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El represor y abogado Enrique Stel culminó la audiencia 68 con esta violenta frase. Minutos antes de desconectarse de la plataforma virtual, se lo vio tomando el celular con el micrófono abierto frente al Tribunal Oral Federal y demás partes de la Megacausa. El juicio continúa este lunes desde las 9 con transmision de FM de la Calle y La Retaguardia. Esta nueva agresión por parte de imputados y defensores no mereció aun ningún tipo de intervención por parte del presidente del tribunal, Ernesto Sebastián, ni de los vocales Sebastián Foglia y Marcos Aguerrido. La Fiscalía realizará una presentación este lunes. El episodio ocurrió el #28S, horas antes del reencuentro en las calles de varias ciudades del país del movimiento de mujeres y disidencias para denunciar y repudiar el avance de los discursos de odio y la amenaza a las libertades por parte de diferentes expresiones de derecha y ultraderecha. Stel está imputado en el juicio y, además, oficia como su propio abogado defensor. Revistó en el Batallón de Comunicaciones 181, en calidad de jefe de una de las secciones que componían la Compañía Combate “My. Keller”, desde el 2 de febrero de 1976 con el grado de subteniente. Dicho grupo tuvo una destacada participación en la ejecución de los operativos de secuestros y constituyó el principal grupo de tareas con el cual contaba el batallón. Está acusado por haber planificado y consumado los crímenes de lesa humanidad sufridos por 51 víctimas. En 2019 se le imputaron también delitos sexuales.En 2020 el juez federal Walter López Da Silva dispuso la detención de cuatro ex militares dentro de los cuales se encontraba Enrique Stel.Detienen a represores imputados por violencia sexual. Previo a su procesamiento, H.I.J.O.S. Bahía Blanca había alertado de su participación en el Ministerio de Seguridad Ciudadana de Tucumán desde marzo de 2007, luego fue convocado nuevamente a ocupar un cargo en el mismo espacio institucional para ‘dictar cursos de formación’ a personal del Servicio Penitenciario de dicha provincia.Represor en Bahía, «formador» en TucumánNo es la primera vez que Stel está detenido por crímenes de lesa humanidad pero se encontraba en libertad por haber sido excarcelado. El juez Da Silva dispuso que llegara a juicio en prisión domiciliaria, lugar desde donde presencia las audiencias de la Megacausa virtualmente.Otros testigos de la audienciaDespués de dos horas de demoras por problemas de conexión, declaró el testigo Alejo Cantero de parte de las defensas de los imputados Brunello y Flores. Señaló que los conoce del Curso de Comando en 1976. El testigo ostenta el cargo de suboficial mayor retirado.Al momento de los hechos, Brunello era el jefe de la Compañía Combate “My Keller”. También integró la plana mayor del Batallón 181, en calidad de oficial de Inteligencia y de Personal y ayudante del jefe.Durante la audiencia se reprodujeron los testimonios de Daniel Alguacil y Graciela Haydeé López, vecinos del edificio de Fitz Roy 137. Declararon en 2011 sobre el operativo realizado por el V Cuerpo de Ejército en noviembre de 1976 en el cual fueron asesinados Olga Souto Castillo -embarazada de 4 meses- y su compañero Daniel Hidalgo, ambos militantes peronistas.

Al inicio de su gestión, Andrés Manuel López Obrador se comprometió a resolver el caso de Ayotzinapa y a entregar toda la información necesaria para llevar justicia a las familias. A 9 años de la desaparición de los 43, continúa la incógnita respecto al paradero de los estudiantes desaparecidos y la identidad de los responsables. El 26 de septiembre hubo una movilización en Ciudad de México en conmemoración al aniversario de la desaparición.  Redacción: Mónica Mexicano (desde el DF)Edición: Pedro Ramírez OteroFotos: Mónica Mexicano Las madres y padres de los 43 mantienen un plantón en el Campo Militar N° 1, desde el jueves 21 de septiembre,  exigiendo al ejército que entregue la documentación faltante sobre el caso. Ante este pedido, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que “ya ha sido todo entregado”. Los y las familiares acusan esta actitud como parte del encubrimiento del Estado para perpetuar la impunidad.  El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), quien presentó su último informe en julio pasado, dejó líneas de investigación que deben ser agotadas. Una es la investigación de la participación del Ejército en los hechos de septiembre de 2014. El GIEI se retiró del país ante la imposibilidad de avanzar con las investigaciones, dados los obstáculos que encontraron ante las pesquisas a las Fuerzas Armadas.  Las líneas de investigación apuntan a indagar en la participación y los movimientos de los militares durante los sucesos del 26 y 27 de septiembre de 2014. Así como la información que las autoridades tuvieron en conocimiento al momento de los hechos, dado el seguimiento que desde antes se hacía de los estudiantes, además de la información generada por las cámaras de vigilancia local. Otra línea de investigación apunta a la policía de la provincia de Guerrero, quien actuó directamente en los ataques contra los estudiantes.  Quedó demostrada, según las investigaciones del GIEI, la implicación y responsabilidad de los niveles del Estado en el ataque a los estudiantes. Además del incumplimiento de la promesa de resolución y Justicia, López Obrador atacó la legitimidad y veracidad de las investigaciones del GIEI, y los acusó de conspirar contra su gobierno y contra el Ejército mexicano.  Parece ser que el gobierno de López Obrador sostendrá la versión del expresidente Enrique Peña Nieto, quien intentó cerrar el caso diciendo que los responsables de los hechos fueron una red criminal que asesinó, quemó los cuerpos y dejó sus restos en un río. Esa versión había sido desmontada durante los informes anteriores del GIEI. El 26 de septiembre se llevó a cabo una multitudinaria marcha en la Ciudad de México, en conmemoración por el aniversario de la desaparición de los 43 estudiantes y el asesinato de 3 más. Las familias de los estudiantes continuarán el plantón afuera del campo militar sosteniendo la exigencia para que el Ejército entregue toda la documentación y registros que tiene en su poder, según las investigaciones del GIEI, y que hasta la fecha niega tener. 

