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La activista mapuche fue llevada a su domicilio y continuará con prisión domiciliaria luego de que la Corte aceptara su recurso de amparo pidiendo la liberación hasta que haya sentencia en la causa que la acusa en el marco de la Ley Antiterrorista de Chile. Ingrid Conejeros es la vocera de la Machi y ofreció a lo largo de estos días partes diarios acerca de la situación de la presa política y también, en Radio La Retaguardia, dialogó con Jorge Soler en el programa radial Patria Soñada. (Por La Retaguardia) La persecución La Machi “es una mujer mapuche que en este momento se encuentra prisionera -dijo Conejeros antes de la liberación-. Nosotros decimos que es prisionera política porque está encarnando toda la represión y la violación a los derechos ancestrales que se sigue cometiendo en el terreno mapuche en Chile. Lleva nueve meses encarcelada injustamente, sin que existan pruebas contundentes en su contra. Claramente se establece la existencia de un montaje a través de una declaración que fue obtenida bajo tortura, en un contexto de apremios ilegítimos para mantenerla a ella y a diez mapuches más encarcelados”, explicó Conejeros. “La situación de ella es crítica en este momento porque ella va por el día 13 de huelga de hambre para la cual no estaba preparada porque física y emocionalmente la Machi ha sufrido mucho. Su deterioro de salud ha sido continuo y permanente dentro del encarcelamiento en la cárcel de mujeres. Actualmente se encuentra internada en el Hospital Intercultural fuertemente custodiada por gendarmería y policía chilena”, denunció Conejeros el miércoles. La activista contextualizó: “Nosotros tenemos muy claro el origen de esta situación que se ha repetido por décadas: las mujeres, hombres y niños mapuches son violentados permanentemente, son víctimas de la persecución política del Estado de Chile y los empresarios. Buscan reprimir todo intento de levantamiento digno, de recuperación de territorio y también obedece a que la Machi tiene una actitud potente respecto a esto. Es una mujer que a través de los mecanismos legales ganó una demanda en contra de uno de los empresarios más poderosos de Chile”, aclaró. “La demanda fue por el resguardo de plantas medicinales sagradas y el triunfo fue en 2009 y luego de eso fue inculpada por otro caso en el que ella salió absuelta y ganó una demanda al Estado por haberla injuriado y maltratado. Estamos ante toda la violencia y persecución política de Chile hacia el pueblo mapuche, en este caso encarnado en una mujer que es la Machi Francisca Linconao”, planteó Conejeros.“De los diez mapuches que se encuentran detenidos, son cinco los que en solidaridad con la Machi se han sumado a la huelga de hambre unos días después de que ella comenzara para presionar a las autoridades del gobierno y a los jueces para que en el caso de la Machi fallen en forma favorable para que pueda esperar la sentencia en su propio hogar. Aquí la Ley Antiterrorista ha sido aplicada sólo a personas mapuches en Chile”, denunció sobre la legislación impuesta a países de América Latina por Estados Unidos. El amparo “Les quiero avisar que estuvimos en los alegatos del recurso de amparo que presentó la Machi en la Corte de Apelaciones a través del abogado defensor público Renato González que entregó todos los argumentos que van en contra de la encarcelación y la escasa argumentación del juez Luis Troncoso. Además se hizo parte en este caso defendiendo el amparo la intendencia”, contó Conejeros en uno de sus informes, el día jueves. “Nosotros creemos que es una contradicción porque esto obedece a las presiones mediáticas que nosotros mismos hemos ejercido y la presión internacional que puso en el ojo del huracán al gobierno de Chile. Eso sirve para reforzar el amparo. Nos dijeron que en 24 horas se dará una respuesta a través de internet en la página del Poder Judicial”, contó cuando aún no se conocía el resultado de la medida, que finalmente se anunció ayer por la tarde. Ya con la buena noticia en la mano, Conejeros informó: “Desde el Hospital Intercultural de Nueva Imperial les cuento que se ha acogido el recurso de amparo para la Machi Francisca Linconao. Esperamos que regrese a su hogar en la medida en que los médicos lo consideren. No estamos de fiesta ni celebración porque la Machi sigue bajo el estigma de la Ley Antiterrorista y todavía se espera un juicio para once familias”, aclaró. “Estamos tranquilos y vamos a velar para que la Machi se recupere. Las grandes corporaciones de los medios de comunicación se enteraron ahora de esta situación. Tanto la Machi como las otras cinco personas que la acompañan abandonarán la huelga de hambre hoy”, anunció. La Machi ya se encuentra en prisión domiciliaria en su casa, pero la batalla por su inocencia aún continúa. DESCARGAR
El militante por los derechos humanos y presidente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de La Matanza viajó a Jujuy para reunirse con integrantes de la Tupac Amaru, funcionarios de Gerardo Morales y visitar en prisión a Milagro Sala. En el programa Enredando Las Mañanas de la Red Nacional de Medios Alternativos, Pimentel habló de Sala y llenó de elogios su trabajo social, a la vez que fue duro con otros referentes sociales de la provincia. (Por RNMA) “En Jujuy escuchamos unos 30 casos hace quince días, dentro de los cuales Milagro Sala es uno más. Lo digo porque, en realidad, si no sería incoherente con mi definición acerca de la igualdad de la especie humana, aparte de Milagro y sus 11 compañeros presos. Antes de ayer metieron a la última, Graciela López, que denunció ese mismo día un montón de atrocidades y yo se lo dije a quien nos atendió como autoridad política del gobierno de Jujuy que fue el ministro de Gobierno y Justicia, Oscar Perassi”, explicó Pimentel. “Cuando la detuvieron lo llamé y le dije que esperaba que no fuera por la charla que tuve con él, en la cual le pedí que por favor le transmitiera a Gerardo Morales que está cometiendo con el voto popular la aplicación de métodos que hace cuarenta años nuestro pueblo rechazó y se están juzgado, que son los métodos del Terrorismo de Estado que dejó 30.000 compañeros detenidos desaparecidos, una deuda increíble, aplicar un modelo de dependencia. Eso está haciendo Morales”, denunció el militante.Además, Pimentel fue contundente ante Perassi: “Le advertí que ellos serán pasibles en el término de tres años de un juicio político en el que tendrán que dar respuestas por la violación de la constitución provincial, nacional y todos los pactos en materia de derechos humanos. ‘Con todo respeto se lo digo, Perassi, esto es así. La Argentina después de tanto dolor y tanta sangre se ha empoderado de derechos y no se va a dejar joder. Más temprano que tarde a ustedes se les va a acabar el poder, se va a revertir y se les iniciará un juicio político’. Ahí el me dijo que es peronista, entonces le pregunté, con más razón, qué hacía ahí. ‘Y, mire, le voy a decir la verdad, no todo el gabinete de Gerardo Morales está de acuerdo con la detención de Milagro