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El Lonko Facundo Jones Huala, quien se encuentra cumpliendo condena en una cárcel chilena, fue puesto en aislamiento preventivo por haber estado en contacto con una trabajadora del sistema penitenciario que dio positivo en COVID-19. Sonia Ivanoff, la abogada de Jones Huala en nuestro país, explicó la situación en el programa Hasta que vuelvan los abrazos y avisó que, junto a organizaciones de Derechos Humanos, solicitarán al Estado argentino que inicie los trámites para la repatriación del Lonko. (Por La Retaguardia) 🎤 Entrevista: Fernando Tebele ✏ Redacción: Diego Adur 💻 Edición: Rodrigo Ferreiro 📷 Foto de portada: Archivo La Retaguardia/Agustina Salinas Hace algunos días, una psicóloga que forma parte del personal penitenciario se entrevistó con Facundo Jones Huala dentro el penal de Temuco, Chile, donde el Lonko se encuentra detenido por una causa que bien podría considerarse parte de la histórica criminalización del Estado chileno al Pueblo Mapuche. Al día siguiente, dicha trabajadora recibió la noticia que sus análisis para COVID-19 dieron positivos. Por ello, se aisló a Jones Huala en una celda de condiciones muy precarias donde deberá esperar los 14 días establecidos para saber si fue contagiado de Coronavirus. En el programa diario de la cuarentena de La Retaguardia,”Hasta que vuelvan los abrazos”, Sonia Ivanoff contó lo sucedido en la cárcel chilena y explicó que el Lonko está a la espera del resultado del hisopado para verificar si fue contagiado o no del virus COVID-19: “La situación de los penales se ha puesto en crisis a nivel mundial. Esta pandemia corre el telón de todo lo que se oculta y venimos esgrimiendo quienes estamos vinculados con estas temáticas. Facundo Jones Huala ha sido condenado por el Estado chileno y está a disposición de la justicia chilena. El penal de Temuko no tiene ninguna persona con COVID-19. El Lonko no tiene COVID-19, está aislado preventivamente. Él ya está próximo a tener su beneficio dominical, algo que en un contexto normal podría haberse realizado”, explicó. Y continuó: “El día viernes alrededor de las 14, personal del Sistema Penitenciario -una psicóloga- recibió los resultados de sus análisis y dio COVID positivo. Entonces, para una situación preventiva, el Lonko fue puesto en aislamiento. Se interpuso un amparo telefónico, algo que en otros tiempos hubiera sido imposible”. Y agregó: “Todo se gestiona desde Chile. Yo soy su abogada en Argentina y no puedo ejercer profesionalmente allá. Él está aislado en la zona de la escuela del penal de Temuco. También nos preocupaba cómo son estos aislamientos. Como toda persona que hubiera estado en contacto con COVID positivo, (Jones Huala) debe cumplir obligatoriamente una cuarentena o un período de 14 días que es el tiempo en el que se podría manifestar algún tipo de síntoma. Él accedió el viernes a hacerse un hisopado y estamos a la espera del resultado del mismo”. Además de la situación sanitaria en el penal de Temuco, donde personal penitenciario ingresa a trabajar portando el virus y las paupérrimas condiciones carcelarias en las que vive, Jones Huala es un preso político condenado con pruebas que no existieron. Por todo esto, ya se realizó el pedido al Estado argentino para que inicie los trámites para la repatriación del referente mapuche a nuestro país: “Hoy las fronteras están cerradas. Tiene que cumplir con este proceso de 14 días para ver su evolución por haber estado expuesto al COVID. Hay que esperar estos 14 días. Por encima del derecho y el anhelo de su Pu Lof o de su familia está el derecho a la preservación de la salud del propio Lonko. No se lo puede exponer para venir a la Pu Lof. Posteriormente sí se tendrá que hablar de la situación de su condena para determinar si es factible o no. Esos trámites los realizan desde el Estado chileno. Está condenado bajo leyes chilenas. No es un preso de los ‘comunes’. Es un preso que se autoreconoce desde siempre pertenecer a un pueblo originario. Aquí no se están aplicando los estándares internacionales. Lo aplicó el gobierno anterior, criminalizándolos y buscando la estigmatización y la construcción del enemigo interno. Hay que trabajar desde otros lugares, desde el Estado. Hay grandes problemas también con otros pueblos transfronterizos que hoy se han visto gravemente afectados. Hay que pensar en el cumplimiento de estos estándares internacionales”, pidió Ivanoff. La situación de las comunidades originarias en Argentina “En Chubut hay aproximadamente 110 comunidades. El gran conflicto es que todos estos ajustes al aislamiento social no están teniendo la pertinencia en la realidad cultural en la que viven y las dinámicas en las comunidades indígenas. Hay graves problemas de aislamiento que trascienden las propias fronteras provinciales. La semana pasada en Chubut se debió presentar un habeas corpus para flexibilizar y derogar ciertas resoluciones que estaban muy alejadas de los patrones de una perspectiva de conocimiento de derechos humanos en el marco de un aislamiento social, preventivo y obligatorio. Si bien la situación pudo haber cesado respecto de la represión no así la persecución que ha existido con referentes indígenas. Se hicieron allanamientos en plena pandemia por acusaciones y por denuncias penales. Esto nos encuentra en pleno invierno donde no hay una asistencia desde el Estado”, alerta Ivanoff. Y prosigue: “Las decisiones en las políticas públicas que hoy se están llevando a cabo no tienen pertinencia indígena. Recién ahora, después de 30 días de pandemia, podemos escuchar slogans, afiches o mensajes bilingües. Esa invisibilización de la presencia de los pueblos indígenas en el país es algo que todavía se sigue y se continúa. Eso es lo problemático. Tuvimos grandes fríos y nevadas. No se le permitió a la gente la recolección de leña y no se pudieron apropiar del forraje para los animales. Toda la zona de la Pu Lof necesita referenciarse con la provincia de Río Negro. El cierre de las fronteras provinciales se ha agudizado y se han secuestrado vehículos. Se han generalizado políticas o acciones muy monoculturales: Sin pertinencia cultural, sin consenso y participación a referentes de las comunidades indígenas. Se piensa desde un

