ESMA
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El TOF N°5 volvió a negar la posibilidad de que el imputado por delitos de lesa humanidad recibiera el beneficio de la prisión domiciliaria. El pedido llevado a cabo por su defensa, ya había sido rechazado en abril y la Cámara de Casación insistió en julio. Sandoval fue extraditado hace pocos meses desde Francia después de haber escapado de la justicia durante años. (Por La Retaguardia) ✏ Redacción: Diego Adur 💻 Edición: Fernando Tebele En una resolución de esta mañana, el TOF N°5 resolvió “mantener en un todo el rechazo del arresto domiciliario de Mario Alfredo Sandoval”. La Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal había solicitado que se revalúe la posibilidad de brindarle el beneficio al genocida, extraditado a la Argentina a fines del año pasado por el secuestro y la desaparición de Hernán Abriata, el 30 de octubre de 1976. Los votos de Carlos Mahiques y Guillermo Jacobacci fueron decisivos en la recomendación de Casación al TOF 5, que sin embargo se mantuvo firme en su decisión. De todos modos, el fallo de Casación provocó el pedido de recusación formulado por los abogados Ariel Noli y Adrián Krmpotic por la querella encabezada por Carlos Lordkipanidse y Patricia Walsh, que también integran algunos sobrevivientes de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos (AEDD). El rechazo a la solicitud de la prisión domiciliaria de Sandoval se basó, entre otras cuestiones, en un informe emitido por la Unidad Penitenciaria 34 de Campo de Mayo, donde el imputado por delitos de lesa humanidad se encuentra en prisión preventiva a la espera de juicio, que por ahora sólo sería por el secuestro y la desaparición de Hernán Abriata, ya que la extradición es por ese caso únicamente. Desde la U34 aseguran que “el equipo de salud de este establecimiento se encuentra abocado a fortalecer las medidas de vigilancia activa, detección temprana y aislamiento, al seguimiento clínico de las personas alojadas, especialmente a quienes pertenecen a grupos en riesgo para COVID-19 y a la asistencia de todo evento de urgencia y/o emergencia que se presenten”. Además, mencionan que el genocida “se halla alojado en el pabellón A, en el cual actualmente se encuentran alojados (09) internos, estando solo en la habitación N° (03)”, por lo que cumple perfectamente con las normas de aislamiento dispuestas por el Ministerio de Salud, que deberían ser las condiciones de detención de todas las personas privadas de su libertad, pero alcanza sólo a quienes tienen privilegios por haber pertenecido a fuerzas de seguridad. Por último, afirman que “Sandoval reviste el carácter de asintomático, siendo además que el resultado del hisopado nasofaringeo que se le realizó dio resultado negativo” y detallan que el imputado se encuentra en buen estado de salud “sin sintomatología de Covid”. El TOF N° 5 también mencionó en su comunicado de rechazo los pedidos de la querella unificada encabezada por Patricia Walsh y Carlos Lordkipanidse y la querella integrada por Pablo Llonto, quien planteó que “la concesión del arresto domiciliario supone un altísimo riesgo procesal que pondría en peligro las obligaciones estatales de investigar, juzgar y sancionar las graves violaciones a los derechos humanos”. Más adelante, el Tribunal aseguró que “de ningún modo se ha obstaculizado el acceso al derecho a la salud del encartado Sandoval; más bien todo lo contrario, pues se han tomado todas las medidas pertinentes para aislarlo y prevenir su contagio” y, con fecha 10 de agosto, resuelven mantener el rechazo a la prisión domiciliaria de Mario Churrasco Sandoval.
El TOF Nº5 rechazó el pedido realizado por la defensa de Jorge Eduardo Tigre Acosta, para acceder al beneficio de la prisión domiciliara después de haber dado positivo su testeo por coronavirus. Acosta fue internado ayer en el Hospital Naval, al que fue trasladado desde el Penal de Ezeiza, donde cumple su condena a prisión perpetua a la que fue condenado en varios tramos de la megacausa ESMA. (Por La Retaguardia) ✏ Redacción: Fernando Tebele 💻 Edición: Pedro Ramírez Otero 📷 Foto de portada: Acosta antes de la sentencia en ESMA III (AFP)El Tigre Jorge Acosta, quien se encuentra desde ayer en el Hospital Naval de Parque Centenario, al que fue trasladado después del resultado positivo del hisopado que le realizaron por Covid-19, deberá regresar al Penal de Ezeiza cuando reciba el alta. Ayer, mientras era llevado al hospital, sus abogados volvieron a presentar un pedido para que se le otorgue el beneficio de la prisión domiciliaria. Con velocidad, el Tribunal Oral Federal en lo Criminal Nº5, respondió hace instantes con su decisión: “Mantener en un todo el rechazo del arresto domiciliario de Jorge Eduardo Acosta, resuelto el 17 de abril próximo pasado; en el entendimiento de que el presente es un complemento de lo resuelto oportunamente en aquel resolutorio”. El TOF considera que su enfermedad no debe cambiar su condición de detenido, porque “no se advierte un trato más gravoso respecto de Acosta, o que pueda ser tildado como cruel o indigno, por lo que no habrá de hacerse lugar al pedido de prisión domiciliaria efectuado por la defensa”. Las querellas habían solicitado este rechazo ayer mismo. El informe médico del SPF, del 27/7, en el que Acosta y Etchecolatz dieron negativo por Covid-19, pero permanecieron preventivamente en aislamiento.Tiene la firma de un médico pediatra. (Foto: La Retaguardia) Acosta fue el jefe del grupo de tareas 3.3.2 que con base en la ESMA secuestró, torturó y desapareció a miles de personas. Estaba cumpliendo aislamiento preventivo desde el 19 de julio, por el contacto estrecho con otro genocida condenado, con que el que convive en uno de los pabellones especiales de la Unidad carcelaria 31 de Ezeiza, especialmente acondicionado para quienes participaron en el Terrorismo de Estado imperante en el país durante la última dictadura cívico-militar-eclesiástica hasta 1983. En esa unidad, las condiciones distan de tener el hacinamiento en que viven las y los presos en el resto de las cárceles del país. El 27 de julio, el hisopado realizado a Acosta resultó negativo, al igual que el de Miguel Etchecolatz, otro alto jerarca del autodenominado Proceso de Reorganización Nacional. Sin embargo, tras un nuevo testeo, ambos dieron positivo ayer. El genocida Etchecolatz también volvió a intentar que le otorguen el beneficio, pero resulta difícil pensar que los varios tribunales que lo condenaron, coincidan en dárselo.
