espacio público
Organizaciones sociales y asambleas barriales convocan a una conferencia de prensa para el lunes 6 de septiembre a las 11 frente a la Legislatura porteña. Presentarán un recurso exigiendo que se terminen los negocios inmobiliarios que mantiene la Ciudad a través de la venta de terrenos públicos a manos privadas. La denuncia viene repitiéndose hace años y frente a las elecciones que se vienen, las distintas agrupaciones quieren manifestar su reclamo por más y mejores espacios verdes y públicos en la CABA. Además, solicitan que la ciudadanía porteña tenga mayor participación en la toma de decisiones sobre lo que pasa en la Ciudad. El evento iba a desarrollarse el jueves 2, pero se suspendió por lluvia. (Por La Retaguardia) ✍️ Redacción: Diego Adur 💻 Edición: Pedro Ramírez Otero Además del reclamo concreto en contra del proyecto de Costa Urbana-IRSA que planea construir un aglomerado de viviendas y comercios en la Costanera Sur, el Posicionamiento Conjunto que se presentará en la Legislatura porteña contempla las luchas de los barrios de Colegiales, Caballito, Palermo, Liniers y Villa Urquiza para frenar los proyectos de urbanización sobre los playones ferroviarios. Los argumentos que sostienen las asambleas vecinales y las diferentes organizaciones se legitiman en el derecho al espacio verde público que debe existir por ley en cada Comuna. La Retaguardia consultó a Mónica Dittmar, vecina del barrio de Villa Urquiza e integrante de Tierras Ferroviarias Verdes, quien junto a Vecinos por el 25 de Mayo pelea hace años por la recuperación del explayón de la estación Urquiza. Los requerimientos de los y las porteñas quieren ser escuchados de cara a las elecciones legislativas que decidirán la renovación de la Legislatura porteña: “Lo que planteamos es amplio y pensando en un modelo de Ciudad, pensando en qué Ciudad queremos y qué Legislatura queremos para que consideren estas problemáticas que atentan contra la vida saludable y para mejorar la mejor calidad de vida. Decimos no a la venta y privatización de la Costa: estos proyectos han entrado de manera express a la Legislatura para ser votados y salir con un dictamen. Fue el caso del proyecto IRSA con el Gobierno de la Ciudad hace dos semanas”, señaló. Además, Mónica compartió la expectativa de lo que será la conferencia del lunes a las 11 y la participación en la audiencia pública a celebrarse en los próximos días: “Nos estamos preparando también para una audiencia pública. Va a ser una audiencia mayoritaria. Seremos más de 10 mil. Tenemos muchas expectativas positivas. El documento que se va a leer el jueves lleva la firma de muchas organizaciones y difusión de distintos medios de prensa. Es muy importante. Hay espíritu de unión, para juntar fuerzas en estos reclamos históricos por la pérdida de los espacios públicos y las tierras públicas”, explicó. La protesta en concreto que lleva adelante Dittmar desde su colectivo es común a las demás agrupaciones y busca poner un freno a los acuerdos que firma el Ejecutivo porteño con las corporaciones inmobiliarias y generan una ciudad cada vez menos sustentable e inhabitable: “Desde Tierras Ferroviarias Verdes luchamos por los pulmones verdes de los terrenos ferroviarios que se han vendido para negocios y emprendimientos inmobiliarios. Nos entusiasma la gran convocatoria que hubo”, dijo con esperanza. Los reclamos y las denuncias que se esbozarán el lunes en la Legislatura porteña forman parte de las luchas históricas de muchos y muchas habitantes de la Ciudad para lograr mayor dignidad en su calidad de vida. La cercanía de las próximas elecciones legislativas hace que el foco esté puesto en lo que pasará en la conferencia, que contará con una masiva convocatoria de agrupaciones y acompañamiento de diferentes medios de comunicación. El Comunicado de Prensa Organizaciones y asambleas ciudadanas exigirán una Ciudad más verde y Audiencias Públicas mixtas, online y presenciales Este jueves 2 de septiembre a las 11 hs diversas organizaciones sociales y políticas, asambleas y entidades vecinales realizarán una conferencia de prensa en la puerta