Etchecolatz
Redacción: Fernando Tebele/Lucrecia Raimondi El genocida había sido condenado nueve veces por delitos de lesa humanidad. Tenía 93 años. Estaba internado en la Clínica Sarmiento de San Miguel, a la que había sido trasladado la semana pasada desde otro hospital de Merlo. Finalmente falleció esta madrugada. Cumplía sus penas en cárcel común en la Unidad Penitenciaria 34 de Campo de Mayo Sospechado por la segunda desaparición de Jorge Julio López, lejos de aportar algo a la verdad, siempre utilizó las indagatorias en los juicios para provocar y amenazar, como en el Juicio Garachico, en agosto del año pasado. Nunca dijo nada sobre el destino de los/las desaparecidas. Nunca nada sobre nietas y nietos apropiados. Nunca acerca de Clara Anahí. La que mejor (o peor) habla de él, seguramente, es su exhija, Mariana Dopazo, quien decidió cambiarse el apellido y repudiarlo. De ese rechazo no se vuelve. Cuando alguien quiera saber quién fue Miguel Osvaldo Etchecolatz, más que a Wikipedia, ojalá recurra a alguno de los testimonios de sus víctimas. Tal vez vuelvan a escuchar a Jorge Julio López. Etchecolatz, quien durante la última dictadura fue director de Investigaciones de la Policía Bonaerense y mano derecha del General de brigadas Ramón Camps, murió sin hablar y sin arrepentimiento por sus crímenes. El pacto de silencio de los genocidas perpetúa la tortura a los familiares que buscan la verdad y la justicia.
Así lo describió con bronca la abogada Pía Garralda, parte de la querella de Justicia Ya! al finalizar esta tarde el juicio “Garachico” contra el expolicía que seguirá en prisión domiciliaria en Mar del Plata y contra Miguel Osvaldo Etchecolatz. Por La Retaguardia y Pulso Noticias Esta tarde el Tribunal Oral Criminal Federal N° 1 de La Plata dio su veredicto contra Miguel Osvaldo Etchecolatz y Julio Cesar Garachico. Con una sala colmada, el presidente del Tribunal Andres Basso comunicó que el expolicía Garachico, quien actualmente se encuentra en prisión domiciliaria en Mar del Plata, continuará en ese estado de privilegio. Al escuchar esto familiares y sobrevivientes que se encontraban en el lugar se retiraron con cánticos y repudios mientras el Tribunal continuó leyendo la sentencia. Los fundamentos estarán publicados en una próxima audiencia el 13 de julio a las 13hs.Centralmente el fallo indicó que los hechos resultaron constitutivos de “Crímenes de Lesa Humanidad” e imprescriptibles. Se dictó a su vez una nueva cadena perpétua a Etchecolatz por el homicidio de Norberto Rodas y Alejandro Sanchez, del mismo modo a Garachico por los crímenes contra Patricia del Orto, Ambrosio De marco y Norberto Rodas.Respecto al fallo, la abogada de Justicia Ya, Pía Garralda, habló con Pulso y La Retaguardia a la salida del evento y resaltó “el retroceso” que implica este fallo: “No se consideró el genocidio como se hizo anteriormente, en 2015 logramos la primer condena por genocidio y hoy ni siquiera se contempla la desaparición forzada”Además expresó que “se vuelve a foja cero en lo es materia de reconocimiento desde el Estado de lo que significó la dictadura genocida”.El TOF exhortó al Ejecutivo para que desafecten el predio de Arana y pide tareas de exploración en donde funciona actualmente el Regimiento 7. Eso quedará en manos del juzgado de Ernesto Kreplak.