La Cámara Federal de Casación Penal devolvió al TOF 5 a cargo de la megacausa ESMA un pedido de domiciliaria rechazado a Mario Alfredo Sandoval, acusado por delitos de lesa humanidad. Una de las querellas pidió la recusación de los dos camaristas que votaron a favor de esta decisión. Sandoval fue extraditado desde Francia por la desaparición de Hernán Abriata en diciembre del año pasado. Estuvo oculto en ese país desde 1985. (Por La Retaguardia) ✏ Redacción: Diego Adur💻 Edición: Fernando Tebele📷 Foto de portada: Sandoval cuando llegó extraditado desde Francia (Reuters) Mario Alfredo “Churrasco” Sandoval fue subinspector de la Policía Federal. En 1985 se radicó en Francia, donde fue docente de la Universidad de París, La Sorbona, y hasta actuó como asesor en el gobierno de Nicolás Sarkozy. En diciembre del 2019 fue extraditado a la Argentina por el caso del secuestro y desaparición forzada de Hernán Abriata, ocurrido el 30 de octubre de 1976. Desde 2012, familiares y amistades de Abriata -entre ellos Carlos Loza, integrante del Encuentro Militante Cachito Fukman, quien compartió cautiverio con Hernán en la ESMA- realizaron todo tipo de pedidos y reclamos a Francia para la extradición del genocida.El 17 de diciembre del año pasado, después de que el represor agotó todas las instancias legales y políticas, Sandoval llegó a la Argentina y quedó con prisión preventiva a la espera de juicio ante el Tribunal Oral Federal N° 5. Quedó detenido en la Unidad 34 del Servicio Penitenciario Federal, en Campo de Mayo. En abril y julio de este año, el TOF 5 ya había rechazado dos pedidos de prisión domiciliaria para Sandoval, pero el viernes pasado la Sala II de Casación retomó esa solicitud argumentando que en la prisión donde se encuentra el genocida se registraron 28 casos de personas contagiadas de Covid-19 y 2 represores que fallecieron por esa causa, por lo que solicitó al TOF que revea su expida nuevamente sobre estos nuevos hechos, pero esta vez sin que medie un pedido de la defensa de Sandoval. Los camaristas Guillermo Yacobucci y Carlos Mahiques fueron quienes votaron a favor de la domiciliaria, a pesar de que el resultado del testeo a Sandoval había dado negativo. El juez Alejandro Slokar votó en contra. Después de lanzada la propuesta, la querella encabezada por Patricia Walsh y Carlos Lordkipanidse, que incluye además a integrantes de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos (AEDD) pidió, a través de los abogados Ariel Noli y Adrián Krmpotic, la recusación de los camaristas Yacobucci y Mahiques por “pérdida de imparcialidad” en sus decisiones. La querella argumentó que la propia Cámara de Casación está actuando en el lugar de la defensa del genocida. La querella volvió a pedir hoy que se rechace este nuevo intento de salir de la cárcel.Sandoval está esperando juicio frente al TOF 5 en lo que será el V tramo de la Mecagausa ESMA. Si bien el represor fue extraditado a la Argentina solo por el caso de Hernán Abriata, “Churrasco” está acusado por más de 600 casos de de secuestros, torturas y desapariciones.
El abogado querellante en distintas causas de lesa humanidad, señaló que no hay ocultamiento de archivos. Fue luego de que se identificara una ex Centro Clandestino por un desclasificado por EE.UU. Llonto lo contó en el programa Hasta que vuelvan los abrazos por Radio La Retaguardia. (Por La Retaguardia) 🎤 Entrevista: Fernando Tebele/Giselle Ribaloff ✏ Redacción: Diego Adur 💻 Edición: Pedro Ramírez Otero El domicilio de la calle Bacacay 3570, en el barrio porteño de Floresta, fue identificado como un Centro Clandestino de Detención Tortura y Exterminio. La casa está ubicada en la misma manzana que otro ex CCDTyE, conocido como Automotores Orletti. Si bien existían indicios que situaban en la calle Bacacay, y cerca de Orletti, la confirmación se produjo a través de un documento desclasificado de Estados Unidos: “El tema de la existencia de ‘algo’ esa calle estaba hace tiempo. En el procesamiento de la causa Orletti, en la lectura de su documentación, había una referencia de una exagente de inteligencia, de apellido Nieto, que había mencionado que un grupo de la SIDE operaba en una base en la calle Bacacay y después se habían trasladado a Automotores Orletti. Después, recientemente, apareció un documento desclasificado de los Estados Unidos que habla con precisión de esa calle. Con la dirección exacta uno puede corroborar si el inmueble existe y buscar si hay algún testimonio que diga haber sido llevado a un inmueble de esas características”, explicó Pablo Llonto, abogado querellante en la causa. A diferencia de otras oportunidades donde son las y los propios sobrevivientes quienes llevan adelante las investigaciones para determinar los sitios utilizados por la dictadura para detener y torturar personas, una vez que la Justicia obtuvo la dirección exacta del domicilio contrastó los testimonios de las víctimas que podrían haber estado allí con las características del lugar: “El juzgado de (Daniel) Rafecas citó, por vía digital, a personas que hablaron de determinadas características que tenía el lugar al que habían sido llevadas. Por ejemplo, un sótano pequeño, pisos de madera, etcétera. Cuando estos testimonios se cotejan con la descripción de la casa de la calle Bacacay, coinciden. Ahí es cuando se le pone nombre y apellido de Centro Clandestino a este lugar. Ha sido un trabajo de unir centenares de datos que llegan con los años. Hay un montón de hipótesis dando vueltas en todo el país. Está buenísimo que ocurra, pero si no hay víctimas no hay centro clandestino. Esto pasó con la calle Bacacay. Hoy, ya se puede afirmar que fue un centro clandestino”, aseguró. Por el momento, el inmueble y las personas que compraron la propiedad están bajo investigación judicial y se dio la orden de no realizar ninguna modificación en la casa. “Todo indica que la familia que está ahora compró de buena fe. Ha habido un acuerdo de no innovar. Mientras, continúa la investigación del recorrido que tuvo el inmueble. Después estará la decisión, en este caso del Gobierno de la Ciudad, de expropiar ese inmueble para convertirlo en un sitio de memoria. En el resto del país, hay un montón de lugares como que no se expropiaron”, contó el abogado. Documentos desclasificadosUn acuerdo entre Argentina y Estados Unidos pactado hace muchos años, permitió la entrega de documentación desclasificada de los archivos secretos del gobierno norteamericano durante el terrorismo de Estado en Argentina. Los documentos, que en casos como el de Bacacay tienen suma importancia para la reconstrucción de la memoria, son