Sala’”, contó y enfatizó: “¿Escucharon? No todo el gabinete de Jujuy está de acuerdo con la detención de Milagro Sala, ni de los 12 compañeros ni con el método de caza de brujas, de venganza que se está aplicando desde el 10 de diciembre de 2015. Entonces le pregunté por qué no lo dicen y Perassi me respondió que se tendrían que ir. Ahí está el peronista popular al que Evita le dio todo ese contenido para incluir a los sectores más pobres, hoy los están barriendo de la peor manera, armándoles causas”. Milagro Sala, para Pimentel, “está mal presa, la metieron presa porque les armó 300 carpas para que continúen todos los derechos adquiridos, después de eso empezaron con un mecanismo perverso a quebrar a gente de acuerdo a las necesidades económicas que son muchas y no con poquita plata”, dijo en referencia a los laderos de Sala que hoy están en el gobierno de Morales.Graciela López, añadió, “es la única amiga incondicional que le quedó a Milagro. Todos los demás, diputados provinciales, concejales, hombres y mujeres que han crecido al lado de la Tupac y de Milagro, todos se vendieron por plata a Gerardo Morales. Cuando volvemos a Buenos Aires, me llama Graciela López y me informa que le allanaron la casa y que la van a meter presa. ‘No, Graciela, dejate de joder, ¿cómo?’. La metieron presa. Esta es la realidad de Jujuy”, planteó.“Yo les decía a los funcionarios que nosotros somos de La Matanza y que todavía allí, en el Conurbano, tenemos ventanas para poder gritar y hablar, en cambio en el interior son feudos donde la gente depende de la buena voluntad de los medios nacionales para transmitir. Muchas veces por intereses económicos totalmente nefastos la información no sale, se oculta. Además, hay un temón enorme, Con Betty Capdevila (otra integrante de la APDH de La Matanza) pudimos percibir que está dividida la sociedad en Jujuy”, explicó Pimentel. El militante relató que en la reunión que tuvieron con el ministro de Gobierno y Justicia estaba también la directora de Mediación comunitaria: “Fue muy interesante porque están estableciendo contactos con toda la gente que armó, concientizó, formó la Tupac, la organización de Graciela López que es la Organización Civil Libertad y una treintena de otros agrupamientos. Esta señora de Mediación comunitaria llamada Gilda me decía: ‘Estamos tranquilos, Pimentel, desde que metimos presa a Milagro Sala podemos caminar, no hay piquetes, no hay extorsión, la gente está tranquila’”, aseguró Pimentel y consideró: “Está tranquila porque está con miedo, está tranquila porque Gerardo Morales está aplicando una política de venganza atroz. Esto lo vi hace cuarenta años durante la dictadura militar, a ustedes les falta secuestrar y torturar y lo están haciendo porque en cada allanamiento torturan y roban. Esto me lo dijo Graciela López, que es una mujer obesa de unos 60 años. La tiraron al piso, la apretaron con los borceguíes, le pusieron armas largas en la cabeza y le decían ‘gorda de mierda, vas a seguir los pasos de Milagro, ¿dónde está la guita?’. Ella respondió: ‘Ahí está, es mi jubilación’, y le llevaron los 11 mil pesos que había cobrado el último mes, lo que por supuesto quedó registrado”, denunció Pimentel.Cuando Pimentel dialogó con Perassi sobre la situación de Graciela López, “él me dijo que Gerardo Morales hizo una reforma en la instrucción penal preparatoria para cuando se hacen los allanamientos debido a que iba a haber muchos y sabiendo qué preparación básica tiene la sociedad de Jujuy, instruyó que en cada allanamiento debe haber un oficial de justicia. Si está el fiscal, el fiscal; si está el
A principios de agosto pasado se votó un tratamiento especial en la justicia a los casos de delitos aprehendidos en flagrancia, es decir, al momento en que se cometen. Ese protocolo ya estaba vigente pero sólo en el caso de los delitos simples, y se extenderá, si el presidente promulga la ley, a gran parte de las figuras que estipula el Código Procesal Penal. María del Carmen Verdú, militante antirrepresiva e integrante de CORREPI, dialogó con Alfredo Grande e Irene Antinori por Radio La Retaguardia en el programa Sueños Posibles. Durante su columna quincenal se refirió a las probables consecuencias de la aplicación de esta ley y lo que representa para la protesta social. La militante recomendó llevar “calzón de lata y manual del pequeño detenido en el bolsillo”. (Por La Retaguardia) La misma lógica en otras circunstancias Verdú informó los antecedentes de esta ley y cómo se venía aplicando hasta el momento la figura de flagrancia: “Para analizar la ley de flagrancia hay que retrotraerse un poco en el tiempo porque esto no es un invento que aparece en nuestra legislación, ya en 1998 se modificó el Código Procesal Penal y se metió un articulito, el 353 bis, que establecía que en todas las causas que se tramitan en la justicia nacional, en aquellos casos en que a criterio del juez y luego del fiscal no correspondiese la prisión preventiva por ser un delito menor, no tener antecedentes el imputado, si hubiese sido aprendido al momento de cometer el delito o inmediatamente después, en lugar de hacer el procedimiento normal que es indagar a la persona, esperar diez días, analizar la prueba que la defensa ofrezca, desarrollar ampliamente el proceso de instrucción con la posibilidad del imputado de llevar testigos, pedir pericias, objetar la prueba que presente el fiscal y recién entonces, muchos meses después si sale el alto de procesamiento o elevación a juicio, directamente en pocos días la causa pasaría a juicio oral”.Qué implica el protocolo “Ese es un procedimiento en el cual el tipo que no tiene la posibilidad de contratar un abogado se entera de qué lo están acusando casi al mismo tiempo que lo condenan, sin posibilidad alguna de haber discutido los hechos. Dentro de todo no era tan grave porque se trataba de delitos menores. En esta reforma que se votó en el Senado hace unos días y que no es ley, falta que la promulgue el presidente y salga publicada en el boletín oficial, porque ya venía con media sanción de diputados, lo que hace es extender este procedimiento básicamente a todo el Código Penal”, aseguró Verdú y explicó por qué: “Pone un tope en una pena posible de 15 años, sabemos que el máximo son 25 para el homicidio y hay un puñado de delitos con prisión perpetua y además dice que en algunos casos, en situaciones de abuso sexual, etcétera, hasta 20. Es decir que prácticamente todo el Código Penal queda sometido a este procedimiento donde ahora tenemos el agravante de que este tipo se va a enterar de que lo han condenado sin poderse defender y en muchos casos estando preso. Naturalmente, si habilita para los casos de prisión preventiva también sucede eso”.Según Verdú, en los delitos comunes cometidos por personas pobres, “en un porcentaje altísimo que ronda el 90% la defensa es oficial, no es un defensor particular, y el defensor oficial abarrotado de causas lo que hace es ver una sola vez a ese defendido y decirle que agarre un abreviado. Así termina todo el mundo condenado sin haber tenido oportunidad de