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Lo dijo Irina Alonso, actriz, docente y directora teatral en referencia a la situación actual de los trabajadores y trabajadoras de la cultura, en especial de las artes escénicas. Alonso dialogó con el programa radial Tengo una Idea y explicó el momento crítico que atraviesa el sector independiente, en el marco de la pandemia de COVID-19 (Por La Retaguardia) 🎤 Entrevista: Graciela Carballo/Nicolás Rosales ✏ Redacción: Nicolás Rosales 💻 Edición: Pedro Ramírez Otero 📷 Foto de portada: http://irinaalonsoactriz.blogspot.com La precarización y desprotección de los y las trabajadoras de la cultura independiente se intensificó con el aislamiento social, preventivo y obligatorio. Irina Alonso explicó cómo viven en este contexto de pandemia: “Hubo muchas encuestas en estos días de parte de diferentes entidades para ver en qué situación estamos los trabajadores del teatro. Estamos en una situación muy delicada porque la mayoría vivimos de nuestras funciones y de nuestras clases, ambas interrumpidas. Por lo cual tenemos a muchísimas compañeras y compañeros que están sin ningún ingreso”.La actriz también mencionó algunas medidas que el sector está proponiendo. “Por un lado estamos pidiendo que los dirigentes de la Asociación Argentina de Actores elaboren un padrón nacional que debería estar confeccionado por las delegaciones y asociaciones afines al sector en todo el país que avale la tarea de los artistas que representan. Ya sean afiliados al sindicato o no. Después solicitamos que ese padrón sea llevado a las autoridades del ANSES como para ser incluidos en el Ingreso Familiar de Emergencia. Y también hacer extensiva una copia al Ministerio de Desarrollo Social para quienes necesiten obtener y gestionar la Tarjeta Alimentaria”, dijo. “Se está pidiendo la exención de pago de los Ingresos Brutos para los y las trabajadoras del sector que trabajen en aquellas provincias donde no se encuentre exento. La suspensión de los pagos de los servicios públicos para todas las salas y centros culturales. Celeridad por parte de las instituciones correspondientes como el INT (Instituto Nacional del Teatro), el FNA (Fondo Nacional de Las Artes) Iberescena, Proteatro, FMA (Fondo Metropolitano de las Artes), Consejo Provincial del Teatro Independiente para la tramitación de subsidios”, continuó exigiendo. Alonso se animó a proyectar el después de la pandemia con más propuestas: “Que haya una articulación con los Ministerios de Educación y de Ciencia para realización de contenidos que puedan ser viabilizados por los canales de televisión universitarios. Apoyo para la realización de festivales escénicos una vez que se la crisis finalice y así cubrir toda la necesidad de trabajo que habrá en el sector”, manifestó.“Entendemos que el país está pasando por una situación compleja donde los gastos en sanidad se llevan la mayoría de las partidas presupuestarias pero también creemos que es importante direccionar la mirada a aquellos organismos, entidades privadas, que sean los recaudadores de las grandes sumas de dinero como supermercados, industria de la construcción, la farmacéutica, laboratorios, creemos que es el momento que lo que más tienen aporten para los sectores más vulnerables”, expresó la directora teatral. Cerca del final, Alonso remarcó que este contexto de pandemia es una oportunidad para visibilizar la enorme desprotección en la que se encuentra la actividad cultural autogestiva, en particular la de los trabajadores de las artes escénicas. “Es una oportunidad también para empezar a revertir esta situación a partir de políticas concretas con leyes específicas. Nuestras condiciones de trabajo están muchas veces están idealizadas bajo el rótulo de pasión. Pero ya eran precarias desde antes del coronavirus. Este nosotros y nosotras no pretende recortar un segmento en particular sino que comprende a todos los roles del quehacer escénico: actores, directores, dramaturgos, bailarines, coreógrafos, titiriteros, escenógrafos, iluminadores, realizadores, técnicos, talleristas, docentes, coordinadores de espacios culturales”, agregó. “Lo que decimos desde este sector es que no hay ninguna normalidad a la que hay que volver, porque es en esa normalidad en la que se funda nuestra precarización. Lo que ahora proponemos es crear alianzas corriendo el foco de lo individual o de lo sectorial. A ver si podemos repensar nuestro lugar dentro del tejido social y económico como trabajadores de la cultura. Así podemos tal vez lograr que no se nos siga considerando prescindibles ya sea con o sin pandemia de por medio. Al final de esta cuarentena a lo mejor nos encontramos con menos recursos pero ojalá nos encontremos con mejores estrategias porque nunca en nuestra historia se realizaron tantas encuestas y relevamientos sobre el sector cultural, y nunca antes fue tan clara la importancia económica y simbólica de nuestra actividad. El indudable diálogo con el resto de los actores de la sociedad, incluido el Estado. Pensamos que volver a la normalidad es hacer caso omiso a esta enorme evidencia.”, concluyó.