seleccionados por organismos de Estados Unidos, quienes deciden qué enviar a nuestro país: “Los distintos gobiernos de Estados Unidos que hubo en los últimos 20 años fueron entregando al gobierno argentino cuatro tandas de documentación. La última entrega fue, paradójicamente, del gobierno de (Donald) Trump al gobierno de (Mauricio) Macri. No por la voluntad de ambos sino porque este es un compromiso asumido estatalmente y los distintos gobiernos lo van cumpliendo. Se van entregando de acuerdo a la desclasificación que se origina en Estados Unidos. Es la voluntad de Estados Unidos, que entrega los documentos que ellos deciden entregar, no todos. Ellos abren, leen, separan, clasifican, tachan —muchos documentos han llegado tachados—, y los entregan en tandas. En la última tanda se entregaron documentos que ya eran desclasificados de la CIA y del FBI, que tienen más información que los que entregaban antes del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Agradecemos y exhortamos a que sigan entregando, pero sabemos que la selección de esos documentos la hace personal de los Estados Unidos”, aclaró Llonto y especificó: “Son los diálogos que mantuvieron personal de la Embajada de Estados Unidos con funcionarios de la dictadura. Del ’76 al ’83, hablaron con policías, militares, ministros, genocidas, con un montón de gente. Lo que contaban estos personajes era enviado a las distintas instituciones de gobierno de Estados Unidos”.¿No hay ocultamiento de archivos? Una consigna habitual de Madres, familiares y organismos de derechos humanos reclama la apertura de archivos. Llonto fue categórico al decir que esos archivos, si existen, no están siendo ocultados. Aseguró que, en Argentina, los archivos que sobrevivieron a la “limpieza” que hicieron los genocidas tras el decreto del último presidente de facto Reynaldo Bignone, están disponibles para ser consultados por cualquier juez que lo disponga. El inconveniente, contó, es el poco personal habilitado para hacerlo en relación con los volúmenes de documentación para revisar: “Si un juez pide una documentación recibe la respuesta. Los archivos de la represión y de la dictadura fueron destruidos. Lo que hay que investigar es el resto de los archivos que colateralmente pueden tener información. Por ejemplo, en los legajos de los militares, que no fueron destruidos, puede hallarse una carta o mensaje de ese militar dando información sobre algo. Hay miles y miles de documentos esperando que se los revise. No alcanza el personal y no alcanza el tiempo. Macri desarmó y desfinanció los equipos de investigación. No hay archivos cerrados en la Argentina”, opinó para cerrar.
Son alrededor de 50. Aquello que parece obvio, sólo podría llegar a cumplirse a partir de un pedido de la querella encabezada por Patricia Walsh, hija del periodista desaparecido en la ESMA, y Carlos Lordkipanidse, que sobrevivió al terror de ese centro de torturas y exterminio, que fue aceptado por el TOF N° 5. Los querellantes le habían expresado al tribunal la preocupación por la ausencia de controles a los genocidas que cumplen prisión domiciliaria. Como consecuencia, el TOF consultó al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos si cuenta con dispositivos, por lo que se supone que, de estar disponibles, ordenaría que sean utilizados para los imputados de la megacausa. (Por La Retaguardia) ✏ Redacción: Diego Adur/Fernando Tebele💻 Edición: Fernando Tebele Desde que comenzó la crisis sanitaria desatada por la pandemia de coronavirus, según datos de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad que dirige María Ángeles Ramos, 180 genocidas condenados o imputados por crímenes de lesa humanidad han solicitado acceder al beneficio de la prisión domiciliaria en todo el país. Fueron concedidas 35, de las cuales 26 ya fueron efectivizadas y 9 están pendientes. 131 fueron rechazadas.En la megacausa ESMA, la querella iencabezada por Patricia Walsh y Carlos Lordkipanidse, a través del doctor Ariel Noli, solicitó al TOF que se controlen las prisiones domiciliarias de los genocidas. Las que fueron otorgadas en 2019 y 2020, en muchos casos se concedieron sin el uso de los dispositivos electrónicos de control, que suelen ser tobilleras o pulseras. La excusa suele ser “la falta de disponibilidad de dispositivos”. Sólo en esta causa, la más voluminosa de las vinculadas a crímenes de lesa humanidad, son cerca de 50 quienes cuentan con ese beneficio.En el escrito presentado esta semana en Comodoro Py, una de las querellas de la megacausa ESMA señaló que, además de volver a destacar su postura en contra de que se le otorgue el beneficio de prisión domiciliaria a los imputados y condenados por crímenes de lesa humanidad, “resulta imprescindible se efectúe un estricto control de dichas prisiones domiciliarias”. Por lo tanto, mandó a consultar al Programa de Asistencia a personas bajo vigilancia electrónica, que depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, si hay disponibilidad de tobilleras o pulseras “antes de resolver”. Pero cabe suponer que si el tribunal que preside Daniel Obligado, hace la consulta, es porque tiene la intención de responder al pedido de la querella y que se les coloquen a los genocidas los dispositivos de monitoreo electrónico correspondientes. El escrito de la querella fundamentó este pedido considerando el riesgo que existe para la seguridad de los testigos si los represores no son debidamente controlados . Como ejemplo, citaron los casos de la segunda desaparición de Jorge Julio López y el asesinato de Silvia Suppo, ambos testigos y querellantes además de “decenas de otros hechos intimidatorios y amenazas recibidas a testigos y querellantes”.Uno de los antecedentes que figura en este escrito es cuando se le quitó el beneficio de prisión domiciliaria a Etchecolatz en 2006 por comprobar que el genocida, condenado en varios juicios a cadena perpetua, contaba con armas de fuego en su propiedad en Mar del Plata, donde llevaba a cabo su arresto domiciliario. También menciona otros antecedentes sobre la falta de control durante las prisiones domiciliarias: como el del médico de la Brigada de San Justo “Juan Antonio Vidal, que estuvo más de 8 años prófugo, la fuga del Jefe del Pozo de Banfield, Juan Miguel Wolk o los paseos prohibidos en bicicleta del represor del Destacamento 101, Carlos Hidalgo Garzón”.La querella “entiende que el beneficio otorgado, además de no corresponder a derecho, genera un peligro inminente que recae sobre la seguridad y la integridad física de las víctimas del Terrorismo de Estado”, por lo que las prisiones domiciliarias