de la Legislatura porteña para hacer público, de cara a las próximas elecciones legislativas, un Posicionamiento Conjunto sobre el modelo de ciudad que se necesita para vivir dignamente. Las organizaciones y asambleas denuncian que la ciudad de Buenos Aires está siendo planificada por y para las corporaciones inmobiliarias que se enriquecen apropiándose del suelo porteño, generando una ciudad excluyente que profundiza las grandes desigualdades sociales que la atraviesan y agravando una crisis socioambiental de consecuencias incalculables. En contraparte, sostienen la necesidad de planificar la ciudad con una lógica humanista, participativa, armónica con la naturaleza y que contemple las necesidades e intereses de la población que la habita. En ese marco, plantean que la Legislatura deje de funcionar como una escribanía del Poder Ejecutivo y que su próxima composición represente y dé respuestas a las diversas iniciativas y proyectos de ley que se vienen generando desde los barrios porteños. Por último, exigen que la Audiencia Pública convocada para el 15 de octubre y donde se tratará el Convenio Urbanístico que habilitaría el proyecto de Costa Urbana-IRSA sea mixta, agregando a la participación virtual también la posibilidad de la participación presencial de los ciudadanos y ciudadanas. En este sentido, denuncian que el gobierno porteño habilita la presencialidad total en las escuelas, permite recitales con miles de personas pero restringe la participación en los asuntos que afectan directamente a la ciudadanía en su forma de vida, en una acción claramente antidemocrática. En caso de lluvia, se realizará el lunes a la misma hora y el mismo lugar.
Lo dijo María Alem, vecina del barrio porteño de Boedo e integrante del colectivo “Vecinos Unidos por Boedo”. En diálogo con el programa radial Otras voces, Otras propuestas, planteó las razones por las que se oponen a la construcción del estadio sobre Avenida La Plata al 1700. También comentó cómo se están preparando para la audiencia pública donde los vecinos y vecinas manifestarán sus motivos de resistencia a la rezonificación de los terrenos. (Por La Retaguardia) 🎤 Entrevista: Luis Angió ✍️ Redacción: Nicolás Rosales 💻 Edición: Pedro Ramírez Otero 📷 Fotos: Natalia Bernades/La Retaguardia La obsesión del Club Atlético San Lorenzo de Almagro es conseguir la rezonificación del predio de Avenida La Plata con el fin de habilitar la construcción del estadio. Allí, en el mismo lugar donde estuvo el Viejo Gasómetro hasta que en 1979 la dictadura militar lo expropió. Vecinos y vecinas de Boedo, junto con otras personas autoconvocadas se oponen a este proyecto y expresan una serie de argumentos. —La Retaguardia: Luego de que se aprobó en primera lectura la ley de rezonificación, ¿qué nos podés comentar de la audiencia pública que se viene? —María Alem: Nuestro posicionamiento no es caprichoso, tenemos muchos fundamentos para un no rotundo inicialmente a la rezonificación que les es imprescindible para llevar a cabo la construcción del megaestadio que se proponen. Decimos que no porque un estadio de esas características es disruptivo para la vida cotidiana de los vecinos. Creo que no hace falta explicar en detalle lo que implica un estadio que va a tener obviamente actividad futbolística y que va dar lugar también a recitales. Desde ya, existe el estadio Arena (en Villa Crespo) que es una muestra menor de este tipo de actividades. Y también existe acá en el barrio el estadio Roberto Pando (Polideportivo del Club San Lorenzo) que cuando tiene actividad genera un ruido insoportable, y las veredas se transforman en estacionamientos de autos. La ley de rezonificación tendría una segunda lectura y nosotros pensamos que con nuestra argumentación y con un poco de reflexión acerca de lo que implicaría la construcción del estadio, podría no ser aprobada. El 24 de febrero va a haber una audiencia pública, es importante participar e inscribirse. La inscripción está abierta y va a ser hasta el 19. Querríamos que esa audiencia fuera sectorizada, porque hay mucha gente que opina. Por ejemplo, hay algo absurdo, un señor