El viernes pasado acompañamos la primera olla popular del club Sol de Mayo para ayudar a los vecinos y vecinas más necesitadas del barrio de Mataderos. Daniel Calabrese, fotógrafo, fue parte de la movida y se presentó desde temprano para registrar esta tarea colectiva en medio del aislamiento social preventivo que solo considera a un sector de la sociedad y relega a los sectores más empobrecidos. (Por La Retaguardia) ✏ Redacción: Matías Bregante 💻 Edición: Rodrigo Ferreiro 📷 Fotos: Daniel Calabrese Desde el lunes 20 el barrio de Mataderos se ve atravesado por una acción solidaria y colectiva. Clubes sociales, organizaciones, unidades básicas, ONGs, todos con la premisa de recolectar alimentos no perecederos, artículos de limpieza, elementos de aseo personal, leche y pañales. Desde “Hora Libre” pudimos hablar con Flavio Prieto, miembro de la Comisión Directiva del club.  “El problema que está acarreando el COVID 19 no solo es sanitario, sino que se está complicando mucho la cuestión social y económica para mucha gente, para muchas familias”. El Estado nacional propone un aislamiento diseñado para la clase media alta y los sectores de mayor poder adquisitivo, lo que produce que para muchos trabajadores informales, monotributistas, comerciantes, se haya paralizado la entrada de dinero. En un contexto económico que viene en baja desde hace más de 5 años la pandemia profundizó las carencias de muchos hogares. “Por eso decidimos desde el club la semana que paso pedir donaciones para poder asistir a las familias del barrio que más lo estén necesitando. La semana que hemos salido a hacer recorrida por las viviendas llevando la mercadería a los domicilios, con todas las condiciones de salubridad y de cuidado necesario no solo para nosotros sino también para el vecino y la vecina a la cual le arrimamos la mercadería y se asistió alrededor de 35, 40 familias en la semana” relata Prieto sobre el trabajo que viene realizando. El viernes, para cerrar la primera semana de esta acción solidaria, se preparó una olla popular que desde las siete de la tarde comenzó a repartir comida a quienes se acercaban. Decidieron comenzar con una olla semanal en virtud de la colaboración de les vecines, que rápidamente superó las expectativas. Flavio cuenta con orgullo: “Estimamos hoy entregar 50 porciones de guiso, es la manera que tenemos desde el club para ayudar a nuestro barrio. Es un club que no solo se encarga de lo deportivo y lo cultural, sino que está muy insertado en lo que es el barrio, con la identidad del barrio y con la cuestión social”. Esta gesta solidaria que tuvo como motor al Sol de Mayo se vio acompañada en el barrio por el Club Cárdenas, la Unidad Básica Sebastián Borro y por la ONG El Toldo. Estos espacios también están recolectando productos de primera necesidad para ayudar a las vecinas más necesitadas. Mientras dure el aislamiento el club Sol de Mayo estará recibiendo donaciones de lunes a viernes de 10 a 17 y se realizará la olla popular los días viernes a las 19. El club queda en la calle Oliden 1935, a 20 metros de Avenida Directorio.

Vanessa Dourado nos invita a reflexionar acerca de algunos temas que, en plena pandemia de coronavirus, no figuran en la agenda prioritaria. Mientras que los medios tradicionales consultan día a día a los y las mismas especialistas, Dourado recopila información que da cuenta de formas de avanzar hacia un pacto económico y social, enfrentando al modelo dominante mundial de producción y consumo, a través de alternativas como la agroecología y la economía popular y cooperativa. (Por La Retaguardia) ✏ Redacción: Vanessa Dourado 💻 Edición: Pedro Ramírez Otero 📷 Foto de portada: https://havanatimesenespanol.org El COVID-19 logró poner el rol del Estado en el centro de los debates. En los últimos meses, todo el mundo acompaña con atención las decisiones de quienes lideran los distintos países respecto de las medidas tomadas para controlar la pandemia. La incapacidad de responder a la crisis se nota concretamente materializada en los hechos: la cantidad de personas infectadas, de vidas perdidas y el caos causado por la falencia de los sistemas de asistencia sanitaria. La salida encontrada por muchos gobernantes es combatir el problema a través del rescate de una lógica belicosa, de la represión y del ideario de guerra. Sin embargo, sale la luz el contexto en el cual se enmarca esta crisis. Según un estudio del año 2016 del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP por sus siglas en inglés), el 60% de todas las infecciones en humanos es zoonótica. El mismo estudio demuestra que una nueva enfermedad infecciosa surge en humanos cada cuatro meses. Los contagios a causa de este tipo de infecciones llegan a la cifra de mil millones a cada año. La actividad humana ha alterado el 75% de la superficie terrestre. Estos disturbios en los ecosistemas —de forma directa o indirecta— son la causa de la propagación de muchas enfermedades transmisibles y no transmisibles. Según la Plataforma Intergubernamental Científico-normativa sobre Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas (IPBES, por sus siglas en inglés), 100 millones de hectáreas en los trópicos fueron transformadas para la expansión agrícola entre los años 1980 y 2000. La agricultura industrial es la principal causa de deforestación en América Latina. La cifra, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), llega a 70%.La destrucción de los ecosistemas, más allá de causar el desequilibrio biológico que genera enfermedades, también reduce el acceso a las materias primas para la fabricación de remedios. Entre 25% y 50% de los productos farmacéuticos son derivados de los recursos genéticos encontrados en la naturaleza. Seguir con el mismo modelo de producción, consumo y distribución dependiente de la quema de combustibles fósiles y de la deforestación y contaminación del suelo, agua y aire significará permitir que surjan más pandemias y demandará más recursos económicos para cubrir los daños causados por sus consecuencias. Asimismo, otros eventos extremos relacionados al cambio climático han exigido que los Estados se hagan cargo de los daños que son, en su mayoría, causados por las actividades de empresas privadas. Para dar cuenta del tamaño del desafío, muchos economistas y expertos han planteado la necesidad de un nuevo pacto económico y social, algo ya adoptado anteriormente en Europa y Estados Unidos, como el Plan Marshall y el New Deal. Un proyecto de ley para evitar una depresión se negocia en los Estados Unidos, el plan de estímulo que inicialmente prevé 2,2 billones de dólares para salvar la economía es el mayor de la historia. Sin embargo, la crisis no puede ser afrontada solo desde lo económico y social cuando lo que hay es el rompimiento de un elemento central para garantizar que el Sistema Tierra, tal como la conocemos, siga existiendo. Salvar a las empresas responsables por la crisis climática y garantizar empleos que contribuyen a agravar las condiciones de calamidad sanitaria en consecuencia de las actividades contaminantes y depredadoras de las industrias estadounidenses es financiar el caos futuro. Tomando las experiencias de estas medidas de emergencia y adaptándolas a las necesidades reales en este espacio-tiempo, profesionales de distintas áreas están haciendo el esfuerzo de formular una alternativa que pueda resolver el problema a través de políticas públicas que abarquen las esferas ambientales, sociales y económicas A corto plazo, en los Estados Unidos, desde los que defienden el llamado Green New Deal se propone que el estímulo económico —que será mayor que estos 2,2 