El TOF Nº5 rechazó el pedido realizado por la defensa de Jorge Eduardo Tigre Acosta, para acceder al beneficio de la prisión domiciliara después de haber dado positivo su testeo por coronavirus. Acosta fue internado ayer en el Hospital Naval, al que fue trasladado desde el Penal de Ezeiza, donde cumple su condena a prisión perpetua a la que fue condenado en varios tramos de la megacausa ESMA. (Por La Retaguardia) ✏ Redacción: Fernando Tebele 💻 Edición: Pedro Ramírez Otero 📷 Foto de portada: Acosta antes de la sentencia en ESMA III (AFP)El Tigre Jorge Acosta, quien se encuentra desde ayer en el Hospital Naval de Parque Centenario, al que fue trasladado después del resultado positivo del hisopado que le realizaron por Covid-19, deberá regresar al Penal de Ezeiza cuando reciba el alta. Ayer, mientras era llevado al hospital, sus abogados volvieron a presentar un pedido para que se le otorgue el beneficio de la prisión domiciliaria. Con velocidad, el Tribunal Oral Federal en lo Criminal Nº5, respondió hace instantes con su decisión: “Mantener en un todo el rechazo del arresto domiciliario de Jorge Eduardo Acosta, resuelto el 17 de abril próximo pasado; en el entendimiento de que el presente es un complemento de lo resuelto oportunamente en aquel resolutorio”. El TOF considera que su enfermedad no debe cambiar su condición de detenido, porque “no se advierte un trato más gravoso respecto de Acosta, o que pueda ser tildado como cruel o indigno, por lo que no habrá de hacerse lugar al pedido de prisión domiciliaria efectuado por la defensa”. Las querellas habían solicitado este rechazo ayer mismo. El informe médico del SPF, del 27/7, en el que Acosta y Etchecolatz dieron negativo por Covid-19, pero permanecieron preventivamente en aislamiento.Tiene la firma de un médico pediatra. (Foto: La Retaguardia) Acosta fue el jefe del grupo de tareas 3.3.2 que con base en la ESMA secuestró, torturó y desapareció a miles de personas. Estaba cumpliendo aislamiento preventivo desde el 19 de julio, por el contacto estrecho con otro genocida condenado, con que el que convive en uno de los pabellones especiales de la Unidad carcelaria 31 de Ezeiza, especialmente acondicionado para quienes participaron en el Terrorismo de Estado imperante en el país durante la última dictadura cívico-militar-eclesiástica hasta 1983. En esa unidad, las condiciones distan de tener el hacinamiento en que viven las y los presos en el resto de las cárceles del país. El 27 de julio, el hisopado realizado a Acosta resultó negativo, al igual que el de Miguel Etchecolatz, otro alto jerarca del autodenominado Proceso de Reorganización Nacional. Sin embargo, tras un nuevo testeo, ambos dieron positivo ayer. El genocida Etchecolatz también volvió a intentar que le otorguen el beneficio, pero resulta difícil pensar que los varios tribunales que lo condenaron, coincidan en dárselo.
Las fotógrafas de La Retaguardia reunieron en un álbum el trabajo de todo un año donde no sobraron los espacios de lucha, amor y resistencia. Aquí un fotoinforme de -casi- todas las coberturas que realizaron Natalia Bernades, Valentina Maccarone y Agustina Salinas (Por La Retaguardia)
Ella decidió cambiarse el apellido. Quiere dejar de ser la hija de Etchecolatz, el feroz genocida que tuvo que regresar a la cárcel tras un veraneo con domiciliaria en el bosque. El colectivo de ex hijos y ex hijas que integra no solo rompe con sus progenitores sino que se suman a la lucha por Memoria, Verdad y Justicia, aunque se preocupan por aclarar de movida que ellas no son víctimas, como sí lo son aquellas personas que padecieron directamente el Terrorismo de Estado que, social y culturalmente, padecimos todos y todas. Dopazo estuvo en el programa Oral y Público que emite Radio La Retaguardia y conversó con Fernando Tebele, María Eugenia Otero y José Tcherkaski (invitado para la ocasión). Dialogaron acerca de la conformación del colectivo y el peso de haber sido la hija de uno de los genocidas más siniestros de nuestra historia. (Por La Retaguardia) Foto: de der. a izq. Dopazo, Tebele, Otero, Lance (otra ex hija), Éboli y Tcherkaski después del programa en La Retaguardia (Natalia Bernades). Video (Natalia Bernades) El año pasado fue el momento del impacto. Algunos grupos de hijos e hijas de genocidas salieron a la luz para manifestar