carceles
Página: 5
En el marco del paro nacional de trabajadores estatales que se realizó el 24 de febrero pasado, ATE Desde Abajo, la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos (AEDD) y la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) presentaron un habeas corpus preventivo ante la implementación del protocolo antipinquete del Ministerio de Seguridad y el decreto de declaración de emergencia en seguridad nacional. Auque fue rechazado, un juez decidió abrir una investigación para determinar si estas medidas gubernamentales tienen validez legal o atentan contra los derechos de los ciudadanos. Sobre este tema, el programa La Retaguardia dialogó con María del Carmen Verdú, abogada y referente de Correpi. (Por La Retaguardia) “El 24 de febrero pasado, los compañeros de ATE Desde Abajo nos plantearon que los acompañáramos en esta presentación que tenía como objetivo puntual en ese momento dar algún tipo de cobertura y protección a las miles de personas que se iban a movilizar en esa jornada en todo el país. De acuerdo a las declaraciones públicas que venían haciendo distintos funcionarios tanto a nivel nacional, como provincial y de la ciudad, existía una amenaza concreta a partir de la vigencia del protocolo antipiquete y del conjunto de medidas represivas que el gobierno de Cambiemos y sus socios vienen implementando. Esa acción como habeas corpus fue rechazada por la sencilla razón de que cuando el juez hizo lo que tenía que hacer, que es llamar al Ministerio de Seguridad para preguntarle qué instrucciones había dado concretamente para ese día a las fuerzas de seguridad en relación a los manifestantes, en el Ministerio le contestaron ‘ninguna, señor’. Después llamó a la Policía Federal y le preguntó qué instrucciones había recibido y el comisario que los atendió le dijo ‘ninguna, señor’, con lo cual el juez dijo que no había ninguna instrucción concreta, lo que se tradujo en la calle con esa masiva movilización que tumbó el protocolo y en la que hubo más de 50.000 personas al menos en la Ciudad de Buenos Aires”, explicó María del Carmen Verdú al detallar lo sucedido con la presentación efectuada desde su organización junto a ATE Desde Abajo y la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos.De todos modos, la referente de Correpi señaló que a pesar del rechazo el juez decidió ir más allá: “el magistrado dijo ‘está bien, hoy no pasó nada pero esta gente – por nosotros – me está denunciando que hay una serie de normas que potencialmente pone en riesgo una cantidad de derechos’. Hablamos del derecho a la huelga, a la reunión, a la expresión, a informar y ser informados, porque también señalamos lo del corralito a los medios de prensa que está establecido en el protocolo, que no solamente violenta el trabajo de los trabajadores de prensa, sino que nos priva después a nosotros contar con ese testimonio gráfico de primera mano, como son los videos, las fotos que tantas veces, como ocurrió con Mariano Ferreyra, Maxi y Darío, nos han permitido demostrar que las cosas eran como dijimos nosotros y no como las decía la policía. Entonces el juez convirtió este habeas corpus en una acción de amparo que ahora se está tramitando en el Juzgado Contencioso Administrativo Número 1, del doctor Ernesto Marinelli, que aceptó la competencia. Incluso el fiscal del mismo fuero dijo que no se oponía a que continuara la investigación”.Al día siguiente de la charla con La Retaguardia, las organizaciones iban a acercarle al juez una serie de medidas de prueba para aportar a la investigación: “es cierto que en la Ciudad de Buenos Aires y en el conurbano no ocurrió nada en relación al protocolo el 24 de febrero precisamente por esa masividad que hizo recular al propio Ministerio cuando dijo que no había dado ninguna orden específica –especificó Verdú–, pero sí pasó en otros lugares como en Mendoza donde hay 3 referentes sindicales, 2 de ATE y uno de SITEA (Sindicato de Trabajadores Estatales Autoconvocados), que están imputados en una causa penal donde la propia fiscal ha declarado a los medios que ésta se inició por una denuncia del Ministerio de Seguridad en el marco del protocolo; entonces estamos pidiendo que el juez que está interviniendo en esta investigación pida a la fiscal de Mendoza este expediente para poder demostrar que ya no estamos hablando de un riesgo cierto e inminente, sino que estamos hablando de un hecho consumado donde ya hay delegados de trabajadores, secretarios generales de gremios imputados por un delito solo por haber participado de una movilización”.Ante la consulta respecto a si estas medidas llevadas adelante desde el gobierno de Cambiemos les daba vía libre y mayor permisividad a las fuerzas de seguridad, Verdú aseveró: “yo diría que permisibilidad es lo que tuvimos hasta diciembre de 2015, a partir de ahí lo que hay es una serie de instrucciones, órdenes y mensajes muy explícitos y concretos. Cuando el mismo día que se unifica la Policía Federal y la Metropolitana, en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, el