deben ser estrictamente controladas.Además solicitaron que hasta que no haya una eficaz colocación de los dispositivos electrónicos, “se efectúe un control diario del cumplimiento de dicha prisión domiciliaria a través de visitas diarias en diferentes horarios”.Este jueves, se dio a conocer la respuesta del TOF. Resolvió la “Del mismo modo, comuníquese con la coordinadora de esa repartición pública, a fin de recabar el estado actual de los trámites de olocación pendientes y, en su caso; informe lo relativo a la factibilidad de implementar su colocación con la mayor premura posible”. Algunos de los genocidas de la Megacausa ESMA que actualmente gozan con el beneficio de la prisión domiciliaria son: Rodolfo Agusti Scacchi, Juan Antonio Azic, Raúl Armando Cabral, Carlos Antonio Capdevila, Carlos Mario Castelvi, Miguel Conde, Daniel Cuomo, Alejandro Domingo D’agostino, Francisco Armando Di Paola, Ruben Óscar Franco, Miguel Ángel García Velasco, Orlando González, José Ángel Iturri, Luis Ambrosio Navarro, Jorge Luis María Ocaranza, Edgardo Aroldo Otero, Guillermo Horacio Pazos, Francisco Lucio Rioja, Juan Carlos Rolón, Néstor Omar Sabio, Hugo Héctor Siffredi, Gonzalo Dalmacio Torres de Tolosa, Claudio Orlando Vallejos, Eugenio Bautista Vilardo y Ernesto Frimón Weber, entre otros.
Mercedes Soiza Reilly, quien fue fiscal en el tramo más relevante de la Megacausa ESMA, opinó en el programa Oral y Público de Radio La Retaguardia acerca de los pedidos de prisión domiciliaria que realizaron genocidas condenados por crímenes de lesa humanidad por la pandemia de Coronavirus. La abogada detalló las resoluciones dictadas por la justicia y los protocolos de prevención aplicados por el Servicio Penitenciario Federal para preservar la salud de los detenidos. 🎤 Entrevista: Fernando Tebele✏ Redacción: Diego Adur 💻 Edición: Fernando Tebele📷 Foto: Camilo del Cerro Una comisión interna del Servicio Penitenciario Federal estuvo encargada de informar acerca de los potenciales pacientes de riesgo que existen en las distintas instituciones carcelarias en vistas de la pandemia del virus COVID-19. A partir de ese informe, las defensas de decenas de genocidas en todo el país condenados por crímenes de lesa humanidad, solicitaron a la justicia el beneficio de excarcelación y/o prisión domiciliaria. Mercedes Soiza Reilly, ex fiscal del Ministerio Público durante el tercer tramo de la Megacausa ESMA, contó a La Retaguardia acerca de esos pedidos que , en su mayoría, están siendo rechazados por la justicia. La abogada aseguró que el SPF cumple con las resoluciones y protocolos establecidos por el Gobierno para que prevenir y evitar el contagio del virus de los presos: “Hay una crisis sanitaria global que hoy es prioridad. Esto repercute en el estado de hipersensibilidad que se maneja dentro de los lugares de encierro. Da lugar a que se desencadenen los pedidos de los presos para salir, ya sea bajo prisión domiciliaria o por excarcelaciones. Sabemos que las condiciones de detención en las cárceles argentinas son, en la mayoría de los casos, infrahumana. Lo hemos denunciado. A la vez, sabemos que las condiciones de detención en los pabellones de lesa humanidad son diametralmente diferentes. Según los informes del Servicio Penitenciario Federal (SPF), se están manteniendo las condiciones de higiene general. Además, los pabellones de lesa humanidad no están superpoblados; eso no es poco. No hay hacinamiento, como ocurre en otras unidades penitenciarias con presos ‘comunes’. Hay espacios para mantener la distancia entre personas y tienen atención médica las 24 horas. No es un dato menor a la hora de hablar si se concede o no se concede una prisión domiciliaria”, aseguró Soiza Reilly en su primera columna radial en La Retaguardia, y expresó que parecería ser que se vienen rechazos mayoritarios por parte de cada tribunal. “Ninguna de las resoluciones que hasta ahora se han tomado a nivel estatal, con todos los poderes en juego, hacen pensar en una salida indiscriminada de personas imputadas de graves crímenes. Muy por el contrario. La normativa trae que las instituciones penitenciarias deben establecer protocolos de emergencia. En ningún momento dice nada de conceder libertades ni prisiones domiciliarias. El Servicio Penitenciario ya puso en práctica estos protocolos y estas directivas. No habla de una liberación indiscriminada sino, por el contrario, hablan de un cuidado interno, intramuros”, dijo.Vale destacar dos cuestiones importantes que señaló Soiza Reilly. Aún no hay reportes de contagios dentro de las unidades penitenciarias. Además, de existir alguno, dentro de las prisiones contarán con un servicio de salud que, probablemente y a medida que avance la pandemia en nuestro país, estará colapsado fuera de los penales. “Lasas preguntas que nos hacemos son: si se conceden esas libertades, ¿quién garantiza que en los domicilios estas personas no contraigan el virus? ¿Cómo hacemos para controlar que los convivientes no hayan estado en contacto con el virus? Cuando avance el estado de la pandemia la salud pública va a estar colapsada. Los presos de lesa humanidad alojados en sus domicilios también van a sufrir las consecuencias de ese colapso. Estos datos son los que están tomando los tribunales para rechazar la concesión de estos beneficios. Otro dato: no se registran contagios en las unidades penitenciarias, lo que significa que la situación puede verse controlada. Hay un plan de contención epidemiológico para evitar no solo la propagación sino también la detección a tiempo del causante. El 24 de marzo se aprobó un protocolo maravilloso por lo que contiene: Detección, diagnóstico precoz, aislamiento preventivo y aislamiento sanitario por Coronavirus en todos los establecimientos penitenciarios del país. Es para todos los presos del país”, expresó la abogada. De todos modos, si se produjeran contagios en los pabellones de presos comunes, la situación podría ser la contraria, porque allí sí hay hacinamiento y reina la desatención médica y la desidia.De los 200 genocidas condenados en todo el país que aún permanecen en instituciones penitenciarias, más de 70 pidieron el beneficio al tiempo de la publicación de esta nota. Soiza Reilly aclaró que, en caso de concederse los beneficios, la medida debería durar hasta que se logre frenar la pandemia: “No hay que perder de vista que el beneficio no es automático. Hay que analizar las posibilidades de otorgamiento en cada uno de los casos. En caso que se concedan, estas medidas son de carácter excepcional y extraordinario. Están sujetas al plazo que dure esta crisis sanitaria”, cerró.
