Derechos Humanos
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Lo dijo Laura Coronel, a cuatro años del asesinato de Mauro Coronel. El joven fue detenido a golpes y llevado a la seccional décima del barrio Autonomía, de Santiago del Estero, conocida en la zona como “la comisaría de la muerte”. Su familia todavía reclama justicia mientras los policías siguen en libertad. Entrevista: Luis AngióRedacción: Carlos RodríguezEdición: Pedro Ramírez Otero Es desgarrador el relato de Laura Coronel. A cuatro años del homicidio de su hijo, Mauro Coronel, de 22 años, sigue reclamando justicia, mientras los policías involucrados en el crimen se pasean impunemente por las calles de su barrio. Mientras tanto, el Poder Judicial local juega al sordomudo-ciego. El 30 de abril de 2020, luego de una discusión con su esposa por la tenencia de sus cuatro hijos, Mauro fue detenido a los golpes en la casa de su madre y llevado a la seccional décima, conocida en la zona como “la comisaría de la muerte”, por tener gravísimos antecedentes de violencia institucional. “Vino la policía, lo agarran a mi hijo, le pegan muy mal, lo golpean, lo patean, uno de los policías le puso la rodilla en la espalda, sobre el cuerpito de mi hijo”, relató Laura. A Mauro lo cargaron en una camioneta “como si fuera una bolsa de papas”. También hicieron tres disparos, para amedrentar a los vecinos del barrio Santa Rosa de Lima que presenciaron el procedimiento policial. El 1 de mayo, en la comisaría, Mauro fue sacado al patio, semidesnudo, descalzo y lo dejaron atado a un poste, luego de mojarlo con agua fría. Una fotografía y hasta un video, son prueba fehaciente de la forma en la que fue torturado en esa comisaría. “Cada media hora lo sacaban de la celda y lo llevaban al patio. No dejaban que ninguno de los otros detenidos le prestaran una colcha, o que le dieran un colchón, a mi hijo lo tenían mojado, tirado sobre el piso frío”, contó la madre. Laura se quiebra cuando habla del dolor que siente al ver hasta donde han llegado, porque su hijo “era una persona sana”. Mauro estuvo desaparecido dos días, hasta que Laura lo escuchó gritar dentro de la comisaría décima. Luego le dijeron que había muerto de una neumonía. “Pero yo sé que estuvo vomitando sangre por los golpes que había recibido”, dijo. Walter, el papá de Mauro, lo encontró cuando estaba internado en el Hospital Interzonal Ramón Carrillo. “Nadie nos dijo nada sobre dónde estaba Mauro, nos enteramos por una vecina que vio cómo lo llevaban unos policías. Mi hijo casi no podía caminar” por las torturas sufridas durante su permanencia en la seccional. “Hasta hay un video, que una persona subió al Facebook, donde se ve cómo la policía tortura a mi hijo”, relató Laura. A pesar de los testimonios y de las pruebas existentes, “desde hace cuatro años vengo recorriendo las fiscalías, pero nadie hace nada porque en Santiago del Estero no hay justicia”. Laura denuncia que los fiscales “nunca” la pueden atender. El primer abogado que tuvo la familia fue Emiliano Aguirre, pero él y su hijo dejaron de ayudar a la familia de Mauro “porque dicen que tenían miedo que les pasara algo” por investigar a la policía santiagueña. Laura señaló que solo es “una madre que pide justicia para un hijo, pero ha pasado demasiado tiempo y nadie hace nada” para castigar a los responsables. Además, contó que llegó a escuchar los gritos de su hijo mientras era torturado en la comisaría, pero sus autoridades le decían que él no se encontraba en ese lugar. “Mi hijo gritaba ‘sáquenme de acá que me están matando’”, recordó. La voz de Laura se quiebra entre sollozos. Por la información de una vecina, supieron después que Mauro estaba en el Hospital Carrillo, pero al principio las autoridades también negaron su presencia en el lugar. Walter, el padre, finalmente lo pudo encontrar, vestido con un buzo de Boca Juniors que le había prestado uno de los detenidos en la comisaría décima. El joven tenía la cara desfigurada por los golpes, tenía quemaduras en el cuello y “vomitaba sangre porque le habían reventado los pulmones, las costillas, el hígado y tenía una pierna quebrada”. Mauro falleció en el Hospital Carrillo el 5 de mayo de 2020. Los policías que serían los responsables de las torturas seguidas de muerte son Pablo Enrique del Valle Palacios Giménez, Matías Nahuel Paz, Marcelo Sebastián Giménez, Carlos Eduardo Salvatierra, Manuel Rafael Brandán Serrano y Marcelo Soria. Una causa fantasma “Hay una certeza absoluta de que Mauro fue torturado hasta la muerte durante su detención, pero la Unidad de Coordinación en Violencia Institucional no imputó a ninguno de los efectivos policiales”, dijo Ignacio Fernández Camillo, el abogado de la familia Coronel, en declaraciones a la prensa de Santiago del Estero. En 2021 Amnistía Internacional tomó el caso y denunció las irregularidades en la causa judicial, y desde entonces acompaña el reclamo de Laura Coronel. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) afirmó en un informe que las comisarías de la capital de Santiago del Estero “suman desde hace años reiteradas denuncias de violencia institucional”. Sin embargo, “a pesar de las arbitrariedades cotidianas, la investigación judicial es ineficaz y lenta” porque “los poderes Ejecutivo y Legislativo no avanzan en mecanismos de prevención de la tortura ni en el control de las fuerzas de seguridad”. En ese marco “la comisaría décima del barrio Autonomía cuenta al menos con dos casos de suma gravedad, anteriores al asesinato de Mauro Coronel”. Esos casos fueron por las torturas sufridas por Ramón Vázquez y Darío Ricardo Pérez. El CELS sostuvo que “a esos casos se agregan presuntos suicidios, muertes dudosas y denuncias por violencia institucional cuya investigación suele recaer, cuando se realizan, en las mismas policías”. En noviembre de 2018, en los barrios Belén y Bosco II, se produjeron arbitrariedades como consecuencia de la intervención policial por una pelea entre vecinos en la que fue agredido un uniformado. Esto derivó en la intervención de la Dirección de Investigaciones de
En el juicio que se lleva adelante en Rosario, y que toma casos ocurridos en San Nicolás, Ramallo, San Pedro, Baradero y Pergamino, los primeros testimonios fueron de la familia Berg. José Berg tenía 11 años, y fue secuestrado al igual que toda su familia, que incluyó a su padre y madre, militantes del Partido Comunista, a todos sus hermanos y a su hermana, que iban desde los 4 meses a los 18 años. Si bien sobrevivieron, las secuelas del genocidio son inocultables. José nos hizo de guía por ese entramado familiar. Entrevista: Fernando Tebele / Lucrecia Raimondi https://www.youtube.com/watch?v=AguWIu8suEA
Luego de 38 años de denuncias judiciales sin resultados positivos, Nancy Noemí Saavedra pudo demostrar que su esposo, Alejandro Fabián Rodríguez Cernadas, fue asesinado en un caso de gatillo fácil policial. El fallo judicial sólo sirve para confirmar que fue un crimen alevoso, pero nadie irá preso porque los responsables ya fallecieron. Redacción: Carlos RodríguezEdición: Pedro Ramírez Otero El 13 de junio de 1986, Nancy Noemí Saavedra tenía 18 años y su esposo 24. En la madrugada de ese día, Alejandro había ingresado saltando una reja a la deshabitada casa de su padre, porque había olvidado las llaves. Un vecino denunció en forma anónima un robo inexistente, tres policías llegaron y uno de ellos ejecutó de tres disparos a un joven que ni estaba robando, ni tenía armas que pusieran en peligro a los uniformados. Además, era una casa a la que la víctima iba con frecuencia y era conocido por los vecinos y vecinas.Alejandro Fabián Rodríguez Cernadas, estaba en el techo de la casa de su padre, cuando el agente bonaerense Gustavo José Di Giulio le pegó un primer tiro en el mentón y luego lo remató con otros dos disparos a quemarropa. “Debería estar feliz por el fallo, después de tanto tiempo, pero no lo estoy porque el fallo no repara nada, salvo que se sepa que Alejandro no era un delincuente, como afirmaba la versión policial”, dijo Nancy. La Retaguardia la conoció hace unos años, cuando se tramitaba en los Tribunales de Lomas de Zamora el juicio por la Masacre de Wilde, un emblemático caso de gatillo fácil que estuvo impune casi 30 años. Aunque en ese caso condenaron a siete policías, todavía todos siguen sin ir a la cárcel. El asesinato de Rodríguez Cernadas ocurrió un día que había paro general. El caso ocurrió en Lanús e intervino la comisaría segunda de esa localidad. Del operativo participaron tres policías, pero el único que disparó fue Di Giulio, quién a pesar del crimen cometido, llegó al grado de comisario y a la jefatura de la seccional de Luis Guillón. El policía murió años después en un operativo. En su declaración ante la Justicia, el policía asesino sostuvo que la víctima tenía un arma y que les disparó, pero en la escena del crimen sólo había vainas de la 9 milímetros de Di Giulio. “Como es habitual, la policía ‘plantó’ la supuesta arma que nunca tuvo mi esposo”, explicó Saavedra, quien, en junio de 1986, quedó viuda a los 18 y con un hijo de 3 años. Cuando Nancy y su suegro se presentaron en la comisaría de Lanús, llevaron la escritura de la casa en la que ocurrió el asesinato. “Di Giulio llegó a decirme que ‘lamentaba’ que mi esposo haya sido sorprendido ‘cometiendo un delito, porque estaba robando’”, contó. Ante tamaña mentira “les dijimos que no estaba robando, que estaba en la casa de su padre, lo que provocó que todos los policías se alteraran, que comenzaran a entrar y salir de las oficinas, fue muy impresionante lo que pasó en ese momento”, ante el dato clave que confirmaba un nuevo caso de gatillo fácil. Se abrió una causa judicial contra los policías involucrados y uno de los jueces que intervino, Tristán Rodríguez, le prometió a Nancy que “se haría justicia, pero no la hubo porque el Poder Judicial no administra justicia”. Después de un largo peregrinar, llegó la tardía resolución del juez de Garantías 3 de Lomas de Zamora, Gustavo Gaig, en la que se corroboró que Alejandro Fabián Rodríguez Cernadas “fue víctima de un homicidio doloso, que para lograr la impunidad de los autores se falseó un sumario y el trámite judicial se limitó a brindar