense per cápita, en relación a la cantidad de efectivos que tienen. Hoy la Policía de la Ciudad, con 25 mil efectivos, frente a los 120 mil que tiene la Policía Bonaerense, si tomamos los últimos tres años y hacemos la comparación de la cantidad de casos, le pasa el trapo a la Bonaerense. Esa es la policía a la que le están dando estas armas”, planteó María del Carmen Verdú, de la Coordinadora Contra la Represión Policíal e Institucional (Correpi). Y explicó cómo funcionan estas pistolas: “Es una herramienta que produce una descarga eléctrica sobre el cuerpo de una persona. Eso se llama picana. Eso es una herramienta de tortura, no tiene otra definición posible, en ningún diccionario del planeta. Y picana se escribe en castellano, porque se inventó en Avellaneda en 1930”. Las normativas dicen que esas pistolas deberían ser para reducir a una persona sin dañarla. En los países donde utilizan las taser, la evidencia muestra otra cosa: “Cuando dicen que este arma no es letal, es un mito. Nos hablan de eso para que aplaudamos estas picanas, como si tuviesemos que elegir entre que te den una descarga eléctrica o te disparen con una bala de plomo. En primer lugar, no existe tal cosa como un arma no letal. Porque arma es algo que tiene por definición ‘capacidad lesiva’. Que sirve para dañar a otros. Si sirve para dañar, puede matar. A Carlos Fuentealba no lo mató una bala de una 9 milímetros, lo mató un cartucho de gas lacrimógeno. El arma ‘no letal’ por excelencia. A Diego Gallardo, lo mataron los bastones de madera del tipo de los que usan en las canchas. Diego Olivera fue asesinado con una tonfa, el famoso ‘bastón de abollar ideologías’ de Mafalda. Y así podemos seguir con la infinidad de casos de muertes o lesiones gravísimas, como la pérdida de la vista, con las postas de goma a poca distancia o disparadas a lugares vitales. Un arma es un arma, y sirve para matar”, dijo Verdú. La campaña por las taser Eugenio Burzaco, el ministro de Justicia y de Seguridad de la Ciudad explicó que el uso de las Taser está pensado para ‘contener a la persona sin peligro para ella o para terceros’. Cuando Horacio Rodriguez Larreta, jefe de Gobierno porteño, anunció hace unos meses que llegaron estas pistolas, habló de su utilidad para casos de personas en situaciones de brotes psicóticos, de problemas de tipo psiquiátrico. “¿A un tipo que está enfermo le vas a tirar una descarga eléctrica? Cuando además, una de las contra indicaciones para el uso de estas armas, desde el punto de vista técnico, es la existencia de alguna alteración morbosa de las facultades mentales. Porque ahí, habiendo un cuadro neurológico, es mucho más posible que se produzca un daño irreversible. Cualquiera que ponga en un buscador de internet ‘Taser + Muerte’ se encuentra con infinidad de informes de todo el planeta, empezando por supuesto por Estados Unidos porque es el lugar donde más se utilizan y desde hace más tiempo, donde en 2012 ya había más de 500 casos relevados de muertes. El último caso muy conocido en Estados Unidos fue el de un pibe afroamericano de 31 años que tuvo bastante trascendencia porque era el primo de una de las referentas fundadoras del movimiento Black Lives Matter (Las vidas negras importan). Entonces, la cuestión de la no letalidad dejemosla a un costado. Agregemosle a eso, que es una herramienta de tortura. Y finalmente, un último dato, que ha pasado bastante desapercibido: cuando se hace la información final de a qué cuerpos de la Policía de la Ciudad se entregaron estas armas, la enorme mayoría van a la DIR (División de Intervenciones Rápidas) y al DOEM (Dirección de Operaciones Especiales Metropolitanas), o sea, son los ‘cascarudos’ que vemos en las movilizaciones. Esos son los que van a tener las taser. Es a nosotros y nosotras que nos van a tirar con las taser en la próxima movilización grande”, explicó la referenta de Correpi. El uso de las pistolas Según la información del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad, las y los oficiales trabajarán de a dos. Uno/a “reduciría” a la persona y, el otro/a contaría también con su arma de fuego. “No es que desaparece el arma reglamentaria del escenario. Simplemente se duplica con un efecto diferente, porque en vez de un balazo, recibís una descarga eléctrica”, dijo Verdú. —Las pistolas taser graban toda la secuencia de uso de la pistola, ¿eso podría ser una posible forma de control para que la policía no se exceda en su uso? —Es la historia de las cámaras. Cuando las precisamos, nunca andan. Se supone que todos los patrulleros