Un joven de 20 años, Agustín Tomas Ariel Martínez, fue asesinado el 15 de agosto en esa localidad bonaerense. Familiares indicaron que un custodio le disparó cuatro tiros a sangre fría y sin embargo está en libertad porque actuó en “legítima defensa”, aunque no le encontraron ningún arma a la víctima. Por La Retaguardia / Revoluciones Semanas atrás se realizó la 9ª Marcha Nacional Contra el Gatillo Fácil y, apenas unos días después, conocimos un nuevo caso de violencia policial. Otra familia destrozada que nos cuenta su historia, tan parecida a todas las que escuchamos en la Plaza de Mayo el lunes 28 de agosto, y que al difundirlas buscan encontrar un camino hacia la justicia. Agustín Tomas Ariel Martínez tenía 20 años, vivía con su hermana en Bosques, partido de Florencio Varela. A las 16:30 del 14 de agosto fue a dejar a su hija con la mamá antes de ir a trabajar, ya que era vendedor de alfajores en los trenes. “Se ve que se juntó con unos amigos, por la gente que lo vio y nos contó luego, y se pusieron a tomar bebidas a las que les habían puesto pastillas, y eso lo llevó a cualquier cosa”, cuenta su hermana, Micaela Belén Sarza. “Porque sinceramente a las dos de la mañana del 15 de agosto yo lo llamaba todo el tiempo para ver dónde estaba, no me contestaba, no sabíamos dónde podía estar, mis padres tampoco, estaba preocupada y no podía salir a buscarlo porque estaba sola con mis tres hijos”, agrega. Por lo que pudieron reconstruir sus familiares, “se ve que a las dos de la mañana Agustín se mete en la casa de un custodio del intendente Andrés Watson, Sergio Ruben Figliolo, a querer sacar una bicicleta, algo que él nunca había hecho, no sé qué le pasó”. Micaela relata que “este hombre en vez de detenerlo y llamar a la policía, le disparó cuatro veces, y no murió en el instante”. Su hermano falleció  en el Hospital de Florencio Varela. “A mí me llaman a las cinco de la mañana del hospital para informarme que tuvo un accidente, nunca me dijeron que le habían pegado un tiro, cuando llego allá me lo dicen”, agrega su hermana. Como siempre, la versión oficial circuló rápidamente “En El Radar del Sur publicaron que ya lo habían encontrado muerto, pusieron fotos que no eran de él, y dijeron que este hombre como tiene portación de arma podía dispararle”, cuenta Micaela. “Si bien nosotros entendemos que no estuvo bien lo que hizo de meterse en esa casa, el policía no tenía derecho de quitarle la vida”, indica. “Es más: no lo mató dentro de su casa, sino que lo mató afuera de la casa, con un impacto de bala de 40 milímetros que le dio en el cuello y le quedó alojada en la cabeza”, detalla. Ahora comienza el largo camino judicial, que tantas veces le es esquivo a las familias de víctimas de gatillo fácil. “Estamos con una abogada, pero le dicen que no puede ir preso porque lo hizo en defensa propia, y no entendemos qué defensa propia es si mi hermano no estaba armado, si no se encontraron armas”, dice la hermana del joven. “Hay cámaras donde se ve perfectamente que mi hermano en el estado en el que estaba no podía defenderse, y este policía le disparó a sangre fría, a matar, cuatro tiros”, agrega. “El custodio dijo (ante el fiscal) que le disparó a la lona, que no le disparó a mi hermano, que no sabía que había alguien muerto en la vereda, dijo muchas cosas que eran mentira y como todo es política, se creen que nadie va a pagar por lo que le hizo a mi hermano”, dice Micaela. Es por todo esto que la familia de Agustín pide “que este hombre caiga preso, que pague lo que tenga que pagar, porque dejó una criatura de dos años sin su papá y a toda una familia destrozada”.

Por un par de jornadas, la Sala Cachito Fukman de La Retaguardia se convirtió en un set de filmación porque comenzó a gestarse una serie documental sobre los juicios de lesa humanidad. Fueron dos días de conmovedoras y profundas conversaciones entre protagonistas de los diversos procesos judiciales que transmitimos en vivo junto a otros medios comuntarios y autogestivos. Quiénes serán protagonistas. Participaron Nora Cortiñas, Pablo Llonto, Gabriela Sosti, Teresa Laborde Calvo, Sueco Lordkipanidse, Virginia Croatto, Guadalupe Godoy, Ana Oberlin, Ana María Careaga, Analía Kalinec, Alcira Camusso, Daniel Mercogliano, Bárbara García, Viviana Losada, Mónica Dittmar, Gerardo D’Elloro, Cármen Celiz y Daniel Giovannini. A pesar del cansancio de las dos jornadas durísimas de trabajo, el agradecimiento del equipo de La Retaguardia es enorme hacia quienes aceptaron la invitación y le pusieron el cuerpo. Sentimos orgullo de haber recibido en nuestra casa a parte de quienes sostienen los juicios todos los días para ponerse en manos del cuidadoso equipo de filmación a cargo de Liz Domeq y Diego Domínguez, que registraron maravillosamente los diálogos, abrazos y angustias compartidas. Pronto podremos compartir el resultado final. Por ahora, van estas muestras fotográficas, y un enorme gracias a quienes protagonizarán esta serie que se realiza con el Fondo Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual (FOMECA).