cobertura a la versión policial, sin realizar, pese a las evidencias, ningún esfuerzo investigativo”.Con la complicidad de sus compañeros, Di Giulio plantó en la escena del crimen un revólver calibre 22 largo, marca Pasper Bagual, al lado de la víctima. Luego, los jefes de la comisaría de Lanús crearon un sumario falso en el que se armaba que fue un caso de “legítima defensa”. Con posterioridad, sin investigar a fondo un caso de fácil resolución, varios jueces dictaron sobreseimientos y el caso fue archivado. Nancy hizo más de 20 presentaciones judiciales, hasta que en 2023 se contactó con el abogado Ciro Annicchiarico, el mismo que intervino en la causa por la Masacre de Wilde. Lo que se logró fue un juicio por la verdad, como los que se realizaron a partir de los 90, en la Cámara Federal de La Plata, como respuesta a los familiares de las víctimas del Terrorismo de Estado. Annicchiarico, con el acompañamiento de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), lograron el fallo del juez Gaig, a pesar de que la causa penal ya estaba prescripta “por el tiempo transcurrido y por el fallecimiento de todos los posibles imputados”. En el fallo, el juez Gaig dejó constancia que “no se puede establecer cuál fue la convicción” de los magistrados intervinientes para cerrar el proceso sin disponer condena alguna para los policías que intervinieron y los que fraguaron el sumario. El fallo hace responsable al Estado provincial “por incumplir con sus obligaciones derivadas de la Convención Americana sobre Derechos Humanos”. También requirió a la Suprema Corte de Justicia bonaerense la colocación de una placa conmemorativa en el patio central de los Tribunales de Lomas de Zamora en memoria de Rodríguez Cernadas “indicando su carácter de víctima de violencia institucional” porque “su homicidio no fue debidamente investigado en su momento”. Ciro Annicchiarico consideró que el fallo es importante porque “no hay antecedentes en la Provincia de Buenos Aires de declaración al derecho a la verdad en un caso de gatillo fácil, en un hecho que no está vinculado con los crímenes cometidos por la dictadura” cívico-militar.
Jorge Luis Guarrochena, exintegrante del Servicio de Inteligencia Naval fue parte de la ESMA durante la última dictadura. Su rostro fue fotografiado por el sobreviviente Víctor Basterra durante su cautiverio. Esa foto se convirtió en la prueba fundamentaldel juicio. Cobertura del juicio: Fernando Tebele / Camila Cataneo / Carlos Rodriguez / Natalia Bernades / Eugenia Otero / Oscar Stumpfs / Pedro Ramírez Otero. Redacción: Camila Cataneo / Fernando TebeleGráfica: Pedro Ramírez Otero Este miércoles finalizó el juicio contra Jorge Luis Guarrochena, integrante del Servicio de Inteligencia Naval (SIN). Fue condenado a prisión perpetua por su participación en delitos de lesa humanidad en el Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio ESMA durante la última dictadura cívico-militar-eclesiástica Las y los sobrevivientes lo reconocieron como “Raúl”, su nombre de guerra. El fallo fue leído por el presidente del Tribunal Oral Federal en lo Criminal 5 de la CABA, Fernando Canero, quien integró el TOF junto a Daniel Obligado y Adriana Paliotti. Al poco tiempo de la vuelta a la democracia, el sobreviviente Víctor Basterra declaró el 17 de octubre de 1984 ante el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). Allí informó que un capitán de Corbeta, al que conocían como “Raúl”, había estado en el sector de Inteligencia desde principios de 1982 hasta mediados de 1983. En ese entonces, comentó que mientras estuvo en cautiverio pudo fotografiarlo, pero desconocían su nombre real. Fue una de las 65 fotos de genocidas que Basterra entregó a la Justicia. Años después se supo que era Guarrochena. La fotografía forma parte del archivo en el que se identificaron a más de 65 genocidas de ese centro clandestino. El sabor amargo que dejó la lectura del veredicto fue que no se hizo mención alguna al pedido de varios sobrevivientes acerca del futuro del Campo de Deportes de la Armada, cedido al Club Atlético River Plate. En ese lugar se cremaban los cuerpos de personas que llegaban ya muertas tras los operativos o que eran asesinados durante las torturas. Los jueces y la jueza estuvieron en la audiencia de modo virtual, lo que fue repudiado por el Fiscal General Félix Crous: “Es una desconsideración hacia las partes”, señaló en la previa de la transmisión en vivo de La Retaguardia. En este juicio declararon sobrevivientes, testigos y familiares de víctimas que estuvieron en cautiverio en la ESMA. Por otro lado, se realizó una inspección ocular en el excentro clandestino. Allí participaron Ana María Soffiantini y Ricardo Coquet, sobrevivientes del genocidio, quienes guiaron a las partes del séptimo tramo del juicio. “Vos te crees que la Gaby (Norma Arrostito) está muerta, ahora te la traigo, está viva” Algunos de los testimonios que estuvieron presentes en este juicio Ana María Martí, sobreviviente, habló sobre cómo fue su secuestro y que sucedió con sus hijos. Osvaldo Barros, sobreviviente, cuenta cómo estaban