desalojo
Esta mañana el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por decisión de la justicia porteña, desalojó a más de 100 familias. La mayoría eran niños/as y mujeres víctimas de violencia de género. Marina Joski, secretaria Nacional de Mujeres, Género y Diversidad de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), pasó por Hasta que vuelvan los abrazos, en la mañana radial de La Retaguardia y Radio Sur. (Por La Retaguardia)
Omar Guaraz, titular del Sindicato de Vendedores Libres de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), denunció que las y los manteros de Once que habían sido trasladados en el 2017 a dos galpones del barrio, van a ser desalojados. En diálogo con La Retaguardia, explicó que por falta de pago del Gobierno, la Justicia porteña ordenó el desalojo y más de 200 familias quedarían a la deriva. (Por La Retaguardia) 🎤 Entrevista: Fernando Tebele/Pedro Ramírez Otero ✍️ Redacción: Nicolás Rosales 💻 Edición: Diego Adur 📷 Foto de portada: Archivo Agustina Salinas/La Retaguardia En el año 2017 un centenar de manteros/as, trabajadores/as ambulantes que estaban en la calle vendiendo sus productos, fueron desalojados por la Policía de la Ciudad y luego trasladados a dos locales en el barrio de Once. Hace pocos días, nuevamente y a través de una orden judicial, el Gobierno porteño pretende sacarlos de allí. Omar Guaraz del Sindicato de Vendedores Libres de la CTA brindó más detalles: “El titular de los inmuebles es Manchego, Alberto. Uno (de los locales) está ubicado sobre la calle La Rioja y el otro en la calle Perón. Esta persona se dirigió a la Justicia después de que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires incumpliera el contrato. Uno de los predios, el de La Rioja, el Gobierno lo dejó de pagar antes de los inicios de la cuarentena obligatoria, y el otro pocos meses después. Por lo tanto, el dueño pide la restitución de los mismos y el desalojo. La deuda es de más de 21 millones de pesos de parte del Gobierno”. Guaraz, además, contó quiénes trabajan en esos predios: “En este momento debe haber unos 100 compañeros trabajando, la mayoría de edad avanzada, algunos con algún tipo de discapacidad y madres con niños”. “En el año 2017, el Gobierno hace uno de los desalojos más masivos. Había 2100 manteros en Once. También se les dijo que se les iba a dar solución a todos y que no se iba a permitir la ilegalidad. En aquel momento eran unos 16 mil. En concreto, en esos locales ingresaron 550 manteros, dando solución a solo un 3%. Mientras tanto, el Gobierno continuó con la represión hasta el día de hoy. Nosotros denunciamos apremios ilegales en la comisaría, que incluyeron torturas. Algunos oficiales de la Policía utilizaron una plancha caliente. Recordemos también que murieron dos compañeras, Beatriz Flores y María Berrechea”, recordó Guaraz. Por otro lado, describió la situación de vendedores ambulantes en otro barrio porteño, Flores: “En los últimos dos años hubo más de 7200 senegaleses detenidos, sin contar las otras colectividades. Hoy producto de la necesidad los vendedores volvieron a las calles”. Por último, el titular de Vendedores Libres expresó que “No hay diálogo entre vendedores y el Gobierno de la Ciudad”.