Superior Tribunal de Justicia porteño saca un fallo diciendo que la policía ni siquiera necesita un indicio de sospecha, que no es otra cosa que portación de cara, para parar a alguien y pedirle el documento evidentemente lo que se está haciendo es dar una señal muy clara desde los distintos ámbitos del poder. Desde el poder político con las declaraciones de (Cristian) Ritondo (ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires), (Patricia) Bullrich (ministra de Seguridad de la Nación), (Eugenio) Burzaco (secretario de Seguridad de la Nación), en el poder judicial con fallos como el del Superior Tribunal de la Ciudad o el de la Corte Suprema legalizando el uso de las picanas portátiles, las pistolas taser. Este es un conjunto de hechos al que además le sumamos el decreto presidencial de declaración de emergencia en seguridad y que el protocolo antipiquete está vigente en el 80% del territorio nacional, dato que surge del propio comunicado de prensa difundido por el Ministerio de Seguridad de la Nación, que está
Lo denunció el periodista Oscar Castelnovo en diálogo con Luis Angió y Rosaura Barletta en Otras Voces… Otras Propuestas, por Radio La Retaguardia, en relación a la situación carcelaria actual. En el análisis incluyó una referencia al sistema que dejó el último gobierno y los esbozos del comienzo de este, en el que identifica medidas que atentan contra la posibilidad de mejorar el estado de situación. (Por La Retaguardia) “Tomamos el tema anticarcelario, la realidad trágica de las cárceles en la Argentina. Un espacio del cual nunca se fue la dictadura; un espacio donde se mata, se tortura, se roba, se violan todos los derechos humanos posibles de violar. Si hay un espacio donde el Estado viola los derechos humanos son los sitios de encierro, llámense cárceles, comisarías, manicomios o neurosiquiátricos. Esa es nuestra realidad, por eso no le caemos bien a nadie”, aseguró Oscar Castelnovo, que caracterizó a su grupo, Agencia Para la Libertad, como ‘piantavotos’. “Defender los derechos humanos privados de la libertad es muy piantavoto. La clase política, por el contrario, gana votos pidiendo más mano dura, más cárceles, más reglas. Hoy vimos el anuncio de la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, que tiene una crisis tremenda, y elige la peor solución. Acabo de leer el anuncio de las reformas del servicio. Ya tomó medidas que agravaron la situación ni bien asumió y ahora está tomando medidas que la van a agravar aún más”.Castelnovo conoce a las instituciones de encierro desde hace 30 años: “fui en diversos roles: como periodista, como representante de un organismo de derechos humanos, como familiar. Después fui como docente a llevar talleres de periodismo y expresión. El tema es que cuando surge el boletín Para la Libertad dentro de la Agencia Rodolfo Walsh y empezamos con las denuncias, fueron tantas que tuvimos que convertirnos en agencia, separarnos de la Walsh”. Eso, afirmó, les trajo problemas: “por ejemplo, de ir en 2014 a 4 cárceles por semana —a la que más veces fuimos fue a la cárcel de mujeres de Ezeiza, pero también fuimos a la 31 de mujeres madres, también a las cárceles del interior—, en el 2015 no pudimos ir a ninguna porque prohíben las entradas a las cárceles federales. Tuve una conversación previa. Quedó claro por qué prohibieron la entrada: por las denuncias que nosotros hacemos sobre los crímenes, crímenes que en un 99% quedan impunes”. La entrada prohibida“En una entrevista, un penitenciario de alto rango me invitó a conversar. Yo fui con un abogado de la Liga (Argentina por los Derechos del Hombre) porque no me gusta conversar a solas con ninguna policía del mundo. Me dice: ‘¿cómo es esto? Nosotros le damos la oportunidad de hacer talleres, y ustedes luego hacen la denuncia. Si usted ve algún problema, es venir y decírnoslo a nosotros, a ver si lo podemos mejorar’. Le dije: ‘usted está confundiendo las cosas. Yo no soy informante del Servicio Penitenciario, en primer lugar, soy un periodista del pueblo. En segundo lugar, de los crímenes, a los que usted llama cosas, que suceden acá ustedes se enteran antes que yo. Por lo tanto, si alguien debería informar, son ustedes a nosotros, que somos periodistas, no al revés’”. El militante y periodista explicó, además, que la Agencia no saca la información de sus visitas a las cárceles, sino “de la Procuración Penitenciaria, del Comité Contra la Tortura, de los familiares que llaman, de la gente que nos viene a ver, de los encuentros, como hicimos el día de Luciano el 30 de enero pasado”: “sí necesitamos de los talleres para llevar una herramienta que pueda servir para organizar, para hacer un grupo, un colectivo, que enfrente esta política de devastación. Hicimos un libro (Intensidades de mujer) con las chicas de Ezeiza que dio la vuelta al país. Nos parece que si nosotros que no tenemos aparato, no tenemos financiamiento pudimos hacer algo, ¿qué cosa no podría hacer el Estado, en vez de reprimir y