organizados los represores en la Esma. Lisandro Cubas, sobreviviente, sobre cómo funcionaba el Servicio de Inteligencia Naval. María Lucia Onofri, sobreviviente, sobre su secuestro. Ana María Soffiantini, sobreviviente, cuenta cómo impactó el secuestro en sus hijos. Ricardo Héctor Coquet, sobreviviente, sobre su secuestro y cautiverio Jorge Allende Iriarte, testigo, sobre el secuestro de Marcelo Dupont Jorge Ibañez, amigo de Marcelo Dupont, sobre el momento de la desaparición Eugenio Alejandro Holmeberg, hermano de Elena María Josefina Isla Casares, sobreviviente, cuenta sobre cómo afectó a su familia Marcelo Isla Casares, sobreviviente, continúa contando cómo fue el día del secuestro de la familia María del Huerto Milesi, sobreviviente, cuenta su secuestro. Ella estaba exiliada en México Rosario Quiroga, sobreviviente, cuenta cómo fue su secuestro María Paula Herrero, hija de Rosario, sobre el dia que tienen que cambiarse de casa María Elvira Herrero, hija de Rosario, recuerda cuando estuvo en la ESMA Liliana Pellegrino, sobreviviente, sobre su cautiverio María Elina Bertella, sobreviviente, cuenta cuando la liberaron Clementina Normanda Diaz, sobreviviente, cuenta sobre su secuestro y cautiverio Horacio Henriquez Gerest, testigo Maximo Cargnelutti, sobreviviente, sobre su cautiverio Norberto Daniel Bruno, sobreviviente, cuenta sobre su secuestro María Elena Santos, sobreviviente, sobre lo que pasó antes de su secuestro Cuando pide justicia Mercedes Carazo, sobreviviente, sobre su secuestro Carlos Lordkipanidse, sobreviviente sobre el campo de deportes Luis Guillermo Onofri, sobreviviente. Nació en cautiverio Mario Eduardo Coutoné, sobreviviente
Mientras se realizaba la indagatoria a Horacio Luis Ferrari, quien está siendo investigado por delitos de lesa humanidad que ocurrieron en el Centro Clandestino de Tortura y Exterminio de la ESMA, el abogado querellante Ariel Noli le consultó si había compartido carrera con alguien que hubiera estado en los grupos de tareas. Al responder, Ferrari tuvo un fallido que sorprendió a quienes lo estaban escuchando. El imputado niega haber estado en la ESMA. El documento clave del área del Ministerio de Defensa ahora desmantelada Entrevista: Fernando TebeleRedacción: Camila Cataneo / Fernando Tebele Edición: Pedro Ramirez Otero El documento aportado por el área de Defensa que muestra cómo Ferrari fue asignado a la ESMA el 28 de enero de 1977 El lunes se llevó adelante la última audiencia de ampliación de indagatoria a Horacio Luis Ferrari en el juicio donde se investigan los crímenes que cometió durante la última dictadura. Allí habló por tercera vez y respondió preguntas del abogado querellante Ariel Noli. Noli le consultó a Ferrari si “a lo largo de su carrera naval coincidió con alguna persona que estuvo asignada al grupo de tareas de la ESMA”. En ese momento, el abogado Guillermo Jesús Fanego, interrumpió la pregunta diciendo que era inconducente porque está referido a personas que pudieron estar involucradas en estas causas o estén condenados o no hayan participado. Ferrari dijo que no tenía problema en responder y Noli repitió la pregunta. El represor consultó: “¿Antes o después? Y el abogado respondió: “¿Antes o después de que?” El imputado respondió con firmeza: “Antes o después de estar en la ESMA?”. Ante la sorpresa, porque Ferrari niega haber estado en el centro clandestino, el represor respondió con total soltura: ¿Antes o después de haber estado en la ESMA?” Días más tarde, Ariel Noli fue entrevistado por La Retaguardia para saber por qué la querella sostiene que el marino fue parte del centro clandestino. ―Para ustedes, ¿Ferrari es Pantera? ―Sí, indudablemente. Ante la contundencia del documental que hay en el expediente y todo lo que se viene ventilando, a esta altura no tengo ninguna duda de que él estuvo en la ESMA. Si se hizo llamar ‘Pantera’ en algún momento o si se hizo llamar ‘El oso’ en algún otro o se hizo llamar ‘El colibrí’, da igual. No hay ninguna duda de que el hombre estuvo ahí. A pesar de todo su esfuerzo de tratar de demostrar que él estuvo en otro lado, no surge eso, ni de lo documental ni de ningún testimonio. De la certeza que uno puede tener, me parece que lo más importante y lo más contundente es lo que surge de la causa. ―¿Este parte que mostraste en la audiencia y sobre el que le preguntaste a Ferrari, qué es? ―Es el parte Mensual de Novedades del Personal Naval Superior del Buque Rosales. Este documento fue acompañado por el expediente, a diferencia de lo que él señaló en la audiencia, por el Ministerio de Defensa, el 19 de abril del 2023. Es uno de los libros de navegación del buque. Así como está el libro de navegación que tantas veces hizo referencia en la indagatoria. También está este libro al que no hizo referencia porque obviamente no le conviene. En estas épocas donde el negacionismo ya no es un intento, sino que es un hecho. Si vos ves a lo largo de la indagatoria, no solo él no desmintió determinadas cosas, sino que además justifica determinadas otras. Yo puedo entender eso desde lo jurídico y desde lo político, pero lo que no