La Prefectura, con una orden judicial del Juzgado Criminal y Correccional Federal N°3 , cierra el acceso a vecinos y vecinas autoconvocadas de la Villa 21-24. Desde hace varios días, unas 200 personas que habitan esa villa porteña se encuentran ocupando terrenos baldíos linderos que son propiedad del Ferrocarril Roca, es decir que están bajo gestión nacional, no local. Compartimos el comunicado de la vecinas y vecinos autoconvocados e imágenes de una represión que todavía puede evitarse. (Por La Retaguardia)
Lo dijo Gervasio Muñoz, referente de la organización Inquilinos Agrupados en diálogo con el programa radial Viernes Culturales. Muñoz hizo una evaluación a un año de la sanción de la Ley de Alquileres. Además, admitió que es difícil la implementación y que no es sencillo obligar al mercado inmobiliario a cumplir lo que el Congreso decidió. También se refirió al rol del Estado y la necesidad de una política de acceso a la vivienda. (Por La Retaguardia) 🎤 Entrevista: Nicolás Berenstein/Mara Laporte ✍️ Redacción: Nicolás Rosales 💻 Edición: Pedro Ramírez Otero 📷 Foto de portada: Inquilinos Agrupados —A un año de sancionada la Ley de Alquileres, ¿qué balance podés hacer? —Se me ocurre hacer dos análisis: por un lado lo que tiene que ver con la implementación de la ley porque sabíamos que iba a ser difícil y que no es sencillo obligar al mercado inmobiliario a cumplir con lo que el Congreso o el Estado decide. Sabemos que hay ahí una pelea muy importante. Creíamos que el Estado nacional iba a tener un rol un poco más activo, y no lo tuvo. Lo esperamos, porque no nos cansamos de creer que lo va a tener en algún momento. El otro análisis es político, porque la Ley de Alquileres ha planteado una discusión importante que tiene que ver con el acceso a la vivienda. Discutir el fondo y no tanto si hay que construir una vivienda o no, sino qué modelo de acceso a la misma y qué modelo de Estado podría garantizarla. Este derecho, entonces, no puede estar en manos del mercado. Es fundamental un marco regulatorio y para nosotros la Ley de Alquileres es el comienzo. Campañas en contra de la Ley “Las empresas de los medios de comunicación llevan adelante una campaña en contra de la Ley muy fuerte, pero creo que la gran victoria es que se esté hablando del índice en los contratos de alquiler, que está en el 43%, cuando antes no había ningún tipo de discurso acerca de lo que sucedía con la regulación del Estado”, dijo el referente de la organización Inquilinos Agrupados. —¿Hubo alguna campaña mediática o del Estado en favor de la Ley? —No hubo una sola campaña planteando e informando los derechos conquistados en la ley. Es una forma de darle la señal al mercado inmobiliario de que pueden seguir haciendo lo que quieran y que el Estado no se va a meter mucho. El negocio del mercado inmobiliario es transversal a la clase política, al poder judicial, a los medios de comunicación y al sector de los grupos económicos más fuertes de Argentina. Pero además la propiedad privada se ha constituido en los sectores populares, y ahí nosotros tenemos un desafío muy importante, que es disputar el sentido. —¿Es lo que querían o le falta algo? —No era lo que queríamos. Nosotros negociamos esta ley que hoy está vigente con el macrismo, con la Cámara Inmobiliaria y con el apoyo en esa negociación del Frente de Todos. Queríamos que los alquileres se actualicen por salarios y por promedio entre inflación y salarios, pero el macrismo y la Cámara no querían, entonces cedimos. El gobierno de turno y otros sectores políticos querían que los alquileres se actualizaran cada seis meses. Cuando llega este gobierno, desde nuestra asociación le presentamos a la ministra de Hábitat, María Eugenia Bielsa, el proyecto de ley que verdaderamente queríamos. onde planteamos, entre otras cosas, un plazo mínimo de contrato de alquiler de siete años, para que los pibes puedan terminar la escuela viendo en la misma casa. También que los y las inquilinas tenemos voz y voto en las reuniones de las administraciones de consorcio, que el precio del alquiler está regulado por salarios, y un esquema de impuestos a las viviendas vacías. Cuando vieron todo esto apuraron la ley para que salga con lo que habíamos negociado con el macrismo y la Cámara Inmobiliaria. Entonces no era lo que nosotros queríamos, pero fue por lo que nosotros entendíamos el mejor proyecto para el momento