su postura y se sumaron al reclamo de Memoria, Verdad y Justicia. Mientras el grupo Historias Desobedientes se acercó al Congreso para presentar un proyecto de ley que les permitiera declarar contra sus progenitores; quienes integran Ex hijos e hijas de genocidas recorrieron el camino judicial (y político) de cambiarse el apellido. Además, este grupo en el que está integrada Mariana Dopazo, la ex hija de Miguel Etchecolatz, se presentó ante la justicia para solicitar que se le revocara al genocida el beneficio de la domiciliaria.Cada ex hijo y cada ex hija tuvieron su tiempo y su momento para asimilar lo que estaba sucediendo alrededor de sus apariciones públicas. Para cada cual fue distinto. En el caso de Dopazo, fue el intento del 2×1, frustrado por el reclamo de un pueblo entero, el momento de quiebre para dar a conocer su historia y la del grupo que conforma. La Retaguardia había intentado charlar con ella hace meses. Pero el momento elegido por ella es este: “Es un momento de hablar ahora y no en otro momento porque para nosotros tampoco era fácil ponernos en juego. También estuvimos en silencio durante más de 40 años y hubo un momento de quiebre, un momento muy contundente. Nosotras, que teníamos nuestras vidas más allá de estos padres, dijimos ‘hasta acá’. Ese día fue cuando se postuló ese fallido y pavoroso 2×1. En ese momento, muchos de nosotros dijimos hasta acá. No tenía que ver con lo que nos pasaba a nosotros sino con pensar el horror de que los genocidas vuelvan a estar entre los seres humanos, rozando sus cuerpos con familiares y víctimas del genocidio que cometieron enmarcado dentro del terror que impartió el Estado en esa época trágica de nuestro país. Ese momento de ‘hasta acá’ tuvo esa contundencia social. Nosotros nos permitimos romper con ese silencio que lleva todas nuestras vidas hasta ahora, repudiando no solo a los padres genocidas sino a la justicia, que ese día se tornó injusta porque fue en contra de toda una sociedad”, expresó. Ser o no ser víctimas Desde el movimiento de derechos humanos se advirtieron miradas diferentes acerca de ellas. Algunos salieron directamente a respaldarlas, como sucedió con el sobreviviente Víctor Basterra durante Oral y Público, pero quizá sea entendible que algunas víctimas directas del Terrorismo de Estado miren con cierta desconfianza el proceso de conformación de estos colectivos de ex hijos y ex hijas de genocidas; para ellas, todo lo que viene de un genocida, no puede ser nada bueno. Dopazo tiene todo el cuidado del mundo al hablar de las víctimas: “No salir a hablar antes tuvo que ver con ciertas cuestiones de equívocos que podían resonar como insalvables para nosotros. Tienen que ver con un intento de emparejamiento de los ex hijos de genocidas con las víctimas, que no lo somos. Tiene que ver con la posibilidad de pensar que venimos a colonizar lugares que no nos pertenecen y tienen un recorrido de más de 40 años de lucha y de construcción de memoria colectiva. Tiene que ver con que todo lo que los genocidas no dijeron solo lo supimos a través de los testimonios. No queríamos hacernos eco de las resonancias que nos quieran emparentar con semejante labor que no era la nuestra. Nuestra labor tenía que ver con romper con esa afiliación trágica y dramática que nos emparentaba con nuestras propias subjetividades”, clarificó. Nunca más en el nombre del padre Dopazo debió atravesar muchas barreras sociales, jurídicas y, sobretodo, personales para lograr denominarse como una ex hija. Consiguió que la justicia accediera a que se cambiara el apellido que la condenaba a estar ligada al horror: “El nombre de ex hija lo adopto yo. Es un neologismo, una figura muy rara denominarse como ex hijo, pero también tiene que ver no solo con querer sacarme el apellido sino que también es no permitirle a Etchecolatz ser más mi padre”. “No es que yo me estoy quitando algo. Yo no le permito a él que ocupe un lugar que, primeramente, jamás habitó. Segundo, ese ‘ex hija’ que yo pongo en juego tiene mucha contundencia simbólica. A mí soportar, portar y sostener el apellido de Etchecolatz me impidió llevar a cabo mi propia vida. Decir que sí, que ese era mi apellido, era consentir el horror de Etchecolatz” Para lograr quitarse esa carga lingüística de encima debió recurrir a la justicia, que aceptó su pedido considerando de quién se trataba su progenitor: “La justicia enmarcó justos motivos para permitirme la supresión y la sustitución del apellido porque encuadra a Etchecolatz como un genocida dentro del Terrorismo de Estado. Esa es la razón por la que a mí me permitieron el cambio de apellido”, contó. A la cárcel El grupo que ella integra acompañó el pedido de la revocatoria de la prisión domiciliaria de Etchecolatz
