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La ministra de Seguridad Patricia Bullrich anunció el jueves en una conferencia de prensa la reposición del protocolo que permite libertad absoluta para el uso de armas por parte de las fuerzas de seguridad. La Retaguardia consultó a la exministra Sabina Frederic, quien lo había derogado en 2019; y a María del Carmen Verdú, referenta de la Correpi. Entrevistas y Redacción: Julián Bouvier / Fernando TebeleEdición: Eugenia OteroFoto: Archivo Antú Divito Trejo / La Retaguardia El idilio entre Patricia Bullrich y Luis Chocobar tiene un nuevo capítulo. No parece ser algo personal, sino lo que simbólicamente implica el policía para la ministra. El 8 de diciembre de 2017, en el barrio de La Boca, dos jóvenes robaron a un turista de Estados Unidos y lo apuñalaron. Mientras huíanel policía de Avellaneda Luis Chocobar le disparó por la espalda a Juan Pablo Kukoc. El joven de 18 años murió. Chocobar no estaba trabajando, porque era policía en un distrito de otra provincia. Pero disparó y mató. Un típico caso de gatillo fácil que fue juzgado como tal por el Tribunal Oral Federal de menores 2 que lo condenó a dos años de prisión en suspenso por “Homicidio en exceso del deber”. El otro joven que participó del hecho junto a Kukoc y que por entonces era menor de edad, fue condenado a 9 años de prisión. “La justicia no existe para los pobres” Apenas sucedido el hecho, Patricia Bullrich, quien ocupaba el mismo cargo que en la actualidad, no solo apoyó al policía de gatillo fácil, sino que puso en vigencia un protocolo para legalizar lo que hasta allí era un delito y permitir total libertad en el uso de armas para todas las fuerzas de seguridad. Durante el gobierno de Alberto Fernández, la entonces Ministra de Seguridad Sabina Frederic resolvió a diez días de la asunción del gobierno dar marcha atrás con esa política. Ahora, la ministra Bullrich lo restauró con una nueva Resolución, la número 53 de 2024. “Por un lado, autoriza a la Prefectura Naval a usar armas largas, lo que no tenían prohibido con anterioridad, y mandata al gabinete de asesores a preparar nuevas versiones de los protocolos que derogó en diciembre de 2019 la Resolución 1231, la cual habilitaba el uso de armas de fuego por parte de las fuerzas de seguridad contra personas desarmadas”, contó Maria del Carmen Verdú a La Retaguardia. Por su parte, la ex Ministra de Seguridad Sabina Frederic explicó por qué había derogado el protocolo en 2019. “El Reglamento de Uso de Armas de Fuego es contrario a los principios de Naciones Unidas sobre proporcionalidad y progresividad en el uso de la fuerza. Está en contra, también, del capítulo sobre legítima defensa del Código Penal. En fin, toda una serie de avanzadas a las que suele acostumbrarnos Bullrich, que avanzan sobre facultades que no son propias ni de las fuerzas ni de ningún ministro del Poder Ejecutivo Nacional”, explicó Frederic a La Retaguardia. “Hay una sola verdad: Chocobar le disparó a mi hijo por la espalda” Cuando Frederic derogó la Resolución 956 de 2018, hizo lo propio con la Resolución 395, que habilitaba el uso de pistolas Taser; la 598 que establecía el Servicio Cívico Voluntario en Valores a cargo de Gendarmería; la 845, que creó el programa Ofensores de Trenes; y la 923 que creó el Centro de Formación de Gendarmes en Chapadmalal. “Esa Resolución de la ministra Sabina Frederic también repuso la vigencia de las normas internas e internacionales preexistentes en el uso de armas por parte de las fuerzas federales, como el Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la Ley de Naciones Unidas y los principios básicos sobre el empleo de la fuerza y las armas de fuego, también de Naciones Unidas. Ambos incorporados a nuestra legislación interna. Aquella disposición de Frederic de diciembre de 2019 inmediatamente generó una disminución de la cantidad de personas desarmadas asesinadas por la espalda, por integrantes de las fuerzas federales, a pesar de que poco después la irrupción de la pandemia produjo un alza de la represión en todas sus formas y en particular del gatillo fácil. Pero hubo 35 personas menos fusiladas por miembros de fuerzas de seguridad federales que en el período bajo la jefatura de las fuerzas de seguridad federales por la ministra Bullrich”, contó la referente de la Correpi. Y comentó también que esas normas internas e internacionales repuestas por la resolución que ahora Bullrich quiere derogar, establecen con claridad cuáles son los principios generales del uso de las armas de fuego por parte de los miembros del aparato represivo estatal y fijan prohibiciones igual de explícitas. “Por ejemplo, solo las autorizan cuando todos los otros medios son ineficaces, cuando su empleo es inevitable como último recurso y siempre con moderación y proporcionalidad, reduciendo al mínimo los daños y lesiones, respetando y protegiendo la vida humana entendida como vida humana de todas las personas, no solamente de quienes ellos llaman ´gente de bien´. O sea que disparar para evitar una huida causa