El martes 12 de mayo se confirmaron  79 personas contagiadas de COVID-19 entre residentes del Parador Retiro, que alberga a varones en situación de calle y está ubicado en la Ciudad de Buenos Aires. Este parador, que es uno de los tres con ingreso directo del gobierno porteño y se suman a los autogestivos Proyecto 7 y a los tres polideportivos que se habilitaron en la Ciudad, fue cerrado provisoriamente. (Por La Retaguardia) ✏ Redacción: Silvio Florio💻 Edición: Rodrigo Ferreiro📷 Foto de portada: Documental Parador Retiro  Todo comenzó hace casi una semana. Uno de los empleados administrativos del Parador, quien pidió se reserve su identidad por temor a las represalias laborales, había confirmado el jueves pasado que uno de los usuarios fue retirado con un estado febril por una de las ambulancias del SAME y trasladado a uno de los dos hospitales que dependen del área programática del Parador Retiro, el Hospital General de Agudos Dr. Juan A. Fernández. Lo llamativo de este primer caso era que el paciente no había salido del Parador, por lo que era más que probable no sólo el contagio comunitario sino la extensión hacia toda la población del lugar, cosa que sucedió, con el agravante de que 12 de ellos fueron trasladados al Hospital Muñiz en un micro escolar, cuestión que viola cualquier protocolo de aislamiento existente sobre Coronavirus y que produjo la elevación de una queja por parte de la responsable del Área del hospital. Lo que queda en evidencia, como tantas otras cuestiones que exacerbó esta pandemia, es el combo fatal de falta de improvisación, desidia y ausencia de acciones concretas por parte del Estado, que termina con la imposibilidad de tratar a personas en estado de vulnerabilidad social  como sujetos de derecho.Según la página oficial del gobierno los paradores “tienen como objetivo brindar a las personas en situación de calle un ámbito de contención y atención institucional para promover la reinserción social de ciudadanos en situación de vulnerabilidad socioeconómica”, pero en la realidad y, desde hace muchos años, sufren falencias estructurales y de sobrepoblación que la pandemia terminó subrayando. En la práctica, el dispositivo es un galpón con muchas camas en fila, en el que se viven conflictos diarios, muchos de ellos violentos; en el que se mezclan personas “pesadas” de ranchadas con adultos mayores o personas que recién ingresan al circuito “calle” y con pocos profesionales (Psicólogos, Médicos, Trabajadores Sociales) que, lejos de tener un enfoque interdisciplinario, deben hacer malabares con pocos recursos para mediar en situaciones emergentes. Muchos cuadros de esta dinámica cotidiana están muy bien representados en el documental “Parador Retiro”, filmado durante el 2008. Los recursos ya limitados y con una evidente falta de planificación se muestran en el relato del empleado. La Gerencia Operativa de Atención Integral a los Sin Techo, a cargo de Soledad Crugnale, le informó que durante el fin de semana posterior al contagio “no iban a realizar ningún hisopado (sic) a los demás usuarios”, pero que quedaba en cuarentena en su domicilio tal como indica el protocolo a nivel nacional. El resultado, una semana después, está a la vista: 79 usuarios del parador están infectados y 13 bajo sospecha. Hasta su permanencia en el dispositivo, el mismo empleado aseguró que no se acercó ningún funcionario ni personal de limpieza. Una vez en su domicilio se enteró por comunicación vía celular con otros empleados que  se hizo presente el coordinador del parador, Leonardo Pasatir, además de un equipo especial que desinfectó las instalaciones. Los demás escalones, además de la mencionada Soledad Crugnale, son el Director General de Atención Inmediata Mariano Goyenechea y el Subsecretario de Fortalecimiento Familiar y Comunitario de la Ciudad Maximiliano Corach, hijo del recordado Ministro del Interior menemista, Carlos Corach, denunciado por distintas organizaciones sociales desde hace años por  dibujar el número real de personas que viven en las calles. También la voz preocupada del empleado denuncia presiones de esta estructura jerárquica para permanecer en sus lugares de trabajo, ya que la mayor parte no está en planta permanente y debe renovar sus contratos cada año, en el mejor de los casos. Si bien él está en cuarentena, conoce la situación por relación directa con otros empleados que son obligados a asistir. “Es como que te dicen: ‘o te morís solo o matás a tu propia gente’”, graficó de manera contundente, enumerando a los componentes de las familias y un indicador más de su estado de sensibilidad, y la casi nula contención psicológica a empleados que están en situación de riesgo, salvo llamados telefónicos diarios para que informe su estado de salud y del lugar. Los últimos datos del Censo Popular realizado por organizaciones sociales  en el 2019 fueron contundentes: la cifra de gente en situación de calle trepó a 7251. Este tipo de políticas públicas paradigmáticas del macrismo desde su asunción en el gobierno de la Ciudad, condena a las personas que viven en la calle, no sólo a un proceso de invisibilización, sino que las cronifica sin planes de reinserción laboral, más allá de iniciativas individuales de buena fe de algunos funcionarios o talleres del gobierno.

La falta de agua en las villas porteñas y en los barrios populares de la ciudad hace muy difícil detener la propagación del Coronavirus y los casos de contagios continúan incrementando exponencialmente. El 5 de mayo, en una sentencia histórica, la Justicia le ordenó al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires proveer agua potable en las villas y barrios populares. La resolución, firmada por el juez Osvaldo Otheguy, debía cumplirse en los siguientes 5 días y garantizar que cada habitante recibiera 150 litros por día. Tras declararse incompetente, el gobierno porteño no ha iniciado acciones para solucionar el problema de la falta de agua, mientras que los medios de comunicación y el discurso oficialista intentan desviar el foco de conflicto y hacer responsables a los propios barrios del aumento en los infectados debido a su densidad de población. (Por La Retaguardia) 🎤 Entrevista: Giselle Ribaloff, Pedro Ramírez Otero y Fernando Tebele ✏ Redacción: Diego Adur 💻 Edición: Rodrigo Ferreiro 📷 Fotos: Página 12, Hernán Zenteno y La Garganta Poderosa Cuando empezaron a conocerse los primeros casos de contagio de Coronavirus en las villas porteñas y los barrios populares de la ciudad, también comenzaron a visibilizarse reclamos históricos de sus habitantes y de las organizaciones sociales que allí funcionan. Uno de los más graves es, sin duda, la falta de agua que sufren quienes residen en estos lugares. Ante los estrictos pedidos de aislamiento social, distancia entre personas e intensificación de la higiene personal, es inaudito que las zonas más desprotegidas y hacinadas no cuenten con acceso a agua potable para poder enfrentar la pandemia. Frente a esta emergencia social, la Justicia ordenó al Gobierno garantizar el agua potable a todos los habitantes de la ciudad. El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires aún no ha cumplido con la sentencia que vence el día de hoy, miércoles 13 de mayo, ni ha elaborado un Plan de Contingencia para los casos más urgentes, como establecía el fallo. Mientras tanto, el Ministerio de Salud porteño indicó que los contagios de Covid-19 en las villas superan la barrera de los 700 casos y, teniendo en cuenta que hay decenas de casos no formalizados, esa suma podría ascender a muchos más. El primer caso fue registrado el 21 de abril en el barrio Carlos Mugica y hoy en día ya son 14 barrios populares con casos de contagio confirmados. Además, en el Barrio Padre Ricciardelli (ex villa 1-11-14) el 80% de los casos testeados tuvieron resultado positivo. La situación de por sí no podría ser más dramática, pero teniendo en cuenta las condiciones en las que viven los habitantes de los sectores más vulnerables de la Ciudad todo podría volverse cada vez más catastrófico. Ese fue el motivo por el que la Justicia ordenó implementar medidas urgentes al Gobierno porteño y un plan para los sectores que requieran mayor atención. Ese fallo tildado de histórico por la acumulación de reclamos que contenía, hoy no es acatado