puedo comprender es la incoherencia y la cobardía de no hacerse cargo. El hombre dice que hubo una guerra. Habla de delincuentes terroristas y después dice: “Yo no fui, Yo no estuve”. Entonces eso llama la atención. ¿Cuál sería el motivo de generar tres audiencias de dos horas para defenderse de no haber estado convalidando determinada situación o justificando situaciones que están acreditadas en innumerables expedientes judiciales? Ahora, se puso a investigar para su defensa sobre el funcionamiento de la ESMA. A tal extremo de decir que conocía más del funcionamiento de la ESMA que el propio Tribunal. Eso, si vos lo buscas en la primera audiencia, lo vas a encontrar. Pero cuando vos le preguntas por los niños apropiados, el hombre no sabe nada, solo conoció un caso. Cuando se sabe que hay muchos más. Ferrari estaba siendo juzgado en la causa ESMA IV. Llegando a la recta final del juicio, una instancia superior convalidó la solicitud de su abogado, Guillermo Jesús Fanego, quien había recusado al tribunal por haber sido anteriormente jueces de otros tramos de la megacausa. Ahora, Ferrari es juzgado por un TOF especialmente armado para su caso: los jueces Fernando Machado Pelloni y Enrique Méndez Signori, más la jueza Sabrina Namer. En este juicio, el tribunal impide el ingreso de La Retaguardia a la sala de audiencias por pedido del abogado defensor, que en general maltrata a los jueces y a las juezas, pero en este caso se maneja con delicadeza y respeto. Habrá que ver cómo los trata luego del veredicto. Miren quiénes se quejan de la actividad de los equipos de relevamiento de Defensa y acusan a sus integrantes de actuar con las querellas. Sí, los imputados. Éste es Horacio Luis Ferrari.Los argumentos son muy similares a los que invoca Petri para justificar el desmantelamiento pic.twitter.com/2TQMnjr29M — Luciana Bertoia (@LucianaBertoia) April 13, 2024
Murió este jueves uno de los tantos sobrevivientes que dio testimonio cada vez que fue convocado. Pasó por los Pozos de Arana y de Quilmes, entre otros Centros Clandestinos de Detención Tortura y Exterminio. Fue militante de PRT-ERP. Hijo de un policía, trabajaba en la Bonaerense hasta que secuestrado. Escuchá la nota completa
La formación alcanzará a todos los y las agentes del Estado provincial. Fue una jornada histórica donde también estuvieron presentes sobrevivientes del terrorismo de Estado e integrantes de la organización social Trabajadoras Unidas por la Tierra, quienes gestionaron que la sesión pudiera trasladarse al Ex Centro Clandestino de Detención Tortura y Exterminio. Redacción: Adrián CameranoEdición: Pedro Ramírez OteroFotos: Gentileza Trabajadoras Unidas por la Tierra A escasos cien metros de uno de los lugares donde decenas de personas estuvieron secuestradas, la Legislatura de Córdoba aprobó días atrás una capacitación obligatoria en Derechos Humanos para todos los y las agentes del Estado. Además de especial, fue histórica la sesión que la Unicameral cordobesa desarrolló el 27 de marzo en el ex Grupo de Artillería, actual Refugio Libertad, una antigua guarnición del Ejército recuperada en clave de vida comunitaria. La posibilidad de que el pleno legislativo ―70 parlamentarios― se trasladara a 60 kilómetros de la capital provincial fue gestionada por Trabajadoras Unidas por la Tierra, una organización social que desde 2018 tiene permiso de la Agencia de Administración de Bienes del Estado para utilizar una porción del predio, propiedad del Estado nacional. En estos cinco años, además de cultivar la tierra y criar animales, la organización social enrolada en la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) desarrolló un galpón de reciclaje, una bodega y sala de extracción de miel, un merendero, un ropero comunitario, un espacio para infancias y una biblioteca y centro cultural. Además de un secundario para personas adultas y una granja para jóvenes en recuperación del consumo problemático de sustancias. Además es un Sitio de Memoria, porque el predio está reconocido como Centro Clandestino de Detención desde 2018 y fue oficialmente señalizado en julio de 2022. Un jalón más en esta historia de recuperación material y simbólica lo aportó ahora la Legislatura de Córdoba, que con asistencia casi perfecta aprobó un proyecto del socialista Matías Chamorro para que, a modo de Ley Micaela, todos los y las agentes de los tres poderes del Estado y entes descentralizados tengan capacitación obligatoria en Derechos Humanos. En el debate de unas tres horas, Chamorro expresó que la norma “busca asegurar que la dignidad humana siga siendo el pilar de nuestra sociedad y que los agentes del Estado estén debidamente preparados para proteger y respetar los Derechos Humanos fortaleciendo nuestra democracia”. El legislador del socialismo, aliado del peronismo encarnado en el gobernador Martín Llaryora, destacó: “Córdoba ha construido una política robusta en la materia, y esta iniciativa pretende seguir fomentando las políticas de Memoria, Verdad y Justicia, brindando herramientas con un profundo sentido pedagógico, que redunden en un fortalecimiento