Coronavirus
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El médico explicó que no hay ninguna legislación que prohíba realizar velatorios a las personas fallecidas por Covid-19 o por otras cuestiones. Durante el programa Oíd Mortales de Radio La Retaguardia, Spaccavento dijo que la Organización Mundial de la Salud dice que pueden llevarse a cabo tomando las precauciones necesarias. “Es un mito”, aseguró sobre la recomendación de no realizar ese tipo de ceremonias y recalcó la importancia que tiene para los familiares la posibilidad de despedirse de sus seres queridos fallecidos. (Por La Retaguardia) 🎤 Entrevista: Cristina Varela/Luis Angió ✏ Redacción: Diego Adur 💻 Edición: Fernando Tebele 📷 Foto de portada: Archivo Agustina Salinas La Retaguardia El doctor Donato Spaccavento fue Ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires y Director del Hospital Argerich e interventor en el Hospital Posadas, en la Provincia de Buenos Aires. Hoy se desempeña como comunicador social en el programa de radio ‘Chequeo General’ por AM 530 y como columnista en C5N, los jueves a las 22 horas. Spaccavento aseguró que no existe ninguna prohibición del Ministerio de Salud de la Nación ni de la OMS para que los familiares de personas fallecidas por Coronavirus, o por cualquier otra causa, puedan realizar las despedidas a sus seres queridos. Aseguró que es un mito generado por la falta de información al respecto y por la desidia de las autoridades: “No hay un protocolo. Es mentira que no se pueda velar a la gente que fallece. Es mentira que haya que cremarlos obligatoriamente. Hay una serie de mitos sobre los que no hay sustento legal, escrito ni sanitario. La gente sufre y se angustia. Lo primero que plantean es la despedida. Tengo una hermana desaparecida, yo sé el valor que tiene, lo simbólico de lo muerto, la importancia de verlo para elaborar el duelo. Mi padre, mi madre y yo no pudimos elaborar el duelo de mi hermana desaparecida por la dictadura por no ver el cadáver. Se ha instalado el mito de que la gente que tiene un fallecido por Covid o por otra causa no los puede velar”. Spaccavento responsabilizó a las autoridades: ”Me parece indignante que se genere tanta angustia por desidia de las autoridades. Las autoridades nacionales, por desidia o negligencia, no han sido claras con un tema que genera mucha angustia en mucha gente. La angustia genera enfermedad. No puede ser que en los medios no se hable de si se puede velar o no a la gente”, expresó e insistió: “No hay ninguna prohibición, ni de la OMS ni del Ministerio de Salud de la Nación. La OMS dice que los velatorios se pueden hacer tomando las precauciones sanitarias y epidemiológicas del caso. Hay mucha gente que no tiene acceso a esta información y pasa momentos terribles. No está prohibido en ningún lugar”, afirmó. Spaccavento explicó que tan solo con sanitizar el cuerpo de la persona fallecida es suficiente o incluso, si se trata de alguien que tuvo Covid positivo, se puede realizar el velorio a cajón cerrado: “Las únicas personas que corren riesgo real de Coronavirus son el personal médico que hace autopsias. No es obligatoria la autopsia en personas que fallecieron por Coronavirus porque existe la posibilidad de que se aerolicen los virus que están dentro del cuerpo”, manifestó. El médico se refirió también a la situación actual del personal de la salud en la Ciudad de Buenos Aires: “Cada vez hay más contagios. El personal de la salud está saturado desde el punto de vista físico, psicológico y social. No recibió aumento de sueldo. No tuvieron paritarias. Es una locura. Hay 15 mil casos de personas contagiadas en todo el país y 40 muertos”, cerró.
Mariano Veiga, es psicólogo y Secretario General Adjunto de la Asociación Gremial Interdisciplinaria del Hospital Moyano. En diálogo con el programa Hora Libre, denunció las condiciones en las que se encuentran las y los trabajadores del Hospital neuropsiquiátrico. (Por La Retaguardia) 🎤 Entrevista: Rodrigo Ferreiro/Matías Bregante ✍️ Redacción: Nicolás Rosales 💻 Edición: Pedro Ramírez Otero 📷 Foto de portada: Cedoc Parece algo reiterativo, pero bien vale recordar que la pandemia del Covid-19 vino a evidenciar las desigualdades sociales, económicas, y laborales preexistentes. Problemas nuevos y viejos. Los trabajadores y trabajadoras de la salud pública vienen reclamando la falta de insumos necesarios para llevar a cabo sus tareas, la ausencia y actualización de paritarias, y la sobrecarga horaria de la jornada laboral, entre muchos otros. Mariano Veiga, trabajador del Hospital Moyano, detalló cuáles fueron los reclamos de la jornada de protesta que realizaron a principio de mes: “La realidad es que la jornada de lucha fue de la ciudad de Buenos Aires y el área Metropolitana. Fue una acción coordinada para poder visibilizar los problemas de arrastre y los problemas actuales que se agudizaron con la pandemia. Como por ejemplo la falta de paritarias. Desde Abril del 2019 que no se abre la paritaria nuestra en la ciudad de Buenos Aires. O sea que tenemos el salario congelado. Y nos llegó, ni siquiera a todos, el bono de 5 mil pesos en cuotas que distribuye Nación”. También señaló un problema: “La falta de personal. Nosotros en el hospital la sufrimos y la sufren todos los hospitales de la ciudad, me atrevo a decir. Es tremenda la cantidad de contagios que hay entre el personal de salud, y al mismo tiempo lo que hace el Gobierno en la Ciudad es decir en los medios, que contrata personal. Pero la realidad es que en los hospitales no vemos ni de cerca la cantidad necesaria de compañeros y compañeras para suplir las ausencias. Ya sea por enfermedad, por el propio contagio del coronavirus. O porque hay compañeros y compañeras que son grupo de riesgo y que no están viniendo porque corre riesgo su vida al estar expuestos al coronavirus, ya sea diabéticos, hipertensos, con embarazos. Hay un montón de casos en los que se aumentó la cantidad de licencias por ser grupos de riesgo”. Enfermería, trabajo de riesgo, y no profesional Veiga resaltó la tarea de enfermeras y enfermeros, que sin embargo no es aceptada como una tarea profesional: “Enfermería, que es de la profesión que más expuesta está, de hecho son del 50% de contagios en la Capital Federal son del personal de enfermería, en la Ciudad de Buenos Aires no es reconocida como profesional, cuando en otras provincias son parte de la carrera profesional. Las y los licenciados en enfermería. Eso genera que tengan muchos menos derechos, y genera una cuestión discriminatoria. Yo soy Licenciado en Psicología, y una enfermera que es Licenciada en Enfermería cobra menos. Tiene menos derechos, y está en otra carrera administrativa en el escalafón general sin ser reconocida por el gobierno como profesional”, continuó. También remarcó la falta de personal y el estrés que les toca vivir como problemas más urgentes a atender: “De lo que puedo hablar ahora es de la falta de personal. Inclusive al personal que se pide al Ministerio de Salud no termina de llegar. El caso de las compañeras y compañeros de laboratorio que están saturadísimos de trabajo, porque están haciendo los testeos de Covid a todo el hospital para verificar si tenemos anticuerpos o no, si hay contagios. Están con un laburo tremendo y es un equipo reducido que requeriría duplicarse. Hace mucho tiempo que se le pidió al Ministerio que aumente la dotación. Lo mismo con las trabajadoras sociales, ni que hablar las guardias. Hay una ausencia de respuesta y al mismo tiempo nosotros y nosotras estamos con un nivel de estrés laboral que es muy fuerte. Yo me reincorporé hace muy poquito, esta semana. Porque también me contagié. Estuve con licencia por enfermedad. Hay mucho desgaste y me atrevería a decir que es de todo el personal de salud. Hoy hablaba con una compañera que se está rumoreando que se va prorrogar la anulación de las licencias. Nosotros no tenemos licencias, hay compañeros y compañeras que no se toman vacaciones hace dos años, porque no se la tomaron este año, y están interrumpidas para el personal de salud. Porque se nos declaró esenciales, básicamente. Pero tampoco hay una medida que nos permita un reconocimiento, porque es todo en contra lo que tenemos. Las pacientes y las usuarias recibieron recientemente, hace aproximadamente creo que dos meses, las medidas de prevención: barbijos, materiales de higiene y demás a partir de un amparo que presentó, tengo entendido el CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales). Y lo mismo nosotros, presentamos, desde nuestra asociación gremial, un amparo para que nos den los equipos de protección personal a principios de Abril, y a la semana siguiente empezaron a llegar los equipos”. Por último, el trabajador y dirigente gremial del hospital, hizo referencia a la situación de los gremios y a la dispersión en el ámbito porteño: “En Capital tenemos un doble karma. Primero que el gremio paritario con mayor peso político y que de hecho pone los ministros de salud y los directores generales de los hospitales es Médicos Municipales. Es un gremio corporativo de una sola profesión que decide por todo el resto de las profesiones, sumamente verticalista y aliado al gobierno de turno, en este caso al de Larreta, y en su momento fue Macri; y en otro momento, otros. Estamos todos los gremios divididos por profesión o por hospital. Hay un nivel de atomización muy grande que no se ve, que vos no lo ves en otros distritos. Por ejemplo, en la Provincia de Buenos Aires está la CICOP (Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires) que es gremio paritario. Que es de todo el equipo de salud, de todas las profesiones están contempladas. Es un gremio que
Lo dijo Héctor Castro, que es delegado de la sucursal 160 de la empresa de supermercados Coto, en Retiro. En diálogo con el programa Hasta que vuelvan los abrazos, denunció la falta de cuidados a las y los trabajadores frente a la pandemia de COVID-19. También denuncio el silencio de los medios tradicionales en los que la empresa tiene publicidad. Al día de hoy, son 58 las personas contagiadas en la sucursal Retiro y el total en la cadena llegó a 600. (Por La Retaguardia) 🎤 Entrevista: Fernando Tebele/Giselle Ribaloff ✏ Redacción: Nicolás Rosales 💻 Edición: Pedro Ramírez Otero La responsabilidad patronal por los contagios del personal de trabajo en los locales de la cadena COTO será investigada judicialmente, a partir de las denuncias que los delegados, delegadas, trabajadoras y trabajadores autoconvocados realizaron ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Mientras tanto, continúan organizándose con mucho esfuerzo para enfrentar las represalias y la persecución. “Es terrible lo que está pasando en los supermercados Coto. Nosotros desde el inicio de la pandemia que venimos denunciando esta situación para tratar de contener la expansión, más que nada de los compañeros en el lugar de trabajo. Hoy por hoy, Coto tiene el podio de contagios positivos en el AMBA (Área Metropolitana de Buenos Aires). Nosotros incansablemente venimos tocando puertas por todos lados: Gobierno nacional, de la Ciudad, Ministerio de Trabajo, de Salud. Y lamentablemente desde mayo que venimos haciendo todo esto y tenemos que lamentar dos muertes. En el caso de la sucursal 160, la mujer de un compañero de la sucursal en la que que yo me desempeño como delegado falleció porque la empresa no cumple los protocolos como corresponde. Él la contagió, los dos se internaron, y lamentablemente ella no pudo salir de esto. Este compañero había denunciado ante jefe de personal que se sentía mal. Que estaba muy preocupado por su familia, por sus hijos. Esto él me lo contó a mí. Ya le dieron el alta. Necesitaba que le den los elementos correspondientes porque tenía miedo de contagiar a su familia, a su hijo. Y pasó esto, que hicieron caso omiso a los reclamos. La única respuesta que recibimos por parte de la empresa fue callar a los empleados, a mí, venir a golpearme, a patotearme. La patota sindical que tiene la empresa. Me amenazaron de muerte. Me despidieron también. Después, gracias a otros apoyos sindicales, pude otra vez retomar mi trabajo. Falleció un compañero del COTO de Quilmes también, Jorge Alcaraz, quien trabajaba hace mucho tiempo en la empresa”, detalló el delegado de la sucursal de