Graciela Ledo dialogó con La Retaguardia luego de que el caso de la desaparición de su hermano Alberto se colara en el debate entre vicepresidentes con la interpelación de Victoria Villarruel a Agustín Rossi. El enojo con la candidata de La Libertad Avanza y la factura al candidato de Unión por la Patria. Redacción: Fernando TebeleEdición: Pedro Ramírez Otero Graciela Ledo anda entre sobresaltos. Si algo le faltaba a la falta de justicia en el caso por la desaparición forzada de su hermano Alberto Agapito Ledo mientras realizaba el Servicio Militar Obligatorio, se le sumó la mención de su caso en boca de la candidata de La Libertad Avanza, Victoria Villarruel. La posible vicepresidente interpeló al exministro de Defensa Agustín Rossi al poner sobre la mesa de un mano a mano el nombre de César Milani, exjefe del Ejército durante el kirchernismo y acusado por la familia de haber sido partícipe de la desaparición de Ledo.  Esta mañana, Graciela se enteró de lo sucedido a través de La Retaguardia (no todo el mundo mira TN), y pidió por supuesto tiempo para ver el segmento y elaborar una respuesta. “Tengo que decir claramente que nosotros hemos repudiado el acto que organizó esta señora Villarruel (hace algunas semanas en la Legislatura porteña), porque es una representante fiel del negacionismo. Ella reivindica a las víctimas del supuesto terrorismo. Pero se olvida que nuestras víctimas, Los 30 mil detenidos desaparecidos, los presos, los bebés nacidos en cautiverio que han sido víctimas del terrorismo de Estado”, sostuvo Ledo. “Es decir, el Estado armó, en complicidad con la Embajada de Estados Unidos, un plan sistemático de exterminio de ‘opositores’, entre comillas. Representantes de toda la sociedad, incluidos curas, monjas, obispos como nuestro monseñor (Enrique) Angelelli. De todos los sectores del país que formábamos grupos diferentes y que queríamos que este país fuera mejor, simplemente eso. Entre ellos mi hermano, que fue un soldado conscripto, detenido desaparecido”, recordó. “De Villarruel no me sorprende. Lo que me molesta es que utilice un tema tan duro y tan triste. Repudio la utilización que hace esta señora”, dijo desde La Rioja. Luego de este repaso histórico y de la aclaración en torno del repudio a lo que representa la figura de Villarruel, Ledo puso el foco en Milani, y también en quienes lo sostuvieron durante tanto tiempo: “Pero por otro lado, lo que ella dice es cierto. Es decir, no tiene que decirlo ella, porque ya sabemos qué es lo que ella defiende. Pero exactamente, Milani es uno de los responsables de la desaparición de mi hermano, y Rossi es responsable de que haya sido ascendido a teniente general y luego a jefe del Ejército. Él es responsable y también es responsable Cristina Kirchner. Son responsables los senadores que aprobaron el pliego. Es responsable la Justicia que no actuó como corresponde y la que no nos permite todavía tener la justicia por la que bregamos desde hace 47 años”.  El juicio que se realizó en Tucumán por el caso de Ledo terminó con la absolución de Milani y la condena a 14 años de prisión para Esteban Sanguinetti al considerarlo partícipe necesario. Sanguinetti fue el responsable de la comisión que viajó desde La Rioja hasta Tucumán, donde finalmente Ledo fue desaparecido. Fue visto en el Arsenal Miguel de Azcuénaga de esa ciudad. Unos días después del secuestro Sanguinetti ordenó la confección de un sumario por deserción. Le dio la tarea a Milani, quien la realizó y firmó. Ledo no había desertado, había sido secuestrado por el Ejército. El caso se encuentra actualmente en la Corte Suprema de Justicia con un recurso de queja, sobre todo porque Casación confirmó el sobreseimiento de César Milani, aunque en el caso de Sanguinetti pidió que se le agravaran los cargos.  Ledo aprovechó el diálogo con La Retaguardia para interpelar a Rossi: “Si me escucha y si yo lo tuviera enfrente, le podría decir que él dice que sometió a la Cámara de Senadores el pliego de Milani y que las denuncias no tuvieron sustento. Le voy a recordar que un doctor Susini, con otros que creería que pertenecían al ministerio a su cargo o a algún otro organismo del Estado, en ese momento anduvieron por Tucumán y por La Rioja en una operación para desvincular a Milani y obtuvieron el dictamen del fiscal (Pablo) Camuña y del fiscal de La Rioja para que Milani estuviera limpito y pudiera ser electo jefe del Ejército. Y le voy a decir, además  —continuó Ledo— que las denuncias en contra de Milani datan del año 79, cuando él ni siquiera alguna vez soñó que iba a ser jefe del Ejército. Lo denunció Alfredo Olivera mientras era un preso político. Esas denuncias llegaron a un tribunal militar que resuelve decir que sí, que las denuncias de Olivera y de los otros presos eran verdad, pero que no podían hacer nada”. Las denuncias de Olivera fueron luego sostenidas en el “Nunca Más riojano, en 1984. Ahí lo denuncia a Milani como quien lo secuestra a él junto a su padre”. Milani también fue sobreseido en esa causa, que Ledo denuncia como “un fallo injusto arreglado por la Justicia. Está en Casación. Con un muy buen informe del doctor De Luca. Y ese informe ya debió haber salido de Casación hace varios años y no sale”.  Por último, la hermana de Ledo recordó que el caso de su hermano aún está sin sentencia firme en la Corte Suprema: “O sea que no está todo dicho. Que les quede muy claro que la familia Ledo, la familia Olivera y todas las víctimas de Milani no tienen justicia por el amparo que le dieron el poder político, judicial y legislativo del gobierno de ese momento”.

