Contraofensiva montonera
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Declaran: María Cecilia Rodríguez Elizalde, ex esposa del imputado Marcelo Cinto Courtaux; Rubén Oscar Guardiola, vinculado al fraguado suicidio del integrante de Montoneros Gervasio Martín Guadix; y Roberto Álvarez, Comisario de la delegación San Martín de la Policía. Foto: Margarita Vich, secuestrada y desaparecida el 15 de septiembre de 1979
Foto: Jesús María Luján, el Gallego Willy (desaparecido), María Cristina Mazzuchelli, La Tana o Puppee (asesinada en septiembre de 1976), junto a su beba María José Luján, que fue testigo en este juicio.
El juicio por la represión a la Contraofensiva de Montoneros 79/80 continúa en etapa de testimoniales. En esta transmisión en vivo escucharemos el testimonio del militar Edgardo Carloni.
Testimonio de Gabriel Salvador Matharan, médico militar👇 Testimonio de Verónica Almada, antropóloga Parte 1 👇 Testimonio de Verónica Almada, antropóloga Parte 2 👇 Testimonio de Verónica Almada, antropóloga Parte 3👇
La Sala II de Casación Penal rechazó finalmente el pedido de la defensa de Marcelo Cinto Courtaux, el único de los imputados por la represión a la Contraofensiva de Montoneros que está en carcel común. Casi al mismo tiempo, el Tribunal Oral Federal Nº4 de San Martín, a cargo de Esteban Rodríguez Eggers, Matías Mancini y María Morguese Martín, le pidió a la jueza de instrucción de la megacausa Campo De Mayo, Alicia Vence, que detenga al gendarme Oscar Alberto Olari, de quien sospecha que participó en el crimen de Gervasio Martín Guadix. (Por El Diario del Juicio*) 📝 Texto 👉 Fernando Tebele/Martina Noailles📷 Fotos 👉 Gustavo Molfino/Fernando Tebele para El Diario del Juicio👆 Foto de Portada: Cinto Courtaux deberá permanecer en cárcel común El argumento de la pandemia de coronavirus no convenció a la Cámara Federal de Casación Penal: por mayoría, los jueces de la Sala II rechazaron el pedido de prisión domiciliaria de Marcelo Cinto Courtaux, el único imputado que está detenido en una cárcel común en el marco de la causa que investiga los delitos de lesa humanidad cometidos durante la represión a la Contraofensiva Montonera.El planteo de Leandro Sevillano, defensor público oficial de Cinto Courtaux, llegó a Casación luego de que el 1 de abril los jueces del Tribunal Oral Federal Criminal N°4 de San Martín rechazaran el pedido del beneficio. A pocos días de decretarse el aislamiento social y obligatorio, el jefe del Destacamento 201 de Inteligencia de Campo de Mayo había pedido irse a su casa ya que, según argumentó, se encontraba dentro del grupo de factor de riesgo “por ser un adulto mayor de 65 años de edad y ser hipertenso”.Sin embargo, los magistrados ponderaron que Courtaux está imputado de secuestrar, torturar y asesinar a casi un centenar de personas, y que permaneció prófugo de la justicia durante un lapso aproximado de tres años, desde su pedido de detención el 21 de abril de 2014 hasta su detención el 6 de mayo de 2017. Los jueces del Tribunal Oral también destacaron que a mediados del año pasado ya le habían denegado el beneficio de arresto domiciliaria en base a su edad (71) y su situación de salud, resolución que fue confirmada por Casación.Concretamente, en cuanto a la situación excepcional del Covid-19, el Tribunal Oral sostuvo que “por el momento no se han aportado al caso elementos de convicción que permitan deducir un riesgo inminente o grave para la salud del interno en cuestión, por fuera del que viene sufriendo el resto de la población, y que habilite ir en contra de la política general de Salud Pública, que consiste (…) en no moverse del lugar en que cada uno se encuentra”.En su resolución de hoy, Carlos Mahiques y Guillermo Yacobucci, dos de los tres jueces de la Sala II de Casación, consideraron suficientes y válidos los argumentos del Tribunal Oral al momento de rechazar el arresto domiciliario por lo que declararon inadmisible el recurso presentado