Retiro, Héctor Castro. COTO S.I.I. (Sociedad de Irresponsabilidad Ilimitada) Además, Castro mencionó las irresponsabilidades de la empresa: “Nunca se tomaron las medidas de precaución correspondientes. Porque lo único que le interesa a la empresa es facturar. Nosotros somos para el gobierno empleados esenciales, pero para COTO somos una máquina de facturar. Precisamente lo que denuncian los compañeros es que no se les dan el aislamiento como corresponde, y eso es lo que venimos denunciando desde el inicio de la pandemia. Por ejemplo, si en un grupo de trabajadores hay diez y se contagia uno, solamente le dan el aislamiento correspondiente a uno, dos, o tres como mucho. Eso a ellos le sirve como para presentar un informe a las autoridades. Sin embargo, nosotros tenemos contactos estrechos: compartimos baños, comedor, duchas, etc. La empresa jamás activó el protocolo como corresponde, no se cerró una sucursal para desinfectar. Lo que también estamos denunciando nosotros es que la desinfección que llevan a adelante es una desinfección común. No sabemos si está certificada por el Gobierno de la Ciudad, o por el Gobierno nacional. Es una empresa tercerizada que viene, dan dos o tres vueltas y se van. Y de esa manera jamás vamos a detener el foco de contagio en el trabajo”, expresó. “COTO es el responsable exclusivo de esta dos muertes. COTO es igual a pandemia. Ya estamos cansados de seguir luchando, no vamos a parar. El Ministerio de Trabajo nos derivó con Fernando Cohen (Director General de Protección del Trabajo de la Ciudad de Buenos Aires). Yo tuve la oportunidad de hablar con él telefónicamente, y lo primero que me dijo fue: ‘ya fuimos’. Pero fueron a pasear, a dar vueltas, a fumarse un cigarrillo. Y se fueron”, denunció. Ciberpatrullaje y despidos El delegado se refirió a las persecuciones sindicales por parte de la empresa: “Coto silencia a los empleados, les hace ciberpatrullaje. No les permiten que hablen, poner en sus redes sociales algo sobre el COVID-19. Porque inmediatamente los llaman a oficina de personal y eso es una sentencia a futuro despido. No pueden opinar. Hemos creado a propósito una página para que la gente pueda comunicarse, se llama ‘Trabajadores Autoconvocados de Coto’, y nos llueven miles de denuncias. En mi caso, cuando me metí la primera denuncia me rompieron la boca. No cerraron la sucursal, me cerraron la boca a mí”, manifestó. Castro habló también de una lucha dividida. “El sindicato está fracturado. Hay agrupaciones que responden más a la parte empresarial. En mi caso estoy llevando el reclamo de esta manera, porque considero que no es un reclamo de un inodoro que está roto, o de un asunto de paritarias. Considero que está en juego la vida los hijos de los compañeros, los trabajadores. De sus padres, porque muchos de ellos viven con los padres, o sus abuelos”, comentó. Por último, aludió a ciertas dificultades para poder expresarse en algunos medios tradicionales de comunicación: “A nosotros con los portales de noticias nos va bien. El otro día estuve hablando con una colega de Crónica, que tiene rating. Y le reclamé que me iba a sacar un informe. Me dijo: ‘Mirá, vino el productor, me agarró la carpeta de COTO y me la corrió al costado. Vos ya sabrás que es la pauta publicitaria’. Me pasó algo parecido con alguien del Grupo Clarín también”, sentenció.
Gabriela Míguez, Jefa de Hemoterapia del Hospital Posadas, describió un horizonte esperanzador sobre los tratamientos realizados con donación de plasma en pacientes con COVID-19. En diálogo con Hasta que vuelvan los abrazos, detalló el estado de los ensayos, la evolución en las personas tratadas y las distintas técnicas aplicadas en el proceso de donación. (Por La Retaguardia)🎤 Entrevista: Fernando Tebele/Giselle Ribaloff ✏ Redacción: Gabriela Suárez López 💻 Edición: Pedro Ramírez Otero 🖍️ Ilustración: SportelliA —La Retaguardia: ¿Cuánto hace que se viene trabajando con la donación de plasma? ¿Tienen ya una noción de cómo funciona realmente o está todavía en etapa de observación? —Gabriela Míguez: Todavía no se pueden sacar conclusiones. Estamos haciendo un ensayo clínico ya desde hace un tiempo, desde hace unos dos meses. Primero nosotros ingresamos sólo como recolector de plasma dentro del Ensayo Clínico Nacional que es el que se hace con Ministerio. Y después ingresó ya a nuestra terapia intensiva como parte del protocolo del ensayo, así que se transfunde bajo esos criterios a nuestros pacientes también. —LR: ¿Se puede decir que va funcionando bien o hay que esperar hasta el final del ensayo para decir algo? Porque uno escucha muchas opiniones positivas y en este momento dan una carga de esperanza.—GM: Es un estudio experimental. Hay más de cien ensayos clínicos sobre esto. Antes había que ver no solo que fuera eficaz sino también que sea seguro, que no les haga daño. Primero es no haga daño y después ver si ayuda. Hay estudios muy grandes, internacionales, en los cuales se vio que es seguro. El plasma de por sí es uno de los hemocomponentes que da reacciones adversas. Puede darinjuria de pulmón, reacciones alérgicas y sobrecargas cardíacas. Lo que quiero decir que es seguro que transfundiéndolo en estos pacientes, no ocasiona más reacciones adversas que las que ocasiona habitualmente. Con respecto a la efectividad, todavía es muy prematuro sacar una conclusión con solidez científica. Sí lo que se está viendo, que también es más una expresión de deseo nuestra que todos tenemos la esperanza de que vaya a dar resultado, es que podría funcionar en pacientes cuando se da en forma prematura dentro de los primeros cinco o seis días. Porque son pacientes que ellos todavía no formaron, al estar en contacto con el virus, los anticuerpos neutralizantes, y eso es lo que le aportamos con el plasma del convaleciente. No sirve para pacientes que aparentemente tienen varios días de evolución, que están ya intubados y con una gran progresión porque ellos ya tienen sus propios anticuerpos neutralizantes que puede ser que les sirvan o no. Eso depende del grado de daño que tenga el cuerpo, el grado de enfermedad inflamatoria que haya desencadenado ese virus en ese organismo. A veces el plasma se les da a esos pacientes con títulos de anticuerpos que son más bajos que los que tiene el propio paciente.