defensa”, denunció la abogada. “Así sucederá en las causas armadas, cuando se ha tratado de ámbitos de manifestaciones, de protesta, de causas iniciadas en términos de conflicto gremiales, donde sistemáticamente se aplica la flagrancia, lo que sucede es que al intervenir nosotros y plantear el procedimiento normal desbaratamos causas fraguadas y a esto lo podemos comprobar con hechos bien concretos. Además, en provincia de Buenos Aires hace ya muchos años que existe este mecanismo tal como ahora se impone para toda la nación”, explicó. Tapado por el arrepentidoDurante el gobierno pasado, se votó lo mismo en la Cámara de Diputados y de Senadores de la Provincia. “Es un peligro para el militante pero también para el ciudadano común sin recursos. Se votó en diputados a principios de agosto pero pasó inadvertido porque el mismo día se votó también el famoso proyecto del buche, el infiltrado y el provocador. O sea, ellos lo llaman, el arrepentido, el revelador y el informante”, contó. Según Verdú esa noticia “acaparó las notas y los titulares de los diarios porque se aprobó prácticamente por unanimidad sólo con las bancadas de izquierda en contra. En este punto no hay ruptura ni escisión entre macristas, kirchneristas, Partido Renovador, partidos provinciales, etcétera, sólo votó en contra el Frente de Izquierda”.La abogada explicó lo que implica la nueva ley de flagrancia en términos prácticos: “Vos vas caminando por la calle, alguien atrás tuyo grita ‘allá va, ese me robó’, porque no es solamente el detenido por la policía sino que tiene una expresión para analizar: ‘El detenido por la autoridad pública, por la víctima o por el clamor popular’. Es la legalización del linchamiento. Alguien grita que robaste, una turba te alcanza, te mata a palos, te entrega a la policía, en el mejor de los casos, y en quince días va a juicio. Cuando una persona es detenida, además, pasan dos semanas hasta que puede organizar sus visitas, recibir a su familia, discutir qué abogado va a elegir, ver si está la plata para contratarlo o pedirle a su familia que vaya a hablar con el defensor oficial, que le cuente que tal día a tal hora no estaba donde dicen que estuvo”, explicó Verdú. La abogada, además, aportó un ejemplo: “Hoy, justamente, asistí a un cliente particular de mi estudio que tuvo una discusión con una persona en la calle, él admite que en uno de los golpes rompió la ventanilla del auto
Victoria Aguirre es una joven de 23 años que lleva 18 meses presa en Misiones por el asesinato de su hija Selene, que tenía dos años y medio y sufría un retraso madurativo. La justicia no escuchó a Victoria, que denuncia a Rolando Emilio Lovera de maltratos contra ella y su hijita, y la mantiene privada de su libertad cuando en realidad se trata de un caso de femicidio vincular. En el Enredando las Mañanas del jueves pasado, tras haber escuchado una entrevista de La Retaguardia a su hermana Claudia, charlamos con Emilia Marian, que la visitó en la cárcel. (Por RNMA) Foto: Victoria Aguirre (Revista Superficie) “A partir de enero a él le da un ataque de celos por las atenciones que tenía mi hermana con Selene, su hija”, narró Claudia. “Entonces comienza a maltratar a la nena, mi hermana le pide que no le pegue, que si la golpea se puede morir y la respuesta de él fue ´¿vos me estás diciendo que yo soy culpable de la enfermedad que tiene tu hija?´ y comenzó a sacudirla, a golpearla, a tirarla hacia arriba”. Selene tenía dos años y medio y un retraso madurativo. “Mi hermana se la quita de los brazos y él comienza con las agresiones, tanto verbales como físicas, y le rompe el teléfono a ella; la encierra en la pieza y se va a trabajar -trabajaba como sereno en una arenera-. Al regresar el otro día a la mañana ve que mi hermana tenía armado el bolso para volver con los padres y se enoja mucho más que a la noche y las vuelve a castigar, tanto a ella como a la nena”, explicó la mujer: “así sucedió varios días y ella no les podía avisar a mis padres porque no tenía celular; él le prestaba el suyo para hablar pero teniendo a la nena en brazos y amenazándola con que si decía lo que no tenía que decir la mataba, porque también tenía un cuchillo o un arma de fuego, entonces mi hermana decía lo que él le pedía por miedo a que mate a la nena”. “A partir del 20 de enero comienzan las agresiones más fuertes, con abusos sexuales a mi hermana y amenazas más potentes”, detalló Claudia Aguirre: “ya no la deja más en la casa encerrada, sino que la lleva con él a la arenera a dormir con la nena arriba de un cartón, en el piso, al resguardo de un techo de dos por dos cuando llovía, se salpicaban; la nena no podía estar en esas situaciones porque le agarraban sus ataques”. Perversamente, mientras Victoria no podía tener contacto con su familia, “él posteaba fotos en Facebook diciendo que se iban a Ituzaingó, fotos de la nena poniendo que estaba chocha viajando”. El 27 de enero Victoria logró que llevaran a Selene al hospital. Lo convenció diciéndole que era por unas alergias que tenía, pero en realidad era para que se den cuenta de los golpes y la ayudaran. “Ella creía que la nena se iba a salvar porque iba a estar al resguardo de la justicia, pero no sucedió, porque los médicos no hicieron nada”, dijo Claudia. Mientras los médicos atendían a Selene llegó el horario en el que él entraba a trabajar a la arenera, entonces le exigió a Victoria que se llevara a la nena, pero ante el planteo de que la dejaran un rato más porque estaba medicada “él la miró a la doctora y le dijo ´fijate lo que le hice a la nena, imagínate lo que te puedo hacer a vos´, y la médica no hizo nada, así que mi hermana se tuvo que ir con él”. “Esto fue el 27 de enero, el 29 de enero ella vuelve al hospital, pero ya con su hija sin vida”, contó la hermana de la mujer que ya lleva un año y medio en prisión. “En ese momento recién sí llamaron a la policía, la detuvieron a ella, él se fugó y lo atraparon recién a las cuatro de la tarde y porque el jefe del comando lo buscó para decirle que tenía que declarar que mi hermana mató a la hija porque si no lo iban a detener a él”. “A ella la sacaron arrastrándola del hospital a la comisaría, la encierran en un calabozo y le piden a mi mamá que compre calmantes porque ella estaba muy mal” cuenta Claudia; “obvio que iba a estar mal si su hija estaba muerta”. La hermana de Victoria detalló también que el médico policial le revisó solamente “desde los tobillos hasta las rodillas y desde las muñecas hasta el codo” y que “mi hermana tenía moretones en la espalda, eso lo vieron las otras detenidas, lo vimos nosotras y lo vieron las mujeres policías que estaban ahí”. Quienes integramos la Red Nacional de Medios Alternativos nos acercamos a la historia de Victoria Aguirre en el 13º Encuentro de la comunicación comunitaria, alternativa y popular que se realizó en Posadas. Emilia Marian, militante y periodista, participó del encuentro y tuvo la posibilidad de visitar a Victoria en la cárcel y escuchar su testimonio, del que no pudo ni siquiera tomar apuntes en papel, porque no le permitieron ingresar elementos de registro para la entrevista. “En Victoria encontré una joven con fuerza a pesar de lo estropeada que está por toda la violencia que sufrió, tanto física como mental y como institucional”, definió la comunicadora. “Nos relató la situación en particular de la cárcel como presas, de tener una sola ducha para 15 mujeres del pabellón, que la comida es malísima, las agresiones a las que la someten”, resaltó Marian y contó que “a ella cuando entró la tuvieron 24 horas aislada, parada y acusándola de haber matado a su hija; es decir que continuó viviendo violencias”. “En el caso puntual de Victoria, lo que tenemos que decir es que padeció un femicidio vincular, igual que en el caso de Yanina González”, explicó: “el femicida, que en este caso es Lovera,