El pasado jueves se realizaron movilizaciones en todo el país a 47 años de La Noche del Apagón de Ledesma. En Plaza de Mayo se llevó adelante la Ronda de las Madres y, en simultáneo, organizaciones sociales y políticas marcharon hacia la sede de la empresa Ledesma en CABA para exigir justicia por las y los desaparecidos. Además, repudiaron al gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, precandidato a vicepresidente de la Nación. Redacción: Carlos Rodríguez / Camila CataneoEdición: Pedro Ramírez OteroFotos: Bárbara Barros/La Retaguardia Taty Almeida, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, fue la única oradora del acto y se encargó de señalar al empresario impune que fue el principal responsable de los secuestros masivos ocurridos el 20 de julio de 1976, en la localidad jujeña de Libertador General San Martín. Taty le puso voz al mensaje de organizaciones gremiales, sociales, políticas y de derechos humanos que homenajearon a las víctimas, al cumplirse 47 años de La Noche del Apagón, uno de los episodios más terroríficos ocurridos durante la dictadura civil, militar y eclesiástica de 1976. Taty, en nombre de todos los firmantes, recalcó que en este nuevo aniversario de La Noche del Apagón, el gobernador de Jujuy y precandidato a vicepresidente de la Nación, Gerardo Morales, “descarga una feroz represión sobre el pueblo jujeño que se manifiesta pacíficamente en las calles en defensa de sus derechos lo que nos retrotrae a un pasado de terror que creíamos haber superado tras 40 años de democracia”. El acto, que había comenzado en la Plaza de Mayo, en la tradicional ronda de los jueves, se trasladó a Corrientes y Reconquista, frente al edificio donde tiene su sede en Buenos Aires la empresa propietaria del Ingenio Ledesma, de la que el fallecido Blaquier fue su cara visible al momento de recibir las dádivas del proceso militar. El rostro del genocida Blaquier permaneció oculto por la complicidad del Poder Judicial, que en marzo de 2015 dictaminó “la falta de mérito” del empresario y de su gerente en el Ingenio Ledesma, Alberto Lemos, en la causa por la desaparición de 29 trabajadores y trabajadoras de la empresa. “Hoy homenajeamos y ofrecemos nuestro reconocimiento a las víctimas del horror en Ledesma”, dijo Taty Almeida. Y gritó el “presente, ahora y siempre” por las víctimas de La Noche del Apagón y por las y los 30 mil compañeros detenidos desaparecidos. Los cánticos de la multitud movilizada, acallaron por unas horas el “ruido del dinero”, que predomina en una zona de la Ciudad de Buenos Aires donde tienen su bunker la Bolsa de Comercio y las sedes centrales de los bancos y entidades del poder financiero que explota al pueblo trabajador. El documento que leyó Taty fue firmado, entre otras organizaciones, por Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Abuelas de Plaza de Mayo, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, Familiares y Compañeros de los 12 de la Santa Cruz, HIJOS Capital, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), Comisión Memoria, Verdad y Justicia Zona Norte, Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos y la Liga Argentina por los Derechos del Hombre. La exigencia fue que cese la persecución política y judicial de quienes se manifiestan por sus derechos” y que se disponga “la reparación a las víctimas de la represión policial, la libertad de los presos políticos y la derogación de la ilegítima reforma constitucional” hecha a dedo por Morales. Por esa razón, en el documento se resaltó que Jujuy “fue y es el laboratorio en que la derecha sigue ensayando sus métodos más violentos que, si tienen éxito, intentarán (aplicarlos) en todo el país”. También se reclamó la inmediata libertad de Milagro Sala y de los dirigentes de la organización Tupac Amaru. La columna que marchó desde el Obelisco hasta Corrientes y Reconquista llevaba una bandera que decía: “NO a la reforma, SI a los derechos”. De la marcha participaron la CTA Autónoma, CTA de los trabajadores, Ctera, Suteba, ATE, Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA), Sindicato Argentino de Televisión (Satsaid) y Foetra. También lo hicieron Nuevo Encuentro, Frente Patria Grande, Partido Piquetero, Partido Comunista, Movimiento Popular Liberación, Movimiento de Trabajadores Excluidos, Unión de Trabajadores de la Economía Popular, Barrios de Pie, Movimiento Popular Nuestramérica y el Frente Popular Darío Santillán. Los testimonios En la Plaza de Mayo estuvo desde temprano Ricardo Arédez, hijo de Olga Arédez, emblema de la lucha por el reclamo de justicia por las desapariciones ocurridas en el área de influencia del Ingenio Ledesma, en Jujuy. El esposo de Olga y padre de Ricardo fue Luis Arédez, exintendente de Libertador General San Martín, quien fue secuestrado y sigue desaparecido. Ricardo Arédez le dijo a La Retaguardia que sus “paisanos de Jujuy tienen que salir a parar lo que está pasando, porque si no salen no sé qué va a pasar en mi