político que estábamos viviendo. Así y todo, esta ley es la mejor posible en este gobierno también. —Un 40% de la población de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es inquilina, ¿existe un estimado de cuántas viviendas disponibles son alquilables? —En la Ciudad somos 3 millones de habitantes desde 1947, sobre eso hay 1,5 millón de viviendas, una vivienda cada dos personas. El exceso de oferta es importante. De esa disponibilidad de viviendas, 500 mil están en alquiler y se calcula que alrededor de 200 mil están vacías. Además, el 36% de la población alquila en el mercado formal y alrededor de un 5 o 6% alquila en villas, hoteles, pensiones, inquilinatos. En el 2000 esta población era de un 20%. Hoy, 20 años después, se duplicó llegando al 40%. Estimamos que en el 2030, 2035, más de la mitad de la población en la Ciudad va a vivir en viviendas alquiladas y la concentración de las mismas va a ser mucho más profunda. —¿Hay alguna forma de controlar que las inmobiliarias cumplan con la Ley de Alquileres? —Creo que ahí el rol del Estado es clave. Por otro lado, el Gobierno de la Ciudad tiene dos políticas de vivienda que son profundamente complementarias para los fines que persiguen: garantizar grandes negocios inmobiliarios vendiendo tierra pública, construyendo barrios en la periferia, dejando las ciudades al mercado, desregulando el suelo, el metro cuadrado, el precio del alquiler, precios de viviendas dolarizadas. Y la otra política es el subsidio para los que se cayeron del mapa y nunca más van a volver. Subsidios que terminan en manos de los propietarios y en el medio no hay nada. La Ley de Alquileres golpea esa lógica para plantear que nosotros no queremos subsidios. No porque tengamos prejuicios, sino porque no creemos que sea una política de vivienda. Por supuesto, no queremos construcciones de barrios a 60 kilómetros de las ciudades o que se venda y regale tierra pública. Lo que queremos es que
Lo dijo Gigi Krein, integrante de Consejerías de Vivienda de la Ciudad, en diálogo con el programa radial Hora Libre. Allí hizo mención al panorama actual de la situación de desalojos en contexto de pandemia y opinó sobre el aumento de la cantidad de gente que vive en situación de calle y la necesidad de que se lleve a cabo un nuevo censo popular. También denunció problemas estructurales y sostuvo que se dan tras una complicidad entre el sector hotelero, los alquileres, y el Gobierno porteño. (Por La Retaguardia) 🎤 Entrevista: Natacha Bianchi/Matías Bregante/Rodrigo Ferreiro ✍️ Redacción: Nicolás Rosales 💻 Edición: Pedro Ramírez Otero 📷 Foto de portada: Archivo Natalia Bernades/La Retaguardia Consejerías de Vivienda es una organización comunitaria que acompaña situaciones de desalojo, exigencias por viviendas dignas y acceso a las tierras como un derecho. Una de las últimas propuestas que se conocen es la que se presentó como un “Alquiler Social” ante el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de Nación y el Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC). Entienden que dicha propuesta no es una solución habitacional definitiva, pero sí abre un debate para las organizaciones sociales que trabajan estas temáticas. Gente en situación de calle “Estamos mal en este aspecto y además ahora se conocen los datos de un censo de personas en situación de calle que hizo el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Se habían empezado a juntar (María) Migliore (Ministra de Desarrollo Humano y Hábitat) con algunas organizaciones sociales que venían trabajando con el censo popular por fuera del oficial y que trabajan muy específicamente con este tema. Tienen Centros de Integración, ollas populares, hacen recorridos. Y estas organizaciones terminaron siendo expulsadas por la metodología censal que el Gobierno les proponía. Los cálculos de las organizaciones que pretenden hacer el censo popular de gente en situación de calle, claramente no son los números mentirosos que salió a decir el Gobierno, que dijo que solo hay mil personas en la calle hoy en la Ciudad. Por otro lado, se está considerado por primera vez y por la lucha de las organizaciones como Proyecto 7, incluir a la población que se encuentra hoy en los paradores. Que son a veces personas que las que lleva el Gobierno cuando quiere a través del BAP (Buenos Aires Presente). Falta hacer un conteo real, para exigir políticas reales a