que es Vigo Mortensen (reconocido actor norteamericano, que vivió en Argentina y es hincha de San Lorenzo) que lagrimea emocionado y pide por el estadio. Pero vive a 15 mil kilómetros, nunca va a ser perjudicado por todo el movimiento de los partidos de fútbol. Proponemos a todas las personas interesadas y que no están de acuerdo con la rezonificación y con la consecuente construcción del estadio, que se comuniquen con nosotros y van a tener toda la información que necesiten para la inscripción de la audiencia y su participación. —LR: El barrio de Boedo no es el mismo que hace 40 años, ¿qué pasaría si se instala un estadio de estas características? —MA: La población es otra y el estilo de vida también. Hay muchas personas que no hace mucho que viven en el barrio y han decidido hacerlo por sus características. Es tranquilo, todavía de casas bajas. Pensar en la instalación del estadio, es una distorsión absoluta de la vida de la gente. Hay otro tema importante a considerar, que es la existencia de dos torres. Se pondría en peligro las estructuras en la época de su construcción. Se produciría ruido. Y después lo que significaría para ese lugar cuando el estadio esté en funcionamiento o cuando hubiera recitales. Los intereses que hay son económicos. Porque si bien lo que se dice que sería una reparación histórica para el club San Lorenzo, y que es probable que haya sido damnificado, avasallado por el gobierno militar pero la reparación sería que San Lorenzo volviera a tener lo que tuvo, que no era un megaestadio de las características que se pretende construir ahora. Insistimos sobre la participación de los vecinos reales, las personas que seríamos afectadas, y no de otras personas que viven en otros barrios. Por otra parte, esta rezonificación es falaz, porque hablan de que haya escuelas, bibliotecas, salas de salud. Todo eso es función y misión del Gobierno. Que haga lo que le corresponde, porque no necesita una rezonificación para llevar a cabo esas obras y tomar una decisión política de concretarlas. —LR: En el proyecto original del Movistar Arena, de Villa Crespo, se hablaba de un mini estadio y una escuela. Luego ese proyecto se modificó y no solo la escuela no se hizo, sino que se terminó haciendo un megaestadio. ¿Quién garantiza que después de la rezonificación hagan lo que dicen que van a hacer? —MA: No hace falta una rezonificación para hacer escuelas, bibliotecas. Espacios verdes, que son imprescindibles, y que en el barrio carecemos. Nuestra comuna es una de las que tiene menos superficie verde en la Ciudad. Todo eso es función del Gobierno. Ojalá tuviéramos una audiencia pública similar a la del proyecto Costa Salguero. Llamamos a la participación para decirles no a la rezonificación.
La jubilada de 75 años y vendedora ambulante Beatriz Mechato Flores, murió en el Hospital Ramos Mejía luego de ser atropellada escapando de un operativo de Inspectores del Espacio Público en conjunto con la Policía de la Ciudad en el barrio de Once. Omar Guaraz, referente de la asociación Vendedores Libres, en diálogo con el programa radial La Retaguardia, habló de la muerte de Beatriz y apuntó contra el gobierno porteño. (Por La Retaguardia) 🎤 Entrevista: Fernando Tebele✏ Redacción: Nicolás Rosales 💻 Edición: Pedro Ramírez OteroLa muerte de Beatriz Mechato no es una muerte más. Conmociona porque era una jubilada que no le alcanzaba para vivir.“Beatriz era una compañera jubilada de 75 años que como muchos jubilados y como muchos laburantes se quedaron empobrecidos por un proyecto de país para pocos y tuvo que salir a vender medias. Y en ese contexto, con su edad, fue perseguida por la policía y por Espacio Eúblico, termina cruzando la avenida Pueyrredón y es atropellada por una moto sufriendo graves heridas, y tras tres días de agonía la compañera falleció.”, comenzó la charla Omar Guaraz, referente de Vendedores Libres.Guaraz además se refirió a un plan sistemático de represión que sufre el sector de los y las vendedores ambulantes y de cómo los excluidos son cada vez más: “Beatriz no fue la única mujer de todo el colectivo de mujeres muy afectado por