Cuarentena
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Ya son varias las personas contagiadas de COVID-19 en los barrios populares de la Ciudad de Buenos Aires, aún sin contar los casos no oficializados por el Gobierno porteño. En estos lugares a los que no llega el Estado, son las organizaciones sociales y trabajadores y trabajadoras de la salud quienes se hacen cargo de llevar adelante el protocolo sanitario brindando asistencia a los vecinos y vecinas. En el programa Hasta que vuelvan los abrazos se puntualizaron las problemáticas que enfrentan los sectores más invisibilizados de la Ciudad con los testimonios de Sebastián Zubizarreta, referente del Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) y Lilian Andrade, parte de la Asamblea de La Poderosa y vecina de la Villa 31. (Por La Retaguardia) 🎤 Entrevista: Fernando Tebele/Giselle Ribaloff/Pedro Ramírez Otero ✏ Redacción: Diego Adur 💻 Edición: Pedro Ramírez Otero 📷 Foto de portada: mundovilla.com El virus COVID-19 ya llegó a las villas y a los barrios populares de la Ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, el Gobierno porteño decidió no oficializar algunos de los casos de contagios confirmados y el Estado brilla por su ausencia a la hora de brindar la asistencia que las personas necesitan. La consigna de quedarnos en casa no puede aplicarse con la misma lógica para personas que viven en un barrio urbanizado o residencial que para los vecinos y vecinas de los barrios populares. Allí, permanecer encerrados en sus casas implica permanecer hacinados y no salir muchas veces implica no comer. Con los primeros casos de COVID-19 positivo, además, es necesario aplicar el protocolo sanitario de aislamiento al infectado y dar aviso a las personas que estuvieron en estrecho contacto con él o ella, que en estos casos pueden ser bastantes. Sebastián Zubizarreta, referente del FOL, contó que en la última semana 12 personas, trabajadoras de un comedor popular de la Villa 31, fueron infectadas. Ante la ausencia de toda respuesta del Estado, son las organizaciones las que se ocupan de llevar adelante el protocolo sanitario y asistir a las familias: “En el medio de esta situación, la contención y servicios que damos las organizaciones es mucho más profundo. Desde que se inició la cuarentena hemos tenido que crear nuestras redes y protocolos específicos para poder afrontar esta situación. No hemos cerrado ningún comedor, al contrario, los comedores han duplicado sus asistencias. A pesar de la inexistencia de la asistencia estatal, sostenemos estos espacios. Una familia en cuarentena en un barrio popular no tiene para comer, porque se le acaba la changa y la posibilidad de trabajar”, reflexionó Zubizarreta y contó sobre el caso de una compañera del FOL que se contagió y cómo aplicaron su propio protocolo para asistirla a ella y a las personas con las que habían estado en contacto: “Los contagios han llegado a los barrios. Queda en evidencia la falta de protocolos específicos de parte del Gobierno de la Ciudad. Una compañera estaba viniendo a cocinar todos los días. Se enteró que a una vecina que vive al lado de su casa le había dado COVID positivo. Como ella estaba con síntomas y es grupo de riesgo por ser asmática se hizo los análisis. La aislaron preventivamente y le dio positivo. Inmediatamente nos lo informó a nosotros. Hicimos una lista con las compañeras que habían estado en contacto con ella durante los últimos días. Llamamos a cada una para informarlas. Las compañeras mismas decidieron autoaislarse en sus viviendas y lo comunicamos al Gobierno de la Ciudad. Cuando se presentó la gente del Gobierno nos dijo que lo que habíamos hecho estaba bien. Les dimos la lista de las 12 familias para que se las pudiera asistir mediante kits de limpieza y alimentos. Al día de hoy, lo único que hicieron fue llamar por teléfono a ver cómo estaban. Nosotros nos encargamos de llevarles el almuerzo a las familias y las asistimos con los medicamentos e insumos necesarios. Seguimos exigiendo que les hagan los testeos a esas compañeras. No hay testeos para los casos en los barrios populares”, denunció. Sebastián explicó también por qué el protocolo que aplica el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no es efectivo en los barrios populares: “El criterio del protocolo del Gobierno porteño no aplica a los barrios populares porque el grado de cercanía y posibilidad de tener aislamiento no es la misma que la de un barrio urbanizado o residencial de la Ciudad. En los barrios populares, cuando salen a comprar alimentos se cruzan las personas en el pasillo. Además es muy difícil sostener la cuarentena porque tienen que salir a hacer algún laburito para ganarse el peso del día. Si se quedan en cuarentena, no pueden adquirir alimento”, argumentó.Otra función importante de las organizaciones sociales es dar contención psicológica a los infectados y las infectadas de COVID-19. Muchas veces, sufren discriminación e incluso violencia por sus propios vecinos y vecinas: “Venimos trabajando en la contención humana. En los barrios hay temor en reconocer síntomas. Ante la falta del Estado, de información, de un sistema de salud cercano, se infunde el temor. Hay casos de gente con síntomas que no quiere salir por miedo a ser perseguido o que lo estigmaticen. Tratamos de trabajar mucho en la contención. Desde el cuidado hasta la comunicación. Cuando se difunde la información de algún contagio, la gente se moviliza en un sentido negativo y estigmatizante. La gente se acerca a las casas y pretende echarlos, sacarlos del barrio. Eso es una clara ausencia del Estado, que tiene que estar presente y dar una respuesta integral, que no sea solo la reacción de la gente”, sentenció Zubizarreta. La invisibilización de la problemática La Villa 31 no es el único lugar con personas contagiadas de COVID-19. La 1-11-14 también tiene decenas de casos, pero no tienen la misma trascendencia. Para el referente del FOL, esta distinción que hace el Gobierno porteño es adrede y responde al objetivo político que persigue la gestión de Larreta: “En la villa 1-11-14 está pasando algo gravísimo. El Gobierno de la Ciudad no está formalizando los casos. Hay