por la defensa del imputado.Cinto Courtaux fue jefe del Destacamento 201 de Inteligencia dependiente del Comando de Instituto Militares de Campo de Mayo, y está acusado de participar de los secuestros, torturas, desapariciones y asesinatos de 88 militantes que participaron de la Contraofensiva de Montoneros en los años 1979 y 1980. Fue capturado en mayo de 2017 luego de haber burlado a la Justicia durante 37 meses. Cuando lo atraparon, le hallaron entre sus pertenencias recortes periodísticos con una reseña de la labor del abogado querellante en este juicio, Pablo Llonto. El gendarme Olari, al finalizar su declaración. De fondo, Esteban Rodríguez Eggers, el presidente del tribunal que ahora le pide a la jueza de instrucción que lo mande a detener. (Foto: Fernando Tebele/El Diario del Juicio) Pedido de detención Este mismo viernes y en una resolución sorpresiva, el Tribunal Oral Federal Nº4 de San Martín le pidió a la jueza de instrucción de la megacausa, Alicia Vence, titular del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional Nº2 de la misma Localidad, que detenga a Oscar Alberto Olari, uno de los gendarmes que declaró como testigo en la causa por la represión a la Contraofensiva de Montoneros. Le pide que investigue su posible participación en el asesinato de Gervasio Martín Guadix. Olari fue el responsable de confeccionar un informe sobre lo que se presentó en la prensa nacional como el suicidio de Guadix, supuestamente ocurrido en el puente fronterizo entre Paso de los Libres (Argentina) y Uruguayana (Brasil). Pero en el juicio, no sólo a través de sus contradicciones sino por las declaraciones de casi una decena de testigos, quedó claro que Guadix no estaba allí, que todo fue fraguado para poder presentar la situación como un suicidio de un militante que ingresaba al país, cuando en realidad Guadix había sido secuestrado en otro lugar.El día de la declaración de Olari, cuando finalizó, el gendarme llegó a la puerta de la salida de la sala y detrás suyo salió corriendo Dolores Guadix, la hija de Gervasio Martín, quien fue reconstruyendo lo que sucedió realmente con su padre. La jornada es también recordada por ese episodio. En aquel informe de noviembre de 2019, publicábamos en este Diario del Juicio: Sin tocarlo, le puso la foto de su padre delante del rostro y le gritó: ‘te acordás de él, ¿no?’. Olari recorrió la salida hacia la calle a paso normal, pero apenas pisó la vereda, emprendió una carrera veloz intentando escapar del posible lío judicial en el que se metió con sus más dudas que certezas. Todo indica que el problema judicial de Olari tendrá nuevos capítulos.Tras el pedido del Tribunal Oral, es ahora la jueza de instrucción Alicia Vence la que debe resolver si lo detiene o no. Es de suponer que la situación se resuelva con celeridad, para evitar cualquier peligro de fuga. Las fotos que figuran en el expediente fraguado que lleva la firma del ahora sospechoso gendarme Olari. Allí el paso limítrofe en el puente que divide Argentina de Brasil, en Paso de los Libres, Corrientes. (Foto: Gustavo Molfino/El Diario del Juicio) *El diario del
La fiscal federal Gabriela Sosti, representante del Ministerio Público en el juicio de la Contraofensiva Montonera, habló acerca del rol de las y los defensores de genocidas. Lo hizo como columnista en el programa Oral y Público de Radio La Retaguardia. Sosti aseguró que tanto los defensores y las defensoras privadas como oficiales le generan una “incomodidad ética” y señaló que “muchos se exceden de la defensa técnica”. (Por La Retaguardia)🎤 Entrevista: Fernando Tebele ✏ Redacción: Diego Adur 💻 Edición: Pedro Ramírez Otero 📷 Foto: Gustavo MolfinoComo flamante columnista del programa Oral y Público, Gabriela Sosti, fiscal en el juicio oral y público por la Contraofensiva Montonera que se está desarrollando actualmente, se refirió al rol que ejercen los defensores y las defensoras de genocidas, necesarios para llevar adelante los