este plan sistemático de represión y exclusión que lleva a cabo Larreta. En agosto del 2018 comunicamos que otra mujer, también peruana, María Berrechea, en las mismas circunstancias es atropellada por un colectivo y muere en el acto. A Beatriz yo la conocía, como nos conocemos los vendedores, su lugar en el mundo era el Abasto, allí trabajaba ella, su familia. La había visto en estos días, le pregunté cómo estaba el Abasto como nos preguntamos los vendedores, y me dijo que estaba complicado y por eso buscaba su lugar en Once, en Flores, como muchos vendedores. Beatriz representa a los miles y miles de vendedores que existen en la ciudad y representa ese colectivo inmenso de los millones de excluidos que hay en nuestra patria. Nosotros tenemos casi a medio país fuera del sistema económico, que se profundizó en estos cuatro años de un proyecto de país para pocos, y de un espacio político que representa a los intereses de un sector. Si bien el gobierno de Mauricio Macri terminó, lo representa Larreta en la Ciudad de Buenos Aires. Esta derecha que a lo largo de la historia ha sido cargada de violencia y de odio. Lo que le pasó a Beatriz es lo que le pasa a los compañeros vendedores que han sido expulsados en estos cuatro años”, expresó.“Nosotros no vamos a responsabilizar a la policía de manera genérica, Beatriz Mechato murió por una decisión política del Jefe de Gobierno Rodríguez Larreta. Y por otros: el sector empresario que hace grandes negocios con los vendedores en la Cámara de Comercio, en FECOBA (Federación de Comercio e Industria de la Ciudad de Buenos Aires), este sector económico financia esa represión. Se levantan grandes emprendimientos en Once o en Flores y vos pasás y ves las galerías. Instalan el miedo a los vendedores para que después vayan y paguen dos meses de llaves por el valor de 80.000 pesos, consumiendo todos los ahorros de los trabajadores con un alquiler sideral y que lo tenga dos meses con un contrato y se queden con toda la plata”, enfatizó.También habló del contexto de crisis que les toca vivir, que se agudiza tras la pandemia del coronavirus “Hoy los vendedores nos miramos la caras. Está bien que nuestro país haya tomado conciencia, que haga la cuarentena, pero para muchos el mundo sigue andando, hay que salir a pagar el techo a hijos que piden de comer y lamentablemente este sector hoy no tiene posibilidad para resguardarse. Me parecieron muy importantes la medidas del presidente, y me parece que tiene que universalizar esas ayudas sociales a un sector basto de la sociedad, haciendo una ley”, finalizó Guaraz.
Continúa el conflicto con la feria de artesanos/as de San Telmo, que se profundizó cuando la Cooperativa El Adoquín firmó un acuerdo con el Gobierno de la Ciudad para legalizar 220 puestos en lugares que históricamente ocuparon otros/as, que quedarían reubicados sin su consentimiento. El domingo pasado la Policía de la Ciudad reprimió a un grupo de feriantes que se fueron de El Adoquín rechazando el acuerdo, entre quienes está Mónica Alegre, la mamá de Luciano Arruga. Ahora la cuestión está judicializada y es una incógnita saber qué ocurrirá el próximo domingo. En el programa radial La Retaguardia, Fernando Tebele y Pedro Ramírez Otero dialogaron con Gabriela Olguín, la presidenta de la Cooperativa El Adoquín (CTEP), muy cuestionada tras el acuerdo con el gobierno de Rodríguez Larreta. Olguín explicó la situación general y reconoció como poco feliz haber publicado un comunicado luego de la represión, sin mencionarla. (Por La Retaguardia) Gabriela Olguín, presidenta de la cooperativa El Adoquín habla con total seguridad. El momento es incómodo. Está respondiendo a duras críticas por el acuerdo que firmó la cooperativa con el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, que regulariza la situación de 220 artesanos y artesanas. El problema es que cerca de 70 se negaron a ser parte del acuerdo cuando se enteraron de que las personas que venían trabajando en el 700 de la calle Defensa -una de las cuadras acordadas con el gobierno para mudar a los feriantes del 800 al 1000- habían sido desalojadas por la