un daño mayor que el que se pretende evitar. Y desde luego que no habilitan el uso de armas por mera sospecha, por olfato policial, ni por la espalda, ni contra personas desarmadas”, dijo Verdú. Frederic explicó a La Retaguardia que las directivas de las fuerzas de seguridad no son públicas y no se deberían difundir en Boletín Oficial, ni en ningún otro medio público, sino que son de circulación interna: “Ese es el otro problema que va a tener esta Resolución. Que los reglamentos que se aprueben quedaron como una instrucción hacia la fuerza, con lo cual es difícil que nosotros sepamos qué clase de modificación efectivamente se va a establecer”, dijo la antropóloga exministra, y agregó: “las razones por las cuales se avanza con esta conferencia es esta sobreactuación típica y esta confrontación ridícula con nosotros, que nada tiene que ver con mejorar la seguridad, ni de la gente, ni de las fuerzas de seguridad. Porque las pone a cumplir

Lo dijo el abogado Juan Manuel Combi, quien asumirá formalmente la defensa de dos detenidos en la represión del jueves, luego de que fueran liberados con la condición de no permanecer dentro del radio de 1000 metros a la redonda del Congreso. La medida que atenta contra la libertad de las personas detenidas fue tomada a pedido del fiscal auxiliar Alejandro Pellicori.  Redacción: Eugenia Otero Edición: Fernando Tebele Gráfico: Pato Lehrner Dos de las personas detenidas el jueves en las protestas contra la Ley Ómnibus frente al Congreso fueron liberadas recién después de firmar un acta con la prohibición de acercarse a la zona marcada en el gráfico que ilustra esta nota. “Haré las denuncias pertinentes, entre otros a la PROCUVIN (Procuraduría de Violencia Institucional) por la situación de violencia que han sufrido estos detenidos, tanto en el encierro como en la declaración tomada por videollamada sin presencia de la defensora. La violencia que sufrieron, no solo en la detención sino en algo más grave que tiene que ver con lo simbólico: que para darle la soltura se les exija firmar una cláusula, una especie de condición de restricción de la libertad”, afirmó Juan Manuel Combi en diálogo con La Retaguardia. El abogado asumirá la defensa de las personas imputadas por “atentado a la autoridad”. En su análisis general de la situación, Combi agregó: “Es de una gravedad institucional muy grande lo que estamos viviendo. El gobierno de Milei no quiere que la gente se manifieste. Esto de la perimetral, de la prohibición de acercamiento al Congreso de dos personas que fueron detenidas, sumado a los aparatos, a las nuevas tecnologías de identificación de rostro con los que la policía de la ciudad van caminando”. Y detalló que con esos nuevos intrumentos utilizados en clave represiva “van marcando el rostro de la gente para ver si tienen o no antecedentes penales. Todas las fuerzas de seguridad que han salido a la calle constituyen realmente un dato alarmante que no sólo preocupa, sino que directamente llego a la conclusión que hoy Argentina está viviendo en un Estado de Sitio con un gobierno que yo le digo dictadura. Si no quieren llamarlo así díganle cuasi dictadura, pero estamos viviendo al margen de la constitución y con la restricción de absolutamente todos los derechos”. Acerca del objetivo de la dura represión que se vio esa semana, Combi no duda: dice que quieren evitar las manifestaciones. “No podemos permitir que nos saquen de las calles o que nos pongan perímetros. Subirse a la vereda cuando la gente desborda es inexplicable. Si hacés una movilización y la movilización no genera ninguna situación que a la otra parte la incomode, la movilización no tiene sentido. Ahí también aplicaron perímetro, es el gobierno del perímetro”, calificó. Con efervescencia, Combi definió al gobierno y sus definiciones políticas y económicas. “El perímetro más importante que tienen es el perímetro del bolsillo. Ese lo tienen bien delimitado para darle de comer a los ricos y para que cada vez seamos más los pobres. Ese perímetro que tienen marcado es claro y tiene que ver con las medidas que se imponen desde los organismos internacionales, entre ellos el Fondo Monetario Internacional. Y hay un perímetro que tienen bien marcado y que no nos debemos olvidar y es el perímetro de la codicia”, señaló. Acerca de la limitación ambulatoria para los dos detenidos liberados indicó: “Lo que no tiene que existir más en la Argentina son perímetros para los luchadores. Que pongan perímetros para los narcotraficantes para no dejarlos entrar en los barrios a arruinarles la vida a nuestros pibes. Que pongan perímetro a los violadores. Que pongan perímetro a las personas que violentan a las mujeres, pero que pongan perímetro en este caso los fiscales en complicidad con la señora Patricia Bullrich y el señor presidente Javier Milei es vergonzoso. Que personas que se hayan recibido en la carrera de derecho hagan esto es vergonzoso. Que hayan dictado semejante medida de restricción a la libertad que coarta todo tipo de derechos y garantías de los ciudadanos también lo es”.