En la audiencia 15 declaró Gabriel Kordon, compañero de militancia de Gabriel Porta Olivastri, quien fue secuestrado y desaparecido en 1976. Porta era dirigente del Centro de Estudiantes de la Facultad de Agronomía y militante del PCR. También dio testimonio Pablo Rush, quien forma parte junto con Kordon de la comisión de Homenaje a Porta y a otras personas desaparecidas de la facultad. Ambos señalaron como responsables de su desaparición al decano interventor, Ichiro Mizuno, y a Norberto Antonio Cestoni, del Batallón 601. Redacción: Carlos RodríguezEdición: Valentina Maccarone/Pedro Ramírez OteroFoto: Transmisión de La Retaguardia Gabriel Porta Olivastri, dirigente estudiantil y militante del Partido Comunista Revolucionario (PCR), fue secuestrado y desaparecido en noviembre de 1976. Porta tenía bajo su responsabilidad los fondos del Centro de Estudiantes de la Facultad de Agronomía y lo asesinaron, porque se negó a entregarlos a los genocidas que intervinieron la casa de estudios luego del golpe de 1976.En los años siguientes, la figura de Porta fue reivindicada por su compañero de militancia, Gabriel Kordon, quien al declarar en el juicio Puente 12 III, pidió castigo para “los responsables del martirio” de quien fue “un ejemplo de dirigente estudiantil”.También declaró Pablo Rush, quien junto con Kordon forman parte de la Comisión de Homenaje a Porta y a otros 33 desaparecidos y desaparecidas de la Facultad de Agronomía. Los testigos señalaron a dos de los responsables de la desaparición de Porta: el decano interventor, Ichiro Mizuno; y el agente civil del Batallón 601 del Ejército, Norberto Antonio Cestoni, quien quería apropiarse de los fondos estudiantiles. Kordon y Rush cerraron con sus testimonios la audiencia 15. ¿Qué pasó con Gabriel Porta? El testigo Gabriel Alejandro Kordon se refirió al secuestro y desaparición de Gabriel Porta Olivastri, de quien fue compañero de militancia política en el Partido Comunista Revolucionario (PCR) y en el Frente de Agrupaciones Universitarias de Izquierda (FAUDI). Porta era uno de los tres responsables del Centro de Estudiantes de la Universidad de Agronomía (CEABA) y tenía a su cargo el manejo de los fondos, que estaban depositados en el Banco Nación, sucursal Agronomía. Luego del golpe de 1976, la universidad fue intervenida y el Centro de Estudiantes quedó en manos de personas designadas por el decano interventor, el ingeniero agrónomo Ichiro Mizuno, delegado militar de la facultad. Una de las autoridades de facto era Norberto Antonio Cestoni, miembro del Batallón de Inteligencia 601 del Ejército. Además de la persecución a docentes, no docentes y estudiantes, se apropiaron de las instalaciones y de los bienes estudiantiles.Porta comenzó a advertir irregularidades en el manejo del dinero por parte de la intervención, motivo por el cual abrió un expediente administrativo donde denunciaba lo que estaba pasando. Cestoni le había solicitado la firma de un cheque para el traspaso de los fondos, pero Gabriel se negó a firmar.Fue secuestrado el 25 de noviembre de 1976, el mismo día en que se recibió una respuesta al expediente que el joven había iniciado. El secuestro fue en el domicilio en el que vivía con su familia, en la localidad de Villa Sarmiento, en el partido bonaerense de Morón. El secuestro fue cometido por efectivos que dijeron pertenecer a la Coordinación Federal. “Hoy Porta es uno de los 30 mil desaparecidos”, dijo Kordon.A Porta lo llevaron a Puente 12. El testigo aclaró que eso lo pudo saber “gracias a las investigaciones realizadas” por los integrantes del Grupo de Homenaje a Porta, del que forma parte. “Lo que queremos saber es, ¿quiénes lo secuestraron? ¿Quiénes lo trasladaron a distintos centros de detención? ¿Quiénes son los responsables del martirio? Y queremos saber dónde está Gabriel Porta y qué pasó con él”, declaró Kordon.Ante una pregunta de la abogada querellante por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Nadia Schujman, el testigo ratificó que Porta era “un referente para el FAUDI y para el PCR, un ejemplo de dirigente estudiantil, muy querido por todos”.Luego del secuestro, compañeras y compañeros del FAUDI y del PCR repartieron volantes con la foto de Porta para denunciar lo ocurrido. Por esa razón, algunas de las militantes fueron detenidas. El testigo mostró en la transmisión virtual, uno de los volantes pidiendo la aparición con vida de Porta.Acerca de cómo se enteró que Norberto Cestoni pertenencía al Batallón 601, el testigo señaló que obtuvieron el dato de la página desaparecidos.org.ar, donde figura la nómina del personal civil del Batallón. El dato fue corroborado en una nota de la revista “Ceres”, en la que se afirma que quien pidió el traspaso de los fondos de los estudiantes era un integrante civil del Batallón 601. El testigo recalcó que luego de la intervención “todos los alumnos, docentes y no docentes” sufrieron persecución, porque “se prohibió la actividad política”.La Comisión de Homenaje a Gabriel Porta fue creada en 2017, por el ejemplo que dio, por su militancia y su “calidez humana”. De la creación participaron personas de la vieja y la actual militancia de la FAUDI, del PCR y de otras agrupaciones. Una de las tareas de la comisión es investigar lo ocurrido con los fondos y sobre el destino de Porta. Uno de los temas importantes relacionados con