fuerza unas horas antes, el domingo 13 de enero, cuando comenzaba a regir el acuerdo. A partir de allí, quienes se reconocen como El Adoquín disidente, se presentaron ante el gobierno de la ciudad para desafectarse del acuerdo. En paralelo, un grupo de feriantes que históricamente trabajan en el 700 de Defensa, presentaron un amparo en la justicia porteña, que se está tramitando en el Juzgado en lo Contencioso Administrativo Nº1, a cargo de la jueza Romina Tesone, que pidió informes al gobierno y abrió el amparo para la participación de quienes se sientan damnificados.Olguín comienza la charla repasando la historia de la organización, aunque la pregunta no fuera para ese lado: “Llevamos muchos años de lucha y de organización. Empezamos siendo asambleas. Primero nos constituimos en grupo y después en cooperativa. En septiembre de 2011 decidimos sumarnos al a CTEP (Confederación de Trabajadores de la Economía Popular). Desde entonces, pasamos lo que pasan todos los trabajadores de la economía popular en el espacio público: operativos, decomisos, detenciones, causas y ser tratados como delincuentes. Siempre buscamos organizarnos a través de una fuerte identidad de clase como trabajadores”. —LR: ¿Cómo fue el acuerdo entre El Adoquín y el Gobierno de la Ciudad? —GO: Llegamos a construir canales de diálogo con el gobierno a través de muchas vías, como la Legislatura y Defensoría. Generalmente encontrábamos un punto muerto y se frustraba. De hecho, estuvimos muy cerca de obtener la legalización de las cuadras que nosotros llegamos a ocupar después de 10 años de organización, en el 800, 900 y 1000 de la calle Defensa, entre Av. Independencia y el pasaje Bethlem. Antes estábamos hasta San Juan, pero ahí perdimos una cuadra que fue muy difícil de conservar. El 21 de septiembre en el programa de Lanata hubo una crítica muy fuerte al gobierno en el acercamiento que podían tener en cualquier mesa de diálogo con nosotros y se nos cayó cualquier posibilidad de tener una feria en esas cuadras que estábamos buscando. Sabemos que hay un poder real, fáctico, con intereses económicos que incluso, a veces, tiene mayor peso que el propio Ejecutivo de la Ciudad. —LR: ¿Los anticuarios? —GO: Hay intereses inmobiliarios y de todo tipo. Si uno dice anticuario, mete en la bolsa al pequeño anticuario y la verdad es que no. El pequeño empresario y comerciante no es el culpable. Al contrario, son las víctimas de la misma crisis y el mismo proyecto de ciudad excluyente que sufrimos nosotros. Más que uno gremio son un grupo de poder real. —LR: Tras el acuerdo, hubo un conflicto con un grupo de feriantes que formaban parte de El Adoquín porque se negaron a ocupar el 700 de la calle Defensa, donde históricamente tenían sus puestos de trabajo aquellos otros y otras feriantes ¿Cómo fue ese proceso?—GO: Nosotros no esperábamos en ningún momento que lograr un convenio laboral surgido de una negociación colectiva de trabajo pasara por encima del laburo y de la presencia de otros compañeros, de otros trabajadores. Es cierto que íbamos por caminos diferentes -nosotros laburando como sindicato-. Siempre decimos que el camino a la revolución es ancho y largo y en esos caminos nos encontramos y nos volvemos a encontrar porque todos tenemos un objetivo de clase. Sobre todo en la cotidianeidad reivindicativa de que nuestros compañeros tengan laburo, vivan mejor y tengan más dignidad. No imaginábamos el escenario que se presentó después. Por eso, tratamos de tener gestos. El primer domingo (13/1) nos encontramos con la presencia policial y con compañeros que no estaban informados. No estaba garantizada la integridad física de los integrantes de El Adoquín ni la integridad física ni laboral de los trabajadores que se estaban oponiendo. El gobierno tiene proyectado legalizar toda la parte de ferias y predios feriales desde Av. Independencia hasta Plaza de Mayo. No quieren a ninguno trabajando en las cuadras anteriores. Es el Estado el que tiene la responsabilidad de cumplir con nosotros como trabajadores y también con los trabajadores que estaban en el 700. Nos hubiera gustado no llegar a esta situación. Estamos tratando de resolverla sin violencia y sin enfrentamiento. Por eso, ese primer domingo decidimos irnos a nuestra casa, como un gesto. El siguiente domingo también fue muy duro. Desde ese entonces, decidimos armar en la calle Chile, que fue la otra cuadra que nos fue adjudicada por convenio. No queremos ser justificación de represión ni tampoco justificación de desalojo y desocupación de otros trabajadores. A pesar de que se ha puesto un poco virulenta y bastante agresiva esta
