carceles
Lo dijo Alberto Sarlo, abogado y educador popular en cárceles de la Provincia de Buenos Aires. En su pasó por el programa Hora Libre, de Radio La Retaguardia, habló de la situación actual de los penales. También contó acerca del trabajo que realizan desde la editorial “Cuenteros, verseros y poetas”, de la que forma parte. Entrevista: Rodrigo Ferreiro/Natacha BianchiRedacción: Julián BouvierEdición: Pedro Ramírez OteroFoto: Procuraduría General de la Nación El abogado y educador popular Alberto Sarlo se refirió a la situación actual de los penales de la Provincia de Buenos Aires y la dificultad de instalar las problemáticas intramuros por el histórico cerco mediático que existe antes estos temas: “A nivel general hay una tensa calma, y con tensa calma hablamos de continuos actos de represión y no menos de un muerto por semana. Este nefasto número se compara con el reporte habitual que habla de un muerto cada dos días. En 2021 hubo 203 muertos, y por supuesto que hoy siguen. Todo tapado, porque a los medios hegemónicos, de un lado y del otro, les sirve taparlo”. Sarlo trabaja en la Unidad de Máxima Seguridad N° 23 de Florencio Varela donde hubo un cambio de director y, según contó, hay una voluntad de mejorar la situación y que no haya violaciones a los derechos humanos. “Hay que ver cómo sigue, estamos a la expectativa. En las demás unidades hay golpes y tiros todos los días, hay muertos muy frecuentemente, sin llegar a preverse en lo inmediato grandes explosiones. Lamentablemente, con la gran injerencia de los negociados de alimentación, droga y venta de pabellones, logran contener. Hay una paz comprada a base de asociación con el Servicio Penitenciario y los propios presos. Es tan desbordante la corrupción que con ese sistema nefasto se controla que no se hagan grandes motines o reclamos. No hay expectativa de cambios. Yo tengo la certeza de que esto va a traer explosiones muy graves y sangrientas en lo mediato”, agregó. Sarlo contó también acerca de las represalias que reciben los pibes privados de su libertad por expresarse y denunciar las injusticias que viven: “Hace algunos meses, la situación era muy complicada. No muy distinta de la actual, con comida podrida, vejaciones a los familiares y nula asistencia sanitaria. Lo que conllevó a varios muertos por peritonitis. Imagínense que el promedio de edad de los presos es de 35 años. Así que son muertes evitables, son asesinatos institucionales. Entonces los chicos decidieron hacer un habeas corpus colectivo. Como abogado no soy muy amigo de los habeas corpus, porque si bien es una herramienta válida, después viene la venganza. Porque el juez tiene la obligación de darte una audiencia, analizar tu situación física, psicológica y de derechos, y actuar en consecuencia. Cada vez que presentás un habeas, te vuelve una vendetta a vos o a un familiar cercano, o a un compañero tuyo, porque a los directores no le gustan los habeas corpus. Y si es colectivo, peor. Los chicos lo hicieron en comunidad. Yo no me negué, pero advertí que tengan cuidado porque puede haber represalias. Y dicho y hecho. Le tocó a un juez muy cobarde, al juez de ejecución Federico Merlini, de Quilmes, que dice ser progresista pero que nunca lo vi en una cárcel. Hay un montón de alumnos míos en la Unidad que tienen a ese juez de ejecución y no lo conocemos. Nunca va a la cárcel, dice que tiene miedo. Y este juez rechazó el habeas corpus y pidió un informe al Servicio Penitenciario. El Servicio respondió que eso no es así, que está todo bien, como si fuéramos Noruega. Entonces, se rechazó, no dio a lugar. Así funciona la justicia. El problema no es solo Comodoro Py, hay 60 mil presos pobres, que como son negros, tienen 20 mil comodoros Py y nadie dice nada. El juez les dijo abiertamente a los chicos que hicieron el habeas corpus que iban a tener que seguir el protocolo de la revisión. Y empezaron a sacarle la ropa a las niñas, niñes, y a las esposas. Una familia marginal, para ir a la cárcel, tiene que llevar toda la comida del mes para su familiar y va una vez por mes, porque las visitas están acotadísimas. Entonces, te jugás el todo por el todo. Ponés la plata, perdés el día, y si no querés entrar, no ves a tu familiar por más de un mes. Después, con capucha no te dejan entrar, entonces entraban en remera, en pleno invierno. A los chiquitos los hacen desnudarse, a las mujeres también, y las tocan. Yo denuncié todo esto en Facebook. Lo que duele es que esto es una decisión política”. En las últimas semanas, una comisión del Senado aprobó la modificación del régimen disciplinario en cárceles, por una recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al Estado argentino, alegando que había un atraso en esta materia. El educador popular se refirió a esto y a las responsabilidades políticas que hacen que no se respeten los derechos humanos en las instituciones de encierro. “Todo lo que está en la ley, en la cárcel no existe. Entonces, así haya una modificación donde manifiesten que han mejorado la situación, es mentira. Si te dicen que vacunaron a 20 mil personas presas, es mentira. Empezaron a vacunar en noviembre del año pasado. Cuando ya había más de 18 millones de vacunas aplicadas en la Provincia de Buenos Aires, en los penales no había ni una sola. Y los jueces lo saben, pero hablan con los directores de los penales y les dicen que no es cierto, que la cosa está andando bien y no pasa nada. Los jueces no vienen a los penales y sacaron a los supervisores. Esa es una política de Julio Alak (Ministro de Justicia de la Provincia de Buenos Aires), que la siguió de la de María Eugenia Vidal. El gobierno de Daniel Scioli, de la mano de Ricardo Casal (quien fuera su Ministro de Justicia), nefasto, corrupto y con muchas
A un mes del incendio de la Brigada de Mujeres de Concepción, las familias sólo encuentran lentitud en la investigación judicial sobre la muerte de las cuatro mujeres detenidas. Hasta el momento, la Unidad Fiscal de Delitos Graves del Centro Judicial de esa localidad tucumana informó que el siniestro tuvo una duración de aproximadamente cuatro horas y comenzó en el exterior de la celda, lo que descarta las primeras versiones policiales sobre un supuesto motín. Hoy, la pesquisa ya se encuentra entre los delitos de abandono de persona u homicidio. Intervienen fuerzas de seguridad nacionales y organismos internacionales de derechos humanos muestran su preocupación ante el caso. ✍️ Redacción: Milagro Mariona (La Nota – Tucumán) 💻 Cobertura colaborativa de La Nota/La Retaguardia/Cítrica/Revoluciones El jueves 2 de septiembre, a las 17, se registró un incendio en la Brigada Femenina de la ciudad de Concepción. A raíz del incendio, Rocío Micaela Mendoza, Yanet Yaqueline Squilán, María José Saravia y Macarena Salina murieron por asfixia dentro de una celda cerrada con candado. Según los testimonios recolectados por la prensa, fueron los vecinos quienes alertaron a los bomberos y con baldes de agua intentaron apagar el fuego. Cuando finalmente pudieron ingresar, ya habían pasado al menos tres horas desde que se