este drama”, comenzó describiendo Gigi Krein, integrante de Consejerías de Vivienda. Krein se refirió al Decreto de necesidad y urgencia (DNU) que prohibía los desalojos, que finalizó el 31 de marzo. “Ahí el Gobierno nacional y el de la Ciudad se parecen, porque rápidamente dan por sentado que acá ya pasó todo. Lo único que se hizo fue que si hay algún tipo de desalojo saquemos un protocolo de urgencia que solo engloba a alquileres formales. Se deberían tomar en realidad a los alquileres como un gran problema estructural, algo que se extiende por todo el país, y que de todas maneras con el pasado DNU tampoco esto era considerado, y los desalojos fueron apoyados por organizaciones sociales. Nosotros tenemos un dicho en las Consejerías de Vivienda que es triste pero real: una familia desalojada es una familia que queda en situación de calle”, planteó. En relación a la Ley Protección y Garantía Integral de los Derechos de las Personas en Situación de Calle y en Riesgo a la Situación de Calle, vigente en la Ciudad desde el 2010, la integrante de Consejerías de Vivienda opinó: “El Gobierno de la Ciudad debería incluir en el diálogo a las organizaciones sociales, eso en un principio se hizo. Pero después las desoyó, como pasó con el censo. Las participaciones a las que convoca el Gobierno son para cumplir con una formalidad y para que después no se les hagan denuncias”. Krein también mencionó lo que para las Consejerías de la Vivienda son dos variables de problemas estructurales en el ámbito porteño: “Uno es el de los subsidios habitacionales, y que el Gobierno en este último tiempo aumentó el monto. El tema es que ahí no existe alguna cláusula que obligue a los hoteles o pensiones a no aumentar los alquileres por una x cantidad de tiempo”. Por último, denunció: “Lo que pasa es que aumenta el subsidio y automáticamente aumentan los alquileres. No solo esto, sino que el Gobierno de la Ciudad exime de pagar el ABL (Alumbrado, Barrido y Limpieza) al sector de este tipo de viviendas. A hoteles que sabemos que en la pandemia hicieron desalojos, o que maltratan y abusan al colectivo travesti trans, o que no le quieren alquilar a una mamá con hijos e hijas. Y la segunda razón del problema estructural es que hay una complicidad total entre el Gobierno y los hoteles para que en los alquileres no se acepten a las niñeces”. Además agregó que no existe un plan de vacunación contra la Covid-19 que contemple a la gente en situación de calle.
El Gobierno de la Ciudad a través de la Dirección de Fiscalización Urbana que depende a su vez del Ministerio de Espacio Público, confeccionó un acta de intimación en la que advertía multas y un plazo de 48 horas para retirar las huertas en la vereda de la calle César Díaz al 3300, en el barrio porteño de Villa Santa Rita. Matías Lockhart, escritor e integrante del colectivo El Reciclador y de Acción Huerta Urbana, dialogó con el programa radial Mis hijos están con el padre y brindó más detalles de esta situación. (Por La Retaguardia) 🎤 Entrevista: Silvio Florio/Braulio Domínguez ✍️ Redacción: Nicolás Rosales 💻 Edición: Diego Adur 📷 Fotos: Facebook El Reciclador Urbano/Matías Lockhart “Me dedico a temas de huertas hace más o menos tres años, a partir de conocer a Carlos Briganti (conocido como El Reciclador, impulsor de este colectivo). Estamos organizándonos para extender la idea de que cualquiera puede tener una huerta, tenga espacio o no. Estamos con huertas en las veredas a través de Acción Huerta Urbana que es una de las patas importantes de El Reciclador”, se presentó Matías Lockhart. El integrante del colectivo El Reciclador describió dónde están ubicados y cómo trabajan coordinadamente con la comunidad vecinal: “Estamos en la calle César Díaz, en el barrio de Villa Santa Rita. Hace ya un año comenzamos con cubiertas de autos decoradas, con alimentos, hablando primero con las y los frentistas. Porque uno de nuestros lemas es ‘con el frentista todo, sin el frentista nada’, con lo cual hablamos con los vecinos y vecinas, nos ponemos de acuerdo: quienes quieran, deseen y se comprometan a cuidar las huertas, los ayudamos a instalarlas dentro del espacio público”, explicó. Matías Lockhart junto a la huerta de César Díaz al 3300 En un tono sarcástico, criticó a las autoridades del Gobierno porteño que conciben a las huertas urbanas como un peligro inminente: “Hoy, esto que hacemos es algo