billones iniciales— sea “verde”, o sea, que ya sirva para empezar una transición hacia fuentes de energía limpias y renovables; transporte, agricultura y urbanismo sostenibles y la creación de empleos verdes, con el objetivo de empezar un cambio y seguir profundizando con más políticas públicas restaurativas hacia futuro. La propuesta que se discute en Estados Unidos es una forma de pensar otros horizontes que no sean estos que ponen lo económico por encima del sostenimiento de la vida y está en debate también entre aquellos que plantean que no volver a normalidad es la única alternativa posible en un escenario post-Covid. “Un Gran Pacto Ecosocial y Económico”, es lo que, desde Argentina, plantean la socióloga Maristella Svampa y el abogado ambientalista Enrique Viale. La propuesta de una transición justa pasa no solo por cambiar la matriz productiva contaminante —que es el caso de los combustibles fósiles, mayor responsable por la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera— hacia fuentes de energía limpias y renovables, sino que también plantea un cambio de paradigma que implica una modificación en los patrones de consumo y la relación entre las personas con la naturaleza. Svampa y Viale lo llaman “transformación integral y holística”. Para lograr este pacto, todos los sectores de la sociedad deberían trabajar conjuntamente: sindicatos, movimientos sociales, de mujeres, indígenas y juveniles desde una perspectiva interseccional en clave ecosocial que contemple la justicia racial. “La justicia ambiental y climática sólo será posible con consenso social”, afirma la socióloga. “Una brújula en tiempos de crisis climática” que está en proceso de edición por la Editorial Siglo XXI, es el título del libro que saldrá en los próximos meses y

Familiares de personas privadas de su libertad denunciaron que el Servicio Penitenciario reprimió salvajemente dentro de la Unidad 23 de Florencio Varela y asesinó a un interno, Federico Rey. El aislamiento preventivo, social y obligatorio encontró a todas las cárceles del país en graves condiciones sanitarias, lo que dificulta el control de la pandemia y denota un problema estructural. La respuesta de los efectivos del Servicio Penitenciario ante cada reclamo de los internos es la represión con balas de goma, gases y eventuales cortes de luz para despistar a los internos que reclaman. Uno de los primeros eventos represivos en contexto de cuarentena sucedió en la Unidad 3 de Bariloche y terminó con varios heridos de balas de goma y golpes. Compartimos además videos y fotos de contenido sensible que los presos nos hicieron llegar a través de sus familiares. (Por La Retaguardia)🎤 Entrevista: Andrés Masotto ✏ Redacción: Andrés Masotto/Nicolás Rosales 💻 Edición: Rosaura Barletta 📷 📼 Videos y fotos tomadas por los internos Ante la dramática situación sanitaria y sumando el agravante de la pandemia, los internos comenzaron a tomar medidas de autocuidado, como suspender las visitas del exterior y exigir elementos mínimos de higiene para los lugares donde transitan el encierro. Y también agregaron un reclamo lógico: que los condenados por causas menores o que estén cerca de cumplir su pena sean beneficiados con prisión domiciliaria, algo que no suena exagerado cuando hay genocidas obteniendo el mismo beneficio. Por el momento, lograron a través de una intervención judicial la posibilidad de utilizar sus teléfonos móviles y así mantener un contacto con el exterior. Días más tarde hubo una escalada represiva y en los reclamos de internos que ocurrieron en Coronda y Las Flores, ambos en Santa Fe, los efectivos del servicio asesinaron a cinco presos y dejaron varios heridos de distinta gravedad. Al mismo tiempo, empezaron a llegar las voces de las personas privadas de su libertad denunciando las condiciones de encierro, apuntando que el coronavirus es un riesgo inminente pero que adentro también sufren el dengue, la tuberculosis, el debilitamiento por la comida que les entregan y la falta de medicamentos, que también produce muertes. Los crímenes de Estado no están en cuarentena El martes se conocieron dos eventos en Melchor Romero y en Corrientes, siendo el segundo el más grave: durante el recreo en la Unidad 1 un grupo de internos jugaba al fútbol cuando la pelota se colgó. Uno de ellos trepó un alambrado (interno, no perimetral) para alcanzarla y un agente penitenciario le disparó. Todo terminó en un levantamiento generalizado del penal y, otra vez, la represión terminó con un muerto: José Mario Candia, de 22 años.Esta mañana, en la Unidad 23 de Florencio Varela, se replicó la petición de los internos y también se replicó la respuesta del Servicio Penitenciario. En los videos que circulan se ve claramente cómo los agentes disparan sus escopetas desde los techos de los pabellones y luego tapan un cuerpo con una manta directamente en el techo donde murió. Manipulan el cuerpo sin un aparente peritaje. Las imágenes que se pudieron ver en el transcurso de los últimos días han podido ser registradas por los propios internos. Algo que parecería estar jugando una mala pasada al servicio penitenciario ya que quedan al desnudo las constantes violaciones de los derechos humanos que viven las personas privadas de su libertad en el hacinado e inhumano sistema carcelario.Desde este medio tuvimos la posibilidad de conversar con Marga, de la organización social “Raíces”, y tía de uno de los internos de la U23 cuya identidad preferimos preservar por razones de seguridad.  “Hoy hubo una especie de motín, cosa que los medios masivos de comunicación están diciendo que era un enfrentamiento entre sectores, es mentira. Están peleando por que le ‘bajen’ (que les den) los beneficios. En el caso de mi sobrino recién hace dos días nos pudimos comunicar con la defensora oficial, porque están todos los juzgados cerrados. Hay un muerto, como se puede observar en los videos. Ahora hay un camión de la Penitenciaría que los va a trasladar”, detalló. Marga vive en Tigre, y el traslado hacia Varela le implica un extenso viaje. “Por lo que sé hasta ahora hay un grupo de familiares afuera, mi sobrino me contó que les quisieron sacar los celulares que el propio poder judicial de la Nación les había habilitado. En realidad se los quieren sacar porque no quieren que trasciendan las imágenes que registran”, dijo. Esto desató otro motín. Es sabido que en este mismo penal se dió a conocer el fallecimiento de otro interno, víctima del virus Covid-19. En las imágenes que Marga nos envió también pudimos observar a otros internos heridos. “En el lugar donde está alojado mi sobrino hay 160 chicos. Es una especie de SUM (salón de usos múltiples) y  duerme en el piso”, agregó.Por último Marga hizo un pedido desesperado, “nosotros lo que queremos, como familiares, es que que intervengan los Organismos de Derechos Humanos, porque van a matar a todos los pibes ahí adentro. Si no los mata el coronavirus los mata la gorra”, sentenció.