inició el incendio. Familiares relataron que las mujeres estaban abrazadas en el baño, donde buscaron protegerse del fuego. Las policías a cargo de la guardia eran tres, quienes salieron ilesas. También sobrevivió otra mujer que estaba detenida en otro espacio de la dependencia policial. Las víctimas fatales del incendio tenían entre 23 y 26 años. Ninguna debía estar cumpliendo su condena en esa brigada ya que no es un centro de detención, pero por la sobrepoblación carcelaria que existe en Tucumán, el único penal de mujeres de Tucumán no tenía cupo. Familiares denunciaron que cuando reconocieron los cuerpos en la morgue, presentaban hematomas y golpes. Además, señalaron que a través de cartas las jóvenes contaron que eran maltratadas por las guardias, castigadas y hostigadas constantemente. El Ministerio de Seguridad, a cargo de Claudio Maley, pasó a disponibilidad a las tres mujeres policías encargadas de la seguridad de la dependencia, Sandra Rivarola, Susana Rodríguez y Margarita Gutiérrez, y a la jefa de la Brigada, Fernanda Lazarte. La primera versión que echaron a rodar las fuentes policiales, fue que se trataba de un motín y los medio de comunicación hegemónicos dieron por cierta esa información, titulando: «El trágico motín fue originado por una joven que pretendía ser trasladada a la cárcel». No se trata de un hecho aislado. En 2015 sucedió un hecho similar en la Brigada de Investigaciones Norte de Yerba Buena donde murieron Ariano Viza y Emanuel Gallardo, dos jóvenes que se encontraban detenidos en un calabozo junto a otras 16 personas. Hasta ahora, la causa no llegó a juicio oral y familiares continúan con el pedido de justicia. Además, el alojamiento en comisarías por el hacinamiento de las cárceles disparó múltiples fugas en las últimas semanas, siendo la de Roberto Carlos Rejas la de mayor trascendencia, condenado por doble femicidio y quien se cree contó con ayuda policial para concretarla. Peregrinar por las respuestas Virginia Santana, madre de Rocío Micaela Mendoza, después de esperar varias semanas los resultados de las pericias, llegó sola a la fiscalía a cargo de Miguel Varela, para saber qué es lo que pasó con su hija bajo la custodia del Estado tucumano. “Me dijeron que el incendio se inició afuera, en un patio. Duró más de cuatro horas y que investigan si hubo abandono de persona u homicidio” cuenta Vicky. La investigación no descarta que el incendio fuera provocado por una persona externa. Según fuentes judiciales, una de las oficiales apartadas fue vista por las cámaras de seguridad hablando con un hombre. El resultado del análisis de las imágenes aún no se han concluido. Rocío Micaela Mendoza Hasta el momento no hay personas imputadas. Las familias de las mujeres tendrán que esperar una semana más para que el Ministerio Público Fiscal defina si hubo responsabilidad por parte de las tres policías que estaban de guardia ese día. «Hay elementos de sobra para formalizar cargos», sostiene el abogado querellante de la familia Mendoza, Benito Allende, quien también interviene en la causa por el homicidio de Ceferino Nadal en manos de la policía. «Hay dos elementos que afectan en forma directa a este caso. La responsabilidad personal de las funcionarias policiales que estaban en la Brigada, y la responsabilidad del Estado, tanto de los jueces por las cuáles estaban a disposición las personas privadas de la libertad y el Ministerio de Seguridad que está al frente del control de los funcionarios policiales, es imposible separar uno de otro en este hecho», explica. “Los familiares de las víctimas están expuestos a la violencia institucional del Estado que los revictimiza en su reclamo de Justicia. Los operadores jurídicos y políticos juegan con el desgaste y la inactividad. En este tipo de casos, no está garantizado el acceso a la Justicia de los familiares”, agrega. “Las dejaron encerradas” Yanet Yaqueline Saquilan, tenía 23 años. Era oriunda de Juan Bautista Alberdi. Estaba procesada por una causa que no había llegado a juicio, estaba con prisión preventiva desde enero del 2021. El 12 de septiembre se cumplía la prórroga de tres meses que le habían dado para estar detenida en esa brigada. Su familia fue la primera en organizar una movilización en su ciudad para pedir que fueran detenidas las tres policías de guardia. «El pase a disponibilidad no significa nada» dice Marta, la cuñada de Yanet, sobre la medida que tomó el ministro de Seguridad de la Provincia. Yanet Saquilán tenía un hijo de seis años. Yanet era mamá de un niño de seis años. Ya no tenía ni a su madre, ni a su padre, sólo a sus hermanas y hermanos. Durante meses, tuvo a su cargo el cuidado de un hermano con diversidad funcional y de su padre, quien sufría una enfermedad oncológica. Para cumplir con las
Lo dijo Benito Allende, abogado de Micaela Rocío Mendoza, una de las cuatro mujeres fallecidas al incendiarse la Brigada Femenina de Concepción, en Tucumán. Allende, quién también es el representante de la familia de Walter Ceferino Nadal, pasó por el programa La Retaguardia y habló sobre las prácticas policiales en comisarías, el estado del sistema penitenciario y la ineficiencia del Poder Judicial. (Por La Retaguardia) 🎤 Entrevista: Fernando Tebele/Pedro Ramírez Otero ✍️ Redacción: Gabriela Suárez López 💻 Edición: Fernando Tebele 📷 Foto de portada: de izquierda a derecha Micaela Rocío Mendoza, Macarena Maylen Salinas y Yanet Yaqueline Santillán, tres de las jóvenes que murieron calcinadas. En la provincia de Tucumán la represión estatal conocida oficialmente como “Violencia institucional” es una práctica que circula como moneda corriente y ha sido naturalizada por gran parte de funcionarios de seguridad y de las distintas fuerzas policiales. Nada muy diferente de lo que ocurre en el resto del país. En este estado de situación en el que todo es válido, las personas detenidas y con sentencia firme pasan mucho tiempo en comisarías en condiciones infrahumanas donde las humillaciones y torturas parecen estar permitidas. El 2 de septiembre, Macarena Salinas, Yanet Santillán, Micaela Rocío Mendoza y María José Saravia murieron calcinadas en la Brigada Femenina de Concepción, por un incendio que se inició dentro de la celda en la que se encontraban detenidas. Sobre el accionar policial en el momento de la tragedia Allende denunció: “Vamos a buscar acreditar dentro de la causa penal que se ha producido una situación de abandono porque la Brigada no era un lugar físico muy grande y si se produce un foco de incendio dentro, la versión oficial es porque se había roto un foco y ese foco a la vez había creado un cortocircuito y la llama ha llevado al incendio. La puerta de la habitación, el pequeño espacio en el que estaban, era una puerta reja, entonces el personal policial lo único que tenían que hacer era sacar un candado. La pregunta es: ¿qué ha pasado en ese lapso de tiempo? Estas tres funcionarias policiales que se encontraban a cargo de estas chicas no han hecho algo tan simple como sacar un candado”. Presas en comisarías El colapso del Sistema Penitenciario está