Circuito ABO
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Declaran: Omar Eduardo Torres y los testigos de las defensas Humberto Aguirre, Miguel Ángel Cisneros y Luis Germán Pérez.
Lo dijo la sobreviviente Isabel Mercedes Fernández Blanco en el juicio por crímenes de lesa humanidad del Circuito ABO. En aquel momento había formado un grupo junto a otras 5 mujeres que también estaban transitando sus embarazos en cautiverio. Además testimonió Diana Kordon, quien repasó las marcas de la dictadura y la historia de acompañamiento a Madres, víctimas y familiares. Redacción: Camila CataneoEdición: Pedro Ramírez OteroFoto de portada: Transmisión conjunta de La Retaguardia y Radio Presente El 28 de julio de 1978 Isabel Mercedes Fernandez Blanco fue secuestrada y estuvo en cautiverio en los centros clandestinos de detención tortura y exterminio “El Banco” y “Olimpo”. Estaba embarazada y con el pasar de los días comenzó a formar un grupo con otras mujeres que tuvieron que gestar en cautiverio. “Éramos varias. Estaba Lucía Tartaglia, que llegó a finalizar su embarazo y hace poco su hija pudo recuperar la identidad porque la habían apropiado. Marta Vaccaro, al momento que nos sacan del Olimpo, el 28 de enero de 1979, estaba con un embarazo casi a término. No supimos nada de su hijo o hija. Dos días antes de sacarnos del Olimpo, a Graciela Trotta la llevaron a la “maternidad Sardá”, nombró tal como le decían al espacio donde se daban los nacimientos clandestinos en la ESMA, en referencia al hospital público que lleva ese nombre. “Allí nació su hijo Julian”, agregó. También estaba ‘Pequi’ (Irma Nesich), que perdió su embarazo; como también le sucedió a Marta Muñoz (Cuca) que tenía un embarazo muy avanzado, pero lo perdió”, recordó Fernandez Blanco. “Cuca estaba en el Olimpo, en la celda al lado nuestro. Ella compartía con Salo. No sabíamos su nombre ni apellido, pero siempre nos preguntamos porque nos había pasado esto. Pensábamos que salíamos todas y que después íbamos a poder juntarnos una vez por año. Del grupo es la única desaparecida. Cada vez que nos encontrábamos, Cuca estaba en nuestros recuerdos”, contó Isabel en audiencia de ABO V, y recordó cuando conoció a los sobrinos y al hijo de Cuca. “Me llamaron de la subsecretaría de Derechos Humanos del Gobierno de la Ciudad para que vaya urgente porque tenían algo importante que decirme. Así que fui y me encontré con ellos. Ahí supe que era Marta Muñoz, fue muy emotivo”, dijo. La Mudanza Este juicio tiene la particularidad de ventilar hechos ocurridos en tres centros clandestinos que funcionaron como un circuito concentracionario. Primero estuvieron en El Atlético, luego en El Banco y finalizaron en El Olimpo. “Mudaron a presos y archivos del Banco al Olimpo”, recordó Isabel sobre el momento en que fue trasladada al centro clandestino del barrio porteño de Floresta. La sobreviviente contó que las personas secuestradas fueron llevadas en un camión y estaban engrilladas de a dos y en la culata llevaban los archivos. Al ser consultada acerca de si había visto algunos de esos archivos, la sobreviviente manifestó que no logró saber qué eran esos papeles. En cada uno de los centros clandestinos el trato era diferente. Isabel dijo que “en El Banco los represores eran parte de las patotas y también hacían guardias. (…) Había otros represores que recorrían, pero no estaban a cargo de la vigilancia de los presos”. Respecto a lo que sucedía en El Olimpo, recordó los sobrenombres de los represores: “Cortéz, Quintana y Nelson, eran los jefes de los gendarmes”. Y continuó con los detalles: “Había un grupo de paraguayos, después había uno de más jóvenes”. Además, se refirió puntualmente a uno de los represores. Dijo que lo recordaba muy bien, que tenía el sobrenombre “Pajarito” y que él siempre decía que venía del Operativo Independencia. Según lo que contaron las y los sobrevivientes del Olimpo, allí estaban atendiendo dos médicos. Isabel aclaró que “a uno le decían ‘El Tordo’, que era del ejército y otro