Se trata de una de las cadenas de kioscos más importantes de la Ciudad y el Conurbano, que despidió a 150 trabajadores/as que estaban en condiciones de contratación precaria. Esta decisión viola el decreto 329/2020 que prohíbe despidos por 60 días, y la patronal de OPEN 25 suma así más irregularidades a su historial. Hablamos con Alejo Caivano, abogado laboralista y representante de varios empleados y empleadas de la cadena. (Por La Retaguardia)🎤 Entrevista: Andrés Masotto✏ Redacción: Andrés Masotto💻 Edición: Rosaura Barletta El abogado se refirió, primero, a las condiciones de precariedad previas a la pandemia: “Si hoy hubiera una competencia de condiciones de hiper-explotación entre empresas que emplean a más de 3.000 laburantes en CABA y AMBA, la cadena OPEN 25 entraría en el podio con un probable primer lugar. Sus laburantes tienen un régimen que es bastante parecido al feudalismo: laburan doce horas de lunes a domingo y cuentan con un solo franco semanal. El total de las horas semanales que deben trabajar es de setenta y dos horas semanales. La jornada legal actual para el gremio de comercio (el que corresponde a la actividad) es de cuarenta y ocho horas semanales. En total hacen veinticuatro horas extras por semana, siempre en dos turnos, de siete a diecinueve horas y de diecinueve a siete”, enumeró Caivano. Y sentenció: “Si falta el reemplazo, deben quedarse hasta que los supervisores consigan algún otro. Si no consiguen, deben quedarse hasta completar el turno, laburando al menos veinticuatro horas”.Las lamentables condiciones laborales que pesan sobre los contratados por Juan Manuel y Jorge Damiani no terminan ahí. Muchas empresas vieron en la pandemia la oportunidad para profundizar la violencia contra sus empleados y empleadas, y los hermanos Damiani no fueron la excepción. “Alguien distraído pensaría que ganan fortunas de esa forma, trabajando todas esas horas: ganan $25.000 de los que tienen recibos de sueldo por menos de la mitad. Todo se los pagan en efectivo. En épocas de pandemia los están obligando a trabajar todo el tiempo o a permanecer en los locales cerrados ‘cuidando la mercadería’, sin ningún elemento de seguridad”.“Las condiciones de trabajo que se dan en esta cadena son lamentables incluso para nuestro mercado laboral. Me han informado todo tipo de manifestaciones xenófobas por parte de supervisores de esta empresa quienes vulneran a diario los derechos de los trabajadores de esta empresa. Estamos hablando de una expropiación por parte de los empresarios, cotidiana e ilegal. Los trabajadores tienen miedo porque los amenazan constantemente”, expresó Caivano.Sobre los recientes despidos, el abogado, que lleva adelante varias causas contra la cadena, detalló: “Ahora despidieron a 150, algunos que no habían cumplido los tres meses de prueba. De esa forma se ahorran aproximadamente cuatro millones de pesos mensuales. ¿Alguna duda de quién va a pagar la crisis del sector? Es importante destacar que los locales están abiertos actualmente. A muchos que les ofrecen mantener el trabajo les piden que renuncien a las empresas que los contratan y les dicen que otras empresas los tomarán en otros locales, todos de la misma cadena, pero registrados por sociedades distintas para evadir responsabilidad”. ¿Y el Estado? Alberto Fernández firmó el 31 de marzo el decreto 329/2020, con Techint como caso insignia, que amenazaba con despedir a 1450 trabajadores/as. Se estableció entonces la prohibición de despidos por 60 días. A pesar del decreto, las personas despedidas, cesanteadas y suspendidas ya son 300 mil, dentro de los que se encuentra el grupo de Techint, cuyo accionar fue oficialmente convalidado por el Ministerio de Trabajo. Y esas 300 mil son solo las registradas.“Había una expectativa importante en diciembre pasado con la elección de las autoridades del ministerio de Trabajo respecto de que esta empresa tenga alguna fiscalización por parte del Estado. No se concretó cambio alguno. Lo mismo que con el cambio presidencial anterior. OPEN 25 goza del visto bueno del Ministerio y del Sindicato de Comercio: el Estado en su conjunto está unido para que estos laburantes estén en condiciones de explotación precapitalistas en comercios que están a metros de la Casa Rosada”, planteó el abogado. Y agregó: “Hace dos días la CGT y la UIA firmaron con el aval del propio Ministerio de Trabajo un acta acuerdo que recomienda reducir los salarios de los trabajadores para ‘solventar’ la pandemia. ¿Harán lo mismo para que los empresarios compartan sus ganancias cuando pase esto?”, interpeló. No quieren que se hable de ellos“El año pasado junto a un grupo de abogados denunciamos esta situación y la empresa me envió carta documento para que no realice denuncias públicas sobre las condiciones de esta empresa, amenazándome con acciones penales y civiles”, finalizó.
El Lonko Facundo Jones Huala, quien se encuentra cumpliendo condena en una cárcel chilena, fue puesto en aislamiento preventivo por haber estado en contacto con una trabajadora del sistema penitenciario que dio positivo en COVID-19. Sonia Ivanoff, la abogada de Jones Huala en nuestro país, explicó la situación en el programa Hasta que vuelvan los abrazos y avisó que, junto a organizaciones de Derechos Humanos, solicitarán al Estado argentino que inicie los trámites para la repatriación del Lonko. (Por La Retaguardia) 🎤 Entrevista: Fernando Tebele ✏ Redacción: Diego Adur 💻 Edición: Rodrigo Ferreiro 📷 Foto de portada: Archivo La Retaguardia/Agustina Salinas Hace algunos días, una psicóloga que forma parte del personal penitenciario se entrevistó con Facundo Jones Huala dentro el penal de Temuco, Chile, donde el Lonko se encuentra detenido por una causa que bien podría considerarse parte de la histórica criminalización del Estado chileno al Pueblo Mapuche. Al día siguiente, dicha trabajadora recibió la noticia que sus análisis para COVID-19 dieron positivos. Por ello, se aisló a Jones Huala en una celda de condiciones muy precarias donde deberá esperar los 14 días establecidos para saber si fue contagiado de Coronavirus. En el programa diario de la cuarentena de La Retaguardia,”Hasta que vuelvan los abrazos”, Sonia Ivanoff contó lo sucedido en la cárcel chilena y explicó que el Lonko está a la espera del resultado del hisopado para verificar si fue contagiado o no del virus COVID-19: “La situación de los penales se ha puesto en crisis a nivel mundial. Esta pandemia corre el telón de todo lo que se oculta y venimos esgrimiendo quienes estamos vinculados con estas temáticas. Facundo Jones Huala ha sido condenado por el Estado chileno y está a disposición de la justicia chilena. El penal de Temuko no tiene ninguna persona con COVID-19. El Lonko no tiene COVID-19, está aislado preventivamente. Él ya está próximo a tener su beneficio dominical, algo que en un contexto normal podría haberse realizado”, explicó. Y continuó: “El día viernes alrededor de las 14, personal del Sistema Penitenciario -una psicóloga- recibió los resultados de sus análisis y dio COVID positivo. Entonces, para una situación preventiva, el Lonko fue puesto en aislamiento. Se interpuso un amparo telefónico, algo que en otros tiempos hubiera sido imposible”. Y agregó: “Todo se gestiona desde Chile. Yo soy su abogada en Argentina y no puedo ejercer profesionalmente allá. Él está aislado en la zona de la escuela del penal de Temuco. También nos preocupaba cómo son estos aislamientos. Como toda persona que hubiera estado en contacto con COVID positivo, (Jones Huala) debe cumplir obligatoriamente una cuarentena o un período de 14 días que es el tiempo en el que se podría manifestar algún tipo de síntoma. Él accedió el viernes a hacerse un hisopado y estamos a la espera del resultado del mismo”. Además de la situación sanitaria en el penal de Temuco, donde personal penitenciario ingresa a trabajar portando el virus y las paupérrimas condiciones carcelarias en las que vive, Jones Huala es un preso político condenado con pruebas que no existieron. Por todo esto, ya se realizó el pedido al Estado argentino para que inicie los trámites para la repatriación del referente mapuche a nuestro país: “Hoy las fronteras