—LR: Cuándo se dice que el tratamiento funciona, ¿qué es lo que se observa para decir “esto está funcionando”?—GM: Lo que se observa es la mejoría clínica. Acá hemos visto que más o menos a las 48 horas algunos pacientes han mejorado y se han terminado yendo de alta. —LR: ¿Por qué no se aplica sobre pacientes graves?—GM: Se aplica a los pacientes moderadamente graves. La idea es no aplicarlo a todo paciente que le da positivo el COVID-19. A pacientes que ya respirando al aire tienen dificultad, están taquipneicos (con respiración anormalmente rápida y poco profunda), están con una saturación de oxígeno menor a 93%; para evitarles que tengan neumonía e intubación, se les da y se los va evaluando. Repitiendo las radiografías, viéndolos clínicamente. Empiezan por ahí a no depender de la bigotera, empiezan a saturar mejor. Se evalúan clínicamente, algunos han mejorado así. Pero todavía no se puede sacar una estadística porque no se llegó a la cantidad de pacientes que se requiere. Se requieren cientos de pacientes para decir que es efectivo. —LR: ¿Cómo es el tratamiento? Desde la persona que va a donar hasta la persona que recibe esa donación. —GM: En realidad se comunican con nosotros o los llamamos. Son donantes que son convalecientes de COVID, a los cuales les hacemos previamente una entrevista telefónica, porque uno tiene que calificar no sólo como donante de plasma sino también tiene que calificar como donante de sangre. O sea, como donantes de sangre no tienen que tener antecedentes de situaciones de riesgo, como cualquier donante: que no ingiera drogas, que no tenga tatuajes recientes, tiene que tener más de un peso determinado, etc. Es como cualquier donante de sangre común y que no tenga riesgo de contagiar al receptor de ese plasma. Y después condiciones como donante de plasma, fundamentalmente que sea hombre o mujer sin gesta, ninguna mujer que tenga embarazo puede donar, porque las mujeres con embarazo podemos formar un anticuerpo que se llama anti-HLA, que eso está en el plasma y puede ocasionar una injuria de pulmón en el receptor de ese plasma. En los únicos lugares que se aceptan donantes mujeres gestantes, es en los lugares que pueden pasar esos anticuerpos. Hay lugares que los aceptan, hay lugares que no.Se les hace esa entrevista, para evitar que el donante se acerque inútilmente acá. Si cumple, le damos una cita que tiene que pasar 28 días después de que hayan terminado los síntomas. Un paciente que la haya pasado no tan mal, que no haya estado en asistencia respiratoria mecánica, que no hayan sido transfundidos. Y se los cita a una primera cita personal, en la cual se le hacen completar todas las declaraciones juradas, los consentimientos de que acepta hacer esta donación que es como una donación de plaquetas. Es con una máquina que saca sangre total, la divide, separa unos 500, 600 mililitros de plasma y devuelve el resto del plasma, las plaquetas, los glóbulos rojos. Por eso se le explica el procedimiento, se le saca una muestra de sangre en la cual se hace un hemograma, una rutina general, para adosar
Lucila Núñez, enfermera de 57 de años del Hospital Gandulfo, falleció por una afección pulmonar a causa del COVID-19. Natalia Ledesma, su compañera de turno, pasó por el programa Hasta que vuelvan los abrazos. Allí denunció la alta cantidad de personas contagiadas, la falta de insumos en el Hospital, y recordó a Lucila, a quien despidieron sus compañeros y compañeras ayer al mediodía en la puerta del Gandulfo. La Retaguardia acompañó la despedida. (Por La Retaguardia)🎤 Entrevista: Fernando Tebele/Giselle Ribaloff ✏ Redacción: Agustina Salinas 💻 Edición: Pedro Ramírez Otero 📷 Fotoinforme: Agustina Salinas —La Retaguardia: ¿Cuál es la situación que se vive en el Hospital Gandulfo? —Natalia Ledesma: Desde que comenzó la pandemia venimos reclamando los EPP (Equipos de Protección Personal), necesarios para enfrentar esta situación. Realmente venimos con un atraso a través de los reclamos sin recibir los equipos. Los primeros fueron de muy mala calidad ahora recién están mejorando pero para todo esto tenemos un montón de compañeros contagiados. Esta es la situación y se sigue reclamando más cantidad de personal porque continuamente nos estamos contagiando dentro del hospital. Y no solamente tenemos compañeros que se contagian, tenemos que seguir trabajando y atendiendo, así que van bajando la cantidad de enfermeros. —LR: ¿Cómo recae en todos ustedes la cuestión de tener poco personal? ¿Cómo se traduce en cantidad de horas trabajadas? —NL: Desde que se sacó el decreto desde el Ministerio, tuvimos un momento con muchos compañeros contagiados. Trabajábamos con un solo franco semanal. Antes teníamos permiso para salir más temprano, nos suspendieron las vacaciones por el decreto que sacó el Gobierno en donde los empleados de salud tenemos que estar dentro del hospital. Así que tenemos una cantidad de compañeros con agotamiento anual y se suma la pandemia. Psicológicamente la estamos pasando muy mal. —LR: ¿Tienen ocasión de charlar con colegas de otros hospitales? ¿Saben si algunas cosas que pasan en el Gandulfo también suceden en toda la Provincia? —NL: Es en toda la Provincia. Vemos en Facebook que todos los compañeros piden Equipos de Protección Personal, reclaman más personal. En el Hospital del Cruce (De Florencio Varela) piden aumento salarial porque estamos por debajo de la canasta familiar. Por todo, está toda la Provincia de Buenos Aires igual. —LR: ¿En este momento están despidiendo a Lucila? —NL: Sí, tuvo los pulmones afectados y no resistió. —LR: ¿Qué nos podés contar de ella para quienes no la conocimos? —NL: Era una compañera totalmente entregada a su vocación. Excelente profesional, una mujer luchadora que vino de Formosa a Buenos Aires. Levantó su casa desde cero, con sus hijos. Siempre estaba con una sonrisa trabajando, siempre luchadora. No faltaba nunca, ella siempre estaba ahí, al pie de la cama del paciente. Era una excelente profesional, no tengo palabras, era mi compañera de turno.
