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Derechos Humanos

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Murió este jueves uno de los tantos sobrevivientes que dio testimonio cada vez que fue convocado. Pasó por los Pozos de Arana y de Quilmes, entre otros Centros Clandestinos de Detención Tortura y Exterminio. Fue militante de PRT-ERP. Hijo de un policía, trabajaba en la Bonaerense hasta que secuestrado.  Escuchá la nota completa

La formación alcanzará a todos los y las agentes del Estado provincial. Fue una jornada histórica donde también estuvieron presentes sobrevivientes del terrorismo de Estado e integrantes de la organización social Trabajadoras Unidas por la Tierra, quienes gestionaron que la sesión pudiera trasladarse al Ex Centro Clandestino de Detención Tortura y Exterminio. Redacción: Adrián CameranoEdición: Pedro Ramírez OteroFotos: Gentileza Trabajadoras Unidas por la Tierra   A escasos cien metros de uno de los lugares donde decenas de personas  estuvieron secuestradas, la Legislatura de Córdoba aprobó días atrás una capacitación obligatoria en Derechos Humanos para todos los y las agentes del Estado. Además de especial, fue histórica la sesión que la Unicameral cordobesa desarrolló el 27 de marzo en el ex Grupo de Artillería, actual Refugio Libertad, una antigua guarnición del Ejército recuperada en clave de vida comunitaria. La posibilidad de que el pleno legislativo ―70 parlamentarios― se trasladara a 60 kilómetros de la capital provincial fue gestionada por  Trabajadoras Unidas por la Tierra, una organización social que desde 2018 tiene permiso de la Agencia de Administración de Bienes del Estado para utilizar una porción del predio, propiedad del Estado nacional. En estos cinco años, además de cultivar la tierra y criar animales, la organización social enrolada en la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) desarrolló un galpón de reciclaje, una bodega y sala de extracción de miel, un merendero, un ropero comunitario, un espacio para infancias y una biblioteca y centro cultural. Además de un secundario para personas adultas y una granja para jóvenes en recuperación del consumo problemático de sustancias. Además es un Sitio de Memoria, porque el predio está reconocido como Centro Clandestino de Detención desde 2018 y fue oficialmente señalizado en julio de 2022. Un jalón más en esta historia de recuperación material y simbólica lo aportó ahora la Legislatura de Córdoba, que con asistencia casi perfecta aprobó un proyecto del socialista Matías Chamorro para que, a modo de Ley Micaela, todos los y las agentes de los tres poderes del Estado y entes descentralizados tengan capacitación obligatoria en Derechos Humanos. En el debate de unas tres horas, Chamorro expresó que la norma “busca asegurar que la dignidad humana siga siendo el pilar de nuestra sociedad y que los agentes del Estado estén debidamente preparados para proteger y respetar los Derechos Humanos fortaleciendo nuestra democracia”. El legislador del socialismo, aliado del peronismo encarnado en el gobernador Martín Llaryora, destacó: “Córdoba ha construido una política robusta en la materia, y esta iniciativa pretende seguir fomentando las políticas de Memoria, Verdad y Justicia, brindando herramientas con un profundo sentido pedagógico, que redunden en un fortalecimiento democrático y sus instituciones”.   La sesión se desarrolló en una de la exbaterías o cuadras donde dormían los soldados, con bancos escolares prestados por el IPET 265 de José de la Quintana, que dos días antes incorporó el nombre de “senador Luis Carnevale”, fundador de la escuela asesinado por el terrorismo de Estado en 1976. La ley aprobada lleva el nombre de Sonia Torres, referenta de Abuelas de Plaza de Mayo filial Córdoba y luchadora incansable por los Derechos Humanos hasta su muerte a fines del año pasado. La ocasión fue propicia para homenajear también a Luis Miguel “Vitín” Baronetto, exdirector de Derechos Humanos de la Municipalidad de Córdoba, expreso político, biógrafo de monseñor Enrique Angelelli, militante político y por los Derechos Humanos. Todos elementos que aportaron emoción a una instancia nunca antes vivida en el interior provincial. Antes de la sesión, Mercedes Ferrero, de Trabajadoras Unidas por la Tierra, contó a los legisladores y legisladoras que el ex Grupo de Artillería 141 José de la Quintana “no fue un predio menor en el marco del terrorismo de Estado, sino cabecera de la subárea 3117 dentro del área 311 del tercer Cuerpo de Ejército” que en los años de plomo encabezó el genocida Luciano Benjamín Menéndez. También dijo que existen denuncias judiciales por fusilamientos y enterramientos clandestinos de cuerpos de presas y presos políticos en un sector de las 880 hectáreas, y destacó el proceso de recuperación que se desarrolla desde 2018 en clave de buen vivir y comunidad rural organizada. “Este predio permaneció muchos años en silencio, fue abandonado y después saqueado y vandalizado”, contó. Adempas, destacó que “una de las grandes deudas de la democracia tiene que ver con la ruralidad y con que quienes producen alimentos sanos en el país están bajo la línea de pobreza”, y aseguró que “en materia de Derechos Humanos es necesario legislar para fortalecer el arraigo rural”.  Ferrero completó: “No se puede recuperar la tierra sin recuperar la Memoria”Entre el público, con emoción, estuvieron Margarita Zeniquel y Félix Rodríguez, quienes estuvieron secuestrados y declararon en varias de las causas judiciales que investigan lo que ocurrió en este lugar. Con un abrazo, celebraron esta reivindicación de la democracia en el exacto lugar donde antes hubo padecimientos, tortura y muerte. 