matar, teniendo voluntad de hacerlo?”, agregó.La situación del Servicio Penitenciario“Estamos en el récord histórico de presos del país. El kirchnerismo llegó a tener 70.000 presos en todo el país. Cuando asumió Néstor Kirchner, había 46.600; cuando se fue, había 52.000, cuando se fue Cristina, 70.000. El 50 % pertenece a la provincia de Buenos Aires”, expresó Castelnovo, quien además explicó que los estándares internacionales establecen que un preso debe tener 7 metros cuadrados en su celda como mínimo: “eso daría que en la provincia de Buenos Aires haya menos de 20.000 presos. El 45 % está en prisión preventiva y el 15 % no tiene sentencia firme. Hay un 60 % de presos que no deberían estar presos. Eso significa un muerto cada 37 horas, significa una tortura cada segundo, significa enfermedades todos los minutos. Es cierto que se encontraron con esa realidad, pero un juez penal de Necochea propuso un proyecto para liberar a las personas mayores de 60 años, darles arresto domiciliario, por ejemplo, a las mujeres en estado de gestación, a las madres con hijos, a un montón de delitos no violentos que podrían descomprimir la situación”, aseveró y agregó que estas medidas ya fueron aplicadas en Estados Unidos, Chile, Perú y otros países. “En Texas en 2009, 2010, se liberaron a 100.000 presos porque ya excedía la capacidad atendiendo a estas razones, no porque sean buenos. Hay medidas que pueden descomprimir y evitar la muerte, la enfermedad, la superpoblación”. La gestión de María Eugenia Vidal “La gobernadora cambia las autoridades, pone a Fernando Díaz. Él ya fue jefe del Servicio Penitenciario, ¿y qué pasó bajo su jefatura? Por empezar, hubo cientos de muertes, pero en lo que se llamó la masacre de Magdalena murieron 33 presos porque los guardias se negaron a abrir las puertas cuando se incendiaron. ¿Qué dijo Díaz? Que el Servicio no había cometido ningún error. Luego aparecieron cadáveres de presos que revelaban el paso de corriente eléctrica, que fueron picaneados. Díaz dijo: ‘Bueno, ustedes saben que los presos se torturan entre sí para obtener beneficios’”. Para Castelnovo,
En el cine Gaumont se proyectan todos los días dos funciones de la película Antonio Puigjané, el piru (un franciscano a contrapelo). El documental realizado por Fabio Marcelo Zurita, relata la historia del Fray Antonio, como es conocido, que fue, además de sacerdote, militante social y político del Movimiento Todos por la Patria, compañero de la primera hora de las Madres de Plaza de Mayo y preso político acusado de formar parte del ataque al regimiento de La Tablada. Zurita visitó La Retaguardia. (Por La Retaguardia)Primer acercamiento“Yo había leído, en la revista humor, una entrevista de Mona Moncalvillo a Antonio. Como les pasa a muchos, me quedé sorprendido con lo que hizo, su lucidez, haber acompañado a las Madres en el momento en que era tan peligroso acercárseles. Participó de las rondas. Después padeció 20 años de prisión con un bombardeo enorme de los medios”, explicó Zurita sobre sus primeras noticias sobre Puigjané. “Así quise saber quién era esa persona, que en 5 años transformó tanto la imagen que tenía de él, y quise conocerlo. Mientras él estaba en prisión yo le hice una entrevista a Osvaldo Bayer en su casa y me habló de que visitaba a los presos de La Tablada y después me hizo todo el camino para entrar a la cárcel. Cuando fui no llegué a conocer a Antonio porque ya había cumplido 70 años y 10 de prisión y le dieron por el resto domiciliaria”, relató, y finalmente detalló el encuentro: “Fui a la Iglesia Gowland y me recibió muy bien. Al poco tiempo lo entrevisté con una cámara muy básica, uno de los encuentros en los que se lo ve en la peli. Allí dice que se alegró cuando le dieron 20 años porque toda la gente iba a salir a protestar”. Puigjané comprendió, con el paso del tiempo, que si le daban 40 hubiera sido lo mismo: no pasaba nada. “Me pregunto cómo sería Antonio en esta época en prisión. Me parece que estamos un poquitito más preparados que en ese entonces, que veníamos de levantamientos, persecución y mucho miedo”, reflexionó Zurita. Por qué lo silenciaronSegún el documentalista, los años de Puigjané en la cárcel fueron fundamentales para muchos presos. “Comenzó ahí su trabajo como sacerdote también. Él, oprimido, y con la prohibición de dar misa, era a quien aguantaban los compañeros del Movimiento Todos por la Patria (MTP) para que no la pasara mucho peor y para tener visibilidad. Antonio recibía cartas de todo el mundo, sobre todo cuando fue declarado preso de conciencia por Amnesty, preso por su pensamiento y ninguna otra causa, en democracia”. La Iglesia, denunció Zurita, “le dio la espalda y el castigo. Lo mataron de otra manera. Lo silenciaron. Él, sin embargo, continúa. Creo que el Tribunal que lo condenó buscaba que él tuviera un comportamiento con sus compañeros parecido a la traición: o iba a la cárcel sosteniendo sus vínculos o se despegaba y quedaba en libertad”. ¿Cómo se hace un documental?