era un preso llamado Jorge Vazquez y le decían ‘Caballo Loco’”. La sobreviviente recordó que fue atendida por él cuando tuvo una gran hemorragia y estaba a punto de perder el embarazo. El Tarta y La Gorda Casi al final de la audiencia, Fernandez Blanco fue consultada por los nombres “El Tarta y la Gorda”. La sobreviviente hizo una pequeña mueca y dijo: “La conocí ahí, era la compañera de él, la vi cuando nos bañamos”. También comentó que el hombre era una persona de contextura grande. Un día sacaron de las celdas a “El Tarta” y al compañero de Isabel para que se pelearan entre ellos. Ella se enteró cuando su esposo volvió a la celta y estaba todo golpeado. “Los obligaron a pelear y con un borcegos le pegaron en la frente y lo atendió el Cabo Loco”, recordó. Las heridas de la dictadura En la misma audiencia fue citada Diana Kordon, fundadora y coordinadora del Equipo de Asistencia Psicológica de Madres de Plaza de Mayo (1979-1999) y también co-fundadora y actual coordinadora del Equipo Argentino de Trabajo e Investigación Psicosocial (EATIP). Allí contó su relación con Teresita Castrillejo, la esposa de Manuel Guerra y su trabajo con las Madres. Luego analizó cómo afectó la dictadura a las y los sobrevivientes y sus familias. Diana conoció a las Madres de Plaza de Mayo en plena dictadura. “Cuando se enteraron de mi profesión, atendí a Madres que estaban deprimidas. En ese camino surgió la necesidad de convocar a Lucila Edelman y Darío Lagos para formar el Equipo de Asistencia Psicológica de Madres de Plaza de Mayo, y luego armamos el Equipo Argentino de Trabajo e Investigación Psicosocial (EATIP)”, recordó. “Las Madres son un símbolo extraordinario. Haber ocupado la escena pública fue muy importante para su preservación psíquica”, dijo sobre el trabajo que realizaron y siguen haciendo las Madres de Plaza de Mayo y remarcó que “primero pidieron aparición con vida y luego exigieron el castigo a los culpables”. La psiquiatra planteó, en referencia a cómo se fueron armando las historias de las y los desaparecidos y sobrevivientes, que hubo una “transmisión transgeneracional de la construcción de la memoria colectiva”, y agregó: “Los desaparecidos fueron los
El pasado miércoles declaró la sobreviviente Norma Sanchis en el juicio por crímenes de lesa humanidad del Circuito Atlético, Banco y Olimpo (ABO). Durante dos dias estuvo en cautiverio en el centro clandestino de detención, tortura y exterminio “El Atletico”. Actualmente es socióloga de la Red Internacional de Género y Comercio – América Latina, y presidenta de la Asociación Lola Mora. Redacción: Camila Cataneo Edición: Pedro Ramírez OteroFoto: Transmisión conjunta de La Retaguardia y Radio Presente La noche del 18 de febrero de 1977 Norma Sanchis estaba en su departamento con la chica que cuidaba de su hijo. Faltaban pocas horas para viajar a Brasil a visitar unos amigos. Ese día el niño de 3 años estaba con su padre. En un momento comenzaron a escuchar gritos y fuertes golpes en la puerta. Norma atinó a ver por la mirilla quién era. Se encontró con un grupo de militares de armas largas. Al abrir la puerta entraron como una estampida. La tiraron a la cama para taparle los ojos, le ataron los pies y las manos. “¿Por qué subrayaste apuntes de Marx?”, le preguntó un militar mientras revisaban todo el departamente de una manera minuciosa. La chica que cuidaba a su hijo se encontraba en otro dormitorio. Los militares pusieron música muy fuerte y realizaron un llamado para saber qué hacer. Al rato las bajaron por el ascensor. Las metieron en una camioneta y viajaron “media hora”, según contó Norma en la audiencia. “Llegamos a una especie de estacionamiento, tenía un eco especial”, aseguró Norma y continuó: “Ahí me bajaron, me preguntaron por mis datos y el nombre de mi familia. Me dijeron que me tenía que olvidar de mi nombre, ahora iba a ser el número p54”. Norma contó que la llevaron por una escalera pero que ella no llegaba a tocar los escalones. Luego la pusieron contra una pared donde