por el Gobierno de la Ciudad que intenta responsabilizar de los contagios a los propios barrios infectados y pasarle la pelota a la empresa Aysa. La problemática histórica Desde distintos programas de Radio La Retaguardia se le ha hecho un seguimiento exhaustivo a esta problemática y se ha convocado especialistas en el tema que hace años abogan por defender las causas de los sectores más vulnerables de la Ciudad. Una de ellas fue María Eva Koutsivitis, de la Cátedra Libre de Ingeniería Comunitaria, quien analizó las condiciones en las que se encuentran los barrios más carenciados de la CABA: “La falta de acceso al agua potable segura es una problemática que tiene larga data en la Ciudad de Buenos Aires. Hace más de una década venimos llevando adelante distintas iniciativas para poder garantizar en igualdad de condiciones el acceso al agua potable en los barrios populares de la ciudad. Aquí, 400 mil porteños -1 de cada 7 personas- tienen restringido el acceso al agua potable en una de las ciudades más ricas de la región. En este contexto de pandemia por coronavirus y epidemia de dengue, las desigualdades y las precariedades se intensifican. Para quienes no acceden al agua potable es utópico poder cumplir con las medidas de aislamiento y de higiene personal para afrontar esta pandemia. No solo en el barrio Carlos Múgica, villa 31 y 31 bis, sino en otros barrios populares de la ciudad la situación sanitaria es dramática. En el barrio Carlos Mugica, cientos y cientos de habitantes peregrinan por las calles y los pasillos con baldes tratando de encontrar algún camión aguatero. En el complejo Piedrabuena son cientos los afectados sin acceso al agua potable. En el barrio Scappino hay una manzana que lleva ya una semana sin acceder al agua potable. Así podríamos continuar. Esta situación se amplifica en este contexto, pero tiene larga data. El Gobierno de la Ciudad, en su gestión anterior, ha tomado como eje de gestión la urbanización y la integración de los barrios populares porteños. Ha invertido miles de millones en obras de infraestructura. Obras que no están terminadas, que no están conectadas, que no son formales”, denuncia Koutsivitis. La Ingeniera explicó la importancia de esta resolución que firmó hace algunos días la Justicia y significa la concreción de largos años de pedidos y exigencias de las distintas organizaciones sociales: “Es urgente dar una respuesta. Celebramos este fallo judicial que le ordena al Gobierno garantizar el agua potable en la totalidad de los barrios populares en igualdad de derechos. Le ordena garantizarla de manera tal que cada ciudadano reciba por día 150 litros. Esto representa un antes y un después. Por eso consideramos este fallo de histórico. Esperemos que el Gobierno de la Ciudad habilite los canales de diálogo necesario para las organizaciones que hemos sido parte de esta acción judicial. Venimos con un recorrido de casi una década planteando que la desigualdad en el acceso al agua potable es una de las desigualdades urbanas más vetustas. Nosotros entendemos que es urgente poder garantizar el

Un represaliado durante el franquismo y su torturador murieron víctimas del COVID-19 en España en el último mes. El Chato Galante, y Billy el Niño vivieron sus vidas en veredas ideológicas opuestas, pero murieron por el mismo virus ¿Eso los iguala como seres humanos? (Por La Retaguardia) ✏ Redacción: Luis Angió 💻 Edición: Fernando Tebele 📷 Foto de portada: Luis Angió Pocas semanas atrás, el 28 de marzo pasado, despedíamos a José María “Chato” Galante Salerno, fallecido víctima del coronavirus. Chato fue un activista antifranquista y militante en su juventud de la Liga Comunista Revolucionaria, (LCR), antifranquista y en esta última etapa de su vida militó también en Ecologistas en acción. Durante muchos años fue militante y fundamenta limpulsor, junto al abogado argentino Carlos “Carly” Slepoy,  de la querella que busca juzgar  los crímenes de franquismo en Argentina, bajo el concepto de Justicia Universal.Chato fue preso por la policía franquista en su juventud en cuatro oportunidades.Sus captores lo torturaron en varias de ellas , como él mismo lo ha relatado. En el documental “El silencio de otros”, se lo puede ver como protagonista principal, narrando las torturas a las que fue sometido, y recorriendo el largo camino de la búsqueda de justicia.En 2018 estuvo en Argentina para presentar  la película junto a otros compañeros también víctimas de la dictadura franquista. Vinieron para aportar y dar más testimonios ante la Jueza María Romilda Servini de Cubría, en el marco de la causa que lleva adelante la Coordinadora Estatal de apoyo a la querella Argentina (CeAqua). Fueron un jueves a la Ronda de las Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, y participaron luego de una emisión especial del programa Oral Y Público, de Radio La Retaguardia. Contó junto a sus compañeras las historias de sus militancias y el sufrimiento bajo el franquismo, pero también derrochó vitalidad y alegría, comiendo una picada o jugando al ping pong. Audio del programa especial durante su visita a Argentina.  Uno de sus objetivos de ese viaje y de su acción judicial era poder llevar a juicio a su torturador, a quien denominaban “Billy el Niño”, Antonio Gonzalez Pacheco. El propio Chato alguna vez declaró que Billy el Niño era “un torturador compulsivo”. Policía del régimen franquista, fue llevado en el año 2014 a declarar ante la Audiencia nacional de España, ya que la justicia argentina, reclamaba su extradición “acusado de un delito de torturas en un contexto de crímenes contra la humanidad y Billy el Niño tenía que responder ante la justicia por sus torturas”, señaló el portal publico.es.En esa oportunidad, la Audiencia Nacional rechazó el pedido de extradición con el argumento que no eran crímenes de lesa humanidad y por lo tanto estaban prescriptos. El Chato murió sin ver juzgado y condenado a su represor. Galante, de frente, en plena diversión durante su visita a La Retaguardia (Foto: Luis Angió) Seis semanas después de su muerte,  el 7 de mayo,   se supo que “Billy el Niño” también ha muerto en Madrid por  el COVID-19. No llegó a ser extraditado y ni juzgado por sus crímenes y torturas, entre ellos de los que fue víctima El Chato. “Antonio González Pacheco ha narrado su paso a principios de los años 70 por la extinta Dirección General de Seguridad (DGS) en la madrileña Puerta del Sol, rehabilitada como sede de la Comunidad de Madrid, pero en cuyas entrañas aún se conserva un aroma de tiempos pretéritos, del que ninguno de los protagonistas se puede descolgar”, indica Telemundo.No solo eso, gracias a la justicia del régimen que todavía impera en España, murió con las condecoraciones que le habían otorgado y que tanto el Partido Popular (PP) como el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) se negaron a retirarle. Cuatro medallas otorgadas por el gobierno español y que engrosaban además un 50% de su pensión.En la Audiencia Nacional no permitieron a los periodistas que se le hicieran tomas o fotografías. Solo hay una donde se puede ver su nuca, y a la salida de la audiencia otra en la que sale protegido por la policía con un casco de motociclista. Pero El Chato pudo identificarlo y fotografiarlo en su casa, ya que vivían a pocas de distancia. El torturado Billy el Niño murió de coronavirus la semana pasada. Sus vidas estuvieron cruzadas; uno como víctima y el otro como victimario. Mientras El Chato peleó por llevar a la cárcel su victimario,  Billy el Niño vivió al amparo de un Estado que mantiene la estructura del franquismo, aunque lo quiera disimular con el Pacto de la Moncloa, tratando de eludir la responsabilidad de sus crímenes, con la complicidad de la justicia de su país.El Chato murió reclamando y luchando por una justicia que no le llegó. Billy el Niño murió agradeciendo una condena que no estuvo ni cerca  y se llevó a su tumba unas condecoraciones que solo un régimen como el franquismo le puede haber otorgado.Para quienes recordamos al Chato Galante, solo podemos decir que su lucha no ha sido en vano. Somos muchas y muchos, en España y en Argentina, que seguiremos su pelea. Porque en España quedan muchos torturadores como Billy el Niño por llevar a la justicia para que paguen por sus asesinatos.