democrático y sus instituciones”. La sesión se desarrolló en una de la exbaterías o cuadras donde dormían los soldados, con bancos escolares prestados por el IPET 265 de José de la Quintana, que dos días antes incorporó el nombre de “senador Luis Carnevale”, fundador de la escuela asesinado por el terrorismo de Estado en 1976. La ley aprobada lleva el nombre de Sonia Torres, referenta de Abuelas de Plaza de Mayo filial Córdoba y luchadora incansable por los Derechos Humanos hasta su muerte a fines del año pasado. La ocasión fue propicia para homenajear también a Luis Miguel “Vitín” Baronetto, exdirector de Derechos Humanos de la Municipalidad de Córdoba, expreso político, biógrafo de monseñor Enrique Angelelli, militante político y por los Derechos Humanos. Todos elementos que aportaron emoción a una instancia nunca antes vivida en el interior provincial. Antes de la sesión, Mercedes Ferrero, de Trabajadoras Unidas por la Tierra, contó a los legisladores y legisladoras que el ex Grupo de Artillería 141 José de la Quintana “no fue un predio menor en el marco del terrorismo de Estado, sino cabecera de la subárea 3117 dentro del área 311 del tercer Cuerpo de Ejército” que en los años de plomo encabezó el genocida Luciano Benjamín Menéndez. También dijo que existen denuncias judiciales por fusilamientos y enterramientos clandestinos de cuerpos de presas y presos políticos en un sector de las 880 hectáreas, y destacó el proceso de recuperación que se desarrolla desde 2018 en clave de buen vivir y comunidad rural organizada. “Este predio permaneció muchos años en silencio, fue abandonado y después saqueado y vandalizado”, contó. Adempas, destacó que “una de las grandes deudas de la democracia tiene que ver con la ruralidad y con que quienes producen alimentos sanos en el país están bajo la línea de pobreza”, y aseguró que “en materia de Derechos Humanos es necesario legislar para fortalecer el arraigo rural”. Ferrero completó: “No se puede recuperar la tierra sin recuperar la Memoria”Entre el público, con emoción, estuvieron Margarita Zeniquel y Félix Rodríguez, quienes estuvieron secuestrados y declararon en varias de las causas judiciales que investigan lo que ocurrió en este lugar. Con un abrazo, celebraron esta reivindicación de la democracia en el exacto lugar donde antes hubo padecimientos, tortura y muerte.
Luego del veredicto, nos acompañan en el Programa 650 de Oral Y Público: las hijas Teresa Laborde Calvo, Malena D’Alessio y Alejandrina Barry; la fiscala auxiliar Ana Oberlin; Guadalupe Godoy, Pía Garralda y Claudio Yacoy, querellantes; periodista invitada: Julia Varela de Pulso Noticias. https://www.youtube.com/watch?v=IfxHFp0mg50
Así finalizó el juicio que investiga los crímenes de lesa humanidad cometidos por las Brigadas de Investigaciones de Banfield, Quilmes, Lanús y San Justo durante la última dictadura cívico-militar-eclesiástica. La primera audiencia fue hace tres años y medio. En aquel momento se presentaron cargos contra 18 represores pero 6 murieron en el camino por la “impunidad biológica”. Algunas de las condenas tuvieron también como delito el aborto forzado. Cobertura del juicio: Fernando Tebele / Julia Varela / Ramiro Laterza / Pedro Ramírez Otero / Eugenia Otero / Diego Adur / Paulo Giacobbe / Camila Flores / Camila Gallo / Paola Álvarez / Natalia Bernades / Camila Cataneo / Mónica Mexicano / Luis Angió / Marly Contreras Redacción: Camila Cataneo / Julia Varela Edición: Pedro Ramírez OteroGráfica: Eugenia Otero Luego de tres años y medio se dió a conocer el veredicto del Juicio Brigadas de Investigaciones de Banfield, Quilmes, Lanús y San Justo. La jornada comenzó a las 8 cuando se escucharon las últimas palabras de los imputados Roberto Balmaceda, Jorge Bergés, Jorge Di Pasquale y Alberto Julio Candioti. Luego hubo un cuarto intermedio hasta las 13.30 donde el Tribunal a cargo de Ricardo Basilico leyó las condenas. https://www.youtube.com/watch?v=IIJ8xjGVss4 En este juicio fueron juzgados expolicías de la Provincia de Buenos Aires, integrantes del Destacamento 101 de Inteligencia del Ejército y Jaime Lamont Smart, el único civil que dio órdenes y fue parte del Ejecutivo de la provincia como ministro de Gobierno de Ibérico Saint Jean. Smart obtuvo su octava condena a perpetua. Los represores estaban acusados de haber cometido crímenes de lesa humanidad en cuatro centros clandestinos de detención del conurbano bonaerense. La primera audiencia comenzó con 18 imputados pero la “impunidad biológica” hizo que 6 de ellos murieran en el durante el proceso judicial y no escucharán la sentencia. https://www.youtube.com/watch?v=1Kx2kkLfwsw A lo largo de más de cien audiencias se escucharon 500 testimonios. Durante el debate oral hubo 468 testigos con más de 605 víctimas. Las primeras voces que se escucharon fueron las de Adriana Calvo y Cristina Gioglio. También fueron incorporados los testimonios de Nilda Eloy, Alcides Chiesa, Chicha Mariani y Luis Velasco Blake. Mientras se llevó adelante el juicio, se realizaron tres inspecciones oculares a los tres centros Clandestinos de Tortura y Exterminio, donde