había otras personas. Allí comenzó el interrogatorio. La sobreviviente escuchó que cerca de ahí estaban haciéndole las mismas preguntas a otra persona. “Solo oí que trabajaba en Indec”, manifestó la sobreviviente y aseguró que “en el momento no tuve conciencia pero después de ser liberada, un amigo en común logró vincular nuestros casos y supe que salimos el mismo día. Ella era Ana María Edwin, quien fue duramente muchos años directora del Indec”. Los militares le decían Brigitte Bardot porque tenía un pelo rubio y muy largo. Norma contó que escuchó que querían manosearla y Ana María se resistió. También recordó cuando se bañaron juntas y a Ana Maria le echaron jabón en polvo para que se lave el pelo y cuando abrió los ojos le pegaron. En ese momento Norma miró un segundo y vio a un militar “bajo y robusto”. Sanchis fue citada a declarar luego del testimonio de Francisco Lopez, compañero de Ana Maria Edwin, quien la había reconocido mientras estuvieron en cautiverio. Al comienzo de la audiencia, el fiscal Alejandro Alagia preguntó si lo conocía y ella respondió que no. Durante los dos días que estuvo en cautiverio, Norma estaba engrillada y vendada. “No se podía hablar ni preguntar. El carcelero respondía con golpes. Era un silencio total, nunca se sabía si había alguien cerca escuchando”, recordó. Solo una vez coincidió en el baño con la chica que estaba en su casa. También recordó que “iban llamando por número a la gente y después se escuchaban gritos”, haciendo referencia al momento de tortura. Su único contacto La sobreviviente de El Atlético logró hablar solo con una joven mientras estaba en cautiverio. Recordó que era muy chica y que se llamaba Ana María. Allí decidieron intercambiar sus teléfonos para que si alguna de las dos salía primero, pudiera informarle a la familia. “No la trataban mal. Ella preguntó por su hermano y le dijeron que estaba en el fondo. También quiso saber cómo estaba y le respondieron: ´Está igual que vos, ¿vos como estas?, y ella respondió que estaba bien”, comentó Norma en la audiencia. Años más tarde supo que era Ana María Franconetti y que tenía 19 años en ese momento. Su libertad Ya habían pasado dos días de cautiverio y la llamaron para irse. La subieron por una escalera y la pusieron contra la pared. Antes de meterla en una camioneta le dijeron: “Esta vez te vas pero cuidate mucho porque no hay segunda vez”. Recordó que el trayecto era corto y fueron bajando a cada uno en un lugar diferente. Antes de quedarse solos, le dieron un billete para comprar un boleto de colectivo. No podían sacar la venda hasta dar diez pasos. Cuando llegó a la casa le contaron que había sido un gran operativo y que habían cortado varias calles esa noche. Ahí llamaron a sus padres y la fueron a buscar. “No volví a ese departamento”, recordó Norma y manifestó que los militares “habían comido todo lo que estaba en la heladera”. También supo que, horas más tarde del secuestro, el padre fue a la comisaría del barrio para hacer una denuncia. Secuelas “Fue una experiencia tremendamente traumática”, dijo la sobreviviente sobre su cautiverio. Unos días después de ser liberadas, la joven que vivía con ella le contó que un hombre se acercó a la parada del colectivo y le dijo: “A vos y a tu amiga Norma las estamos siguiendo”. Al tiempo, Norma consiguió un trabajo en el exterior y pudo exiliarse con su marido y su hijo. Estuvieron siete años y luego decidieron retornar al país. “El solo hecho de irse del país y separar a mi hijo de su familia fue muy duro (…) La vuelta fue muy complicada como también volver a insertarnos”, aseguró y remarcó: “Siempre sentí que lo saqué barato, comparado a los tormentos que padecieron tantas personas. Por eso muchos años no hice la denuncia”. En el momento que desapareció, Sanchis trabajaba en una empresa de estudio de mercado y opinión pública. “El dueño tenía mucho contacto con la dictadura”, comentó la sobreviviente, y agregó: “Creo que se llamaba Crespo”. Por otro lado comentó
Declara: Nora Sanchís.