Mientras los medios de comunicación tradicionales construyen un discurso de odio y un sector de la población hipnotizado por la televisión golpea cacerolas, en el segundo piso del edificio de la Mutual Sentimiento hombres y mujeres que recuperaron la libertad reconstruyen su vida entre costuras. Fotoinforme y crónica de una jornada de trabajo en la Cooperativa Textil Hombres y Mujeres Libres. (Por La Retaguardia) ✏ Redacción: Andrés Masotto 💻 Edición: Pedro Ramírez Otero 📷 Fotos: Andrés Masotto Mientras tomamos algo caliente para bancar el incipiente frío otoñal, Claudio Castaño cuenta, entre risas, el laburo que hacían y el que hacen ahora en la cooperativa: “Nosotros hacemos ropa. Conjuntos de jogging, buzos de egresados, guardapolvos. Y ahora nos pusimos con los barbijos”, detalla mientras responde mensajes en su celular. Y, como para dar cuenta de ese viraje en la producción, nos lleva hasta una de las salas del taller. Cinco mujeres están en plena costura. “Tenemos que coser 70 mil barbijos”, cuentan y se ríen como quien dice qué lindo día. Trabajan metódicamente, con prolijidad, pero sin la respiración de la patronal en la nuca. Es que Hombres y Mujeres Libres nació y se mantiene como una cooperativa. El germen empezó a crecer en la Unidad Penitenciaria de Marcos Paz. En una celda de una cárcel en la que, si sobrevivir es difícil, gestar algo nuevo lo es más. Recuperar la libertad después de haber estado en prisión es empezar de cero. Incluso peor. Si antes las oportunidades escaseaban, con antecedentes cualquier puerta entornada, cualquier haz de luz, se cierra y apaga definitivamente. “Perdés cosas que por ahí no recuperás más”, reflexiona Claudio con cierto abatimiento en los ojos. Durante toda la mañana y parte de la tarde quedará implícita en la conversación la importancia de tener algo al momento de recuperar la libertad. Un lugar a donde ir, un compañero o compañera, un trabajo, o al menos un plato de comida asegurado. Algo. Marcelo, socio fundador de la cooperativa, desfila de a ratos con una olla en la mano entre el baño y la cocina. Va y viene. Está recolectando agua para el guiso de lentejas y arroz que se servirá en el almuerzo. El aroma no se hará esperar mucho tiempo. Y el hambre tampoco. En un rincón hay una pila de bolsas con un cartel pegado que dice “donación para mujeres con arresto domiciliario”. Y Claudio, otra vez, comienza a relatar. Cuenta que si hay personas que la pasan mal, son las mujeres con arresto domiciliario, que se tienen que tapar la tobillera electrónica para conseguir un alquiler. La mayoría, con varios hijos e hijas, no tiene cómo darles de comer, entonces hay un montón con desnutrición. Dice que a veces las va a visitar y en algún momento le piden que se vaya a dar una vuelta porque tienen que atender a un cliente. Que nadie, pero nadie, se anima a hablar de ese tema. Sí se habla de “los presos”, sobre todo, desde el viernes 24 de abril, cuando internos del Complejo Penitenciario Federal -con sede en Devoto- realizaron una protesta para exigir medidas de prevención ante la pandemia. Ese genérico que reduce un mapa complejo y dinámico a una categoría (y a un estigma): presos. Para el mercado laboral un preso y una presa serán siempre delincuentes. Y en tanto delincuentes no merecen una oportunidad de trabajo. Ya fracasaron y no tienen arreglo. Pero eventos como el de Devoto -la cobertura mediática de eventos como el de Devoto, mejor dicho- machacan y exacerban a la audiencia. Y la audiencia reacciona ante el estímulo. Es esa construcción del enemigo que los Estados necesitan para justificarse, para justificar ciertos despliegues de fuerzas, cierto control. Y también lo necesitan ciertos sectores para aceptar esos despliegues y ese control. Nietzsche decía que “la diferencia entre el bien y el mal es que los buenos siempre somos nosotros”, y esa idea explica, entre otras cosas, lo que está sucediendo con los presos y presas. Durante el almuerzo surge el tema, que es ineludible. La postura de la mesa es clara y determina que son puras fake news. Incluso surge una hipótesis interesante. Una compañera de la cooperativa dice que no fue un error que liberaran a algunos condenados por delitos violentos, que fue una estrategia de la misma justicia para generar revuelo y así suspender todas las domiciliarias. No suena tan disparatado. Pero esas noticias falsas, con intencionalidad, despertaron al enano fascista que habita en el inconsciente colectivo. ¿Qué sienten cuando escuchan las cacerolas? Es la pregunta clave. Todos hablan de ellos y de ellas, pero pocos abren los oídos para escuchar sus voces sin juzgarles. Las cucharas y tenedores dejan de escarbar los guisos y sus miradas se cruzan. “Sentimos mucha angustia”.