Desde que se decretó la cuarentena obligatoria por la pandemia de COVID-19, en los barrios periféricos de todo el país se profundiza la crisis y la desigualdad. Al mismo ritmo, aumenta la solidaridad entre vecinos y vecinas, crecen los comedores, las ollas populares y los merenderos. De esta manera llenan un vacío que deja el Estado y resuelven situaciones urgentes y necesarias: dan de comer a los pibes y pibas del barrio, quienes muchas veces sólo tienen alimento gracias a esas personas. (Por La Retaguardia)✏ Redacción: Agustina Salinas 💻 Edición: Pedro Ramírez Otero 📷 Fotos: Agustina Salinas En Lomas de Zamora, a pocos minutos de la estación y en la intersección de las avenidas Oliden y Frías del Municipio que conduce Martín Insaurralde, desde hace más 30 años que se levantó el Barrio la Chatarra, bautizado así por ocupar los alrededores de un local abandonado de compra y venta. Entre las calles Sirito y Richieri, lindante con el arroyo del Rey que atraviesa la avenida Oliden, los y las vecinas organizan la cena y merienda para repartir en el barrio. Comenzaron a fines de abril cuando se alertaron por la necesidad de las familias sin ingresos, en particular por una pareja con 7 hijos e hijas que vivían en un colectivo. Fue así que Claribel, su marido Maxi, sus cuñadas y suegra, y su vecino Elías levantaron la olla que sostienen desde hace más de 3 meses los lunes, miércoles y viernes. Los días martes y jueves preparan la merienda para repartir en el barrio. “El hambre no espera”, dice Claribel al remarcar la importancia de darles un plato de comida a más de 40 familias y la copa de leche a más de 30 pibes y pibas. La olla se sostiene con aportes solidarios, donaciones, o con plata que juntan entre ellas para comprar lo necesario, ya que no reciben partidas de alimentos ni desde el Municipio que conduce, ni desde el Ministerio de Desarrollo Social. A través de las redes solidarias y del boca en boca, también lograron conseguir una casilla para ayudar a la familia de Maxi y Ximena, que desde esta semana habitarán su nuevo hogar, que recibieron gracias a la difusión de su problemática habitacional. Además de padecer la pandemia de coronavirus, los vecinos y vecinas de La Chatarra denuncian la contaminación del arroyo en el que varias empresas cercanas desechan sus residuos químicos y contaminan el agua. Esto genera erupciones y problemas respiratorios, y perjudica principalmente a los niños y niñas.. Desde el Municipio y la Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) dan por finalizada la obra que nunca llegó a ese barrio, a pesar de la evidente falta de canalización y limpieza del arroyo. No hay respuestas a pesar de la insistencia y denuncias que realizan desde hace varios años. De lunes a viernes, Claribel y sus vecinas se preparan para llevar algo que a esta altura es esencial pero parece un privilegio: un plato de comida a sus vecinos y vecinas.
La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires aprobó una ley que regula las aplicaciones de reparto y envíos. Lucas, un trabajador de delivery, en dialogo con el programa Hora Libre, dio detalles acerca de la nueva ley y aseguró que empeora aún más las condiciones laborales contra las que ya estaban luchando. (Por La Retaguardia) 🎤 Entrevista: Rodrigo Ferreiro/Matías Bregante✏ Redacción: Nicolás Rosales💻 Edición: Pedro Ramírez Otero Impulsado por el bloque de Vamos Juntos, el proyecto de ley para regular las aplicaciones de reparto fue aprobado con el acompañamiento de UCR-Evolución, mientras que el bloque del Frente de Todos se abstuvo en la votación. Cabe aclarar además que las empresas de aplicaciones de reparto no se hacen cargo de seguros de trabajo, tampoco del equipamiento de seguridad vial y de insumos de higiene ante la pandemia de COVID-19. La nueva norma estaría lejos de los marcos de la legislación laboral. La ley fue impulsada como modificación del Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad de Buenos Aires y contó con la aprobación de 39 votos a favor, 4 en contra y 17 abstenciones. La propuesta no pasó por Comisión de Legislación del Trabajo. Las y los repartidores son monotributistas, no tienen un salario fijo y obtienen sus ganancias por cantidad de de pedidos que hagan en las horas que le dediquen a su trabajo, que a veces alcanzan las 12 horas diarias. Una ley a favor las empresas“Yo soy repartidor de Rappi, que es una de las empresas de delivery de aplicaciones. Como trabajadores de estas empresas facilitamos la llegada a la casa de cada uno de los clientes de los productos que venden los comercios”, se presentó Lucas, quién no quiso dar su apellido para esta entrevista. “Lo que se aprobó es la modificación de un código vial de tránsito que establece algunas pautas que para nuestra actividad son importantes, pero que sientan un precedente para nosotros malo, negativo. En primer lugar porque se crea un registro de habilitaciones para repartidores y para comercios que si uno no está dentro del mismo y estás trabajando, te agarran y podés sufrir infracciones. Multas que, por lo que anunciaban, son de montos muy altos. Para que te aprueben la habilitación y todo hay que cumplir con una cantidad de normas que se exige, obviamente tener los papeles en regla. Toda una cantidad de requerimientos que todavía no tenemos la letra chica fina de cómo van a ser, pero que a priori significan que una cantidad de compañeros no puedan continuar trabajando”, explicó acerca de lo que se trató en la Legislatura porteña. Y detalló: “Hoy en día son miles de compañeros los que llevan a cabo esta tarea en la Capital Federal pero también muchos de la provincia que van a trabajar a la Ciudad. Nosotros tenemos compañeros de La Plata que trabajan en Capital y que se van a ver afectados por la creación de este registro y seguramente muchos queden sin la posibilidad de seguir trabajando. Está este registro con las consecuentes multas e infracciones que sabemos que van a servir para que haya una persecución y un mayor énfasis en el seguimiento a los repartidores. Es decir, que se trasladan un montón de obligaciones a los trabajadores, como vestimenta adecuada o los cascos homologados. Toda una cantidad de requerimientos que van a cargo o las espaldas de los repartidores, porque ninguna de todas estas medidas las tiene que garantizar las empresas. Todo lo que nosotros estamos viendo es que el gobierno lo que hace es aprobar una ley que le transfiere un montón de cargas y requerimientos al repartidor pero mantiene vigente una relación laboral que no está reconocida por parte de las empresas. Se mantiene esta figura que nosotros somos trabajadores monotributistas y según las empresas somos ‘colaboradores’,, no somos trabajadores de ellos. Digamos que legaliza que la empresa sea una intermediaria y no una patronal o un empleador”. Rechazo a más explotación “El régimen laboral que de precarización que nos afecta a nosotros , que ha dado como resultado que durante estos meses de cuarentena siete compañeros hayan perdido la vida, está intacto. Lo único que cambia ahora es que para poder trabajar y no sufrir las multas tenemos que estar en un registro de habilitaciones. Pero todas las condiciones laborales precarias de ultraexplotación que nosotros ya sufrimos se mantienen iguales. Lo que