Luego del veredicto, nos acompañan en el Programa 650 de Oral Y Público: las hijas Teresa Laborde Calvo, Malena D’Alessio y Alejandrina Barry; la fiscala auxiliar Ana Oberlin; Guadalupe Godoy, Pía Garralda y Claudio Yacoy, querellantes; periodista invitada: Julia Varela de Pulso Noticias. https://www.youtube.com/watch?v=IfxHFp0mg50

Así finalizó el juicio que investiga los crímenes de lesa humanidad cometidos por las Brigadas de Investigaciones de Banfield, Quilmes, Lanús y San Justo durante la última dictadura cívico-militar-eclesiástica. La primera audiencia fue hace tres años y medio. En aquel momento se presentaron cargos contra 18 represores pero 6 murieron en el camino por la “impunidad biológica”. Algunas de las condenas tuvieron también como delito el aborto forzado. Cobertura del juicio: Fernando Tebele / Julia Varela / Ramiro Laterza / Pedro Ramírez Otero / Eugenia Otero / Diego Adur / Paulo Giacobbe / Camila Flores / Camila Gallo / Paola Álvarez / Natalia Bernades / Camila Cataneo / Mónica Mexicano / Luis Angió / Marly Contreras  Redacción: Camila Cataneo / Julia Varela Edición: Pedro Ramírez OteroGráfica: Eugenia Otero Luego de tres años y medio se dió a conocer el veredicto del Juicio Brigadas de Investigaciones de Banfield, Quilmes, Lanús y San Justo. La jornada comenzó a las 8 cuando se escucharon las últimas palabras de los imputados Roberto Balmaceda, Jorge Bergés, Jorge Di Pasquale y Alberto Julio Candioti. Luego hubo un cuarto intermedio hasta las 13.30 donde el Tribunal a cargo de Ricardo Basilico leyó las condenas.  https://www.youtube.com/watch?v=IIJ8xjGVss4 En este juicio fueron juzgados expolicías de la Provincia de Buenos Aires, integrantes del Destacamento 101 de Inteligencia del Ejército y Jaime Lamont Smart, el único civil que dio órdenes y fue parte del Ejecutivo de la provincia como ministro de Gobierno de Ibérico Saint Jean. Smart obtuvo su octava condena a perpetua. Los represores estaban acusados de haber cometido crímenes de lesa humanidad en cuatro centros clandestinos de detención del conurbano bonaerense. La primera audiencia comenzó con 18 imputados pero la “impunidad biológica” hizo que 6 de ellos murieran en el durante el proceso judicial y no escucharán la sentencia.  https://www.youtube.com/watch?v=1Kx2kkLfwsw A lo largo de más de cien audiencias se escucharon 500 testimonios. Durante el debate oral hubo 468 testigos con más de 605 víctimas. Las primeras voces que se escucharon fueron las de Adriana Calvo y Cristina Gioglio. También fueron incorporados los testimonios de Nilda Eloy, Alcides Chiesa, Chicha Mariani y Luis Velasco Blake. Mientras se llevó adelante el juicio, se realizaron tres inspecciones oculares a los tres centros Clandestinos de Tortura y Exterminio, donde se pudo dar cuenta de los espacios que describieron las y los sobrevivientes al momento de declarar. A pedido de la Fiscalia, se incorporaron casos vinculados a la persecución, secuestro y tortura que sufrieron 8 travestis en el Pozo de Banfield entre 1976 y 1983. Esto sucedió en 2022, se ampliaron las imputaciones, y se sumó la Brigada de San Justo como otro centro de detención en este juicio y empezó un nuevo capítulo en el Juicio Brigadas. Por otro lado, el testimonio de Fernando García, quien estuvo detenido en el Pozo de Quilmes desde mayo de 1977 dio lugar a una nueva investigación. En su declaración, informó que compartió cautiverio Carlos Eduardo Garak, conocido como El Largo, y contó que la esposa de Garak estaba ahí y era hija de un coronel. Luego de la reconstrucción que se hizo con el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), se supo que la compañera de El Largo se llamaba Beatriz Alicia Lenain y estaba embarazada. Gracias a ese dato, la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI) buscará cruzar los perfiles genéticos con los de la familia de Beatriz para empezar una nueva búsqueda de una nieta o nieto apropiado por la dictadura, que no fue denunciado ante Abuelas de Plaza de Mayo.  https://www.youtube.com/watch?v=_RCE1WMD-x8&t=7667s Otro de los hechos más importantes que sucedieron mientras se desarrollaba el juicio, fue que Miguel “Tano” Santucho junto a Abuelas de Plaza de Mayo pudo encontrar a su hermano. Tiempo antes, el Tano había declarado que su madre Cristina Navajas estaba embarazada cuando fue secuestrada. Hasta ese momento no se había logrado obtener información que dé cuenta del nacimiento. Al finalizar su testimonio,  escribió una nota que decía: “Miguel Santucho busca a su hermanx”. Daniel Santucho Navajas es el nieto 133, la última identidad restituida a fines del año pasado.  