los fondos, era que permitían proveer de apuntes gratuitos a los y las estudiantes.El testigo insistió en que Porta “no sólo tuvo compromiso político por la transformación revolucionaria” sino que también tenía “una gran capacidad de disfrutar de la vida, los campamentos estudiantiles, la vida al aire libre y los fogones”. Por eso, “todos respetaban su coherencia, su compañerismo, su preocupación por los más necesitados lo que lo hizo trascender a todos los compañeros de la facultad”.Sobre cómo supieron que Porta estuvo en Puente 12, Kordon respondió que en el marco de la investigación que realizaron hubo muchas reuniones virtuales. En una de ellas, en 2014, les llegó el testimonio de una persona que fue trasladada junto con Gabriel Porta, primero a un centro clandestino que no pudo identificar y luego a Puente 12. Allí estuvieron juntos durante un tiempo. El que brindó esa información

Lo dijo Enrique “Kike” Ortega, periodista chileno de radio JGM (Juan Gómez Millas), de la Universidad Nacional de Chile. En su paso por el programa “Otras Voces, Otras Propuestas”, brindó un panorama sobre la situación política a 50 años del golpe de Estado de Pinochet y el rol de la derecha chilena en la actualidad.  Entrevista: Luis AngióRedacción: Nicolás RosalesEdición: Pedro Ramírez OteroFoto: Archivo Natalia Bernades / La Retaguardia “Aquí hemos tenido días bastante movidos. En realidad los últimos años vienen siendo movilizados para la memoria y las acciones políticas. Está todo muy a flor de piel en los programas de televisión, lo que surge de la memoria popular. Porque muy en el fondo la herida sigue abierta”, comenzó explicando Enrique “Kike” Ortega periodista de radio JGM (Juan Gómez Millas).  La derecha de ayer y hoy El periodista se refirió a cómo la derecha chilena se viene imponiendo con habilidad desde el plano discursivo: “Desde que el año pasado se perdió la oportunidad de adoptar una nueva Constitución, y comienza la que está funcionando ahora en este nuevo proceso constituyente, la derecha ha logrado una discursividad bastante ofensiva. Recuperando una belicosidad en el lenguaje que no había tenido décadas anteriores, y podríamos decir que estaban bastante guardados estos discursos de odio”. Además, planteó que esos discursos lograron derrotar “las discursividades más emancipatorias” de los movimientos sociales. “Llegamos a los 50 años (del golpe de Estado) con un contexto bastante conmovido porque las derrotas son golpes fuertes para las izquierdas. Y se aprovechó bastante la figura de (Salvador) Allende y después la responsabilidad de (Augusto) Pinochet. La derecha tiene la capacidad de comparar responsabilidades diciendo por ejemplo que la culpa fue de Allende, de la Unidad Popular, hablando de una mala gestión política y económica. Incluso diputados de la derecha hoy en ejercicio se han atrevido a decir que si las condiciones se repitieran apoyarían el mismo tipo de estrategia”, agregó. Ortega dijo que, frente a esto, existe una resistencia: “Hay además instalada una crítica a los discursos de alteridad, como que el migrante es el malo, o el indio es el malo, la diversidad sexual; y eso lo ha sabido aprovechar la derecha. Por otro lado, se ha visto que surgió desde la memoria popular y de los movimientos sociales una serie de actividades populares para dar la disputa”.  La mirada sobre Boric El periodista habló también de la gestión hasta el momento del presidente que asumió en 2022 en Chile: “El gobierno de (Gabriel) Boric está gobernando bajo la batuta de la derecha. Este no es un gobierno que haya tenido una directriz progresista o que esté batallando por dar una lucha en lo ideológico”. Además, explicó que el oficialismo no tiene fuerza en el parlamento. “No ha querido dar las disputas tanto en el campo simbólico y económico, y la derecha lo sabe sintiendo el control de la rienda. Cualquier avance que el gobierno quiera hacer en materia de igualdad de derechos, es atacado, criticado, no ha tenido los votos para las reformas que ha pedido. El gobierno de Boric se ha quedado casi sin relato, la derrota de septiembre del año pasado (en el plebiscito por una nueva Constitución) ha dejado al gobierno sin horizonte político. Está atado de manos, y no ha querido instalar banderas propias para no profundizar más la brecha del debate político dejándose llevar por las banderas que la derecha ha puesto. Se ha notado el mal manejo político en lo comunicacional, de la agenda. Entonces, cada paso que Boric da más allá de las buenas intenciones comete errores”, dijo Ortega.  La movilización por los 50 años En relación al aniversario por el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, contó: “Hubo una confusión, y se hicieron dos marchas. Una autorizada, que no pudieron ir todos. Y a la que no estuvo autorizada se la reprimió. Después de esto, salió más fuerte la demanda por una memoria popular que mantengan vivo los discursos necesarios, porque la dictadura es una herida abierta que todavía sigue sangrando”. En Chile han sido condenados pocos militares responsables del genocidio, y hay muchos crímenes que aún no han llegado a juicio.  “En este último tiempo salió mucha información nueva que no se sabía, y por otro lado los sitios de memoria son vandalizados. Hay una derecha muy activa en la represión y en querer borrar la memoria”, cerró Ortega. 