clandestino, como algo fuera de la ley, una amenaza. Tenemos tomates asesinos, berenjenas secuestradoras, copetes extorsivos. Somos muy revolucionarios con esto que hacemos”, ironizó. La inspectora Carla Grassi fue quien intimó a que se retiraran las huertas de la vereda, pero Lockhart ya había tenido también un conflicto semejante con uno de sus vecinos que le envió una carta documento el año pasado, sencillamente porque le molestaban las cubiertas sobre la vereda. Tal fue así que tuvieron que moverlas a la vereda de enfrente. Este año se sumaron cuatro intimaciones más, pero ya de parte de Gobierno de la CABA: “Hicimos una vigilia, pasaron tres días sin que ocurriera nada, hasta que aparecieron las funcionarias, que yo ya las conocía de la calle Roseti (Chacarita) porque fueron las mismas que estuvieron allá”. Las funcionarias se enteraron de la resistencia vecinal a través de las redes sociales y su superior les ordenó que fueran a tomar las medidas correspondientes. Por último, Matías intentó analizar la lógica que emplean estos y estas funcionarias a la hora de regular el espacio público: “Una de las cosas que más les molestan son las cubiertas. Creo que si ellos no hacen esto, no pueden justificar el presupuesto con sus propuestas, porque les encanta romper las veredas, es como su razón de ser. Ellos tienen que regular el espacio porque si no es un caos. Quieren que nosotros y nosotras seamos ordenados, que sigamos las pautas, y que no nos corramos de los carriles permitidos. Nos ven como a infantes, a quienes tienen que encarrilar”, señaló. La huerta urbana resiste. Quienes la eligen, trabajan en comunidad y a pesar de las intimaciones del Gobierno y las amenazas de algunos vecinos, sueñan con seguir creciendo: “Vamos a afianzar los vínculos vecinales, porque la idea es no retroceder. Educarnos para en un futuro instalar una compostera. Desde el Gobierno nos dijeron de palabra que no nos van a sacar. No hay huerta atrás”, aseguró.
Miles de familias del popular barrio porteño duermen con la idea que en cualquier momento les puede llegar una orden de desalojo. Eso les sucedió el pasado martes a las familias que viven en Vespucio 65. Un desmedido operativo policial se presentó en el lugar por orden de un juez subrogante. Finalmente se pospuso el desalojo por 30 días. El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires sigue pensando que arregla el problema habitacional con subsidios de escaso valor y poca duración. Compartimos un fotoinforme de una jornada tensa. (Por La Retaguardia) 📷 Fotoinforme: Emiliano Rojas Salinas 💻 Edición: Fernando Tebele
Lo dijo Rosa Herrera, abogada e integrante de la Liga Argentina por los Derechos Humanos quien sostuvo un extenso diálogo con el programa radial Hasta que vuelvan los abrazos, en la mañana de La Retaguardia. En esta oportunidad habló acerca de la Casa Santa Cruz, ubicada en el barrio de Parque Patricios, vivienda desde hace 18 años para 106 familias. Amenazadas por un posible desalojo, convocaron a una conferencia de prensa, a una movilización, y a resistir hasta intentar torcerle el brazo al Gobierno porteño. (Por La Retaguardia) 🎤 Entrevista: Julián Bouvier/Alfredo Grande ✍️ Redacción: Nicolás Rosales 💻 Edición: Fernando Tebele 📷 Fotos: Natalia Bernades El edificio de Santa Cruz 140, una ex fábrica textil ubicada en el barrio porteño de Parque Patricios, se encuentra nuevamente en pie de lucha frente a un posible desalojo por parte del Gobierno de la Ciudad. Quienes resisten y la defienden, convocaron a una conferencia de prensa realizada el pasado lunes al mediodía en la puerta del edificio y llevarán adelante una movilización el miércoles 9/12. —La Retaguardia: ¿Cómo está la situación al día de hoy? —Rosa Herrera: Las familias de Santa Cruz, que hace 18 años que viven en el edificio en Parque Patricios, a pesar de la situación de pandemia, aislamiento y ahora distanciamiento social, estuvo permanentemente en lucha y resistencia. Distintas organizaciones y compañeros/ras estamos acompañando la lucha de las familias. Porque en plena pandemia, que se había dictado oportunamente una feria judicial, se habilitó justamente para que se prosiga con el proceso y juicio de desalojo. El Poder Judicial no tuvo ningún tipo de sensibilidad de hacer una suspensión del proceso atento que los 131 niños, niñas y adolescentes y 106 familias que viven en el edifico también fueron