https://www.youtube.com/watch?v=j60G7TJNI84&embeds_referring_euri=https%3A%2F%2Flaretaguardia.com.ar%2F&source_ve_path=MjM4NTE&feature=emb_title En el juicio también se supo que hubo un número importante de militantes uruguayos fueron secuestrados y fueron llevados a las Brigadas, puntualmente a la de Quilmes. Este aporte ubica a este centro clandestino cómo un espacio vinculado con los operativos represivos que se realizaban en Latinoamericana y que eran conocidos como Operación Cóndor. https://www.youtube.com/watch?v=gr5VCdLOMyE&list=PLLUI-oDQznS-4ZQbv5eDgRa0VdOCsnc07 A partir de la investigación que realizó Stella Segado, quien trabajó en el Ministerio de Defensa y pudo tener acceso a conocer el detalle del ordenamiento militar, dio detalles de cómo era el funcionamiento y la estructura de la Inteligencia de la última dictadura y mencionó las particularidades que sucedían en la Provincia de Buenos Aires. Entre los aportes brindados, se supo que el 88% de los secuestros de los trabajadores de las 25 empresas, que analizó en su investigación, fueron en sus lugares de trabajo y el 76% los dueños entregaron información de sus trabajadores y listas de delegados a los militares y policías.  Así también se pudo conocer que el ex Destacamento 101 del Ejército, ubicado en 55 entre 7 y 8, cumplió un rol clave en el esquema represivo de la última dictadura. Desde allí se recolectaba la información para planificar secuestros, torturas, desapariciones y asesinatos. https://www.youtube.com/watch?v=p1yKpwYuorE&t=4139s Otro de los casos que se pudo profundizar en el juicio, fue la historia de Alejandrina Barry y el rol que ocuparon los medios de comunicación durante la última dictadura. En 1977 se publicaron diversas notas en los medios que formaban parte de la Editorial Atlántida, como las revistas Gente, Somos y Para Tí, donde se mostraba a una niña sola que había sido supuestamente abandonada por sus “padres terroristas”. La nota más conocida tenía como título: “Los hijos del Terror”. En ese momento habían inventado una historia en la que la mamá de Alejandrina se había suicidado frente a ella y su padre había sido abatido en un enfrentamiento. Gracias a los datos

El Juicio Brigadas empezó en octubre de 2020 y, tres años y medio más tarde, estamos por escuchar el veredicto. ¿Por qué es un juicio histórico? ¿De qué se habló durante tanto tiempo? Claves para entender qué pasó. Este martes a las 12 se conocerá el veredicto. Redacción: Julia Varela (Pulso Noticias)Edición: Fernando Tebele (La Retaguardia) Lo primero que tenemos que decir es que el 27 de octubre de 2020, cuando empezó el Juicio Brigadas, usábamos barbijo hasta adentro del estudio de La Retaguardia y, en Pulso Noticias, teníamos una grilla con turnos para ir a la redacción. Porque estábamos en plena pandemia de COVID-19 y, hacer periodismo en ese contexto fue, ante todo, complejo. Pero también se abrieron (o nos abrimos) oportunidades. Las estrategias y la imaginación colectiva nos propusieron un desafío: transmitir por YouTube este (y varios) juicio de Lesa Humanidad con un objetivo: achicar distancias entre lo que antes eran la sala de audiencias, los pasillos y la calle de Tribunales, y la gente, que no podía salir de sus casas. Durante mucho tiempo nos encontramos todxs, usuarios y arrobas de por medio, en el chat de la aplicación del triangulito rojo. Fue como encontrarnos en la calle, pero bastante más raro. Así empezamos. Todos los martes durante tres años y medio, desde las 8 de la mañana -o un poco antes- le dábamos play a la transmisión de lo que llamamos el Juicio Brigadas, el juicio de Lesa Humanidad más grande de la región, que abarcó cuatro Brigadas de Investigaciones de la Policía bonaerense: Quilmes, Banfield, Lanús y luego San Justo. Terminábamos cuando Ricardo Basílico, Presidente del Tribunal, dictaba el cuarto intermedio hasta la semana siguiente. El 10 de noviembre y después de las audiencias en las que se que tomaron indagatorias a los imputados, comenzaron los testimonios. Adriana Calvo y Cristina Gioglio rompieron el hielo. Sus voces fueron las primeras que se escucharon en la tercera audiencia, cuando se exhibieron sus testimonios grabados en juicios