La disputa es por las calles que van desde Defensa al 1000 hasta el 700. Los propietarios de negocios de antigüedades pretenden que los y la feriantes se vayan. La cooperativa El Adoquín (CTEP) firmó un acuerdo para regularizar a un grupo de feriantes, pero los propios miembros de la cooperativa se opusieron ya que de esa manera les sacarían el puesto de trabajo a otros feriantes que no forman parte de El Adoquín. Entre las personas afectadas está Mónica Alegre, la mamá de Luciano Arruga, que contó acerca del conflicto a Fernando Tebele y Pedro Ramírez Otero, en Radio La Retaguardia. Cuando decir NO a las injusticias se hereda de hijo a madre. (Por La Retaguardia)Foto: la feria de San Telmo recibe multitudes los domingos (Diaría El Día) “Hace tres semanas, ya casi va a ser un mes, que no trabajo. Somos 70 feriantes que prácticamente quedamos en la calle por un acuerdo que hizo la cooperativa El Adoquín, que en su momento nos asoció diciendo que dentro de la cooperativa podíamos pelear la legalidad de las calles donde trabajábamos”, comenzó Mónica Alegre explicando el inicio del conflicto. “Hace un mes se llamó a una reunión y se nos dijo que se había legalizado la feria. Fue una alegría muy grande. Se nos legalizaba en la calle Defensa al 700. A esa altura, hay una parte de la feria que está legalizada, se ven los tolditos de la Ciudad de Buenos Aires. Hay otra parte que tiene puestos, pero no están legalizados. Son feriantes, artesanos, que hace 15 0 20 años que están y que la vienen peleando como nosotras para tener la legalización”, contó Mónica y luego detalló: “La legalización que se nos daba era en Defensa al 700. Íbamos a tener un puesto legal, pero a esos feriantes se los iba a sacar de ahí. Hubo un enfrentamiento entre artesanos. Tuvimos que salir y dar la cara para decir que parte de El Adoquín no estamos de acuerdo. Queremos la legalización, no queremos trabajar por izquierda. Somos trabajadores y nos ganamos el mango honestamente. Somos 70 compañeros que quedamos sin cuadra y sin puesto. Estamos haciendo acampes todos los domingos, haciendo el aguante pacífico. Tenemos a la policía que nos amenaza con reprimirnos si tiramos paño”, expresó, intentanto resumir una posición ética y solidaria clara. Quieren ser legales, pero no a costa de que otras personas, que llevan en algunos casos mucho más tiempo que algunas de ellas en el lugar, se queden como ilegales en un escenario público de legalización.Durante el programa radial La Retaguardia, también participó Ana, otra feriante que está en la misma situación. “El conflicto está sucediendo. Domingo a domingo nosotros estamos defendiendo nuestro espacio de trabajo, que venimos ocupando hace más de 10, 15 o 20 años según la antigüedad de cada artista, artesano o manualista que haya llegado a la calle Defensa. La feria empezó a crecer desde la Plaza Dorrego hacia la zona de Plaza de Mayo. Las cuadras que están en conflicto en este momento son las calles más antiguas, el 1000, 900, 800 y 700”, señaló Ana y destacó que la imposibilidad de armar la feria también afecta a los negocios cercanos del barrio, como restaurantes, heladerías y otros: “Históricamente, el conflicto siempre fue con los anticuarios y no con los negocios para turistas porque ellos abren sus comercios en base a que los turistas vienen a la feria artesanal. En estos tres o cuatro domingos que venimos en conflicto y no podemos armar la feria, los locales tienen un 60% de baja del consumo ese día. A ellos también los afecta porque la feria atrae mucho turismo”, expresó.El verdadero motivo del conflicto es que los dueños de los negocios