Compartimos el informe especial a los 15 años de la desaparición forzada seguida de muerte de Luciano Nahuel Arruga. Además, realizamos una emisión online de ¿Quién mató dónde está a mi hermano?,  la película de Ana Fraile y Lucas Scavino que narra la lucha de Familiares y Amigxs de Luciano Arruga. Cobertura: María Eugenia Otero / Fernando Tebele El 31 de enero de 2009 desapareció Luciano Arruga, un joven de 16 años que vivía en la villa 12 de octubre de La Matanza. Tuvieron que pasar 5 años y 8 meses para que sus Familiares y Amigxs lo hallaran enterrado como N.N. en el Cementerio municipal. Saber qué pasó aquella noche es una necesidad familiar. Pero también buscan cambiar la sociedad en la que viven. https://www.youtube.com/watch?v=rvquQw5zMqE “Luciano se negó a robar en sus casas para la Policía” “La seguridad no es golpear a los pibes de la Santos Vega y la 12 de octubre. No es controlar los barrios pobres por mera discriminación y criminalización. La seguridad es que todos y todas podamos acceder a nuestros derechos”. Con frases bien directas como éstas, la hermana de Luciano Arruga recorrió las calles para hablarles a sus vecinos y vecinas de Lomas del Mirador. Lo hizo en un formato “escrache”, que era la manera en la que hijos e hijas de personas desaparecidas le hablaban al vecindario para contarles que había un genocidio viviendo allí. Esta vez el escrache no es una persona, es a una institución: la Policía Boanerense. https://www.youtube.com/watch?v=A3vM6nvqImQ La mamá de Luciano Arruga, el joven de 16 años que fue víctima de desaparición forzada seguida de muerte el 31 de enero de 2009, habló en la plaza que lleva el nombre de su hijo durante la marcha y acto a 15 años de su desaparición. https://www.youtube.com/watch?v=ucBSqxBiMX0 Si conocés a Luciano es muy posible que sepas de Vanesa, su hermana, porque sostuvo en sus hombros contar la historia una y otra vez. También puede que hayas escuchado a Mónica, su mamá, porque aportó su voz valiente cuando aprendió a nadar en la angustia, porque en la vida todo se aprende, hasta lo que creemos que nunca podríamos.Pero seguramente no conocés a Sebastián, uno de los hermanos de Luciano. Este sábado se subió al escenario. No por casualidad ni obligación. Este año se puso la 10 de Familiares y Amigxs. Y cuando hablo dijo que estuvieron 15 años luchando y que estarán otro 15 si fuera necesario “hasta que Nunca más sea Nunca más”.Costó caminar cada cuadra bajo el sol. Volvió a doler escuchar a madre e hija un año más. Pero verles luego la sonrisa y la emoción al escuchar a Sebastián, le dio valor a toda la jornada. https://www.youtube.com/watch?v=AyzRmfEs0iA Mirá la emisión online de ¿Quién mató dónde está a mi hermano?, la película de Ana Fraile y Lucas Scavino que narra la lucha de Familiares y Amigxs de Luciano Arruga. https://www.youtube.com/watch?v=qb_HpbAOwLM

Lo resaltó Mauri Maturano en respuesta a los dichos del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, sobre el organismo. En Sueños Posibles, el abogade no binarie y trabajador del INADI delegación San Juan, explicó las diversas atribuciones y funciones con las que cuenta el Instituto contra la discriminación desde su creación en 1995, ante los compromisos internacionales que toma Argentina en materia de derechos humanos, en este contexto en el cual se despidieron a parte de sus trabjadores y el gobierno tiene intención de cerrarlo.  Entrevista: Irene Antinori / Alfredo Grande Escuchá la entrevista completa

Este 23 de enero se cumplen no sólo 35 años de la incursión de militantes del Movimiento Todos por la Patria (MTP) al Regimiento de Infantería 3 de La Tablada, sino que además se están cumpliendo 5 años del transcurrir de un juicio que cambió, desde lo jurídico pero también desde lo social, la manera de apreciar el tema de La Tablada. Pablo Llonto, junto a Ernesto “Coco” Lombardi, Susana Lombardi y Liliana Mazea, fueron las/os abogadas/os que representaron a las querellas, en el juicio oral que terminó con una condena a perpetua más para el general Arrillaga, quien comandó la represión en la “recuperación” del cuartel. Entrevista: Fernando Tebele (La Retaguardia)Redacción: RevolucionesFoto: Gentileza de Eduardo Longoni —Cinco años del juicio de La Tablada. Para vos que estás en causas de lesa a diario, ¿qué tuvo de particular este juicio, más allá del hecho de que se trataba de violaciones a los derechos humanos ocurridos en democracia? —Para nosotros, para Coco Lombardi y para su hija (Susana), para Liliana (Mazea), representaba sin dudas una gran expectativa para saber si algo que nosotros tratamos de llevar adelante, en el marco de toda la defensa de los derechos humanos que es que no sólo los hechos cometidos en determinados periodos