anteriores. Además de sumergirnos de lleno en los pozos, los videos hicieron notar sus ausencias. El testimonio de Adriana fue de cuando declaró en el juicio contra Miguel Etchecolatz en 2006; Calvo murió en 2010. El testimonio de Cristina fue de su declaración en 2011, en el juicio del Circuito Camps; Cristina falleció el 16 de enero de 2020, ocho meses antes de que comience el juicio. También pudimos volver a ver a Nilda Eloy, a Alcides Chiesa, a Chicha Mariani y a Luis Velazco Blake. El caso de Nilda también es especial: la tarea de reconstrucción acerca de lo que había pasado, que asumió hasta el último día de su vida, la llevó a ser en muchos casos quien buscó a otras personas sobrevivientes; también aportó innumerables datos a familiares de personas desaparecidas. Es la que unió hilos, tejió redes de memoria, y entregó verdad desde su hablar pausado. La incorporación de testimonios en video fue una conquista de las querellas. Por el rol de los organismos y víctimas y querellas, la investigación fue tan profunda. “Hay mucha ausencia en este juicio. Los organismos de derechos humanos siguieron reclamando Justicia y construyendo verdad. Hasta cinco días antes de su muerte, Adriana Calvo estuvo haciendo el trabajo de recopilación de datos que permitió investigar la causa Banfield”, dijo Guadalupe Godoy, querellante por LADH/Unión y particulares en su alegato. También dijo que la posibilidad de incorporar en la causa la investigación por el Destacamento de Investigaciones 101 fue gracias a las estructuras estatales que se pusieron a disposición de la investigación. El juicio arrancó con 18 imputados vivos. Cerramos con 12. Se murieron seis en el camino: Miguel Ángel Ferreyro (21-10-2021), Ricardo Armando Fernández, Miguel Osvaldo Etchecolatz (2-7-2022), Carlos del Señor Hidalgo Garzón (01-12-2022), Emilio Herrero Anzorena (11-6-2022) y Eduardo Samuel De Lio (2023). Murieron sin escuchar la sentencia, uno en la cárcel y los otros en sus casas. Los tiempos de la Justicia hicieron que pudiéramos ver por streaming qué significa la “impunidad biológica” de la que tanto hablaba Nilda Eloy. De esos 12 imputados, sólo uno está detenido en la cárcel: Jorge Héctor Di Pasquale, en la Unidad 34 de Campo de Mayo. El resto, Roberto Armando Balmaceda, Enrique Augusto Barre, Jorge Antonio Bergés, Alberto Julio Candioti, Guillermo Alberto Dominguez Matheu, Carlos Gustavo Fontana, Federico Antonio Minicucci, Carlos María Romero Pavón, Jaime Lamont Smart, Juan Miguel Wolk y Horacio Luis Castillo, tienen prisión domiciliaria en sus casas. De ellos, Castillo, Fontana y Barre enfrentan un juicio por primera vez. El resto ya tiene otras condenas. En este tiempo los vimos hacer cualquier cosa en el Zoom: ponían osos de peluche frente a la cámara, leían el diario, atendían el teléfono, tapaban la cámara con una hoja y hasta hablaban con otras personas. Estas doce personas están acusadas por haber sido parte del plan sistemático de la dictadura, que incluyó secuestros, torturas,  violaciones, asesinatos y desapariciones de cuerpos. Algunos eran parte de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, otros formaban parte del Destacamento 101 de Inteligencia del Ejército y, en el caso de Smart, el único civil, dio órdenes y fue parte del Ejecutivo de la provincia como Ministro de Gobierno de Ibérico Saint Jean. Se los acusa por crímenes en cuatro centros clandestinos de detención del conurbano: las Brigadas de Investigaciones de Banfield, de Quilmes, de Lanús (que en realidad quedaba en Avellaneda) y de San Justo. La Inteligencia la hicieron desde el edificio que está en pleno centro de la ciudad de La Plata. La redacción de Pulso Noticias está ubicada justo enfrente. En estos tres años del Juicio Brigadas escuchamos casi 500 testimonios: hubo 468 testigos en un debate oral con más de 605 víctimas si se cuentan los casos de la Brigada de San Justo. Muchas personas todavía sin identificar. El rol del EAAF En la audiencia 6, en diciembre de 2020 el EAAF fue contundente: “Aún quedan numerosos restos por identificar en el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), de los cuales