de antigüedades pretenden mantener la calle Defensa libre de feriantes para obtener más ventas, incluso a costa de la pérdida del puesto de trabajo de esas otras personas: “El conflicto siempre fue con los anticuarios, gente muy poderosa que por cuestiones más de clase necesitan la calle Defensa ‘limpia’ para hacer sus propios negocios. Son gente que tiene inversiones y su lucro en eso. Hace muchos años que lo sufrimos y lo enfrenamos. Todos esos años se mantuvo la feria mostrando su cultura, su arte, sus artesanías, productos que todas las semanas los artistas y artesanos hacemos con nuestras manos y con mucho amor para poder ofrecer en la feria los domingos. Los anticuarios son revendedores de objetos ya manufacturados”, apuntó Ana. Patear El adoquín En el polémico acuerdo firmado por Gabriela Olguín, presidenta de la Cooperativa El Adoquín, al que muchos miembros como Mónica y Ana se opusieron, se convino trasladar a los y las trabajadoras de la cooperativa hacia Defensa al 700, sacando de allí a los feriantes que históricamente ocupan esos lugares de trabajo. Además, se arregló desocupar la calle Defensa al 1000 para el beneficio de los comerciantes de antigüedades: “Este conflicto con los anticuarios lo termina zanjando este acuerdo nefasto que acepta El Adoquín. La solución para resolverle el conflicto a esta gente adinerada es enfrentarnos a los artesanos y trabajadores unos contra otros, aceptando ocupar el lugar de gente que no estaba dentro de la cooperativa. Quieren ocupar ese espacio que por derecho le corresponde a un artesano que está hace 10 años”, se solidarizó Ana, aun pudiendo tener un puesto de trabajo asegurado.Olguín firmó el acuerdo para garantizar la legalidad de la feria, pero artistas y artesanas/os se opusieron rotundamente porque no quisieron “ser legales” sacándole el puesto de trabajo a sus compañeros y compañeras. Según destacó Ana, no hubo una asamblea previa a la firma del acuerdo y se decidió sin consultarles. Ana expresó que seguirán resistiendo en el lugar, defendiendo sus puestos de trabajo: “Estamos luchando en el lugar. No nos vamos a ir. Creemos que es un derecho. No se le puede adjudicar un delito a la venta de arte y artesanías. Esa feria dio inicio a la feria que ocupa ahora el gobierno de la Ciudad del
Así se refirió Mónica Capano, Coordinadora de Patrimonio y Políticas Urbanas, a la intención del Gobierno de la Ciudad de enrejar la Plaza de Mayo. Fue en el programa Otras Voces Otras Propuestas que conducen Rosaura Barletta y Luis Angió por Radio La Retaguardia. (Por La Retaguardia)Foto: infonews.com La especialista en patrimonio cultural avisó que ya presentaron un reclamo ante la Justicia para impedir que uno de los símbolos más importantes de lucha y resistencia de los argentinos y argentinas sea modificado tan drásticamente: “Hemos hecho un amparo en conjunto con el Observatorio por el Derecho a la Ciudad. Creemos que la colocación de las rejas es el último despropósito que se ha sumado a esta intervención de la Plaza de Mayo. Una intervención que busca homogeneizar las plazas de la Ciudad de Buenos Aires y que todas tengan una misma estética que no forma parte de nuestra cultura ni de las distintas culturas que habitan nuestra ciudad. Es una estética traída de algún viaje por algún funcionario. En el caso de la Plaza de Mayo se vuelve grotesca. Es la Plaza emblemática de los argentinos. Es el centro de la expresión, de la movilización y de la participación. Es el lugar donde se han producido protestas, festejos, funerales y donde se han logrado torcer situaciones como por ejemplo la del 2×1. Viendo el absoluto incumplimiento de las leyes vigentes que significa la colocación de estas rejas y la intervención en la Plaza donde se están ensanchando las veredas, se están cambiando los revestimientos, han desaparecido los pañuelos de las Madres, hemos presentado un amparo que ha caído en el juzgado Nº8”, informó Capano que además contó que el proyecto ni siquiera fue votado en la Legislatura, donde Cambiemos tiene mayoría: “Lo hubieran votado. Tienen la cantidad de legisladores propios como para