Se trata de Gerardo Jorge Arráez y de Juan Carlos Avena, de 70 y 75 años respectivamente. Ambos integraron el circuito represivo conformado por los centros clandestinos de detención tortura y exterminio Club Atlético, Banco y Olimpo. Actualmente purgan sus condenas en la Unidad N° 31 de Ezeiza, Provincia de Buenos Aires. El TOF N°2 les negó el beneficio y todavía tiene pendiente la situación de otros dos genocidas, Eduardo Kalinec y Luis Donocik. Redacción: Paulo GiacobbeEdición: Fernando TebeleFoto: La Retaguardia En las últimas 48 horas, el Tribunal Oral Federal N°2 de la Ciudad de Buenos Aires negó dos arrestos domiciliarios a los represores Gerardo Jorge Arráez y Juan Carlos Avena. Ambos actuaron en el circuito comprendido por los tres Centros Clandestinos de Detención Tortura y Exterminio Atlético, Banco y Olimpo (ABO). En el caso de Avena además se requirió al Servicio Penitenciario Federal “que analice la posibilidad y/o conveniencia de alojar al nombrado Juan Carlos Avena en la Unidad N°34 (Instituto Penal Federal de Campo de Mayo)”. Ocurre que el 12 de diciembre de 2022, un informe de la División Sanidad del Servicio Penitenciario Federal señaló que la Unidad N°31 de Ezeiza no posee la infraestructura necesaria “considerando la senectud del paciente” y recomendó el traslado a Campo de Mayo. Avena ya había sido trasladado de la Unidad 19 a la 31, por otro informe del SPF. Ya veremos las virtudes del lugar donde se encuentra alojado actualmente. El 4 de abril de este año, el Tribunal escuchó a las víctimas de Avena que se manifestaron en contra del beneficio. Arráez ya había pedido el mismo beneficio el 14 de marzo de 2019 y también fue rechazado. En ese momento tenía 66 años. El 20 de septiembre de 2019 la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal rechazó el recurso interpuesto por la defensa. Pero Arráez no se rindió y pidió su excarcelación que fue desestimada el 6 de diciembre de 2019 por el mismo tribunal. El 20 de marzo de 2020 el Tribunal de Alzada confirmó lo actuado. En total este mismo tribunal, con distinta conformación, le negó cuatro pedidos de arresto domiciliario. En cuanto a las demandas realizadas por Arráez en relación a su estado de salud, el tribunal fue tajante: “Respecto al interrogante de si sus patologías -ya conocidas- pueden ser abordadas dentro de la unidad 31 del SPF, la respuesta es afirmativa”. En ese sentido se refirieron al informe del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos: “La U31 ofrece atención médica y de enfermería las 24 horas los 7 días de la semana y cuenta con una ambulancia para uso exclusivo de la unidad”. Cumple los protocolos para evitar COVID 19 – uno de los reclamos de Arráez – pero además cuenta con todo lo necesario en caso de urgencias: “carro de paro completo con ECG y desfibrador, equipo para oxigenoterapia, set de drenaje pleural, set para vía central, tabla larga, collar de filadelfia, silla de ruedas, camilla. En caso de ser necesario en 8 (ocho) minutos se produce el traslado al Hospital Dr. A. Eurnekian, unidad de mayor complejidad, que queda a 3 (tres) kilómetros de distancia”. Una ambulancia con chofer asignado está pendiente de eso las 24 horas del día. La Unidad Penitenciaria cuenta con “consultorios médicos de otras especialidades, tales como: kinesiología y rehabilitación, psicología y psiquiatría como así también odontología” y, lógicamente, “espacios recreativos que hacen al estado de bienestar de quienes están allí alojados”. También consta del área educativa donde se desarrollan distintos talleres. Una biblioteca con siete computadoras donde se dictan clases y pueden tomar cursos de manera virtual. Tema aparte es la actividad deportiva y las visitas: “un gimnasio externo, una cancha de tenis criollo, una huerta lineal y espacios para interacción con familiares y visitas”. Por último, los jueces valoraron la opinión de las víctimas, “quienes en líneas generales se opusieron categóricamente a la pretensión de la defensa”. Casación Ahora seguramente la defensa realizará una apelación y deberá resolver la Cámara Federal de Casación Penal o la Corte Suprema de Justicia de la Nación del 2×1 a los genocidas. La rueda vuelve a girar en un bucle infinito. Este tribunal tiene en sus manos la definición de otras dos prisiones domiciliarias: Eduardo Emilio Kalinec y Luis Donocik, que fueron compañeros de crímenes de Lesa Humanidad con Gerardo Jorge Arráez y Juan Carlos Avena en el circuito ABO.