Del atentado terrorista contra una integrante de H.I.J.O.S. a los rumores de indultos y domiciliarias para los genocidas. Desde el fallido intento de unificar actos para el 24 a las masivas marchas barriales. De las amenazas a Teresa Laborde a la comunicación gubernamental full dos demonios, llega el primer aniversario del golpe de Estado que desató la dictadura más cruel y sangrienta, con un gobierno siempre al borde de su reivindicación. Redacción: Fernando TebeleEdición: Eugenia Otero / Pedro Ramírez OteroFotos: Archivo Natalia Bernades / La Retaguardia Cada 24 de marzo tiene su particularidad. Si es aniversario de número redondo suele haber más gente, porque los medios de comunicación tradicionales toman el tema con mayor interés y más sectores de la población sienten la tentación de participar. Si bien no estamos ante ese caso, porque se cumplen 48 años del golpe de Estado, se puede anticipar que la marcha de este domingo será muy masiva. Se ha visto la necesidad de estar en las calles en las decenas de actividades realizadas en ciudades, barrios y plazas en las últimas semanas. En todas se repitió casi a coro: “Hacía muchos años que no había tanta convocatoria”.   Pero no es cualquier 24 de marzo el que tenemos por delante. Es el primero desde que asumieron Javier Milei y Victoria Villarruel con un gobierno que, abiertamente, plantea, como mínimo, la Teoría de los dos demonios como política oficial. Durante toda la semana, los rumores de anuncios de beneficios para los genocidas circularon de aquí para allá, con el inestimable apoyo del reenvío de mensajes de WhatsApp sin el más mínimo chequeo, que termina por convertir a cada persona en portadora de uno de los virus socialmente más letales: la desinformación. Se habló de indultos, de beneficios de domiciliarias para quienes están imputados, no condenados y purgan prisión preventiva en cárcel común. Carlos Pagni, uno de los periodistas mejor informados de La Nación, el medio vocero de los genocidas se sumó a los rumores:  “¿Sabrá (el ministro Cúneo Libarona) que Milei y Patricia Bullrich están pensando en anunciar para el 25 de marzo un cambio reglamentario que permita devolver a sus casas a los ancianos que padecen prisión preventiva, sin que se resuelva su situación procesal, en causas de lesa humanidad?”. Lo que anunciaba Pagni era bastante menos que un indulto, porque solo alcanzaría a quienes están presos sin haber sido condenados, un número reducido entre los 157 que permanecen en cárcel común. Ese mismo jueves, Fabian Waldman, periodista de FM La Patriada que se destaca picanteando las conferencias en Casa Rosada, le preguntó sobre el Plan Domiciliaria para Todos al ministro de Defensa Luis Petri. La respuesta sonó contundente: “No está en la agenda del gobierno lo que acabás de plantear”.  También la Justicia pareció dar opinión a través de la Cámara de Casación Penal. El alto tribunal decidió sentar posición contraria a la entrega automática del beneficio de la domiciliaria para imputados y condenados por crímenes de lesa humanidad. Fue al rechazar un pedido de Ricardo Saint Jean y María Laura Olea, inefables abogados de colegas de genocidio de sus propios padres, Ibérico y Enrique Braulio respectivamente. Ambos activistas militan en Justicia y Concordia, pero lo que menos pregonan es eso: quieren impunidad y revancha. Suelen destilar odio en redes sociales y se han referido a este medio como “La Retaguardia montonera”. Jeje.  De la victoria cultural a Victoria Villarruel Saint Jean y Olea fueron a Casación a pedir por la situación del agente del Servicio Penitenciario Diego Chemes, un genocida que actuó en el ex Centro Clandestino de Detención Tortura y Exterminio El Vesubio. Pero, les salió mal la jugada y Casación terminó marcando un límite: las domiciliarias se analizan caso por caso, no son automáticas (lo profundiza Luciana Bertoia acá). Aunque los números parecen indicar que casi casi lo son: 517 son las personas acusadas o condenadas por crímenes de lesa humanidad que están en sus casas. 96  están presos en cárceles del Servicio Penitenciario y 61 “en otras modalidades”, según el informe que presentó en diciembre del año pasado la Procuración que trabaja específicamente en las causas por crímenes de lesa humanidad, a cargo de María Ángeles Ramos. El atentado Pero lo más preocupante de todo lo sucedido en la previa de este 24 fue que las amenazas pasaron a los hechos. La denuncia realizada por una integrante de H.I.J.O.S. acerca del hecho que  sufrió en los primeros días de marzo es un salto cualitativo en la escala de violencia. Ya no se trata de un mensaje en las redes sociales o de una llamada telefónica. Todos los condimentos que se