están cerradas. Tiene que cumplir con este proceso de 14 días para ver su evolución por haber estado expuesto al COVID. Hay que esperar estos 14 días. Por encima del derecho y el anhelo de su Pu Lof o de su familia está el derecho a la preservación de la salud del propio Lonko. No se lo puede exponer para venir a la Pu Lof. Posteriormente sí se tendrá que hablar de la situación de su condena para determinar si es factible o no. Esos trámites los realizan desde el Estado chileno. Está condenado bajo leyes chilenas. No es un preso de los ‘comunes’. Es un preso que se autoreconoce desde siempre pertenecer a un pueblo originario. Aquí no se están aplicando los estándares internacionales. Lo aplicó el gobierno anterior, criminalizándolos y buscando la estigmatización y la construcción del enemigo interno. Hay que trabajar desde otros lugares, desde el Estado. Hay grandes problemas también con otros pueblos transfronterizos que hoy se han visto gravemente afectados. Hay que pensar en el cumplimiento de estos estándares internacionales”, pidió Ivanoff. La situación de las comunidades originarias en Argentina “En Chubut hay aproximadamente 110 comunidades. El gran conflicto es que todos estos ajustes al aislamiento social no están teniendo la pertinencia en la realidad cultural en la que viven y las dinámicas en las comunidades indígenas. Hay graves problemas de aislamiento que trascienden las propias fronteras provinciales. La semana pasada en Chubut se debió presentar un habeas corpus para flexibilizar y derogar ciertas resoluciones que estaban muy alejadas de los patrones de una perspectiva de conocimiento de derechos humanos en el marco de un aislamiento social, preventivo y obligatorio. Si bien la situación pudo haber cesado respecto de la represión no así la persecución que ha existido con referentes indígenas. Se hicieron allanamientos en plena pandemia por acusaciones y por denuncias penales. Esto nos encuentra en pleno invierno donde no hay una asistencia desde el Estado”, alerta Ivanoff. Y prosigue: “Las decisiones en las políticas públicas que hoy se están llevando a cabo no tienen pertinencia indígena. Recién ahora, después de 30 días de pandemia, podemos escuchar slogans, afiches o mensajes bilingües. Esa invisibilización de la presencia de los pueblos indígenas en el país es algo que todavía se sigue y se continúa. Eso es lo problemático. Tuvimos grandes fríos y nevadas. No se le permitió a la gente la recolección de leña y no se pudieron apropiar del forraje para los animales. Toda la zona de la Pu Lof necesita referenciarse con la provincia de Río Negro. El cierre de las fronteras provinciales se ha agudizado y se han secuestrado vehículos. Se han generalizado políticas o acciones muy monoculturales: Sin pertinencia cultural, sin consenso y participación a referentes de las comunidades indígenas. Se piensa desde un
Vanessa Dourado nos invita a reflexionar acerca de algunos temas que, en plena pandemia de coronavirus, no figuran en la agenda prioritaria. Mientras que los medios tradicionales consultan día a día a los y las mismas especialistas, Dourado recopila información que da cuenta de formas de avanzar hacia un pacto económico y social, enfrentando al modelo dominante mundial de producción y consumo, a través de alternativas como la agroecología y la economía popular y cooperativa. (Por La Retaguardia) ✏ Redacción: Vanessa Dourado 💻 Edición: Pedro Ramírez Otero 📷 Foto de portada: https://havanatimesenespanol.org El COVID-19 logró poner el rol del Estado en el centro de los debates. En los últimos meses, todo el mundo acompaña con atención las decisiones de quienes lideran los distintos países respecto de las medidas tomadas para controlar la pandemia. La incapacidad de responder a la crisis se nota concretamente materializada en los hechos: la cantidad de personas infectadas, de vidas perdidas y el caos causado por la falencia de los sistemas de asistencia sanitaria. La salida encontrada por muchos gobernantes es combatir el problema a través del rescate de una lógica belicosa, de la represión y del ideario de guerra. Sin embargo, sale la luz el contexto en el cual se enmarca esta crisis. Según un estudio del año 2016 del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP por sus siglas en inglés), el 60% de todas las infecciones en humanos es zoonótica. El mismo estudio demuestra que una nueva enfermedad infecciosa surge en humanos cada cuatro meses. Los contagios a causa de este tipo de infecciones llegan a la cifra de mil millones a cada año. La actividad humana ha alterado el 75% de la superficie terrestre. Estos disturbios en los ecosistemas —de forma directa o indirecta— son la causa de la propagación de muchas enfermedades transmisibles y no transmisibles. Según la Plataforma Intergubernamental Científico-normativa sobre Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas (IPBES, por sus siglas en inglés), 100 millones de hectáreas en los trópicos fueron transformadas para la expansión agrícola entre los años 1980 y 2000. La agricultura industrial es la principal causa de deforestación en América Latina. La cifra, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), llega a 70%.La destrucción de los ecosistemas, más allá de causar el desequilibrio biológico que genera enfermedades, también reduce el acceso a las materias primas para la fabricación de remedios. Entre 25% y 50% de los productos farmacéuticos son derivados de los recursos genéticos encontrados en la naturaleza. Seguir con el mismo modelo de producción, consumo y distribución dependiente de la quema de combustibles fósiles y de la deforestación y contaminación del suelo, agua y aire significará permitir que surjan más pandemias y demandará más recursos económicos para cubrir los daños causados por sus consecuencias. Asimismo, otros eventos extremos relacionados al cambio climático han exigido que los Estados se hagan cargo de los daños que son, en su mayoría, causados por las actividades de empresas privadas. Para dar cuenta del tamaño del desafío, muchos economistas y expertos han planteado la necesidad de un nuevo pacto económico y social, algo ya adoptado anteriormente en Europa y Estados Unidos, como el Plan Marshall y el New Deal. Un proyecto de ley para evitar una depresión se negocia en los Estados Unidos, el plan de estímulo que inicialmente prevé 2,2 billones de dólares para salvar la economía es el mayor de la historia. Sin embargo, la crisis no puede ser afrontada solo desde lo económico y social cuando lo que hay es el rompimiento de un elemento central para garantizar que el Sistema Tierra, tal como la conocemos, siga existiendo. Salvar a las empresas responsables por la crisis climática y garantizar empleos que contribuyen a agravar las condiciones de calamidad sanitaria en consecuencia de las actividades contaminantes y depredadoras de las industrias estadounidenses es financiar el caos futuro. Tomando las experiencias de estas medidas de emergencia y adaptándolas a las necesidades reales en este espacio-tiempo, profesionales de distintas áreas están haciendo el esfuerzo de formular una alternativa que pueda resolver el problema a través de