Declaran Diana Kordon y Isabel Mercedes Fernández Blanco de Ghezán.
Fue por el pedido que realizaron los condenados Eduardo Emilio Kalinec, Juan Carlos Avena y Luis Donocik para dejar la cárcel común y volver a sus casas. Los tres actuaron en el circuito represivo Club Atlético, Banco, Olimpo (ABO). Los jueces del TOF N°2 de CABA escucharon a las víctimas y ahora deberán tomar una decisión, que podría conocerse mañana. Redacción: Paulo GiacobbeEdición: Pedro Ramírez Otero/Fernando TebeleFoto de portada: Captura transmisión de La Retaguardia y Radio Presente El pasado 4 de abril, el Tribunal Oral Federal (TOF) N°4 subrogando al TOF N°2 de la Ciudad de Buenos Aires escuchó a algunas de las víctimas de Eduardo Emilio Kalinec, Juan Carlos Avena y Luis Donocik, pues estos represores condenados por crímenes de lesa humanidad pidieron que se les otorgue la prisión domiciliaria. A su turno manifestaron su repudio: Cristina Jurkiewicz Artero, Delia Barrera y Ferrando, Ana María Careaga, Miguel Ángel D´Agostino, Silvia Graciela Fontana, María Esther Basualdo, Silvia María Pía Ríos Armelin, Carlos Pisoni y Camilo Daniel Ríos; entre otros y otras víctimas, sobrevivientes y familiares de desaparecidos y desaparecidas. “En los tres casos existen pericias médicas del año pasado que son todas coincidentes en que ni Kalinec, Avena o Donocik presentan problemas médicos que les impidan continuar la ejecución de la pena en prisión con debidos controles”, detalló en la audiencia Alejandro Alagia del Ministerio Público Fiscal. Eduardo Kalinec tiene 71 años y cumple su condena en la Unidad 33 del Servicio Penitenciario Federal; Donocik tiene dos años más; y Avena es el mayor con 75. Estos dos últimos cumplen sus condenas en la Unidad 31. Alagia subrayó que en esa unidad penitenciaria tienen atención “médica los siete días de la semana, las 24 horas. Consultorios, kinesiología, rehabilitación, sala de urgencia, ambulancia las 24 horas”, y en el caso de la unidad 33 cuentan con todas las “instalaciones para tratar enfermedades crónicas”. Además, dijo que los condenados no comprendieron la gravedad de sus delitos y no existe una resocialización. “No hay ninguna constancia de que haya un registro en este sentido, de que hayan comprendido la gravedad, la falta de arrepentimiento, el silencio… no hay sobre ese punto un resultado positivo”, planteó. Citó también al Estatuto de Roma, que no prevé la prisión domiciliaria para estos casos: “Al contrario, tiene un régimen especial para crímenes de lesa humanidad”. Ese tratado también resalta la importancia de aportar información, más allá de nombres de otros represores, algo que sirva como reparación a las víctimas. “La apropiación de niños y niñas, información relativa a qué pasó con la desaparición de personas”, recordó el fiscal, quien pidió al tribunal que rechace los pedidos. Un fragmento de lo manifestado por las víctimas Silvia María Pía Ríos Armelín es hija de Juana María Armelín y José Ríos. Silvia María realizó un recorrido de su vida y su historia: “Yo me entero de la desaparición de mis padres cuando tenía tres años y vivo ese momento, pero no lo tengo como recuerdo”. Desde ahí fue reconstruyendo su historia con relatos y trató de asimilarlo. Sus sentimientos fueron mutando con los años. “Por ejemplo, cuando me explicaron lo que le habían hecho a mis padres yo tenía mucho rencor hacia las personas que le habían hecho tanto daño, que además estaban en libertad. Y entonces pude ir como transformando ese sentimiento en mis años de juventud en resistencia, juntándome con gente que le pasaba lo mismo”, dijo. Reclamó justicia luchando en las calles. Silvia repasó así el juicio a las juntas, las leyes de impunidad y la llegada, nuevamente, de los juicios. Y entonces explicó que, en lo personal, haber logrado la prisión para los genocidas significó que el recorrido no fue en vano. Para Silvia sería un retroceso político muy grande si les otorgan la domiciliaria. “No debería hacerse por una cuestión de responsabilidad”, consideró. “No creo que nada pueda redimir el dolor que sentimos los damnificados. Ya no importa la