Continúa el debate sobre la posibilidad de los adultos mayores de salir a la calle. El Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, estableció mediante DNU que los residentes mayores de 70 años deberán solicitar permisos de circulación obligatorios para la Ciudad de Buenos Aires. Al respecto, Ricardo Iacub, jefe de cátedra de la materia Vejez de la Facultad de Psicología de la UBA, habló en el programa radial Hasta que vuelvan los abrazos. Iacub criticó el plan de Larreta por su inoperancia, mientras que la medida ya fue frenada por la Justicia porteña. (Por La Retaguardia) 🎤 Entrevista: Giselle Ribaloff/Fernando Tebele ✏ Redacción: Diego Adur 💻 Edición: Pedro Ramírez Otero Larreta definió mediante un DNU que las personas mayores de 70 años deberán pedir obligatoriamente un permiso para circular por la Ciudad de Buenos Aires llamando a la línea de atención 147. La idea del Jefe de Gobierno porteño era disuadir a los ancianos y ancianas que pretendieran salir de sus casas para abastecerse de comida o comprar medicamentos. Como era de esperar, las líneas telefónicas no estaban preparadas para recibir los llamados de 490 mil personas y colapsaron. Ricardo Iacub, jefe de cátedra de Vejez en la facultad de Psicología de la UBA, dijo que “fue desafortunadísima la idea que tuvo el Gobierno de la Ciudad” y agradeció que “por suerte, el Poder Judicial con el juez (Lisandro) Fastman frenó esta idea absurda y ridícula de atender a los viejos y que consulten si tienen que salir”, declarando inconstitucional esa medida.Iacub opinó sobre cómo trataron los medios tradicionales de comunicación este tema y elogió a determinados personajes públicos que defendieron al grupo de personas mayores de 70 años: “Medios como Clarín tienen, a veces, un enfoque más abierto que Página 12. Sobre la vejez Página 12 no tiene una posición tan armada como Clarín, que responde a una línea más liberal en el sentido filosófico del término vejez. Hay temas donde se fue construyendo una opinión política, de izquierda o derecha, y hay otros que quedaron a la retaguardia sin una posición política demasiado clara. Me llama la atención como distintos personajes se manifestaron frente a esto teniendo que decir que tienen más de 70 años, teniendo que incluirse desde una noción de edad que parecía mucho más volitivo o que se asociaba más a un estado de ánimo que a una edad determinada. Hubo expresiones maravillosas, como la de Nacha Guevara y Moria Casán, divertidas y graciosas. Esto llevó a que un grupo de gente que hasta ahora no se manifestaba con reclamos particulares o necesidades especiales tomara posición”, expresó el psicólogo. Para Iacub, esta medida que había decretado Larreta revelaba una fuerte discriminación para con el grupo de personas adultas mayores por parte del Gobierno y de la sociedad: “El viejismo es un conjunto de prejuicios, equiparable al machismo, al antisemitismo o a cualquier otro conjunto de prejuicios. Quedó en claro que todo esto que está sucediendo no es solamente un deseo de protección sino que esconde un serio prejuicio que tiene que ver con considerar que a los viejos hay que vigilarlos y controlarlos como un grupo particular, que hay que retenerlos y manejarlos porque no pueden solos. Más allá que hoy son un grupo de riesgo, es un grupo de riesgo que sabe cuidarse y por eso llegó a la edad que tiene”, manifestó. ¿Qué vida vale más? A partir del desarrollo de la pandemia mucho se habló sobre el interrogante de qué hacer en caso de no tener los recursos necesarios para atender a toda la población. La teoría del descarte que reciben los ancianos implicaría que su vida vale menos que la de una persona más joven. Sin embargo, el psicólogo de la UBA explicó que no se trata de priorizar una vida sobre la otra por su juventud sino que es preciso evaluar la probabilidad de salvar esa vida que está en juego: “Decidir qué vida vale más es un tema casi fascista. Si vale más la vida de un joven de 20 que la vida de una persona de 70 es algo que debemos rechazar de por sí. Lo que sí uno puede llegar a tener en cuenta es qué vida es más salvable que otra. En este sentido hubo diferentes posiciones. Todos los países como Israel, que tienen todas estas cuestiones muy candentes por el tema de sus guerras, tienen muy claro que ninguna vida, por edad, vale más que otra sino por la capacidad de ser salvada. En Europa, mucha gente de 80 años y más se salvó la vida. Es incómodo decidir quién. Estamos hablando de situaciones extremas en donde hay un respirador para dos personas. En este sentido, tenemos que aplicar una racionalidad para ver a quién le damos qué”, aportó. El acatamiento de la normaIacub planteó un problema: en una primera instancia, la respuesta de la sociedad frente al objetivo de cumplir los requerimientos que se impusieron tanto a nivel nacional como en cada provincia y en la Ciudad de Buenos Aires fue alta y efectiva. Ahora bien, si las decisiones comienzan a tomarse a la ligera, sin contemplaciones o, como en este caso, con muchísimas probabilidades de fracasar, la reacción de la sociedad puede volverse negativa. La solución para el psicólogo es tomar medidas más sencillas de acatar y siempre en pos de proteger al grupo de riesgo más vulnerable: “El hecho de poder tratar de cuidar a una población particular que va a tener más riesgos no es el problema. El problema es hasta qué punto llegamos. Uno de los puntos más problemáticos de lo que pasó con esta normativa es que probablemente ahora la gente responda menos a la norma que antes. Es decir, veníamos con un alto apoyo a la norma. El presidente tiene un gran apoyo popular porque hizo comprensible esta norma y la gente lo aceptó. Lo que no aceptó es este nivel de obligación y la mentira que construyó el Gobierno de la Ciudad. Incluso cuando dijo que no iban a