Carlos Carvalho, presidente de la cooperativa Los Cabritos, histórica parrilla recuperada del barrio de Mataderos, contó en el programa radial Hasta que vuelvan los abrazos cómo viene funcionando el establecimiento durante la cuarentena ante las dificultades por el contexto económico en plena pandemia de COVID-19. (Por La Retaguardia) 🎤 Entrevista: Fernando Tebele/Giselle Ribaloff ✏ Redacción: Nicolás Rosales/Diego Adur 💻 Edición: Fernando Tebele/Pedro Ramírez Otero 📷 Foto de portada: Nicolás Rosales El sector gastronómico, entre muchos otros, es uno de los más afectados desde que se decretó la cuarentena. Los Cabritos es una parrilla cooperativa gestionada por sus trabajadores y trabajadoras de de la Avenida Alberdi casi Murguiondo, en el barrio de Mataderos de la Ciudad de Buenos Aires. Antes del aislamiento social, preventivo y obligatorio se formaban largas filas esperando ingresar al gran salón.Carlos Carvalho, su presidente, contó cuales fueron las estrategias que fueron adaptando para continuar trabajando: “Al segundo día de cuarentena empezamos a hacer delivery los fines de semana. No sabíamos cómo nos iba a ir ni cuánto tiempo iba a durar esta pandemia. Somos 28 personas que estábamos trabajando. Hoy en día, venimos entre 4 o 5 personas para trabajar con el delivery, casi siempre los que estamos más cerca del lugar. Fuimos agregando días. Estamos abiertos de lunes a domingos de 12 a 15 hs y de 20 a 23 hs. Así y todo estamos trabajando al 10% de lo que se trabajaba en febrero”, relató. Si hay algo que sobresale en Los Cabritos es la solidaridad entre los compañeros, uno de los valores primordiales del cooperativismo. Carvalho explicó cómo se las vienen arreglando con esta nueva metodología de trabajo: “Teníamos una pequeña reserva. Fuimos dando de ahí a cada trabajador, menos de lo que le correspondía, pero por lo menos no dejamos a ninguno afuera. Todos tienen su parte para llevar. El delivery no es la solución para el negocio, pero nos ayuda con los ingresos. Nos quedaron deudas de servicios y con los proveedores. Decidimos darle prioridad a que cobren los trabajadores”, dijo.En 2016, gracias a la presentación que hicieron los diputados Jorge Taiana y María Rachid, les otorgaron la ocupación temporaria del espacio por dos años. El trámite lo terminó el diputado Gabriel Fucks, por haberse cumplido el mandato de los anteriores, quien consiguió, además, ampliar el plazo de dos a cinco años: “El vencimiento es en noviembre del 2021. Hay un litigio por el tema de los créditos laborales que hubo en su momento. Hubo un problema judicial. El Gobierno de la Ciudad sancionó esta ley de ocupación temporaria. Cuando se cumpla el plazo de cinco años veremos si hay una renovación de la ocupación temporaria o se llegará a un acuerdo con los dueños”, amplió el cooperativista sobre la situación legal del negocio.Desde su gestión cooperativa, Los Cabritos viene demostrando que se puede trabajar bien y competir con los precios: “Priorizamos el factor humano. Cada trabajador necesita plata para subsistir incluso si no puede venir a trabajar. Hay muchachos que vienen de muy lejos. Los pocos que venimos sabemos que tenemos que priorizar y todos tienen que llevarse algo de plata. Estamos organizando la rotación de trabajadores para que vayan viniendo a cooperar. De los 28 que somos, hay 8 de los muchachos que están cobrando el salario social complementario”, señaló.Frente a la alternativa de que el Gobierno de la Ciudad habilite determinados comercios gastronómicos para que la gente pueda comprar la comida y retirarla, Carvalho opinó: “Cuando empezó la cuarentena, nos pusimos a pensar alternativas para que la gente pueda comprar desde su domicilio. Incorporamos las aplicaciones para que puedan abonar desde su casa. Tenemos un grupo de gente que no maneja esas aplicaciones. Están acostumbrados a llamar por teléfono y pagar en efectivo o venir al negocio a buscar. A nosotros nos va a ser bastante beneficioso que se aplique esa forma de que la gente pueda pedir y venir a buscar,”. Trabajar con miedo “El temor siempre está desde que uno sale de su casa hasta que regresa -manifiesta Carvalho-. Tratamos de tomar todas las precauciones posibles, como lo estipula el Gobierno de la Ciudad. No sabemos cómo sería esta nueva implementación; si la gente podrá entrar al negocio, o tendremos que poner un mostrador y atender en la puerta”, dijo al respecto de tener la posibilidad de sumar la atención al público.Por último, y cerca de cumplir 5 años de gestión cooperativa, Carlos brindó algunos detalles acerca de cómo fueron transitando ese camino al que definió como “un proceso arduo pero con resultados que generan orgullo y satisfacción”. Carvalho recordó aquella etapa. “En mayo del 2015 nos conformamos como cooperativa. Cuando formamos el negocio no sabíamos qué era una cooperativa. Antes que perder el trabajo, no nos quedaba otra… La mayoría de los muchachos fue tomando conciencia de que había que cuidar el trabajo. De un negocio prácticamente fundido, llegamos a ser una de las  diez mejores parrillas de la Ciudad de Buenos Aires. Agradecidos también por las cooperativas que nos dieron esa ayuda inicial. Muchos trabajadores de lugares muy importantes de la ciudad me están llamando frente a la incertidumbre que no les están pagando y piensan en la posibilidad de formar una cooperativa. Me da mucho orgullo. Nos vamos a poner las pilas para ayudar a esa gente también”, finalizó. La conciencia social es una posta que circula de mano en mano.

Después de que los medios tradicionales dieran cuenta de las prisiones domiciliarias a presos, el debate sobre ese beneficio ha disparado reacciones de todo tipo. Para analizar esta situación  Marcelo Parrilli, abogado y referente de los Derechos Humanos, habló con La Retaguardia y explicó que el principal componente a analizar para otorgar o no la domiciliaria es el riesgo de vida del detenido y su condición carcelaria. (Por La Retaguardia) 🎤 Entrevista: Fernando Tebele ✏ Redacción: Diego Adur 💻 Edición: Fernando Tebele/Pedro Ramírez Otero 📷 Foto de portada: Andrés Masotto Mucho se ha hablado en los últimos días acerca de si está bien o no otorgar prisiones domiciliarias a los presos de diferentes penales del país para prevenir el contagio del virus COVID-19. Es importante  marcar que sólo un ínfimo porcentaje de las personas detenidas a las que se evalúa para dar este beneficio son femicidas, violadores, asesinos o genocidas. La mayor parte de dicho grupo está encarcelado por delitos contra la propiedad o menudeo de estupefacientes y permanecen presos sin una condena firme.De todos modos, el doctor Marcelo Parrilli, abogado y referente de los Derechos Humanos, remarcó que la cuestión central para decidir si brindar o no la prisión domiciliaria está relacionada a las condiciones en las que el detenido se encuentre encarcelado. Es sabido que los genocidas y los presos con un alto nivel económico no pasan demasiadas penurias en sus cárceles; no están en condiciones de hacinamiento. En cambio, los denominados ”presos comunes” están ubicados en pabellones con pésimas condiciones de higiene y sobrepasan