históricos, sino toda grave violación a los derechos humanos en la Argentina y en el mundo, tiene que ser declarada siempre imprescriptible, para permitir así la la búsqueda de la verdad. Que además se relaciona con algo que es casi una cuestión de pura lógica, pero que a veces cuesta hacérsela entender a los jueces, a las juezas. Que es esta cuestión de la comisión del delito o del “crimen perfecto”. Porque las dictaduras y quienes cometen delitos en el marco del Terrorismo de Estado de una o otra manera se preocupan también para que sus crímenes no tengan huellas. Y esto lo hacen, sin duda, en todo el mundo, sobre todo con el mecanismo de la desaparición forzada de personas y con el mecanismo del ocultamiento de los cuerpos. Creo que hoy, a esta altura, se ha visto que esta no es una particularidad de la Argentina, que esta no es una particularidad de ningún país, sino que está en la cabeza de quienes llevan adelantelos genocidios o prácticas genocidas, o graves violaciones a los derechos humanos en todo el mundo. A diferencia por ahí de lo que se conoce como crimen común, estos crímenes que sin duda tienen una enorme carga política, generan para estos poderosos en su momento la necesidad de tratar de borrar todas las huellas y le agregan los pactos de silencio. Entonces estos hechos que La Tablada los tuvo. Las desapariciones forzadas de cuatro compañeros, que representaban una grave violación a los derechos humanos cometida en el contexto de una democracia, pero que había pasado mucho tiempo. Y ese intento de crimen perfecto subsiste, porque no es solamente saber que los mataron, sino la incertidumbre de no saber dónde están esos restos. Por lo tanto, el desafío creo que tuvo una respuesta positiva por suerte por parte del tribunal. Y ahora estamos esperando la confirmación de casación, una respuesta acorde con esta temática nacional pero también internacional al mismo tiempo. Días atrás, en Chile, se colocó en el Museo de la Memoria el trozo de hierro de la vía de tren que habían utilizado los helicópteros de las Fuerzas Armadas Chilenas para arrojar víctimas al mar. Mucho antes del año ´76 como marca la Argentina, en períodos de Pinochet, lanzar esos cuerpos de militantes chilenos al mar. Y nos pareció un hecho fuerte y muy significativo que en el Museo de la Memoria esté exhibido este elemento. Porque uno piensa que una viga de hierro enorme jamás va a poder ser rescatada del fondo del mar, ¿no? Y sin embargo en Chile, por circunstancias que tienen que ver con mareas y otros elementos, ese pedazo del crimen se pudo rescatar. Y está bueno que aparezca en un Museo porque representa de alguna manera que la búsqueda de la verdad en estos crímenes a veces va a llevar décadas y décadas, pero que la humanidad tiene que hacerlo imposible para lograr esclarecerlos, para castigar a sus responsables y para luchar por lo más importante que es que nunca más ocurra. Yo creo que esto de La Tablada representó para nosotros eso, no sólo una pequeña reparación, porque en definitiva fue la condena por un sólo caso, el de (José) “Maradona” Díaz. Pero abre la posibilidad a la esperanza de que crímenes graves, violaciones a los derechos humanos graves, tengan la posibilidad de encontrar una mínima respuesta en la justicia, a través por lo menos de la condena a uno de los involucrados. —¿Que Casación todavía no haya intervenido, implica algo que es normal en este tipo de causas? —Y… Casación tiene sus tiempos, la verdad. A veces muy difíciles de explicar para todo el mundo, ¿no? Pero bueno, se combinan muchas cosas. Yo de todas maneras creo que este año tendremos que pedir algún tipo de pronto despacho o algo parecido para tratar de lograr esa sentencia confirmatoria. Ya se escucharon a las partes, y ahora solo resta esto para resolver. No es la única causa que en Casación se demora. Lo mismo pasa en la Corte. A veces pasa en las Cámaras, pasa menos en las Cámaras Federales, que por suerte en general sacan en meses, a veces en un año, sus sentencias. Pero donde siempre hay más demoras es en Casación y en la Corte. Pero sí, tristemente uno tiene que decir: es como habitual. Aunque no debemos acostumbrarnos, pero bueno, forma parte de de los problemas serios que hay con la lentitud de las causas. A mí me preocupa más la Instrucción, porque la Instrucción es lo que agota realmente la posibilidad de llegar a la verdad. Cuando la Instrucción es lenta, implica que no llegás ni siquiera a encontrar los nombres de algún responsable claro. Y digo lo grave está ahí, tanto