directamente vinculado al alojamiento de detenidos y detenidas que permanecen mucho tiempo en comisarías y dependencias en pésimas condiciones, como parte de un proceso que involucra a varias áreas relacionadas como la Justicia y la Seguridad y que articulan de modo crítico e ineficiente: “Ninguna persona podrá estar alojada en una comisaría. La comisaría podría ser un lugar de alojamiento en el momento en que se comete el hecho ilícito y, después, hasta que lo presente ante la autoridad judicial. Cuando tienen condena, la ley establece que tienen que pasar al Servicio Penitenciario, debe ser supervisada esa condena y a la vez la ley da una serie de derechos y garantías de las que gozan las personas que están cumpliendo una condena. Entonces estas chicas, al estar alojadas en una comisaría, se agravan las condiciones en las que están cumpliendo su condena, la privación de la libertad. Estaban vulnerando sus derechos, porque esas chicas, como para contar a la gente sobre cómo vivían, estaban en una habitación de 3×3. Prácticamente tenían que recoger los colchones y los tiraban a la noche en el suelo para poder dormir. La comida se la tenían que llevar los familiares. No comían. La situación de higiene tampoco era la mejor. El baño se encontraba afuera del lugar de alojamiento. Se encontraban en una situación infrahumana y de hacinamiento que aún hasta para una persona que se encuentra condenada o cumpliendo una privación de la libertad con una medida cautelar como puede ser la prisión preventiva, atenta contra su dignidad humana y a la vez contra los derechos fundamentales” denunció el abogado. Sobre el origen del incendio y las responsabilidades en las muertes, Allende detalló: “Pero la causa de fallecimiento, el informe preliminar, sería muerte por asfixia. Después, qué ha motivado el foco de incendio, va a ser tema de discusión técnica. Ahora, lo que no es una cuestión discutible es que estas chicas que han fallecido se encontraban a cargo de la custodia de personal policial que tiene un grado de responsabilidad, a criterio de esta parte, y que tenían ya una enemistad manifiesta con estas chicas y el trato no era bueno. Entonces, la responsabilidad es de estas 3 personas que se encontraban a cargo en ese momento en la Brigada”. Cuando el poder de decisión y de acción queda a criterio del personal policial a cargo o de guardia, las prácticas se vuelven más complejas: “A estas 3 funcionarias policiales a quienes nosotros les atribuimos la responsabilidad directamente por el homicidio, no por abandono de persona, porque esto es una cosa mucho más grave. Actuaron en forma dolosa por el hecho de su accionar concreto, la omisión que se transforma en un accionar que lleva al deceso de estas chicas. Se puede hablar en forma intencional, estas muertes se produjeron por el accionar de estas 3 personas que se encontraban a cargo de la guardia. Y ahí es cuando la discrecionalidad que existía, de acuerdo a la guardia que tocaba, cambiaba el trato que tenían hacia las internas. Algunos podían entrar con un poco más de libertad y otros podían prácticamente nada o condicionar su libertad a un tema de pago, de dinero, como han escuchado que han manifestado otros familiares. Entonces esa discrecionalidad que tienen los funcionarios policiales se debe a la falta de control”, afirmó Allende. Ante el funcionamiento ineficaz de los distintos mecanismos, la estrategia elegida es el uso de instalaciones policiales como lugares de detención, modalidad que visibiliza la falta de proyección y ejecución de políticas públicas con enfoque en derechos humanos sobre la cuestión carcelaria: “El sistema penitenciario está colapsado y hay personas que tendrían que estar cumpliendo condena de acuerdo a la ley en el sistema penitenciario y que están hace dos o
Entre las actividades a 45 años del golpe de Estado, La Retaguardia participó de una movida cultural en el CuSam de la Unidad Penal 48 de San Martín. Compartimos la crónica de un día de libertad entre los muros. (Por La Retaguardia) ✍️ Redacción: Julián Bouvier 💻 Edición: Diego Adur 📷 Fotos: Mauro Martínez/Julián Bouvier/Lorenzo Dibiase Este 24 de marzo fue sin dudas especial. La pandemia de Covid-19 obligó a dividir las distintas actividades: se realizó una transmisión especial con las Madres, de manera virtual; se marchó en la Plaza de Mayo; se plantaron árboles en plazas y espacios de todo el país. Las formas de manifestación en nombre de la Memoria, por la Verdad y la Justicia fueron muchas. Otra actividad, de la que participó La Retaguardia, la realizaron las personas privadas de su libertad en la Unidad 48 del Penal de San Martín, en la Provincia de Buenos Aires. Allí funciona el CuSam (Centro Universitario San Martín), donde las pibas y los pibes se encuentran y construyen un espacio de libertad. “Acá somos libres”, se escuchaba cada vez que alguien agarraba el micrófono. Es emocionante imaginar lo que significa ese lugar para personas privadas de su libertad, que sienten que, luego de recorrer diferentes unidades a lo largo y ancho de la Provincia, son libres por un rato Hay un edificio principal, emplazado en un lugar verde, no muy grande, pero lleno de actividades y de vida. Allí funcionan una biblioteca, la “Juan Gelman”; una sala de computación, la “Paulo Freire”; una sala de música; aulas para las cursadas de las materias de la Universidad; y también funcionaba una radio hasta hace algunos meses, Radio Mosquito. En octubre del año pasado, durante una protesta de los internos, la policía reprimió brutalmente el penal y terminó por destruir parte del CuSam. La sala de música y la radio son las que más lo sufrieron. Instrumentos musicales y elementos de la radio fueron destrozados. Los pibes aseguran que Radio Mosquito pronto volverá a sonar. No piensan permitir que nadie les robe la voz. En las afueras del edificio hay una pequeña casilla con un horno, donde se producen artesanías en cerámica. En otro lado, una huerta, con ganas de convertirse en agroecológica. Todo esto gestionado por las pibas y los pibes del CuSam, y acompañado por coordinadores de la Universidad de San Martín, muchos de ellos presentes durante la actividad. La actividad central se realizó en el patio del CuSam. El día lo ameritaba. Las sillas se colocaron frente a la entrada del centro universitario. El piso de cemento que anticipa la entrada al edificio hacía de escenario, con varios micrófonos, equipos de sonido, una batería e instrumentos musicales esperando a ser utilizados. Los pañuelos de las Madres y Abuelas bailaban al son del viento, colgados de una media sombra que amenizaba el sol. En una de las paredes del CuSam estaban las imágenes de las y los desaparecidos de San Martín. Y había también un hueco en la tierra, que invitaba a sembrar memoria. Toda la decoración y la escenografía de la jornada fue armada y montada por las y los pibes. A eso de las 11, Abel Díaz, integrante del Centro de Estudiantes del CuSam “Azucena Villaflor”, tomó el micrófono y dio la bienvenida a las muchas personas invitadas a compartir esta jornada. Invitó a