Carlos Lordkipanidse y Patricia Walsh, querellantes en la megacausa ESMA, presentaron este mediodía un escrito en el que le solicitan al juez Rodolfo Canicoba Corral, a cargo temporalmente del Juzgado Nº12, que realice “una inspección ocular, en forma urgente, de los inmuebles denunciados”, en referencia a las dos últimas casas que formaron parte del circuito represivo de la ESMA y que fueron ubicadas en octubre de 2018 y en enero de 2020 por los testimonios de quienes sobrevivieron y con el acompañamiento de La Retaguardia. El sobreviviente y la hija de Rodolfo Walsh firmaron el escrito en tanto querellantes. También pidieron que se cite a declarar por este tema a los imputados en la megacausa. (Por La Retaguardia) 📝 Texto 👉 Fernando Tebele ☝ Foto de Portada 👉 El documento presentado hoy, recién sellado por el Juzgado Nº12 📷 Foto de la casa 👉 Archivo La Retaguardia/Natalia Bernades A la izquierda Carlos Lordkipanidse, acompañado por el abogado Ariel Noli, en el momento de la presentación del escrito ante el juzgado a cargo de Canicoba Corral.(La Retaguardia) “La misma se encuentra en la calle Lugones 3649, de la localidad de Pacheco, Tigre, provincia de Buenos Aires. Pudo ser individualizada por varios sobrevivientes, por lo que tenemos la certeza que la misma formó también parte del circuito represivo de la Marina, como otro ‘anexo’ al CCD que funcionaba en la ESMA y su campo de deportes. Asimismo, esta parte tiene la certeza que dicha quinta resultaba, a la fecha de funcionamiento de dicho ‘anexo’ al circuito represivo de la Marina, de titularidad del padre de uno de los represores, de apellido Peyón”. De esa manera, Carlos El Sueco Lordkipanidse y Patricia Walsh le piden a la justicia que profundice la investigación en torno de la casaquinta que fue utilizada como centro de torturas por parte de los represores de la ESMA. Lo hicieron este mediodía ante el juez Rodolfo Canicoba Corral, temporalmente a cargo del Tribunal Federal Nº12 en reemplazo de Sergio Torres, quien ahora integra la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. Listado de secuestrados/as que fueron llevados/as ala casaquinta según consta en la presentación de hoy. El escrito lleva la firma de Lordkipanidse, sobreviviente de la ESMA, quien relató a La Retaguardia que fue llevado a la quinta ubicada en General Pacheco junto a su entonces esposa, Liliana Pellegrino, y los pequeños hijos en común, como parte de una veintena de personas secuestradas de las cuales aproximadamente la mitad está desaparecida. Además del Sueco, suscribe el pedido presentado hoy Patricia Walsh, la hija del escritor Rodolfo Walsh, asesinado y desaparecido por los represores de la ESMA. Ambos comparten querella en la megacausa. El Sueco se acercó al juzgado hoy junto al abogado Ariel Noli. En el escrito solicitaron la urgente visita ocular, no sólo de la casa de Pacheco, sino de la anteriormente ubicada en la localidad de Don Torcuato. En este último caso, Lordkipanidse hizo la denuncia durante su declaración en el cuarto tramo oral y público de la megacausa. El 22 de octubre de 2018, sentado frente al Tribunal Oral Federal Nº5, mostró por primera vez las fotos de la casa ubicada en Richieri 1325, Don Torcuato, también Partido de Tigre. “Cumplimos con un paso más en cuanto a la planificación de lo que significa denunciar estos lugares. Digamos que esta es la etapa más burocrática en la búsqueda de la verdad”, le dijo El Sueco a La Retaguardia luego de la presentación. Además le piden al juzgado que “se solicite al Registro de la Propiedad Inmueble de la Provincia de Buenos Aires informe el índice histórico de titularidad de dichas fincas”. Como ya anticipó La Retaguardia, se sabe que para febrero de 1980, fecha en la que las personas secuestradas fueron llevadas a la quinta recientemente ubicada en Pacheco, la casaquinta pertenecía al padre de Fernando Enrique Peyón, uno de los más feroces torturadores de la ESMA. Si bien el plazo para responder por parte del tribunal a cargo de Canicoba Corral sería de tres días, “esos plazos no siempre se cumplen”, nos señaló una fuente judicial. El frente de la casa junto a la pileta de forma irregular. Cuando las personas secuestradas fueron conducidas allí un domingode febrero de 1980, el inmueble pertenecía al padre del torturador Fernando Enrique Peyón.