políticas públicas que abarquen las esferas ambientales, sociales y económicas A corto plazo, en los Estados Unidos, desde los que defienden el llamado Green New Deal se propone que el estímulo económico —que será mayor que estos 2,2 billones iniciales— sea “verde”, o sea, que ya sirva para empezar una transición hacia fuentes de energía limpias y renovables; transporte, agricultura y urbanismo sostenibles y la creación de empleos verdes, con el objetivo de empezar un cambio y seguir profundizando con más políticas públicas restaurativas hacia futuro. La propuesta que se discute en Estados Unidos es una forma de pensar otros horizontes que no sean estos que ponen lo económico por encima del sostenimiento de la vida y está en debate también entre aquellos que plantean que no volver a normalidad es la única alternativa posible en un escenario post-Covid. “Un Gran Pacto Ecosocial y Económico”, es lo que, desde Argentina, plantean la socióloga Maristella Svampa y el abogado ambientalista Enrique Viale. La propuesta de una transición justa pasa no solo por cambiar la matriz productiva contaminante —que es el caso de los combustibles fósiles, mayor responsable por la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera— hacia fuentes de energía limpias y renovables, sino que también plantea un cambio de paradigma que implica una modificación en los patrones de consumo y la relación entre las personas con la naturaleza. Svampa y Viale lo llaman “transformación integral y holística”. Para lograr este pacto, todos los sectores de la sociedad deberían trabajar conjuntamente: sindicatos, movimientos sociales, de mujeres, indígenas y juveniles desde una perspectiva interseccional en clave ecosocial que contemple la justicia racial. “La justicia ambiental y climática sólo será posible con consenso social”, afirma la socióloga. “Una brújula en tiempos de crisis climática” que está en proceso de edición por la Editorial Siglo XXI, es el título del libro que saldrá en los próximos meses y
Familiares de personas privadas de su libertad denunciaron que el Servicio Penitenciario reprimió salvajemente dentro de la Unidad 23 de Florencio Varela y asesinó a un interno, Federico Rey. El aislamiento preventivo, social y obligatorio encontró a todas las cárceles del país en graves condiciones sanitarias, lo que dificulta el control de la pandemia y denota un problema estructural. La respuesta de los efectivos del Servicio Penitenciario ante cada reclamo de los internos es la represión con balas de goma, gases y eventuales cortes de luz para despistar a los internos que reclaman. Uno de los primeros eventos represivos en contexto de cuarentena sucedió en la Unidad 3 de Bariloche y terminó con varios heridos de balas de goma y golpes. Compartimos además videos y fotos de contenido sensible que los presos nos hicieron llegar a través de sus familiares. (Por La Retaguardia)🎤 Entrevista: Andrés Masotto ✏ Redacción: Andrés Masotto/Nicolás Rosales 💻 Edición: Rosaura Barletta 📷 📼 Videos y fotos tomadas por los internos Ante la dramática situación sanitaria y sumando el agravante de la pandemia, los internos comenzaron a tomar medidas de autocuidado, como suspender las visitas del exterior y exigir elementos mínimos de higiene para los lugares donde transitan el encierro. Y también agregaron un reclamo lógico: que los condenados por causas menores o que estén cerca de cumplir su pena sean beneficiados con prisión domiciliaria, algo que no suena exagerado cuando hay genocidas obteniendo el mismo beneficio. Por el momento, lograron a través de una intervención judicial la posibilidad de utilizar sus teléfonos móviles y así mantener un contacto con el exterior. Días más tarde hubo una escalada represiva y en los reclamos de internos que ocurrieron en Coronda y Las Flores, ambos en Santa Fe, los efectivos del servicio asesinaron a cinco presos y dejaron varios heridos de distinta gravedad. Al mismo tiempo, empezaron a llegar las voces de las personas privadas de su libertad denunciando las condiciones de encierro, apuntando que el coronavirus es un riesgo inminente pero que adentro también sufren el dengue, la tuberculosis, el debilitamiento por la comida que les entregan y la falta de medicamentos, que también produce muertes. Los crímenes de Estado no están en cuarentena El martes se conocieron dos eventos en Melchor Romero y en Corrientes, siendo el segundo el más grave: durante el recreo en la Unidad 1 un grupo de internos jugaba al fútbol cuando la pelota se colgó. Uno de ellos trepó un alambrado (interno, no perimetral) para alcanzarla y un agente penitenciario le disparó. Todo terminó en un levantamiento generalizado del penal y, otra vez, la represión terminó con un muerto: José Mario Candia, de 22 años.Esta mañana, en la Unidad 23 de Florencio Varela, se replicó la petición de los internos y también se replicó la respuesta del Servicio Penitenciario. En los videos que circulan se ve claramente cómo los agentes disparan sus escopetas desde los techos de los pabellones y luego tapan un cuerpo con una manta directamente en el techo donde murió. Manipulan el cuerpo sin un aparente peritaje. Las imágenes que se pudieron ver en el transcurso de los últimos días han podido ser registradas por los propios internos. Algo que parecería estar jugando una mala pasada al servicio penitenciario ya que quedan al desnudo las constantes violaciones de los derechos humanos que viven las personas privadas de su libertad en el hacinado e inhumano sistema carcelario.Desde este medio tuvimos la posibilidad de conversar con Marga, de la organización social “Raíces”, y tía de uno de los internos de la U23 cuya identidad preferimos preservar por razones de seguridad. “Hoy hubo una especie de motín, cosa que los medios masivos de comunicación están diciendo que era un enfrentamiento entre sectores, es mentira. Están peleando por que le ‘bajen’ (que les den) los beneficios. En el caso de mi sobrino recién hace dos días nos pudimos comunicar con la defensora oficial, porque están todos los juzgados cerrados. Hay un muerto, como se puede observar en los videos. Ahora hay un camión de la Penitenciaría que los va a trasladar”, detalló. Marga vive en Tigre, y el traslado hacia Varela le implica un extenso viaje. “Por lo que sé hasta ahora hay un grupo de familiares afuera, mi sobrino me contó que les quisieron sacar los celulares que el propio poder judicial de la Nación les había habilitado. En realidad se los quieren sacar porque no quieren que trasciendan las imágenes que registran”, dijo. Esto desató otro motín. Es sabido que en este mismo penal se dió a conocer el fallecimiento de otro interno, víctima del virus Covid-19. En las imágenes que Marga nos envió también pudimos observar a otros internos heridos. “En el lugar donde está alojado mi sobrino hay 160 chicos. Es una especie de SUM (salón de usos múltiples) y duerme en el piso”, agregó.Por último Marga hizo un pedido desesperado, “nosotros lo que queremos, como familiares, es que que intervengan los Organismos de Derechos Humanos, porque van a matar a todos los pibes ahí adentro. Si no los mata el coronavirus los mata la gorra”, sentenció.