sentarnos, recordó que hay que tener puestos los barbijos y arrancó con la lectura del comunicado. Un comunicado lleno de memoria activa, que planteó la lucha por la justicia de ayer y también de hoy. Que habló de los y las 30.000, pero también de Johana Ramallo y de Luciano Arruga. Que denunció la violación de los derechos humanos tanto adentro, como afuera de los penales. Pero que, además, recordó a las personas desaparecidas con mucha vida, con ese amor a la militancia, a la construcción de un mundo más justo, a las artes, las lecturas. Y eso fue algo que rondó por toda la jornada: aun sabiendo que el 24 es un día de reflexión y de memoria, todo estuvo rodeado de alegría, arte, risas, baile y música. Luego pasaron por el micrófono Daniela Gaona, familiar de desaparecidos/as; Leonardo Grosso, diputado nacional por el Frente de Todos; Mariel Fernández, intendenta de Moreno; algunos integrantes del Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires; Carlos Greco, rector de la Universidad de San Martín; Silvana Ortíz, integrante del Centro de Estudiantes del CuSam; entre otros/as. También tuvimos la posibilidad de tomar la palabra desde La Retaguardia para contar acerca de nuestro trabajo en materia de derechos humanos. Más adelante, se entonaron las estrofas del himno nacional argentino y luego, se pasó a uno de los momentos más emotivos de la jornada: la plantación de un árbol de paltas en el patio del CuSam. La música empezó a sonar en las manos de los “Sale $500” la banda de los pibes del CuSam. “Sale $500, porque acá adentro todo sale $500”, dijo Mauro, uno de los integrantes, entre risas. Se cantó por las y los desaparecidos. Se cantó por la desigualdad. Se cantó por un mundo más justo. Le siguieron las rimas del Patón Argüello, rapero, liberado del CuSam. “Sueñen alto que a veces los sueños se hacen realidad”, repitió más de una vez a quienes hoy continúan privados/as de su libertad. Al terminar, llegó otro momento muy emotivo, de lágrimas y pieles de gallina: la obra de teatro gestionada por los y las pibas del CuSam: “Sobrevivientes”. Fueron unos 15 minutos para reflexionar sobre la atrocidad de la violencia militar en los 70 y también acerca de la violencia policial de hoy. Como si estuviéramos en un jueves cualquiera de la vieja normalidad, a eso de las 15.30, en la Plaza de Mayo, la obra cerró con un fuerte: “30.000 compañeros detenidos desaparecidos: ¡Presentes! ¡Ahora y siempre!”. Mientras por las mesas circulaban sanguchitos de miga y empanadas, continúo la música a manos de otro rapero, Hugo Paez, “el expresante”, hijo de desaparecidos/as. Estaba muy nervioso
En el marco del cuarto aniversario de la Masacre de Pergamino, Andrea Filiberto, hermana de Sergio, uno de los jóvenes asesinados en la Comisaría Primera de aquella ciudad bonaerense, hizo públicas unas palabras donde reflexionó acerca de la importancia de prevenir los consumos problemáticos, eje común entre los 7 pibes, y un enclave en las situaciones de encierro. En diálogo con el programa radial La Retaguardia, Filiberto profundizó sobre la cuestión de las adicciones, la estigmatización y la ausencia del Estado para acompañar en estos casos a las y los pibes y a las familias. (Por La Retaguardia) 🎤 Entrevista: Fernando Tebele/Pedro Ramírez Otero ✍️ Redacción: Julián Bouvier 💻 Edición: Diego Adur/Pedro Ramírez Otero 📷 Foto de portada: Diario del Juicio El 2 de marzo es una fecha que quedó marcada a fuego en Pergamino, y no solo para las familias que tuvieron que salir a la calle a emprender una lucha para intentar torcer el destino de impunidad que muchas veces tienen las causas como esta. Se recuerda a 7 pibes: Federico Perrota, Franco Pizarro, Jhon Claros, Alan Córdoba, Juan José Cabrera, Fernando Latorre y Sergio Filiberto, que en marzo de 2017 estaban privados de su libertad en la Comisaría 1ª de Pergamino, Provincia de Buenos Aires, cuando por el hacer y por el no hacer de los policías que luego llegaron a juicio y que estaban en la comisaría en ese momento -y algunos otros que por ahora consiguieron eludir la acción de la justicia-, fueron asesinados. En redes sociales, Andrea Filiberto, la hermana de Sergio Filiberto, publicó una suerte de carta pública en la que además de expresar el dolor, aborda cuestiones sobre las que hay mucha estigmatización que las familias deben soportar, además de cargar con la ausencia de la persona que el Estado les arrebató. Uno de los temas que trata su texto tiene que ver con las adicciones que muchos de los pibes de los barrios suelen tener antes de caer presos: “Me pareció necesario hablar de este tema porque justamente es lo que lo llevó a estar ahí. Es lo que nosotros creemos y sabemos. Mi hermano era la primera vez que estaba detenido en una comisaría. Estuvo 28 días y no pudo salir. Al estar en la comisaría, él mismo se dio cuenta de que había tocado fondo. Desde ahí las cartas que escribió, que nos dejó, donde nos decía que quería salir del problema de las adicciones. Lo intentamos durante muchos años, porque él murió en la Masacre de la Comisaría con 27 años, pero desde su adolescencia tuvo un consumo problemático. En la familia lo hemos abordado. Somos una familia de trabajadores, dos hermanos mayores. Yo le llevo 10 años y mi hermano varón, 12. Así que tenía de donde agarrarse. Así y todo, es muy difícil salir y el Estado pocas herramientas te da”, comenzó a contar Andrea. —La Retaguardia: En esa lucha previa que vos contas, ¿golpearon puertas o desconocían las herramientas? —Andrea Filiberto: Uno sale a golpear puertas igual, que no las van a abrir, que están cerradas y que son muy pocas. Acá en la ciudad de Pergamino no hay mucho. Está el CPA (Centro de Prevención de Adicciones) que es el primer lugar al que fuimos cuando él era adolescente. Íbamos a las reuniones familiares. La familia entera con la psicóloga, pero son todos tratamientos ambulatorios y tienen un horario de 8 a 14. Los problemas se solucionan en ese horario. Si hay alguna otra situación después de esa hora, no hay nada. No hay un centro de día o una comunidad, que sea acorde a la problemática. Después también está algo que es mitad municipal, mitad provincial, un centro de adicciones que se llama Padre Galli, con la misma problemática: horarios acotados y algunos talleres que tratan de abordar el tema, pero siempre apelando a la voluntad de la persona enferma. Justamente, cuando está enferma, esa voluntad no la tienen, por más que la familia lo intente. El consumo va avanzando y cada día es más problemático, porque ya no podés sostener a lo mejor un trabajo, o estás al borde de un accidente. Mi hermano manejaba moto. Nosotros siempre teníamos ese miedo. Y así vas sorteando, y te vas metiendo cada vez más en el ambiente. O como se dice, en las “juntas”. Es un viaje de ida que si no tenés cómo frenarlo, no podés apelar a la voluntad. Después hemos ido a la parte judicial, ya pidiendo una internación. Que ahora viéndolo a distancia y sabiendo que no hay lugares acordes a eso y sabiendo que los meten en cualquier lado, tampoco era la solución. Así y