Se cumple un nuevo aniversario del intento de copamiento del Regimiento de Infantería 3 de La Tablada por parte de militantes del Movimiento Todos por la Patria (MTP), que terminó con una tremenda represión que incluyó asesinatos sumarios, torturas y también cuatro desaparecidos. También se cumplen cinco años del juicio que cambió la mirada sobre la acción militante. Dialogamos con dos sobrevivientes de generaciones distintas: Roberto “Gato” Felicetti, quien dejó la frase del título, y Miguel Aguirre. Ambos trazaron un camino permanente entre pasado y presente. Reivindicaron la militancia de aquellos años, y marcaron algunas diferencias con el modo de construir el movimiento popular en los últimos años. Entrevista: Fernando Tebele y Julián Bouvier (La Retaguardia) / Juan Ciucci (Revoluciones)Ilustración: Chechu Rodríguez / La Retaguardia (sobre una foto de Eduardo Longoni) El intento de compamiento del Regimiento de La Tablada por parte de integrantes del Movimiento Todos por la Patria (MTP) ha generado en estos años variadas reacciones: desde silencios atronadores ante las evidentes violaciones a los derechos humanos durante la represión del Ejército y la Policía Bonaerense, hasta críticas feroces por derecha e izquierda, pasando por algunas pocas voces que acompañaron la lucha por la libertad de los y las sobrevivientes en los más de diez años que estuvieron cumpliendo las penas impuestas en un primer juicio escandaloso. Pero todo cambió con el primer juicio por uno de los cuatro desaparecidos, del que se cumplen 5 años. Desde aquel proceso insuficiente (ya que solo fue por el caso de José Díaz y no incluyó a Francisco Provenzano, Carlos Samojedny e Iván Ruiz), se abrió una etapa de debate sobre La Tablada que ganó en profundidad. En esta charla que tuvieron con un equipo de La Retaguardia y Revoluciones, Roberto “Gato” Felicetti y Miguel Aguirre, dos sobrevivientes de diferentes generaciones militantes, trazaron un vínculo constante entre pasado y presente. —35 años después, es lo mismo que fue siempre o va cambiando con el paso del tiempo la mirada sobre Tablada ? —Roberto Felicetti: Para mí, sigue siendo uno de los últimos hechos de una parte de una generación y de jóvenes de la nueva generación, que intentan un hecho revolucionario en la defensa de la democracia. Abrir un camino hacia un proyecto de poder. Y creo que con el tiempo uno lo que va viendo, dados los desafíos que tiene la Argentina, de los tiempos que pasamos y las debilidades que se presentaron en la clase política argentina, es mucho más necesario abrir un nuevo debate de ese tipo. No me refiero a la lucha armada, sino a la necesidad de construcción de una alternativa nacional, popular, revolucionaria. Las debilidades del gobierno de Alfonsín trajeron la derrota de la primera ofensiva neoliberal, así como la debilidad del movimiento nacional de los últimos años desembocó primero en Macri y después más agudamente en este gobierno colonial. Entonces creo, cuando miro para atrás que nuestro desafío fue en un momento determinado, en una coyuntura internacional muy importante, con una crítica muy importante hacia la clase política de ese momento, pero que no deja de ser muy distinta a la de este momento. No a las claudicaciones en muchos casos. Porque si bien se avanzó en el tema de la verdad, justicia, los militares saben que pueden ir a juicio, pueden pasar largos años en la negación de los derechos humanos. La gran burguesía nacionalizada que trabajó con Macri, trabaja ahora con Milei y conforman su gobierno. Son los que dicen que hay que ajustar cuentas. En realidad, lo que hay que generar es un nuevo proyecto tiene que abrir el camino para que esto también sea juzgado por el daño tremendo que están produciendo. Lo vienen produciendo ya. En cada intentona que hacen, el daño que le vienen produciendo al pueblo argentino es tremendo. Entonces, lo que uno puede aportar a una situación así, de construcción de nuevo desarrollo, revaloriza aún más la característica de cada uno de los compañeros y sus valores. De solidaridad, de entrega. Uno aspiraría que esos sean los valores: Compartir con los compañeros. Compartir con el pueblo para poder cambiar esta realidad. Entonces, en lo político y también en este punto de vista, para mí se revaloriza lo que pasó, en lo que participamos. Realmente estoy muy orgulloso de eso, aunque se puedan marcar errores. —Miguel Aguirre: Coincido en gran medida con Roberto. Mirando para atrás, lo que veo es una generación de compañeras y compañeros con una convicción, con una entrega, con una generosidad que a mí todavía me emociona. En ese grupo de compañeros y en la conducción del Movimiento Todos por la Patria había compañeros extraordinarios que no dudaron en ese momento en comprometerse, comprometer su vida, el riesgo de su vida, para afrontar una situación que se veía inminente, que era la sublevación militar. Hay que hacer un esfuerzo por contextualizar La Tablada, el clima que se