el máximo de personas permitidas para esos lugares. “El Código Penal de esto no dice nada. Se aplica de acuerdo al grado de arbitrariedad y nivel ideológico de nuestros magistrados, lo que es peligroso. Es una cuestión que se resuelve desde el punto de vista del derecho procesal penal. Hay que abordarlo desde la salud y el derecho a la vida. El punto de inflexión es el peligro de vida de las personas que están detenidas. En ese punto, el aspecto central y concreto es el nivel de hacinamiento. Ahí se define todo. El nivel de detención que tienen los condenados por delitos de lesa humanidad es el de un hotel de cuatro estrellas. Están tan cómodos y seguros como en su casa. En cambio, si en un pabellón donde entran 15 personas hay 70, eso ya es un problema muy grave. La vida versus las consecuencias procesales. A nadie le dan la libertad. Lo que se cambia es el modo de detención. Si entendemos que la ecuación es la vida versus los fines procesales, me parece que muchas dudas no hay. En todos los institutos de Servicio Penitenciario federal las condiciones son absolutamente inadecuadas para toda la población penal de riesgo”, expresó el abogado. Control versus caos Una vez otorgada la domiciliaria, es indispensable vigilar que los detenidos no salgan de su casa y continúen cumpliendo la condena: “El control es responsabilidad del Estado. Hace rato que no hay pulseras electrónicas. No se puede negar la prisión domiciliaria a una persona porque no hay pulseras electrónicas. Es un problema del Estado. Tendrá que controlarlo a través de los organismos jurisdiccionales de vigilancia que tiene en el domicilio de la persona. Hay muchas maneras. En el medio de los controles que hay hoy por la pandemia, me parece muy difícil que cualquiera que esté con una prisión domiciliaria pudiera salir libremente por cualquier lado”, consideró Parrilli.A diferencia de lo que suele pensarse, el abogado contó que son  minoría los casos de violadores y femicidas considerados para otorgarles el beneficio. La mayor parte de los detenidos en las cárceles todavía no han enfrentado un juicio: “Los femicidas, violadores y homicidas no son la mayoría de los presos. Toda persona es inocente hasta que una sentencia firme de condena demuestre lo contrario. La mayor parte de las personas que están presas hoy no son delincuentes que van a salir. Primero, porque no salen y segundo, porque no son delincuentes. Si respetáramos el principio básico de inocencia, la persona debería estar libre hasta que una sentencia firme de condena determina detenerla. En Argentina, nuestros jueces penales piensas al revés: el imputado, sobre todo cuando es pobre y vulnerable, tiene que estar preso.Partimos, entonces, de que el 60 o 70% de nuestra población carcelaria no tendría que estar en la cárcel. Los femicidas y violadores son una minoría ínfima, que no llegan al 5% de los condenados. Si se les otorgara la prisión domiciliaria al resto de los presos, el penal les quedaría para ellos solos. El 90% de la población carcelaria es por delito contra la propiedad, narcotráfico, piratería del asfalto. Delitos que causan un mal social infinitamente superior al de violadores y femicidas, pero en esos delitos se mezcla mucho la noción de pecado y delito”, manifestó. El partero de la ESMA Al ser consultado respecto a la domiciliaria que recibió el médico Carlos Capdevila, uno de los más temibles represores de la ESMA, Parrilli mencionó que el grupo de genocidas y presos de alto nivel económico no deberían tener que ser beneficiados porque sus condiciones carcelarias no implican ningún riesgo: “La cárcel no es igual para todos. Los militares condenados por genocidio no están hacinados. Tampoco están hacinados muchos otros presos condenados por otro delito que tienen mucho dinero. En la cárcel se vuelve a reproducir, de manera mucho más brutal, la división social que hay afuera”, dijo.Por último, el abogado se refirió a otros países, con una doctrina penal mucho más dura que la argentina, en los que ya se han sacado de sus cárceles a muchísimos detenidos: “Miremos el mundo. Miles de presos están teniendo excarcelaciones o prisiones domiciliarias en países como Estados Unidos, Francia, Alemania. No países precisamente de ‘mano blanda’. Pasa que esto no es una cuestión penal, es una cuestión de política sanitaria”, concluyó.

Juan Carlos Escobar, médico a cargo de la Dirección de Adolescencias y Juventudes del Ministerio de Salud de la Nación, dialogó con el programa Hasta que vuelvan los abrazos acerca de las dificultades que transitan durante el aislamiento los y las adolescentes, brindando algunos detalles referidos a la distancia de sus vínculos, la sexualidad y el exceso de tareas escolares. (Por La Retaguardia) 🎤 Entrevista: Fernando Tebele/Giselle Ribaloff ✏ Redacción: Nicolás Rosales/Pedro Ramírez Otero 💻 Edición: Pedro Ramírez Otero La situación que se vive a nivel mundial con la pandemia del coronavirus pone en foco -puntualizando desde una cuestión etaria- a la población adulta mayor, por tener mayor riesgo frente al COVID-19. La mirada del médico Juan Carlos Escobar invita a pensar cómo afecta el aislamiento social, preventivo y obligatorio a otro sector etario de la población: los y las adolescentes. “Nosotros, desde el Ministerio de Salud, pensamos a la población adolescente en el rango etario que va de los 10 a las 19 años. Por supuesto que como un universo sumamente amplio, esto es una definición que toma la OMS (Organización Mundial de la Salud) pero que obviamente depende muchísimo de los diferentes contextos. Por eso nosotros hablamos de adolescencia, porque no es lo mismo un chico o una chica de 16 años que está en el secundario, que tiene padre madre, o lo que fuera, y determinadas condiciones aseguradas, a un pibe de 16 años que ya es padre, que trabaja. Entonces, el cruce con género, con nivel socioeconómico, con educación, etc., también es clave para saber de qué hablamos cuando hablamos de adolescencia”, comenzó a explicar. “Lo que estamos pudiendo rescatar del los programas provinciales en las diferentes jurisdicciones o de las diferentes consultas que hay es que lo que está pasando con los pibes es, por un lado, que hay cierta dificultad para sostener el aislamiento, sobre todo por el contacto con los amigos, con las salidas o con el mundo externo. Y en contraposición a eso una sobrecarga de tareas escolares. Este es uno de los puntos que está generando mayor conflictiva. En algunas provincias estamos trabajando más fuertemente por algunas situaciones de autolesiones, incluso de suicidios de algunos adolescentes durante la cuarentena. No creo que esté relacionado con el tiempo en sí mismo, el suicidio adolescente es una temática que está bastante instalada, pero me parece que este tiempo particular despierta determinadas condicionantes para que esto se produzca”, expresó Escobar. Nuevas prácticas y lógicas socialesEl responsable de la Dirección de Adolescencias y Juventudes del Ministerio de Salud de la Nación se refirió a las nuevas formas de relacionarse dentro del aislamiento: “Me parece fundamental poder aprovechar este tiempo donde los pibes están dentro de la casa. Una de las cuestiones   que caracteriza a las adolescencias es lo que nosotros llamamos exogamia, que es la salida del mundo familiar, la interacción con los amigos, el barrio, los pares, la pareja, etc., para poder diferenciarnos de los adultos que forman parte de nuestro núcleo familiar. Esta diferenciación y salida al exterior necesaria en este momento no está siendo posible. Esto genera una mayor situación de estrés por parte de los pibes”, dijo.