juicios por delitos de lesa humanidad, pero sin dejar de generar en ella un complicado conflicto ético: “Es un dilema complejo. La presencia de los defensores es lo que garantiza la legalidad y legitimidad de estos juicios, que hay que seguir reivindicándolos como una de las dimensiones éticas más reivindicables del Estado en estos últimos años. Esa presencia es necesaria, pero genera conflictos. A mí me genera muchos conflictos éticos. Yo, en principio, respeto a los trabajadores y a las trabajadoras. Respeto a las personas que trabajan y desarrollan su trabajo. Si son colegas, los respeto en particular. En el caso de los defensores, tanto públicos como privados, ese respeto es meramente protocolar, meramente burocrático. Como abogada no tengo resto para respetar a una persona que trabaja como abogada del diablo”, expresó la fiscal y marcó una diferencia entre los defensores públicos y los oficiales: “Hace 10 años que me vengo enfrentando a un montón de abogados particulares y de defensores públicos. La diferencia es diametral porque al abogado privado le paga el propio genocida. Me genera mucho escozor que los defensores públicos son pagados por la guita del pueblo”, señaló. El dilema ético que supone defender a una persona que cometió crímenes de lesa humanidad, secuestró, torturó e hizo desaparecer personas, o formó parte del alguno de los eslabones de esa cadena es, sin lugar a dudas, apabullante. Sosti habló de esa incomodidad, de enfrentar a colegas que recibieron la misma educación universitaria que ella y pudiendo negarse a defender a un genocida lo hacen igual y, en muchos casos, con un esfuerzo extremo que se torna ideológico: “Me enfrento a colegas que pasaron por la misma facultad que yo, aprendieron el mismo derecho y soñaron con la misma justicia que soñé yo. Esa incomodidad ética la tengo tanto con los privados como con los particulares. Yo me pregunto cómo un colega se puede plantar del otro lado de la sala para defender, francamente, lo indefendible; más allá de que hay que sostener la legalidad de estos juicios. Me pregunto qué hacen con lo que escuchan y cómo se sientan a escribir sus alegatos. Los defensores públicos no tienen la obligación de asumir la defensa. La objeción de conciencia está latente. Sin embargo, es llamativa la cantidad de abogados oficiales que son técnicamente buenos. El Estado le está brindando a tipos que pueden pagarse un abogado privado una defensa técnica más que reivindicable. Hay que reconocer que hacen una defensa impresionante. Ponen un esfuerzo y un trabajo para defender a estas personas que no sé si muchos lo ponen en los casos de los delincuentes comunes”, reflexionó.Por último, la fiscal ahondó en el tema de la participación activa y hasta a veces pasional para defender a un genocida. Si bien aseguró que muchos abogados realizan la defensa porque es necesario para darles legitimidad a los juicios, muchos otros y otras lo hacen para sumar alguna estrella en su carrera: “Hay defensores oficiales que aceptan porque no les queda otra y para sostener los juicios. He visto a muchos colegas sufrir en los juicios escuchando lo que escuchaban, sintiendo en el cuerpo ese dilema ético. También escuché otros, abogados y abogadas oficiales, que no solamente hacen defensas enjundiosas en lo ideológico sino que hacen preguntas en los juicios que son más que repudiables. Pienso que es parte de un desafío administrativo en su carrera. Ser defensor de genocidas, en algunos casos, les da un cierto prestigio en su carrera. A lo largo de 10 años me he encontrado con muchísimos defensores oficiales que, a mi juicio, se exceden de la defensa técnica. Un ejemplo es lo que estuvieron haciendo los defensores oficiales a partir de la pandemia, que entraron a revolear a mansalva pedidos absolutamente infundados de excarcelaciones y de domiciliarias. Evidentemente se les juega este desafío de conseguir determinados logros como si fuera un campeonato”, cerró.