provincia, no sé cómo vamos a salir adelante”. Agregó que “esto no puede ocurrir a 40 años de democracia, porque son muy caros para el Partido Radical (al que pertenece Morales) estos 40 años de democracia”, que comenzaron en diciembre de 1983 con la asunción de Raúl Alfonsín como presidente constitucional. Ricardo Arédez sostuvo que lo “enoja mucho” porque su padre “era de la Unión Cívica Radical, es el único radical desaparecido” durante los operativos realizados en la noche del 20 de julio de 1976. Por su parte, Oscar de Isasi, secretario general de la CTA Autónoma, afirmó que “los sectores más recalcitrantes de la derecha argentina, si tuvieran margen político, no repararían en volver a una dictadura militar, pero tienen que pasar por las urnas”. El antídoto para cerrarles el camino es “marchar hoy en la plaza, junto con las Madres, y marchar hasta la sede del Ingenio Ledesma en Capital, porque es jugar con la historia rigurosa y con el presente”. Precisó que “es jugar con la historia, porque el Apagón de Ledesma significó una clara evidencia del poder económico concentrado con las multinacionales y con el poder militar, las fuerzas policiales y parapoliciales”. Agregó
Los jueces Jorge Gorini, Rodríguez Giménez Uriburu y Nicolás Toselli rechazaron el pedido de ampliación de casos y cargos contra quienes están imputados en el juicio que investiga los crímenes de lesa humanidad ocurridos en el circuito de los ex Centros Clandestinos de Detención, Tortura y Exterminio “Club Atlético”, “Banco” y “Olimpo”. 200 hijos e hijas deberán seguir esperando ser tomadas como víctimas directas. Redacción: Camila Cataneo / Fernando TebeleEdición: Pedro Ramírez OteroFoto: Transmisión de La Retaguardia Hace algunas semanas, el Ministerio Publico Fiscal pidió al TOF N°2 de la Ciudad de Buenos Aires sumar más de 200 nuevos casos de niños y niñas que estuvieron en los centros clandestinos “Club Atlético”, “Banco” y “Olimpo”, o que fueron afectados por la desaparición de sus padres o madres. Por otro lado, pidieron incorporar los delitos sexuales cometidos contra mujeres en sus cautiverios. Tras darse a conocer la decisión de los jueces, tres imputados ampliaron sus indagatorias en la instancia final antes de los alegatos. Comenzó Miguel Pablo Lugo, quien se victimizó y afirmó que no cometió ningún delito. También exigió “que se haga justicia con quienes son los responsables”, aunque se ubicó realizando “cinco guardias” en El Olimpo. Al comenzar su declaración expresó que no iba a responder preguntas. Continuó Miguel Victor Pepe, quien declaró que no había presenciado ni visto nada. Luego dijo que alguna vez señaló “al subversivo como el enemigo, quizás por rencor”. Finalizó Sergio Raúl Nazario, quien aseguró: “No estuve jamás en ese destino y no conozco a las personas que han sido nombradas en este sumario”. Luego, el abogado defensor Nicolás Armando le consultó sobre los cargos que tuvo en el período de tiempo que se toma en este quinto tramo. Al finalizar la audiencia, Berenice Timpanaro, fiscala auxiliar, se sumó a la transmisión conjunta de La Retaguardia y Radio Presente. Allí habló sobre la decisión del tribunal frente al perdido de sumar nuevos delitos. “No son casos aislados”, planteó y comentó que el tribunal argumentó que los casos de violencia contra mujeres en cautiverio ya formaban parte de la causa. Además, advirtió a las defensas que las partes acusadoras podrían acusar por delitos diferentes a cómo llegó la causa desde la Instrucción. En el caso de los niños y niñas que fueron víctimas en aquella época, los jueces rechazaron la incorporación en este juicio que se realiza, porque no fueron casos tomados durante el período de Instrucción tramitado en el juzgado de Daniel Rafecas. Los niñas y niñas fueron víctimas de la dictadura El 12 de octubre de 1978, Iván Troitero tenía 15 años. Vivía junto a sus padres y sus hermanos en un departamento en Lugano I y II. Una patota de aproximadamente 35 personas allanó su casa. Solo estaban los hermanos. Cada uno fue llevado a una habitación diferente. Sufrieron violencia física y psicológica mientras esperaban la llegada de los padres. Uno de sus hermanos intentó escapar y fue asesinado. Luego de dos horas, llegaron Alfredo Troitero y Martha Tilger a su domicilio. Allí fueron secuestrados. Los niños fueron amenazados por la patota. “Si bajan, los matamos”, les aseguró uno de ellos. Al llevarse a sus padres, Ivan le pidió a uno de sus hermanos que bajaran por las escaleras. “Pasamos uno por uno a los chicos y llegamos a la casa de un compañero a las siete de la mañana. Luego estuvimos en la casa de mi abuela”, contó Iván durante la transmisión del juicio a través del canal de YouTube de La Retaguardia. La historia de Ivan es una de las