La casaquinta de General Pacheco que los y las sobrevivientes reconocieron como el lugar al que fueron llevados a pasar el día durante sus secuestros, pertenecía en 1980 a Raúl Enrique Antonio Peyón, el padre -también marino- del feroz torturador Fernando Enrique Peyón. Los documentos que prueban que la casa operaba como sucursal del terror de la ESMA. Los nuevos testimonios de Ana Testa y Daniel Oviedo, que reconocieron haber estado allí por fotografías, más el aporte de Liliana Pellegrino, Carlos Lordkipanidse, María Eva Basterra, Blanca García de Firpo, Osvaldo Barros y Víctor Basterra, más la fiscal Mercedes Soiza Reilly y el ex integrante de HIJOS, Pablo Iglesias, aportan otro trazo grueso al círculo de la memoria histórica que nunca se termina de cerrar. (Por La Retaguardia) 📝 Texto 👉 Fernando Tebele 🔎 Investigación periodística 👉 Fernando Tebele 👉 María Eugenia Otero📷 Edición de Fotos documentales 👉 Natalia Bernades 💻 Edición de audios testimoniales 👉 Paulo Giacobbe ☝ Foto de Portada 👉 Aporte histórico de Víctor Basterra, que sacó fotografías desde su cautiverio. Sin esta fotografía, por ejemplo, sería quizás imposible conocer su rostro, ya que al no haber llegado al juicio, no se lo ha registrado fotográficamenente, salvo esta de Basterra. Noviembre de 1978 Hace pocos días que Liliana Pellegrino fue secuestrada. Está tirada sobre una de las camas del sótano de la ESMA, una especie de recepción del festival del horror cotidiano de ese lugar siniestro al que todavía no dimensiona. La venda en los ojos agudiza el resto de sus sentidos. Por eso puede sentir que alguien se le acerca, primero a través de los pasos; luego por el calor del cuerpo que se le sienta al lado, rodillas contra rodillas. —Levantate la capucha —dice el captor a su lado.—No, no quiero.—Levantate la capucha —ya es una orden. Cuando obedece, Liliana puede ver al hombre al que todos llaman el Giba o Quasimodo, por una suerte de joroba en su espalda. —¿Querés fumar? —le pregunta, volviendo al tono cómplice, que nunca deja de ser duro.—Sí. Fernando Enrique Peyón se saca el cigarrillo de su boca. Lo sostiene entre su pulgar y su índice derecho. Lo acerca a la cara de la cautiva. —Fumá.—Gracias, pero no quiero —dice ella cuando se da cuenta. El asco puede más.—Te digo que fumes —vuelve a ordenar el Giba Peyón y luego sigue con tono tranquilo, como si nada—. Quiero que sepas que yo tengo en mis manos la vida y la muerte de tu pareja. Lo podría haber matado cuando lo secuestré pero no quise. Todo depende… pero tengo el poder de hacerlo. Eso es lo único que quiero que sepas. El silencio sólo queda interrumpido por la respiración agitada de Liliana, que piensa en Carlos Sueco Lordkipanidse, su pareja. “Bueno, bajate la capucha”, le dice Peyón antes de irse. Con esa presentación, Pellegrino se acaba de enterar quién es el Giba, uno los más feroces del Grupo de Tareas 3.3.2. *** Casi 40 años después, Pellegrino está en Suecia, donde vive. Llegó desde Buenos Aires hace una semana. No puede dejar de mostrar asombro cuando le decimos que La Retaguardia pudo establecer que la casa que ella reconoció hace días como aquella a la que los genocidas llevaron a las personas cautivas en febrero de 1980, pertenecía en ese tiempo a Raúl Enrique Antonio Peyón, el padre del Giba. “Me conmovió muchísimo saber quién la había tenido, sobre todo el saber que la encontramos. Es esa. Me conmovió porque ahí estuvieron con vida compañeros que pocas semanas después desaparecieron completamente: el grupo Villaflor, el Pata Pared, la Gringa Ponti, Ardetti, Lepíscopo”, dice vía telefónica. La Retaguardia pudo confirmar, a través del documento que acompaña esta nota, que Peyón padre le compró la casa el 8 de julio de 1972 a Horacio Blas Berretta, un arquitecto que murió en 2010. No podemos registrar (al menos hasta ahora) que el hombre de apellido calificativo tuviera algún vínculo con Peyón. Por la época de la compra, habría que descartar que la quinta sea parte del botín de propiedades de las personas secuestradas, que en general eran sometidas a firmar falsas ventas en favor de genocidas, testaferros o empresas creadas con esa finalidad. “No hay que olvidar que junto a la operatividad estaban los negocios, y ellos hacían negocios”, dice Víctor Basterra desde una convalecencia que no le impide aportar datos a la memoria histórica. “Era un psicópata torturador. Estaba en inteligencia y operaciones. Tenía un resentimiento contra buena parte de la humanidad. Su nombre completo era Fernando Enrique Peyón”, dice el escribano de la memoria. “Fue el autor de mis primeras torturas”, señala. El documento que prueba que Raúl Enrique Antonio Peyón, el padre de El Giba, fue dueño de la casaquinta entre 1972 y 1984. (La Retaguardia) Peyón, el torturador Cuando La Retaguardia consulta quién era Peyón, todos y todas comienzan por el mismo lugar. Fue quien, en medio de la tortura de Basterra, salió a buscar a Eva, su beba de apenas tres meses, para torturarla junto a su padre, que se negaba a decir nada por más que le dieran máquina hasta ocasionarle dos infartos. Contamos ya en la nota anterior, que Peyón se topó con el acto heroico de la secuestrada Blanca de Firpo, que la tomó en sus brazos y la apretó contra su pecho para evitar que el Giba se la llevara al infierno. “Poné que soy La Betty, porque así me decía Cachito Fukman”, nos pide ella, que está de paso por Buenos Aires, porque también vive en Suecia. Junto a Carlos Lordkipanidse, hizo el primer reconocimiento de la casa que acompañó este medio, en junio de 2019. “A Peyón lo conocía de la tortura -nos cuenta-, pero mucho más cuando vino a buscar a Eva para torturarla y yo se la saqué y la cubrí con mi cuerpo. Así quedó mi columna… Era un sádico que disfrutaba de hacernos daño”. Cuando se refiere a su columna, da cuenta de la paliza posterior, consecuencia de su