Eso pensó la única persona a la que Victoria Aguirre le pudo pedir ayuda mientras estaba secuestrada junto a su hija por su ex pareja. El hecho sucedió unos días antes de que Selene, la niña, fuera asesinada a golpes. Aguirre está presa hace 18 meses acusada de haber participado del crimen. Ese pensamiento del hombre que no la ayudó, da cuenta de la naturalización de la violencia contra las mujeres.. (Por La Retaguardia)Foto: los papás de Victoria en el Encuentro de la RNMA en Posadas. “Mi hermana tiene 23 años y está detenida desde el 29 de enero de 2015. Ella tenía una nena de dos años y cuatro meses al momento de fallecer a la que le habían diagnosticado retraso madurativo por calcificaciones del cerebelo lo que le provocó distintos tipos de ataques”, introdujo Aguirre. Los ataques que sufría la niña, Selene, eran cardiorespiratorios o epilépticos, “y había una medicación específica que no debía faltarle nunca. Mi hermana era estudiante de magisterio y cuando diagnosticaron la enfermedad ella decidió que iba a hacer de la docencia no sólo su pasión por los chicos sino también un medio para sacar adelante a su hija. Llegó a tercer año del magisterio, donde conoció a Rolando Emilio Lovera, se fue a vivir con él a alquilar una casita”, contó. Para Aguirre, en un principio, “todo iba bien, como cualquier pareja sólo que con una nena. Él ya venía de un par de matrimonios o parejas fallidos y pensaron que iban a tener una vida tranquila”. El infierno “A partir del 13 de enero a él le dio un ataque de celos por las atenciones que tenía mi hermana con su hija Selene. Comenzó a maltratar a la nena y mi hermana le planteaba que no hiciera eso, que ella no se podía golpear, que tenía problemas en la cabeza y podía morir. La respuesta de él fue: ‘¿Vos me estás diciendo que soy culpable de la enfermedad que tiene tu hija?’ y comenzó a sacudirla, a golpearla, a tirarla hacia arriba a la beba”, relató Aguirre sobre el primer episodio de violencia física que manifestó Lovera. Explicó, además, que su hermana se defendió quitándole a la niña de los brazos y él reaccionó con agresiones verbales y físicas, “le rompió el teléfono y la encerró en la pieza y se fue a trabajar. Él era sereno en una arenera acá en Oberá, la arenera Simon. Al regresar al día siguiente por la mañana, mi hermana tenía armados los bolsos para volverse con mis padres y él se enojó mucho más que la noche anterior y las volvió a castigar a ella y a la nena”. Aguirre agregó que la mujer estuvo alrededor de una semana sin hablar con su familia: “Él le prestaba su celular pero mientras tanto tenía a la nena en brazos y la amenazaba: ‘Si decís lo que no debés, yo mato a tu hija’. Él solía estar con un cuchillo o un arma de fuego en la mano y entonces mi hermana decía lo que él le pedía”, aseguró.“A partir del 20 de enero comenzaron las agresiones más fuertes, abusos sexuales hacia mi hermana, amenazas más potentes, ya no la deja más en la casa sino que la lleva con él a la arenera a dormir arriba de un cartón con la nena. El mes de enero en Misiones hizo mucho frío, fue muy lluvioso y la nena dormía allí, en el piso”, denunció Aguirre y agregó que el techo era de dos por dos, por lo que se salpicaba todo debajo. “La nena no podía sufrir frío ni calor porque se enfermaba, se ponía mal y le agarraban sus ataques. Nosotros no pudimos tener contacto con mi hermana durante todo ese tiempo, en el que él posteaba fotos en Facebook diciendo que ellos se iban a Ituzaingó, fotos de la nena que decían ‘la Chili está chocha viajando a Itu’. Sin embargo, en esos días, mi sobrina Selene estaba tan golpeada que la terminaron llevando al hospital por supuestas alergias”, contó y explicó: “Mi hermana le metió en la cabeza a él que ella tenía alergia creyendo que si la llevaba al hospital el médico la iba a revisar, se iba a dar cuenta de los golpes e iba a hacer una denuncia y se iba a salvar”. Las instituciones Los médicos, aseguró Aguirre, no hicieron nada. “Pasadas unas horas, insistieron para que mi hermana la retire del hospital. Ella hizo la denuncia con los profesionales por los golpes y ellos los constataron. Ella le dijo a la médica que la atendió que la nena estaba golpeada, que llame a la policía así podían salvarle la vida a la criatura, pero no lo hicieron. Cuando llegaron las seis de la tarde, que era el horario de ingreso al trabajo en la arenera, él le insiste a mi hermana con que la retire y ella responde que no, que estaba medicada, que estaba tratándose, intentando quedarse en el hospital”, aseguró sobre los intentos de Victoria de salvar a la bebé, quedándose en el hospital. “Él le responde mirando a la doctora: ‘Fijate lo que le hice a la nena, imaginate lo que te puedo hacer a vos’. La doctora no hizo nada. Mi hermano terminó retirando a su hija y yendo a la arenera. Esto pasó el 27 de enero. El 29, ella vuelve al hospital, pero con su hija sin vida”, contó desgarrada.“Ahí sí llamaron a la policía, la detuvieron a ella; este desgraciado se fugó y lo atraparon recién a las cuatro de la tarde porque el jefe del comando radioeléctrico de Oberá salió a recorrer todos los posibles domicilios para decirle que tenía que ir a declarar que ella mató a la nena porque le había confesado. Que si no lo iban a detener. Nosotros estamos a escasos 50 kilómetros de la zona fronteriza con Brasil”, explicó Aguirre para dimensionar la gravedad del asunto. “Era muy fácil para él fugarse, le hicieron un operativo