En un particular 24 de marzo que nos encuentra lejos de la calle, Norita Cortiñas y la fiscal del juicio por la represión a la Contraofensiva, entre otros de lesa humanidad, Gabriela Sosti, estuvieron presentes en Hasta que vuelvan los abrazos, el programa radial matutino de La Retaguardia durante la cuarentena. Dos personas que, cada una desde su lugar, caminan en la misma dirección: construyendo Memoria, Verdad y Justicia. (Por La Retaguardia)🎤 Entrevista 👉 María Eugenia Otero/Giselle Ribaloff/Fernando Tebele✍ Redacción 👉 Andrés Masotto💻 Edición 👉 Pedro Ramírez Otero📷 Foto de Portada 👉 Agustina SalinasPensar en el 24 de marzo es proyectar las calles inundadas de gente, repletas de banderas y carteles. La Plaza de Mayo y los pañuelos blancos. Los cánticos que advierten que no habrá olvido ni refugio posible para los verdugos de un mundo mejor. Pero la realidad de este 44° aniversario es otra: la pandemia global de COVID-19 forzó la suspensión de todos los eventos y obligó a considerar otras formas de mantener viva la memoria.“Es un momento que tenemos todos los volúmenes muy altos, donde se generan circunstancias tremendamente paradojales. Como que supuestamente iba a salir el ejército a la calle a hacer ayudas humanitarias y esas cosas. Creo que todas las sensaciones entran en conflicto, en ebullición”, comenzó su reflexión la fiscal en causas de crímenes de lesa humanidad, Gabriela Sosti.Consultada sobre los genocidas condenados, que aprovechando la crisis sanitaria interpusieron pedidos de prisión domiciliaria e incluso de excarcelación, Sosti apuntó: “Desde la semana pasada empezaron a caer los pedidos de domiciliaria, que no tardaron ni medio segundo. Los presos de lesa, particularmente los que están en Campo de Mayo y los que están en la Unidad 34 de Ezeiza, están en mejores condiciones que más de un habitante de este país que en este momento tiene que estar forzosamente metido en un cuarto con cinco personas. Yo hablo justamente de la paradoja donde el Estado nacional nos está pidiendo el encierro a nosotros y ellos están pidiendo salir a la calle. Es una cosa absolutamente delirante. Muchos se animaron a pedir la excarcelación, una cosa escandalosa, con argumentos toscos; y otros pidieron la domiciliaria. Es un disparate absoluto. Y en ningún planteo se argumentó que la salud de los presos estaba en riesgo.”El ejercicio de la memoria exige la correcta enunciación. Es decir, llamar a las cosas por su nombre. Recuperar las identidades robadas y también las acciones que intentaron ser borradas de la historia. Al respecto, la fiscal aclaró: “Creo que tenemos que enfrentar el desafío exegético de llamar a las cosas por su nombre. La dictadura, con todo lo que rodeaba y con todo lo que conformó, que es mucho más que la avanzada militar, religiosa y demás, de lo que se trató es de transformar a una porción de la sociedad de determinada manera. Esto no fue en el contexto de un genocidio, esto fue un genocidio”. Nora Cortiñas, quien cumplió 90 años el pasado 22 de marzo, también participó de este abrazo virtual en La Retaguardia. “El 24 de marzo es 24 de marzo, nunca se va a poder borrar. Se puede cambiar el día de la marcha, que es importante en este momento no hacerla. El gobierno nos quiere cuidar y nosotros tenemos que colaborar. Cuidándonos nosotros podemos cuidar a los demás. Es un momento muy especial. La marcha no se borra, la marcha se pospone. Cualquier día del año, a lo mejor el 20 de junio, o el 9 de julio, cualquier día que nos pongamos de acuerdo podemos hacer la marcha. Pero hoy igual la memoria no se detiene, la memoria camina y camina”, reflexionó sobre este particular aniversario.Norita no pudo festejar ni recibir visitas debido a la cuarentena que rige en todo el país. Sin embargo, son tantos los que recorren el camino hacia la memoria, la verdad y la justicia a su lado, que la soledad nunca se hace sentir: “Yo me siento siempre acompañada, aunque esté en mi casa sola, porque tengo toda esta riqueza de recuerdos de estos 43 años de calle, de afecto permanente. Las Madres, cuando salimos a la calle con Azucena (Villaflor), con Esther Careaga, fue un comienzo de esta fusión que hicimos para todas juntas y colectivamente luchar contra esa gran injusticia que fue el Terrorismo de Estado, ese avasallamiento de todos nuestros derechos, ese método espantoso que es la desaparición forzada de personas, la apropiación de bebés de madres embarazadas cautivas. Esos pibes y pibas que hoy todavía no pudieron encontrar su verdadera identidad. Todos estos chicos tiene los genes de sus padres: no tienen ánimo de venganza, siguen buscando, y queremos que los jueces abran sus gavetas y digan a quién entregaron estos chicos. Empresarios, milicos, policías… que se abra la verdadera identidad, que se destapen todas estas adopciones ilegales e ilegítimas que cometieron durante esos años de Terrorismo de Estado. Va a llegar el día, tenemos esperanza y vamos a poder hacerlo. Y ver que estos pibes que recuperaron su libertad están unidos para trabajar en la búsqueda total de la verdad y la justicia nos prueba que los genes que tienen de sus padres son extraordinario”, expresó. Y finalizó: Podemos decir que el abrazo virtual que nos estamos dando es el abrazo que nos vamos a dar cuando pase esto, está pendiente”.