“Estas nos son vacaciones, no es un tiempo escolar, entonces, habría que inaugurar una nueva rutina dentro de la casa, pensando en este tiempo particular. Para que los chicos puedan ordenarse y organizarse pero con la suficiente flexibilidad de que las horas de estudio se compensen con horas de no hacer nada. Es importante transmitirle a los pibes que está bien no hacer nada en determinado momento del día, incluso si eso se sostiene un par de días. Tenemos como un imperativo de la productividad y sentimos que si no hacemos nada estamos perdiendo el tiempo, producción, dinero. Esto se va a acabar, eso tenemos que tenerlo en el horizonte. Lo otro es pensar que no es una prohibición porque sí, apelando a la solidaridad de los pibes, y ellos lo logran entender sin ser un grupo de riesgo. Se pueden expresar a través de la redes también, algo que hacían antes”, continuó.“Con respecto al tema de sexualidad, los servicios de salud sexual son esenciales, con lo cual nosotros estamos promoviendo fuertemente con asesoramientos virtuales de los equipos de salud hacia pibes o incluso a la comunidad educativa que la provisión de métodos anticonceptivos e interrupción legal del embarazo tienen que seguir garantizándose porque hay pibes que conviven con su pareja teniendo relaciones sexuales”, explicó Escobar. Sexting seguro para adolescentesEl médico habló acerca de las prácticas de sexo virtual: “Creo que no es una cuestión en la que todos nos podamos sentir convocados o convocadas, pero es una opción más. Lo que sí me parece importante es tener ciertas cuestiones o resguardos: hay edades en donde tal vez podemos promover algo de esto y también hay  algunas indicaciones o consejos que ayudan a que esta práctica de sexo virtual sea de manera segura. Es muy importante y a los pibes hay que comentárselo sin temor, hay que informarse porque no es lo mismo mandar una foto por Whatsapp que una foto por Instagram en donde yo tengo la opción de que la pueda ver una sola vez esa persona y la foto se elimina. En Whatsapp la foto permanece. Esto también tiene sus riesgos”, dijo. Y agregó: “Junto con ‘Hablemos de todo’, que es una plataforma de de comunicación para adolescentes y jóvenes del Instituto de Juventud, produjimos algunas placas informativas sobre sexting seguro para adolescentes”. Por último, Escobar destacó  la forma en que se está hablando sobre salud sexual desde el propio Estado: “No podíamos hablar ni siquiera de masturbación y mucho menos pensar en la posibilidad de sexo virtual. Es un gran paso que el Ministerio se posicione en esto frente a dos años atrás, cuando debatíamos la ley de interrupción voluntaria del embarazo que teníamos el movimiento de ‘Con mis hijos no te metas’ donde fuertemente cuestionaban la Educación Sexual Integral. Que hoy el Ministerio de Salud plantee que esto es una realidad y cuál

Ya son varias las personas contagiadas de COVID-19 en los barrios populares de la Ciudad de Buenos Aires, aún sin contar los casos no oficializados por el Gobierno porteño. En estos lugares a los que no llega el Estado, son las organizaciones sociales y trabajadores y trabajadoras de la salud quienes se hacen cargo de llevar adelante el protocolo sanitario brindando asistencia a los vecinos y vecinas. En el programa Hasta que vuelvan los abrazos se puntualizaron las problemáticas que enfrentan los sectores más invisibilizados de la Ciudad con los testimonios de Sebastián Zubizarreta, referente del Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) y Lilian Andrade, parte de la Asamblea de La Poderosa y vecina de la Villa 31. (Por La Retaguardia) 🎤 Entrevista: Fernando Tebele/Giselle Ribaloff/Pedro Ramírez Otero ✏ Redacción: Diego Adur 💻 Edición: Pedro Ramírez Otero 📷 Foto de portada: mundovilla.com El virus COVID-19 ya llegó a las villas y a los barrios populares de la Ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, el Gobierno porteño decidió no oficializar algunos de los casos de contagios confirmados y el Estado brilla por su ausencia a la hora de brindar la asistencia que las personas necesitan. La consigna de quedarnos en casa no puede aplicarse con la misma lógica para personas que viven en un barrio urbanizado o residencial que para los vecinos y vecinas de los barrios populares. Allí, permanecer encerrados en sus casas implica permanecer hacinados y no salir muchas veces implica no comer. Con los primeros casos de COVID-19 positivo, además, es necesario aplicar el protocolo sanitario de aislamiento al infectado y dar aviso a las personas que estuvieron en estrecho contacto con él o ella, que en estos casos pueden ser bastantes. Sebastián Zubizarreta, referente del FOL, contó que en la última semana 12 personas, trabajadoras de un comedor popular de la Villa 31, fueron infectadas. Ante la ausencia de toda respuesta del Estado, son las organizaciones las que se ocupan de llevar adelante el protocolo sanitario y asistir a las familias: “En el medio de esta situación, la contención y servicios que damos las organizaciones es mucho más profundo. Desde que se inició la cuarentena hemos tenido que crear nuestras redes y protocolos específicos para poder afrontar esta situación. No hemos cerrado ningún comedor, al contrario, los comedores han duplicado sus asistencias. A pesar de la inexistencia de la asistencia estatal, sostenemos estos espacios. Una familia en cuarentena en un barrio popular no tiene para comer, porque se le acaba la changa y la posibilidad de trabajar”, reflexionó Zubizarreta y contó sobre el caso de una compañera del FOL que se contagió y cómo aplicaron su propio protocolo para asistirla a ella y a las personas con las que habían estado en contacto: “Los contagios han llegado a los barrios. Queda en evidencia la falta de protocolos específicos de parte del Gobierno de la Ciudad. Una compañera estaba viniendo a cocinar todos los días. Se enteró que a una vecina que vive al lado de su casa le había dado COVID positivo. Como ella estaba con síntomas y es grupo de riesgo por ser asmática se hizo los análisis. La aislaron preventivamente y le dio positivo. Inmediatamente nos lo informó a nosotros. Hicimos una lista con las compañeras que habían estado en contacto con ella durante los últimos días. Llamamos a cada una para informarlas. Las compañeras mismas decidieron autoaislarse en sus viviendas y lo comunicamos al Gobierno de la Ciudad. Cuando se presentó la gente del Gobierno nos dijo que lo que habíamos hecho estaba bien. Les dimos la lista de las 12 familias para que se las pudiera asistir mediante kits de limpieza y alimentos. Al día de hoy, lo único que hicieron fue llamar por teléfono a ver cómo estaban. Nosotros nos