Lo dijo Andrea Morales, hermana de Florencia Morales, quien apareció ahorcada con el cordón de su campera en la celda de una comisaría en San Luis semanas atrás, luego de ser detenida por violar la cuarentena. Andrea dialogó con Hasta que vuelvan los abrazos y brindó más detalles sobre la causa, denunciando el accionar de las fuerzas policiales de la provincia de San Luis. (Por La Retaguardia)🎤 Entrevista 👉 Fernando Tebele/Giselle Ribaloff 📝 Redacción: Nicolás Rosales 💻 Edición 👉 Pedro Ramírez OteroFlorencia Magalí Morales oriunda de Mendoza tenía 39 años y era mamá de dos menores. Se supo que fue encontrada muerta dentro de una celda de la comisaría 25 de la localidad de Santa Rosa del Conlara en San Luis, tras ser detenida por circular en bicicleta violando la cuarentena.“El estado es de incertidumbre, de dolor, de gran pérdida, como le puede pasar a cualquier familia que ha sido víctima del gatillo fácil. Que en este caso no fue un gatillo, fue un cordón con el que tratan de injuriar a mi hermana y decir que se mata”, expresó Andrea Morales en relación a la pérdida de su hermana.“No tengo mucho que decir, simplemente que se han secuestrado cuadernos de actas, se han hecho allanamientos, se han secuestrado celulares, cámaras de los alrededores para ver realmente lo que pasó. Porque hay muchas cosas que no se condicen, esperando ver los resultados de todas estas pericias que se van a hacer”, dijo en referencia al estado de la causa.La familia asegura que Florencia no se suicidó: “Razones hay tres, y tienen nombre. Mis sobrinos, y su nietita. Era una madre amorosa, era una abuela chocha, feliz de estar con su nietita”, afirmó Andrea. “Ella se arriesga a salir el día que no le corresponde, a ella la detienen porque viola la cuarentena, porque allá tienen una régimen ‘militar’ o un estado de sitio, no sé cómo definirlo, pero que es corrupto es corrupto. A ella la paran, le piden el documento, ven que tiene un número impar y que no le correspondía salir ese día, por ende le dicen que va a quedar detenida. Ella salió a buscar comida, porque sus hijos tenían hambre, el día que no le correspondía. A ella no le importó la cuarentena porque era una madre y una abuela abocada. Entonces, si vos sos feliz, ¿cómo se te va a pasar de quitarte la vida porque te detienen? Es una locura y una gran mentira. Desde el comienzo, el ingreso de mi hermana a la comisaría fue mal hecho, la requisa mal realizada. No hicieron el procedimiento como se debía, porque supuestamente mi hermana apareció ahorcada a una altura de 2,30 metros. Ella medía 1,70 y con un cordón de un buzo, ¿cómo hizo para llegar a la bisagra de una puerta añeja?”, continuó detallando y planteando interrogantes. “Mi hipótesis es que ellos hicieron abuso de poder, quisieron reducir a mi hermana. El encierro es absurdo, porque violó una cuarentena maldita. Están violando nuestros derechos de libertad, porque no hizo un delito, fue a buscar comida para sus hijos. Con mi hermana hablamos de los abusos de poder que existían en la policía de San Luis. Más allá de esto, yo estuve investigando, y el gobierno de San Luis es muy corrupto”, finalizó Andrea Morales.
Continúa el debate sobre la posibilidad de los adultos mayores de salir a la calle. El Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, estableció mediante DNU que los residentes mayores de 70 años deberán solicitar permisos de circulación obligatorios para la Ciudad de Buenos Aires. Al respecto, Ricardo Iacub, jefe de cátedra de la materia Vejez de la Facultad de Psicología de la UBA, habló en el programa radial Hasta que vuelvan los abrazos. Iacub criticó el plan de Larreta por su inoperancia, mientras que la medida ya fue frenada por la Justicia porteña. (Por La Retaguardia) 🎤 Entrevista: Giselle Ribaloff/Fernando Tebele ✏ Redacción: Diego Adur 💻 Edición: Pedro Ramírez Otero Larreta definió mediante un DNU que las personas mayores de 70 años deberán pedir obligatoriamente un permiso para circular por la Ciudad de Buenos Aires llamando a la línea de atención 147. La idea del Jefe de Gobierno porteño era disuadir a los ancianos y ancianas que pretendieran salir de sus casas para abastecerse de comida o comprar medicamentos. Como era de esperar, las líneas telefónicas no estaban preparadas para recibir los llamados de 490 mil personas y colapsaron. Ricardo Iacub, jefe de cátedra de Vejez en la facultad de Psicología de la UBA, dijo que “fue desafortunadísima la idea que tuvo el Gobierno de la Ciudad” y agradeció que “por suerte, el Poder Judicial con el juez (Lisandro) Fastman frenó esta idea absurda y ridícula de atender a los viejos y que consulten si tienen que salir”, declarando inconstitucional esa medida.Iacub opinó sobre cómo trataron los medios tradicionales de comunicación este tema y elogió a determinados personajes públicos que defendieron al grupo de personas mayores de 70 años: “Medios como Clarín tienen, a veces, un enfoque más abierto que Página 12. Sobre la vejez Página 12 no tiene una posición tan armada como Clarín, que responde a una línea más liberal en el sentido filosófico del término vejez. Hay temas donde se fue construyendo una opinión política, de izquierda o derecha, y hay otros que quedaron a la retaguardia sin una posición política demasiado clara. Me llama la atención como distintos personajes se manifestaron frente a esto teniendo que decir que tienen más de 70 años, teniendo que incluirse desde una noción de edad que parecía mucho más volitivo o que se asociaba más a un estado de ánimo que a una edad determinada. Hubo expresiones maravillosas, como la de Nacha Guevara y Moria Casán, divertidas y graciosas. Esto llevó a que un grupo de gente que hasta ahora no se manifestaba con reclamos particulares o necesidades especiales tomara posición”, expresó el psicólogo. Para Iacub, esta medida que había decretado Larreta revelaba una fuerte discriminación para con el grupo de personas adultas mayores por parte del Gobierno y de la sociedad: “El viejismo es un conjunto de prejuicios, equiparable al machismo, al antisemitismo o a cualquier otro conjunto de prejuicios. Quedó en claro que todo esto que está sucediendo no es solamente un deseo de protección sino que esconde un serio prejuicio que tiene que ver con considerar que a los viejos hay que vigilarlos y controlarlos como un grupo particular, que hay que retenerlos y manejarlos porque no pueden solos. Más allá que hoy son un grupo de riesgo, es un grupo de riesgo que sabe cuidarse y por eso llegó a la edad que tiene”, manifestó. ¿Qué vida vale más? A partir del desarrollo de la pandemia mucho se habló sobre el interrogante de qué hacer en caso de no tener los recursos necesarios para atender a toda la población. La teoría del descarte que reciben los ancianos implicaría que su vida vale menos que