“Con el desarrollo de esta película comprendí que en el cine son los tiempos los que definen y aprendí a adaptarme. Yo tengo muchos proyectos que llevan más de 10 años esperando y no los abandono. Creo que, a pesar de que fue un proceso larguísimo, este es realmente un gran momento para el estreno”, Zurita se refiere al momento político: “Dimos toda la vuelta y volvimos al mismo lugar: fue preso del neoliberalismo y lo mantuvo encerrado y desoyendo todos los pedidos internacionales de libertad, prometiendo que era un amigo de todos los argentinos y que Antonio Puigjané salía en libertad ese año y nunca salió. Estamos casi envueltos en un mismo proceso en el país, por desgracia. Traté, en estos 15 años, de meterme en su pensamiento, y una de las cosas que tanto amó fue a las Madres”. Puigjané sostiene que “nació después de haberlas conocido, que abrió los ojos. Aún siendo que tenía una vida muy intensa antes de eso. Por eso me pareció importante empezar y terminar el documental con las Madres”. La opinión de Fray Antonio acerca de la peliPuigjané fue consultado por periodistas de Canal 7 en una actividad en la que se vería la película: “Le preguntaron qué le pareció y él respondió ‘todavía no la vi’. Ellos, parecía, se querían ir, entonces le volvían a preguntar, y yo esperaba que él dijera ‘confío en que va a estar bien’, pero estaba cerrado en decir ‘no la vi, tengo que verla’ y eso me generó una presión enorme ¿Y si no le gusta? Semejante esfuerzo, trabajo, no tiene sentido. Le tiene que gustar a él, porque es una película que no busca el contrapunto sino que acompaña”. Zurita retrató el momento posterior, cuando el film ya se había reproducido: “Se quedó un rato largo en silencio y era porque estaba muy emocionado y le había gustado mucho. Hay muchas cosas de la película que no se ven pero están registradas en mi memoria. Entrevistas o cosas con militares o jueces que no quisieron entrevistarse con cámara pero sí me hablaron abiertamente y si uno pudiera proyectar todo eso sería una flor de película”.Zurita contó que también está trabajando, para documentar, en la vida de Osvaldo Bayer, “pero lo tengo abandonado. Me he juntado con la hija, Ana Bayer, que filmó muchas cosas en Alemania, del muro, de su familia, y habíamos pensado en juntar las dos historias, mi archivo de acá y su archivo de allá”, dijo, y adelantó otro de sus trabajos en suspenso: “Hay un guión, también, llamado Colombia, una historia de amor, que quedó ahí hace ya más de 10 años. Las presento, les achico cosas para que el presupuesto cierre, pero siguen esperando”. Las citas y las primeras críticasEl documental fue estrenado el jueves 18 en el Gaumont. También fue proyectada en La Rioja, ya que Fray Antonio trabajó con Angelelli, estuvo en Anillaco y fue expulsado por el entonces gobernador, Carlos Menem. “Si bien se sostiene en el tiempo en función de
La declarada emergencia en seguridad vuelve a poner en el centro del debate público el rol de las fuerzas represivas, que contarán con mayor poder para actuar en las villas y barrios humildes de las provincias más densamente pobladas. El macrismo intenta instalar a la lucha contra el narcotráfico como épica para su relato y, desde ella, legitimar de cara a gran parte de la población la militarización de los barrios, el llamado a prestar servicio a ex-integrantes de las fuerzas y la estigmatización de lxs villerxs. Pero es sabido que el incremento del poder de las fuerzas represivas, lejos de ser la solución a los flagelos socio-económicos de los sectores populares, resulta una parte fundamental del problema a resolver. Durante la emisión del viernes 5 de febrero de Enredando las Mañanas, escuchamos una entrevista de FM La Caterva con Carlos del Frade, periodista rosarino que hace tiempo viene trabajando la temática. (Por RNMA)-Enredando Las Mañanas: La triple fuga, el traslado de los Monos y la declaración de la emergencia en seguridad, que incluye la posibilidad del derribo de aviones, son situaciones que evidencian un trasfondo común. ¿Desde dónde te parece que se las puede analizar? -Carlos del Frade: Tanto la triple fuga de General Alvear, como este traslado tan amplificado desde los medios de comunicación de solamente dos tipos de una banda regional como los Monos, me parece que sirven para justificar esta ley de emergencia en seguridad, que tiene como supuesto peligro colectivo el narcotráfico, que son los mismos argumentos con los que Álvaro Uribe, un íntimo amigo del actual presidente de la Nación Mauricio Macri, lanzó el Plan Colombia allá por el año 2002, puso en estado de conmoción interno al gobierno colombiano y en emergencia en seguridad, hubo 30.000 muertos desde entonces hasta el presente, y Colombia sigue siendo el primer exportador de cocaína de América hacia Europa. Con lo cual el resultado fue que en las barriadas se persiguiera a los pibes, y la gente dejara el lugar en la selva para que las multinacionales de medicamentos se metieran a producir con la flora autóctona de ese país tan hermoso como es