Berni camina, presuroso. Cae la tarde en Quilmes, está fresco y luce una campera oscura, que le abriga el pecho y parte del cuello. Se para frente a los trabajadores que horas antes fueron reprimidos por la policía. Intenta explicar, habla de desinteligencias, y recibe los reclamos. Hacia la noche, y sin el conflicto resuelto, los cruces aparecerán en las redes sociales. El Ministro de Seguridad bonaerense dirá que él no ordenó el accionar policial. El Gobernador Kicillof tampoco se hará cargo. Y la Intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, repudiará lo sucedido por Twitter. Nadie fue. Mientras, dos efectivos de la Bonaerense son desafectados. La represión en las puertas del frigorífico quilmeño Penta, que finalizó con heridos graves, no es excepción sino regla de una cuarentena que puso en relieve las miserias de los empresarios y las relaciones carnales entre patronal, poder político y burocracia sindical. Pero también evidenció otro factor real: la enorme organización de base de los y las trabajadoras vernáculas, resistencia heredada de la dictadura y los peores años de neoliberalismo democrático. (Por La Retaguardia) ✏ Redacción: Rodrigo Ferreiro 💻 Colaboración: Luis Angió- Nicolás Rosales- Matías Bregante- Pedro Ramírez Otero 📷 Fotos: Agustina Salinas- Colectivo de Trabajadores de Comercio en Lucha Les monotributistes: el ciudadano invisible “El espacio de Monotributistas Organizadxs surge a finales de 2019, en el medio de la lucha de prestadores de salud que trabajan para las Obras Sociales, junto a estatales precarizados, luego nos sumamos nosotros”. Quien habla es Rodolfo Fucile, dibujante e ilustrador independiente, y con el nosotros se refiere a aquellos trabajadores y trabajadoras que son autónomos y, al igual que los y las laburantes estatales que tienen contrato de locación de servicio anual y los y las profesionales que facturan para Prepagas y Obras Sociales, pagan mes a mes el Monotributo al Estado. Fucile, desde un audio acorde a los tiempos de aislamiento, también recuerda que el aumento del 50 por ciento de principios de 2020, disposición heredada por el macrismo pero ratificada por el gobierno de Alberto Fernández, hirió gravemente, generando una organización antes impensada, que visibilizó el padecimiento de este grupo de trabajadores y trabajadoras. La cuarentena los y las encontró, entonces, en pleno proceso de lucha. “Nuestra organización es horizontal. No hay jerarquías. Veníamos haciendo asambleas, pero el aislamiento modificó sustancialmente nuestra dinámica”, prosigue Rodolfo. “Tenemos grupos en redes sociales, allí nos comunicamos y tomamos decisiones. Lo que se hizo visible con el Coronavirus es la enorme precarización que tenemos muchos trabajadores y trabajadoras”, completa. El colectivo de Monotributistas Organizadxs logró realizar un petitorio virtual masivo, donde recolectó 130 mil firmas. “Nuestro pedido era claro, no pagar el Monotributo, un subsidio de 30 mil pesos para el que lo necesite y que se garantice la cobertura de salud”. Por la presión ejercida por los y las trabajadoras, el gobierno decidió otorgar un Ingreso Familiar de Emergencia de 10 mil pesos por mes, suma que para Fucile es insuficiente. “No cubrió la situación del sector. Lo real es que no solo no se cubre nada con ese dinero sino que millones de monotributistas quedaron afuera. Se nos excluyó a muchos que hoy no tenemos trabajo con requisitos absurdos y prejuiciosos. Deberemos insistir con el reclamo, entonces. Y, en lo posible, volver a las asambleas y las movilizaciones”. En el mismo universo monotributista se encuentran, como se menciona en el párrafo anterior, los y las profesionales que prestan sus servicios a las Obras Sociales y Prepagas. Javier Cirigliano, psicólogo que trabaja fundamentalmente en el área de discapacidad, es uno de ellos. “Hasta el 2017, aproximadamente, el conflicto giraba casi siempre por la metodología de contratación. Es decir, las Obras Sociales nos contrataban, se quedaban con un porcentaje y nosotros, además, debíamos pagar el Monotributo”, describe. “Pero en 2017 comienza a haber una brecha salarial entre ciertos sectores dentro de las Obras Sociales, diferencias entre transportistas y profesionales, que produjo un germen de organización de los profesionales independientes”, continúa. “Estuvo bueno, fue desde abajo, y surge el colectivo de Prestadores Organizados. En 2018 comenzamos a interactuar con otras organizaciones por el recorte fuerte en discapacidad”, cierra. Javier cuenta, entre los actores de lucha, a las familias de niños y niñas discapacitadas. “Las familias se sumaron. Con ellos nos pudimos organizar bien, con algunas marchas, frente al Congreso, por ejemplo”. Durante la cuarentena la Superintendencia de Servicios de Salud, ente a cargo de Eugenio Zanarini y que regula a Obras Sociales y Prepagas, publicó la resolución 308, donde se recortaba a la mitad el pago de prestaciones para personas con discapacidad. La reacción fue inmediata, y la organización previa se constituyó en un factor clave para enfrentar el ajuste. “Llegamos fuertemente a los medios, y eso produjo que se decida dar vuelta esa resolución, aunque aún no lo hicieron efectivo. Pero la promesa está, y eso es gracias a lo que se hizo”, concluye Javier Cirigliano, describiendo la decisión de la Agencia Nacional de Discapacidad de garantizar la totalidad de la cobertura aunque manifestando el estar alerta hasta que no se publique el Decreto de Necesidad y Urgencia correspondiente. Sin lugar para el aplauso: les empleades de comercio “En Carrefour ya hay tres casos confirmados de Coronavirus y en Coto, dos. Pero no los blanquean, cierran el local diciendo que hay tareas de desinfección, ocultando la verdad, poniendo en riesgo a los y las trabajadoras y no cortando la cadena de contagios”. Quien habla es un trabajador organizado bajo el colectivo “Trabajadores de Comercio en Lucha”, espacio de resistencia colectivo que nació a partir del Aislamiento Social Obligatorio. “Nosotros empezamos a evaluar la necesidad de crear esto a partir del descontento generalizado por las medidas de las empresas de supermercados ante el Coronavirus. No nos cuidan, nos abandonan y, por otro lado, nuestro gremio, con Armando Cavallieri a la cabeza, no nos representa de ningún modo, negociando siempre con la patronal”. Las palabras del trabajador de comercio, que se mantiene en el anonimato por razones de seguridad, reflejan una realidad que