todo, no nos daban respuesta. Porque tenés que pasar por entrevistas de psicólogas y psiquiatras, y la psiquiatra tiene que determinar si él es peligroso para sí y para terceros. Para que una psiquiatra diga eso, es dificilísimo, casi imposible. Mi hermano era buenazo, super amiguero, trabajaba y todo. La psiquiatra cuando lo veía, no lo veía peligroso. Pero el momento en el que está bajo los efectos de alguna sustancia, no sabes cómo puede estar. Se puede hacer daño así mismo, como con la moto. Él no se ponía agresivo, pero nosotros temíamos que iba por mal camino y queríamos frenar eso. Pero sin la aprobación de la psiquiatra era imposible, por el tema de la ley de salud mental. Ellos como que se oponen a las internaciones. —LR: Y cuando el Estado apareció, lo metió preso. —AF: Lo metieron preso y no hubo ni siquiera una historia clínica que lo ayudara a salir de ese lugar y que cumpliera su condena, su pena. No tuvo ni derecho a un juicio. Estuvo 28 días y terminó ahí. Viendo el horror donde estaba, que era espantoso, como todo lugar de encierro, no era un lugar acorde. Y más que él tenía muchas enfermedades de base, que el mismo consumo aceleraba. Problemas de riñones, por ejemplo. Entonces, aunque sea, salir y hacer un tratamiento ambulatorio, con arresto domiciliario. Pedíamos,
Durante la madrugada del viernes, casi la totalidad de los internos de Devoto comenzaron una batucada para exigir medidas de prevención y cuidado de la salud frente a la pandemia de Covid-19. La respuesta del Servicio Penitenciario Federal (SPF) fue la represión, como suele suceder. Finalmente, quienes están privados de su libertad tomaron el edificio durante diez horas y consiguieron que se firme un acta que les garantizaría un relevamiento de la situación en la que se encuentran. Las negociaciones continuarán hoy. Aquí una crónica y fotos de una jornada larga y dolorosa. (Por La Retaguardia)✍️ Texto: Andres Masotto 💻 Edición: Fernando Tebele/Rodrigo Ferreiro 📷 Fotos: Andres Masotto🎙️ Entrevistas: Andrés Masotto 🎛️ Edición de audios: Natacha Bianchi Subidos al techo de un pabellón, los internos del Complejo Penitenciario de la CABA colgaron una bandera que explicita su reclamo “Nos negamos a morir en la cárcel”, escribieron con aerosol verde sobre una sábana. Desde temprano, la televisión, la radio y las redes sociales hablan de motín, de fuga, de presos armados con facas y lanzas. Ningún periodista, ninguna persona, se detuvo a leer el trapo que cuelga en lo más alto. “Nos negamos a morir en la cárcel” es una consigna fácil de interpretar, pero aceptarla sería humanizar a las personas privadas de su libertad y eso podría resultar algo incómodo.Las calles aledañas a la cárcel desbordan de fuerzas de seguridad, bomberos, camiones blindados y ambulancias. Policía de la Ciudad, Infantería, Motorizada, Federal, Antidisturbios, Servicio Penitenciario y agentes de civil con escopetas en sus manos, conforman una escenografía de película. Más móviles, camionetas, camiones y un ariete listo para entrar en acción. Cada miembro de las fuerzas está armado y alerta. La mayoría, incluso, con su arma reglamentaria al alcance de la mano. DESCARGAR A cien metros de los muros perimetrales se juntan familiares y amigos de los internos. Les gritan palabras de ánimo, les piden que sigan resistiendo. Pocas escenas son tan desoladoras como los gritos a distancia entre los presos y sus familiares; el afuera y el adentro quedan en evidencia cruel; el muro sólo puede ser traspasado por dos cosas: los gritos y la angustia, de ida y de vuelta. El cordón de infantería que armaron frente a quienes esperan novedades afuera, murmura, provoca. En algún momento alguien ordenará que las familias sean reprimidas. Porque sí. Por estar ahí. O quizá para que sus hijos, esposos, hermanos y amigos vean desde arriba que las fuerzas de seguridad pueden hacer lo que quieren; las familias se convierten en rehenes: “si la siguen ahí, reprimimos acá”, podría ser el mensaje para los presos. En esa redada, detienen a tres mujeres. DESCARGAR Lo que está pasando de los muros para adentro es incierto. Para hacer un relato preciso, hay que unir los gritos con los sonidos diversos que se escuchan. “¡Tirá, tirá, dale!”. Estruendos de armas de fuego. Una piedra que estalla contra el suelo. El gas lacrimógeno que se empieza a filtrar hacia afuera y hace difícil respirar. A los balazos que el Servicio Penitenciario Federal apunta hacia arriba, un preso responde: “nosotros también somos seres humanos”.Cerca de las familias, también están los móviles de los principales noticieros, pero pocos eligen hablar con ellas. Las cámaras apuntan, fijas, hacia el techo del complejo, mientras que los movileros crean su propia versión de los hechos. “En este momento los presos están arriba del techo, armados, y hay riesgo de fuga”, inventa el periodista del canal que, alguna vez, dijo estar firme junto al pueblo. Quizás imagine que un avión se posará frente a ellos y los sacará del lugar, pero no lo dice. Durante toda la tarde, una angustia extra sacude a las familias a modo de rumor: dicen que habría tres muertos. Nadie puede confirmarlo, pero suena verosímil; eso es lo peor de todo. Esta vez no los hubo. En sus teléfonos circulan videos en los que se ven cuerpos repletos de marcas de impactos de bala; muchos heridos y golpeados.Hay un video en particular que genera rabia: un interno yace acostado en un colchón con toda la gomaespuma raída; él también está roto. Hay sangre por todos lados, una pierna evidentemente fracturada. Sus compañeros comentan que cayó desde el techo. El pibe llora. Las lágrimas se mezclan con la sangre que tiene en la cara. Muestra fotos de su hijo a la cámara y grita “todo esto es por vos, hijo. Te amo”. El miedo es lógico si se añade a los videos la conocida historia de crímenes estatales que se perpetúan intramuros. Sólo esta semana fueron asesinados Federico Rey, en la Unidad 23 de Florencio Varela, y José María Candia, en un Penal de Corrientes. Mientras cae la tarde, llega la noticia que se firmó un acta que compromete a las autoridades judiciales y penitenciarias a relevar la situación dentro de la cárcel. Habrá una reunión entre varias autoridades para intentar empezar a otorgar prisiones domiciliarias. Si esa fuera finalmente la situación, lo que muchos genocidas han ido consiguiendo con lobby en las últimas semanas, los presos comunes tal vez lo consigan con manifestaciones de este estilo. Cada cual pelea por sus derechos como puede. Fueron casi diez horas de protesta y resistencia. Villa Devoto es uno de los barrios más caros de la ciudad más cara del país. El vecindario, que claramente preferiría que allí hubiera un shopping o unas torres de edificios, tiene miedo. La pandemia, en algún sentido, los iguala con los presos. Ese adentro cruel, tanto como el desprecio que llega desde afuera, se hace uno solo. El miedo a la muerte se instala entre los vecinos y vecinas. Aunque no puedan pensarlo siquiera, es el mismo miedo que sienten adentro. Todos son seres humanos, aunque no tengan los mismos derechos.