decíamos es que esta ley lo que hace es legalizar la precarización porque nos considera a nosotros como personas que estamos ofreciendo un servicio y considera a las aplicaciones como meros intermediarios. Entre nosotros que ofrecemos el servicio de la mensajería o de la logística, y el comercio y el cliente. Por eso, nos movilizamos rechazando la aprobación de esta ley. Porque no resuelve el problema que nos afecta a nosotros”, aseguró el repartidor. “La ley provee que supuestamente tenemos que tener un seguro, pero nosotros consideramos que lo que tiene que haber es un convenio colectivo de trabajo, un reconocimiento de la relación laboral y por lo tanto lo que nosotros necesitamos no es un seguro, es una Aseguradora de Riesgos de Trabajo (ART). Necesitamos también licencias. Avanzar y reconocer los derechos que tiene cualquier trabajador que desenvuelve una tarea en lo que es el rubro de la logística o el transporte. En esta ley no hay nada para festejar, la verdad es esa. Con lo cual, ahora continúa el debate, porque hay un rumor de que en la Provincia de Buenos Aires también se estaría avanzando en algún tipo de regulación similar a esta que se aplicó en la Ciudad. Y está también la discusión en el ámbito nacional de un estatuto de los trabajadores de aplicaciones por parte del Ministerio de Trabajo de la Nacional. Lo que ha salido a la luz de este proyecto, de este nuevo estatuto que está escribiendo la cartera del ministro (Claudio) Moroni, marca que los trabajadores de las aplicaciones y del reparto en este estatuto nos vamos a encontrar por fuera de
Fabio Manupella, integrante de la organización Proyecto 7, habló acerca de las condiciones en las que vive la gente en situación de calle durante la pandemia de COVID-19. Lo hizo en el programa radial La Retaguardia, a partir de lo sucedido en el barrio porteño de Constitución a principios de julio, cuando incendiaron a una persona durante la madrugada. Manupella cuestionó la ausencia de políticas de parte del Gobierno nacional, de la Ciudad de Buenos Aires, y el incumplimiento de leyes vigentes que protegen sus deechos. (Por La Retaguardia) 🎤 Entrevista: Fernando Tebele/Pedro Ramírez Otero ✏ Redacción: Nicolás Rosales 💻 Edición: Pedro Ramírez Otero 📷 Foto de portada: Archivo Natalia Bernades La Retaguardia A principios de julio, una mujer en situación de calle fue prendida fuego y asesinada. Ocurrió en la madrugada del sábado 4, bajo la autopista 25 de Mayo en el barrio porteño de Constitución. Las cámaras ubicadas en el lugar, informó el medio El Grito del Sur, registraron el hecho y podrían dar indicios de la persona responsable. En referencia a este caso, Fabio Manupella, integrante de la organización Proyecto 7 que trabaja con personas en situación de calle, expresó: “Estoy muy enojado con lo que está pasando con les compañeres en situación de calle, los medios corporativos no difunden esto. Lo que pasó con nuestra compañera en Constitución , estando a dos cuadras de la comisaría, es un lugar muy transitado por la policía. Conozco el lugar, he hecho y llevado comida para la gente de ahí. Esto fue en la calle Virrey Ceballos, a una cuadra de la Avenida San Juan. En ese momento estaba todo muy iluminado pero no había policías”. A partir de lo sucedido en Constitución, Manupella describió las situaciones que atraviesa, en este contexto de pandemia, la gente que vive en la calle. “Hay compañeros que se están muriendo por el coronavirus. Cuando los carteles nos dicen ‘Quedate en casa’, ¿dónde tenemos nuestras casas nosotros? Si no fuera por Proyecto 7 que hizo la denuncia ante la justicia mucho antes de que comience la pandemia para que se adelante el operativo frío y que el juez ordenó al Gobierno de la Ciudad, al jefe de gobierno y sus ministros sacar, proteger y mejorar la situación que vive la gente en situación de calle. No hicieron nada de nada. Tenemos que aclarar algo, que es muy difícil y esperemos que se entienda bien: tener encerrada a gente en situación de calle que tiene problemas de adicciones, familiares, y un montón de cuestiones, es muy difícil. Proyecto 7 lo hace, y el Gobierno no, y no tiene ninguna intención de hacerlo. Y esto viene desde hace muchos años. Hace 20 días atrás murieron dos personas: una compañera de 24 años de coronavirus, y otro compañero de Barracas también, cerca del CI (Centro de Integración de Proyecto 7). Y si no fuera que llamamos a la ambulancia hubiese muerto en la calle, como están muriendo otros”, denunció. Y agregó: “No hay control de limpieza e higiene, no tienen profesionales, como psicólogos. El Gobierno de la Ciudad cree que con un chocolate caliente y tener encerrada a la gente se arregla el problema, y no es así”. “A nosotros el subsidio habitacional no nos sirve, es de 5000 a 7000 pesos. ¿Qué hacés con eso? ¿Dónde alquilás? Se puede ir a un hotel y después se está en situación de calle de nuevo. Nosotros queremos políticas públicas. Que existan de verdad, que se cumplan. Hay una ley, la 3706, que no se cumple. El BAP (Buenos Aires Presente) no existe y nunca existió. El operativo frío consiste en ir a los paradores y nada más. Y la pandemia va seguir hasta que no salga una vacuna, y nosotros vamos a seguir estando en la calle. Hasta ahora nadie del Gobierno lanzó el operativo frío.”, remarcó. La ley a la que hace referencia es la de Protección y Garantía Integral de los Derechos de las Personas en Situación de Calle y en Riesgo a la Situación de Calle. “Vengo enojado con lo que está pasando, porque nadie ve nada, o se hacen los boludos. Veo los carteles por la ciudad de ‘quedate en casa’, y justo debajo de uno a dos compañeres durmiendo. La Ley 3706 se tiene que cumplir, y se tiene que aplicar. Ningún medio habla de esto, si no fuera por los medios alternativos y populares esto no se sabría”, continuó. El integrante de Proyecto 7 también responsabiliza al Gobierno nacional: “Esto pasa en todo el país. Nadie quiere vivir en la calle, esto es provocado por los Estados. Y lo que está pasando con la pandemia es que la gente se quedó sin trabajo. Hoy hay un 30% más de gente en la calle de lo que había. Si uno va a Pavón y Entre Ríos (Desarrollo Social de La Ciudad) se ven colas desde las tres de la mañana. Esa oficina es un desastre, lo que se ve ahí es muy indigno. Hay maltrato”, manifestó.Por último, hizo mención de que los CI de la organización están desbordados, y aclaró que al mismo tiempo están siendo muy estrictos con las exigencias de higiene y protocolos por el coronavirus. “Compañero que entra, ni bien llega, va al baño, la ropa se pone una bolsa, y se cambia.Los compañeros tienen los barbijos constantemente puestos”, detalló. “Nuestra vida no son diez mil pesos por día”, declaró en referencia a un fallo de la justicia que obliga al jefe de gabinete del Gobierno porteño, Felipe Miguel, al cumplimiento de hacerse cargo de la gente en situación de calle, y que no de cumplirse la multa sería de ese valor por cada día que pase. La principal exigencia del juez Guillermo Scheibler, a cargo del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº 13, es que se active el protocolo de actuación para prevención y manejo de casos sospechosos con el fin de prevenir la propagación del virus COVID-19 en los hogares, lugares y/o dispositivos de resguardo.