Colombia. Eso después se repitió en México con el Plan Mérida del año 2006, así como en Brasil antes del Mundial, en los finales de Lula y principios de Dilma Roussef, con las fuerzas de armadas de (in)seguridad nacionales en las favelas. Y con lo que dijo exactamente ayer Patricia Bullrich, que fue esto: se van a meter en las villas con las fuerzas de seguridad nacionales, buscando supuestos narcotraficantes, cuando en realidad la inversión del narco en las grandes ciudades como Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Rosario o San Miguel de Tucumán, está en el centro, son los que lavan ese dinero, y en los barrios están, sí, los pibes que son consumidores consumidos o soldaditos que son inmolados en el altar del Dios dinero, que es el corazón de todo esto. Así que me parece que estamos entrando en un área muy preocupante, que no es más que el plan diseñado por el Comando Sur del ejército estadounidense a través de la DEA y el Pentágono, y me parece que esto va a traer más costos para nuestro pueblo que beneficios. -ELM: ¿Cómo se re-ordenaron los intereses luego de las elecciones y qué pasa mientras tanto en los barrios? -CDF: Lo que estamos viendo en estos días de funcionamiento del gobierno de Macri es la contundencia de la elocuencia. Porque en definitiva era elocuente lo que iba a decir Macri, que además se demostró en la conformación de los principales cargos de funcionarios en los ministerios, con tipos que vienen trabajando en empresas trans-nacionalizadas y directamente multinacionales, y con lo que para mí marcaba la matriz del nuevo gobierno, que fue el discurso que dio Paolo Rocca, el tipo más influyente de Techint, cuando en la Conferencia Internacional de Dirigentes Empresarios del Acero de América Latina dijo en noviembre que se terminaba el Estado distribucionista en América Latina y se venía el tiempo de los empresarios. Las noticias que empiezan a llegar locamente de Davos, en donde nos anuncia la nueva presencia del FMI en la economía de la vida cotidiana de los argentinos, las potenciales inversiones millonarias de granes multinacionales en la Argentina, me parece que lo que están marcando es justamente eso: la contundencia de la elocuente, de lo que era efectivamente lo que iba a hacer el macrismo. Causa estupor ver que lo que uno creía casi de matriz de manual, se esté cumpliendo al pie de la letra. Me parece que en los sectores populares las cosas por ahora probablemente se aguanten, porque efectivamente hay un respaldo popular muy grande en la votación que tuvo Macri, pero en 6 o 7 meses se va a empezar a notar la diferencia entre el salario o el ingreso, porque hay mucha gente que está en negro, con lo que va a significar mantener una casa, mantener una familia. En lo popular creo que en 6 o 7 meses vamos a tener alguna organización a nueva participación, un protagonismo diferente que ojalá comience a pensar que en la Argentina hay que quedarse con lo mejor que se hizo, pero por supuesto también sacando de lado todo lo malo de un plan que terminó generando este tipo de gobierno que hoy tenemos. -ELM: ¿Cómo está la situación de los barrios populares, luego del plan por el que miles de gendarmes se desplegaron en ellos? -CDF: Nosotros tuvimos en el departamento Rosario en 2014 doscientos cincuenta asesinatos, y en 2015 doscientos veintiséis, la reducción fue casi de un 10%, con lo cual la presencia de gendarmería volvió a demostrar lo mismo que la anterior, sigue habiendo armas, sigue habiendo narcotráfico, y es por sobre todas las cosas fulbito para la tribuna. Además, el control social sí se ha profundizado, y ahora va a tener status de política nacional con esto que dijo Patricia Bullrich. La vida en los barrios profundos, en la intimidad
Charlamos con María del Carmen Verdú, referente de Correpi, acerca del fallo del Tribunal Superior de Justicia porteño que convalida que la policía pueda pedir documentos en las calles de la Ciudad de Buenos Aires. También aprovechamos para hablar del traspaso de agentes de la Federal al ámbito porteño, del Servicio Penitenciario y de la actualidad de la causa por los baleados con plomo de la RNMA en el intento de desalojo de la Sala Alberdi. (Por La Retaguardia)IdentifíqueseAl inicio del diálogo con La Retaguardia, María del Carmen Verdú describió la causa a partir de la que surgió este fallo del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad: “ese señor que iba caminando por la calle le vieron pinta de sospechoso, lo paró un policía que le dijo ‘documentos por favor’, el tipo se puso nervioso, terminaron requisándolo y le encontraron un arma, por lo que empezó una causa por tenencia de armas. En ese marco, su defensa argumentó que en realidad el procedimiento estaba viciado de nulidad porque no había habido motivo razonable para detenerlo en primer lugar. El juez de primera instancia dijo que tenía razón porque este señor simplemente caminaba por la calle y la detención, el pedido de documento y la requisa fueron nulos, entonces a partir de