Familiares de personas privadas de su libertad denunciaron que el Servicio Penitenciario reprimió salvajemente dentro de la Unidad 23 de Florencio Varela y asesinó a un interno, Federico Rey. El aislamiento preventivo, social y obligatorio encontró a todas las cárceles del país en graves condiciones sanitarias, lo que dificulta el control de la pandemia y denota un problema estructural. La respuesta de los efectivos del Servicio Penitenciario ante cada reclamo de los internos es la represión con balas de goma, gases y eventuales cortes de luz para despistar a los internos que reclaman. Uno de los primeros eventos represivos en contexto de cuarentena sucedió en la Unidad 3 de Bariloche y terminó con varios heridos de balas de goma y golpes. Compartimos además videos y fotos de contenido sensible que los presos nos hicieron llegar a través de sus familiares. (Por La Retaguardia)🎤 Entrevista: Andrés Masotto ✏ Redacción: Andrés Masotto/Nicolás Rosales 💻 Edición: Rosaura Barletta 📷 📼 Videos y fotos tomadas por los internos Ante la dramática situación sanitaria y sumando el agravante de la pandemia, los internos comenzaron a tomar medidas de autocuidado, como suspender las visitas del exterior y exigir elementos mínimos de higiene para los lugares donde transitan el encierro. Y también agregaron un reclamo lógico: que los condenados por causas menores o que estén cerca de cumplir su pena sean beneficiados con prisión domiciliaria, algo que no suena exagerado cuando hay genocidas obteniendo el mismo beneficio. Por el momento, lograron a través de una intervención judicial la posibilidad de utilizar sus teléfonos móviles y así mantener un contacto con el exterior. Días más tarde hubo una escalada represiva y en los reclamos de internos que ocurrieron en Coronda y Las Flores, ambos en Santa Fe, los efectivos del servicio asesinaron a cinco presos y dejaron varios heridos de distinta gravedad. Al mismo tiempo, empezaron a llegar las voces de las personas privadas de su libertad denunciando las condiciones de encierro, apuntando que el coronavirus es un riesgo inminente pero que adentro también sufren el dengue, la tuberculosis, el debilitamiento por la comida que les entregan y la falta de medicamentos, que también produce muertes. Los crímenes de Estado no están en cuarentena El martes se conocieron dos eventos en Melchor Romero y en Corrientes, siendo el segundo el más grave: durante el recreo en la Unidad 1 un grupo de internos jugaba al fútbol cuando la pelota se colgó. Uno de ellos trepó un alambrado (interno, no perimetral) para alcanzarla y un agente penitenciario le disparó. Todo terminó en un levantamiento generalizado del penal y, otra vez, la represión terminó con un muerto: José Mario Candia, de 22 años.Esta mañana, en la Unidad 23 de Florencio Varela, se replicó la petición de los internos y también se replicó la respuesta del Servicio Penitenciario. En los videos que circulan se ve claramente cómo los agentes disparan sus escopetas desde los techos de los pabellones y luego tapan un cuerpo con una manta directamente en el techo donde murió. Manipulan el cuerpo sin un aparente peritaje. Las imágenes que se pudieron ver en el transcurso de los últimos días han podido ser registradas por los propios internos. Algo que parecería estar jugando una mala pasada al servicio penitenciario ya que quedan al desnudo las constantes violaciones de los derechos humanos que viven las personas privadas de su libertad en el hacinado e inhumano sistema carcelario.Desde este medio tuvimos la posibilidad de conversar con Marga, de la organización social “Raíces”, y tía de uno de los internos de la U23 cuya identidad preferimos preservar por razones de seguridad. “Hoy hubo una especie de motín, cosa que los medios masivos de comunicación están diciendo que era un enfrentamiento entre sectores, es mentira. Están peleando por que le ‘bajen’ (que les den) los beneficios. En el caso de mi sobrino recién hace dos días nos pudimos comunicar con la defensora oficial, porque están todos los juzgados cerrados. Hay un muerto, como se puede observar en los videos. Ahora hay un camión de la Penitenciaría que los va a trasladar”, detalló. Marga vive en Tigre, y el traslado hacia Varela le implica un extenso viaje. “Por lo que sé hasta ahora hay un grupo de familiares afuera, mi sobrino me contó que les quisieron sacar los celulares que el propio poder judicial de la Nación les había habilitado. En realidad se los quieren sacar porque no quieren que trasciendan las imágenes que registran”, dijo. Esto desató otro motín. Es sabido que en este mismo penal se dió a conocer el fallecimiento de otro interno, víctima del virus Covid-19. En las imágenes que Marga nos envió también pudimos observar a otros internos heridos. “En el lugar donde está alojado mi sobrino hay 160 chicos. Es una especie de SUM (salón de usos múltiples) y duerme en el piso”, agregó.Por último Marga hizo un pedido desesperado, “nosotros lo que queremos, como familiares, es que que intervengan los Organismos de Derechos Humanos, porque van a matar a todos los pibes ahí adentro. Si no los mata el coronavirus los mata la gorra”, sentenció.
Lo dijo Juan Manuel Moreno, condenado a 14 años por una causa armada. Su voz saltó los muros de doce metros que rodean el Complejo Penitenciario de Florencio Varela para contar en Hasta que vuelvan los abrazos cómo es atravesar un aislamiento social en el lugar donde la sociedad aísla. (Por La Retaguardia)🎤 Entrevista: Giselle Ribaloff/Fernando Tebele✏ Redacción: Andrés Masotto/Leda Martyniuk 💻 Edición: Pedro Ramírez Otero 🖍️ Ilustración: Juan Manuel Moreno por Lorenzo DibiaseJuan Manuel Moreno es otra víctima más de las causas armadas: en diciembre de 2016 fue condenado a 14 años por un asesinato que, como se pudo probar en el juicio, no cometió y ni siquiera estuvo en el lugar donde ocurrió. La explicación es otra: junto con su espacio de militancia, Resistencia Unida y Popular, denunciaba y escrachaba a las fuerzas de seguridad y los dirigentes políticos de Lomas de Zamora.“Hubo una pelea entre dos bandas de hermanos que termina en un tiroteo y la policía me viene a buscar a mí. Después de haber sido torturado en la comisaría delante del secretario de la privada de Darío Giustozzi, que era el intendente de Almirante Brown y el jefe de toda la distrital departamental deciden que yo iba a ser juzgado por ese homicidio. En el juicio se comprueba que yo nunca estuve en el lugar, pero la fiscal me reconoce por haber estado en varias oportunidades en la puerta del juzgado de Lomas de Zamora acompañando a distintas familias, también víctimas del sistema, donde los policías matan a los pibes en los barrios”, explicó Juan Manuel sobre su situación. Y agregó: “Las víctimas no me reconocen a mí. Es más, dicen que yo nunca estuve en el hecho. Pero la policía sigue sosteniendo con una testigo plantada que yo a cien metros del lugar entregué dos bolsas con treinta armas de fuego. No hay un arma secuestrada. La causa ahora está en casación a la espera de que esta justicia de alguna manera resuelva algo. Es paradójico lo que espero: la misma justicia que me arma la causa me tiene que resolver algún tipo de beneficio o la absolución”. Privados de todo La emergencia sanitaria en la que nos encontramos inmersos de manera global no es novedad para quienes se ven transitando sus extensos días en los centros de detención. Es de público y notorio conocimiento el hecho de que la mayoría de las cárceles poseen una higiene casi nula que pone en riesgo la vida tanto del personal penitenciario como de detenidos y detenidas frente a este contexto. Dentro de los muros todo es más precario: la comida, el acceso a los medicamentos, el acceso tanto al área de educación como al de trabajo resulta obstaculizado en la mayoría de los casos e incluso algo tan básico como la atención médica y la contención psicológica es escasa. Todo esto generó motines en varias unidades penales, siendo los de Coronda y Las Flores, ambos en Santa Fe, los más graves.