En la audiencia 15 del juicio Puente 12 III, el sobreviviente Dalmiro Suárez revivió el calvario de su familia. En noviembre de 1974 lo secuestraron junto con su hermana Nelfa Suárez, quien estaba embarazada; y con sus cuñados, María Ester Alonso y Víctor Taboada, militantes del PRT-ERP. Los llevaron al centro clandestino Puente 12, donde los “torturaban por turnos”. También declaró Norma Luján Cora por el secuestro y desaparición de su esposo, Rodolfo Aníbal Leonetti.  Redacción: Carlos RodríguezEdición: Pedro Ramírez Otero Antes del secuestro de Dalmiro Suárez, la Triple A había asesinado a su hermano Arístides Suárez. Con posterioridad también fueron secuestrados sus hermanos Nora, Mario y Omar.  El sobreviviente estuvo preso en el “Pabellón de la Muerte” de la Unidad 9 de La Plata y en otras cárceles, hasta octubre de 1983. Algunos de sus torturadores fueron el agente de la SIDE Aníbal Gordon y el policía Félix Madrid. Dalmiro dijo que las secuelas de su calvario “existieron, existen y existirán”, pero reivindicó el hecho de seguir “compartiendo con los compañeros de militancia una guitarreada, un asado, reírnos y también ponernos tristes”.  También prestó testimonio Norma Lujan Cora, quien se refirió al secuestro sufrido por su esposo, Rodolfo Aníbal Leonetti, el 14 de mayo de 1976. Antes de su desaparición, su marido había sufrido persecuciones y atentados en los que resultó herido de gravedad. Aunque en la causa existen datos sobre la presencia de su esposo en Puente 12, la testiga dijo que ni ella ni su hija tienen información precisa sobre el destino final de Rodolfo Aníbal.  El Caso Leonetti En la audiencia 15 se desistió del testimonio de Rolando Clashman, mientras que la testiga Silvia Porta no pudo presentarse por problemas de salud. La primera en prestar testimonio fue Norma Luján Cora, quien se refirió al secuestro y desaparición de su esposo, Rodolfo Aníbal Leonetti. Los hechos ocurrieron el 14 de mayo de 1976, cuando la víctima salió de la casa en la que estaba viviendo, en Ituzaingó, con el propósito de tomar el tren y concurrir a su trabajo en un estudio jurídico en la Ciudad de Buenos Aires. Leonetti, de 29 años, era estudiante de Psicología, realizaba tareas de prensa sindical, era militante gremial y de la Juventud Peronista (JP).  Como su esposo estaba siendo perseguido, se habían mudado a la casa de su hermano, en Ituzaingó. La testiga también militaba en la JP. A su esposo se lo conocía con el apodo “Aníbal” y a ella le decían “Ana”. Los dos participaban en reuniones de formación política y realizaban actividades en distintos lugares.  Explicó que su esposo había sufrido persecuciones en forma constante. “La más grave fue cuando lo balearon” en 1975. Él estaba en la Unión Obrera Metalúrgica cuando lo llevaron a un campo, en Rawson,  donde fue “ametrallado”, aunque “por fortuna pudo llegar hasta una ruta y un camionero lo llevó al hospital, donde le salvaron la vida”.  Cuando estaba internado, una persona ingresó al hospital, redujo a la custodia policial y le aplicó una inyección con el propósito de quitarle la vida. Los médicos actuaron a tiempo y lo salvaron. Desde ese momento, sufrió amenazas y seguimientos en distintas provincias.  Sobre la desaparición de su esposo, dijo que nunca pudo averiguar nada, aunque hizo presentaciones en forma personal y con la ayuda de abogados de la Secretaría de Derechos Humanos. Cuando hizo la denuncia policial, un oficial se burló de ella: “Me dijo que se había ido con una rubia”, contó. Todo lo que pudo saber es que lo secuestraron en Morón, cuando lo hicieron bajar del tren que había tomado en Ituzaingó. Le dijeron que había fallecido “en un enfrentamiento en riña”. Ella hizo la denuncia ante la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep), pero nunca supo a ciencia cierta cuál fue el destino de su esposo.   La fiscal Viviana Sánchez le preguntó si tenía alguna información sobre la posibilidad de que Rodolfo Leonetti hubiera estado secuestrado en Puente 12.  Como la testigo dijo no saber nada al respecto, la fiscal Sánchez le ofreció —una vez finalizado su testimonio— darle información sobre esa posibilidad. La testiga dijo, en ese momento, que había sabido de alguien que estuvo secuestrado en el mismo lugar que Rodolfo, pero eso era todo lo que sabía al respecto.  Norma Luján Cora, con la voz quebrada, dijo que su hija tenía cuatro años cuando desapareció su papá. Habló del daño moral, de ella y su hija, por “no saber qué pasó, por no tener un cuerpo, porque es una incertidumbre muy grande”. Además, agregó: “Ya pasaron años y todo sigue en pie, para mí y para su hija, que no tiene dónde ir a visitarlo, que festeja todos los años su cumpleaños, sin saber dónde está. Son muchos años, pero el dolor sigue”.  La historia de la familia Suárez Luego declaró el sobreviviente Dalmiro Suárez, quien fue secuestrado el 13 de noviembre de 1974, cerca de las nueve de la noche, en la entrada de su casa, en San Martín 14, de Bernal, partido de Quilmes. “Desde los techos saltaron sobre mí cinco personas, me detuvieron y me metieron en la casa”, relató. Allí se encontraba también su hermana, Nelfa Suárez de Taboada, quien estaba en el quinto mes de embarazo. Estaba sentada en una silla, con las manos atadas.  A Dalmiro lo tiraron al piso, boca abajo, con las manos en la espalda. En la casa también vivían Víctor Manuel Taboada, el esposo de Nelfa, y María Ester Alonso, quien había sido novia de Arístides Suárez, hermano de Dalmiro, quien había sido asesinado por la Triple A en octubre de ese mismo año. El cuerpo de Arístides nunca fue encontrado.  Dalmiro dijo que antes de la muerte de su hermano, la familia vivía en la localidad de Don Bosco, junto con sus padres.  Después del asesinato se habían mudado a Bernal, porque sabían que muchos de ellos figuraban en “un listado” de la Triple A. La organización de extrema derecha solía hacer