un acto nulo no puede haber una condena válida, se declaró nulo el procedimiento y el señor fue absuelto. La fiscalía apeló y la causa llegó al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad que resolvió que el procedimiento había sido debidamente realizado porque en función de la ley 23.950 la policía tiene derecho a frenar a cualquiera y pedirle que se identifique, y si no se identifica o si aún teniendo documento al policía le parece sospechoso se lo puede llevar detenido hasta 10 horas para identificar”. El lío en los mediosPara Verdú, lo sorprendente de lo sucedido fue la “bulla mediática” que el fallo generó: “desde hace por lo menos 30 años que Correpi viene denunciando que más de 2/3 partes de los detenidos en todo el país, incluida la ciudad de Buenos Aires, no están acusados de un delito, sino que los policías justifican los arrestos con estas supuestas facultades que tienen. Hay fallos de la Corte Suprema, de la Cámara de Casación, de la Corte Bonaerense en el mismo sentido en que ahora se encolumna también desgraciadamente el Tribunal Superior de la Ciudad”.En este punto, la abogada de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional aclaró: “la justicia de la ciudad no se había pronunciado a través del Tribunal Superior sobre este tema hasta ahora porque inicialmente la justicia de la ciudad era contravencional y de faltas; el tema de los delitos penales se agregó a través de sucesivos convenios que le fueron transfiriendo distintos delitos, por ejemplo la portación de armas, el delito de daños o las amenazas simples, que ahora son competencia de la justicia de la ciudad, aunque siguen siendo delitos penales. Esta es la primera vez, aparentemente porque la verdad que ignoro si hay otros fallos anteriores, pero es el primero que ha trascendido donde el Tribunal Superior de la Ciudad tuvo que pronunciarse sobre la validez de una detención por averiguación de antecedentes, pero fallos sobre este tema hay a montones en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en la Suprema Corte Bonaerense, en los Tribunales Superiores del resto de las provincias, en el Tribunal de Casación Penal de las provincias, y en la Cámara de Casación Penal”.“No me gusta ser autorreferencial –continuó–, pero en el año 2009 se publicó mi libro ‘Represión en Democracia’, y en el segundo capítulo que precisamente se llama ‘Me va a tener que acompañar’ cito por ejemplo el fallo Tumbeiro de la Corte, que creo que es de 2006, donde los miembros de la Corte de principios del kirchnerismo, sin la retirada de los que ya se fueron, dice muy claramente que es legal una detención por averiguación de antecedentes porque el policía está capacitado para detectar sospechosos por su formación y aclara que además (Carlos) Tumbeiro evidentemente era sospechoso porque estaba vestido con ropa que no era acorde al barrio por el que se movía. Eso lo dijo la Corte Suprema de Justicia de (Raúl) Zaffaroni y Carmen Argibay”.Verdú también mencionó otros antecedentes: “en el mismo año que yo estaba naciendo, 1958, se dictó un decreto que funcionó como ley orgánica de la Policía Federal y sigue haciéndolo con alguna modificación hasta el presente. En su artículo 1º, inciso 5º, contenía la facultad policial para detener personas para averiguar sus antecedentes, la misma facultad que por supuesto existía antes del dictado del decreto 333/58 bajo otras formas y que a partir de 1991, después de que el Caso Bulacio pusiera sobre el tapete el tema de las detenciones arbitrarias, terminó siendo modificada levemente, con nada más que una reducción de la cantidad de horas en que uno puede permanecer en la comisaría en esas condiciones a 10. O sea, este fallo de ninguna manera establece por primera vez la detención por portación, ni la reinstaura, simplemente la convalida”.Al ser consultada acerca de cuál es el motivo por el que esta noticia del fallo del Tribunal aparece entonces como novedosa, Verdú reflexionó: “por un lado no es poca cosa que el Tribunal Superior de la Ciudad, que no existía en aquellos años, adhiera a esta jurisprudencia mayoritaria de la Corte Nacional y de todo el país. En segundo lugar, hay evidentemente una intención de atacar todos los males a la actual administración a la que muy lejos de defender debemos reconocerle que no inventó la averiguación de antecedentes, la 23.950 se dictó durante el gobierno de (Carlos) Menem, y el decreto 333 del año 1958 es de una dictadura”. De policías y penitenciariosCon María del Carmen Verdú también hablamos de lo que significa el pase de agentes de la Federal a la órbita de la ciudad de Buenos Aires, anunciada esta semana por el gobierno nacional: “por lo pronto implica