“La situación es calcada a los cincuenta y pico de penales que hay en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires, donde si bien ya veníamos acarreando distintas problemáticas, ahora con el tema de la pandemia se hace más peligroso y pesado el encierro. Se vive día a día, con temores como afuera, pero peor porque te juega mucho en contra psicológicamente no poder ver a tu familia, la mala alimentación, la falta de sanidad, la falta de todo tipo de recursos. Prácticamente se vive de a cuatro o cinco personas en un baño de dos por dos”, relató Moreno. Y continuó: “Hubo protestas pacíficas, no somos locos ni nada parecido. Somos humanos igual que los de afuera, nada más que algunos pagando algún error que han cometido y otros que, como en mi caso, somos juzgados por ser netamente organizadores o agitadores en contra del sistema. Las protestas fueron fundamentadas, obviamente, y no por el tema casual de la pandemia: esto ya viene colapsando hace varios años. La justicia tiene un retardo total y es inoperante para resolver en tiempo y forma distintas causas. Causas muy chiquitas, hay pibes que vienen por boludeces y se podría evitar el contexto de encierro y buscar otras opciones. Sin embargo, abarrotan y hacinan acá adentro y nos encontramos totalmente colapsados. La cárcel no reinserta a nadie a la sociedad, al contrario: te devuelven peor”. La preocupación por evitar que el virus se propague intramuros está latente ya que podría causar una (otra) masacre. Pero la crisis habitacional alimentada por un sistema judicial punitivista que favorece la superpoblación y la falta de políticas orientadas a mejorar las condiciones de encierro sumergen a los internos en muchos otros riesgos: “En una unidad donde hay 1200 presos y con gente del Servicio Penitenciario que va y viene todos los días, que se maneja afuera con total libertad, tiene que haber alguno. Pero más allá del coronavirus nosotros lo que planteamos es que está bien, pongámosle que no haya entrado el virus, acá se mueren todos los días dos o tres pibes de tuberculosis, por falta de medicamentos, por estar bajos de defensas por comer la basura que nos traen que no lo comen ni los animales. Adentro el problema es mucho más profundo que la pandemia del coronavirus”, denunció.“El Estado supuestamente nos debería garantizar la salud, la comida y la estadía dentro de las unidades para reinsertarnos. El tema del dengue es muy particular. Nosotros denunciamos que se mueren pibes de otras cosas, no de coronavirus. Pero acá llueven dos gotitas y tenés la unidad toda tapada, todas las cloacas rebalsando y por una semana tenés todo el foco de propagación del dengue ahí, a la vista. Es peligrosísimo. Se muere más gente de dengue que de coronavirus. O de femicidios. Se están tapando muchas otras cosas con la psicosis del coronavirus”, insistió Juan Manuel. El lugar de encierroMuchas personas nunca han visitado un complejo penitenciario. Quizá ni siquiera hayan hecho el ejercicio de imaginar cómo es. Juan Manuel Moreno
Desde hace dos semanas algo cambió en el mundo. Día tras día la gente que se burlaba en redes sociales, comenzó a tomar más seriamente la problemática del virus Covid_19. Lo mismo pasó con los gobiernos y con el correr de los días se fueron endureciendo las medidas de Italia, España y Argentina. La sociedad, compuesta por diversas franjas etarias, culturales, económicas y sociales no tomó de la misma manera lo que sucedía ni propone resolver las problemáticas de la misma manera. Sumado a eso, no todas las personas perciben los problemas de los sectores menos privilegiados. ✏ Redacción: Nazareno Roviello 💻 Edición: Rodrigo Ferreiro 📷 Fotos: Infobae- RCN Radio- Unidad 30 Como fenómeno , Se comenzó a observar la última semana una extrema romantización sobre las cárceles y sus habitantes. Varios trabajadores de penales y medios de comunicación comenzaron a compartir posteos y notas sobre cómo en algunas cárceles los internos coordinaban entre ellos y habían decidido no recibir visitas. Hubo otros que compartían como en otros penales los presos hacían barbijos para “el afuera”, como se suele decir. Paradójico en tiempos de cuarentena donde la gente también comienza a sentir dos mundos paralelos. La romantización de la situación solo coopera en no poner una mirada crítica sobre esos lugares que funcionan como depósitos de la sociedad. Como se puede observar a partir de estadísticas, quienes ocupan las cárceles son personas que pertenecen a cierto sector social. . Dos tercios de ellos sin estudios secundarios finalizados, jóvenes de poblaciones vulnerables. Pero ¿cómo abordar la problemática en este contexto desde un posicionamiento de defensa de los Derechos Humanos?. Acá hacemos un repaso sobre la situación carcelaria y hablamos con los internos de varios países para mostrar cómo se vive. Situación carcelaria en Argentina En diciembre de 2019 la corte suprema de la Provincia de Buenos Aires dictaminó en una resolución (Resolución 3341-19) una serie de acciones que obliga al Estado a resolver la sobrepoblación que hay actualmente en todas las cárceles del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB). Dentro de las mismas también se pide que se coordinen diversas acciones para mejorar el estado de las mismas y prevenir situaciones de tortura y condiciones de encierro así como alerta sobre el uso indiscriminado de la prisión preventiva, que es un recurso que en nuestro país ha llegado al 60% de la población carcelaria total. La situación a lo largo y ancho del país es similar, se trate de cárceles del SPB o del Servicio Penitenciario Federal (SPF). Aunque el SPB se caracteriza por ser el peor del país, la situación carcelaria en general es muy crítica y propicia el terror y la inhumanidad intra muros. Cuando hablamos de sobrepoblación, hablamos de que en muchas cárceles hay el doble y hasta el triple de la capacidad permitida. En una celda de 4 puede haber 8 personas, por eso en este hacinamiento y condición extrema, las cárceles son los focos perfectos para la expansión de cualquier virus. Los organismos que trabajan de manera continua con los privados de libertad dan cuenta en sus informes y sus querellas judiciales de las condiciones en las que se vive y mueren los privados de libertad circulatoria. Lejos de ser un debate ciudadano, ya el propio sistema carcelario incumple lo establecido en la Constitución y el Código Penal argentino. La privación de la libertad circulatoria establece a su vez otro montón de condiciones mínimas y necesarias para el cumplimiento de la pena, las cuales no se dan en la mayoría de los países del mundo. Hoy debido a la pandemia, explota un mundo que muchos querían mantener escondido.. Hoy las cárceles que son focos de tuberculosis, la “enfermedad de los pobres”, ruega por mejor salud. La mayor parte de los establecimientos no cuenta ni con los insumos básicos ni con lugares higienizados para atender consultas. Pero no son los únicos problemas que se ven en el cotidiano. Consultamos con varias fuentes sobre quienes reservaremos algunas identidades por el peligro que representa hablar de cárceles. Ibuprofeno para todos Sobre salud, un trabajador nos decía lo siguiente: “El problema eterno es la falta de materiales, de personal y de recursos, no hay medicamentos. Pero antes de eso el problema es acceder. Sí estás en un pabellón donde no salís