se pudo dar cuenta de los espacios que describieron las y los sobrevivientes al momento de declarar. A pedido de la Fiscalia, se incorporaron casos vinculados a la persecución, secuestro y tortura que sufrieron 8 travestis en el Pozo de Banfield entre 1976 y 1983. Esto sucedió en 2022, se ampliaron las imputaciones, y se sumó la Brigada de San Justo como otro centro de detención en este juicio y empezó un nuevo capítulo en el Juicio Brigadas. Por otro lado, el testimonio de Fernando García, quien estuvo detenido en el Pozo de Quilmes desde mayo de 1977 dio lugar a una nueva investigación. En su declaración, informó que compartió cautiverio Carlos Eduardo Garak, conocido como El Largo, y contó que la esposa de Garak estaba ahí y era hija de un coronel. Luego de la reconstrucción que se hizo con el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), se supo que la compañera de El Largo se llamaba Beatriz Alicia Lenain y estaba embarazada. Gracias a ese dato, la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI) buscará cruzar los perfiles genéticos con los de la familia de Beatriz para empezar una nueva búsqueda de una nieta o nieto apropiado por la dictadura, que no fue denunciado ante Abuelas de Plaza de Mayo. https://www.youtube.com/watch?v=_RCE1WMD-x8&t=7667s Otro de los hechos más importantes que sucedieron mientras se desarrollaba el juicio, fue que Miguel “Tano” Santucho junto a Abuelas de Plaza de Mayo pudo encontrar a su hermano. Tiempo antes, el Tano había declarado que su madre Cristina Navajas estaba embarazada cuando fue secuestrada. Hasta ese momento no se había logrado obtener información que dé cuenta del nacimiento. Al finalizar su testimonio, escribió una nota que decía: “Miguel Santucho busca a su hermanx”. Daniel Santucho Navajas es el nieto 133, la última identidad restituida a fines del año pasado. https://www.youtube.com/watch?v=j60G7TJNI84&embeds_referring_euri=https%3A%2F%2Flaretaguardia.com.ar%2F&source_ve_path=MjM4NTE&feature=emb_title En el juicio también se supo que hubo un número importante de militantes uruguayos fueron secuestrados y fueron llevados a las Brigadas, puntualmente a la de Quilmes. Este aporte ubica a este centro clandestino cómo un espacio vinculado con los operativos represivos que se realizaban en Latinoamericana y que eran conocidos como Operación Cóndor. https://www.youtube.com/watch?v=gr5VCdLOMyE&list=PLLUI-oDQznS-4ZQbv5eDgRa0VdOCsnc07 A partir de la investigación que realizó Stella Segado, quien trabajó en el Ministerio de Defensa y pudo tener acceso a conocer el detalle del ordenamiento militar, dio detalles de cómo era el funcionamiento y la estructura de la Inteligencia de la última dictadura y mencionó las particularidades que sucedían en la Provincia de Buenos Aires. Entre los aportes brindados, se supo que el 88% de los secuestros de los trabajadores de las 25 empresas, que analizó en su investigación, fueron en sus lugares de trabajo y el 76% los dueños entregaron información de sus trabajadores y listas de delegados a los militares y policías. Así también se pudo conocer que el ex Destacamento 101 del Ejército, ubicado en 55 entre 7 y 8, cumplió un rol clave en el esquema represivo de la última dictadura. Desde allí se recolectaba la información para planificar secuestros, torturas, desapariciones y asesinatos. https://www.youtube.com/watch?v=p1yKpwYuorE&t=4139s Otro de los casos que se pudo profundizar en el juicio, fue la historia de Alejandrina Barry y el rol que ocuparon los medios de comunicación durante la última dictadura. En 1977 se publicaron diversas notas en los medios que formaban parte de la Editorial Atlántida, como las revistas Gente, Somos y Para Tí, donde se mostraba a una niña sola que había sido supuestamente abandonada por sus “padres terroristas”. La nota más conocida tenía como título: “Los hijos del Terror”. En ese momento habían inventado una historia en la que la mamá de Alejandrina se había suicidado frente a ella y su padre había sido abatido en un enfrentamiento. Gracias a los datos
El Juicio Brigadas empezó en octubre de 2020 y, tres años y medio más tarde, estamos por escuchar el veredicto. ¿Por qué es un juicio histórico? ¿De qué se habló durante tanto tiempo? Claves para entender qué pasó. Este martes a las 12 se conocerá el veredicto. Redacción: Julia Varela (Pulso Noticias)Edición: Fernando Tebele (La Retaguardia) Lo primero que tenemos que decir es que el 27 de octubre de 2020, cuando empezó el Juicio Brigadas, usábamos barbijo hasta adentro del estudio de La Retaguardia y, en Pulso Noticias, teníamos una grilla con turnos para ir a la redacción. Porque estábamos en plena pandemia de COVID-19 y, hacer periodismo en ese contexto fue, ante todo, complejo. Pero también se abrieron (o nos abrimos) oportunidades. Las estrategias y la imaginación colectiva nos propusieron un desafío: transmitir por YouTube este (y varios) juicio de Lesa Humanidad con un objetivo: achicar distancias entre lo que antes eran la sala de audiencias, los pasillos y la calle de Tribunales, y la gente, que no podía salir de sus casas. Durante