pueden observar tienden a generar terror: las personas encapuchadas, el ingreso a la casa de la víctima, las agresiones físicas, el abuso sexual. Para alguien que creció con lo sucedido en este sentido a su familia, ser víctima directa debe ser escalofriante. El relato que le realizó a Ailín Bullentini conmueve. “Sentí que me iban a matar”, le dijo en esta nota. El escozor alcanzó a muchos sectores de la sociedad, cumpliendo su objetivo: generar miedo. Incluso dio pie a que Teresa Laborde, la hija de Adriana Calvo, dejara de naturalizar las amenazas que recibió y las denunciara ayer ante la fiscalía de Lomas de Zamora. “Yo estoy bien, estamos todos bien. Lo que está pasando es alarmante porque de alguna manera estamos todos amenazados y eso también es parte de lo que quiero decir: mi solidaridad con la Agrupación H.I.J.O.S. y con la compañera que sufrió este atentado”, dijo Teresa a La Retaguardia en medio de una vorágine de entrevistas, y dio detalles: “Las amenazas no fueron recientes, fueron más o menos de hace 20 días, y la otra fue en noviembre, apenas ganó Milei. En una me dijeron: ‘A la próxima escuela que vas, no volvés’, y en la otra me dijeron ‘Zurda de mierda, si seguís adoctrinando sos boleta’. Si bien una les da importancia, acostumbrada y lamentablemente naturalizando esas amenazas, no hice nada. Pero

El Archivo Popular de la Memoria presentó una investigación con las 44 personas que, por testimonios, se ha podido establecer que sus cuerpos fueron desaparecidos vía incineración en el Campo de Deportes de la ESMA, que el Estado le entregó a River Plate el año pasado. El listado completo. Cobertura en vivo: Lucrecia Raimondi / Natalia BernadesRedacción: Fernando TebeleFotos: Natalia Bernades https://www.youtube.com/watch?v=eyzUb5fP630 Carlos Lordkipanidse Mónica Dittmar Carlos Loza El Centro Cultural Pepa Noia fue el lugar elegido por quienes integran el Archivo Popular de la Memoria para realizar una conferencia en la que presentaron un informe doloroso: el listado de 44 víctimas del último genocidio cuyos cuerpos fueron cremados y desaparecidos en el Campo de Deportes de la ESMA. El predio se encuentra en plena disputa, luego de que el año pasado, el gobierno de Alberto Fernández, a través de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) se lo cediera de manera gratuita al Club River Plate para que desarrolle su propio campo, pisoteando la memoria acerca de lo que sucedió allí. La entrega se realizó con el aval judicial de Ariel Lijo, juez a cargo de la Instrucción de la Megacausa ESMA, quien acaba de ser propuesto por el presidente Javier Milei para integrar la Corte Suprema de Justicia.  Mónica Dittmar, esposa del desaparecido Hernán Abriata, y los sobrevivientes de la ESMA Carlos Loza y Carlos Lordkipanidse, fueron quienes tomaron el micrófono para repasar la investigación. Allí contaron las historias de las personas que no fueron víctimas de los Vuelos de la Muerte, sino que sus cuerpos fueron desaparecidos en los “asaditos”, eufemismo macabro que encubría las incineraciones de los restos de personas asesinadas durante los secuestros o las torturas. Como la maquinaria burocrática del genocidio no podía esperar para subirlos a los aviones de los vuelos que se realizaban los miércoles, cremaban los cuerpos en el Campo de Deportes. Entre quienes corrieron esa suerte se encontraba Rodolfo Walsh.    Pero el traspaso del terreno se complicó porque se alzaron las voces de sobrevivientes y familiares, quienes se oponen con contundencia. La razón es simple: ese lugar tendría que estar integrado al Espacio de Memoria que preserva la historia de lo que ocurrió en la ESMA. Por algún motivo no del todo claro, hace 20 años, cuando el gobierno de Néstor Kirchner decidió que la Armada dejara el predio, el Campo de Deportes quedó vedado al ingreso de la sociedad. Quizás haya influido su ubicación geográfica: lo separa del megapredio la Avenida Lugones. Pero es tal la integración a pesar de la distancia, que se puede llegar a través de un cruce sobre nivel de la gran avenida, al que se accede desde dentro de la ESMA y que llega justo al espacio en disputa.  Listado de las cremaciones en el Campo de Deportes y Entrenamiento APELLIDO NOMBRE SECUESTRO ASESINATO 1. NÚÑEZ MARIA DEL CARMEN 26/04/1976 26/04/1976 2.  LIZASO JORGE HÉCTOR 26/04/1976   3.  CARBALLO   JOSÉ ALBERTO 03/06/1976 04/06/1976 4. ISLA CASARES JUAN IGNACIO 03/06/1976 03/06/1976 5.  