Tres de las pocas personas que consiguieron salir con vida de la ESMA fueron junto a La Retaguardia a una casa de Gral. Pacheco. La identificaron como el lugar al que los genocidas llevaron a un grupo de prisioneros “a pasar el día”. Carlos Lordkipanidse, Blanca García de Firpo y Liliana Pellegrino aseguran que la casa de Lugones 3649 es la última de las quintas del circuito de sucursales de la ESMA que faltaba ubicar. El rol de la investigadora Marisa González y el del escribano de la memoria, Víctor Basterra. Lordkipanidse anunciará los pasos a seguir este jueves, a las 15:30 horas, en la Ronda de las Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora. (Por La Retaguardia) 📝 Texto 👉 Fernando Tebele 🔎 Investigación periodística 👉 Fernando Tebele 👉 María Eugenia Otero📷 Fotos 👉 Natalia Bernades ☝ Foto de Portada 👉 La imagen de la casa y de la pileta. A la izquierda de la palmera, el árbol señalado por Pellegrino. Febrero de 1980 -Día de campo El sol ardía con toda su fuerza. Era pleno verano y el calor no sorprendía, agobiaba. Escaparse a un lugar abierto, con verde y pileta, era seguramente un gran plan. Pero algunas personas, en esa época de aquella Argentina oscura, lo último que podían hacer era escapar, aunque pensaran todo el tiempo en eso. El auto conducido por Ricardo Miguel Sérpico Cavallo, uno de los genocidas más temerarios de la ESMA, tenía un acompañante obligado: era El Sueco, Carlos Lordkipanidse, que todavía estaba secuestrado en la ESMA. No existía el GPS, por lo que El Sueco le indicó cómo llegar a la casa de su madre, en La Rioja e Hipólito Irigoyen, en el barrio porteño de Once. Estaban yendo a buscar a su esposa, Liliana Pellegrino, y a sus dos hijos en común: María Victoria, de casi 3 años, y Rodolfo, que apenas había cumplido un año y que había estado secuestrado en la ESMA junto a su padre. Ella sabía que irían a buscarles, porque ya había recibido un llamado teléfonico para avisarle que se preparara: el plan era ir a una quinta a pasar el día. Pellegrino había estado secuestrada dentro de la ESMA entre noviembre de 1978 y finales de abril del ‘79. Para los genocidas estaba libre, pero vigilada. Podría decirse, con mayor precisión, que su condición era de secuestrada a cielo abierto: la vigilaban todo el tiempo, y sabía que con Carlos secuestrado, cualquier desmarque que intentara lo pagaría él.Cerca de las 10 de la mañana sonó el timbre. Ya sabía quiénes eran, así que salió con su niño y su niña, y subió al vehículo. Hacía meses que no veía a su compañero Carlos. Se alegró por eso. Cuando recibía algún indicio de que aún estaba vivo, tal vez algún llamado telefónico, veía un brote de esperanza que no terminaba nunca de florecer, pero que asomaba como posible: algún día, tal vez, la pesadilla podría terminarse. Luego de una hora y media de camino, llegaron a la casaquinta. Alrededor era todo campo. Apenas ingresó el auto en la propiedad, ambos terminaron de saber que cada detalle de ese día lo debían guardar en su memoria, aunque todavía no entendieran bien por qué. Junio de 2019 – El tanque de forma rara Es sábado a la mañana. La intensidad de la lluvia amaga con hacer imposible el reconocimiento. Es el peor día del mundo para ir a una zona de quintas. El frío es intenso, pero la ansiedad nos abriga. Hace unos días, El Sueco nos convocó a una reunión. Como toda persona que vivió los setenta, tiene cuidado y hasta cierta paranoia totalmente justificada: hay cuestiones que no se abordan por teléfono y mucho menos utilizando el Whatsapp. “Es importante. Venite a casa”. Estaban con él algunos de los integrantes del Encuentro Militante Cachito