Se reflotó en la Ciudad de Buenos Aires la idea que había planteado el gobierno del Frente para la Victoria, esta vez empuñada por el jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta, de trasladar la cárcel de Devoto a la localidad de Mercedes. María del Rosario Fernández, integrante de la Agencia para la Libertad, dialogó con Otras Voces, Otras Propuestas, en Radio La Retaguardia, y sentó el posicionamiento de su organización al respecto. (Por La Retaguardia) “Rodríguez Larreta retoma un anuncio que había hecho en su momento en el plan de seguridad nacional la ex presidenta Cristina Fernández que en su gobierno dijo que la cárcel de Devoto tenía que ser trasladada a la localidad de Mercedes. Ahora el jefe sostiene que hay que hacerlo sin explicar el porqué. Si pensamos en los antecedentes, vemos que en la presidencia de Menem, cuando se trasladó Caseros, Menem quiso construirla en Marcos Paz y Ezeiza”, recordó la abogada. Para Fernández, las consecuencias son claras: “Un alejamiento de los detenidos de sus familias. Todas las personas que están detenidas en la cárcel de Devoto están casi todas procesadas y son del Conurbano, del primer cordón. No es lo mismo para una familia pagar un pasaje a Devoto que hacer doscientos kilómetros hasta la localidad de Mercedes. Una de las características fundamentales del cumplimiento de la ejecución de la pena que es la reinserción social, el vínculo familiar, se estaría quebrando”, aseguró. Para la abogada, ese es un dato crucial, pues la primera pregunta de los jueces a la hora de otorgar beneficios es si hay contención familia “¿Cómo va a tener contención familiar si estaba en Devoto y lo trasladaron a Mercedes? La familia no puede ir ahí. Siempre termina pagando el pato el pobre”, denunció.“Otra característica fundamental que puede llegar a pasar es que no sólo se alejan de la familia sino también de su abogado defensor. Ya va pocas veces a Devoto si es un defensor oficial, imaginemos si se tiene que trasladar a Mercedes para poder armar una estrategia de juicio o ver cómo acompaña la ejecución de la pena”, agregó. La causa “Es un problema de clase. Tengamos en cuenta que el terreno donde está ubicada la cárcel de Devoto es una de las zonas más caras de la Capital Federal. Sería un negocio inmobiliario perfecto. La gente que compró sus casas cerca de la cárcel pagó un costo muy bajo por ese motivo. Si la cárcel se traslada, su propiedad se va a ver incrementada en el valor, porque allí habrá un shopping o edificios”, reveló Fernández, y añadió que “la clase burguesa no quiere cárceles en la Capital Federal, esto es esconder la basura debajo de la alfombra. Los llevamos lejos así no nos enteramos de las torturas que sufren, del abandono. El detenido, esto se ve en el Servicio Penitenciario Bonaerense, cuando sale un traslado a Junín o a Urdapilleta, pierde todo tipo de contacto con la familia, con los jueces, con los abogados defensores”, denunció. Para la abogada, así, los reclusos “quedan a la deriva, no llegan a sus juzgados. Un detenido que quiere reunirse con el juez de ejecución porque quiere hablar sobre la condicional, el Servicio responde que no hay móviles ni combustible estando en Devoto, imaginemos si lo trasladan a Mercedes. Nunca más tiene contacto con su juez de ejecución”.Estudiar en la cárcel “En Devoto está el Centro Universitario de Devoto (CUD), que es único en el mundo y funciona hace más de 30 años. Allí se dictan cinco carreras y un montón de talleres. Hay que tener en cuenta de que los detenidos que estudian una carrera universitaria, cuando salen a la sociedad y se reinsertan, tienen un siete por ciento de reincidencia. Estudiar les viene bien, capitalizan su encierro”, aseveró la abogada. “El detenido que no estudia tiene más del cincuenta por ciento de probabilidad de reincidencia. Si se traslada la cárcel a una localidad de la Provincia, ¿qué profesor va a ir a dar clases a Mercedes? Tengamos en cuenta que la gran mayoría de los docentes en contextos de encierro lo hacen ad honorem. Ya no va a haber la misma capacitación que hay disponible ahora en el CUD”, planteó la abogada. La exigencia “Todos los organismos de derechos humanos y la Procuración Penitenciaria de la Nación apoyan nuestra posición. Están armando estrategias legales y políticas para poder frenar esto, nosotros podemos ayudar y acompañar, pero las decisiones las tienen los organismos”, consideró. Según Fernández, sólo la Procuración Penitenciaria controla lo que sucede en cárceles generales, “es la que está presionando al gobierno para que esto no se haga. Esto sería un amplio beneficio para la clase burguesa y muy grave para el pobre. Vemos que este gobierno con todas sus medidas siempre apunta al pobre”. DESCARGAR
El juicio por la masacre de Curuguaty, aquel episodio por el que un improvisado juicio político destituyó en Paraguay al ex presidente Lugo, está entrando en su etapa final. Ángel Fernández Schejtman, conductor del programa Paraguay Vive en Radio La Retaguardia y observador del debate oral, dialogó en Enredando Las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos, sobre los orígenes de la masacre, las expectativas en materia de sentencia y el contexto político en que se produjo. (Por RNMA) Gestación “El actor principal de esta causa es el latifundio heredado de la dictadura stronista en la que los generales y políticos del Partido Colorado se repartieron las tierras a gusto y piacere desalojando a quienes habitaban ancestralmente esos lugares, en su mayoría familias campesinas que hacen una explotación amigable del suelo con esa inteligencia ancestral que tienen los paraguayos que mantienen unas parcelas de tierra para su alimento y el excedente se cambia y vende”, explicó Fernández Schejtman. “La producción de esas tierras es familiar, trabaja todo el núcleo y es un reservorio de lo mejor que tenemos y que cada día perdemos más: el contacto con la tierra y con los seres humanos. Dicho esto, tenemos que decir que desde hace muchísimos años, desde antes de la dictadura de Stroessner, con la que después se acentúa esta situación, los campesinos desalojados de las tierras, los propietarios ancestrales, yiran y dan vueltas por Paraguay para conseguir aunque sea una parcela para sostener su producción”, contó sobre el destino de los expulsados.“Así se llega entonces a la ocupación de un campo que se llama campo Morombi, citado en el departamento de Curuguaty y que tiene como nombre genérico Marina Kue, Marina porque en su momento fue cedido a la Armada y luego entró en una donación medio rara por la que termina apoderándose de esas tierras la familia Blas Riquelme, del presidente del Partido Colorado y sostén del dictador Stroessner. Hablamos de más de 2200 hectáreas, algunas productivas, otras bosque y el resto forma parte de una explotación de plantas de marihuana. Esto es una cuestión vox pópuli”, aseguró Fernández Schejtman. “Al 15 de junio de 2012 se encontraban 70 personas, la mayoría niños, mujeres, ancianos, embarazadas y padres de familia. Surge un juez en Curuguaty que, mediante un pago que recibió de la familia Blas Riquelme para hacer un desalojo, emite una manda para determinar quiénes eran los ocupantes de la tierra. La fiscal toma el mandato judicial emanado del Tribunal y lo transforma en una requisa porque denunciaban falsamente que había un grupo guerrillero que estaba ocupando las tierras y que tenían armas de grueso calibre. Por sí misma, entonces, la fiscal transgrede la orden judicial y con un grupo de 400 policías entre los que había 150 pertenecientes a grupos especiales militarizados de la policía paraguaya, con intervención de un sector de inteligencia del Ejército, con helicópteros, patrulleros y pocos medios de comunicación se comienza un operativo que se fue desgranando a lo largo de los programas que venimos emitiendo en Paraguay Vive y se desnudó que esto fue una maniobra y una masacre programada disfrazada de desalojo