Eric Talamo es familiar de una victima del Terrorismo de Estado y amaneció descubriendo una cruz esvástica y la palabra “Kagon” con K pintadas en el frente de su casa. Este hecho se suma a una serie de amenazas ultraderechistas en el Partido de San Martín. Las voces de Eric y de su tía Elsa Oshiro, de la Asociación de Familiares de Desaparecidos de la Colectividad japonesa. Redacción: Lautaro BrodskyEdición: Fernando TebeleVideo: Lautaro Brodsky En los últimos días, San Martín se volvió un centro de ataques de odio por parte de las células neofascistas que se incrementaron tras el acto apologista de la última dictadura llevado adelante en la Legislatura porteña por la diputada nacional Victoria Villarruel. En la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), el MUI (Movimiento Universitario de Izquierda), que dirige el Centro de Estudiantes de Humanidades, denunció ataques anónimos por medio de llamadas y por redes sociales. Hasta afirmaron que a las activistas del MUI amenazaron con violarlas en los baños de la UNSAM. Esto se suma a una bandera con simbología de La Libertad Avanza, colocada cerca de la facultad que dice “Ya se les acaba la universidad Gratis, Milei 2023”. También desde el ISFD N°113 de San Martín denunciaron que quisieron quemar intencionalmente la escuela de formación docente con la combustión de los tachos reciclados que se encuentran en el primer piso. Además de otros mensajes intimidatorios desde hace dos meses que se fueron incrementando tras las PASO.El último fue un dibujo que colocaron en un lugar visible en el instituto: un Falcon verde (el auto de los grupos de tarea de la dictadura), con la leyenda “a la noche se viene vas a correr zurdo sorete”. En simultáneo a estos hechos, a fines de agosto fueron contra la casa de Eric Talamo, militante de Politica Obrera. Le pintaron iconografia nazi fascista en el frente de su casa. La Retaguardia charló con él. —Tras los hechos vividos estos últimos días ¿notas un recrudecimiento de los ataques de extrema derecha en el país?  —Este tipo de banditas, células fascistas, cada tanto operan. El año pasado yo recuerdo que vandalizaron locales partidarios de izquierda u organizaciones sociales. Operan de manera clandestina, cobarde, sin dar la cara. Ahora están operando en medio de la campaña electoral. Ellos saben que están cerca de ganar las elecciones, con candidatos de ultraderecha con los que se sienten identificados. Son bandas fascistoides que están operando en el distrito, como pasó en la UNSAM y el profesorado 113. —¿Cómo crees que debemos enfrentar estas acciones y ataques fascistas? —Este tipo de accionar se enfrenta con movilización, con solidaridad, con militancia, por las libertades democráticas, la educación, la salud, por el derecho al trabajo digno, con el pueblo laburante activo, y se debate de política en los barrios, para que el pueblo esté politizado y no permita este tipo de ideología que todos repudiamos.  —También dijiste en la Ronda de las Madres Línea Fundadora que no considerás al pueblo argentino un pueblo fascista.   —Que tengamos grupos fascistoides, fascistas como estos, no significa que la sociedad se haya vuelto fascista o que haya girado abruptamente a la derecha. El pueblo argentino es ejemplo en el mundo por la lucha por los derechos humanos. Cuando han querido avanzar en ese sentido, por ejemplo con las leyes del 2×1, el pueblo se movilizó masivamente rechazando este tipo de políticas. Ahora que estamos en una campaña electoral y ganan candidatos de extrema derecha, es porque la gente está buscando respuestas económicas para la vida cotidiana, engañada por falsas promesas de estos candidatos, pero no los votan en el sentido de una perspectiva fascista, los votan por promesas económicas para la vida cotidiana.  —¿Recibiste apoyo de organizaciones sociales y políticas? —Sí, tuve mucha solidaridad de organizaciones sindicales, sociales, políticas. Yo milito en Política Obrera, soy docente, y en el ámbito gremial tuve mucho apoyo.  —¿Quienes crees que son los mayores responsables de que estas acciones ocurran? —El Estado, que se tiene que hacer responsable de la seguridad de los compañeros. Responsabilizamos al Estado para que esclarezca este tipo de situaciones que no pueden ocurrir. —Tenés un tío  desaparecido por la dictadura genocida ¿Nos podés contar un poco quién fue tu tío? Y alguna reflexión como docente para los jóvenes sobre el significado de la memoria. —Bueno,  mi tío Jorge Eduardo Oshiro, desaparecido en el 76 con 18 años de edad, era un militante socialista, secundario. En su colegio militaba, volanteaba sus ideas políticas, debatía con sus compañeros, hoy hay muchos jóvenes que hacen lo mismo y está buenísimo que eso ocurra, que se debata en lugares de estudio. Él era músico, era artista, creo que la cultura es muy importante, uno puede expresar sus ideas, sus sentimientos, a través del arte. Yo creo que la juventud debe tomar ese legado y lo toman, porque los veo en los lugares de estudio y de trabajo accionar y activar. Creo que es muy importante también formarse, les recomiendo que estudien la política del siglo XX, las presidencias, los referentes políticos de esas épocas, porque las fórmulas se repiten, como las mentiras en lo económico. Por eso recomiendo que se formen, que estudien, que no se dejen engañar, que investiguen, que agarren los libros y que no compren cualquier spot de 30 segundos. La Retaguardia también habló con Elsa Oshiro, hermana de Jorge Eduardo Oshiro y tía de Eric. Elsa es referenta de la Asociación de Familiares de Desaparecidos de la Colectividad Japonesa. También integra el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos. Le preguntamos cómo analizaba que con cuarenta años de democracia pueda ocurrir un hecho así:: “Me da mucha pena lo que está sucediendo. Evidentemente, mientras creíamos que la sociedad argentina había dicho Nunca Más al Terrorismo de Estado, hubo un sector que revindicó siempre a los genocidas, y que hoy se expresa con fuerza, amparados por los grandes medios de comunicación, las fuerzas de seguridad y el aparato judicial. A 40 años del retorno a la democracia, creo que