Fukman, que se creó este año con el nombre del sobreviviente de la ESMA, que murió hace tres años. Cachito y El Sueco se consideraban hermanos. Todos en esa reunión deseábamos que estuviera allí.Era fácil adivinar por dónde podía venir la cosa. No hacía tanto que los y las sobrevivientes, colocados en el rol que debería tener la justicia de averiguar qué pasó en cada instante de la dictadura, hallaron la tercera de las casaquintas que funcionaban como sucursales de la ESMA. La primera se ubicó entrada la democracia, quedaba en Thames y Panamericana; hoy está demolida. La segunda fue la Isla El Silencio, la propiedad de la Iglesia Católica que se halló exactamente en los primeros años del nuevo siglo. La tercera fue encontrada en octubre de 2018, en Don Torcuato. Queda una cuarta, quizá la última, y El Sueco está por anunciarnos que creen haberla encontrado. Hay algunos indicios que surgen de los testimonios y contribuyen de manera esencial a la búsqueda. Los aportó, cuando no, Víctor Basterra. En sus diversas declaraciones, tanto en el Juicio a las Juntas como en los cuatro tramos de la megacausa ESMA, Víctor sostuvo que “una de las quintas a la que nos llevaron era en la zona de Pacheco. Lo recuerdo porque quedaba cerca de la planta de la Ford. El colectivo 60 pasaba por la puerta”.Vamos en dos autos. En uno van tres sobrevivientes: Lordkipanidse, Blanca García de Firpo y Carlos Loza. El Sueco y La Bety Firpo estuvieron en la quinta de Pacheco; Loza no, pero cuenta con una virtud que los demás carecen: tiene una copia de la causa judicial ESMA en su cabeza. En el otro auto viajamos dos integrantes de La Retaguardia junto a Marisa González, quien aportó el primer indicio de que pudiéramos estar yendo al lugar indicado. González es argentina, pero vive en España desde sus 15 años, en 1975: “Cuando mis padres, niños de la Guerra Civil Española, vieron que la violencia parapolicial se nos acercaba, decidieron volver a Asturias. Fue muy traumático para mí. Cuando volví a la Argentina en 1989, me encontré con que muchos amigos ya no estaban. Me costó mucha
Su defensa, a cargo de Gerardo Miño, solicitó ese beneficio esgrimiendo razones humanitarias. Acosta, uno de los jerarcas más perversos de la ESMA, fue condenado a prisión perpetua en varios tramos de la megacausa y también como parte del plan sistemático de robo de bebés. La semana pasada fue autorizado a salir del penal para solicitar un crédito en una sucursal de ANSES en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. (Por La Retaguardia) Quizás intentando aprovechar los últimos meses de un gobierno que les resultó amigable, los genocidas vienen presentando pedidos de domiciliarias, de no asistencia a los juicios y libertades condicionales. Esta tarde se supo que el Jorge El Tigre Acosta solicitó acceder al beneficio de la libertad condicional. Según el escrito presentado por Acosta, a través del abogado Gerardo Miño, el objetivo es lograr que sea incorporado al Régimen Progresivo de la Pena porque sus condiciones de salud, siempre según su defensa, agravan su situación de “vulnerabilidad”. El represor Eduardo Ascheri fue visto y fotografiado tomando un café en un bar cercano a los tribunales de San Martín, donde está siendo juzgado ahora por delitos de lesa humanidad durante la Contraofensiva montonera. Lo denunció esta mañana el abogado querellante Pablo Llonto y lo difundió El Diario del Juicio, del que participa La Retaguardia. Aunque cualquiera aseguraría que eso constituye una violación de la domiciliaria, el juez sólo le dijo al defensor que le aconseje a Ascheri tomar “el próximo cafecito en su casa”.En la