campesino que terminó con la muerte de 17 personas, once campesinos y seis policías”, denunció Fernández Schejtman al tiempo que relataba la masacre. “En este momento están sentados en el banquillo de los acusados solamente doce campesinos y se los imputa del asesinato o el homicidio de los policías y no hay nadie juzgado ni investigado por la muerte de los once campesinos más los heridos más los desalojados y los que están presos”, aclaró.La historia se repite en América Latina “A todas vistas esto deriva en una excusa para hacer un golpe blando en Paraguay que termina desalojando al presidente constitucional, legítimo y legal, Fernando Lugo, mediante una parodia de juicio político que se sustanció en menos de 36 horas. Ese es un plazo perentorio que no está dentro de ningún canon ni regla jurídica, parlamentaria o racional. Lugo fue acusado de ser culpable de esta masacre, de no estar capacitado para ejercer el mando y fue desalojado del poder asumiendo en su lugar el vicepresidente Federico Franco que luego traza un puente de plata para que llegue al gobierno el neoliberal de hoy, Horacio Cartes”, aseguró sobre las razones profundas del episodio. “Cuando decimos que este juicio es fundamental tenemos que trascender las fronteras de Paraguay porque desnuda un modus operandi de los sectores concentrados de poder donde convergen intereses comerciales, criminales, donde se da una apoyatura mediática para justificar estos operativos y esto no es propiedad exclusiva del Paraguay. Lo mismo pasa en el norte de Argentina con la gente del Movimiento Campesino de Santiago del Estero, en Misiones, en Salta, en el sur con los mapuches, pasa en Brasil con el Movimiento Sin Tierra, en Chile y Perú, ni hablar, pasa en Colombia”, denunció Fernández Shejtman. David y Goliat A propósito de los antecedentes, el comunicador se refirío a un caso conocido para los movimientos sociales y por La Gremial de Abogados, “el de los 6 campesinos presos que fueron extraditados de Argentina bajo diversas acusaciones y enfrentan una condena firme de 35 años. O sea, no solamente en Paraguay sino en toda América Latina, los campesinos, tengan o no razón, tienen una condena de antemano, sea lo que sea que hagan o que no hagan. Es lo mismo. Hay un trazo vector que es la lucha por la tenencia de la tierra y un enfrentamiento de fondo que podríamos definir como una lucha entre David y Goliat. Goliat es Monsanto, son los latifundistas, los terratenientes, el poder concentrado, los grupos financieros y los gobiernos neoliberales que hoy en día crecen como hongos en la patria grande”, denunció. Fernndez Shejtman agregó que episodios similares ocurrieron también en México y Venezuela. “Cuando decimos que es importante el tema de Paraguay es porque es un espacio, un territorio, una construcción filosófica donde para afuera nunca pasa nada y en realidad suceden las peores aberraciones. El establishment
Lo denunció el ex detenido durante el golpe genocida Rubén Fourcade, quien se organiza con otras víctimas para exigir la celeridad de los procesos burocráticos previos a la asignación de pensiones, asistencia y resarcimientos para las víctimas del Terrorismo de Estado. El militante aseguró que, luego de la asunción de Mauricio Macri, los trámites se estancaron por completo, aunque ya avanzaban con lentitud. Tras una movilización realizada este mediodía, el próximo paso será en la ESMA el próximo miércoles, para exigir una reunión con el secretario Avruj. (Por La Retaguardia) Foto: movilización realizada hoy a la secretaría de dd.hh.El desguace “Nosotros formamos parte de un colectivo llamado Víctimas del Terrorismo de Estado, una agrupación. Hay otras agrupaciones, un montón de compañeros hemos votado esta situación del genocidio. Estamos muy preocupados porque creemos que nunca en 40 años de democracia estuvieron tan en peligro todas las leyes de derechos humanos, todas las conquistas de este pueblo que tanto ha sufrido. Nosotros estamos reclamando la aplicación de las leyes reparatorias que son hasta acuerdos internacionales. Estamos observando el desguace de organismos (públicos) de derechos humanos como la Secretaría, el Centro Ulloa, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos”, aseguró Fourcade, refiriéndose a todas las instancias que apoyaban a las víctimas. “Cada vez que vamos en grupos, colectivamente como haremos el 8 de junio -nos dijo hace algunos días-, nosotros reclamamos nuestros derechos. No hay nadie que baje órdenes, según ellos tienen todo atorado para firmar. Los presupuestos para las pensiones ya estaban firmados desde el gobierno anterior y este gobierno se niega a pedirlas. Estamos haciendo un reclamo aproximadamente unas 30 mil víctimas del terrorismo de Estado. Estos datos los sacamos nosotros directamente de las entrevistas que hemos tenido con los directores de área de la Secretaría o el Ministerio, no son datos que hemos sacado de cualquier lugar”, explicó. Fourcade denunció que sólo se han otorgado unas 6 mil pensiones y que el gobierno se niega a reconocer leyes reparatorias.“Estamos viendo que hay áreas que son muy sensibles en la secretaría de Derechos Humanos, como la de memoria, la de los médicos forenses, que han sido desguasadas. En el caso del Centro Ulloa, concurrimos a Buenos Aires y visitamos a los trabajadores, que nos decían tienen apilados cientos de expedientes, porque nos evalúan psicológicamente, y que la orden es no movilizarlos. Esto produce un choque dentro de las necesidades de la gente que está sufriendo esta situación”, aseveró. Volver al trabajo después de la prisión “Más del 80% de los compañeros que pasaron por los centros clandestinos eran trabajadores. En mi caso, por ejemplo, la fuerza represiva me arrancó de la fábrica. Entonces, lo que hizo el gobierno en los ’90 fue pagar los días caídos, es decir, los días que nosotros no habíamos trabajado. Con los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner lo que se hizo fue profundizar todas las leyes”, señaló Fourcade y añadió que “allí comenzaron a identificarse víctimas que tenían daños psicológicos irreversibles, compañeros que actualmente incluso están internados en neuropsiquiátricos, compañeros torturados que perdieron piernas, riñones. Eso fue lo que la ampliación de estas leyes intentaba reparar y eso es lo que en este momento se está negando. Muy poca gente ha podido acceder a estos derechos y siempre fue mediante la presión”, aseguró. Fourcade destacó que la movilización de su grupo no es reciente: “Fuimos a pelear al Congreso durante el gobierno anterior para que saliera la pensión porque muchos de los que fuimos víctimas del Terrorismo de Estado no hemos podido acceder a ningún tipo de trabajo. Y los que volvimos a nuestros trabajos queriéndonos acoger a la ley, por ejemplo en mi caso, ahora tengo 77 años, estuve ocho años detenido y me costó muchísimo comprobar que había estado detenido para que eso formara parte de mi jubilación”.Hubo profesionales que no podían jubilarse por falta de aportes, “entonces salió esta pensión nacional que fue hecha en base a la