venía viviendo de las cuatro sublevaciones militares que hubo desde el 87 al 90, la vigencia de la doctrina de Seguridad Nacional, la debilidad de Alfonsín y las concesiones y el avance de las corporaciones económicas, aprovechando la debilidad y la falta de coraje político de Alfonsín. En ese contexto, nosotros, nuestros compañeros, decidieron arriesgarlo todo para enfrentar la situación. Se puede, como dice Roberto, incluso hasta tener una mirada crítica de si era la manera, si era oportuno o si era la herramienta. Aceptábamos las críticas y estabamos abiertos a discutir eso. Lo que es indudable es que esto sucedía y que esa amenaza sobre la democracia estaba presente. Y que se materializó concretamente después con la sublevación de diciembre del 90. Entonces, creo que mirando hacia atrás los valores de una generación que se ha comprometido con la política, que no estaba financiada, sin dudas actuamos con altruísmo.Rescato eso y subrayo la memoria de los compañeros. Todavía tengo presente charlas, conversaciones, actitudes de muchos de ellos con los que tuve la suerte de compartir militancia. Esta es nuestra historia de resistencia a la

Integrantes del Colectivo de Mesas de Memoria y Organizaciones de Derechos Humanos del Conurbano Sur, con preocupación por las políticas que en materia de Derechos Humanos lleva adelante la gestión encabezada por el presidente Javier Milei, enviaron este lunes por correo electrónico una misma carta a un grupo de diputados y diputadas de distintos partidos políticos, instándolos a que voten contra el Decreto (de supuesta) Necesidad y Urgencia 70/2023 y del proyecto de ley “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”, también conocida como Ley Ómnibus, impulsados por actual presidente. Texto: Paulo GiacobbeEdición: Fernando TebeleFoto: Reuters “Dios y la Patria se lo demandan… “ es el encabezado de la misiva enviada hoy por una confluencia de mesas de derechos humanos del conurbano sur, más sitios de memoria de la zona, que lleva por título: “Que gobernar no sea un delito”. “Preocupados y preocupadas por su lealtad hacia los intereses de las grandes mayorías, y, dado la concepción del DNU y la llamada Ley Ómnibus que se pretende aprobar en el sentido de que todo se privatice y el Estado se retire de sus funciones específicas, estamos particularmente atentos y atentas a que NO se desmantelen ninguno de los Sitios y Espacios de Memoria existentes”, explicaron en la carta y continuaron: “Que no sean enajenados, alquilados ni dispuestos para ningún otro fin que no sea el que hoy tienen destinado. Que NO peligre su sostenimiento por parte del Estado. Que se conserven todos los Centros Clandestinos de Detención señalados hasta hoy y que no se desfinancien los trabajos para su restauración”. Advirtieron también por los cambios que el gobierno quiere realizar en materia de Justicia, Defensa y Seguridad, y que resultan perjudiciales a la sociedad por ser contrarios a los Derechos Humanos. Al mismo tiempo resaltaron la inconstitucionalidad del Decreto (de supuesta) Necesidad y Urgencia.“No han quedado dudas respecto de la inconstitucionalidad del DNU y que la raíz de este y de la ley ómnibus es favorecer a los grandes capitales. Para que nuevamente las y los argentinos no asistamos a un saqueo planificado a favor de los privilegiados de siempre, le instamos a que vote en contra de la totalidad del DNU 70/2023 y de la ley de “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”.Las y los integrantes de las Organizaciones del Colectivo de Mesas de Memoria y Organizaciones de Derechos Humanos del Conurbano Sur, cerraron la carta advirtiendoles sobre el peso de la historia: “Recuerden que la historia tomará nota de las y los dirigentes que por acción u omisión causen un daño irreparable al pueblo y a la Patria”. La nota llevó la firma de las siguientes organizaciones: MESA DE LA MEMORIA POR LA VERDAD Y LA JUSTICIA DE LANÚSCENTRO ANGELELLI POR LA MEMORIA LA VERDAD Y LA JUSTICIA de Fcio VARELAMESA DE MEMORIA VERDAD Y JUSTICIA DE QUILMESCOMISIÓN VESUBIO Y PUENTE 12MESA DE TRABAJO DEL EX POZO DE BANFIELDPOZO DE QUILMESMULTISECTORIAL DE DDHH DE AVELLANEDAAPDH REGIONAL CONURBANO SURDDHH BURZACOSECRETARIA Y DERECHOS HUMANOS DE AVELLANEDAMESA POR LA MEMORIA DE BARADEROPVP URUGUAYDDHH SUTEBA ALTE. BROWNSECRETARIA DE DDHH DEL PARTIDO JUSTICIALISTA DE LANÚSTODOS SOMOS UNAFRENTE PRODUCTIVOCAUSA NACIONALLA CANCA GULLOMOVIMIENTO MAYOSUTEBACENTRO CULTURAL GERMÁN ABDALACTA TCTA AACUBAADUNARUTVELA LOCOMOTORAESTUDIANTES Y GRADUADXS DE LA LICENCIATURA EN JUSTICIA DDHH DE LA UNLACOMISIÓN DE ASOCIADOS DEL BCO CREDICOOPFRENTE POPULAR LANUSENSESOCIEDAD DE FOMENTO VILLA HIGUERITARED DE ORGANIZACIONES Y ESCUELAS DE VILLA DIAMANTE Y JARDÍN.COLECTIVO DE ORGANISMOS DE DDHH ZONA OESTE