encargamos de llevarles el almuerzo a las familias y las asistimos con los medicamentos e insumos necesarios. Seguimos exigiendo que les hagan los testeos a esas compañeras. No hay testeos para los casos en los barrios populares”, denunció. Sebastián explicó también por qué el protocolo que aplica el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no es efectivo en los barrios populares: “El criterio del protocolo del Gobierno porteño no aplica a los barrios populares porque el grado de cercanía y posibilidad de tener aislamiento no es la misma que la de un barrio urbanizado o residencial de la Ciudad. En los barrios populares, cuando salen a comprar alimentos se cruzan las personas en el pasillo. Además es muy difícil sostener la cuarentena porque tienen que salir a hacer algún laburito para ganarse el peso del día. Si se quedan en cuarentena, no pueden adquirir alimento”, argumentó.Otra función importante de las organizaciones sociales es dar contención psicológica a los infectados y las infectadas de COVID-19. Muchas veces, sufren discriminación  e incluso violencia por sus propios vecinos y vecinas: “Venimos trabajando en la contención humana. En los barrios hay temor en reconocer síntomas. Ante la falta del Estado, de información, de un sistema de salud cercano, se infunde el temor. Hay casos de gente con síntomas que no quiere salir por miedo a ser perseguido o que lo estigmaticen. Tratamos de trabajar mucho en la contención. Desde el cuidado hasta la comunicación. Cuando se difunde la información de algún contagio, la gente se moviliza en un sentido negativo y estigmatizante. La gente se acerca a las casas y pretende echarlos, sacarlos del barrio. Eso es una clara ausencia del Estado, que tiene que estar presente y dar una respuesta integral, que no sea solo la reacción de la gente”, sentenció Zubizarreta. La invisibilización de la problemática La Villa 31 no es el único lugar con personas contagiadas de COVID-19. La 1-11-14 también tiene decenas de casos, pero no tienen la misma trascendencia. Para el referente del FOL, esta distinción que hace el Gobierno porteño es adrede y responde al objetivo político que persigue la gestión de Larreta: “En la villa 1-11-14 está pasando algo gravísimo. El Gobierno de la Ciudad no está formalizando los casos. Hay

Se trata de una de las cadenas de kioscos más importantes de la Ciudad y el Conurbano, que despidió a 150 trabajadores/as que estaban en condiciones de contratación precaria. Esta decisión viola el decreto 329/2020 que prohíbe despidos por 60 días, y la patronal de OPEN 25 suma así más irregularidades a su historial. Hablamos con Alejo Caivano, abogado laboralista y representante de varios empleados y empleadas de la cadena. (Por La Retaguardia)🎤 Entrevista: Andrés Masotto✏ Redacción: Andrés Masotto💻 Edición: Rosaura Barletta El abogado se refirió, primero, a las condiciones de precariedad previas a la pandemia: “Si hoy hubiera una competencia de condiciones de hiper-explotación entre empresas que emplean a más de 3.000 laburantes en CABA y AMBA, la cadena OPEN 25 entraría en el podio con un probable primer lugar. Sus laburantes tienen un régimen que es bastante parecido al feudalismo: laburan doce horas de lunes a domingo y cuentan con un solo franco semanal. El total de las horas semanales que deben trabajar es de setenta y dos horas semanales. La jornada legal actual para el gremio de comercio (el que corresponde a la actividad) es de cuarenta y ocho horas semanales. En total hacen veinticuatro horas extras por semana, siempre en dos turnos, de siete a diecinueve horas y de diecinueve a siete”, enumeró Caivano. Y sentenció: “Si falta el reemplazo, deben quedarse hasta que los supervisores consigan algún otro. Si no consiguen, deben quedarse hasta completar el turno, laburando al menos veinticuatro horas”.Las lamentables condiciones laborales que pesan sobre los contratados por Juan Manuel y Jorge Damiani no terminan ahí. Muchas empresas vieron en la pandemia la oportunidad para profundizar la violencia contra sus empleados y empleadas, y los hermanos Damiani no fueron la excepción. “Alguien distraído pensaría que ganan fortunas de esa forma, trabajando todas esas horas: ganan $25.000 de los que tienen recibos de sueldo por menos de la mitad. Todo se los pagan en efectivo. En épocas de pandemia los están obligando a trabajar todo el tiempo o a permanecer en los locales cerrados ‘cuidando la mercadería’, sin ningún elemento de seguridad”.“Las condiciones de trabajo que se dan en esta cadena son lamentables incluso para nuestro mercado laboral. Me han informado todo tipo de manifestaciones xenófobas por parte de supervisores de esta empresa quienes vulneran a diario los derechos de los trabajadores de esta empresa. Estamos hablando de una expropiación por parte de los empresarios, cotidiana e ilegal. Los trabajadores tienen miedo porque los amenazan constantemente”, expresó Caivano.Sobre los recientes despidos, el abogado, que lleva adelante varias causas contra la cadena, detalló: “Ahora despidieron a 150, algunos que no habían cumplido los tres meses de prueba. De esa forma se ahorran aproximadamente cuatro millones de pesos mensuales. ¿Alguna duda de quién va a pagar la crisis del sector? Es importante destacar que los locales están abiertos actualmente. A muchos que les ofrecen mantener el trabajo les piden que renuncien a las empresas que los contratan y les dicen que otras empresas los tomarán en otros locales, todos de la misma cadena, pero registrados por sociedades distintas para evadir responsabilidad”. ¿Y el Estado? Alberto Fernández firmó el 31 de marzo el decreto 329/2020, con Techint como caso insignia, que amenazaba con despedir a 1450 trabajadores/as. Se estableció entonces la prohibición de despidos por 60 días. A pesar del decreto, las personas despedidas, cesanteadas y suspendidas ya son 300 mil, dentro de los que se encuentra el grupo de Techint, cuyo accionar fue oficialmente convalidado por el Ministerio de Trabajo. Y esas 300 mil son solo las registradas.“Había una expectativa importante en diciembre pasado con la elección de las autoridades del ministerio de Trabajo respecto de que esta empresa tenga alguna fiscalización por parte del Estado. No se concretó cambio alguno. Lo mismo que con el cambio presidencial anterior. OPEN 25 goza del visto bueno del Ministerio y del Sindicato de Comercio: el Estado en su conjunto está unido para que estos laburantes estén en condiciones de explotación precapitalistas en comercios que están a metros de la Casa Rosada”, planteó el abogado. Y agregó: “Hace dos días la CGT y la UIA firmaron con el aval del propio Ministerio de Trabajo un acta acuerdo que recomienda reducir los salarios de los trabajadores para ‘solventar’ la pandemia. ¿Harán lo mismo para que los empresarios compartan sus ganancias cuando pase esto?”, interpeló. No quieren que se hable de ellos“El año pasado junto a un grupo de abogados denunciamos esta situación y la empresa me envió carta documento para que no realice denuncias públicas sobre las condiciones de esta empresa, amenazándome con acciones penales y civiles”, finalizó.