“Nos alegra ser reconocidos en todo el mundo a través de los aplausos, pero la realidad es que así no podemos vivir”, comentan las trabajadoras del Hospital Gandulfo de Lomas de Zamora sobre la situación de la Institución en el contexto de la emergencia Sanitaria por el coronavirus. Una recorrida por el hospital y entrevista de Agustina Salinas a las enfermeras Marta Romano y Natalia Ledezma, ambas delegadas de ATE Sur y al trabajador de Limpieza del Hospital, Martin Román, miembro de la comisión directiva del mismo sindicato.  (Por La Retaguardia)🎤 Entrevista: Agustina Salinas ✏ Redacción: Agustina Salinas 💻 Edición: Rosaura Barletta 📷 Fotos: Agustina Salinas “Los y las trabajadoras de la salud perdieron más del 50% del  poder adquisitivo en los últimos años y algunos salarios están por debajo de la canasta familiar”, dice Martin. En el marco de la emergencia se evidencia aún más la precarización en los modos de trabajo, la falta de recursos y capacitaciones para enfrentar la emergencia sanitaria cuyos picos máximos de contagio ocurrirán en las próximas semanas. Las enfermeras nos comentan sobre el riesgo sanitario al que se enfrentarán cuando se deba profundizar la atención a personas que estén infectadas por el Virus Covid-19. “Es realmente preocupante la escasez de insumos que envían desde el Ministerio aunque se refuerzan con donaciones que nos hacen, no es suficiente”, agregan. Están alerta ante tantos trabajadores de la salud de otros hospitales infectados con el virus y puntualizan en la necesidad de contar con los insumos básicos como alcohol en gel, productos de limpieza, camisolines, antiparras. A esta carencia de insumos se suma la falta de trabajadores, camilleros y personal de limpieza necesarios para una correcta atención por sectores. Informan que hay déficit de recursos humanos para la capacidad que debería albergar la institución: se necesitan 80 enfermeros para poder cubrir la demanda. Estos reclamos no son nuevos, pero ahora se vuelve urgente que se salde esa falta de personal para cubrir de una manera adecuada a los posibles infectados y mantener las atenciones actuales del hospital.Al requerimiento de personal se le suma la falta de insumos: “Tenemos solo una botella de alcohol por día para desinfectar a más de 100 pacientes“, dice Marta. Su compañera agrega: “Cuando comenzó la cuarentena nos empezamos a preparar con lo que teníamos a mano: yo me traje la mascarilla que usé en 2009, por la gripe porcina”. Los trabajadores mantuvieron reuniones con Directivos del Hospital para alertarles sobre la escasez de insumos básicos. Hay faltantes de Barbijos N95, los necesarios para el cuidado esencial. “La mayoría de los recursos que recibimos son materiales donados y bastante escasos”, comenta Martín. Ante la consulta sobre si recibieron algún tipo de capacitación, responden: “Estamos teniendo algunas reuniones entre compañeros y compañeras pero no hay información ni capacitación. Todos tenemos miedo de infectarnos, estamos en contacto directo con pacientes y más allá de ser rigurosos en nuestra higiene, el temor siempre está. Entre nosotras nos rotamos en los puestos para cuidarnos, y nos contenemos así”.En el recorrido por el hospital, los carteles demuestran que los reclamos de los y las trabajadoras no son solo salariales, también el reconocimiento como profesionales de la salud viene hace tiempo.  Son la primera línea de atención ante la pandemia, además de otros trabajadores igual de esenciales, aquellos que realizan la limpieza de hospital. Quienes se encargan de esta tarea están  contratados desde la gestión previa a través de la empresa “Distribon” que terceriza el servicio y con la que mantienen conflictos salariales. Los trabajadores se organizaron y mantuvieron un paro de tareas para exigir que les paguen sus salarios. Desde el decreto de la cuarentena el 20 de marzo pasado, y aún sin cobrar, decidieron ser parte de la primera línea y están realizando las tareas de limpieza normalmente. Sus compañeros del hospital están intentando resolver colectivamente la situación irregular de los 13 trabajadores de limpieza para afrontar de una mejor manera el ritmo de trabajo que se avecina. A la fecha pudieron cobrar sus sueldos al 50% del sueldo del mes de marzo.Además de las dificultades ante el Coronavirus, la problemática que enfrentan es la de la infección por dengue: de un total de 459 casos en la región sexta de salud (abarca las localidades de Ezeiza, Berazategui, Lanús, Quilmes, Avellaneda, Florencio Varela, Almirante Brown, Esteban Echeverría y Lomas de Zamora), 80 se concentran en el Municipio de que dirige Martín Insaurralde. Los casos confirmados de coronavirus en estas localidades ascienden a 96. El Hospital Gandulfo cuenta con un sector preparado para atender a 20 pacientes con Covid-19. Hasta la fecha se reportan dos casos confirmados en el hospital. Hubo muchas consultas de personas con sospechas de infección, pero sus análisis dieron negativos.