La compra de aviones a EE.UU. y el rol del nuevo jefe del Estado Mayor Conjunto. Las fuerzas armadas se rearman, pero no tienen ningún conflicto a la vista, salvo el interno como consecuencia de las políticas del gobierno de Milei. Lo que el gobierno anterior pudo evitar, pero dejó crecer. Redacción: Nicolás AvejorroIlustración: Chechu Rodríguez / La Retaguardia No ha sido una sorpresa la designación del Brigadier General Xavier Isaac, Jefe de la Fuerza Aérea del anterior gobierno, como el nuevo Jefe del Estado Mayor Conjunto de la actual administración de Javier Milei. Es la continuidad de quien participara en la planificación de una política de Defensa Nacional desde el 2020 por parte de la cúpula de las FF.AA. Se basa en un reequipamieno armamentista cuya intención es obligar a los ingleses a gastar más en protección de las Islas Malvinas y que, sumado a la presión diplomática internacional, se vean obligados a devolver las islas a la Argentina. Algo totalmente absurdo que cuesta creer que los ex ministros Agustín Rossi y Jorge Taiana hayan podido creer.  Queda de este modo al descubierto el objetivo real de los militares, que es volver a tener un poder real de “disuasión Interna“. El FONDEF (Fondo Nacional de la Defensa que representa el 0,50% del PBI)  tan promocionado por Rossi y Taiana, es solamente una ampliación más del presupuesto nacional que nunca se cumple, siendo el gasto del Estado mucho mayor a lo presupuestado. Pese a la grave crisis económica por la que atraviesa la Argentina el gobierno de Alberto Fernández, que vivió mendigando dinero para el pago de la deuda externa, designó al Brigadier General Xavier Isaac a cargo de una Comisión para la compra de aviones de guerra. Fueron seleccionadas dos ofertas  1- Los chinos-paquistaní JF-17 Thunder Block III “nuevos” de última generación, financiados por el gobierno de China en un plan de pago “long time” (de largo plazo).  2- Los F-16 USA, con más de 10 años de “uso”, que se encuentran en Dinamarca, los cuales. Son muy conocidos por el Reino Unido a punto tal que tienen componentes fabricados por los ingleses.  Por razones de política exterior del nuevo gobierno, ya está decidido adquirir los aviones F-16 USA.  Si bien el precio se mantiene en un total y hermético secreto, por suerte las paredes del Ministerio de Defensa escuchan y hablan por lo que nos hemos podido enterar de que la compra de los 24 aviones supersónicos “usados” F-16 rondarían los 681 millones de dólares. El pago sería con un año de gracia posterior a la entrega de los aviones, en tres cuotas anuales de 277 millones de dólares. Es entonces el mayor gasto en material bélico realizado a lo largo de la historia argentina. Tratándose de un país que no tiene ningún conflicto bélico en la región o en el mundo, ni a corto ni a largo plazo, que pueda contemplar tremenda inversión en armamento. Parece una total locura para un país como el nuestro, que está absoluta y totalmente endeudado, cuyo pueblo está haciendo un enorme sacrificio  para terminar con el pago de una deuda externa injusta que nos asfixia. 

Detuvieron a Gonzalo Coña, quien había sido herido durante la represión en la que asesinaron a Rafael Nahuel. Hablamos con Laura Taffetani, integrante de la Gremial de Abogados y Abogadas pasó por La Retaguardia y opinó acerca de este hecho en particular y de la persecución que viven históricamente los pueblos originarios, en este caso, en la Patagonia argentina. Entrevista: Fernando Tebele / Julián BouvierEdición: Julián Bouvier/ Agustina Sandoval LernerIlustración: Chechu Rodríguez / La Retaguardia “Cuando se produjo este primer desalojo violento, con un asesinado, dos heridos y los dos peñi que bajan el cadáver (Fausto Jones Huala y Lautaro Curruhuinca), lo que sucedió fue que la Justicia convirtió a la víctimas en victimarios. Fue tal el ensañamiento, que algunos de ellos terminaron con una carátula de ‘Atentado al orden constitucional’. El nivel de persecución escaló. En el juicio por Rafita Nahuel quedó en claro que había sido una verdadera cacería. Gonzalo y otros peñis fueron heridos y ni siquiera les permitieron participar como querellantes en la causa, por el contrario, quedaron procesados por ‘usurpación’. Gonzalo estuvo siempre a derecho. Y les hicieron una orden de captura por no haberse presentado al juicio de usurpación”, contó la abogada. Gonzalo no tiene antecedentes, más que la causa de usurpación, por lo que, según dijo Taffetani, no debería ser encarcelado. “Bullrich, con su delirio con los ‘terroristas’, aprovecha que, tanto la Justicia como los medios hegemónicos, son fuertemente antimapuches, aprovecha y hace caer sobre ellos todo el peso”, concluyó la integrante de la Gremial de Abogados.