Analizamos en detalle el fallo de Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, que hizo lugar al recurso de la querella presentado por el doctor Pablo Llonto y la fiscal María Ángeles Ramos para revocar la prisión domiciliaria de Miguel Etchecolatz en la causa conocida como Puente 12/Vesubio. ¿Con qué argumentos el juez Gemignani votó en contra? El testimonio de la abogada querellante Guadalupe Godoy. (Por Diego Adur y Fernando Tebele para La Retaguardia)Foto: Etchecolatz deja el boque para volver tras las rejas. (Marcelo Núñez) La revocatoria de la domiciliaria que devuelve al ex director de investigaciones de la Policía Bonaerense durante el Terrorismo de Estado a la cárcel común, perpetua y efectiva, fue resuelta por mayoría con los votos del presidente del Tribunal, el doctor Mariano Hernán Borinsky y el vocal, doctor Gustavo M. Hornos. El juez Juan Carlos Gemignani, el otro vocal, votó en contra de que se le quitara la prisión domiciliaria al represor.En el fallo, los votos de los jueces Borinsky y Hornos hacen hincapié en los recursos presentados por la querella y la fiscalía donde expresan que el estado de salud Etchecolatz no impide que el genocida pueda atenderse en el Hospital Penitenciario Central, según afirman los informes del Cuerpo Médico Forense. Esos informes fueron pasados por alto cuando el beneficio le fue otorgado. Cumplir con el rango etario, dicen los magistrados, tampoco requiere que el imputado pueda acceder automáticamente a la prisión domiciliaria.El fallo hace referencia a las presentaciones de la querella que “consideró que el auto recurrido aplicó erróneamente la ley sustantiva y que fue dictado sin la debida fundamentación” ya que “vulneró el principio de razonabilidad, la garantía del debido proceso legal y el derecho a la tutela judicial efectiva”. La querella advirtió un “escándalo jurídico” porque el beneficio fue otorgado “basándose sólo en el hecho de que el imputado tiene dolencias y afecciones” como también las tienen “todos los presos comunes que no han cometido delitos de lesa humanidad”. Se basaron en que el genocida en prisión gozaba de “atención médica cercana y adecuada” y se encontraba “deambulando por sus propios medios”. El recurso de la querella también “destacó que el encierro de Etchecolatz es necesario a fin de asegurarse que el imputado no realice más conductas graves como poner en riesgo o causar daños a los testigos-víctimas del caso o seguir su largo camino de destruir pruebas”. Basándose en la ley de protección de víctimas manifestó que “Etchecolatz en su domicilio es una causal de peligro para las víctimas y la decisión de colocarlo en su domicilio en Mar del Plata con la posibilidad de manejo de conexiones, contactos, comunicaciones, recibir visitas sin control y otros beneficios más, colocan en situación de vulnerabilidad a todas las víctimas”.La fiscalía, a cargo de María Ángeles Ramos, hizo el razonamiento de pensar “por qué habría menos riesgos en su casa, fuera de cualquier control estatal” y se pregunta por qué “los informes de los médicos del Servicio Penitenciario Federal pesaban más que las opiniones de peritos expertos del Cuerpo Médico Forense e incluso los de parte que sostuvieron que las patologías que presenta Etchecolatz pueden ser tratadas dentro de la unidad de detención”. Este punto fue determinante al sentenciar que “Etchecolatz estaba siendo atendido correctamente y que su salud y su integridad no estaban en riesgo”.Casación también tomó en cuenta que el genocida “ya había gozado de un arresto domiciliario concedido por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nro. 1 de La Plata que le fue revocado en el año 2006 al verificarse que poseía armas de fuego en su vivienda, cuestión que fue ignorada en la resolución”.Sabemos que Miguel Etchecolatz no es un genocida cualquiera, sino que, como bien destacó la fiscalía, “ha formado parte de