afectadaspor el Covid-19 y la situación de resistencia se agudizó porque también tuvieron que garantizar todos los días la olla y los cuidados que todos estamos haciendo frente al Covid. El 13 de Agosto, la Cámara Civil Sala A confirmó el desalojo. Lo que nos preocupa es que hasta el momento el Gobierno de la Ciudad, como el principal responsable político de garantizar una vivienda digna a estas 106 familias, no nos está dando respuestas concretas de solución habitacional. Las familias no están dispuestas a estar en la calle. Lamentablemente, hoy por hoy, están todas las condiciones dadas, no tenemos fecha, para que antes de fin de año se pueda producir y materializar el desalojo en plena Ciudad de Buenos Aires, la más rica y con el mayor presupuesto del país. Justamente estamos con unos vencimientos, porque nosotros ante esta falta de respuesta del gobierno iniciamos un amparo para exigirles que garanticen el derecho a una vivienda digna, y el Gobierno de la Ciudad, sistemáticamente, niega cualquier posibilidad de situación concreta de solución definitiva a las familias de acceso a la vivienda. Únicamente ofrece esos subsidios de montos insuficientes, que son de 8000 pesos, montos que están totalmente desactualizados. Es imposible que las familias puedan acceder a desalojos formales, y el mismo gobierno se presenta al Poder Judicial y dice que las familias no están acreditadas, supuestamente para ellos, que están prácticamente en situación de calle y que las familias no están en situación de vulnerabilidad. Hemos presentado todas las pruebas a nuestro alcance para acreditarlo. Hay un alto grado de desocupación de las familias que viven en Santa Cruz. Subsisten por trabajos informales, por changas que fueron perdidas en este momento de pandemia. Están comiendo de ollas y comedores populares. Y en estas condiciones avanza la situación de desalojo. El decreto 320, modificado por el 766 que emitió el gobierno nacional, abarcó a un sector de la población que accede a contratos de locaciones formales, y no atiende a toda la población que vive en exclusión total. Porque hay un sector en la Ciudad de Buenos Aires que vive en una exclusión histórica. Están expuestos a desalojos de hecho. A través de patotas, de mecanismo de utilización de incendios. En este caso, la orden viene emanada por el Poder Judicial, por eso lo denunciamos como insensible, pero el juez tiene que emanar la orden en armonía con todos los derechos de la Constitución Nacional, de la ciudad y de los tratados internacionales, que es la garantía del acceso a la vivienda digna. Si no es arbitraria, y por más que sea desde un juez, no deja de ser un desalojo forzoso violatorio de los derechos humanos básicos de las personas. —LR: En un proceso de desalojo judicial, ¿puede negarse un gobierno a realizarlo? —RH: Depende de casa caso concreto. En el caso de Guernica, el desalojo fue ordenado por un juez de garantías en el ámbito penal, porque las familias eran imputadas por usurpación. Entonces, en un tema penal es mucho más difícil, pero no imposible. Esa mesa de negociación que se estaba llevando adelante con diferentes actores era el camino para poder seguir. Y me parece que la protección de niños, niñas, adolescentes, de las mujeres, y el derecho a la vivienda, que es un derecho reconocido de igual jerarquía que el derecho a la propiedad privada valía, y era el deber del Estado continuar todo el tiempo necesario para poder llevar a buen puerto las negociaciones y así lograr una respuesta positiva. No hay impedimento, sí hay que tener voluntad política. En el caso de Santa Cruz, como en otras situaciones diferentes que se dan en la Ciudad de Buenos Aires, y en el lugar que nosotros más nos movemos que es el vinculado a los derechos económicos, sociales y culturales vinculados a la vivienda, se dan desalojos por usurpación mal utilizando irregularmente el fuero penal. Criminalizando estas problemáticas que responden a causas sociales. En Santa Cruz utilizan la justicia civil. Esto ya lleva 11 años de juicio. Y las familias viven hace 18 años allí. ¿Quién reclama la propiedad? La obsesión del gobierno porteño con esa propiedad puede hacer presumir que se trata de tierra fiscal. Sin embargo, no es así. Lo explicó Rosa Herrera:
Horacio Lalli, socio fundador y uno de los trabajadores de la cooperativa del Hotel Bauen, diálogó con Fernando Tebele y Pedro Ramírez Otero en el programa La Retaguardia. Allí comentó la situación actual a partir de una nueva fecha de desalojo prevista para el 2 de diciembre. También repasó los 16 años de lucha y resistencia tras la recuperación luego de una quiebra fraudulenta, destacando la solidaridad, el reconocimiento y apoyo de la sociedad. (Por La Retaguardia)“Estas son cosas que se vienen sucediendo de un tiempo a esta parte y que cada vez se van a ir complicando más porque la idea que tiene acá el Gobierno de la Ciudad es ir tratando de esmerilarnos de la mejor manera que puedan para ver si de una vez por todas pueden consumar el desalojo del Hotel Bauen, cosa que vamos a resistir. Y una de las medidas que van tomando es que nos van aplicando clausuras, en este caso por dos libretas sanitarias. Son cosas que pueden pasar pero quizá con un llamado de atención de una situación así también se puede solucionar. Sin embargo viene la clausura con guardias policiales. Teníamos eventos, un “Tattoo” (evento de tatuajes) para hacer, tuvimos que desarmar todo. Lamentablemente el daño que nos han ocasionado a nosotros desde el momento que nos vetaron la ley de expropiación, no paran y nos mandan el desalojo permanentemente”, comenzó detallando Horacio Lalli, uno de los socios fundadores de la cooperativa del Hotel Bauen.El trabajador mencionó un plazo determinado: “la fecha de desalojo fijada está prevista para el día 2 de diciembre, es el último plazo del cual fuimos notificados. Estamos trabajando sobre eso, nosotros vamos a hacer lo que hicimos siempre, trabajar de manera pacífica. Vamos a resistir la medida, vamos a pedir el acompañamiento que hemos pedido siempre. Estamos proyectando nuevamente una noche de vigilia y que se entienda de una vez por todas que nosotros lo único que queremos es trabajar. No queremos ningún edificio no queremos que nos regalen nada, es más nosotros somos los primeros en pegar el grito en que este es inmueble que está enclavado en plena Ciudad de Buenos Aires pertenece al Estado. Queremos conservar las fuentes de trabajo porque los tiempos que están pasando son muy difíciles. Esto se manejó siempre de una manera muy espuria, con quiebras fraudulentas. A nosotros nos costó mucho ponerlo en funcionamiento, llevamos 16 años trabajándolo. Somos 60 familias que no queremos quedar en la calle”.En referencia al anterior intento de desalojo aclaró: “Teníamos una situación parecida a esta, y la Cámara en ese momento ordena frenar todo y darle una revisión otra vez. Fue una decisión judicial, donde se citaron las partes, nosotros estuvimos charlando con quienes reclamaban el inmueble. Aún así, en ese momento, dando algunas pautas como para que esto pueda tener un viso de solución, ellos no han hecho nada. Ni siquiera lo que la justicia les ha recomendado, que si bien a nosotros nos obliga a salir y que tiene que aplicar la indemnización a todos los trabajadores y 50 de ellos tomados bajo dirección patronal. Sabemos con qué bueyes aramos y sabemos que eso no va a ocurrir simplemente porque esta solución que la Cámara propuso en su momento a través de la jueza es la solución que hubiese evitado el conflicto ya por aquel año 2001. Entonces la pregunta se cae por sí sola, si no lo hicieron antes, ¿Por qué lo van a hacer ahora?. DESCARGAR
La semana pasada se realizó un desalojo en una vivienda porteña. Nada que no ocurra todos los días. Sin embargo, algo cambió, porque quienes sufrieron la represión denunciaron el uso de pistolas Táser. Iliana Llanos, habitante la “Casa Santa Cruz”, contó en el programa La Retaguardia que conducen Pedro Ramírez Otero y Fernando Tebele, cómo la policía reprimió para desalojar la vivienda de Caseros y Solís, también en el barrio Parque Patricios. Además denunció que su hijo de 5 años fue lastimado por la Policía de la Ciudad. Según su testimonio, la policía usó las pistolas Taser; sería la primera vez que se ve su uso. (Por La Retaguardia) Los desalojos de viviendas en la CABA son diarios. Una de las zonas más afectadas es la que marca un límite entre Parque Patricios y Barracas. Suspendido por ahora el de la calle Santa Cruz, debido a la gran resistencia de organizaciones sociales, vecinos y vecinas, la Policía de la Ciudad realizó el miércoles un operativo que terminó, no sólo con el desalojo, sino también con 7 personas detenidas (que fueron liberadas a la mañana siguiente) y una represión