lucha de nuestra gente, un montón de miles de compañeros. Una vez que se hizo esta ley, lograron más o menos meter unos 3 mil compañeros. Llegando al final del gobierno de Cristina se sumaron unos 5 mil o 6 mil compañeros, y habrán dado unas 500 o 600 pensiones más. Hay 30 mil en espera acorde a la ley y los decretos como corresponde y que no pueden acceder a estos beneficios”, informó. “Ni que hablar de las reparaciones que ofrece la Ley Ulloa, como nosotros le decimos, que contempla a las víctimas con daños psicológicos y físicos. Hasta ahora no nos recibieron nunca. Recién el lunes pasado me llamaron de la secretaría de Derechos Humanos de la Nación porque, como sabían que íbamos a movilizar hoy… Claudio Avruj, el actual Secretario, nos va a recibir en una audiencia. Nosotros lo que necesitamos es la aplicación de la ley, no más vueltas a esta situación”, aclaró Fourcade, en referencia a una audiencia que finalmente no se concretó y pasó para el próximo miércoles en la ESMA.Las expectativas Fourcade explicó cómo continúa la agenda: “Somos delegaciones de Córdoba, de Tucumán, de Chaco, Corrientes, Entre Ríos más todos los compañeros organizados en Buenos Aires. Como nosotros tenemos Facebook y hacemos correr todo esto por una serie de redes en las que convocamos, ellos se enteran también. Más allá de las leyes reparatorias, nosotros estamos muy preocupados. Tenemos un colectivo muy grande en Córdoba y hay compañeros que están viviendo esta situación con mucha preocupación porque no nos reciben a nosotros, las víctimas, pero sí reciben a los abogados o a los familiares de los genocidas”, denunció. “Ese avance en derechos humanos nos tiene muy preocupados. La semana pasada nos reunimos con Estela de Carlotto y comentamos esto, ella nos explicaba más o menos cuál era la situación en los organismos. Hay que explicar nuestra situación y nuestra preocupación”, consideró.La cárcel común en la dictadura “Yo estuve siete años detenido blanqueado. Fui llevado en marzo de 1975 y preso hasta 1983. Mi cautiverio fue primero en
Lo aseguró el dirigente político de la organización Quebracho en el marco de un diálogo con Alfredo Grande por Radio La Retaguardia en el programa Sueños Posibles. La charla fue para analizar los cuatro meses que pasaron del gobierno macrista, los errores que garantizaron su ascenso y las proyecciones futuras de un frente político que apenas asoma, Tierra, Techo y Trabajo. (Por La Retaguardia) “Lo estructural de la pretensión de este gobierno claramente es un modelo de restauración neoliberal. Es casi calcado de lo que son las políticas del consenso de Washington, de la instrucción del Estado y demás. La gran diferencia es que ahora venimos de una experiencia donde hubo recuperación de derechos, de la política. Aquel neoliberalismo nacía en un momento de apogeo del posmodernismo con una derrota cultural formidable a nivel global y regional”, consideró Esteche. Luego, se adentró en el contexto político previo: “En términos regionales, venimos de una experiencia de cultura política, de protagonismo militante y recuperación de derechos con desigualdades, con algunas similitudes entre cada uno de los procesos en nuestra América pero que ha dotado a los pueblos de una subjetividad que les permite enfrentar esta situación con una calidad absolutamente distinta a la de los ’90. En aquellos años hubo que remar prácticamente desde cero contra la corriente, había un proceso de constitución contrahegemónica que amasar y ahora hay una hegemonía en disputa en términos de la cultura que es una fortaleza formidable para vestirnos de optimismo respecto de lo que enfrentamos”, destacó.La gestación del candidato neoliberal “El diciembre anterior a la denuncia de Nisman, el que llegaría a ser oficialismo era Massa, de ninguna manera era Macri. De hecho la desesperación de Lilita Carrió tenía que ver con la debilidad que advertía. A partir de la denuncia Nisman y como parte del múltiple impacto que tuvo esa operación de carácter internacional respecto de la política nuestra, nosotros decimos que una tercera hija de Nisman es la candidatura de Mauricio Macri donde no hizo poco el kirchnerismo por consolidarla tanto en términos de elegirlo como alteridad como en el marco de una producción política que en muchos casos confiscó la posibilidad formidable que se le presentaba al movimiento popular de poder construir candidaturas progresistas o alternativas políticas para profundizar lo que se venía desarrollando”, analizó el dirigente político. Para Esteche, tanto Macri como Scioli eran, en el inconsciente cultural, “dos candidatos de corte conservador. El pueblo entendió claramente que a pesar de las trayectorias personales de cada candidato había un acumulado reaccionario de un lado y un acumulado popular del otro”. -Alfredo Grande: ¿Vos decís que Scioli tenía un acumulado popular? Luis D’Elía, que ahora está muy cerca de ustedes, lo criticó hasta una semana antes… -Fernando Esteche: La gestión de gobierno de Scioli en la provincia de Buenos Aires fue, para nosotros, reaccionaria. Para ser concreto, la trampa que le hacen a los delegados sindicales de la Dirección General de Escuelas, en la que los llaman a una reunión y después los meten presos, una de esas delegadas es la mamá de mis hijas mayores. Es decir, nosotros sabemos quién es Scioli, cómo se maneja, cómo produjo la política. Pero, luego, esta bendición desde las alturas que se le da a Scioli con la candidatura hace que los sectores populares se encolumnen detrás. Nosotros mismos, que jamás participamos de elecciones, jamás tuvimos una posición propositiva en términos electorales, pero ante lo que expresaba Macri nosotros entendíamos que Scioli ofrecía un campo donde estaban los sectores populares en una situación de tensión y de disputa pero mucho más favorable que lo que ofrecía el articulado que estaba atrás de Macri. Lo de Luis sí, seguro es así. Esto nos pasó a todos nosotros, a nosotros como organización, que tuvimos que tomar una decisión frente al balotaje. En la primera vuelta no nos posicionamos, pero lo que se enfrentaba luego nos parecía que había dos acumulados diferentes jugando de un lado y de otro. Esa situación de que haya dos candidatos con esas características también tuvo que ver con cómo se vino produciendo política, construyendo bendiciones, candidaturas y demás en los últimos diez años. Eso también fue un modelo político que creo que fue parte de la debilidad de este proyecto.-AG: ¿Fuiste preso político del kirchnerismo?-FE: En el 2004, en distintos momentos y funciones que tuvo Aníbal Fernández en el gobierno, como ministro del Interior o Jefe de Gabinete, pero siempre manejando a la policía, estuve en varias situaciones en el 2004 en la clandestinidad con pedido de captura, en 2007 en prisión y salimos gracias a una huelga de hambre con el compañero Lezcano y, después, en 2014, en la última etapa de prisión. Sí hubo una responsabilidad del kirchnerismo en cuanto a judicializar protestas sociales y después largar ese proceso a una inercia que obviamente no manejó como pretendía y eso provocó en varios casos situaciones de cárcel para los compañeros. Nosotros nos reivindicamos como presos políticos entendiendo la complejidad de lo que fueron estos diez años de kirchnerismo más allá de nuestra suerte particular. Podemos dilucidar la diferencia de lo que fueron los últimos diez años para todos los argentinos de lo que son estos últimos cuatro meses.