ganar cualquier votación. No se entiende por qué hacerlo de esta manera: a espaldas de todos, sin un proyecto, violando todas las leyes. La palabra es impunidad. Un nivel de autoritarismo impensado dentro de la vida democrática”, denunció.Ponerle rejas a la Plaza de Mayo viene aparejado de un fuerte contenido simbólico, pero además significa un gran negocio para la Ciudad de Buenos Aires: “Vi lo que significaban esas plazas llenas de gente. Las viví en los setenta. Las volvimos a vivir en distintas ocasiones. Fuimos a protestas. Fuimos arrancados de la Plaza por los gases en 2001. Es un espacio lleno de significado. No puede ser arrasado por la decisión de un funcionario. No está ni siquiera convalidado por el voto de la Legislatura, más allá que la mayoría pertenezca al mismo signo político. Se está violando el principio que hoy tenemos en el patrimonio. Es una construcción social, la autenticidad tiene que ver con la comunidad donde está ese patrimonio. Están mintiendo diciendo que ensanchan las veredas con esta idea de la peatonalización. Sacaron todo lo granítico y no va a ver más cordones. Esos materiales que se llevan son un enorme negocio. Los reemplazan por cemento que no vale nada y no tiene duración. Todo lo que está pasando son obras hechas a muy bajo costo que no tienen ninguna conservación y no tienen durabilidad. En breve, las veremos destruidas como todas las veredas de la Ciudad de Buenos Aires”, avisó Capano en Radio La Retaguardia.Uno de los sucesos más importantes que se desarrolla dentro de ese espacio es la emblemática Ronda de las Madres de Plaza de Mayo, todos los jueves, que ya ha sufrido las consecuencias de los cambios en la Plaza: “Sacaron de su lugar los pañuelos hechos de manera artesanal y reemplazados por placas de mármol negro con incrustaciones de bronce. Lo estaban transformando en un sepulcro. La Ronda de las Madres es algo que está vivo, que nos interpela y nos hace seguir la lucha. Quieren hacer como si fuera un museo, un hito de la historia que ya pasó y está cerrado”, expresó la licenciada.Otro de los aspectos que se van a ver interrumpidos por la colocación de las rejas es la cotidianeidad y el tránsito peatonal que circula todos los días por la zona: “Esto mismo nos planteamos cuando cambiaron los coches de la Línea A (de Subte) diciendo que eran inseguros por que tenían cierres manuales. Otra mentira. Los de la Línea B tienen cierres manuales y los acaban de comprar. Nadie duda que hubiera que poner coches nuevos, pero los viejos podían dejarse para un uso turístico, para su aprovechamiento los fines de semana. Directamente los sacaron. Acá va a pasar lo mismo. Cuando uno va a caminando y ve que está pisando una baldosa de la memoria, la lee y todo eso le evoca algo. Esto va a estar fuera de nuestra cotidianeidad. Se va a complicar el tránsito peatonal. Además de encerrar a la Casa de Gobierno, hay elementos que nos permiten pensar que va a ser un cerramiento de todas las arterias. Va a ser un cerco que va a impedir utilizar la Plaza para ir de un lado a otro. Esto es una aberración desde todo punto de vista. Utilizan argumentos para justificar distintas acciones que lo único que pretenden es disciplinarnos. No veo otro motivo para estas rejas”, manifestó.La Plaza de Mayo ha servido los últimos años como centro neurálgico para las manifestaciones populares en contra de políticas económicas y sociales de este gobierno. Al mismo tiempo, ha sido el escenario de cacerías por parte de la Policía y distintas fuerzas represivas. Las rejas en la Plaza de Mayo no harían más que fomentar y facilitar las persecuciones y represiones a los militantes. En 2011, Capano publicó junto a la antropóloga Cristina Sottile un artículo referido a lo que ellas llamaron ‘Arquitectura represiva’: “Lo mismo que el Metrobús de la Avenida 9 de Julio, cortan un paisaje urbano emblemático. En lugar de hacer subtes hicieron ese falso Metrobús. Cuando uno se concentra allí, está lleno de obstáculos. Es más fácil de controlar a la población con esos obstáculos que si eso estuviera
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