Tres de las pocas personas que consiguieron salir con vida de la ESMA fueron junto a La Retaguardia a una casa de Gral. Pacheco. La identificaron como el lugar al que los genocidas llevaron a un grupo de prisioneros “a pasar el día”. Carlos Lordkipanidse, Blanca García de Firpo y Liliana Pellegrino aseguran que la casa de Lugones 3649 es la última de las quintas del circuito de sucursales de la ESMA que faltaba ubicar. El rol de la investigadora Marisa González y el del escribano de la memoria, Víctor Basterra. Lordkipanidse anunciará los pasos a seguir este jueves, a las 15:30 horas, en la Ronda de las Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora. (Por La Retaguardia) 📝 Texto 👉 Fernando Tebele 🔎 Investigación periodística 👉 Fernando Tebele 👉 María Eugenia Otero📷 Fotos 👉 Natalia Bernades ☝ Foto de Portada 👉 La imagen de la casa y de la pileta. A la izquierda de la palmera, el árbol señalado por Pellegrino. Febrero de 1980 -Día de campo El sol ardía con toda su fuerza. Era pleno verano y el calor no sorprendía, agobiaba. Escaparse a un lugar abierto, con verde y pileta, era seguramente un gran plan. Pero algunas personas, en esa época de aquella Argentina oscura, lo último que podían hacer era escapar, aunque pensaran todo el tiempo en eso. El auto conducido por Ricardo Miguel Sérpico Cavallo, uno de los genocidas más temerarios de la ESMA, tenía un acompañante obligado: era El Sueco, Carlos Lordkipanidse, que todavía estaba secuestrado en la ESMA. No existía el GPS, por lo que El Sueco le indicó cómo llegar a la casa de su madre, en La Rioja e Hipólito Irigoyen, en el barrio porteño de Once. Estaban yendo a buscar a su esposa, Liliana Pellegrino, y a sus dos hijos en común: María Victoria, de casi 3 años, y Rodolfo, que apenas había cumplido un año y que había estado secuestrado en la ESMA junto a su padre. Ella sabía que irían a buscarles, porque ya había recibido un llamado teléfonico para avisarle que se preparara: el plan era ir a una quinta a pasar el día. Pellegrino había estado secuestrada dentro de la ESMA entre noviembre de 1978 y finales de abril del ‘79. Para los genocidas estaba libre, pero vigilada. Podría decirse, con mayor precisión, que su condición era de secuestrada a cielo abierto: la vigilaban todo el tiempo, y sabía que con Carlos secuestrado, cualquier desmarque que intentara lo pagaría él.Cerca de las 10 de la mañana sonó el timbre. Ya sabía quiénes eran, así que salió con su niño y su niña, y subió al vehículo. Hacía meses que no veía a su compañero Carlos. Se alegró por eso. Cuando recibía algún indicio de que aún estaba vivo, tal vez algún llamado telefónico, veía un brote de esperanza que no terminaba nunca de florecer, pero que asomaba como posible: algún día, tal vez, la pesadilla podría terminarse. Luego de una hora y media de camino, llegaron a la casaquinta. Alrededor era todo campo. Apenas ingresó el auto en la propiedad, ambos terminaron de saber que cada detalle de ese día lo debían guardar en su memoria, aunque todavía no entendieran bien por qué. Junio de 2019 – El tanque de forma rara Es sábado a la mañana. La intensidad de la lluvia amaga con hacer imposible el reconocimiento. Es el peor día del mundo para ir a una zona de quintas. El frío es intenso, pero la ansiedad nos abriga. Hace unos días, El Sueco nos convocó a una reunión. Como toda persona que vivió los setenta, tiene cuidado y hasta cierta paranoia totalmente justificada: hay cuestiones que no se abordan por teléfono y mucho menos utilizando el Whatsapp. “Es importante. Venite a casa”. Estaban con él algunos de los integrantes del Encuentro Militante Cachito Fukman, que se creó este año con el nombre del sobreviviente de la ESMA, que murió hace tres años. Cachito y El Sueco se consideraban hermanos. Todos en esa reunión deseábamos que estuviera allí.Era fácil adivinar por dónde podía venir la cosa. No hacía tanto que los y las sobrevivientes, colocados en el rol que debería tener la justicia de averiguar qué pasó en cada instante de la dictadura, hallaron la tercera de las casaquintas que funcionaban como sucursales de la ESMA. La primera se ubicó entrada la democracia, quedaba en Thames y Panamericana; hoy está demolida. La segunda fue la Isla El Silencio, la propiedad de la Iglesia Católica que se halló exactamente en los primeros años del nuevo siglo. La tercera fue encontrada en octubre de 2018, en Don Torcuato. Queda una cuarta, quizá la última, y El Sueco está por anunciarnos que creen haberla encontrado. Hay algunos indicios que surgen de los testimonios y contribuyen de manera esencial a la búsqueda. Los aportó, cuando no, Víctor Basterra. En sus diversas declaraciones, tanto en el Juicio a las Juntas como en los cuatro tramos de la megacausa ESMA, Víctor sostuvo que “una de las quintas a la que nos llevaron era en la zona de Pacheco. Lo recuerdo porque quedaba cerca de la planta de la Ford. El colectivo 60 pasaba por la puerta”.Vamos en dos autos. En uno van tres sobrevivientes: Lordkipanidse, Blanca García de Firpo y Carlos Loza. El Sueco y La Bety Firpo estuvieron en la quinta de Pacheco; Loza no, pero cuenta con una virtud que los demás carecen: tiene una copia de la causa judicial ESMA en su cabeza. En el otro auto viajamos dos integrantes de La Retaguardia junto a Marisa González, quien aportó el primer indicio de que pudiéramos estar yendo al lugar indicado. González es argentina, pero vive en España desde sus 15 años, en 1975: “Cuando mis padres, niños de la Guerra Civil Española, vieron que la violencia parapolicial se nos acercaba, decidieron volver a Asturias. Fue muy traumático para mí. Cuando volví a la Argentina en 1989, me encontré con que muchos amigos ya no estaban. Me costó mucha