-AG: ¿Qué opinás de Luis D’Elía felicitando a Juan Marino de la Tendencia Piquetera Revolucionaria diciéndole “tu troskismo es fundamental en el Frente Ciudadano”? -FE: Se refería a un acto donde estuvo Luis, el Cuervo Larroque, el intendente (de Avellaneda) Ferraresi. Esto es algo que organizó Juan, pero estamos muy cercanos y entiendo de qué se trata. El troskismo, hasta donde sabemos, en épocas en que Nahuel Moreno usaba su nombre, sí hizo este intento de lo que llamaron entrismo en el primer peronismo de 1945. Al margen de eso, el propio Trotsky tuvo situaciones de repudio a los troskistas en México en el gobierno de Cárdenas cuando se nacionalizó el petróleo. Es muy complejo pretender definir las cosas como si fueran una sola y que eso no tuviera dinámica. Juan Marino es
Belén fue condenada a 8 años de prisión por la Sala III de la Cámara Penal de Tucumán por homicidio doblemente agravado por el vínculo y alevosía luego de cursar un aborto espontáneo el 21 de marzo de 2014 en el Hospital de Clínicas Avellaneda, en esa provincia. La acusación plantea que la joven parió en un baño y luego mató a su bebé prematuro. Su abogada, Soledad Deza, integrante de Católicas por el Derecho a Decidir, plantea actualmente que la instrucción de la causa debe ser anulada de plano, pues se cimentó sobre la base de la violación de la confidencialidad médico-paciente. Durante el programa radial La Retaguardia, María Eugenia Otero y Fernando Tebele, dialogaron con la profesional sobre la apelación próxima. (Por La Retaguardia) Foto: www.notas.org.ar“Estoy preocupada como estamos en Tucumán y creo que en sintonía con todo el país en un caso muy desafortunado. Belén entra en la madrugada del 21 de marzo de 2014, hace un poco más de 2 años, a la guardia del hospital Avellaneda. Entra con dolores abdominales y en el interín tiene un aborto espontáneo muy completo, sin complicaciones según informa su historia clínica”, explicó Deza y explicó que, aún así, la joven se despertó rodeada de custodia policial. “Al parecer, por lo que consta en la causa, una de las parteras encuentra un feto en un baño, no sabe en cuál, no hay precisiones. Sólo en planta baja hay ocho baños y no hay ninguna precisión acerca de cuál. A Belén le adjudican, primero moralmente, luego policialmente, luego judicialmente, siempre sin un ADN, a ese feto en carácter de hijo. Así termina presa y acusada de homicidio agravado por el vínculo”, denunció la abogada.Según Deza, “no hay precisiones sobre las semanas que tenía el embarazo que cursaba Belén porque según algunos testimonios el feto tenía 18 semanas. El médico le dijo a Belén y su mamá que el aborto había sido de unas 20 semanas, en otros lugares decía 22, en otros 26, en otros 27, y en la autopsia 32. La autopsia se refiere a un feto femenino en algunos lugares y masculino en otros, que tiene contradicciones en lo que se llaman medidas antropométricas”. Para traducir el lenguaje técnico, la abogada explicó: “Un fémur de siete centímetros tiene determinada edad gestacional, una circunferencia abdominal refiere a otra. En este caso hay contradicciones, según el fémur parecería de 38 semanas, según la circunferencia abdominal, de 22. La autopsia, además, tiene fecha del año 2004. Es un caso bastante complejo”, consideró.Para Deza, “se montó una maquinaria simbólica para ponerla presa y nunca más volvió a su casa. Tuvo una defensa técnica deficitaria, primero fue un abogado que dejó la causa a los pocos días, pero durante toda la etapa de instrucción su defensora fue una persona que puso el Estado que no pudo alegar que toda la causa era producto de la violación del secreto profesional, que no pudo mostrar estas discordancias que muestro yo y es algo que advierto porque soy inteligentísima. Alcanza con ojear la causa”, señaló. Deza identificó, en el tratamiento de este caso, desigualdad y asimetría: “Así se para una mujer frente al Estado en la salud, en la policía, en el poder judicial, y por eso es complejo. Hay una privación de libertad que lleva más de dos años sin una condena firme y se emite un mensaje que es el dilema cárcel o muerte. El hospital pareciera ser un lugar poco confiable”.Deza señaló un rasgo determinante del hospital: tiene un destacamento policial permanente. “Eso hace suponer que están para cuidar los bienes, a las personas. Sin embargo, cuando se ve que actúan de forma conjunta con efectores inescrupulosos y arman una causa uno debe detenerse a pensar, debe sentirse interpelado ¿Qué hace la policía dentro de un hospital?”, interrogó. Asistencia tardía“Yo llego a Belén de casualidad. Me llamó una de las testigos que fue citada a declarar, una profesional del área de la salud del hospital, para que la asesore. Me enteré un día antes de que la condenen. Belén es una chica cualquiera de 27 años que no tiene hijos, que tenía muchos planes, que sufrió un estado de mucho abandono simbólico, con culpabilización producto de un accionar muy agresivo del personal policial, de los propios médicos tratantes, luego de su defensora”, denunció Deza, pero agregó: “También veo una Belén que se está empoderando, a la que le hace bien la compañía, que se siente acompañada por el movimiento de mujeres y se está parando de otra forma en la vida”.La abogada sostiene que en esta oportunidad se mancomunó “una tríada compuesta por salud, policía y un sector del poder judicial que también pone el caso en un cajón a partir del hecho de que Belén pertenece a un sector popular, con una ciudadanía debilitada, que no conoce sus derechos y, por lo mismo, muchas veces no sabe qué exigir, no sabe qué derechos tiene. Han confluido muchos factores y nosotras estamos igualmente alarmadas porque pensamos que habrá otras Belén”.Deza buscó dimensionar la peligrosidad que implica para todos dejar pasar desapercibida a esta historia: “Los actores que intervienen tienen una connivencia que significa el poder biomédico, el disciplinamiento desde todos los sectores, son un poder muy fuerte, pueden armar una historia clínica, pueden hallar un feto y que no haya un acta policial que diga dónde pero ese feto dentro del sistema judicial logra criminalizar a una mujer, un poder judicial que se da el lujo de ignorar que las investigaciones en el marco de la violación del secreto profesional son nulas. En el medio hay una mujer presa, privada de su libertad y era una criatura de 25 años”, interpeló.Belén y Romina TejerinaLa principal prioridad de la abogada hoy es que cese la prisión preventiva para Belén y que pueda esperar en libertad las definiciones judiciales: “Así esperaron los tratantes de Marita Verón, así esperan en general los procesados y está muy bien que así sea porque para eso es el principio de