Durante los primeros meses de la pandemia Catamarca inflaba el pecho con cero personas contagiadas. La periodista feminista Laura García Vizcarra, en diálogo con Hasta que vuelvan los abrazos, nos ayudó a vincular el primer foco con la actividad minera en la provincia, considerada esencial (¿?) por el gobierno desde el primer decreto de aislamiento. Al día de hoy, Catamarca tiene 42 casos confirmados. (Por La Retaguardia) 🎤 Entrevista: Fernando Tebele/Giselle Ribaloff ✏ Redacción: Gabriela Suárez López 💻 Edición: Pedro Ramírez Otero —La Retaguardia: ¿Cómo se conoció el primer caso de COVID-19 en la provincia? —Laura García Vizcarra: Estoy en el barrio del foco, porque mi casa está a tres casas de la casa de los contagios, así que estamos encerradísimas. El primer caso positivo es de un muchacho que trabaja en una empresa de transporte, que está aparentemente asintomático según manifiesta él. Entonces, entra a la provincia y no hace la cuarentena. —LR: ¿Sabés de dónde venía? —LGV: De Buenos Aires. Él es de acá, es mi vecino. Y se armó un revuelo, caza de brujas, porque empezó a circular la información, filmando calles. Todo esto que socialmente nos atraviesa y que es muy tremendo. Ese chico mantuvo contacto estrecho con su familia que son cinco casos más. No nos podíamos mantener alejados, estamos hablando de un virus. Un virus que se contagia con mucha facilidad, era muy extraño, tanto tiempo. Si bien es verdad que tuvimos un montón de medidas que se implementaron antes que a nivel nacional; aquí se suspendieron antes las clases, se suspendió antes el trabajo en las oficinas públicas, empezaron a hacer controles en el aeropuerto. Pero el puerto de Catamarca es microscópico. Recibe solamente un vuelo de Buenos Aires, la provincia es muy chiquitita y no es gran tarea controlar ese tipo de cosas. —LR: ¿Podríamos decir que por eso se venía manteniendo indemnes a la aparición del virus allí, porque es relativamente fácil hacer los controles en el tránsito? —LGV: Creo que ha sido más suerte que otra cosa, porque en realidad acá hay algo que se viene denunciando desde hace mucho tiempo y no solamente lo hacemos los catamarqueños, sino que lo hacen compañeras y compañeros en todo el país que es que la actividad extractivista no paró ni un minuto. Tanto la agroindustria, como la minera, no han parado en ningún momento. Y la minera necesita insumos de otras provincias. Generalmente de provincias como La Rioja, por ejemplo, que tiene en estos momentos alto nivel de contagio de virus. Entonces, los camioneros entraban y salían. Por supuesto que no acá en la capital donde estaba un poquito más intensificado el control, sino al norte de la provincia. El departamento Belén, puntualmente, y también Andalgalá, entrando y saliendo como panchos por su casa. Sin permisos: la minera se autocontrola. La minera le toma la temperatura a sus empleados y decide si el empleado está o no en condiciones de ingresar a la provincia. Es decir, no interviene el COE (Centro de Operaciones de Emergencia), como interviene en todas partes. —LR: Si toman la fiebre como cuidan el agua estamos al horno, ¿no? —LGV: Eso digo, sumado a que el camionero que vino, que vino justamente para traer maquinaria para LIVENT, que es la empresa que está explotando litio acá en Catamarca. Una actividad sumamente resistida, porque necesita de mucho agua en una zona que es prácticamente desértica. Y una empresa que días atrás obtuvo la aprobación del uso de más recursos hídricos todavía. Este camionero, que vino desde La Rioja, que tuvo contacto con muchísima gente, contacto muy estrecho con un señor ahí en Belén, que después a su vez tuvo contacto con mucha otra gente… Y el camionero ya vino con el virus activo, y se fue y lo seguía teniendo activo. ¿Cuándo le detectan eso? Ya tenía rato de estar enfermo. En La Rioja, porque en Catamarca nunca se le comprobó porque venía con el autocontrol de la minera. Y no solamente ese señor, entran camiones todos los días, hay filmaciones de los compañeros en las rutas. Esto sucede porque la minería es una actividad esencial para nuestro presidente de la Nación. Para el decreto presidencial se replican decretos locales. Ayer emitieron el nuevo decreto que nos amplía la fase 1 porque estamos encerrados ahora hasta el 12 de julio cada uno en su casa con estrictos controles. No nos dejan trabajar, ni siquiera yo puedo salir que soy periodista a hacer mi trabajo. Pero la minera sí, es la actividad esencial número 16. —LR: Los casos están ahora solamente en San Fernando del Valle de Catamarca? —LGV: Los casos positivos sí, lo que pasa es que en Belén y Andalgalá han testeado a mucha gente pero todavía no hay datos de los testeos. —LR: En estos 105 días en donde Catamarca no registró casos habría podido reforzar todo el sistema sanitario, ¿es así? Porque, por ejemplo, Andalgalá y Belén son dos lugares donde el sistema sanitario no sería de los mejores. —LGV: Catamarca es una provincia que tiene absolutamente todo concentrado en la capital. Una persona tiene que hacerse un control cardíaco, tiene que venir acá a la capital. Una mujer se tiene que practicar ILE (Interrupcion Legal del Embarazo) , tiene que irse a la capital. ay muy mínimas excepciones, Belén es uno de los hospitales con un poquito de mayor complejidad, digamos. Pero todo está concentrado en la capital. Entonces, si de repente teníamos todo un pueblo de Belén y todo un pueblo de Andalgalá contagiado, colapsaba inmediatamente el sistema de salud que tienen ahí. Había que empezar a trasladar a las personas a la ciudad o llevar los respiradores. —LR: ¿Cómo está la situación del dengue? Había una preocupación fuerte por este tema en Catamarca y eso había hecho que se tomaran las medidas de prevención tan temprano. —LGV: Habíamos estado sin ningún caso, y lamentablemente como que vino todo junto. A mediados de febrero, La Rioja tenía un foco muy grande de dengue y si bien puedo