solicitud de Acosta se destaca la buena conducta, convivencia y el respeto por el reglamento y horarios establecidos por el Servicio Penitenciario Federal. Además, refiere que tiene buen vínculo con su hija, que lo visita en forma regular. El genocida es presentado por la defensa como una “persona adulta mayor en situación de vulnerabilidad” e invoca “razones humanitarias” para fundamentar el pedido. Cita a la Convención Interamericana sobre la Protección de Derechos Humanos de las Personas Mayores que, paradójicamente, refiere evitar tratos crueles, inhumanos y degradantes.En el tramo final de la solicitud, Miño sostiene: “Estimo que por razones humanitarias, es hora que por lo menos su hija pueda mantener una relación con su padre en el último tramo de la vida de éste, y que la Sra. Gacitúa Jiménez, también tenga la posibilidad de renovar su relación”. Otra vez el cuento de los pobres abuelitos. Habrá que ver cuál es la respuesta del Tribunal Oral Federal Nº5, que hace poco le otorgó la libertad a Horacio Luis Ferrari, otro de los genocidas más feroces del ex Centro Clandestino de Detención Tortura y Exterminio más grande que tuvo el país durante la última dictadura cívico-militar-eclesiástica.
Ana María Ávalos sufrió el secuestro y desaparición de su hija de 16 años, Verónica Cabilla. Su búsqueda implacable, generó una investigación que no sólo aportó a su propia reconstrucción histórica, sino que fue fundamental para que muchas otras familias tuvieran a disposición más datos sobre sus desaparecidos/as. Antes y después de su comparecencia ante el tribunal, otros testigos la nombraron repitiendo una frase no menor: “esto lo sé por Ana María Ávalos”. Su testimonio duró más de dos horas y media. Y no estuvo exento de la angustia y el dolor de una madre en una búsqueda eterna. (Por El Diario del Juicio*) 👆 Foto de portada: La carta que Verónica Cabilla escribió sobre el contorno del pie de su hermanito Mariano. El dibujo lo hizo la última vez que se vieron. Luego escribió la carta, poco antes de su secuestro y desaparición. (Gentileza de Ana María Ávalos para El Diario del Juicio)📝 Texto: Fabiana Montenegro📷 Fotos: Gustavo Molfino💻 Edición: Martina Noailles/Fernando Tebele El 29 de octubre, Verónica Cabilla cumpliría 56 años. Qué hubiese sido de esa jovencita de largos cabellos lacios y ojos vivaces y sonrisa luminosa que hoy nos interpela desde una fotografía. Qué hubiera sido de esa jovencita que aprendió a hacer volantes antes que a escribir composiciones en el colegio y que, siendo una adolescente, tomó la decisión de participar de la Contraofensiva montonera, poniéndole el cuerpo a los ideales de toda una generación. Qué hubiese sido si la dictadura no hubiera truncado su vida cuando tenía apenas 16 años.Nunca sabremos qué hubiera sido si hubiera podido ser. Lo que sí sabemos, a través del extenso testimonio de su madre, Ana María Ávalos, es que “la vida de Verónica trascendió y hoy pertenece a la historia argentina. Hoy camina no sólo al lado de su familia sino al lado de muchos compañeros que han levantado su nombre como bandera”.“Su vida –resume su madre, condensa, como si pudiera, con una palabra o un gesto- fue un testimonio gigante de coraje, generosidad y entrega. Un símbolo de inmensa humanidad y, por sobre todas las cosas, de profunda libertad. Esto es, sin lugar a dudas, lo más importante que puedo decir de mi hija: que fue inmensamente libre”. Ávalos en pleno testimonio aportando todos los datos que fue recopilando.Gustavo Molfino/El Diario del Juicio *** Verónica Cabilla creció rodeada de “compañeros inolvidables y con larga trayectoria de militancia