En los últimos días se produjo un motín en un penal de Tandil, en el que los presos reclamaban que no les dieran comida en mal estado y dejaran de cobrar las visitas a sus familiares. La Retaguardia habló con la hermana de uno de los internos, que describió los castigos extra que reciben detenidos y familias. (Por La Retaguardia)No es habitual que en La Retaguardia obviemos citar con nombre y apellido a los entrevistados. Este caso es una excepción. En diálogo con una joven que tiene a su hermano dentro del penal de Tandil. que nos pidió reserva de sus nombres, pero que nos consta es una historia real, ella pudo contar las penurias y maltratos a los que son sometidos los familiares y los mismo presos. Son historias que se repiten sistemáticamente, como ya contamos con el caso de la madre que aún no pudo recuperar el cuerpo de su hijo asesinado antes de fin de navidad.El motín comenzó el martes 5 de enero por la mañana en el pabellón 1 de la unidad penitenciaria 37 de Barker, en Tandil, provincia de Buenos Aires. “Ellos pedían que dejen de darles comida en mal estado, porque les daban comida podrida; estaban pidiendo que el servicio penitenciario no cobre las visitas, porque estaban teniendo visitas que tenían que pagar, obligaban a que la familia ingrese dinero para pagarles a los penitenciarios. Hay muchos detenidos que están lejos, como en el caso de mi hermano, yo vivo en Buenos Aires y él está en Tandil así que nosotros tenemos que mandarle encomiendas porque no podemos viajar siempre, pero para que ingrese la encomienda tenemos que pagar al servicio penitenciario. Tampoco sacaban a quienes estaban para salir a sanidad, a los que estaban enfermos no los sacaban al hospital. Había muchas peleas, en la última visita que fue para Navidad hubo un muerto por un problema con el servicio penitenciario, y nadie reclamó a ese muerto porque lo sacaron como un NN. Murió por una pelea en la visita antes de Navidad que se provocó por el hambre que hay ahí, por peleas que los mismos penitenciarios generan y terminan matándose pobres contra pobres. Ellos sabían que esa persona no recibía visitas, que era un chico que no estaba atendido, lo sacaron como un NN y nadie lo reclama”, detalló la joven, hermana de uno de los detenidos en Barker, en diálogo con La Retaguardia.“Mi hermano tiene una condena de 5 años, pero no lo llevaron a juicio. Ahora tiene 23 años y está detenido hace 3. Él estaba cansado de que lo sacaran de traslado y que lo lastimaran en los camiones. Se cansó de que lo lastimaran, lo robaran, lo golpearan y le dijo a la jueza que no quería que lo traigan más a declarar y que no lo llevaran a juicio porque quería quedarse en un lugar fijo porque sabía que peligraba su vida. Entonces la jueza le hizo firmar un abreviado y mi hermano está cumpliendo esa condena de un abreviado”, relató la joven. La tortura de la distancia con la familiaSu hermano se encuentra en Tandil y su familia en Buenos Aires en el marco de una práctica habitual del sistema que traslada a los detenidos a unidades penitenciarias lejanas a sus hogares de origen: “a nosotros nos tendrían que facilitar dos pasajes por mes y ahora este último tiempo hacía 2 meses que no nos los facilitaban. En este último tiempo, los pasajes están 800 pesos ida y vuelta, nosotros más o menos tenemos que contar para ir 2000 pesos de viaje porque después allá no tenés nada para moverte, tenés que pagar pensiones, te roban en las pensiones… eso mismo también lo maneja el servicio. Es bastante complicado porque mi hermano tiene una nena de 3 años y se complica porque a la nena no se la podemos llevar y nosotros como mujeres a veces tenemos miedo por las cosas que pasan. Ellos lo que buscan es aislarlos de las familias”, expresó la hermana del detenido.Respecto a cómo continuó el motín en el penal, la joven expresó: “llegó el jefe de penales de ‘los campos’, como le dicen porque es Barker, Azul y Batán que es Mar del Plata también. Él dijo que no estaba enterado de nada y entró a dialogar con ellos, que le explicaron por qué era su reclamo, que de ninguna manera se querían fugar, ni atentar contra nadie, sino que lo que ellos pedían era que los trataran como seres humanos, porque a pesar de que están detenidos son seres humanos. Dialogaron y les garantizaron que nadie iba a salir de traslado, porque les habían dicho que iban a trasladarlos del pabellón 1 a Bahía Blanca y Chaco; les dijeron que querían solucionar los problemas pero que querían que parara el estado público que había tomado la noticia, porque había salido en los noticieros, porque ellos mismos filtraron videos de lo que estaba pasando y el servicio penitenciario les pidió que pararan con hacer público todo”.“Pude hablar con mi hermano –continuó– y me contó que relevaron del cargo al jefe del penal y a otra gente del servicio. Ahora la situación es que las cosas más o menos se están acomodando”.Situaciones como las que viven los presos del pabellón 1 de la unidad penitenciaria 37 de Barker se repiten en cada uno de los penales del país sin que ninguna autoridad tome medidas concretas para revertir estas violaciones a los derechos humanos de las personas privadas de su libertad. Eso sí, la emergencia del sistema penitenciario se declara porque tres condenados por un triple crimen, vinculados a la política y la policía, se fugan.