violencia y crimen que se haya cometido contra mi madre, fueron muchos crímenes en un solo devenir. Pero sí importa que una vez que se ha logrado algo, no se baje de eso que se ha logrado. La justicia argentina pese a haber sido lenta tiene que estar orgullosa de lo que logró y tiene que mantenerlo. Eso significa una decisión diaria y me parece que hay gente que tiene que sostenerlo y tiene cargos de responsabilidad. No sería un acto de justicia, sería sostener una decisión. Y eso es lo que nos da a nosotros tranquilidad para poder transitar el resto de nuestras vidas, que no es una vida común, es el resultado de este terror”, expresó. Delia Barrera y Ferrando estuvo 92 días secuestrada en el centro clandestino de detención tortura y exterminio Club Atlético, donde también llevaron a su esposo Hugo Alberto Scutari. En el Atlético pudieron charlar muy brevemente antes del traslado de Hugo. Delia se opuso “a cualquier libertad o arresto domiciliario”. La sobreviviente contó que no fue fácil para ella la decisión de declarar: “Una de las razones principales es el cansancio que representa para muchos volver a tener que dar explicación de por qué no queremos salidas transitorias ni arrestos domiciliarios de los genocidas. No son pobres ancianos, no están arrepentidos, no rompen un pacto de silencio que nos traería a muchos saber cuál fue el destino de nuestros queridos ausentes. Nuestra lucha de hoy sigue siendo la misma de ayer. Mi lucha, a pesar de los años que voy teniendo, sigue siendo con el mismo compromiso que asumí cuando salí del campo de concentración y después de escuchar las últimas palabras de mi esposo cuando se despedía cuando era trasladado, que me pidió que fuera fuerte y que no lo abandonara. No los abandono. Por eso me tomo el atrevimiento de exigirles que no sigan brindándoles impunidad ni privilegios. Y si creen que no pueden cumplir con el pedido de tantas víctimas, de tantos familiares, de tantos ausentes, los señores jueces deberían renunciar porque su debilidad demuestra
La audiencia comenzó y finalizó luego de recorrer la nómina de testigos que no pudieron presentarse en esta fecha.
Declaran Eduardo Antonio González y Oscar Maroni.
Luis Facundo Guerra, hijo del referente del Partido Comunista Revolucionario (PCR) Manuel Guerra, declaró por primera vez en el juicio por crímenes de lesa humanidad del Circuito ABO. Su opinión después del cruce con el juez Jorge Gorini. La presentación de los primeros Hábeas corpus y el hallazgo de una matriz de impresión en las excavaciones de El Atlético. Redacción: Camila Cataneo (La Retaguardia)/Alejandro Volkind (Radio Presente)Edición: Fernando Tebele (La Retaguardia)Foto de portada: Transmisión conjunta de Radio Presente y La Retaguardia Manuel Guerra desapareció el 1 de noviembre de 1977. Ese día fue interceptado por hombres vestidos de civil en un bar de la Ciudad de Buenos Aires. Tiempo después se supo que estuvo en “El Atlético” cuando Teresita, su esposa, logró contactarse con el sobreviviente Humberto Amaya. Guerra fue el primer secretario de la Juventud Comunista Revolucionaria (JCR), participó del Cordobazo y fue responsable de la comisión juvenil del SMATA Córdoba, que lideraba René Salamanca. Declarar después de 45 años En diferentes audiencias se dieron detalles de cómo fue su secuestro y el rol que cumplía en el partido. En esas instancias declararon: su esposa, Teresita Castrillejo; y Rosa Nassif, compañera de militancia de Guerra. También el sobreviviente Humberto Amaya y el testigo del secuestro, Federico Westerkamp, quienes lograron aportar datos clave acerca sobre lo qué sucedió. Pero esta audiencia era muy esperada. Su hijo logró declarar luego de 45 años. Allí dio detalles de cómo fueron los primeros años y cómo continuó la lucha de la familia y sus conocidos por saber qué pasó.En medio de su declaración, el presidente del TOF N°2, Jorge Gorini, le pidió que se limitara a responder sobre el “objeto procesal” para “optimizar su testimonio”. Guerra estaba pidiendo que se investigaran los Vuelos de la Muerte que hubieran podido darse en el contexto de este circuito; también