Silvia Ferreyra, de Mujeres de la Matria Latinoamericana (MuMaLa), dialogó con Hasta que vuelvan los abrazos sobre la violencia de género antes y durante el aislamiento preventivo, social y obligatorio. El disparador fue el femicidio de Camila Tarocco apareció en una bolsa, semienterrada, a doscientos metros de la casa del principal acusado. (Por La Retaguardia) 🎤 Entrevista: Giselle Ribaloff/Fernando Tebele ✏ Redacción: Andrés Masotto 💻 Edición: Pedro Ramírez Otero/Fernando Tebele “Nosotros desde MuMaLa no nos resignamos a seguir contando casos como este, a seguir contando femicidios día tras día. Nosotras hace pocos días, el 9 de abril, dimos a conocer el resultado de los primeros 100 días de femicidios en Argentina y llegamos a la cifra de 82 femicidios. Y tenemos a la vez 61 casos de intentos de femicidio aparte de estos 82, que ahora son 83 con el de Camila. Y tenemos además otras 14 muertes violentas que están en investigación que se suman y dejan como saldo 96 muertes por violencia machista. Y nos parece que sacude, porque toda la sociedad está sensibilizada aun en cuarentena. Nosotras tenemos que la cuarta parte de estos femicidios se dieron a partir del 14 de marzo, cuando empezaron las medidas de restricción por la pandemia”, empezó a enumerar Silvia Ferreyra, integrante de Mujeres de la Matria Latinoamericana, horas después de que Camila Tarocco, de 26 años y mamá de dos niños, sumara otra víctima más. Aislamiento social y machista Apenas decretada la cuarentena obligatoria, muchos sectores empezaron a preguntarse qué hacer con las personas que, a partir de ese momento, estarían obligadas a aislarse en la casa que comparten con su agresor. “Nosotras tuvimos hace una semana una entrevista con gente del Ministerio (de las Mujeres, Géneros y Diversidad) justamente por una carta que habíamos acercado días atrás, solicitando algunas medidas de urgencia en el marco de la pandemia. Le planteamos la necesidad de instrumentar mayor coordinación, mayor celeridad, entre el Ministerio Público Fiscal, la justicia y las fuerzas de seguridad que son las tres instituciones que actúan cuando se presenta una denuncia por violencia de género” señaló Ferreyra. Y continuó: “También acercamos la propuesta de mayor asistencia a nivel local, porque a pesar de la cuarentena nos parece que todas las oficinas, secretarías y direcciones de género a nivel local necesitarían ser tomadas como servicios esenciales y que no detengan su asistencia, que desplieguen mecanismos para poder tener llegada a todas las personas que lo soliciten. También ampliar la cantidad de plazas dispuestas para las situaciones de emergencia, porque los refugios, los hoteles y las casas de mujeres se cuentan con los dedos de una mano y hace falta instrumentar medidas de urgencia para localizar a las víctimas en lugares más seguros. Ayer hubo una reunión de autoridades del Ministerio con tres titulares de la cartera de Justicia y Seguridad, pero nos parece que las medidas son urgentes para que haya más protección para las víctimas”. El rol de los medios Hace un mes que la agenda de los medios de comunicación, sobre todo de los tradicionales, está ocupada por la pandemia de coronavirus. Pero, como denuncian muchas agrupaciones y colectivos, en Argentina hay otra epidemia un tanto postergada informativamente: la violencia machista. La integrante de MuMaLa reforzó la necesidad mantener la problemática en la agenda mediática: “Me parece que tiene que haber una alerta en toda la sociedad. Yo creo que lo peor que podemos hacer es naturalizar esta situación, y en muchos casos se cae en ese lugar de esperar a que se dé con el paradero de la persona buscada y no difundimos con suficiente fuerza. Pero nos parece que en ese sentido hace falta seguir en alerta. Es importante que no se detenga esta cadena de alerta al conjunto de la sociedad. Pero también sabemos que la principal tarea la tiene el Estado, que es quien tiene más herramientas y dispositivos para poder llevar adelante esta tarea en el caso de la desaparición de las pibas. Es importante, también, lo que se hace desde la justicia. Porque en los primeros días de la cuarentena, en los casos de Claudia Repetto y otra piba en Lanús, nosotras vimos que la primera hipótesis de la justicia en caso de desaparición tiene que ser violencia de género y femicidio. Entonces eso tiene que orientar la búsqueda para hacerla más efectiva. No averiguación de paradero como sucede en muchos casos”, finalizó Silvia Ferreyra.

Lo dijo Jorge Adaro, integrante del gremio docente Ademys. Durante la cuarentena, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires estableció la distribución de alimentos en todos los niveles escolares para que los comedores sigan funcionando. Sin embargo, desde Ademys denunciaron que el personal auxiliar que realiza esta tarea no recibió los elementos de protección necesarios para prevenir la transmisión del coronavirus, y que la cantidad y calidad de los alimentos es insuficiente. Adaro dió detalles de la situación en diálogo con el programa radial Tengo una Idea. (Por La Retaguardia) 🎤 Entrevista: Graciela Carballo/Nicolás Rosales ✏ Redacción: Nicolás Rosales 💻 Edición: Pedro Ramírez Otero 📷 Foto de portada: lineasindical.com.ar Jorge Adaro comenzó describiendo la mala calidad de los alimentos que se entregaron en una primera instancia bajo el contexto de la cuarentena: “El primer marco que quiero dar es que esta cuarentena nos agarra en un proceso de eterno ajuste a los trabajadores y a los sectores populares. Lo que está pasando es que cuando el gobierno decide hacer la cuarentena tiene que, por presión por las familias y de los docentes , modificar el tema alimentario. Porque los primeros días el gobierno siguió dando las famosas viandas,  y digo que son famosas ya porque son un desastre. Eran un desastre antes de la cuarentena, y esto no ha cambiado por la cuarentena, sino todo lo contrario. Ahí empiezan a haber un montón de fotos con una fetita de jamón con una de queso y que ese era el alimento para el niño o la niña para todo el día. Nosotros empezamos a decir: esto no va, esto es una vergüenza, un desastre. Además, en el marco de la cuarentena no podemos hacer salir a las familias todos los días a las escuelas”. Bolsones de alimentos para las familias El integrante de Ademys contó la idea que el sindicato propuso, que el gobierno porteño consideró y llevó a cabo sin los cuidados necesarios para los trabajadores y trabajadoras que deben exponerse: “Proponemos que hagan bolsones con alimentos se supone de calidad, para 10, 15 días. El gobierno toma entre comillas esto y se produce la primera entrega la semana pasada (primeros días de abril) donde se produjeron, incluso un día con lluvia, metros y metros de filas de gente para buscar los alimentos. Es contraproducente con lo que se quiere evitar en un aislamiento social, empezamos a ver los problemas. Esa primera entrega se hizo por auxiliares, por directivos, por camareras de los concesionarios, y en la caso de los dos primeros no se contó con los elementos de protección sanitaria. El gobierno se había comprometido a mandar barbijos y alcohol en gel y no mandó nada. Nuevamente, son los trabajadores quienes asumen los riesgos por una política de ajuste del gobierno”, denunció. Y continuó: “Nosotros lo que queremos es que las familias tengan comida. ¿Qué es lo que hizo el gobierno?, a las escuelas de jornadas simples sólo les dábamos desayuno, y les dieron una vianda de desayuno. Las escuelas de jornada completa o con comedor van a tener otro bolsón, lo que ya produce otra diferencia entre lo que recibe uno y en lo que recibe el otro en el marco de una medida de aislamiento social, bajo un ajuste que lo que genera es que el trabajador autónomo o cuentapropista no pueda salir a ganar el mango. Entonces la situación para el que mandaba a una piba o a un pibe de jornada simple cambió. Exigimos que el bolsón lo tienen que mejorar, y tiene que ser para todos. Porque además ponen a los docentes y a los auxiliares en un lugar de tener que decirles: ‘a vos mamá te doy, a vos no te doy’. Es decir, estamos poniendo la cara en representación a una política que nosotros repudiamos de parte del gobierno”. Por último, Jorge Adaro expresó: “En un primer momento el gobierno dijo ‘se lo vamos a dar (el bolsón) solamente al que hizo el trámite de la beca para el comedor’, pero si les cuento lo difícil que es hacer ese trámite y más aún para lo que significa para las familias de los barrios más vulnerables que no tienen un acceso a la computadora o no tienen ese ejercicio, es terrible. Nuestra exigencia es que se le dé a la matrícula total de la escuela. Esto se ha ido solucionando por la voluntad de los trabajadores”.