la de una persona más joven. Sin embargo, el psicólogo de la UBA explicó que no se trata de priorizar una vida sobre la otra por su juventud sino que es preciso evaluar la probabilidad de salvar esa vida que está en juego: “Decidir qué vida vale más es un tema casi fascista. Si vale más la vida de un joven de 20 que la vida de una persona de 70 es algo que debemos rechazar de por sí. Lo que sí uno puede llegar a tener en cuenta es qué vida es más salvable que otra. En este sentido hubo diferentes posiciones. Todos los países como Israel, que tienen todas estas cuestiones muy candentes por el tema de sus guerras, tienen muy claro que ninguna vida, por edad, vale más que otra sino por la capacidad de ser salvada. En Europa, mucha gente de 80 años y más se salvó la vida. Es incómodo decidir quién. Estamos hablando de situaciones extremas en donde hay un respirador para dos personas. En este sentido, tenemos que aplicar una racionalidad para ver a quién le damos qué”, aportó. El acatamiento de la normaIacub planteó un problema: en una primera instancia, la respuesta de la sociedad frente al objetivo de cumplir los requerimientos que se impusieron tanto a nivel nacional como en cada provincia y en la Ciudad de Buenos Aires fue alta y efectiva. Ahora bien, si las decisiones comienzan a tomarse a la ligera, sin contemplaciones o, como en este caso, con muchísimas probabilidades de fracasar, la reacción de la sociedad puede volverse negativa. La solución para el psicólogo es tomar medidas más sencillas de acatar y siempre en pos de proteger al grupo de riesgo más vulnerable: “El hecho de poder tratar de cuidar a una población particular que va a tener más riesgos no es el problema. El problema es hasta qué punto llegamos. Uno de los puntos más problemáticos de lo que pasó con esta normativa es que probablemente ahora la gente responda menos a la norma que antes. Es decir, veníamos con un alto apoyo a la norma. El presidente tiene un gran apoyo popular porque hizo comprensible esta norma y la gente lo aceptó. Lo que no aceptó es este nivel de obligación y la mentira que construyó el Gobierno de la Ciudad. Incluso cuando dijo que no iban a
Berni camina, presuroso. Cae la tarde en Quilmes, está fresco y luce una campera oscura, que le abriga el pecho y parte del cuello. Se para frente a los trabajadores que horas antes fueron reprimidos por la policía. Intenta explicar, habla de desinteligencias, y recibe los reclamos. Hacia la noche, y sin el conflicto resuelto, los cruces aparecerán en las redes sociales. El Ministro de Seguridad bonaerense dirá que él no ordenó el accionar policial. El Gobernador Kicillof tampoco se hará cargo. Y la Intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, repudiará lo sucedido por Twitter. Nadie fue. Mientras, dos efectivos de la Bonaerense son desafectados. La represión en las puertas del frigorífico quilmeño Penta, que finalizó con heridos graves, no es excepción sino regla de una cuarentena que puso en relieve las miserias de los empresarios y las relaciones carnales entre patronal, poder político y burocracia sindical. Pero también evidenció otro factor real: la enorme organización de base de los y las trabajadoras vernáculas, resistencia heredada de la dictadura y los peores años de neoliberalismo democrático. (Por La Retaguardia) ✏ Redacción: Rodrigo Ferreiro 💻 Colaboración: Luis Angió- Nicolás Rosales- Matías Bregante- Pedro Ramírez Otero 📷 Fotos: Agustina Salinas- Colectivo de Trabajadores de Comercio en Lucha Les monotributistes: el ciudadano invisible “El espacio de Monotributistas Organizadxs surge a finales de 2019, en el medio de la lucha de prestadores de salud que trabajan para las Obras Sociales, junto a estatales precarizados, luego nos sumamos nosotros”. Quien habla es Rodolfo Fucile, dibujante e ilustrador independiente, y con el nosotros se refiere a aquellos trabajadores y trabajadoras que son autónomos y, al igual que los y las laburantes estatales que tienen contrato de locación de servicio anual y los y las profesionales que facturan para Prepagas y Obras Sociales, pagan mes a mes el Monotributo al Estado. Fucile, desde un audio acorde a los tiempos de aislamiento, también recuerda que el aumento del 50 por ciento de principios de 2020, disposición heredada por el macrismo pero ratificada por el gobierno de Alberto Fernández, hirió gravemente, generando una organización antes impensada, que visibilizó el padecimiento de este grupo de trabajadores y trabajadoras. La cuarentena los y las encontró, entonces, en pleno proceso de lucha. “Nuestra organización es horizontal. No hay jerarquías. Veníamos haciendo asambleas, pero el aislamiento modificó sustancialmente nuestra dinámica”, prosigue Rodolfo. “Tenemos grupos en redes sociales, allí nos comunicamos y tomamos decisiones. Lo que se hizo visible con el Coronavirus es la enorme precarización que tenemos muchos trabajadores y trabajadoras”, completa. El colectivo de Monotributistas Organizadxs logró realizar un petitorio virtual masivo, donde recolectó 130 mil firmas. “Nuestro pedido era claro, no pagar el Monotributo, un subsidio de 30 mil pesos para el que lo necesite y que se garantice la cobertura de salud”. Por la presión ejercida por los y las trabajadoras, el gobierno decidió otorgar un Ingreso Familiar de Emergencia de 10 mil pesos por mes, suma que para Fucile es insuficiente. “No cubrió la situación del sector. Lo real es que no solo no se cubre nada con ese dinero sino que millones de monotributistas quedaron afuera. Se nos excluyó a muchos que hoy no tenemos trabajo con requisitos absurdos y prejuiciosos. Deberemos insistir con el reclamo, entonces. Y, en lo posible, volver a las asambleas y las movilizaciones”. En el mismo universo monotributista se encuentran, como se menciona en el párrafo anterior, los y las profesionales que prestan sus servicios a las Obras Sociales y Prepagas. Javier Cirigliano, psicólogo que trabaja fundamentalmente en el área de discapacidad, es uno de ellos. “Hasta el 2017, aproximadamente, el conflicto giraba casi siempre por la metodología de contratación. Es decir, las Obras Sociales nos contrataban, se quedaban con un porcentaje y nosotros, además, debíamos pagar el Monotributo”, describe. “Pero en 2017 comienza a haber una brecha salarial entre ciertos sectores dentro de las Obras Sociales, diferencias entre transportistas y profesionales, que produjo un germen de organización de los profesionales independientes”, continúa. “Estuvo bueno, fue desde abajo, y surge el colectivo de Prestadores Organizados. En 2018 comenzamos a interactuar con otras organizaciones por el recorte fuerte en discapacidad”, cierra. Javier cuenta, entre los actores de lucha, a las familias de niños y niñas discapacitadas. “Las familias se sumaron. Con ellos