Los reiterados pedidos del diario La Nación para garantizar la impunidad de quienes cometieron crímenes de lesa humanidad. ¿Quién escribe los editoriales sin firma del diario? El rol que cumplió el medio durante la dictadura y su coherencia. El repaso de una charla con Guadalupe Godoy.  Redacción: Paulo GiacobbeEdición: Fernando TebeleFoto: Jaime Lamont Smart leyendo el diario La Nación en una audiencia del juicio Brigadas. El juez Basílico le llamó la atención. “Es preciso regularizar la situación de quienes están ilegal e injustamente privados de la libertad desde hace ya muchísimo tiempo”, publicó el diario La Nación, en un editorial sin firma, el 14 de diciembre del año que se nos fue recién, el 2023. “La venganza debe cesar” fue el título elegido de esta repetida arenga en defensa de quienes cometieron crímenes de lesa humanidad.  Apenas habían pasado cuatro días de la asunción de Javier Milei. El hecho pasó casi desapercibido quizá por estar siendo arrastrados en un remolino de caos, sufrimiento y locura a la Argentina previa a 1916; o tal vez porque ya no sorprenden esos pedidos de impunidad del diario La Nación. ¿Es acaso la coherencia una virtud? Depende. Ser coherentes, por ejemplo, en mantener posturas antidemocráticas no merece estar ligado a cualidades que puedan estar relacionadas con el comportarse debidamente.  El diario La Nación fue parte de los medios de comunicación que durante la dictadura publicaron noticias falsas como parte de una serie de acciones psicológicas contra la población. Necesarias dentro del plan de exterminio. Existen pedidos judiciales para que rectifiquen las mentiras que publicaron durante esa época “como un acto moralmente reparatorio y de reconstrucción de memoria”, tal como lo expresó la fiscal del juicio ESMA, Mercedes Soiza Reilly. “Estos reportes gráficos eran parte de la propaganda totalitaria para agitar en la población los fantasmas del miedo y del odio. Con claras intenciones de instalar, aún más, la división social entre los ciudadanos”, señalaron Soiza Reilly y Guillermo Friele en el cierre del alegato en 2015.  Ya en democracia, los editoriales del diario pidiendo el fin de los juicios por crímenes de lesa humanidad le han valido todo tipo de repudios. Incluso de los propios trabajadores del diario.  “La persecución que, con apoyo de gobiernos kirchneristas, montaron organismos de derechos humanos contra civiles y militares por hechos de los dolorosos años 70 ha continuado sembrando fragmentación y conculcando derechos y garantías de numerosos adultos mayores privados de su libertad”, falsea en su introducción el último editorial del diario La Nación. No existe tal persecución y en los juicios de lesa humanidad se respetan todas las garantías del debido proceso. Por el contrario, son los imputados los que no respetan a los tribunales, desconociéndolos y en algunos casos insultándolos o protagonizando acciones repudiables que merecen llamados de atención y sanciones.  “Un caso paradigmático de persecución es el del doctor Jaime Smart”, continúa el editorial de La Nación, que dedicará el resto del texto a la defensa de ese condenado por crímenes de lesa humanidad, que fue Ministro de Gobierno bonaerense en la dictadura y desde ese lugar impartía órdenes a la Policía. dictadura En este punto debemos dar paso a las premonitorias declaraciones que la abogada querellante, Guadalupe Godoy, brindó el 30 de agosto del año pasado, a La Retaguardia y Pulso Noticias, al finalizar una audiencia del Juicio Benavides. “Muchos de los editoriales de La Nación, si uno los mira, son la pluma de Smart. De hecho, en uno de los últimos que vi, había párrafos de uno de los alegatos de Smart. Me resonaron muy sencillamente”. Para ahorrar disgustos a quien lea estas líneas no ahondaremos en el editorial del diario, solo unos detalles menores.  En esa oportunidad Godoy decía que a “Smart le cuesta aceptar, al día de hoy”, el criterio de juzgamiento que “no es sólo a quiénes fueron los responsables directos de los delitos, sino a quiénes planificaron y propiciaron el exterminio, a quienes lo llevaron adelante. Los famosos autores de escritorio. Eso es lo que más le pesa, esto de pensar que él solamente era un burócrata estatal. En realidad, y eso lo mostramos en el (juicio) Circuito Camps, la policía y todo el aparato represivo respondían a órdenes. Y esas órdenes no sólo las dio el Ejército, sino que también se dieron desde ese aparato ‘legal’, entre comillas”. Sucede que el día de la entrevista no fue un día más del Juicio Benavidez. Fue una audiencia donde Jaime Lamont Smart, imputado en ese momento y finalmente condenado a perpetua, había dicho sus últimas palabras. “En la Causa 13 (el Juicio a las Juntas) se absuelve al teniente General Videla y al General Viola por todos los hechos que estaban investigados en esa causa, arriba de 800, porque no ocupaban el comando en ese momento del ejército, sino que habían dejado de ser comandantes, eran simplemente presidente Videla y presidente Viola”, decía Smart en su defensa trazando un paralelismo con su caso  ya que Videla y Viola fueron condenados por haber sido Jefes del Ejército, no por su accionar como presidentes de facto. El editorial del diario La Nación, no obstante, dice lo mismo sobre Smart: “Resulta imprescindible recordar que el fallo rector en la sentencia contra los comandantes de 1984 también actúa decididamente en favor de Smart, ya que, en concordancia con todo lo probado, no responsabilizó a los generales Jorge Rafael Videla y Roberto Viola por los hechos acaecidos mientras ejercieron el poder administrador del gobierno como presidentes de facto, sino exclusivamente por los ocurridos durante su desempeño como comandantes en jefe del Ejército por el dictado de órdenes de servicio militares contrarias a la ley en su carácter de jefes de esa fuerza”.  Esto ya lo explicó Godoy: “A Smart le cuesta aceptar, al día de hoy, el criterio de juzgamiento”.  “Hoy, a los 87 años, Smart asiste simultáneamente a cuatro debates orales que lo tienen como acusado y soporta otros diez procesos en espera. En ninguno de los procesos hubo testigos ni indicios que