(Por La Retaguardia) Américo Alejandro Balbuena era una referencia de la Agencia de Noticias Rodolfo Walsh, integrante de la Red Nacional de Medios Alternativos. Tenía muchísimos contactos con las organizaciones sociales y políticas que necesitan de los medios alternativos, comunitarios y populares para difundir sus luchas. A once años de su ingreso, los otros miembros de la Agencia recibieron la información de que se trataría de un oficial de inteligencia de la Policía Federal. El dato fue confirmado por el abogado Eduardo Soares. “No es un infiltrado en la Agencia Walsh, sino en todo el movimiento popular. La Agencia ha sido el medio del que se valió Balbuena para entrar en el resto de las organizaciones populares”, fue el veredicto unánime escuchado en la conferencia de prensa conjunta que realizaron el martes pasado diversas organizaciones. Cuáles son las responsabilidades políticas detrás de un nuevo caso de infiltración en el movimiento popular, cómo afecta este hecho el funcionamiento de las organizaciones, y cuáles son los pasos a seguir, son algunos de los debates que se dieron a partir de la confirmación del espionaje. Las reflexiones de Rodolfo Grinberg, integrante de la Agencia, y de Eduardo Soares de la Gremial de Abogados, quien los ayudó a verificar la pertenencia de Balbuena a la Policía Federal. Todos conocíamos a Américo. Confiábamos en él. Siempre participaba de las movilizaciones y se interesaba en todas las luchas. Ingresó a la Agencia Walsh en 2002, luego de ser parte de la Red de Corresponsales Populares de La Tribu. Conocía a Rodolfo Grinberg, uno de los fundadores de la Walsh, desde la infancia, ya que habían sido compañeros de primaria. Tras varios años, se reencontraron estudiando periodismo en el Instituto Santo Tomás de Aquino de San Martín. “Un profesor que tuvimos decía que Américo tenía pasta de reportero, que en la calle era un perro de presa. Cuando estalla el 2001 nos empezamos a encontrar en la calle, él como corresponsal de La Tribu, yo como integrante de la Walsh que en ese momento era minúscula”, recordó el propio Grinberg en una entrevista realizada por el programa de FM La Tribu “Los Locos de Buenos Aires”, que conduce Roberto Ruiz. Finalmente, Américo Alejandro Balbuena ingresó a la Agencia Walsh en 2002, poco después de producirse la Masacre de Avellaneda y permaneció allí hasta hace algunos días. “Era amable, simpático, colaborador y alguien en la conferencia de prensa decía que estas características las reunían casi todos los servicios. Era el que más laburaba, el que más aportaba, estaba siempre en la calle”, describió Grinberg. Pero hace algunos días una fuente de la Agencia Walsh les acercó una información inesperada. Así lo relató Grinberg a “Los Locos de Buenos Aires”, el programa que conduce Roberto Ruiz en FM La Tribu: “vemos una planilla que tiene su nombre y la actividad que revistaba en la Policía Federal, un oficial de inteligencia de la división Reunión de Datos y Análisis. Nos dicen que es un hombre que se había incorporado en tiempos de la dictadura, que participó de Coordinación Federal. Para nosotros fue tremendo descubrir que tu compañero, al que creías tu compañero, se había infiltrado en la Agencia, se hacía pasar por compañero”. Para la confirmación del dato, recurrieron al integrante de la Gremial de Abogados Eduardo Soares. “Cuando vinieron por primera vez los compañeros de la Walsh a plantearnos esto -contó Soares-, yo les dije que me dejaran confirmarlo porque a mí no me gusta sacarle ficha de botón a alguien cuando no lo es. No me gusta que lo hagan conmigo, no me gusta hacerlo con los demás. Pero con los compañeros de la Agencia en ese sentido hay que sacarse el sombrero, fueron cautelosos, vinieron con el planteo, les dije que me dejaran averiguar. Yo tengo 60 años y conozco mucha gente que puede dar algún tipo de dato. Cuando lo confirmamos recién ahí lo abrieron”, explicó Soares en diálogo con La Retaguardia. Una vez confirmada la información, la Agencia Walsh denunció la infiltración a través de un comunicado publicado el domingo pasado, y dio más detalles el martes en una conferencia de prensa realizada en la sede de Correpi, que contó con la presencia y el testimonio de distintas organizaciones que también habían conocido y confiado en Balbuena. “Él siempre estuvo presente en la Fundación La Alameda. Gustavo Vera hizo referencia a los temas de trata que han trabajado y en los que siempre estaba implicada la Policía Federal. No es de extrañar que un agente haya estado infiltrado allí. Yo creo que en las asambleas, en todas sospechábamos que teníamos algún servicio metido adentro, así que calculo que debe haber estado ahí. Con seguridad con los Familiares de Cromañón, que fue un tema que desde el 31 de diciembre de 2004 él estuvo pegado a los familiares, y conocía vida y obra de las personas y los grupos que ahí se movían. La FUBA y la movida estudiantil fue algo que él también siguió mucho. A la organización Quebracho claramente él le prestó mucha atención. Fue un número importante de organizaciones a las que él se pegó para obtener información”, afirmó Grinberg antes de referirse a la última vez que vio a Balbuena: “nosotros tardamos entre quince y veinte días en confirmar esta información y de consultar con organizaciones compañeras sobre cómo proceder. Se ve que él palpitó, escuchó algo o alguien le avisó, yo creo que él sabía. La semana anterior al domingo que difundimos la información me llamó y me dijo que quería hablar conmigo porque quería dejar la agencia. Vino a casa con un paquete de bizcochitos en la mano, había un choque terrible, porque yo ya sabía aunque no tenía la confirmación, y en realidad la buscaba con esta conversación, con tirárselo a boca de jarro. Y se lo dije, ‘che, así que vos estás en la policía y nunca nos dijiste nada’. Él lo negó pero lo hizo de una manera que no es la de una persona que se siente ofendida porque le estás diciendo que es un