que no reparó en alcanzar a los niños y niñas. En contra de la orden del juez Al referirse al desalojo, Iliana se notó un tanto sorprendida. “Nosotros estamos en comunicación permanente con los vecinos de la Casa Solís, mediante un grupo de Whatsapp. Ayer (por el marets) se logró suspender el operativo, y se acordó que las familias iban a ser citadas en quince días por el juez. Entonces no vimos que peligrara la situación de las familias, por lo menos por quince días. Y a la mañana (del miércoles) nos mandan un mensaje que por favor nos acerquemos que volvieron a vallar las cuadras que eran las de Caseros y la de Rondeau, que también había un micro lleno de policías. Nosotros, de la Casa Santa Cruz, estamos a cinco cuadras y fuimos. Yo fui con mis niñes, porque no tenía con quien dejarles, a hacer el aguante y hacer difusión desde acá también. Nos encontramos con que ya había un operativo preparado para desalojar a las familias. De hecho yo me comuniqué con quien estaba a cargo del operativo, me confirmó que era para la Casa Solís, y cuando llegó la oficial de justicia, que se llama Bárbara, ella dio la orden de que comiencen a avanzar con todo el operativo de manera muy violenta”. El desalojo y la violencia Llanos relató con detalles el hecho, “Estábamos al menos seis mujeres abajo, habíamos familias que estaban adentro de la casa, que ya estaba toda sellada también, y en medio de todo eso estaban mis dos niñez también, que no pudieron entrar a la casa. Nos empezaron a empujar, primero personal masculino de policía de la ciudad a pegar. Cuando les dijimos que no nos podían tocar, porque eran justamente masculinos, y que llamaran a las femeninas, nos dijeron que nos iban a desalojar igual, que ya se había acabado todo el jueguito. Les empezaron a pegar a las vecinas, me pegaron a mí, empezaron a forcejear. Les pegaron a mis niñes que están lastimades. Nos empezaron a tirar gases. Usaron balas de goma para reprimir. Las familias desde adentro, se negaron y se resistieron a quedarse en la calle. La policía se quedó muy ensañada, porque cuando lograron entrar a la casa empezaron a sacar a las familias a patadas, les pegaron a las mujeres, a una vecina que está embarazada le pegaron en la panza y en la cara con los palos”, señalóIrregularidadesIliana en su relato denunció que “una de las contestaciones que hicieron los abogados que pertenecen a la Liga Argentina por los Derechos Humanos fue que ni siquiera las familias están censadas como para que el operativo fuese de manera pacífica y las familias tuvieran un lugar adonde ir, que no quedaran a la deriva. Por eso ayer nos habíamos quedado tranquilas, de alguna manera, porque como se pensaba hacer una citación en quince días, eran puntos a tratar también de cómo dejar el inmueble y de cómo se hace para que las familias no queden desprotegidas. Les obligaron a firmar un acta, le pegaron a otra mamá con un bebé de menos de un mes. Fue todo muy violento, no pensábamos que iba a ser así”. El 690 (subsidio habitacional) una solución a medias Muchos desalojos se realizan a cambio de un subsidio que reciben las familias, que poco tienen que ver con los inconvenientes que encuentran cuando quieren alquilar una habitación de hotel. “Hoy está actualizado y es de 5000 pesos, y los hoteles están cobrando 14.000 pesos. Los hoteles cobran por día y por cantidad de habitantes. Si vos no lo podés acreditar con un recibo, se recibe el subsidio por dos meses y se corta. No se puede alquilar en un hotel cuando tenés más de dos niñes. Y se sabe que siempre son las mismas y pocas personas que administran los hoteles, que además reciben subsidios del Estado”, agregó. El debut de las taserHasta el momento La Retaguardia no había registrado un hecho en el que se hayan utilizado las pistolas Taser. Al respecto Llanos declaró: “Me dispararon, nunca las había visto una en mi vida, me pude correr. Le intentaron disparar a otra vecina también”, y lo enmarcó en una represión fuerte: “Los más pequeños están lastimados. Se llevaron detenidas a dos personas que pertenecen a la organización Proyecto 7. Yo tengo la filmación de cómo se los llevaban, que no se están resistiendo y que les pegaban igual. Mis hijes tienen 5 y 6 años, están raspados, lastimados. Reconocen la cara de quienes le pegaron, fue todo muy traumático. A la gente la bajaron con patadas en la cola y con palos”, aseguró. DESCARGAR