miless de historias de hijos e hijas de personas que fueron secuestradas en la época de la dictadura. En 2019 comenzaron a organizarse quienes habían estado en el Circuito ABO para visibilizar sus casos. “A nosotros nos convocan como testigos, pero somos víctimas”, aseguró Ivan Troitero. Tambiénn dijo: “Nuestras vidas fueron invisibilizadas por el Poder Judicial”. Durante la dictadura, los niños y niñas han sido violentados desde el momento que secuestraron a sus padres. Muchas y muchos fueron llevados a centros clandestinos. “Solo estar ahí tendría que ser considerado un tortura”, dijo Ivan. También hubo hijos e hijas que sufrieron violencia física y psicológica cuando entraban a las casas. . Además de los bebés robados que recuperaron sus identidades, o aquellos a quienes se continúa buscando. Todas y todos fueron víctimas. La deuda de la Instrucción Iván interpeló al juez Daniel Rafecas, a cargo de la Instrucción de la Megacausa Primer Cuerpo de Ejército: “Tuvimos en la Ciudad de Buenos Aires un Juzgado Federal que fue vanguardia en esta política en las presentaciones sobre el terrorismo de Estado. Los colectivos de H.I.J.O.S en Mendoza ya hicieron presentación y fueron aprobadas, en Córdoba y Santa Fe también. En Tucumán ya se presentaron”. Y agregó: “¿Qué pasó con quien en algún momento fue vanguardia y todavía no lo está haciendo?”. Rafecas tiene en su juzgado la voluminosa Instrucción, que en varias ocasiones ha sido señalada por víctimas y sobrevivientes como defectuosa. Las críticas se hicieron habituales en los últimos años, ya que en los primeros, tras la caída de las leyes de impunidad, se lo tomaba como un buen ejemplo de avance de las causas.
Lo dijo Jorge Adaro, secretario gremial de Ademys, acerca del bono de presentismo que el Gobierno porteño pretende entregar a las y los docentes que no participen de los paros. Adaro pasó por el programa radial Estás muteadx y habló sobre esta “medida antisindical”. Entrevista: Julián Bouvier/Pedro Ramirez OteroRedacción: Nicolás RosalesEdición: Pedro Ramírez Otero El Ministerio de Educación porteño, a cargo de Soledad Acuña, propuso pagarle a los docentes un bono de presentismo que corresponde a la primera mitad del año. “Con dinero de los huelguistas, la Ciudad reconoce a los docentes con asistencia perfecta”, decía el comunicado oficial. Jorge Adaro, secretario gremial de Ademys habló acerca de esta medida: “No hay sorpresa cuando se toman medidas de este tipo. Es una medida que ellos entienden meritocrática y nosotros lo que vemos fuertemente es un avance contra los derechos laborales, como el derecho a la huelga y es también una medida claramente antisindical”. Adaro planteó que este “bono rompehuelgas” aspira a que haya un enfrentamiento entre los y las docentes que lo cobran y quienes no. “Además, es tan poco serio que ellos plantean: esto es para los que no han hecho paro, pero la letra chica dice que es para todos los que cumplan con los requisitos de presentismo. Es decir una maestra que ha faltado un día en el semestre por cuidar un hijo o una hija no va a percibir este bono. Estamos hablando de un gremio donde el 35% son mujeres. Estamos ante una medida que más que efectiva tiene una carácter de propaganda antisindical”, explicó. “También entendemos que este anuncio de Soledad Acuña se da en un marco donde Juntos por el Cambio está en una ofensiva muy grande en todo el país. Más allá del rechazo de esta medida que tuvo en todas las escuelas, hay que mirar con más atención cuál es el objetivo que persigue finalmente y más profundamente este tipo de medidas”, dijo el secretario gremial. A modo de relfexión, Adaro planteó que habría que discutir verdaderamente una recomposición salarial. “Estas políticas de bonos extorsivos han fracasado. Recordemos el año pasado cuando quisieron incorporar el día sábado a la agenda de trabajo poniendo plata para que se acepte y fue un rotundo fracaso porque no lograron que los docentes tomaran dinero para asistir ese día. Hasta ahora las cosas no le vienen saliendo en ese sentido al Gobierno. Esto no se resuelve con un bono, sino con una recomposición salarial que sea constante y no con estas medidas efectistas y electoralistas como las que plantea el Gobierno”, dijo. “La crisis salarial en algún sentido es la que ordena la lucha. Esto no es nuevo, lo de los feroces días de descuento por días de huelga. Yo no sé si este punto podría incidir para que baje la cantidad de docentes que se podrían sumar a una jornada de huelga, lo que sí me parece e insisto es que esto expresa una crisis muy grande en un marco inflacionario y de ajuste donde la pelea es constante. La tendencia es que la lucha va a seguir y la docencia viene acompañanado las medidas de manera muy importante”, cerró.