Churrasco, como le decían cuando formaba parte de la patota, fue extraditado por el caso de Hernán Abriata, secuestrado el 30 de octubre de 1976 y luego desaparecido. Fue llevado a la Unidad 29 de Comodoro Py, a disposición del juez Canicoba Corral, quien quedó a cargo de modo subrogante del Juzgado Nº12, donde se realiza la instrucción de la megacausa ESMA. La extradición de Mario Alfredo Sandoval fue festejada por la familia de Abriata, incluso por su madre de 93 años, que grabó un video de agradecimiento. (Por Diego Adur y Fernando Tebele para La Retaguardia) Foto de portada: Sandoval esta mañana conducido por personal de la Policía Federal Argentina, la fuerza a la que pertenece. (captura de video de AFP) Finalmente llegó el día. Cuando el vuelo AF229 de la empresa Air France aterrizó en Ezeiza, pasada las 10 horas, Carlos Loza, sobreviviente de la ESMA en integrantes del Encuentro Militante Cachito Fukman, estaba en Colombia sin poder despegarse del teléfono esperando la noticia. Loza es una de las personas que más peleó por conseguir la extradición de Mario Sandoval, un integrante de la Policía Federal acusado por haber participado del genocidio en la ESMA. En diálogo con La Retaguardia Loza no ocultó su emoción: “esto es un logro de mucha gente que la peleó. Si bien en Francia tomaron el caso de Hernán Abriata, y la extradición es sólo por su caso, se le pueden atribuir muchos otros, entre 600 y 800”. El sobreviviente también se mostró conmovido porque el arribo de Sandoval a Buenos Aires se dio exactamente en la misma fecha en la que Loza fue secuestrado y llevado a la ESMA. “Yo los 16 de diciembre por lo general ni salgo a la calle, por lo que significa para mí. Por eso también me mueve muchas cosas”, indicó emocionado.El último paso que había dado su familia en esta larga lucha había sido la presentación de una carta a la nueva embajadora de Francia en Argentina. Fue el día que se cumplieron 43 años del secuestro. En ella, hacían referencia a la avanzada edad de la madre de Hernán, que fue parte de la lucha de todos estos años y hoy presentó un video publicamos en esta nota, agradeciendo a quienes la acompañaron en el largo camino recorrido hasta conseguir la extradición. Sandoval estuvo en libertad hasta el miércoles de la semana pasada, cuando se cerró la última instancia del proceso de extradición. Ese 11 de diciembre, la Gendarmería francesa lo detuvo. Hoy arribó pasadas las 10 horas en un vuelo de Air France, y fue rápidamente trasladado hacia el Edificio de Comodoro Py 2002, donde seguramente nombrará un abogado y decidirá si declara o no, antes de que Canicoba le dicte la prisión preventiva, de la que difícilmente pueda zafar como lo ha hecho de la justicia durante todos estos años. Canicoba Corral está como subrogante en el Juzgado Nº12 que tiene a cargo la instrucción de la ESMA y que quedó sin juez desde que Sergio Torres pasó a formar parte de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Buenos Aires.En su “nueva vida” en Francia, Sandoval fue profesor de la Universidad de La Sorbona y también del Instituto de Altos Estudios de Latinoamérica, en París. Además se camufló políticamente. Obtuvo la ciudadanía con información falsa, ya que se ocultó, por ejemplo, que su nombre figura en la CONADEP. Cuando comenzó el proceso de extradición, sus propios compañeros/as docentes pidieron su expulsión. En la ESMA Sandoval fue visto en la ESMA por Víctor Basterra, testigo esencial de la megacausa, tanto por el extenso período de su secuestro (1979/1983), como por su tarea de fotografiar rostros y listados dentro de la ESMA. En una de sus participaciones en el programa radial Oral y Público, Basterra recordó haber visto a Sandoval allí adentro. “En realidad para mí era Churrasquito. Así le decían porque era un tipo muy atildadito, de esos tipos que venían, medio siniestros, oscuros. Aunque lo conocí en el año ’80, ya venía de antes, de mucho antes, seguramente ya había pasado por Coordinación Federal, por el circuito ABO (Atlético-Banco-Olimpo) porque formaba parte de esa camada de tipos que ingresaron e integraron el grupo de tareas de la ESMA. En el año ’80 aparecía periódicamente trayendo y llevando información, pertenecía a la Policía Federal, estos tipos se encargaban de hacer todo un seguimiento de las historias y de la resolución de la vida o muerte de los compañeros, siempre muy atildado, muy bien vestido, era un caballerito inglés. Este tipo resulta que después aparece como asesor de Sarkozy”. La llegada VIDEO: 🇦🇷 Argentine ex-police officer Mario Sandoval, linked to the murder of hundreds of people during the country’s “dirty war”, arrives at Buenos Aires airport after France extradited him to face trial over the disappearance of a student pic.twitter.com/ZCJHnsOhJi — AFP news agency (@AFP) December 16, 2019 El represor llegó a la Argentina en calidad de detenido bajo la custodia del Comisario Egdardo Martín Moses y el Inspector Federico Javier Abrahan, y fue trasladado a la Unidad N° 29 del Servicio Penitenciario Federal. Entre el día de hoy y mañana se le tomará declaración indagatoria en los Tribunales de Comodoro Py.La familia de Hernán Abriata también mostró la satisfacción por este primer largo paso hacia una posible condena.El caso de Abriata conmovío en julio de 2017 cuando se supo que se había hallado en las paredes de la ESMA un mensaje de amor para su compañera, Mónica Dittmar: “H.A. Mónica te amo” La extradición de Sandoval significa una victoria en el proceso de Memoria Verdad y Justicia. Así como para la familia, amigos y amigas de Abriata, quienes mantienen una lucha incansable desde hace más de 7 años mediante presentaciones tanto en Argentina como en Francia para lograr la extradición. El día, finalmente, llegó, y Sandoval está preso en el país en el que se cometieron los delitos por los que está acusado.