(Por Equipo de Comunicación de Madres Víctimas de Trata para La Retaguardia) De lunes a viernes, a la hora del almuerzo, largas filas de gente desfilan por el pasaje Ciudadela en el barrio de Constitución para recoger, por una ventana del número 1249, su ración de comida: “quinientas cincuenta raciones. Hay personas en situación de prostitución, con graves problemas de salud y con niños chiquitos, me piden leche desesperadamente. Tuberculosis, bajo peso, VIH, etc., etc. …”, revela Margarita Meira, la mujer que lleva adelante este comedor que resulta ser, también, su propia casa. Y es que cuando las cosas se pusieron estructuralmente difíciles para el barrio y la sociedad argentina en general, también se pusieron difíciles para ella. En sus propias palabras, “hacia 1988 comenzó a desembarcar en la Argentina el neoliberalismo” (cuyas lógicas y políticas venían esbozándose desde los tiempos de los sucesivos golpes militares, pero se instalaron con especial y explícita fuerza en la década de los ’90 luego de la asunción de Carlos Menem). Entre otras cosas, la apertura de las importaciones llevó a Margarita a perder su trabajo como costurera y a ver su situación económica seriamente afectada. “Claro que lo mismo que me pasaba a mí les ocurría a mis vecinos. El hambre comenzó a ser un problema cotidiano, por lo que decidí organizar en mi casa un comedor comunitario que se llamó Madres de Constitución”. Actualmente el comedor dispone de un suministro provisto por el gobierno de la Ciudad, aunque lo que acaba sucediendo es que el mismo resulta insuficiente y Margarita y sus colaboradoras se ven verdaderamente desbordadas. Poco o nada sospechaba Margarita que tan solo tres años después de la fundación del comedor, en 1991, su hija Susi (cuyo nombre hoy puede leerse tatuado en su brazo) sería secuestrada por una red de Trata para ser explotada sexualmente. Fue con la compañía y la colaboración de su hija que Margarita inauguró el comedor, y fue, a la vez, el secuestro y posterior asesinato de Susi lo que dio comienzo al  arduo camino de búsqueda y lucha que desembocó en la definitiva fundación de Madres Víctimas de Trata en 2015. Durante todos esos años de dolor por la falta de Susi el comedor siguió adelante, y así continúa en la actualidad. Mucho dista la realidad social de ser una fiesta, y poco tiene que ver la solidaridad con una tarea armoniosa realizada alguna vez a la semana para luego sonreír delante de alguna cámara fotográfica. Bien lo sabe Margarita, que así describía la situación del barrio en su libro autobiográfico que vio la luz el año pasado: “Actualmente se vive pésimo porque tampoco hay trabajo. Quienes más sufren son los de menos edad. El otro día le estaba diciendo a un vecinito que estudie, ya que de otra manera nunca iba a tener un buen trabajo, y muy fresco me contestó que más plata iba a ganar en la esquina, arrebatando celulares o vendiendo droga. Y veo que las nenas, en cuanto se van haciendo señoritas, tienen a los proxenetas rondándoles. No estudian, no trabajan, no están bien en la casa, por lo que no les cuesta mucho a las redes de trata convencerlas”. Experiencias como esta motivaron la decisión de establecer, en la casa del Pasaje Ciudadela, además del comedor, un centro cultural donde se brindara apoyo escolar y se realizaran diversas actividades artísticas para dar a las niñas y niños del barrio un espacio seguro, que contribuyera a su crecimiento en libertad y les alejara aunque sea un poco del acecho de lxs explotadorxs. Actualmente la situación del centro es complicada, esencialmente por falta de recursos y personal para brindar los talleres. Al parecer, Constitución es un barrio abandonado no sólo en los sentidos social y económico, sino también en el sentido cultural y artístico, tan fundamental para acompañar el crecimiento de lxs más pequeñxs en un contexto de extrema vulnerabilidad. A esto hay que agregar la situación actual, en la cual el apoyo escolar y las clases online con motivo de la cuarentena no llegan a la infancia que apenas si come. Al hecho de combatir, como se puede, el hambre desde el barrio de lunes a viernes durante todo el año, con o sin emergencia sanitaria, a Margarita se le añade la dolorosa labor de acompañar a las otras Madres, sus compañeras, en la búsqueda de sus propias hijas, desaparecidas para ser prostituidas por las redes de proxenetas y explotadores. Las Madres no descansan. Ningún día del año, ni cinco minutos, ni treinta segundos. Cuando Margarita no se encuentra entregando viandas desde el comedor, está luchando con sus compañeras que buscan a sus hijas, o brindando asistencia y asilo a jóvenes en situación de prostitución que han sufrido desalojos o se encuentran en situación de calle. Todo en la más dolorosa de las soledades: con una escasez de recursos insostenible, casi sin atención mediática, por supuesto sin financiamiento alguno de parte de grupos de interés económico, y sin demasiado tiempo para andar enorgulleciéndose de sus acciones a través de las redes sociales. Así relataba, en los días previos a Semana Santa, la situación en el comedor: “Fue una odisea, la gente se pone en la cola y cuando llega no son los que están en la lista. Nos parte el corazón y ahí hacemos magia todos los días. Damos en viandas por la ventana y en bolsas descartables, no entramos nada de la calle. Nos tenemos que organizar para poder entregar 1500 viandas por el feriado”. En su célebre obra “Patas Arriba”, Eduardo Galeano expresaba que “A diferencia de la solidaridad, que es horizontal y se ejerce de igual a igual, la caridad se practica de arriba a abajo, humilla a quien la recibe y jamás altera ni un poquito las relaciones de poder (…) La caridad no perturba la injusticia. Sólo se propone disimularla”. Este es un principio que, consciente o inconscientemente, rige toda la actividad de la organización: el objetivo útlimo que Madres Víctimas de Trata