Se acerca el final del juicio por los crímenes cometidos en el centro clandestino Sheraton, en la Comisaría de Villa Insuperable. En esta compilación inicial de historias, el foco está puesto en las infancias, que también sufrieron secuestros y torturas. Texto: Paulo GiacobbeEdición: Pedro Ramírez OteroCobertura del juicio: Fernando Tebele/María Eugenia Otero El 25 de noviembre de 2022 comenzó el cuarto tramo del juicio por los crímenes de lesa humanidad cometidos en el Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio “Sheraton” o “El embudo”, donde funcionaba la subcomisaria de Villa Insuperable, en la Provincia de Buenos Aires. Pasadas las 11.30 se constituyó el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y su presidente Ricardo Basílico fue saludando a las partes con un buenos días. El tribunal también lo conforman los jueces José Michilini y Adrián Grunberg.  Dos exmilitares del Grupo de Artillería 1 de Ciudadela son los acusados: el exoficial de Logística, Alejandro Federico Salice y el exjefe del Servicio de Finanzas y exjefe del Servicio de Administración, Roberto Horacio Sifón. Se trata este juicio de 26 casos de privación ilegal de la libertad y tormentos y 3 homicidios. Durante 2022 hubo cuatro audiencias que en total duraron apenas cien minutos. La agenda apretada del tribunal solo permitió la elevación a juicio, confirmaron que no había cuestiones preliminares, hicieron algún ordenamiento administrativo y los dos imputados se negaron a declarar.  “Me reservo el derecho de hacerlo oportunamente”, dijo Salice en relación a sus palabras. Cuando fue consultado sobre su estado de salud respondió: “Satisfactorio”. Roberto Sifón, en cambio, se declaró inocente y enfermo: “Permanezco aturdido, con mi salud afectada por causas de esta injusta imputación, espero sea debidamente aclarada y se me pueda desvincular de hechos horrorosos de los que no participé y mancillan mi reputación y honorabilidad”. Tanto Sifón como Salice se encuentran detenidos en sus casas. Este último está representado por un compañero de armas: Carlos Eduardo del Valle Carrizo Salvadores, un exmilitar condenado por crímenes de Lesa Humanidad por la Masacre de Capilla de Rosario, ocurrida en 1974 en Catamarca, pero fue absuelto por la Sala III de la Cámara de Casación Penal en 2016. El fallo fue apelado y será la Corte Suprema del 2×1 a los genocidas quien defina. Mientras tanto, Carlos Eduardo del Valle Carrizo Salvadores recorre los tribunales como abogado defensor.   El 8 de febrero de 2023 comenzaron las testimoniales que finalizaron el 21 de abril del mismo año. Algunas víctimas ya habían declarado en otros tramos de esta causa y, a fin de evitar sus padecimientos al relatar nuevamente hechos muy dolorosos, esos fragmentos se incorporaron por lectura. En esos testimonios, lo expuesto quedó acotado a los hechos nuevos de este juicio.  Marcela Patricia Quiroga pidió no tener visual de los dos imputados. Solo Salice estaba conectado y apagó su cámara. Quiroga fue secuestrada por el Ejército Argentino el 6 de septiembre de 1977 en un operativo realizado en Villa España, partido de Berazategui. Tenía 12 años. En la casa estaban su hermano Sergio, de 10 años, y su hermana Marina, de un año y medio. Había dos adultos, su madre María Nicasia Rodríguez y Arturo Jaimez. A María y Arturo los acribillaron a balazos y los desaparecieron; militaban en Montoneros. El cuerpo de María fue identificado por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) en 2007. Sergio y Marina fueron rebotando por distintas comisarías hasta que su familia pudo recuperarlos. Marcela fue trasladada al Centro Clandestino de Detención Tortura y Exterminio Vesubio y luego al Sheraton. Marcela Quiroga hizo un esfuerzo por recordar a todos los compañeros y compañeras que la cuidaron en esos lugares: Héctor Germán Oesterheld, Héctor Daniel Klosowski, Silvia Angélica Corazza, Adela Esther Candela de Lanzillotti, Enrique Horacio Taramasco, Josefina Lorenzo Tillard, Juan Marcelo Soler Guinard, Elena Alfaro, Pablo Bernardo Szir, Roberto Eugenio Carri, Ana María Caruso de Carri, Graciela Moreno, María del Pilar García Reyes, Juan Marcelo Soler Guinard, José Rubén Slavkin. Advirtió que no recuerda a todos y todas. A algunas de esas personas ya las conocía de antes, de la militancia de su madre. Por eso los represores la obligaron a señalar gente desde un auto. A sus compañeros y compañeras de cautiverio que no conocía de antes las pudo reconocer muchos años después. Mirando fotos en la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep) y en juzgados.  Después de un tiempo en Vesubio, Marcela había entrado en confianza con el grupo de secuestrados/as. Cuando le dijeron que la trasladaban no se quería ir. Se puso a llorar. Ella se quería quedar con Silvia y con Elena, las dos estaban embarazadas. Entonces Silvia le explicó que se iba a un lugar mejor, que iba a dormir sola y que la comida era mejor. Marcela llegó al Embudo acompañada de Héctor Oesterheld.   “En El embudo había muebles, yo venía de la ‘Sala Q’ que era un pabellón con las camas marineras y todos en el mismo recinto. Con los años entendí que era un pabellón de detenidos, solo que estaba cerrado con una reja y adentro  ese lugar estaba amoblado simulando una casa, las habitaciones que teníamos eran celdas, las camas eran de cemento, pero el pabellón principal tenía como una mesada y un calentador, pero nosotros solíamos calentar la merienda”, contó Marcela.  En otra habitación había una cama donde dormían y la usaban de asiento: “Había una mesa, un sillón y un módulo con varios libros… una radio de aquella época, mediana”. Y un archivo con tres máquinas de escribir y tres escritorios con asientos giratorios. Una oficina. A ese lugar concurrían algunas personas secuestradas de Vesubio a realizar trabajo esclavo. Cumplían horario de oficina, desde la mañana hasta la tarde. Ahí, en ese lugar, fue que se enteró del asesinato de su madre. Marcela jugaba en el archivo con las máquinas de escribir, mientras dos secuestradas “trabajaban”. Una le dictaba a la otra, que escribía a máquina nombres y apellidos de una lista, con números