TALBOT WRIGHT HÉCTOR EUGENIO 16/10/1976 16/10/1976 6.  GORDILLO GÓMEZ MARCELA MARÍA 20/10/1976 20/10/1976 7.  MÉNDEZ ORLANDO RENÉ 21/10/1976 21/10/1976 8.  ARROSTITO NORMA ESTHER 02/12/1976 15/01/1978 9.  KONCURAT MARIO LORENZO 03/12/1976 03/12/1976 10. URONDO DE KONCURAT CLAUDIA JOSEFINA 03/12/1976 03/12/1976 11. CASARIEGO ERNESTO RAÚL 07/12/1976 07/12/1976 12. KURLAT MARCELO DANIEL 09/12/1976 09/12/1976 13. ZUNINO de ROSSINI LIDIA ALICIA 10/12/1976 10/12/1976 14. JUÁREZ     ENRIQUE JOSÉ 10/12/1976 10/12/1976 15. CERVIÑO MARCELO HÉCTOR 10/12/1976 10/12/1976 16. DELPECH LUIS MARÍA 11/12/1976 11/12/1976 17. MOTTO MARÍA ELVIRA 12/12/1976 12/12/1976 18. YANES JORGE EUGENIO 12/12/1976 12/12/1976 19. MENDÉ JORGE RAÚL 16/12/1976 27/12/1976 20. BAYON CARLOS ENRIQUE 22/12/1976 22/12/1976 21. ARETA JORGE IGNACIO 23/12/1976 23/12/1976 22. PERERA FERNANDO 14/01/1977 15/01/1977 23. BORRERO MARTA OFELIA 21/01/1977   24. LÓPEZ MARÍA CRISTINA 28/01/1977   25. CHIAPPOLINI CARLOS ALBERTO 26/02/1977 02/03/1977 26. FERRARI ARIEL ADRIÁN 27/02/1977 27/02/1977 27. STÉFANO ROBERTO LUIS 11/03/1977   28. SOSA GÓMEZ JUAN CARLOS 16/03/1977   29. VEGA PAOLI MARÍA LUZ 18/03/1977 18/03/1977 30. WALSH RODOLFO 25/03/1977 25/03/1977 31. CABALLERO WENCESLAO  25/03/1977 25/03/1977 32. LENNIE   MARIA CRISTINA 18/05/1977 18/05/1977 33. ASCONE JUAN JOSÉ MARÍA 18/05/1977   34. ROQUÉ JUAN JULIO 29/05/1977 29/05/1977 35. BOGLIOLO DE GIRONDO MARÍA MERCEDES 16/06/1977 16/06/1977 36. PONCE ANA MARÍA 18/07/1977 06/02/1978 37. MOYANO EDGARDO PATRICIO 17/08/1977 06/02/1978 38. DEGREGORIO OSCAR RUBEN 16/11/1977 25/04/1978 39. MAGGIO HORACIO DOMINGO 04/10/1978   40. ETCHEVERRÍA DANIEL ROBERTO 18/11/1978   41. POLITO HÉCTOR OSVALDO 23/11/1978 23/11/1978 42. MALLEA ALEJO ALBERTO 05/12/1978 05/12/1978 43. GULLO JORGE SALVADOR 26/04/1979   44. VILLAFLOR RAIMUNDO ANÍBAL 04/08/1979 07/08/1979 Podés acceder al informe completo del Archivo Popular de la Memoria haciendo click aquí

https://www.youtube.com/watch?v=uXZ76Grbj3o La jueza Adriana Palliotti y el juez Germán Castelli, integrantes del TOF 5 de CABA escuchan a las víctimas ante los pedidos de libertad condicional y prisión domiciliaria solicitados por Juan Carlos Rolón, Antonio Pernías y Luis Ambrosio Navarro, condenado en el tramo ESMA unificada; y de Ramon Roque Zanabria y Carlos Néstor Carrillo, condenados en ESMA IV. 10:30 Comienzo de la audiencia por Juan Carlos Rolón, Antonio Pernías y Luis Ambrosio Navarro.14:39 Patricia Walsh, hija de Rodolfo Walsh.29:27 Carlos Lordkipanidse, sobreviviente..45:28 Ricardo Coquet, sobreviviente..50:41 Carlos Loza, sobreviviente..59:44 Laura Villaflor, hija de Raimundo Villaflor y Elsa Martínez Garreiro, nieta de Azucena Villaflor y sobrina de Josefina Villaflor y José Luis Hazán, desaparecidos y desaparecidas en la ESMA.1:11:32 Camilo Juárez, hijo de Enrique Juárez.1:19:39 Ana María Careaga, hija de Esther Ballestrino.1:30:29 Lisandro Cubas, sobreviviente.1:38:00 Cuarto intermedio.1:55:20 Rosario Quiroga, sobreviviente.1:59:10 Cristina Aldini, sobreviviente.2:07:05 Silvia Fontana, hermana de Liliana Fontana. 2:22:35 Rut Fukman, hermana de Enrique “Cachito” Fukman.2:25:00 Marcelo Ardeti, hijo de Enrique Ardeti.2:27:57 Iván Troitero, hijo de Alfredo Troitero y Marta Tilger.2:37:46 María Eva Basterra Seoane, sobreviviente e hija de Víctor Basterra y Laura Seoane.2:40:49 Cierre de la audiencia por Juan Carlos Rolón, Antonio Pernías y Luis Ambrosio Navarro.2:43:02 Informe sobre La Carrera de Miguel, en homenaje al atleta y militante político desaparecido.2:53:40 Comienzo de la audiencia por los beneficios solicitados por los genocidas Ramon Roque Zanabria y Carlos Néstor Carrillo.2:57:22 Laura Villaflor pide la palabra para hablar como víctima.3:01:13 Cuarto intermedio.3:04:00 Segunda parte del informe por la Carrera de Miguel.3:38:00 Comienzo de la audiencia por Ramon Roque Zanabria y Carlos Néstor Carrillo.3:39:00 Laura Villaflor, hija de Raimundo Villaflor y Elsa Martínez Garreiro, nieta de Azucena Villaflor y sobrina de Josefina Villaflor y José Luis Hazán, desaparecidos y desaparecidas en la ESMA.3:51:00 María Eva Basterra Seoane, sobreviviente e hija de Víctor Basterra y Laura Seoane.3:53:29 Rut Fukman, hermana de Enrique “Cachito” Fukman.3:55:17 Marcelo Ardeti, hijo de Enrique Ardeti.4:00:50 Carlos Krug, hermano de Alberto Krug.4:04:30 Cierre de la audiencia y de la transmisión.