uno de los aparatos de inteligencia represivo estatal más importantes de los que operaron durante la última dictadura”, incluso dirigiéndolo.Otro de los motivos apuntados por la querella para solicitar la revocatoria del beneficio fue expresar que una de las víctimas de Etchecolatz era vecina del genocida y hacer hincapié en “el derecho que tiene la víctima a no tener que soportar la presencia de su agresor”, destacando la gravedad del asunto y que “el daño al querellante que reside en el mismo barrio que Etchecolatz es una realidad”. Además expresó que es un “deber y preocupación del Ministerio Público garantizar y hacer garantizar los derechos de las víctimas, especialmente en materia de crímenes de lesa humanidad”.La votación de los jueces Como señalamos, Juan Carlos Gemignani fue quien votó en disidencia para tratar de impedir que se le revocara el beneficio de la domiciliaria a Etchecolatz. Si bien el juez admitió que “el Estado argentino debe adoptar todas las medidas necesarias para juzgar y sancionar a todos los responsables de las violaciones cometidas en la última dictadura que azotó a nuestra sociedad”, sostuvo que “deberá evaluarse la concesión del beneficio del arresto domiciliario, sin otra distinción que la que establece la ley”. Sus argumentos giraron en torno a que “los padecimientos de salud del imputado se mantienen incólumes, pero con una alta posibilidad de agravamiento”.Gemignani se refirió al Terrorismo de Estado como “la maquinaria estatal de represión y aniquilamiento de los elementos subversivos durante el último golpe institucional en nuestro país” y se basó en “los principios constitucionales de legalidad formal” para asegurar que “ello no puede jamás conllevar la supresión de los derechos y garantías que le asisten a todo imputado”.En definitiva, para Gemignani, las condiciones de salud de Etchecolatz –que los otros jueces, avalados por el Cuerpo Médico Forense, determinaron que no requerían internación y podían ser bien tratadas en el Hospital Penitenciario Central- pesan más que su rol determinante en el plan de exterminio que llevó a cabo el Estado argentino durante el último golpe cívico-eclesiástico-militar para brindarle el beneficio de la prisión domiciliaria. “Dichas particularidades me llevan, indefectiblemente, a mantener mi postura y convalidar lo resuelto por Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nro. 6, por constituir un producto lógico
Esta semana explotó en los medios tradicionales la noticia que La Retaguardia publicó en diciembre. El SPF generó listados de genocidas mayores de 70 años para que los juzgados los envíen a sus casas. La diferencia entre un listado y otro es que el plan está en plena ejecución. Aquí presentamos un documento que prueba que el SPF pidió “destacar por su delicada situación” a Miguel Osvaldo Etchecolatz, que hoy está en su casa de Mar del Plata.El comunicado preocupado del SPF. La nota de La Nación que habló del tema sin nombrar a los genocidas y la reacción tardía de la prensa y los organismos, que conocían el tema desde nuestra publicación. (Por Fernando Tebele para La Retaguardia) Tres meses después, debemos admitirlo, habíamos perdido todas las esperanzas. Pretendíamos y esperábamos que tras la publicación de aquella nota de diciembre, se produjera lo que sucedió el martes. Que el tema explotara. Que el gobierno, de manera directa o indirecta, tuviera que salir a explicar, ratificar o negar.Es raro todo. La nota nuestra tuvo muchísima repercusión, decenas de miles de lecturas, y hace tres meses que figura en nuestra lista de “más leídas”. Durante la transmisión en vivo del escrache a Etchecolatz, que fue visto por centenares de miles de personas, volvimos a hablar de esos listados. Enviamos la nota a organismos de derechos humanos. Nos encargamos de que les llegara a los medios tradicionales. Y salvo un comunicado de HIJOS La Plata adviritiendo acerca de la publicación, un reenvío a través del Boletín Electrónico de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos (AEDD), y algunas entrevistas que nos hicieron en medios alternativos, tuvimos menos eco político y periodístico que un grito debajo del agua.Si bien claramente nos gusta que nos citen, nos preocupa mucho más el objetivo político de la publicación de la noticia. En este caso es evidente: quisimos parar la nueva estrategia del gobierno para liberar genocidas. No lo conseguimos. Habrá allí una parte de responsabilidad propia: llegamos lejos, pero no tanto; nos faltan más herramientas para ser eficaces. Necesitamos más ayuda en la difusión de nuestros propios lectores/as y oyentes para crecer y que los canales alternativos nos aseguren romper el cerco informativo por cuenta propia. También quienes recibieron la noticia en aquel momento y no hicieron nada deberían pensar qué sucedió. Por qué no la publicaron hace tres meses, o por qué no se manifestaron públicamente, según el caso.Lo cierto es que el martes Infobae, Página 12 y El cohete a la luna, publicaron en términos de novedad la existencia de un listado de 96 genocidas que el Servicio Penitenciario Federal (SPF) recomienda a los juzgados enviar a sus casas con tobilleras electrónicas. En parte es cierto, es novedoso, porque no es el mismo listado que publicamos nosotros. El de la nota de diciembre era un listado de noviembre; el que publicó El cohete es de enero. ¿Qué diferencia un listado de otro? Lamentablemente, la diferencia es que el plan del gobierno está en plena vigencia y comenzó a aplicarse incluso antes de nuestra publicación.De aquellos 110, 15 ya consiguieron regresar a sus casas. Empezando por Etchecolatz, Miguel Osvaldo – Ricchiuti, Luis José (San Martín) – Ríos, Víctor (La Plata) – Garachico, JuLio César (La Plata) – González, Osvaldo Néstor (CABA) – Herrero Anzorena, Emilio Alberto (La Plata) – Juncos, Rodolfo Antonio María (La Plata) – López Fader, Rafael Félix (San Martín) – Nani, Emilio Guillermo (Mardel) – Ríos, Juan Adolfo (CABA) – Vidal, Alfredo Hugo (CABA) – Vidal, Jorge Héctor (La Plata) – Gordillo, Roberto Edgardo (Tucumán), Rodríguez, Miguel Angel Alberto y Codina, Rubén Alcides (Gral Roca), ya están en sus casas disfrutanto del Plan Tobilleras electrónicas para todos y todas. En algún caso incluso tienen libertad condicional o total por haber recibido luego penas bajas o absoluciones, como el apropiador Ricchiuti o Rodríguez que recibió 8 años en el último tramo de la ESMA. Al cierre de esta nota, no pudimos reunir confirmaciones acerca de Guzmán, Oscar Francisco (Jujuy) – Otero Arán, Darío (Catamarca) – Lobos, Víctor Manuel (Gral. Roca) -,, que también dejaron de ser sugeridos de un listado a otro. La certeza que tenemos es que de los 110, 15 no están más en las cárceles. Quizá con eso se haya resuelto la cuestión del hacinamiento…Decíamos en esa ocasión, “La excusa es garantista, esa palabra que tan poco les gusta. El año pasado, la Corte Suprema de Justicia de la Nación (¿o habrá que decir, en este caso, de La Nación?) dictó, el 27 de diciembre de 2016, la acordada Nº43. Citamos un tramo: “Requerir del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que tenga bien implementar medidas concretas en el marco de sus competencias para dar solución Ia situación de las unidades carcelarias, lo que tiene directo impacto en el Centro de Detención Judicial”. Traducimos al lenguaje cotidiano: es la respuesta de la Corte a un reclamo, realizado entre otros por la Procuvin (Procuraduría contra la Violencia Institucional), para mejorar las condiciones de detención en la Unidad 28 (Centro de Detención Judicial, ubicada dentro del palacio de justicia), donde la Procuvin constató el 2 de septiembre de 2013 “las condiciones infrahumanas” en las que se encuentran las personas detenidas allí. Incluso su titular en aquel momento, Abel Córdoba, dijo que lo que vio le recordaba a los testimonios que había escuchado de personas secuestradas durante el genocidio, ya que fue fiscal en causas de lesa humanidad en Bahía Blanca. El SPF respondió que esa situación de detenciones prolongadas en un lugar que debería ser de tránsito hasta que los presos declaren, tiene que ver con el hacinamiento en las unidades penitenciarias. Entonces recomienda utilizar el recurso de las indagatorias vía videoconferencia para evitar los traslados, y aprovecha para reforzar la idea del uso de la tobillera electrónica, como manera de descomprimir la grave situación de hacinamiento de los presos comunes”. Una prueba de que esto que decíamos es correcto, podría ser una nota del diario La Nación. La publicación se realizó el mismo día en
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