Lo dijo Johanna Piferrer en diálogo con el programa Oíd Mortales. Allí se refirió al proyecto de ley sobre los procedimientos médico asistenciales para la atención de mujeres y personas gestantes frente a la muerte perinatal. La Ley Johanna obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados/as en 2022 y debe tratarse en el Senado. Entrevista: Cristina Varela/Luis AngióRedacción: Nicolás RosalesEdición: Pedro Ramírez Otero En 2014 Johanna Piferrer cursó un embarazo normal. Cuando llegó la semana 33 y los controles de salud pertinentes, recibió la noticia de que el bebé había fallecido. Luego, siguieron acciones de destrato y violencia en el sistema de salud. La iniciativa que hoy lleva su nombre busca garantizar procedimientos y establecer criterios médicos para la atención de estos casos. La Ley Johanna obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados y Diputadas en 2022. “La muerte perinatal ya es una causa que venimos militando y visibilizando hace nueve años. Son las muertes que se dan dentro del vientre entre la semana 22 de gestación hasta una semana después de nacer. Hay un montón leyes que nos acompañan gracias a la militancia de las compañeras del parto respetado, la ley del derechos al paciente, la ley para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres entendiendo a la violencia obstétrica como una modalidad de violencia de género. Claramente te encontrás en el sistema de salud con una relación asimétrica de poder”, comenzó explicando Johanna Piferrer. El caso de Johanna tomó conocimiento público y ella sintió que tenía que hacer algo: “Empezamos a recibir de manera pública y privada relatos sobre experiencias de años atrás que por primera vez podían nombrar lo que les había pasado o mujeres que lo estaban atravesando en el momento y la relación asimétrica de poder se repetía sistemáticamente. Entendimos que esta era una problemática que había que legislar y que no había ninguna ley que abordara estos nacimientos desde el deseo de gestar, que es lo que da la identidad de hijo o hija”., contó. Además, explicó que fue “un proyecto muy largo” porque primero se presentó en la Provincia de Buenos Aires en 2017. La exsenadora Magdalena Sierra fue quien lo presentó. “Luego, al ser electa diputada nacional comprendimos que el proyecto debía ser de todo el territorio argentino, en un contexto difícil porque transcurría el año 2020 con un Ministerio (de Salud) devenido en Secretaría. Finalmente en el 2022 logramos la media sanción en la Cámara de Diputados”, explicó Piferrer. La ampliación de derechos La impulsora de la ley planteó que, de lograr la sanción en el Senado, significaría conquistar y ampliar derechos. Además, puntualizó cuáles serían los puntos importantes de la ley: “Decidir cómo parir, garantizar que no corra riesgo la vida, y estar acompañada en el caso de que lo elijas o no. A que se respeten nuestras pautas culturales, entendiendo que la Argentina no es el AMBA, y a recibir información sobre la lactancia y sus métodos de inhibición o donación porque el cuerpo sigue el proceso natural. Que se registre de manera administrativa los certificados de defunción fetal con nombre y apellido, porque sino quedan como cuerpos NN. Esto permite duelar de manera sana a nuestros hijos o hijas deseadas que estabas esperando y que lamentablemente se te murieron”. Johanna Piferrer se refirió también al ámbito educativo: “Se pide que se incorpore este tema a las carreras de grado y posgrado estatales universitarias y para que los profesionales de la salud aborden la problemática. Por ahora toda la formación que hay es privada con una mirada muy estigmatizante e infantilizante”. Por último, dijo: “En el medio de todo esto, que no es menor, están nuestros cuerpos y la salud mental. Para quienes atravesamos esta experiencia, esta ley vendría a ser una reivindicación”.