Como todos los domingos previos al 24 de marzo, se corrió en la Ciudad de Buenos Aires la Carrera de Miguel, en memoria del atleta y luchador social Miguel Sánchez, desaparecido por la dictadura cívico-militar- eclesiástica el 8 de enero de 1978. Texto, videos y fotos: Luis AngióEdición: Fernando Tebele El atleta Martín Sharples antes de la partida Como desde hace 21 años, en la Ciudad de Buenos Aires se convoca a participar en la Carrera de Miguel, en memoria de Miguel Sánchez y los 30 mil detenidos-desaparecidos en los años de la dictadura. Este año fue especial, porque es la primera que se corre con el gobierno de Javier Milei y Victoria Villarruel, que quiere instalar el negacionismo de los crímenes sucedidos en esos siete años, y ratifican los más de dieciséis años de gobiernos macristas en la ciudad de Buenos Aires, donde primero Mauricio Macri, luego Horacio Rodríguez Larreta y ahora Jorge Macri, a pesar de estar esta carrera aprobada por una ley de la Legislatura y que la calle Crisólogo Larralde pasara a llamarse Miguel Sánchez en el tramo que va desde la Av. Del Libertador hasta su fin con la Av. Leopoldo Lugones,  se encargan de invisibilizarla permanentemente, no difundiéndola en los medios de comunicación y como denunció Martín Sharples al recibir su premio  “Hoy estamos todos desaparecidos, en esta carrera no hay clasificación … es la única carrera de la ciudad que no nos clasifican, no tenemos corredores, no hay ninguno”. Tal es la poca importancia que Jorge Macri le da a esta carrera, que dos de los integrantes de su gobierno, el Secretario de deportes Fabián Turnes (ex secretario de deportes de Vicente López, exrugbier e integrante de los Pumas) y Pamela Malewicz, Subsecretaria de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, estuvieron presentes en la carrera y posteriormente, en el acto de premiación, se han mantenido en silencio y no le han dirigido la palabra al público presente en un acto más del silencio al que nos tiene habituado el macrismo desde hace más de dieciséis años. Las palabras de Martín Sharples y de Ángela “Angie”  Rossi, sobrina nieta de Miguel Sánchez, quien también habló en la entrega de premios, no hubieran podido ser refutadas por estos dos representantes de la derecha que gobierna el país y la ciudad. Martín Sharples concluyó con su intervención, como todos los años con un: 30.000 compañeros detenidos-desaparecidos: ¡¡¡PRESENTE!!! https://www.youtube.com/watch?v=J1Km9jARGIEhttps://www.youtube.com/watch?v=bfPAeaodHIE

El jueves pasado por la tarde se realizó una audiencia pública convocada por el bloque del Frente de Izquierda (FIT-U) para denunciar el accionar de las fuerzas de seguridad que responden a la ministra Patricia Bullrich y al presidente Javier Milei. Allí hicieron hincapié en las consecuencias de la represión y en los métodos utilizados por las diferentes fuerzas. En la audiencia participaron organismos de derechos humanos como el CELS o la APDH, entre otros; organizaciones sindicales como el SiPreBA; la Comisión Provincial por la Memoria (CPM); organizaciones sociales, diputados y diputadas (Bregman, del Plá, Del Caño y Castillo del FIT-U), y personas que sufrieron la represión, además de trabajadores/as de la salud que asistieron a quienes recibieron gases, balas de goma y golpes. También estuvieron presentes Nora Cortiñas, referenta de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora; Carlos Sueco Lordkipanidse, sobreviviente de la ESMA; y el abogado de derechos humanos Matías Aufieri, quien fue el herido más grave de las represiones. Fotos y videos: Natalia Bernades / La Retaguardia Diego Morales – CELS Dora Barrancos – CPM Matías Aufieri – CeProDH Guillermo Torremare – Presidente APDH El abrazo entre Lordkipanidse y Aufieri