a talleres, escuela u otras actividades, no tenes salida del pabellón. Entonces para salir a sanidad tenes que presentar una audiencia, escrito en un papel, el encargado del pabellón se lo da al personal penitenciario y este lo lleva a sanidad y por ende no te llaman nunca. Excepto que sea una dolencia muy grave, ni suelen pedir ir a sanidad. Solemos bromear porque ante cualquier problema que tenemos a todo se la da Ibuprofeno que es lo único que hay. Pero encima en estos meses ni siquiera ibuprofeno hubo. Sí se necesita algún tipo de intervención sí o sí se le presenta por escrito a la justicia y eso puede tardar muchisimo.” Este testimonio nos demuestra un cuadro alarmante en cuanto a la salud, pero no es el único problema que viven los presos, sus familias o los trabajadores día a día. Después de la romantización de los medios sobre la predisposición de los presos, finalmente en uno de los penales se suspendieron las visitas totales desde el 19 de marzo. En estos días se habla de salud y la salud mental debe contemplarse en este sentido. En contexto de encierro, en las peores condiciones humanas, todo contacto con el afuera es muy esperado. Como también es una forma de abastecimiento para los presos, ya que sus familias les llevan los bagallos con comida, que en muchas cárceles del país es la única manera de sobrevivir. La alimentación es parte necesaria para tener un cuerpo fuerte, este trabajador nos contó hoy en día como está uno de los peores penales del país: “Hoy no falta comida como era hace unos años donde sí los familiares no les traían comida, pasabas hambre. Hay comida del servicio pero lo que sí hay
Luego de más de dos meses de proceso judicial y una larga espera se conoció la sentencia en el juicio por la Masacre de Pergamino. El tribunal presidido por el juez Guillermo Burrone condenó a la totalidad de los imputados, aunque con penas diferenciadas y otorgándoles el beneficio, a cuatro de ellos, de la prisión domiciliaria. (Por El Diario del Juicio*) Llueve a baldazos en Pergamino. Es una jornada gris, que comienza bien temprano, cuando a las nueve de la mañana las familias de los siete pibes asesinados por el Estado brindan una breve conferencia de prensa en el interior del Poder Judicial sobre la calle Pinto. Están junto a Nora Cortiñas, madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora y “la madre de todos nosotros”, como dijo Cristina Gramajo, la madre de Sergio Filiberto. Cuarenta minutos después el tribunal conformado por Guillermo Burrone, Miguel Gáspari y Danilo Cuestas ingresa a la sala, dispuesto a comunicar el veredicto (las penas) y la sentencia (los fundamentos) y finalizar, de este modo, con una incertidumbre que parece eterna. Segundos antes del ingreso de los jueces, los imputados, menos Sebastián Alberto Donza y Alexis Eva, se sientan del lado derecho de la sala. Burrone habla más de una hora y media casi sin interrupciones, salvo breves sorbos que da a un vaso que contiene, a simple vista, agua mineral. Lee el voto del juez Gáspari. Al final de cada tramo dirá que los otros dos lo respaldan. La argumentación es ordenada y contundente, y abre planteando que “se van a escuchar cosas que van a molestar”, en señal de advertencia. En primer lugar, realiza un recorrido a modo introductorio recordando los pedidos de la querella y la defensa. Luego, y con una metodología muy pragmática, anticipa los diferentes ejes que compondrán su discurso argumentativo: los hechos y las responsabilidades, lo atroz de la muerte de los pibes y las consecuencias sobre los sobrevivientes y las víctimas. Hechos claros El juez principal realiza un recorrido metódico y detallista sobre lo ocurrido el 2 de marzo de 2017 en la Comisaría Primera. Dice que queda probado que ninguno de los policías que se encontraban en la dependencia hizo absolutamente nada para salvar a las víctimas. Donza, Eva, Giulietti, Carrizo, Rodas y Guevara no sólo no colaboraron sino que obstruyeron a aquellos que sí intentaron sofocar el incendio e ingresar a la celda 1 para sacar a los pibes. Burrone menciona en muchas oportunidades que el fuego comenzó poco antes de las 18:16 y que hubo tres momentos. El declarado, es decir cuando se llega a un punto en donde no se puede apagar salvo con agua a mucha presión, se da alrededor de las 18:40; es decir, los policías tuvieron más de media hora para accionar, pero no hicieron nada. El tribunal da por veraz las declaraciones de los bomberos voluntarios, que narraron que no sólo nadie ayudó sino que cuando pidieron las llaves para entrar a la celda se tardaron quince minutos vitales hasta que aparecieron. Y sepulta a Guevara, que mintió cuando dijo que llamó a los bomberos voluntarios, cosa que nunca pasó. También son falsos los testimonios de Eva y Giulietti, que plantean que ayudan a los bomberos, y las declaraciones de la policía motorizada. El fallo insiste con algo trascendente: los policías priorizaron la seguridad por sobre la vida humana y estaban al cuidado de todos los presos. Por otro lado, no se usaron los dos matafuegos que estaban en la dependencia, uno en la oficina de guardia y otro en la del comisario, que hubiesen sido claves para sofocar el fuego en su primera etapa. No es un dato menor. Los policías llegaron a decir que no había matafuegos. Las declaraciones de los sobrevivientes y de Virginia Creimer, perito criminalística, son importantes no sólo para reconstruir lo sucedido sino fundamentalmente para reflejar el dolor sufrido por las víctimas y la atroz forma de muerte. Sin embargo, el tribunal no utiliza solamente estos testimonios, sino los mensajes de texto enviados por los pibes al momento de la Masacre, que reflejan también los minutos transcurridos entre el primer foco ígneo, el fuego ya declarado y la muerte. La sentencia cierra con las secuelas en los sobrevivientes y las familias, comprobadas por testigos de la Comisión Provincial por la Memoria, Psicólogos, Trabajadores Sociales y Profesionales de la Salud que plantean, con evidencia científica, los daños y el estrés post-traumático existente en algunos casos. El veredictoAl escuchar a Burrone, nadie en la sala duda sobre el fallo condenatorio que espera a los policías. Ni las familias de las víctimas ni los amigos de les ex policías, que son cuidados por un cordón policial de escudos que divide el salón en dos. Los argumentos son contundentes: los cinco varones policías y la mujer policía no hicieron nada, no entregaron la llave, no ayudaron a los bomberos, mintieron para salvarse e intentaron señalar por ineficaces a quienes sí intentaron colaborar. Pero, pasadas las once de la mañana, las nubes que abandonan el cielo pergaminense se trasladan hacia la sala, justo cuando comienza la lectura del veredicto. El tribunal decide, en primera instancia, desestimar el pedido de parte de la querella que pedía condenas por homicidio. Los policías serán condenados, entonces, por abandono de persona seguido de muerte, tal como pide la fiscalía, tal como llegaron a juicio. Luego, dan lugar a la solicitud de algunos agravantes, pero no al que plantea que son funcionarios públicos. Y, finalmente, lee:“Donza, 15 añosEva, 14 añosCarrizo, 11 añosGiulietti, 11 añosRodas, 8 añosGuevara, 6 años” Y, poco después, el definitivo revés: sólo Donza y Eva seguirán en prisión efectiva, mientras que los otros cuatro continuarán teniendo el beneficio de la prisión domiciliaria hasta que el fallo quede firme.Si las escasas condenas a Carrizo, Giulietti, Rodas y Guevara suenan a poco (tres y dos años por debajo de lo solicitado por la fiscalía en algunos casos), la domiciliaria, esperable pero intolerable, despierta los primeros murmullos dentro y fuera de la sala. Una de las