nos pudimos organizar bien, con algunas marchas, frente al Congreso, por ejemplo”. Durante la cuarentena la Superintendencia de Servicios de Salud, ente a cargo de Eugenio Zanarini y que regula a Obras Sociales y Prepagas, publicó la resolución 308, donde se recortaba a la mitad el pago de prestaciones para personas con discapacidad. La reacción fue inmediata, y la organización previa se constituyó en un factor clave para enfrentar el ajuste. “Llegamos fuertemente a los medios, y eso produjo que se decida dar vuelta esa resolución, aunque aún no lo hicieron efectivo. Pero la promesa está, y eso es gracias a lo que se hizo”, concluye Javier Cirigliano, describiendo la decisión de la Agencia Nacional de Discapacidad de garantizar la totalidad de la cobertura aunque manifestando el estar alerta hasta que no se publique el Decreto de Necesidad y Urgencia correspondiente. Sin lugar para el aplauso: les empleades de comercio “En Carrefour ya hay tres casos confirmados de Coronavirus y en Coto, dos. Pero no los blanquean, cierran el local diciendo que hay tareas de desinfección, ocultando la verdad, poniendo en riesgo a los y las trabajadoras y no cortando la cadena de contagios”. Quien habla es un trabajador organizado bajo el colectivo “Trabajadores de Comercio en Lucha”, espacio de resistencia colectivo que nació a partir del Aislamiento Social Obligatorio. “Nosotros empezamos a evaluar la necesidad de crear esto a partir del descontento generalizado por las medidas de las empresas de supermercados ante el Coronavirus. No nos cuidan, nos abandonan y, por otro lado, nuestro gremio, con Armando Cavallieri a la cabeza, no nos representa de ningún modo, negociando siempre con la patronal”. Las palabras del trabajador de comercio, que se mantiene en el anonimato por razones de seguridad, reflejan una realidad que
“Nos alegra ser reconocidos en todo el mundo a través de los aplausos, pero la realidad es que así no podemos vivir”, comentan las trabajadoras del Hospital Gandulfo de Lomas de Zamora sobre la situación de la Institución en el contexto de la emergencia Sanitaria por el coronavirus. Una recorrida por el hospital y entrevista de Agustina Salinas a las enfermeras Marta Romano y Natalia Ledezma, ambas delegadas de ATE Sur y al trabajador de Limpieza del Hospital, Martin Román, miembro de la comisión directiva del mismo sindicato. (Por La Retaguardia)🎤 Entrevista: Agustina Salinas ✏ Redacción: Agustina Salinas 💻 Edición: Rosaura Barletta 📷 Fotos: Agustina Salinas “Los y las trabajadoras de la salud perdieron más del 50% del poder adquisitivo en los últimos años y algunos salarios están por debajo de la canasta familiar”, dice Martin. En el marco de la emergencia se evidencia aún más la precarización en los modos de trabajo, la falta de recursos y capacitaciones para enfrentar la emergencia sanitaria cuyos picos máximos de contagio ocurrirán en las próximas semanas. Las enfermeras nos comentan sobre el riesgo sanitario al que se enfrentarán cuando se deba profundizar la atención a personas que estén infectadas por el Virus Covid-19. “Es realmente preocupante la escasez de insumos que envían desde el Ministerio aunque se refuerzan con donaciones que nos hacen, no es suficiente”, agregan. Están alerta ante tantos trabajadores de la salud de otros hospitales infectados con el virus y puntualizan en la necesidad de contar con los insumos básicos como alcohol en gel, productos de limpieza, camisolines, antiparras. A esta carencia de insumos se suma la falta de trabajadores, camilleros y personal de limpieza necesarios para una correcta atención por sectores. Informan que hay déficit de recursos humanos para la capacidad que debería albergar la institución: se necesitan 80 enfermeros para poder cubrir la demanda. Estos reclamos no son nuevos, pero ahora se vuelve urgente que se salde esa falta de personal para cubrir de una manera adecuada a los posibles infectados y mantener las atenciones actuales del hospital.Al requerimiento de personal se le suma la falta de insumos: “Tenemos solo una botella de alcohol por día para desinfectar a más de 100 pacientes“, dice Marta. Su compañera agrega: “Cuando comenzó la cuarentena nos empezamos a preparar con lo que teníamos a mano: yo me traje la mascarilla que usé en 2009, por la gripe porcina”. Los trabajadores mantuvieron reuniones con Directivos del Hospital para alertarles sobre la escasez de insumos básicos. Hay faltantes de Barbijos N95, los necesarios para el cuidado esencial. “La mayoría de los recursos que recibimos son materiales donados y bastante escasos”, comenta Martín. Ante la consulta sobre si recibieron algún tipo de capacitación, responden: “Estamos teniendo algunas reuniones entre compañeros y compañeras pero no hay información ni capacitación. Todos tenemos miedo de infectarnos, estamos en contacto directo con pacientes y más allá de ser rigurosos en nuestra higiene, el temor siempre está. Entre nosotras nos rotamos en los puestos para cuidarnos, y nos contenemos así”.En el recorrido por el hospital, los carteles demuestran que los reclamos de los y las trabajadoras no son solo salariales, también el reconocimiento como profesionales de la salud viene hace tiempo. Son la primera línea de atención ante la pandemia, además de otros trabajadores igual de esenciales, aquellos que realizan la limpieza de hospital. Quienes se encargan de esta tarea están contratados desde la gestión previa a través de la empresa “Distribon” que terceriza el servicio y con la que mantienen conflictos salariales. Los trabajadores se organizaron y mantuvieron un paro de tareas para exigir que les paguen sus salarios. Desde el decreto de la cuarentena el 20 de marzo pasado, y aún sin cobrar, decidieron ser parte de la primera línea y están realizando las tareas de limpieza normalmente. Sus compañeros del hospital están intentando resolver colectivamente la situación irregular de los 13 trabajadores de limpieza para afrontar de una mejor manera el ritmo de trabajo que se avecina. A la fecha pudieron cobrar sus sueldos al 50% del sueldo del mes de marzo.Además de las dificultades ante el Coronavirus, la problemática que enfrentan es la de la infección por dengue: de un total de 459 casos en la región sexta de salud (abarca las localidades de Ezeiza, Berazategui, Lanús, Quilmes, Avellaneda, Florencio Varela, Almirante Brown, Esteban Echeverría y Lomas de Zamora), 80 se concentran en el Municipio de que dirige Martín Insaurralde. Los casos confirmados de coronavirus en estas localidades ascienden a 96. El Hospital Gandulfo cuenta con un sector preparado para atender a 20 pacientes con Covid-19. Hasta la fecha se reportan dos casos confirmados en el hospital. Hubo muchas consultas de personas con sospechas de infección, pero sus análisis dieron negativos.