solicitó que se abrieran los archivos “Le voy a pedir unos minutos más, nosotros esperamos 45 años para declarar”, le contestó Luis Facundo. El juez Gorini intentó bajarle el tono a la discusión: “Tal vez me expliqué mal, señor. No es que esté cercenando la palabra y entendemos perfectamente las circunstancias que usted relata, pero en todas las líneas de investigación que usted propone, en realidad están en curso”. Rehacer la historia Luis tenía 11 años cuando desapareció su papá. Mencionó en la audiencia que no tiene registro de ese momento pero que gracias a lo que le fue contando su mamá pudo armar su historia. Desde el primer día de la desaparición, su madre se puso al hombro la búsqueda y el pedido de justicia. Mientras tanto, Luis pasó el primer año con la familia materna, que vivía en Mendoza. Teresita se había contactado con Madres y ahí armaron la organización en Mendoza. “Recuerdo reuniones en iglesias, donde se intentaba presentar los Hábeas corpus, o solicitadas en los diarios”, declaró Luis y siguió: “En 2003, con la anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, comienzan las causas. En 2006 volvimos a presentarnos en la Justicia con mi madre. Lamentablemente eso no avanzó y hubo un cambio a partir del hallazgo del cliché. Es un juicio importante, nos hubiese gustado que sea presencial, verle la cara a los represores”. El hallazgo de la matriz de impresión de un periódico del Partido Comunista Revolucionario en una de las excavaciones en lo que fue el Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio El Atlético terminó de cerrar el círculo. Ese cliché estaba en poder de Guerra. Luis manifestó que “es importante que se investigue el caso con situaciones que pasaron en Córdoba, quiero decir que, actuaron servicios de inteligencia de distintas provincias. También que se investigue al dueño del Taunus. Nosotros pedimos que se investigue su legajo”. Acerca de la presentación de los Hábeas Corpus que presentaron durante la dictadura, Luis contó que lo hacían en lo que antes era la Secretaria N°6. Además contó que al día siguiente del secuestro, en el mismo juzgado, la madre presentó un Hábeas corpus y expresó que “ese juzgado fue cómplice. En esas primeras horas, impidió y trabó la investigación”. Al finalizar pidió que se avance en la investigación de las triangulaciones que hacía el Ejército y la Prefectura, respecto al destino que se le daban a los desaparecidos con los Vuelos de la Muerte. “Seguimos solicitando la apertura de los archivos, donde dice quienes dieron la orden, quienes la ejecutaron, donde está el destino final”, manifestó con gran contundencia. La lucha por saber la verdad Luego de su declaración en la audiencia, Guerra pasó por la transmisión conjunta de La Retaguardia y Radio Presente. Allí se refirió a lo duro que fue que el caso de su padre recién se tomara en este juicio, que es el quinto que se realiza por Circuito ABO. “Hace mucho que venimos peleando este juicio. Era difícil efectivamente. Era una locura que uno tuviera tantas pruebas y que no lograra entrar a una causa que está conformada. Teníamos la prueba de que lo habían visto en El Atlético, del cliché, y teníamos el dato de cómo lo habían secuestrado. Había un conjunto de elementos, que por ahí comparándolo con otras desapariciones, parecía una montaña de datos y sin embargo, siempre el sabor agridulce de los juicios parecía que no era suficiente”, expresó. También hizo hincapié en la lucha que llevaron adelante para llegar al juicio. “Haber llegado después de todo este tiempo de la lucha con Habeas corpus de mi mamá, de haber tenido que soportar esas leyes de impunidad, de haber vuelto a los juicios después del nuevo milenio y llegar, es primero una sensación de no sé si es de reparación. Siempre hay discusión con esta palabra, pero es una sensación de haber logrado una pelea de tanto tiempo y tiene un grado de conquista que definitivamente los represores que hayan actuado vayan a la cárcel y sean condenados”, señaló. También se refirió a la realización de este juicio de manera totalmente virtual: “Después está el otro aspecto