revolucionaria, como Domingo Maggio, Sordo de Gregorio, Adriana Lesgart, la gorda Amalia de La Plata, Pablo Cristiano, el Monra, Alejandro de finanzas y muchos otros”, enumera su madre. Era heredera de una generación de lucha. Su padre, Francisco Cabilla, y Ana María comenzaron su militancia en el Movimiento Nacional Peronista, formaron parte de Los Heraldos en la Facultad de Arquitectura y se unieron a Montoneros en 1973.Con doce años, Verónica se opuso a abandonar su hogar cuando Lino Roqué, integrante de la Conducción Nacional, planteó la necesidad de sacar a los chicos de la casa frente al riesgo que significaba la militancia en esos tiempos. “Nosotros lo aceptamos -dice Ana María con la misma convicción clara y contundente de su hija- ya que siempre en nuestra construcción teníamos claro que lo que estábamos haciendo era para dejarles a nuestros hijos un mejor país”.Para el año del golpe, vivían en Lanús Oeste en la calle Santiago del Estero al 3400, junto con José Slavin (Clemente). El 10 de septiembre de 1977, una patota del Ejército lo secuestró en la calle y lo llevó a la casa de Santiago del Estero. Pero, según explica Ana María, hacía 10 días que se habían mudado a Villa Tessei y gracias a la advertencia de los vecinos, lograron salvarse. “Alcanzamos a recoger efectos personales y salir. Los chicos fueron a casa de sus abuelos. Así comienza la persecución de la familia”, relata.Los militares se apropiaron de ambas casas, “la de Lanús estaba a nombre de mi padre. Luego lo obligan a firmar la venta y en ella vivió durante unos diez años una familia de militares. Cuando la dejaron, ya en democracia, se llevaron puertas, ventanas, pisos. Después de un tiempo, los antiguos propietarios la volvieron a vender. La de Villa Tessei también pasó a manos de estos corruptos, acostumbrados a todo tipo de saqueos. No solamente mataron compañeros, se quedaron con nuestros hijos y también con nuestras casas. Junto con la casa se robaron fotos, juguetes de nuestros hijos, libros, herramientas y muebles hechos por Francisco, recuerdos… Sentimos que nos habían dejado sin pasado. En ese momento, ignoraba que era solo el comienzo de tantas pérdidas”. La angustia de sentir que era una despedida La situación en el país se ponía cada vez más difícil y también en el entorno familiar, como explica Ana María: “Los represores presionaron a nuestros padres para que nos entregaran. La casa de mis suegros fue varias veces allanada por militares armados. La primera vez se quedaron un par de días. Interrogaban a Mariano, de 4 años, con armas, preguntándole si eran las mismas que sus padres usaban. Estas presiones y el terror que estos militares ejercían sobre él y sus abuelos, le dejaron profundas secuelas psicológicas. Verónica se quedó los primeros días en casa de unos amigos, tenía 13 años, los abuelos prefirieron mantenerla lejos, temían que fuera interrogada y detenida. Luego, mi suegra consiguió el traslado de Vero a un colegio de Don Torcuato donde ellos vivían, estaba en 7º grado. Eso le permitió terminar la primaria”.Hacia mediados de octubre de 1977, Francisco y Ana María lograron salir, vía Brasil, hacia México. En abril de 1978, su padre sacó a los chicos hasta Perú, pero debido a su nacionalidad chilena y a las situaciones diplomáticas entre esos países, no pudo continuar. Gervasio Guadix y Aixa Bonna siguieron con ellos hasta que se reencontraron. Ávalos deja al tribunal una copia de la carta que ilusta esta notaGustavo Molfino/El Diario del Juicio “Si bien México nos permitió el reencuentro familiar –recuerda Ana María- y vivir en buenas condiciones de seguridad, deseábamos volver a la