mucho tiempo nos encontramos todxs, usuarios y arrobas de por medio, en el chat de la aplicación del triangulito rojo. Fue como encontrarnos en la calle, pero bastante más raro. Así empezamos. Todos los martes durante tres años y medio, desde las 8 de la mañana -o un poco antes- le dábamos play a la transmisión de lo que llamamos el Juicio Brigadas, el juicio de Lesa Humanidad más grande de la región, que abarcó cuatro Brigadas de Investigaciones de la Policía bonaerense: Quilmes, Banfield, Lanús y luego San Justo. Terminábamos cuando Ricardo Basílico, Presidente del Tribunal, dictaba el cuarto intermedio hasta la semana siguiente. El 10 de noviembre y después de las audiencias en las que se que tomaron indagatorias a los imputados, comenzaron los testimonios. Adriana Calvo y Cristina Gioglio rompieron el hielo. Sus voces fueron las primeras que se escucharon en la tercera audiencia, cuando se exhibieron sus testimonios grabados en juicios anteriores. Además de sumergirnos de lleno en los pozos, los videos hicieron notar sus ausencias. El testimonio de Adriana fue de cuando declaró en el juicio contra Miguel Etchecolatz en 2006; Calvo murió en 2010. El testimonio de Cristina fue de su declaración en 2011, en el juicio del Circuito Camps; Cristina falleció el 16 de enero de 2020, ocho meses antes de que comience el juicio. También pudimos volver a ver a Nilda Eloy, a Alcides Chiesa, a Chicha Mariani y a Luis Velazco Blake. El caso de Nilda también es especial: la tarea de reconstrucción acerca de lo que había pasado, que asumió hasta el último día de su vida, la llevó a ser en muchos casos quien buscó a otras personas sobrevivientes; también aportó innumerables datos a familiares de personas desaparecidas. Es la que unió hilos, tejió redes de memoria, y entregó verdad desde su hablar pausado. La incorporación de testimonios en video fue una conquista de las querellas. Por el rol de los organismos y víctimas y querellas, la investigación fue tan profunda. “Hay mucha ausencia en este juicio. Los organismos de derechos humanos siguieron reclamando Justicia y construyendo verdad. Hasta cinco días antes de su muerte, Adriana Calvo estuvo haciendo el trabajo de recopilación de datos que permitió investigar la causa Banfield”, dijo Guadalupe Godoy, querellante por LADH/Unión y particulares en su alegato. También dijo que la posibilidad de incorporar en la causa la investigación por el Destacamento de Investigaciones 101 fue gracias a las estructuras estatales que se pusieron a disposición de la investigación. El juicio arrancó con 18 imputados vivos. Cerramos con 12. Se murieron seis en el camino: Miguel Ángel Ferreyro (21-10-2021), Ricardo Armando Fernández, Miguel Osvaldo Etchecolatz (2-7-2022), Carlos del Señor Hidalgo Garzón (01-12-2022), Emilio Herrero Anzorena (11-6-2022) y Eduardo Samuel De Lio (2023). Murieron sin escuchar la sentencia, uno en la cárcel y los otros en sus casas. Los tiempos de la Justicia hicieron que pudiéramos ver por streaming qué significa la “impunidad biológica” de la que tanto hablaba Nilda Eloy. De esos 12 imputados, sólo uno está detenido en la cárcel: Jorge Héctor Di Pasquale, en la Unidad 34 de Campo de Mayo. El resto, Roberto Armando Balmaceda, Enrique Augusto Barre, Jorge Antonio Bergés, Alberto Julio Candioti, Guillermo Alberto Dominguez Matheu, Carlos Gustavo Fontana, Federico Antonio Minicucci, Carlos María Romero Pavón, Jaime Lamont Smart, Juan Miguel Wolk y Horacio Luis Castillo, tienen prisión domiciliaria en sus casas. De ellos, Castillo, Fontana y Barre enfrentan un juicio por primera vez. El resto ya tiene otras condenas. En este tiempo los vimos hacer cualquier cosa en el Zoom: ponían osos de peluche frente a la cámara, leían el diario, atendían el teléfono, tapaban la cámara con una hoja y hasta hablaban con otras personas. Estas doce personas están acusadas por haber sido parte del plan sistemático de la dictadura, que incluyó secuestros, torturas, violaciones, asesinatos y desapariciones de cuerpos. Algunos eran parte de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, otros formaban parte del Destacamento 101 de Inteligencia del Ejército y, en el caso de Smart, el único civil, dio órdenes y fue parte del Ejecutivo de la provincia como Ministro de Gobierno de Ibérico Saint Jean. Se los acusa por crímenes en cuatro centros clandestinos de detención del conurbano: las Brigadas de Investigaciones de Banfield, de Quilmes, de Lanús (que en realidad quedaba en Avellaneda) y de San Justo. La Inteligencia la hicieron desde el edificio que está en pleno centro de la ciudad de La Plata. La redacción de Pulso Noticias está ubicada justo enfrente. En estos tres años del Juicio Brigadas escuchamos casi 500 testimonios: hubo 468 testigos en un debate oral con más de 605 víctimas si se cuentan los casos de la Brigada de San Justo. Muchas personas todavía sin identificar. El rol del EAAF En la audiencia 6, en diciembre de 2020 el EAAF fue contundente: “Aún quedan numerosos restos por identificar en el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), de los cuales