A partir de un relevamiento llevado a cabo en la Comuna 11 de la Ciudad de Buenos Aires, tras iniciativas de vecinos, vecinas y asociaciones comerciales, se concluyó que la situación de las PyME en medio de la pandemia de Covid-19 es muy crítica. En entrevista con el programa Tengo una Idea, la periodista y vocera vecinal Mónica Rodríguez, describió un escenario alarmante: estas pequeñas y medianas empresas no pueden pagar los sueldos, tampoco los servicios, y muchas de ellas han tenido que cerrar las persianas. (Por La Retaguardia) 🎤 Entrevista: Carlos Morchio/Nicolás Rosales ✏ Redacción: Nicolás Rosales 💻 Edición: Pedro Ramírez Otero 📷 Foto de portada: Página12 Mónica Rodríguez, periodista y vocera vecinal, explicó de qué se trató el relevamiento que se realizó en la comuna porteña que comprende a los barrios de Villa General Mitre, Villa Devoto, Villa del Parque y Villa Santa Rita: “Entre el 29 de mayo y el 1 de junio realizamos un relevamiento en la Comuna 11 , acerca de cómo estaba la situación de las MiPyme, que son las mircro, pequeñas y medianas empresas. Nosotros lo observamos a título de buen cubero circulando por la zona. Pero queríamos saber con más precisión cómo estaban y lanzamos una encuesta. Nosotros tenemos una base muy grande de empresas de la región. Surgieron datos que eran bastante alarmantes, y que después se fueron constatando a medida que pasó el tiempo. Los datos son alarmantes fundamentalmente porque cuando uno habla de pequeña y mediana empresa, está hablando del conglomerado de PyME que en la Ciudad de Buenos Aires son la principal actividad económica. El 97% de las empresas son pequeñas y además dan trabajo al 45% de la población de la Ciudad y del conurbano bonaerense. La desaparición de la pequeña y mediana empresa significa el quiebre económico no solamente en la Ciudad, está pasando algo similar en la Provincia de Buenos Aires. El proceso de destrucción se acelera a medida que avanza la cuarentena”. “Nosotros sacamos una serie de conclusiones a partir de este relevamiento. Para que ustedes tengan una idea, el 80% de las empresas de la Comuna 11 piensa que no pude pasar fines de agosto. Estarían quebradas para principios de septiembre manteniéndose la cuarentena. Y manteniéndose los mismos tipos de ayuda o no del Gobierno. Porque los únicos que han dado un nivel de ayuda es el Gobierno nacional. Solamente el 27% de las PyME de nuestra zona han obtenido esta ayuda, ya sea vía ATP (Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción) para el pago de una parte del salario, o vía Monotributo. Estas son las únicas ayudas y, en nuestra encuesta, ninguna empresa accedió al crédito del 24% (para el pago de sueldos a tasa fija) y por parte del gobierno de la Ciudad hasta al día de hoy no hay ningún tipo de ayuda. Más que ayuda, las empresas empiezan a necesitar salvatajes. Porque directamente están en plano de quiebra”, dijo analizando algunas conclusiones.“Le hicimos llegar la encuesta a las empresas, vía Whatsapp, redes sociales y mail. La verdad es que recibimos una importante recepción. Después que hicimos el relevamiento, continuó abierta para más respuestas, y las tendencias se siguen manteniendo prácticamente de la misma manera. La Comuna 11 en el mes de junio ha sido privilegiada, porque ninguno de los centros comerciales fueron cerrados. Pero en la Ciudad de Buenos Aires, se mantuvieron sin la posibilidad de poder abrir 22 centros comerciales de grandes avenidas. Es decir, gente que no ha abierto nunca, o a lo sumo la dejaron abrir una semana”, agregó. Nueva etapa de cuarentena Desde el miércoles 2 de julio, se comenzó con una fase de mayor restricción para intentar frenar la circulación de personas y achatar la curva de contagios de Covid-19. Esto, en términos económicos para el sector empresarial al que se viene haciendo referencia, representa una crisis mayor. “Esto va hacia un mayor agravamiento. Los que venden take away, como las casa de comidas, principalmente restaurantes, están trabajando a un 5%, o 10 % de la actividad. Lo que observo en los últimos 60 días es que hemos terminado en una cuarentena económica, y el único proceso de destrucción y de cierre es el de las pequeñas y medianas empresas. Mientras que se las prohíbe trabajar, en paralelo la gente está circulando, te das cuenta de esto en el barrio. Si el Gobierno no presta atención rápido, vamos a frenar el virus, pero vamos a generar un derrumbe económico de impredecibles consecuencias. Vuelvo a repetir, en Argentina el 98% de las empresas son PyME, producen para el mercado interno y dan el 65% del empleo del país. La gran mayoría, más allá de que las tres cuartas parte del país hoy está en distanciamiento social y no aislamiento, la mayor parte de las empresas están el conglomerado del AMBA (Área Metropolitana de Buenos Aires), entonces si no se toma una medida y se va hacia una cuarentena estratégica y segmentada, lo que tenemos es que el virus no lo vamos a parar, y por el otro lado se va seguir generando un proceso de destrucción que cada día es más acelerado. Porque cada día el empresario tiene menos reservas”, expresó la periodista. Por último, Rodríguez detalló: “Este estudio lo hicimos en conjunto con la Unión de Comercio de Villa del Parque, y ellos a su vez lo elevaron FECOBA (Federación de Comercio e Industria de la Ciudad la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) y CAME (Confederación Argentina de la Mediana Empresa), y desde esas entidades están permanentemente trabajando, sobre todo FECOBA, con el Gobierno de la Ciudad, que creo que algunas cosas las entienden pero no aplican medidas. Yo escuché el otro día a Rodríguez Larreta cuando hizo la conferencia el presidente y el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, que esta semana iban a lanzar algunas medidas crediticias, pero hasta el momento no hay nada. Una de la preguntas que hicimos era qué es lo que les estaba afectando más la