Lo dijo el psicólogo Jorge Garaventa en diálogo con el programa La Retaguardia, a propósito de las soluciones que brinda el estado a quienes denuncian violencias. En esta entrevista, de hace dos semanas, el profesional advierte sobre lo insuficiente de algunos métodos contra las violencias en el marco de la cuarentena obligatoria. De ese momento a hoy, se sumaron los femicidios dentro del ámbito familiar. Camila Tarocco, quien estuvo más de diez días desaparecida, fue encontrada asesinada. Su ex pareja, Ariel Alberto González está detenido y confesó el femicidio. Camila ya había denunciado a González por amenazas y lesiones. (Por La Retaguardia)🎤 Entrevista: Fernando Tebele ✏ Redacción: Agustina Salinas 💻 Edición: Rosaura Barletta —La Retaguardia: Hay una necesidad de buscar información no contaminada que te permita reflexionar de alguna manera y así se llega a los medios alternativos.—Jorge Garaventa: Una cuestión que tenemos que plantear tiene que ver con la información y las noticias que no están, que desaparecieron de los medios, la cuestión de las violencias contras las mujeres. Se habían ganado esos espacios y ahora no están. Una lectura facilista diría que si las mujeres que están encerradas en sus casas con sus agresores y los niños y niñas comparten la casa con sus abusadores, la están pasando peor ¿Es así?No solo es así, sino que lamentablemente, es lo que nos devuelven los números duros y las informaciones que nos llegan una vez que ya todo el proceso que podía haber sido prevenido llegó al clima de las violencias. Me refiero específicamente a esto que ocurre, que paradójicamente, independientemente de lo que el pensamiento ingenuo podría haber supuesto, la tasa de femicidios no sólo se mantuvo, sino que creció, por lo menos en la primera quincena de la cuarentena, lo que es una muestra de que lamentablemente el Estado no está haciendo lo que tiene que hacer. Hay una cosa básica, absolutamente elemental, cuando hablamos de las violencias contra las mujeres, y de las violencias contra la niñez hay algo que ya hace muchos años que está claro que el hogar no es lo más seguro para las víctimas de las violencias. Hay algunas teorías facilistas que dicen que el encierro exacerba. No, lo que hace el encierro es facilitar y dejar sin salida a las víctimas, por eso crecen las tasas de estos delitos. —LR: Hay propuestas como la del “barbijo rojo” que sostienen que las mujeres pueden acercarse a las farmacias para pedir ayuda ¿Son situaciones que sirven? Por lo pronto creemos que es saludable que se hayan puesto a pensar desde el ministerio de la Mujer y Disidencias en cómo denunciar las violencias.—JG: Son herramientas que suman pero lamentablemente, no resuelven. Suman con algunas dificultades. La cuestión de llamar por teléfono con que solo digas el nombre ya sería suficiente. Ahí se abre un mecanismo y se ha publicitado tanto que el agresor sabe que si está diciendo esto, lo está denunciando. Como herramienta suma, no resuelve. Creo que algunas medidas no se tomaron antes, por ejemplo, cuando se empezó a pensar en una posible cuarentena, el Ministerio de las Mujeres tendría que haber intervenido de alguna manera para lograr protección por lo menos en situaciones que están denunciadas de riesgo, con antecedentes de violencia. De las cosas malas de la cuarentena, algunas cosas nos han dado la razón felizmente. Cuando decimos que no se trata sobre una cuestión de presupuesto, cuando pedimos una serie de medidas para tratar de combatir el abuso contra la niñez, la violencia contra la mujeres, se nos suele decir que no hay presupuesto. Lo que yo planteo siempre es que creo que es mentira, lo que no hay son decisiones de poner o no poner el dinero. Hay que pensar en intervenir de manera sumaria (valga lo horrible de esta palabra) ante el más mínimo vestigio de violencia. El Estado tiene que intervenir sin cuidar tanto las garantías de los agresores porque se supone que son supuestos agresores, recién se puede intervenir una vez que intervenga el juez pero estamos en emergencia donde se han suspendido una serie de garantías en función del bien común entonces creo que también esto hay que repensarlo en la temática de las violencias contra las mujeres y niños. Esto exponencialmente sigue creciendo y no hay señales que nos hagan pensar que esto se va a detener si no se toman otro tipo de medidas. —LR: Como psicólogo, ¿cómo estás trabajando a la distancia? Porque es un momento en el que mucha gente necesita no quedarse sola y la terapia suele ser una contención en este país. ¿Cómo se trabajan en las cuestiones del miedo, la angustia, el miedo a la muerte que ahora se hace más evidente, a la muerte cercanas y propia?—JG: Agrego la cuestión del temor a la proximidad de la muerte, que puede generar conducta de negación y cuando uno tiene conducta de negación acerca de un peligro real, abandona los cuidados imprescindibles. Hay que ser absolutamente cuidadoso en eso. Algo importantísimo que me parece bastante inédito, es el grueso de colectivo de psicólogas y psicólogos que espontáneamente decidió ponerse a disposición de la población, independientemente de que hubiera o no aranceles. Abundaron en las redes sociales los ofrecimientos individuales para aquellas personas que necesitaran algún proceso terapéutico, una charla, una palabra, una oreja. Ese primer paso fue muy importante, y a partir de ahí tanto desde la Federación de Psicólogos como la Dirección Nacional de Salud Mental y los distintos colegios y asociaciones, se pensó en canalizar eso para no generar una demanda de difícil resolución. Entonces se centralizó en los distintos organismos de psicólogos. El trabajo es fuerte, es intenso, apunta a compartir con quienes consultan que están angustiados, compartir que la angustia no es de ellos, que no es personal, es normal y tiene que ver con esta problemática y sobre todo, tratar de ver de qué manera se puede crear rutinas que permitan que no haya desorganización mayor y que esto puede durar muchos días más